ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 25, NUMERAL 1, INCISO E), DEL CÓDIGO ELECTORAL DE COAHUILA, AL ESTABLECER QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES TIENEN DERECHO A PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS, GOBERNADOR Y MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS, ASÍ COMO A RECIBIR EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO RESPECTIVO, MANTENIENDO REPRESENTANTES Y OFICINAS EN CUANDO MENOS LOS DIEZ MUNICIPIOS DE MAYOR POBLACIÓN DEL ESTADO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 29, NUMERAL 1, INCISO E), FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO ELECTORAL DE COAHUILA, QUE PREVÉ QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ESTATALES DEBERÁN ESTABLECER UN COMITÉ MUNICIPAL U ORGANISMO EQUIVALENTE EN, AL MENOS, CINCO MUNICIPIOS DEL ESTADO, DEBE HACERSE EXTENSIVO, DE IGUAL FORMA, A LOS PARTIDOS NACIONALES, A EFECTO DE SALVAGUARDAR EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN LA CONTIENDA QUE RIGE EN MATERIA ELECTORAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 43, NUMERAL 2, DEL CÓDIGO ELECTORAL DE COAHUILA, AL ESTABLECER EL DERECHO EXCLUSIVO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS A CONTRATAR ESPACIOS EN MEDIOS IMPRESOS PARA DIFUNDIR MENSAJES DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL Y LOS ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL VOTO DURANTE LAS PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS ELECTORALES, A TRAVÉS DEL INSTITUTO ELECTORAL LOCAL; LA RESTRICCIÓN PARA QUE LOS PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS SÓLO PUEDAN HACER USO DE LOS ESPACIOS QUE LES ASIGNE SU PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN Y LA PROHIBICIÓN PARA QUE TERCEROS CONTRATEN PROPAGANDA EN MEDIOS IMPRESOS, EN FAVOR O EN CONTRA DE ALGÚN PARTIDO POLÍTICO, PRECANDIDATO O CANDIDATO, ES INCONSTITUCIONAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 72, NUMERAL 5, DEL CÓDIGO ELECTORAL DE COAHUILA, AL DISPONER LA PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL LOCAL EN LA RATIFICACIÓN DE LOS CONSEJEROS QUE LO INTEGRAN, ES CONSTITUCIONAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE COAHUILA, QUE PREVÉ UN PLAZO DE TRES DÍAS PARA PROMOVER EL JUICIO ELECTORAL RELACIONADO CON LA PRÁCTICA DE LOS CÓMPUTOS, NO TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 17, 41, BASE VI Y 116, FRACCIÓN IV, INCISOS B) Y M), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 133, NUMERAL 7, DEL CÓDIGO ELECTORAL DE COAHUILA, AL PREVER QUE, ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN LOS PROCESOS ELECTORALES, A LA CONCLUSIÓN DE CUALQUIERA DE SUS ETAPAS O DE ALGUNO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES TRASCENDENTES DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES, EL SECRETARIO EJECUTIVO O PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL, DISTRITAL O MUNICIPAL DEL INSTITUTO ELECTORAL LOCAL, SEGÚN CORRESPONDA, PODRÁ DIFUNDIR SU REALIZACIÓN Y CONCLUSIÓN POR LOS MEDIOS QUE ESTIME PERTINENTES, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE CERTEZA ELECTORAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 134 DEL CÓDIGO ELECTORAL DE COAHUILA, AL PREVER LAS REGLAS A QUE SE SUJETARÁN LOS PROCESOS INTERNOS DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR; LAS FECHAS EN QUE DEBERÁN DAR INICIO LAS PRECAMPAÑAS; LA PROHIBICIÓN DE REALIZAR ACTOS DE PROSELITISMO O DIFUSIÓN DE PROPAGANDA ANTES DE LA FECHA DE INICIO DE LAS PRECAMPAÑAS, EL DERECHO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS AL USO DE TIEMPOS EN RADIO Y TELEVISIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE SUS PROCESOS DE SELECCIÓN INTERNA DE CANDIDATOS; LA PROHIBICIÓN PARA QUE LOS ASPIRANTES O PRECANDIDATOS CONTRATEN PROPAGANDA O CUALQUIER OTRA FORMA DE PROMOCIÓN PERSONAL, EN RADIO, TELEVISIÓN Y MEDIOS IMPRESOS; Y, LAS SANCIONES QUE SE IMPONDRÁN A QUIENES INFRINJAN DICHO PRECEPTO, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 41 BASE III, APARTADO B, INCISOS B) Y C) Y 116, FRACCIÓN IV, INCISOS B), I) Y J), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 141, NUMERAL 2, DEL CÓDIGO ELECTORAL DE COAHUILA, AL DISPONER QUE QUIEN SEA CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL NO TENDRÁ SUPLENTE, ES CONSTITUCIONAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 146, NUMERAL 3, DEL CÓDIGO ELECTORAL DE COAHUILA, AL ESTABLECER QUE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL LOCAL PODRÁ REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A FIN DE GARANTIZAR LOS PLAZOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS Y QUE LA DURACIÓN DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES SE CIÑA A LO PREVISTO EN EL REFERIDO ORDENAMIENTO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE CERTEZA ELECTORAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 159, NUMERAL 5, DEL CÓDIGO ELECTORAL DE COAHUILA, AL DISPONER QUE NO SE INSTALARÁN CASILLAS ELECTORALES EN AQUELLAS SECCIONES QUE CUENTEN CON UN NÚMERO MENOR A CINCUENTA ELECTORES, DEBIÉNDOSE INFORMAR A LOS CIUDADANOS QUE RESIDAN EN DICHAS SECCIONES, A TRAVÉS DE LOS COMITÉS CORRESPONDIENTES, QUE PODRÁN VOTAR EN LA SECCIÓN INMEDIATA EN DONDE APARECERÁN INSCRITOS EN LA LISTA NOMINAL, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE CERTEZA ELECTORAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 160, NUMERAL 1, INCISO D), DEL CÓDIGO ELECTORAL DE COAHUILA, AL SEÑALAR QUE EN EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRAR LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA, EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL LOCAL, SESENTA DÍAS ANTES DE LA ELECCIÓN, EVALUARÁ LA ASISTENCIA DE LOS CIUDADANOS INSACULADOS A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN, Y QUE EN CASO DE QUE AQUÉLLA NO SEA SUFICIENTE PARA CUBRIR LAS MESAS RELATIVAS, CONVOCARÁ ABIERTAMENTE A LA CIUDADANÍA EN GENERAL A CURSOS DE CAPACITACIÓN DE DONDE SE DESIGNARÁN LOS FUNCIONARIOS DE LAS CASILLAS FALTANTES, NO TRASTOCA EL PRINCIPIO DE CERTEZA ELECTORAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 182, NUMERAL 2, DEL CÓDIGO ELECTORAL DE COAHUILA, AL PREVER QUE LOS PRESIDENTES DE CASILLA PERMITIRÁN EMITIR SU VOTO A AQUELLOS CIUDADANOS CUYA CREDENCIAL PARA VOTAR CONTENGA ERRORES DE SECCIONAMIENTO, SIEMPRE QUE APAREZCAN EN LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES CON FOTOGRAFÍA CORRESPONDIENTE A SU DOMICILIO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE CERTEZA ELECTORAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 213, NUMERAL 8, DEL CÓDIGO ELECTORAL DE COAHUILA, QUE ESTABLECE QUE EN NINGÚN CASO PODRÁ SOLICITARSE A LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE REALICEN RECUENTO DE VOTOS RESPECTO DE LAS CASILLAS QUE HAYAN SIDO OBJETO DE PROCEDIMIENTO EN LOS COMITÉS RESPECTIVOS, ES INCONSTITUCIONAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 27, NUMERAL 4, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 262, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE ESTE ORDENAMIENTO, ASÍ COMO LOS DIVERSOS PRECEPTOS 6, NUMERAL 6, 142 Y 143 DEL CÓDIGO ELECTORAL Y SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 263, POR EL QUE SE EXPIDE DICHO CÓDIGO, TODOS DEL ESTADO DE COAHUILA, QUE REGULAN LO RELATIVO A LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, SON INCONSTITUCIONALES. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 33, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 12 Y 18, NUMERAL 1, INCISO E), DEL CÓDIGO ELECTORAL, AMBOS ORDENAMIENTOS DEL ESTADO DE COAHUILA, AL ESTABLECER QUE EL CONGRESO LOCAL SE INTEGRARÁ CON DIECISÉIS DIPUTADOS ELECTOS SEGÚN EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y CON NUEVE DIPUTADOS ELECTOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, Y COMO LÍMITE A LA SOBREREPRESENTACIÓN UN PORCENTAJE DE 16%, NO TRANSGREDEN LOS ARTÍCULOS 52 Y 54, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 44 Y 45 DEL CÓDIGO ELECTORAL DE COAHUILA, AL PREVER QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PODRÁN SUJETAR A INVERSIÓN EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE RECIBEN PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES Y EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES, SON CONSTITUCIONALES. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 45, NUMERAL 1, EN RELACIÓN CON EL 35, NUMERAL 1, INCISO L), DEL CÓDIGO ELECTORAL DE COAHUILA, AL SEÑALAR QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS TENDRÁN DERECHO AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES Y PARA GASTOS DE CAMPAÑA, ASÍ COMO LA OBLIGACIÓN DE AQUÉLLOS CONSISTENTE EN SOSTENER UN CENTRO PARA LA CAPACITACIÓN DE SUS MILITANTES Y DIRIGENTES, DESTINANDO, AL MENOS, EL 2% DE SU FINANCIAMIENTO ESTATAL ORDINARIO ANUAL, NO TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 192, NUMERAL 3 Y 194, NUMERAL 2, DEL CÓDIGO ELECTORAL DE COAHUILA, AL SEÑALAR QUE CUANDO EL ELECTOR MARQUE EN LA BOLETA DOS O MÁS CUADROS Y EXISTA CANDIDATURA COMÚN ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CUYOS EMBLEMAS HAYAN SIDO MARCADOS, EL VOTO SÓLO CONTARÁ PARA EL CANDIDATO, Y QUE TRATÁNDOSE DE PARTIDOS POLÍTICOS CON CANDIDATURA COMÚN, SI APARECIERA CRUZADO MÁS DE UNO DE SUS RESPECTIVOS EMBLEMAS, SE ASIGNARÁ EL VOTO AL CANDIDATO RESPECTIVO, LO QUE DEBERÁ CONSIGNARSE EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO, NO CONTRAVIENEN LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA Y DEFINITIVIDAD QUE RIGEN EN MATERIA ELECTORAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 265, NUMERAL 1, INCISO A), 271, NUMERALES 3 Y 5 Y 275, NUMERAL 2, DEL CÓDIGO ELECTORAL DE COAHUILA, AL ESTABLECER QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DESIGNARÁ AL CONTRALOR, CON EL VOTO DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE SUS MIEMBROS PRESENTES; QUE ÉSTE DURARÁ EN SU ENCARGO SIETE AÑOS; QUE MANTENDRÁ LA COORDINACIÓN TÉCNICA NECESARIA CON LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO; ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE SANCIONES, INCLUIDA LA REMOCIÓN, LA CUAL SERÁ APROBADA POR LA MENCIONADA LEGISLATURA POR LAS DOS TERCERAS PARTES DE SUS INTEGRANTES, NO TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS NUMERALES 2 Y 3 DEL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO ELECTORAL DE COAHUILA, AL ESTABLECER QUE LOS RECURSOS QUE UN PARTIDO POLÍTICO RECIBA DE SUS ÓRGANOS NACIONALES PARA GASTOS ORDINARIOS, NO PODRÁN SER MAYORES AL 50% DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL QUE ANUALMENTE LE CORRESPONDE PARA TAL EFECTO, Y QUE DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES ESTATALES, UN PARTIDO POLÍTICO NO PODRÁ RECIBIR DE SUS ÓRGANOS NACIONALES, POR NINGÚN CONCEPTO RECURSOS EN EFECTIVO O EN ESPECIE, QUE SIGNIFIQUEN UN MONTO SUPERIOR A LA MITAD DEL TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN QUE CORRESPONDA, NO TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. RECUENTO DE VOTOS EN SEDES ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL. LA OMISIÓN LEGISLATIVA QUE INCUMPLE EL MANDATO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO L), CONSTITUCIONAL, ACTUALIZA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y OBLIGA AL LEGISLADOR ORDINARIO A SUBSANAR LA DEFICIENCIA DE LA LEGISLACIÓN ELECTORAL ESTATAL.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 14/2010 Y SUS ACUMULADAS 15/2010, 16/2010 Y 17/2010. PARTIDOS POLÍTICOS CONVERGENCIA, DEL TRABAJO, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y ACCIÓN NACIONAL.
MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.
SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinticinco de octubre de dos mil diez.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escritos recibidos el veintiocho y veintinueve de julio de dos mil diez, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Walton Aburto, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo nacional del Partido Convergencia; Alberto Anaya Gutiérrez, Alejandro González Yáñez, Ricardo Cantú Garza y Rubén Aguilar Jiménez, en su carácter de integrantes de la Comisión Ejecutiva nacional del Partido del Trabajo; Jesús Ortega Martínez, en su carácter de presidente Nacional del Partido de la Revolución Democrática; y José César Nava Vázquez, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, promovieron acción de inconstitucionalidad, solicitando la invalidez de las normas que más adelante se señalan, emitidas y promulgadas por las autoridades que a continuación se precisan:
Autoridades emisora y promulgadora de las normas generales impugnadas:
a) Congreso del Estado de Coahuila.
b) Gobernador del Estado de Coahuila.
Normas generales impugnadas:
a) Decreto Número 262, por el que se reforman las fracciones I y II del artículo 18; el artículo 27; el primer párrafo del artículo 33; el primer párrafo y la fracción III del artículo 35; la fracción IV del artículo 36 y la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política del Estado de Coahuila, publicado en la primera sección de la edición número 52 del Periódico Oficial del Estado, el veintinueve de junio de dos mil diez.
b) Decreto Número 263, por el que se expide el Código Electoral del Estado de Coahuila, publicado en la segunda sección de la edición número 52 del Periódico Oficial del Estado, el veintinueve de junio de dos mil diez.
c) Decreto Número 264, por el que se adiciona la fracción VI al artículo 82 y se reforma el artículo 89 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político-Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, publicado en la primera sección de la edición número 52 del Periódico Oficial del Estado, el veintinueve de junio de dos mil diez.
SEGUNDO. Los accionantes señalaron como antecedentes de las normas impugnadas, los siguientes:
El veintiuno de junio de dos mil diez se celebró la décima novena sesión correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila, en la cual se aprobaron los dictámenes formulados por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, respecto de las iniciativas de decreto por las que se reforma la Constitución Política, se expide el Código Electoral y se adiciona y reforma la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político-Electoral y de Participación Ciudadana, todos del Estado de Coahuila.
Los decretos respectivos fueron remitidos al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial, la cual se llevó a cabo el veintinueve de junio de dos mil diez.
TERCERO. Los conceptos de invalidez que hacen valer los accionantes son, en síntesis, los siguientes:
a) De los Partidos Convergencia y del Trabajo
1. Artículos 33 de la Constitución Local y 12 y 18, numeral 1, inciso e), del Código Electoral del Estado
Los promoventes aducen que los artículos impugnados contravienen lo dispuesto en los artículos 52, 54, fracción IV y 116 de la Constitución Federal, al no respetar el porcentaje de representación que debe tener como máximo un partido político, que es del sesenta por ciento, estableciendo un porcentaje del sesenta y cuatro por ciento, que resulta excesivo, máxime si se considera que del total de integrantes de la Legislatura Local, un diputado representa, precisamente, el cuatro por ciento.
Los artículos 52, 54 y 116 de la Constitución Federal constituyen el marco general del sistema electoral mexicano y, en este sentido, prevén la aplicación de principios para la debida integración de las Legislaturas Locales, mediante un procedimiento de asignación de curules que garantice el pluralismo, la participación política de las minorías, pero sobre todo el respeto a la propia Constitución. Específicamente, por lo que respecta a los Estados, en el artículo 116, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Federal se establece la obligación de integrar sus legislaturas con diputados electos por los principios de mayoría relativa y representación proporcional.
Al respecto, debe señalarse que aun cuando la facultad de regular la integración de las Legislaturas Estatales se confiere expresamente a dichas legislaturas, ésta debe ser ejercida de modo que no contravenga las bases generales establecidas en la Constitución Federal, que garantizan la efectividad del sistema electoral.
La reforma a los artículos que se impugnan no cumple con lo anterior, puesto que rompe con el propósito que se pretende con la debida integración de las legislaturas, de conformidad con el Texto Constitucional, de la que resulte una auténtica representación que fomente el pluralismo y la participación de todos los partidos políticos en la conformación del órgano legislativo estatal y que impida la vulneración del principio de democracia deliberativa que debe regir en la discusión y aprobación de los asuntos del Estado, mediante la aplicación de una fórmula que no propicie la sobrerepresentación.
Como se ha señalado, en la Constitución Federal se establecen bases mínimas que permiten garantizar el pluralismo político y la auténtica representación en los artículos que regulan la integración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los cuales, dado el contexto nacional del balance de las fuerzas políticas, son viables para salvaguardar los elementos básicos que deben existir en todo Estado democrático de derecho.
No obstante, éstas no resultan suficientes tratándose de las Legislaturas Locales, en las que, por regla general, se tienen mayorías aplastantes de algún partido político, lo que trae como consecuencia la inoperatividad de los lineamientos mínimos que establece la Constitución Federal para la integración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, pues pierden funcionalidad en casos como el que nos ocupa, en el que la legislatura no sólo no se ajusta a estos lineamientos mínimos, sino que los rebasa, en aras de privilegiar el monopolio partidista en el Congreso Estatal.
Una integración de la Legislatura Local que respetara el marco constitucional, eliminaría las distorsiones ocasionadas por la sobrerepresentación y la subrepresentación y favorecería el pluralismo político, promoviendo una auténtica representación acorde con un Estado democrático de derecho.
Por el contrario, la forma como debe integrarse actualmente la Legislatura del Estado de Coahuila, en términos de los preceptos que se combaten, resulta inequitativa, impide que exista una auténtica representación y excede significativamente las bases establecidas en la Constitución Federal al superar en cuatro puntos el porcentaje máximo de representación que se prevé para la Cámara de Diputados, que es del sesenta por ciento.
Lo anterior se agrava si se considera que el porcentaje con el que se excede la integración de la Legislatura Local, respecto del límite de representación que se establece en la Constitución Federal, equivale, precisamente, a un diputado del total de integrantes de la legislatura, con lo cual se omite garantizar el acceso de todos los ciudadanos al ejercicio del poder público, como resultado del pluralismo político.
A mayor abundamiento, el artículo 41, párrafo segundo, de la Constitución Federal establece que la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. Por su parte, el artículo 116 constitucional establece, en lo que interesa, que las Constituciones y leyes de los Estados garantizarán que las elecciones locales se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; que serán principios rectores de las autoridades electorales estatales, los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia; y que las Legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos según los principios de mayoría relativa y representación proporcional en los términos que señalen sus leyes.
De lo anterior se desprenden los elementos fundamentales para la debida integración de las Legislaturas Locales, cuya observancia es imprescindible para que resulten acordes con el ejercicio de la soberanía popular siendo aplicable, a este respecto, la tesis de rubro: "MATERIA ELECTORAL. PARA EL ANÁLISIS DE LAS LEYES RELATIVAS ES PERTINENTE ACUDIR A LOS PRINCIPIOS RECTORES Y VALORES DEMOCRÁTICOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 41 Y 116, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."
En este sentido, al establecerse que el Congreso del Estado de Coahuila se integrará con veinticinco diputados electos por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, se violan los principios de democracia representativa y democracia deliberativa y se vulnera el derecho al sufragio universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos del Estado, pues se omite garantizar el acceso de todos éstos al ejercicio del poder público, por no simpatizar con el partido hegemónico en la entidad.
Las normas cuya invalidez se demanda, contravienen las bases establecidas en la Constitución Federal, en relación con el principio de representación proporcional en los Estados y las barreras razonables que al respecto se pueden establecer, puesto que la integración de un Congreso Local, con dieciséis diputados de mayoría relativa y nueve de representación proporcional, puede generar la sobrerepresentación del partido mayoritario, al poder éste alcanzar hasta dieciséis diputaciones, lo cual atenta contra la representación política basada en el pluralismo, dado que el límite establecido implica que ese partido pueda tener más del sesenta por ciento de la representación total en el Congreso.
En los Congresos de los Estados el número de integrantes, menor al de los cuerpos parlamentarios, debe ajustarse a la realidad local. De esta forma, el análisis debe hacerse atendiendo no sólo a la literalidad de cada precepto constitucional, sino también al contexto de la propia norma que establece un sistema genérico con reglas diversas que deben interpretarse de manera armónica, pues no puede referirse la integración de los Congresos Locales a una sola de éstas, sino al conjunto que representan.
De este modo, el parámetro adecuado es el del sesenta por ciento, como número máximo de diputaciones que puede alcanzar un partido político en la integración de un Congreso Local, de conformidad con los artículos 52 y 54 de la Constitución Federal, que correlativamente prevén un sesenta por ciento para diputados de mayoría relativa y un cuarenta por ciento para diputados de representación proporcional, en la integración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
En la especie, como se ha mencionado, se rebasa dicho porcentaje de manera significativa, al establecerse un sesenta y cuatro por ciento, máxime si se considera que el cuatro por ciento de excedente corresponde al porcentaje que representa cada uno de los diputados del Congreso del Estado, siendo lo anterior de gran trascendencia para un sistema en el que la mayor parte de las decisiones políticas se acuerdan por mayoría relativa.
Sirve de apoyo a la anterior conclusión la jurisprudencia de rubro: "MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL PORCENTAJE QUE DEBE CORRESPONDER A CADA UNO DE ESOS PRINCIPIOS, NO DEBE ALEJARSE SIGNIFICATIVAMENTE DE LAS BASES GENERALES ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
Las normas impugnadas violan el pluralismo en el que se sustenta el sistema de partidos políticos, entendido como el conjunto de ideas, intereses y anhelos de las distintas corrientes políticas e ideológicas que reflejan la composición social del Estado, para enriquecer el debate plural, objetivo e informado de los ciudadanos, en virtud de que al alejarse de las bases generales establecidas en la Constitución Federal y de las características razonables del binomio mayoría relativa-representación proporcional, configuran un régimen interior a nivel local que atenta contra la forma de gobierno republicana, representativa y popular y contra el pluralismo político, como equilibrio de la representación democrática. Asimismo, se viola el principio de democracia representativa y se vulneran las bases generales previstas en la Constitución, que garantizan la efectividad del sistema electoral y que, como ha sostenido esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, sirven como principios orientadores.
Por otro lado, el artículo 54, fracción V, de la Constitución Federal establece que, en ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que represente un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación nacional emitida.
En relación con lo anterior, el artículo 18, numeral 1, inciso e), del Código Electoral del Estado prevé, en lo que interesa, que el número máximo de diputados por ambos principios que puede alcanzar cualquier partido político deberá corresponder a su porcentaje de votación respecto de la votación total emitida más el dieciséis por ciento, por tanto, el Código Electoral local rebasa lo dispuesto en el precepto constitucional citado, pues prevé un dieciséis por ciento, que constituye el doble del porcentaje establecido en la Constitución Federal, alejándose con ello, significativamente, de las bases generales que deben orientar la legislación.
En efecto, ante la falta de una disposición constitucional que establezca reglas específicas para determinar los porcentajes que sirvan de límite a la sobrerepresentación y subrepresentación en los Estados, lo dispuesto en el artículo 54, fracción V, constitucional, para la integración de la Cámara de Diputados, debe servir de parámetro a las Legislaturas Locales para que de acuerdo con sus propias necesidades y circunstancias políticas, establezcan el número de diputados que estimen conveniente, sin alejarse significativamente de las bases generales previstas en la Norma Fundamental, cuyo límite es un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida.
No obstante lo anterior, en el caso que nos ocupa, el legislador local establece un dieciséis por ciento, que equivale al doble del porcentaje previsto en la Constitución Federal, apartándose significativamente de la base impuesta, lo que, sin duda, trastoca el sistema democrático, pues el número de curules que integran un órgano legislativo debe ser proporcional al número de ciudadanos que componen el Estado, lo que también aplica para la distribución geográfica de los distritos electorales.
Ello obedece a que determinado número de habitantes se encuentre debidamente representado, a efecto de que los representantes cumplan con los fines por los que han sido votados por los electores; por consiguiente, la reducción de curules provoca que los representantes tengan que abarcar una mayor extensión territorial y comprender un mayor número de ciudadanos representados, con lo que se corre el riesgo de que no conozcan la estructura que caracteriza a la región o población de que se trate y, por ende, no puedan representarlos adecuadamente y, mucho menos, proteger sus intereses.
Esta disminución en el número de curules contraviene lo dispuesto en los artículos 53, párrafo primero y 116, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Federal, de los que se desprende que un elemento fundamental para establecer el número de diputados que deben integrar una legislatura, es el censo poblacional que, como es de conocimiento público, aún no arroja datos oficiales, al haberse llevado a cabo este año.
Los preceptos constitucionales antes citados determinan la forma como habrá de dividirse territorialmente un Estado y distribuirse los distritos electorales respectivos, atendiendo a criterios poblacionales y geográficos.
En el caso, la disminución del número de diputados que deben integrar la Legislatura del Estado, no se rigió por alguno de estos criterios, lo que va en detrimento de la población que en lugar de tener por cada determinado número de habitantes un representante, ha visto disminuido su número de representantes, sin tener pleno conocimiento de si aumentó o disminuyó la población en el Estado y sin que el legislador presentara algún instrumento que respaldara la disminución del número de integrantes del órgano legislativo, lo que impide que exista una verdadera democracia representativa.
Finalmente, debe señalarse que aun cuando es facultad de las Legislaturas Locales establecer el número de diputados que habrán de integrarlas, así como la forma como se aplicarán los principios de mayoría relativa y representación proporcional en la asignación de curules, deben ejercer dicha facultad respetando, en todo momento, las bases y principios establecidos en la Constitución Federal.
Por consiguiente, al no haber actuado el Congreso del Estado dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución le confiere, vulnerando principios y valores superiores del orden jurídico, se violan los principios de legalidad y supremacía constitucional que deben regir todo acto de autoridad.
2. Artículo 141, numeral 2, del Código Electoral del Estado
Los promoventes sostienen que el artículo impugnado vulnera lo dispuesto en los artículos 115, fracción I y 116 de la Constitución Federal, al no prever la existencia del candidato suplente al cargo de presidente municipal, con lo que se viola el principio de certeza en materia electoral y se causa un agravio a la institución de la presidencia municipal, en caso de ausencia del propietario, pues no se permite a la institución funcionar correctamente, de manera continua. Si constitucionalmente se prevé la suplencia de los integrantes de los Ayuntamientos, ésta debe ser también reconocida por las Legislaturas de los Estados, como una medida que ofrece continuidad y certeza ante la falta temporal o definitiva de sus miembros que pueda limitar el correcto funcionamiento del órgano de gobierno municipal. Además, la previsión de la figura del suplente en la legislación local, conlleva la legitimidad de haber sido electo, al igual que el propietario, por voluntad popular.
3. Artículos 271, numerales 3 y 5, y 275, numeral 1, inciso a), del Código Electoral del Estado
Los promoventes afirman que los artículos impugnados contravienen lo dispuesto en los artículos 41, fracción V y 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Federal.
Al efecto, estiman los accionantes, debe atenderse al contenido teleológico de las disposiciones constitucionales que establecen la figura de la contraloría general, que se traduce en velar por los principios de autonomía, independencia e imparcialidad que rigen los actos y resoluciones electorales. En el ámbito federal se cumple con tal finalidad, dada la existencia de distintas fuerzas políticas al interior del Congreso de la Unión, que traen como consecuencia un auténtico pluralismo que garantiza los pesos y contrapesos característicos de las instituciones democráticas; sin embargo, en algunos Estados ésta no se cumple, por tratarse de un contexto diferente, en el que un partido tiene mayoría aplastante en el Congreso Local y, en consecuencia, el control político para decidir e influir en el órgano de fiscalización del Instituto Electoral Estatal.
Esta diferencia contextual obliga a que la interpretación teleológica y no la literal del artículo 41, fracción V, de la Constitución Federal, sea la que deba aplicar, pues en el ámbito federal, como se ha señalado, existe pluralidad de fuerzas políticas capaces de contrarrestar la toma de decisiones generales propias de un Estado democrático de derecho, situación que en el ámbito local no se presenta, sin que puedan garantizarse, por tanto, el pluralismo y la auténtica autonomía e independencia de que debe dotarse al órgano fiscalizador del Instituto Electoral del Estado, que le permitan salvaguardar los principios rectores de los actos y resoluciones electorales.
Por ende, más que sujetar al órgano de fiscalización al Instituto Electoral Estatal, se le sujeta al Congreso del Estado, dominado, en forma aplastante, por un solo partido, lo que de facto no permite la auténtica autonomía e independencia de la contraloría interna de dicho instituto, al no contar con aquellas características y principios propios de los órganos electorales que les son indispensables para garantizar los derechos de todos los actores políticos.
Para los accionantes, la inconstitucionalidad de los preceptos combatidos se sostiene en las siguientes razones:
(i) El contralor será designado por el Congreso del Estado mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes a propuesta de instituciones públicas de educación superior, conforme a los plazos y procedimientos que establezca el propio Congreso.
Lo anterior se traducirá en que, de facto, el contralor sea designado por el partido hegemónico que tiene controladas, precisamente, las dos terceras partes del Congreso.
(ii) El contralor durará en su cargo siete años y podrá ser reelecto por una sola vez, estará adscrito administrativamente a la presidencia del consejo general y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Auditoría Superior del Estado.
Lo anterior, sin duda, hace depender al contralor del Congreso del Estado, a través de la auditoría superior. Si, como se ha señalado, la legislatura se encuentra dominada por el partido hegemónico, esto le asegura mantener el control sobre cualquier decisión que de ella dependa.
(iii) A solicitud del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, el Congreso resolverá sobre la aplicación de sanciones al contralor, entre las que se encuentra la remoción por causas graves de responsabilidad administrativa, la cual requerirá el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión.
Al igual que en las disposiciones anteriores, se mantiene la dependencia del contralor al Congreso del Estado, pues aun cuando la solicitud de aplicación de sanciones es formulada por el Consejo General del Instituto Electoral Local, el que conoce de las mismas y, en su caso, sanciona, es el Congreso que, como se ha señalado, se encuentra dominado por el partido hegemónico, lo que le asegura mantener el control sobre cualquier decisión que de él dependa.
Frente a lo anterior, no puede hablarse de una verdadera autonomía e independencia del órgano de fiscalización del Instituto Electoral Estatal, al no garantizarse a su titular la permanencia en el cargo, por estar sujeto al control de un órgano político controlado por el partido hegemónico, lo cual vulnera los principios rectores de la función electoral que consagra la Constitución Federal.
Por otro lado, al establecerse en uno de los artículos impugnados, que el contralor durará en su cargo siete años, contrario a lo que prevé la Constitución Federal para un cargo similar, que es de seis años, se atenta contra la autonomía e independencia del órgano fiscalizador del Instituto Electoral Local, pues la prolongación injustificada del periodo presupone un favoritismo hacia el designado, con lo cual se violan la autonomía en su funcionamiento y la independencia en sus decisiones.
4. Artículo 25, numeral 1, inciso e), del Código Electoral del Estado
Los promoventes argumentan que el artículo impugnado vulnera los principios de certeza, equidad y proporcionalidad, al imponer como obligación a los partidos políticos nacionales que pretendan participar en las elecciones estatales, mantener representantes y oficinas en cuando menos los diez Municipios de mayor población en el Estado.
De la exposición de motivos y el dictamen de aprobación del Decreto Número 263, en esta parte se desprende que la razón fundamental que tuvo en cuenta el legislador para imponer esta obligación fue condicionar a los partidos políticos nacionales; sin embargo, obligarlos a instalar diez oficinas en los Municipios de mayor población en el Estado, no guarda proporción con los requisitos exigidos por la Constitución Federal para constituirse como tales y recibir el financiamiento público correspondiente, con lo cual se corre el riesgo de afectar los derechos consagrados a favor de estas organizaciones políticas.
Aunado a lo anterior, si bien es cierto que los partidos políticos nacionales se encuentran sujetos a normas de carácter federal y local, según el proceso electoral en el que contiendan, su formación, registro, estructura y extinción se encuentran previstos en la Constitución Federal y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Consecuentemente, las reglas en torno a la organización territorial de los partidos políticos nacionales deben establecerse en las leyes federales y no en las locales, pues la estructura partidaria comprende todo el territorio nacional; de lo contrario, los partidos políticos nacionales estarían sujetos a treinta y tres órdenes jurídicos distintos, pudiendo exigírseles en un Estado, que contasen con órganos en todos los distritos y, en otro, en todos o en algunos Municipios, lo que haría inviable el cumplimiento de las tareas partidarias.
En este sentido, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales exige sólo que los partidos políticos cuenten con órganos nacionales y estatales, pero no los obliga a tener órganos municipales, razón por la cual no existe sustento para imponer tal obligación, al formar parte dicha determinación de la libertad de organización de los partidos.
Al respecto, esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 158/2007 y sus acumuladas, reconoció la validez, en lo general, del artículo 35 de la ley electoral local, y sostuvo que la inscripción del registro de los partidos políticos nacionales, prevista en dicho precepto, consistía en la mera anotación del registro respectivo ante la autoridad administrativa electoral.
Luego, debe entenderse que el catálogo de deberes que se prevé en el artículo impugnado, no resulta aplicable a los partidos políticos nacionales, dado que, en el aspecto territorial, éstos se rigen primordialmente por la ley federal. En este orden de ideas, lo único que los partidos políticos nacionales deben demostrar ante el Instituto Electoral Estatal, es la vigencia de sus derechos, la cual certifica el Instituto Federal Electoral.
En efecto, el artículo 41, fracción I, de la Constitución Federal establece que los partidos políticos nacionales pueden participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal, y que la ley determinará las normas y requisitos para el registro legal de los partidos y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral.
Como se ha señalado, la creación, estructura y registro de los partidos políticos nacionales se encuentran previstos en la Constitución Federal y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y no en las legislaciones estatales, pues éstas regulan a los partidos políticos locales.
En las legislaciones estatales deben preverse las reglas necesarias para dar cauce y orden a las relaciones entre las autoridades locales y los partidos políticos nacionales, a efecto de normar la actuación de éstos en los procesos electorales de las entidades, sin que ello interfiera con la regulación a nivel federal que contiene el estatuto jurídico integral de estos partidos, tal como se desprende del criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: "PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. SE RIGEN PREPONDERANTEMENTE POR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES FEDERALES."
Sobre esta base, se reitera, las reglas en torno a la organización territorial de los partidos políticos nacionales han de estar previstas, principalmente, en la legislación federal y no en las legislaciones locales, pues la estructura partidaria comprende todo el territorio nacional y no sólo una parte de éste, de ahí que sea competencia del orden aplicable en todo ese territorio, es decir, del orden federal, con objeto de que exista uniformidad normativa.
En esta tesitura, el uso de la locución adverbial "cuando menos", en el artículo 27, numeral 1, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, pone de manifiesto que la ley electoral federal establece requisitos mínimos para la organización territorial de los partidos políticos nacionales, que constituyen la estructura básica del partido y no un desarrollo entero y acabado de su aspecto orgánico.
La estructura partidaria exigida por la ley comprende, exclusivamente, dos ámbitos, nacional y estatal. El primero se integra por tres órganos: una asamblea, un comité o sus equivalentes, y un órgano de administración. El segundo se compone sólo de los comités de los Estados o sus equivalentes. Con ello se garantiza que el partido tenga presencia efectiva en las treinta y dos entidades de la República, a fin de que pueda ser considerado como un partido político nacional. Satisfechos estos requisitos mínimos, los partidos políticos nacionales, en ejercicio de la facultad que les confiere el artículo 22, numeral 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, están en aptitud de establecer, en s
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22640-51b29a7f/accion-de-inconstitucionalidad-el-articulo-25-numeral-1 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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