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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT, AL DISPONER QUE EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO SERÁ DISTRIBUIDO EN FORMA IGUALITARIA ENTRE TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS, EN PROPORCIÓN DIRECTA AL NÚMERO DE VOTOS OBTENIDOS EN LA ÚLTIMA ELECCIÓN Y AL NÚMERO DE DIPUTADOS OBTENIDOS EN DICHA ELECCIÓN, NO VULNERA LOS ARTÍCULOS 41, FRACCIÓN II, INCISO A) Y 116, FRACCIÓN IV, INCISOS B) Y G), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT, AL NO ESTABLECER QUE LOS MONTOS MÁXIMOS DE LAS APORTACIONES DE CARÁCTER PRIVADO NO PODRÁN EXCEDER DEL DIEZ POR CIENTO DEL TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA GOBERNADOR DE ESA ENTIDAD, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 127 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT, AL PREVER UN LAPSO DE QUINCE DÍAS ENTRE LA FINALIZACIÓN DE LA PRECAMPAÑA Y EL INICIO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL, NO VULNERA LOS ARTÍCULOS 41, FRACCIONES I Y IV, Y 116, FRACCIÓN IV, INCISOS B) Y J), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL HECHO DE QUE LOS ARTÍCULOS 14, 21, FRACCIÓN I, INCISO C), 22, PÁRRAFO 1, 41, FRACCIÓN XIX, 44, FRACCIONES I Y II, 45, 46, 47, FRACCIÓN I, 51, FRACCIÓN I, 62, 118, 119, 120, 121, 122, 142, 143, 144, 223, FRACCIONES I Y II, Y 224, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT TENGAN SUSTENTO EN LA CONSTITUCIÓN LOCAL, CUYAS REFORMAS, DE CARÁCTER FORMAL, FUERON DECLARADAS INCONSTITUCIONALES, NO VULNERA EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIEZ, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA ELECTORAL, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2007, EN RAZÓN DE QUE EN ELLA SÍ SE ESTABLECEN BASES SUFICIENTES PARA LA COORDINACIÓN ENTRE LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y EL INSTITUTO ELECTORAL LOCAL, RESPECTO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRE PROTEGIDA POR ALGÚN SECRETO LEGAL Y PARA LLEVAR A CABO SUS FUNCIONES DE FISCALIZACIÓN DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS PARTES LEGITIMADAS PARA PROMOVERLA SÓLO ESTÁN FACULTADAS PARA DENUNCIAR LA POSIBLE CONTRADICCIÓN ENTRE UNA NORMA GENERAL Y LA PROPIA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 27, 28, 29, 81, FRACCIÓN III Y 90, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT, AL PREVER LA PARTICIPACIÓN DEL CONGRESO LOCAL PARA LA APROBACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES, QUE CONFORMAN LA GEOGRAFÍA ELECTORAL DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, VULNERAN EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA Y LA AUTONOMÍA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISOS B) Y C), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 22/2010 Y SUS ACUMULADAS 24/2010 Y 25/2010. · Registro digital (IUS): 22646
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, , Pág. 2314.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 22/2010 Y SUS ACUMULADAS 24/2010 Y 25/2010. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.

SECRETARIO: ETIENNE LUQUET FARÍAS.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintidós de noviembre de dos mil diez.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficios presentados el diez y diecisiete de septiembre de dos mil diez, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el quince de septiembre del mismo año en el domicilio particular de la persona autorizada por el secretario general de Acuerdos para recibir demandas y promociones fuera del horario de labores de este Alto Tribunal, Jesús Ortega Martínez, en su carácter de presidente del Partido de la Revolución Democrática, Arturo Chávez Chávez, en su carácter de procurador general de la República y José César Nava Vázquez en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de las normas que más adelante se señalan, emitidas y promulgadas por los órganos que a continuación se mencionan:

"Órganos legislativo y ejecutivo que hubieren emitido o promulgado las normas generales impugnadas. Órgano legislativo emisor: A) La Vigésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit. Órgano ejecutivo promulgador: B) El Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit. C) El secretario general de Gobierno del Estado de Nayarit, en su carácter de autoridad refrendadora. Norma general cuya invalidez se reclame y el medio oficial en que se hubiere publicado. Se reclama la invalidez del decreto por el que se expidió la Ley Electoral del Estado de Nayarit. Dicho decreto se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit, con fecha dieciocho de agosto de dos mil diez, relativo a los artículos 27, 28, 29 y 81, fracción III, última parte, de la Ley Electoral del Estado de Nayarit."

SEGUNDO. Los partidos políticos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, coincidentemente, señalaron como antecedentes de las normas impugnadas los siguientes:

"1. Con fecha catorce de junio del año dos mil diez, los diputados Manuel Narváez Robles, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional; Rafael Cervantes Padilla, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional; Luis Alberto Salinas Cruz, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza y Rubén Benítez Rodríguez, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, presentaron ante el Congreso del Estado de Nayarit la iniciativa de decreto que reforma y adiciona los artículos 27, fracción II, 29, 47, fracción XVII, 62, fracción III, 109, fracción IV y 135, apartado B, en sus fracciones I, II y IV y apartado C, en su párrafo segundo, y se adiciona un párrafo último al artículo 91 y una fracción III al artículo 27 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. En esa misma fecha, la iniciativa de mérito fue conocida por la Diputación Permanente, misma que por indicaciones de la presidencia de la mesa directiva, fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 2. Una vez hecho lo anterior, la presidencia de la mesa directiva de la Diputación Permanente, dio trámite de turno legislativo para su estudio y dictamen a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales por ser de su competencia. 3. El día dieciséis de junio del presente año, la Comisión Legislativa analizó y dictaminó la iniciativa de referencia, determinando en lo general y en lo particular su procedencia y viabilidad. 4. En sesiones públicas extraordinarias celebradas los días jueves diecisiete y viernes dieciocho de junio del año en curso, se desahogó ante el Pleno conforme al trámite legislativo el dictamen respectivo, procediéndose la primera y segunda lecturas en las fechas de referencia. Para los efectos de la discusión, en la segunda sesión que inició a las veintidós horas del día dieciocho de junio del presente año (y terminó a las primeras horas de día 19). Fue aprobado por mayoría en lo general y en lo particular con veintiún votos a favor y nueve en contra. 5. Derivado del resultado de la votación y en consecuencia con el trámite que al efecto dispone el artículo 131 de la Constitución Política Local, en relación con el artículo 96 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, y lo prescrito por el artículo cuarto transitorio del decreto de referencia, con fecha dieciocho de junio de dos mil diez, se giraron oficios a los Ayuntamientos Constitucionales del Estado, junto con el expediente respectivo debidamente integrado, con la finalidad de recabar el sentido del voto de los Cabildos. 6. Asimismo, según el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, se manifiesta que a partir del diecinueve de junio del presente año, el Poder Legislativo de Nayarit empezó a recibir las comunicaciones de los Ayuntamientos dando a conocer las resoluciones respectivas, de las cuales, señalan, dos terceras partes entregaron aprobación de las actas, mostrando la siguiente información:

Ver información

"7. Posteriormente, el decreto que reforma y adiciona los artículos 27, 29, 47, 62, 91, 109 y 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia electoral, fue remitido al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su promulgación en el Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado, llevándose a cabo en la edición del martes veintidós de junio de dos mil diez, incumpliendo el artículo 131 constitucional local, que señala como requisito para la reforma o adición de la Constitución Política del Estado de Nayarit, que se cuente con la aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los Ayuntamientos. 8. El día veintidós de julio de dos mil diez, se promovió ante esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, tres acciones de inconstitucionalidad en contra del decreto que reforma y adiciona los artículos 27, 29, 47, 62, 91, 109 y 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia electoral. 9. Mediante sendos acuerdos de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de veintidós de julio de dos mil diez, se ordenó formar y registrar los expedientes relativos a las diversas acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Partido de la Revolución Democrática y Convergencia, Partido Político Nacional, las cuales fueron admitidas e identificadas con los números 12/2010 y 13/2010, respectivamente, y tomando en consideración que en estos dos asuntos se reclamó el mismo ordenamiento legal impugnado en la mencionada acción de inconstitucionalidad 11/2010, se ordenó acumularlas a ésta y remitir los autos a la señora Ministra instructora. En esos acuerdos se ordenó dar vista exclusivamente al órgano legislativo que emitió la norma impugnada y al titular del Poder Ejecutivo que la promulgó para que rindieran sus respectivos informes, requiriendo, a su vez, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que expresara su opinión en relación con la acción intentada. Asimismo, ordenó dar vista al procurador general de la república para que rindiera el pedimento que le corresponde. 10. La autoridad que emitió y la que promulgó el decreto impugnado rindieron sus respectivos informes; la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación expuso la opinión que le corresponde; y el procurador general de la República rindió su pedimento, en el sentido de que se declaren procedentes pero infundadas las acciones de inconstitucionalidad acumuladas. 11. Una vez recibidos los alegatos de las partes, mediante proveído de nueve de agosto de dos mil diez, se decretó el cierre de la instrucción y se procedió a elaborar el proyecto de resolución respectivo. 12. Con fecha veintiséis de agosto de dos mil diez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 11/2010 y sus acumuladas, en el sentido de decretar la invalidez del decreto que reforma y adiciona los artículos 27, 29, 47, 62, 91, 109 y 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia electoral, toda vez que careció de las formalidades esenciales del procedimiento legislativo. En dicha sentencia, se indicó que el Congreso Local debería constatar la existencia, fehaciente de un número de votos equivalente a las dos terceras partes de los veinte Ayuntamientos que integran el Estado, porque ocho de las actas municipales no son considerados votos válidos. Además, se precisó que el Congreso de la entidad tiene la obligación de asegurarse de que ha obtenido la anuencia indubitable de catorce o más Ayuntamientos, para que esté en aptitud de emitir la correspondiente declaratoria de aprobación de las reformas constitucionales locales; esto es, tiene la obligación de verificar la seguridad del procedimiento que se siguió para la emisión de todos y cada uno de los votos de los Ayuntamientos, ya que sólo de esta manera es posible llegar a la convicción plena de que las modificaciones constitucionales locales cuenten con el respaldo del número de Ayuntamientos que su máximo ordenamiento legal requiere. 13. Con fecha primero de septiembre de dos mil nueve, el diputado Roberto Lomelí Madrigal, presentó ante la Secretaría de la Mesa Directiva, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 206 C, 206 D y 206 E a la Ley Electoral del Estado de Nayarit. Igualmente, mediante oficio signado por el diputado José Ángel Castro Mata y recibido por la Secretaría de la Mesa Directiva, con fecha seis de octubre de dos mil nueve, se dio cuenta al Pleno de la Asamblea de la iniciativa que presentó el legislador mediante la cual propone proyecto de decreto que reforma el título tercero, capítulo segundo, artículo 207, fracciones I, II y III y 214, fracción III, en los incisos a), b), c), d) y e), último párrafo, de la Ley Electoral del Estado de Nayarit. Por su parte, la diputada Gloria Noemí Ramírez Bucio presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 23, fracción I, inciso b), 26, fracción II y 37, fracciones XVI, XXI y XXII, de la citada Ley Electoral, misma que fue recibida en la Secretaría de la Mesa Directiva en fecha 24 de junio de dos mil diez. Asimismo, en fecha treinta de junio de dos mil diez, el diputado Juan José Castellanos Franco presentó su respectiva iniciativa ante la Secretaría General de ese Congreso, mediante la cual propone reformar el artículo 23 de la Ley Electoral. Finalmente, en fecha veintiocho de julio del año corriente 2010, se recibió iniciativa ante la Secretaría General del Congreso, suscrita por los diputados Manuel Narváez Robles, Luis Alberto Salinas Cruz, Rubén Benítez Rodríguez y Juan José Castellanos Franco, mediante la cual se proponen reformas a diversas disposiciones de la Ley Electoral para el Estado de Nayarit, con el propósito de armonizarla a las reformas constitucionales en materia electoral invalidadas por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo artículo dispuso literalmente: ‘Artículo único. Se reforman los artículos 5, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 39, 44, 45, 46, 47, 62, 64, 69, 70, 71, 78, 79, 85, 86, 87, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 102, 103, 117, 120, 122, 134, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 149, 151, 158, 199, 200, 206, 209, 214, 215 y 224 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, para quedar de la siguiente manera.’. 14. También con fecha veintiocho de julio de dos mil diez, la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Nayarit, emitió acuerdo para convocar a un segundo periodo extraordinario de sesiones para el dos de agosto de dos mil diez, a efecto de conocer y resolver en su caso, entre otros asuntos ‘Dictamen unitario con proyecto de decreto, relativo a la Ley Electoral del Estado de Nayarit’. El treinta de julio del año actual, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Nayarit, emitió dictamen unitario que resuelve las diversas iniciativas de reforma a la Ley Electoral del Estado de Nayarit, que fueron referidas en el punto anterior. Dicha comisión dictaminadora sometió a deliberación del Pleno de la Asamblea Legislativa el proyecto de iniciativa de Ley Electoral del Estado de Nayarit, que se adjuntó al dictamen. 15. El día treinta de julio del año actual, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Nayarit, emitió dictamen unitario, que resuelve las diversas iniciativas de reforma a la Ley Electoral del Estado de Nayarit que fueron referidas en el punto anterior. Dicha comisión dictaminadora sometió a deliberación del Pleno de la Asamblea Legislativa el proyecto de iniciativa de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, que se adjuntó al dictamen. 16. Con fecha cuatro de agosto de dos mil diez, el Congreso del Estado de Nayarit aprobó en sesión extraordinaria, con una votación de veinte a favor y ocho en contra, el decreto por el que se expidió la Ley Electoral del Estado de Nayarit. 17. Finalmente, el miércoles dieciocho de agosto de dos mil diez, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit, el decreto por el que se expidió la Ley Electoral para el Estado de Nayarit, cuya invalidez se reclama a través de la presente acción de inconstitucionalidad."

El procurador general de la República no señaló antecedentes de la norma impugnada.

TERCERO. Los partidos políticos promoventes esgrimieron los conceptos de invalidez que a continuación se transcriben:

"Primero. Se solicita la invalidez de los artículos 14, 21, fracción I, inciso c), 22, párrafo I, 41, fracción XIX, 44, fracciones I y II, 45, 46, 47, fracción I, 51, fracción I, 62, 118, 119, 120, 121, 122, 142, 143, 144 y 223, fracciones I y II y 224, fracciones I y II, de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, en razón de que los mismos tienen su base en el decreto que reforma y adiciona los artículos 27, 29, 47, 62, 91, 109 y 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, cuya invalidez fue decretada por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 11/2010 y sus acumuladas. En efecto, la autoridad legislativa emisora de la ley impugnada, aprobó un decreto carente de la debida fundamentación y motivación, incurriendo en las siguientes violaciones: Violación al principio de legalidad. El proceso legislativo que se llevó a cabo para aprobar el decreto reclamado, contraviene el principio de legalidad consagrado por el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las autoridades, como lo ha resuelto esa Suprema Corte de Justicia tienen la obligación de fundar y motivar la causa legal del procedimiento. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en lo que aquí interesa, lo siguiente: ‘... Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento ...’. El precepto constitucional antes transcrito cuenta con tres presupuestos básicos, como son: que todo acto de molestia debe provenir de autoridad competente, constar por escrito y encontrarse fundado y motivado, de lo cual se sigue, que el artículo en comento consagra el principio de legalidad, a través del cual se protege todo el sistema jurídico mexicano, desde la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta cualquier disposición general secundaria o reglamentaria, pues, al señalar ese dispositivo ‘que funde y motive la causa legal del procedimiento’, se refiere a que el acto autoritario debe no sólo tener una causa o elemento determinante, sino que éste sea legal, es decir, fundado y motivado en una disposición normativa, expedida previamente para tal efecto y que se cumpla con las formalidades exigidas para ello. Sirve de fundamento la siguiente tesis: ‘PROMULGACIÓN DE LEYES. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESTE ACTO.’ (se transcribe). Así pues, de acuerdo con el principio de legalidad, las autoridades sólo pueden actuar: I) cuando la ley se los permite y II) en la forma y términos que las propias normas determinen. En este sentido, resulta claro que las autoridades legislativas están sujetas al principio de legalidad, que no es otra cosa que adecuar o ajustar sus actuaciones dentro del procedimiento legal que los textos normativos y, por preeminencia, la Constitución les impone para emitir actos generadores de situaciones jurídicas válidas, pues de otra manera, la voluntad del pueblo representada en el Congreso del Estado sería manipulada por las mayorías. Así pues, tomando en consideración que los poderes públicos están sujetos al principio de legalidad, de tal forma que todos sus actos deben ser conformes con la ley, debe estimarse que considerando el término de ‘ley’, en sentido genérico (ley material), esto es, en el sentido de norma o conjunto de normas jurídicas; el principio de legalidad se extiende también al Poder Legislativo, ya que éste se encuentra sujeto a normas de rango constitucional y legal (en las que generalmente se regula el procedimiento legislativo), por lo que la función legislativa, lejos de ser limitada y arbitraria, encuentra límites constitucionales básicos que, en caso de ser vulnerados, resultarán en la invalidez de las normas que se generen en ejercicio de esa función. En relación a lo anteriormente señalado, sirve de apoyo la siguiente tesis: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. FORMA DE ENTENDER ESTA GARANTÍA, CON RESPECTO A LAS LEYES.’ (se transcribe). La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el criterio que, tratándose de actos legislativos, no se exige que expresen de manera concreta los fundamentos y motivos en que se sustenten, dada su propia y especial naturaleza, sino que estos requisitos se satisfacen cuando el Congreso que expide la ley actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución le confiere (fundamentación) y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación). Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia, que señala: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.’ (se transcribe). Ahora bien, como en el presente caso lo que se reclama fundamentalmente son violaciones al proceso legislativo, que lesionan principios y valores democráticos reconocidos en la Constitución, resulta necesario recordar lo que establecen los artículos 39, 40, 41, 49, 115, párrafo primero, 116 y 124 de la Constitución Federal, de los que derivan tales principios y valores democráticos, que al efecto establecen: ‘Artículos 39, 40, 41, 115, 116, 124 y 135.’ (se transcriben). Conforme a los preceptos señalados, los Estados Unidos Mexicanos se constituyen en una república representativa, democrática y federal, compuesta de Estados libres y soberanos, en lo relativo a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de la Norma Fundamental, para lo cual los Estados adoptarán, en su ámbito interno, la forma de gobierno republicano, representativo y popular. En virtud del sistema federal, las funciones del Estado mexicano se encuentran distribuidas conforme a una delimitación de competencias entre los poderes y órganos del orden jurídico federal y los poderes y órganos del orden jurídico local (entidades federativas, Municipios y Distrito Federal). Dado que la forma de gobierno debe ser representativa y democrática, tales conceptos están estrechamente vinculados, ya que la democracia se caracteriza por el hecho de que el pueblo o los ciudadanos pueden participar en la toma de decisiones con su voz y voto, directamente o a través de sus representantes. Como lo ha sostenido esa Suprema Corte, la democracia puede ser directa o indirecta, en la primera, el pueblo ejerce de modo inmediato y directo las funciones públicas que se le atribuyen y, por ende, no ha lugar a la representación, mientras que en la democracia indirecta o representativa, que es la que establece nuestra Constitución, el pueblo ejerce su poder de manera mediata, a través de sus representantes. A través de la democracia representativa los ciudadanos eligen a un pequeño número de representantes que tienen capacidad para discutir los asuntos púbicos, esto es, la capacidad para tomar una decisión reflexiva sobre los mismos. Pero en atención a que representan una pluralidad e intereses de toda índole, la complejidad y oposición de los mismos sólo puede hallar equilibrio con el seno de una auténtica asamblea deliberante, donde todas las voces y opiniones pueden expresarse en condiciones de libertad y equidad. Los representantes son elegidos por el cuerpo electoral, mediante el sistema de sufragio directo, universal y secreto, como se desprende de los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así pues, del contenido de las aludidas disposiciones constitucionales, se desprende que éstas atienden a un conjunto de representación jurídico-política, en virtud de que existe un grupo de personas que actúan en nombre e interés de otros, además de que tales representantes están dotados de autoridad y la representación tiene lugar en la esfera del derecho público, es decir, tiene publicidad y está vinculado a la función de gobernar. Derivado de lo anterior, es posible concluir que uno de los elementos esenciales de la democracia en nuestro sistema de gobierno es la representación pública, esto es, los ciudadanos a través de sus representantes, pueden tomar decisiones colectivas que impactan en la sociedad, cuando hayan cumplido el procedimiento que los mismos ciudadanos a través de sus representantes se dieron, pues sólo de esta manera puede tener lugar la democracia, en tanto, esta forma de gobierno se basa en el principio de respeto a las leyes dadas, pues el cumplimiento de éstas importan al orden jurídico los mecanismos de contrapesos necesarios para que se puedan dar cambios, modificaciones o reformas a la Constitución Local. Por tanto, en un Estado democrático como es el mexicano, la Constitución General impone a los procedimientos legislativos ciertos formalismos que se traducen en requisitos, o bien, en protecciones de las minorías parlamentarias y de los órganos que integran el Constituyente Permanente Local, sin los cuales arbitrariamente la mayoría en un Congreso comandada por el gobernador, pudiera llegar a convertirse en un Estado sin respeto al mandato constitucional de democracia y representatividad, soslayando la voz de las minorías parlamentarias y de los Ayuntamientos, pues al ser mayoría, todas las leyes pasarían a su voluntad sin tomar en consideración las demás voces que la propia Constitución le confiere a los Ayuntamientos, respecto de reformas a la Constitución. Este tipo de requisitos para que sea válido el procedimiento legislativo, o bien este tipo de protecciones de las minorías parlamentarias, se conocen como los principios de publicidad y participación para la creación, reforma, modificación o suspensión de las normas, de modo tal que para lograr el respeto de los principios de democracia y representatividad que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo reviste importancia el contenido de las leyes sino, además, la forma en que son creadas o reformadas, en virtud de que a través de la observancia de las formalidades esenciales del procedimiento legislativo es factible resguardar o asegurar el cumplimiento de los principios democráticos. De esta manera, en los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ponderan tales aspectos, al establecerse que la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, así también, se prevé que los órganos legislativos se integren con diputados electos según los principios de mayoría relativa y representación proporcional. Por otra parte, lo dispuesto en los artículos 40, 41 y 115 de la Constitución Federal, reviste singular importancia, puesto que en ellos se establecen los límites dentro de los cuales los Estados de la República pueden ejercer su soberanía interna, de acuerdo con los principios rectores que consagran la Constitución Federal. Así, el sistema de gobierno que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce, se basa en el concepto de representación jurídico-política, ejercido por un número determinado de representantes que son elegidos por el cuerpo electoral, mediante el sistema de sufragio directo, universal y secreto, y que tienen como tarea la toma de decisiones reflexivas en beneficio de toda la comunidad. Si bien el artículo 124 constitucional establece, por exclusión, las facultades que corresponden a los Estados, ello no puede significar que, dentro de sus textos normativos, pueden modificar, o en este caso anular, los principios o bases del modelo federal (ni mucho menos del Estado constitucional), o bien, su forma de gobierno, ya que nunca deben contravenir los principios rectores que establece la Constitución Federal. Es decir, cierto es que los Congresos Locales gozan de plena autonomía para legislar todo aquello que no corresponde a la esfera federal, sin embargo, eso no significa desde ningún punto de vista, que esa autonomía derive en un ejercicio totalmente pleno sin tomar en cuenta la aportación y participación de los demás involucrados en todo proceso legislativo. El artículo 116 de la Constitución Federal únicamente establece las bases para la integración y elección de los miembros de los Poderes Legislativo de los Estados, esto es, sólo establece el número de integrantes, el principio de no reelección inmediata de los diputados y la elección de diputados mediante los principios de mayoría relativa y representación proporcional. Sin embargo, tal dispositivo no prevé las reglas específicas que los Poderes Legislativos deben aplicar al procedimiento legislativo. Por tanto, de conformidad con los artículos 116 y 124 constitucionales, es facultad de las Legislaturas Estatales regular estos aspectos, aunque sin vulnerar en modo alguno a la Constitución, ya que ésta también se entiende y concibe como un conjunto de principios y valores superiores del ordenamiento jurídico que son indispensables para el legislador, entre los que destacan, desde luego los principios democráticos. Los argumentos antes expuestos han sido desarrollados por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad números 52/2006 y 107/2008 y sus acumuladas 108/2008 y 109/2009, y se vinculan estrechamente con el criterio que ese mismo Alto Tribunal también sostuvo, al resolver la diversa acción de inconstitucionalidad número 9/2005, en el sentido de que la violación a las formalidades del procedimiento legislativo pueden abordarse desde la consideración de las premisas básicas en las que se asienta la democracia liberal representativa, elegida como modelo de Estado, de acuerdo con los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que siempre prevalece el voto como modelo de perfeccionamiento jurídico de los actos legislativos. En efecto, las Legislaturas de los Estados se encuentran libres y facultadas para darse sus propias leyes y procedimientos, incluso su propia Constitución, siempre y cuando no contravenga el texto de la Constitución Federal. No obstante, dicha facultad implica respetar y hacer cumplir el principio de legalidad y debido proceso que ellas mismas se han impuesto, pues como ya se ha dicho, ningún poder en los tres órdenes de gobierno, verticales y horizontales, escapa de fundar y motivar sus actos para que éstos tengan validez legal frente a terceros, pues esa es la condición de validez de todo acto de autoridad. En el presente caso, la legislatura al emitir el decreto impugnado, violó el principio de legalidad, pues incumplió con su deber de fundamentar y motivar el decreto impugnado, habida cuenta que las normas cuya invalidez se cuestiona, se emitieron con base a las normas constitucionales locales aprobadas mediante el decreto que reforma y adiciona los artículos 27, 29, 47, 62, 91, 109 y 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, cuya invalidez fue decretada por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 11/2010 y sus acumuladas. La validez de las normas jurídicas, o bien la fuerza obligatoria de las normas del derecho, no depende de lo establecido en ellas, sino de ciertos elementos de orden extrínseco, relativos a la forma de creación de cada precepto. En ese sentido, la Constitución Local y la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Nayarit establecen un proceso rígido, estricto o limitativo, respecto de qué reglas y procedimientos debe cumplir el legislador ordinario cuando legisla sobre tal o cual materia. Es así que cuando dichas exigencias quedan debidamente cumplimentadas, el precepto legal reformado es válido, y su validez deriva precisamente del cumplimiento de tales exigencias. Por lo que a contrario sensu, las violaciones al procedimiento establecido al respecto, constituyen elementos suficientes para declarar su invalidez. En el caso, la validez de los preceptos legales controvertidos, dependían de

u conformidad con los establecidos en la Constitución Política del Esta

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22646-6866e74e/accion-de-inconstitucionalidad-el-articulo-47-fraccion-i · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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