ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 12, TERCER PÁRRAFO Y LA DEROGACIÓN DE LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO DEL SEÑALADO ARTÍCULO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y 22, SEGUNDO PÁRRAFO, 67, 105, FRACCIÓN V, 151, FRACCIÓN II, 230, FRACCIÓN V, INCISO A), 231, FRACCIÓN II, 265, FRACCIÓN II, PRIMER PÁRRAFO, 267, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO Y 280, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO ELECTORAL, AMBOS DEL ESTADO DE MÉXICO, RELATIVOS A LA SUPRESIÓN DE LAS CANDIDATURAS COMUNES, SON CONSTITUCIONALES. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 58, FRACCIONES II, INCISO B) Y III, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, QUE PREVÉ EL INCREMENTO AL FINANCIAMIENTO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS DURANTE EL AÑO DEL PROCESO ELECTORAL, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD FINANCIERA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 166, PÁRRAFOS TERCERO Y SEXTO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, QUE FACULTA AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE ESA ENTIDAD PARA CUBRIR LOS CARGOS FALTANTES EN LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA DE MANERA ABIERTA Y DIRECTA, NO HACE INOPERANTE EL SISTEMA ALEATORIO PARA SU DESIGNACIÓN Y, POR TANTO, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA, LEGALIDAD Y OBJETIVIDAD EN MATERIA ELECTORAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 12, PÁRRAFO DÉCIMO CUARTO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; 144 F, 147, FRACCIONES I A IV Y 149, PÁRRAFOS CUARTO A SEXTO, DEL CÓDIGO ELECTORAL, AMBOS DEL ESTADO DE MÉXICO, RELATIVOS A LA DURACIÓN MÁXIMA DE LAS CAMPAÑAS Y PRECAMPAÑAS PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR, DIPUTADOS Y MIEMBROS DE AYUNTAMIENTOS, ASÍ COMO LOS PLAZOS Y ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS, SON CONSTITUCIONALES. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 62, FRACCIONES I, INCISOS C), J) Y K) Y II, INCISO H), 95, FRACCIONES XXXV Y XXXV BIS Y 97, FRACCIÓN I BIS, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, QUE DISPONE QUE EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE ESA ENTIDAD SEA EL QUE ELABORE DIRECTAMENTE LOS DICTÁMENES DE SANCIONES Y NO EL ÓRGANO TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN, SON CONSTITUCIONALES.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 26/2010 Y SUS ACUMULADAS 27/2010, 28/2010 Y 29/2010. PARTIDOS POLÍTICOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, CONVERGENCIA Y ACCIÓN NACIONAL.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.
SECRETARIOS: RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA Y LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintinueve de noviembre de dos mil diez.
VISTOS, para resolver los autos de la presente acción de inconstitucionalidad 26/2010 y sus acumuladas 27/2010, 28/2010 y 29/2010; y,
RESULTANDO QUE:
PRIMERO. Presentación de las demandas, normas impugnadas y autoridades. Por escritos presentados en las fechas y por los partidos políticos precisados a continuación, se promovieron acciones de inconstitucionalidad:
Ver anexo
En las acciones de inconstitucionalidad se solicitó la invalidez de lo siguiente:
a) Los Decretos Números "164 y 165", mediante los que se reformó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México, publicados en el Periódico Oficial de la entidad de veintiuno de septiembre de dos mil diez.
b) Los Decretos Números "171, 172, 173, 174, 175 y 176", mediante los que se reformó el Código Electoral del Estado de México, publicados en el Periódico Oficial de la entidad de veinticinco de septiembre de dos mil diez.
En las demandas se precisaron como órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales impugnadas, a los siguientes:
a) Congreso del Estado de México.
b) Gobernador del Estado de México.
SEGUNDO. Antecedentes. Los antecedentes del caso narrados coincidentemente por los partidos promoventes en sus demandas, en síntesis, son los siguientes:
1. El primero de enero de dos mil dos, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto Número "52", por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de México.(1)
2. El ocho de septiembre de dos mil diez, en sesión de Pleno de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de México, diputados integrantes de los grupos parlamentarios de los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Convergencia y Nueva Alianza, presentaron diversas iniciativas con propuesta de reforma a la Constitución Local y al Código Electoral de la entidad, turnándose para su dictamen a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Asuntos Electorales.
El mismo ocho de septiembre, mediante convocatoria del presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, se convocó a reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asuntos Electorales a celebrarse el nueve de septiembre a las diecisiete horas, bajo el orden del día previsto.
3. El nueve de septiembre del mismo año, durante el desarrollo de la sesión de las comisiones citadas en el punto anterior, se aprobó un orden del día distinto al previsto y se eliminó el punto cuatro, sin que existiera moción de algún integrante de las Comisiones Unidas para tales efectos.
La reunión de trabajo -con un receso intermedio-, concluyó a las cero horas con veintiocho minutos del diez de septiembre convocando a su reanudación a las once horas del mismo diez de septiembre. En esta reunión se agotaron los dos puntos del orden del día y se aprobaron los dictámenes relativos.
4. El diez de septiembre de dos mil diez, a las once horas con cuarenta minutos, se reanudó la reunión de las Comisiones Unidas con el punto relativo a la iniciativa para reformar el artículo 12 de la Constitución Local, a efecto de reducir los tiempos de campañas y precampañas. Concluida la discusión de este punto se determinó nuevamente un receso para continuar el lunes trece de septiembre con el siguiente punto del orden del día.
5. El trece de septiembre, continuó la reunión de las Comisiones Unidas, se discutió y aprobó la iniciativa por la que se reformó el artículo 12 de la Constitución Local, con la finalidad de eliminar del Texto Constitucional la figura de candidaturas comunes. En este punto se hace notar, que diversos diputados realizaron observaciones tanto al procedimiento legislativo como a la necesidad de convocar a "especialistas" que permitieran conocer sus opiniones técnicas que abonaran en la elaboración de los dictámenes respectivos, no obstante las peticiones, en todos los casos fueron votadas en contra, aun acreditándose que los diputados proponentes no tenían conocimiento del tema y que los dictámenes ya se encontraban previamente elaborados. Asimismo, en la sesión de Comisiones Unidas se dio lectura a una nota periodística que acreditaba que los presidentes de las Comisiones Unidas sí se reunieron con especialistas en la materia, y no permitieron que fueran convocados a comisión para que emitieran su opinión.
6. El catorce de septiembre de dos mil diez, previa notificación de la orden del día, sesionó el Pleno de la Legislatura Local a efecto de discutir los temas enlistados en la orden del día. Aclaran que el oficio con el que se convocó a sesión de Pleno fue un oficio por medio del cual se remitió la orden del día y no se trata de una convocatoria expresa para tal efecto.
Una vez declarada la existencia de quórum, la presidenta de la mesa directiva sometió a la consideración del Pleno el proyecto del orden del día, mismo que fue aprobado. Destaca que en los puntos tres y cuatro relativos a los dictámenes de las iniciativas de la reforma constitucional, fueron aprobados únicamente como "lectura y en su caso, discusión del dictamen ...".
Aprobados los dictámenes y sus respectivos decretos, la presidencia de la mesa directiva ordenó a la secretaria remitirlos a los Ayuntamientos de la entidad.
7. Durante el plazo transcurrido entre el quince de septiembre y diecinueve del mismo mes, noventa y tres Ayuntamientos remitieron el acta respectiva de Cabildo mediante la cual emitieron su voto respecto de los decretos remitidos a su consideración.
8. El veinte de septiembre de dos mil diez en sesión de Pleno de la legislatura en la parte atinente a la reforma electoral se aprobaron los documentos relativos, que dieron origen a los Decretos 164 y 165.
9. El veintiuno de septiembre de dos mil diez, se publicaron en el Periódico Oficial de la entidad: a) el Decreto "164" por el que se reforma el párrafo décimo cuarto del artículo 12 de la Constitución Política del Estado de México, y b) el Decreto "165" por el que se reforma el párrafo tercero y se derogan los párrafos quinto y séptimo del artículo 12 de la misma Constitución Estatal.
10. El veintidós de septiembre de dos mil diez, en reunión de Comisiones Unidas, se aprobaron los dictámenes enunciados en la orden del día siguiente:
"Orden del día
"1. Lectura y análisis de la iniciativa y en su caso, discusión y aprobación del proyecto de dictamen y de decreto conformado para favorecer el estudio de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de México relativas a los plazos para la realización de campañas y precampañas electorales.
"2. Lectura y análisis de la iniciativa y en su caso, discusión y aprobación del proyecto de dictamen y de decreto conformado para favorecer el estudio de la iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar el artículo 58 del Código Electoral del Estado de México en materia de (sic)
"3. Lectura y análisis de la iniciativa y en su caso, discusión y aprobación del proyecto de dictamen y de decreto conformado para favorecer el estudio de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de México, a efecto de eliminar la figura de candidaturas comunes.
"4. Lectura y análisis de la iniciativa y en su caso, discusión y aprobación del proyecto de dictamen y de decreto conformado para favorecer al estudio de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 158, fracciones I, IV y V y 162, párrafo segundo, todos del Código Electoral del Estado de México, con el proyecto de prohibir la colocación de propaganda electoral en equipamiento urbano y espacios públicos.
"5. Clausura de sesión."
Adicionalmente, el Partido Convergencia agregó que la iniciativa de decreto tiene como propósitos los siguientes:
"Al Órgano Técnico de Fiscalización, la función técnica de auditoría contable y la de elaboración del proyecto de dictamen sobre lo auditado.
"Al secretario ejecutivo general, la de elaboración del dictamen relativo a las sanciones que el consejo general hubiere resuelto como procedentes, de acuerdo con la propuesta del Órgano Técnico de Fiscalización.
"Al consejo general, la de conocer y resolver sobre el dictamen de auditorías y verificaciones presentadas por el Órgano Técnico de Fiscalización, y la de individualización y aplicación de las sanciones procedentes, con base en el dictamen que le presente el secretario ejecutivo general." (página 26)
"Reducir los montos de financiamiento público a los partidos políticos, en una cantidad equivalente al financiamiento ordinario anual más un 90%.
"Establecer de manera clara, que los recursos públicos que se asignen a los partidos políticos para una campaña electoral, se utilicen exclusivamente para ese fin, y que los remanentes no utilizados se reintegren al Instituto Electoral del Estado de México, los cuales formarán parte de su presupuesto del año siguiente." (página 28)
11. El veintitrés de septiembre siguiente, el Pleno de la Legislatura Local aprobó por mayoría de votos los dictámenes aprobados por las Comisiones Unidas relativos a las reformas legales señaladas en el punto anterior.
12. El veinticinco de septiembre del mismo año, el gobernador del Estado de México publicó los Decretos "171, 172, 173, 174,175 y 176" en el Periódico Oficial de la entidad, por los que se reformaron, derogaron y adicionaron diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de México.
TERCERO. Conceptos de invalidez. Los partidos políticos promoventes manifestaron, coincidentemente, los siguientes conceptos de invalidez:
Tema 1. Violación al procedimiento legislativo.
Impugnación del proceso de la reforma a la Constitución Local, por violación a los artículos 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero y 41, fracción I, párrafo segundo y fracción V, de la Constitución Federal.
El proceso legislativo impugnado vulnera los artículos 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero y 41, fracción I, párrafo segundo y fracción V, de la Constitución Federal, porque en el procedimiento no se observaron las formalidades que la Constitución Local, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su reglamento establecen, en virtud de que todo procedimiento ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas, mismas que deberán desarrollarse con estricto apego a los principios de certeza, legalidad y seguridad jurídica y, por ende, que se cumpla con la garantía contenida en el artículo 14 constitucional.
1. Violación al trámite ordenado por la presidencia de la mesa directiva a las iniciativas de reforma a la Constitución Local.
El trámite ordenado de la mesa directiva de la legislatura a las Comisiones Unidas se refirió a la remisión de las iniciativas para su análisis, no obstante, la mayoría integrante de las Comisiones Unidas interpretó de forma distinta el oficio de remisión, lo que trajo como consecuencia una actividad diversa a la originalmente ordenada, esto es, las Comisiones Unidas determinaron aprobar un orden del día distinto al que debían sujetarse en función del oficio de remisión de la iniciativa por parte de la mesa directiva de la legislatura.
2. Los dictámenes estaban previamente elaborados a la discusión de las iniciativas y negativa de las Comisiones Unidas para convocar a especialistas sobre los temas propuestos para tomar su opinión en la elaboración del dictamen.
Tal como se desprende de la discusión suscitada en las sesiones de las Comisiones Unidas, contrario al espíritu consagrado tanto en los artículos 72 y 83 de la Ley Orgánica como en el Reglamento, ambos del Poder Legislativo del Estado de México, el dictamen relativo a las normas impugnadas se encontraba previamente elaborado al inicio de los trabajos de las Comisiones Unidas, lo que se advierte de las participaciones vertidas por diversos diputados integrantes de las Comisiones Unidas en sesión de nueve de septiembre de dos mil diez.
De la versión estenográfica se evidencian dos cuestiones:
a) Había un ánimo mayoritario de dictamen en comisiones de cinco iniciativas que fueron presentadas apenas el día anterior, no obstante que no se había realizado un estudio pormenorizado de cada una de las iniciativas, ni de parte de los integrantes de las Comisiones Unidas, ni con la opinión de expertos en la materia.
b) Dada la aprobación del orden del día, de manera dolosa se tenía elaborado un dictamen previo a la instalación de las comisiones en la reunión de trabajo, transgrediendo el principio establecido en el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, relativo a la función de las comisiones para analizar y estudiar los proyectos que sean sometidos a su consideración para la elaboración del dictamen.
Que los formalismos de los procedimientos legislativos, como lo es el análisis, discusión y elaboración de un dictamen de una iniciativa o decreto, se traducen en una protección de las minorías parlamentarias, sin los cuales la mayoría podría llegar a convertirse en anarquía, soslayando el debate parlamentario e impidiendo que se sostengan los principios de representatividad y democracia contenidos en la Constitución Federal.
Además, que el estudio y análisis de las iniciativas presentadas no pudieron darse, pues es imposible que se pudieran estudiar y analizar con responsabilidad en un lapso de horas.
Para la aprobación del decreto impugnado, aun cuando físicamente existe el dictamen de las iniciativas, de facto, se dispensó el estudio y análisis de éstas, lo que en términos de lo dispuesto en los artículos 72 y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Local y su reglamento, respectivamente, sólo puede suceder en aquellos asuntos que a juicio del Congreso tengan el carácter de urgentes y cuando se acuerde por la asamblea la declaración de urgencia y de dispensa, lo que no ocurrió.
Las circunstancias de modo y de tiempo en las cuales se dio la aprobación de las normas cuya invalidez se reclama, fue que el ocho de septiembre se presentaron las iniciativas con proyecto de decreto, el mismo ocho a las diecisiete horas se convocó a reunión de trabajo, adjuntando un orden del día -que finalmente fue distinto al aprobado por las comisiones-, el nueve de septiembre la mayoría de los integrantes de las Comisiones Unidas dictaminaron dos iniciativas que a la postre se convertirían en los Decretos 171 y 172, el día diez de septiembre se dictaminó otra iniciativa que se convertiría en el Decreto 164 y el día trece de septiembre se dictaminó la iniciativa que sería aprobada y publicada con el número de Decreto 165; bajo estas consideraciones, es evidente que materialmente era imposible elaborar un dictamen con todos los razonamientos vertidos al seno de las Comisiones Unidas, salvo que éstos ya se encontraran previamente elaborados.
3. Indebida convocatoria al Pleno de la legislatura para reformar la Constitución Local e indebida aprobación de la reforma constitucional el catorce de septiembre de dos mil diez, toda vez que el Pleno aprobó como orden del día únicamente el análisis y, en su caso, discusión de los dictámenes, y no fue convocada para su aprobación.
En el primer aspecto, se señala que las reformas a la Constitución Local fueron efectuadas por la legislatura, por lo que dicho órgano, como asamblea de diputados, carece de competencia constitucional para realizar las modificaciones a la misma, es decir, al no haberse instalado el Congreso Constituyente Permanente para reformar la Constitución Local, la asamblea de diputados que lo hizo, por sí misma, carece de competencia constitucional para hacerlo.
En el hipotético caso de que se estimara que sin ninguna declaración formal de instalación donde expresamente se señala al Congreso como órgano Constituyente Permanente y éste determinó reformar la Constitución, sería tanto como aceptar que la Cámara de Diputados Federal reformara la Constitución Federal hecho que por sí mismo es inadmisible e inconstitucional.
En otro aspecto, la convocatoria para la sesión de Pleno del catorce de septiembre, era para analizar y, en su caso, discutir los dictámenes remitidos por las Comisiones Unidas para reformar el artículo 12, párrafo décimo cuarto, así como el párrafo tercero y la derogación de los párrafos quinto y séptimo del mismo artículo. Aquí hay una violación formal que es determinante, ya que la asamblea tenía que sujetarse invariablemente a lo aprobado por ella misma, esto es, si la sesión deliberante había sido convocada para el análisis y, en su caso, discusión, los alcances de los puntos del orden del día solamente debían constreñirse a dicho análisis y discusión y no a su aprobación, como sucedió en la especie.
4. Violación en la aprobación de la minuta por parte de los Cabildos y violación del cómputo de los votos emitidos por los Ayuntamientos.
Se aduce que existen por parte de diversos Ayuntamientos algunas inconsistencias en la convocatoria, sesión, votación y remisión de las actas de Cabildo por medio de las que expresaron su voto respecto a la minuta remitida por la Legislatura del Estado que notificaba la reforma al artículo 12 de la Constitución Local.
La sesión de Pleno en la que se aprobó la reforma constitucional concluyó a las dieciocho horas con veinte minutos del catorce de septiembre de dos mil diez y, por la necesidad de organizar la documentación atinente a la reforma al artículo 12 de la Constitución Local que sería remitida a los ciento veinticinco Ayuntamientos del Estado de México, materialmente resulta imposible que la notificación de la minuta se entregara el mismo catorce de septiembre; sin embargo, aunque esta situación fuera posible, la notificación a los Ayuntamientos sería fuera del horario laboral, por lo que la única posibilidad para que se recibiera ese día o el quince de septiembre hasta antes del horario administrativo, tuvo que haber sido a través de las oficinas de seguridad pública municipal, lo que en la especie debe ser valorado en función de la naturaleza de las funciones de dichas áreas municipales.
Las actas de Cabildo remitidas el catorce de septiembre adolecen del principio de certeza sobre la veracidad de la realización de la sesión de Cabildo municipal, que en este caso son tres los Municipios que así lo manifiestan en su acta correspondiente.
Respecto de las actas remitidas el quince de septiembre pasa lo mismo, puesto que la minuta estaría en poder de los presidentes municipales y secretarios de los Ayuntamientos ese día, sin embargo, tal circunstancia no es determinante para acreditar que el resto de los integrantes hubieran sido notificados con la antelación requerida para la celebración de una sesión de Cabildo, cuyo objeto sea la votación de un tema de primordial trascendencia; en consecuencia, la celebración de veintiún Cabildos municipales con carácter de ordinarios el día quince de septiembre exige la consecución de ciertos requisitos formales para su citación, esto es, los Cabildos municipales cuentan con su propio reglamento de sesiones, mismo que generalmente señala las características de las sesiones y sus convocatorias, así como sus reglas de notificación.
Existe coincidencia en las características de las sesiones ordinarias y sus respectivas convocatorias, esto es, en el común de los casos las sesiones ordinarias deben ser convocadas cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación, por ello, aquellas que se celebraron los días quince y dieciséis de septiembre tuvieron que haber sido convocadas los días trece o, en su defecto, el catorce de septiembre, fecha en la que aún no se aprobaba o notificaba la reforma al artículo 12 constitucional.
Por lo que respecta a las sesiones de Cabildo convocadas en su carácter de extraordinarias, ninguna de ellas motiva por qué adquieren dicha naturaleza, por lo que también se refuta de viciada dicha convocatoria y aprobación, máxime cuando se tiene acreditado en el contenido de las actas que en escasos Municipios hubo conocimiento y discusión de las minutas, en el mejor de los casos, únicamente se insertaron los textos reformados.
De los noventa y tres Ayuntamientos que supuestamente remitieron alguna constancia de la celebración del Cabildo, solamente en tres consta el oficio de remisión dirigido a la legislatura (Nezahualcóyotl, San Felipe del Progreso y Tepozotlán), de los restantes noventa en ochenta y seis aparece sello de recibido en el acta remitida, mientras que en cuatro (Capulhuac, Chapa de Mota, Chapultepec y Chiautla) no hay constancia de la forma en que llegaron a la legislatura, solamente están las actas sin apreciarse quién, cómo o cuándo las recibieron, asimismo, en el caso del Municipio de Atizapán de Zaragoza se aprecia en el sello de recibido que la recepción del acta fue el veintiuno de septiembre, esto es, un día después de la declaratoria del cómputo.
En esas condiciones, señalan que las violaciones al proceso legislativo resultan particularmente graves, toda vez que la validación de la reforma efectuada por los Ayuntamientos se realizó de una forma extraordinariamente rápida, es decir, sin que los miembros de los Ayuntamientos tuvieran la oportunidad de reflexionar sobre la pertinencia, idoneidad y necesidad de la reforma constitucional sometida a su consideración, afectando con ello el principio democrático de libre deliberación, que debe permear aun en los Ayuntamientos, pues son entes públicos que intervienen en el proceso de formación de las normas locales supremas, para validar con su voto las modificaciones a la Constitución.
En el caso, no existe algún supuesto de excepción para efectos de citar a los miembros del Ayuntamiento sin cumplir con las formalidades antes referidas, ya que no se puede considerar que la aprobación de una reforma de carácter constitucional sea un asunto de carácter urgente y de obvia resolución.
5. Violación a los principios de legalidad, democracia y representatividad.
El proceso legislativo que se llevó a cabo para reformar la Constitución Local contraviene los principios de legalidad, democracia y representatividad consagrados en los artículos 14 y 16, primer párrafo, así como en los artículos 39, 40, 41, 115, 116 y 133 de la Constitución Federal.
La legislatura, al emitir el decreto de reforma constitucional, violó el principio de legalidad, pues incumplió con su deber de seguir el procedimiento de naturaleza rígida que establece la propia Constitución para poder llevar a cabo una reforma a la misma, lo cual conlleva a la invalidez del decreto impugnado.
La violación trasciende a la norma jurídica, pues carece de los principios de la democracia representativa, como lo es la votación por parte de uno de los órganos que componen el Constituyente Permanente Local.
Por su parte, el Partido Político del Trabajo adicionalmente como violaciones al procedimiento legislativo agregó lo siguiente:
Impugnación del proceso de reforma a la Constitución Local por violación a los artículos 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo, de la Constitución Federal.
1. Falta de firma de la iniciativa que dio origen al Decreto Número "164" impugnado, por el que se reforma el párrafo décimo cuarto del artículo 12 de la Constitución Local, no cumplió con los requisitos previstos en los artículos 78 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Local.
La citada iniciativa fue presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el ocho de septiembre del año en curso durante la sesión de la Quincuagésima Legislatura por conducto del diputado Pablo Basáñez García; sin embargo, al momento de su presentación, no cumplía con los requisitos previstos en los artículos 78 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Local, porque carecía de firma del diputado presentante. Esto se corrobora con la lectura de la versión estenográfica de ocho de septiembre, cuando se dice que "las firmas se están recabando".
En este sentido, lo que debió hacer la mesa directiva era dar cumplimiento al artículo 71 del reglamento de la ley orgánica, esto es, devolver las iniciativas a su autor, previniéndole para que complemente los requisitos faltantes. Sin embargo, lejos de dar cumplimiento a esta formalidad procesal, misma que fue denunciada y advertida por uno de los diputados, la presidencia de la mesa directiva sometió a votación el orden del día, en el cual estaba agendada la presentación de la iniciativa para reducir plazos de campaña y precampaña, lo que constituye un acto ilegal que impacta en la legalidad del decreto.
2. El orden del día únicamente fue para lectura y, en su caso, discusión, no para aprobación del dictamen del punto cuatro relativo a los dictámenes de las iniciativas de reforma constitucional local.
El dictamen relativo a las iniciativas de reforma constitucional, realizado por el Poder Legislativo Local el catorce de septiembre, contraviene el artículo 52 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado de México, ya que, en términos de este artículo, la sujeción al orden del día aprobado por el Pleno implicaba, respecto al punto número cuatro, única y exclusivamente la lectura y discusión del dictamen.
La aprobación del dictamen colocó a los representantes populares de los ciudadanos mexiquenses en estado de indefensión, dado que estos últimos no tuvieron a su alcance de manera oportuna la información necesaria para llevar a cabo una tarea de vital importancia en calidad de órgano revisor de la Constitución del Estado de México.
3. Violación en la aprobación de la minuta por parte de los Cabildos y violación del cómputo de los votos emitidos por los Ayuntamientos.
De la lectura del acta de sesión del Municipio de Atlautla puede leerse claramente que el Cabildo se reunió para someter a aprobación la reforma al párrafo décimo cuarto del artículo 12 de la Constitución Local, a las dos treinta de la tarde del día catorce de septiembre, y concluyó a las seis treinta de la tarde del mismo día.
En la citada acta se lee que la sesión para aprobar las reformas inició a las dos treinta de la tarde y concluyó a las seis treinta del día catorce de septiembre, lo cual atenta contra toda lógica, sentido de racionalidad y legalidad, ya que de acuerdo a la versión estenográfica, la sesión del Congreso Local en la que se determinó hacer del conocimiento las mismas a los Ayuntamientos, para su aprobación, concluyó a las seis veinticinco de la tarde del catorce de septiembre.
Por tanto, si el Congreso Local cerró su sesión de aprobación a las seis veinticinco de la tarde y ordenó notificar a los Municipios las reformas para que a su vez analizaran las reformas y emitieran opinión, resulta materialmente imposible que el Municipio de Atlautla estuviera sesionando a las dos treinta de la tarde del catorce de septiembre, ya que el Municipio estaría aprobando las reformas constitucionales antes de que siquiera le hubieran sido notificadas por el Congreso Local o antes de que el propio Congreso terminara de sesionar.
En todo caso, la sesión mediante la cual el Municipio de Atlauta manifiesta que se aprobaron las reformas constitucionales, o no existió, o se trató de una mera simulación que atenta contra la legalidad de los actos a que estaba obligado a realizar.
Además que de una lectura generalizada de las actas de sesión de los Ayuntamientos se advierte que los mismos sesionaron para analizar y aprobar o rechazar las reformas constitucionales entre los días catorce, quince, dieciséis y diecisiete de septiembre, es decir, en días que habían sido declarados como inhábiles derivado de los festejos del bicentenario y del aniversario de la revolución, días en los que, incluso, de acuerdo con la circular 21 publicada el catorce de septiembre del dos mil diez, los días "115, 17 y 17" (sic) de septiembre fueron declarados inhábiles por los poderes Ejecutivo Federal y Ejecutivo Estatal en razón de los festejos del bicentenario.
En el mismo sentido, ejemplifica con sendas actas de sesiones de diversos Municipios en los que señala existieron violaciones al aprobar las actas de Cabildo relativas a las reformas constitucionales impugnadas. Estas actas corresponden a los Municipios de Atzoloapan, Municipio de Villa de Popotitlán, San Felipe del Progreso, Santo Tomás, Temascalcingo, Tenango del Aire, Jocotitlán, Joquicingo de León Guzmán, Morelos, Amecameca de Juárez, Ayapango de Gabriel de Ramos Millán, Coyotepec, Ecatzingo, Huixquilucan e Ixtlahuaca de Rayón.
Ahora, de la lectura de los acuses de los oficios de notificación emitidos por la Sexagésima Séptima Legislatura con objeto de informar de tales reformas a los ciento veinticinco Cabildos, y su contraste con las actas de sesión de los Cabildos, se detectan irregularidades que repercuten en la legalidad del procedimiento. Tales irregularidades tienen que ver con el hecho de que los Cabildos de Amecameca, Atizapán, Ayapango, Coyotepec, Huehuetoca, Ixtlahuaca, Santo Tomás y Temascalapa se reunieron y aprobaron las reformas en comento, aun antes de ser notificados. Por lo que no era dable que se emitiera la aprobación antes de ser notificados y sin contar con la información materia de la aprobación.
En muchos casos, sesionaron a sólo unos minutos de ser notificados, por lo que, en todo caso, no pudieron estar debidamente informados respecto al fondo y las implicaciones y alcances de la reforma, inhibiendo el proceso deliberativo y de discusión democrática que estaban obligados a realizar debido a la tras
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22649-b29466f0/accion-de-inconstitucionalidad-el-articulo-12-tercer-parrafo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. NO EXISTE OBLIGACIÓN DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL CONTENIDO DE LA OPINIÓ (7)
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