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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DE UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA Y CONFORME A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LAS PROHIBICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 137, PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO, DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO, EN EL SENTIDO DE QUE LOS TITULARES DE LOS PODERES EJECUTIVO, FEDERAL Y LOCAL, DIPUTADOS FEDERALES O LOCALES, SENADORES, MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EL ESTADO, LOS MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS, LOS ÓRGANOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS DE QUINTANA ROO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, PARAESTATAL Y MUNICIPAL, DEBERÁN ABSTENERSE DE UTILIZAR NOMBRE, IMÁGENES, VOCES O SÍMBOLOS QUE IMPLIQUEN UNA PROMOCIÓN PERSONALIZADA DE SERVIDORES PÚBLICOS, DEBEN ENTENDERSE DIRIGIDAS A CUALQUIER SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESTE SUS SERVICIOS EN CUALQUIERA DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, FEDERAL O LOCAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN II, ÚLTIMA PARTE, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, AL PREVER QUE EL INSTITUTO ELECTORAL DE LA ENTIDAD, POR ACUERDO DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS INTEGRANTES DE SU CONSEJO GENERAL, PODRÁ CONVENIR CON EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL QUE ÉSTE SE HAGA CARGO DE LAS ELECCIONES LOCALES, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA EN MATERIA ELECTORAL CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO D), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO, AL PREVER QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS TENDRÁN ACCESO A LA RADIO Y TELEVISIÓN CONFORME A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR EL APARTADO B DE LA BASE III DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE NO OBTENGAN EN EL PROCESO ELECTORAL INMEDIATO ANTERIOR, AL MENOS EL 2% DE LA VOTACIÓN VÁLIDA DE DIPUTADOS EMITIDA EN EL ESTADO NO GOZARÁN DE LAS PRERROGATIVAS QUE LES OTORGA LA LEY CITADA, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO CONSTITUCIONAL MENCIONADO NI LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO I), DE LA PROPIA LEY SUPREMA. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 87, FRACCIÓN II, ÚLTIMA PARTE, DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO, QUE ESTABLECE QUE LAS APORTACIONES PARA PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS NO PODRÁN EXCEDER, EN SU CONJUNTO, DEL DIEZ POR CIENTO DEL ÚLTIMO TOPE FIJADO PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR, TRANSGREDE EL INCISO H) DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO, QUE PREVÉ QUE LA COALICIÓN EN LA QUE SE POSTULEN CANDIDATOS A GOBERNADOR DEL ESTADO, DIPUTADOS O MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS, TENDRÁ ACCESO A RADIO Y TELEVISIÓN, COMO SI SE TRATARA DE UN SOLO PARTIDO Y QUE, PARA TAL FIN, TENDRÁ DERECHO A LOS TIEMPOS QUE LE HUBIESEN CORRESPONDIDO AL PARTIDO COALIGADO QUE HAYA OBTENIDO LA MAYOR VOTACIÓN EN LA ÚLTIMA ELECCIÓN, NO TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 41 Y 116, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 144, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO, AL DISPONER QUE EL INSTITUTO ELECTORAL LOCAL GESTIONARÁ ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LA TRANSMISIÓN DE LOS DEBATES EN RADIO Y TELEVISIÓN, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 41, FRACCIÓN III Y 116, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 271, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO, QUE PREVÉ QUE LAS CUOTAS VOLUNTARIAS Y PERSONALES QUE LOS CANDIDATOS, SIMPATIZANTES Y MILITANTES, EN SU CONJUNTO, APORTEN EXCLUSIVAMENTE PARA SUS PRECAMPAÑAS, TENDRÁN COMO LÍMITE EL DIEZ POR CIENTO RESPECTO DEL TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA DE LA ELECCIÓN DE QUE SE TRATE Y QUE EN NINGÚN CASO SERÁ MAYOR DEL DIEZ POR CIENTO DEL ÚLTIMO TOPE DE GASTO PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR QUE SE HAYA FIJADO, TRANSGREDE EL INCISO H) DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 271, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO, QUE DISPONE QUE EL TOPE DE PRECAMPAÑA POR PRECANDIDATO Y TIPO DE ELECCIÓN PARA LA QUE PRETENDA SER POSTULADO SERÁ EL EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO DEL ESTABLECIDO PARA LAS CAMPAÑAS INMEDIATAS ANTERIORES, SEGÚN LA ELECCIÓN DE QUE SE TRATE, NO CONTRAVIENE EL INCISO H) DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA DEFICIENTE REGULACIÓN POR PARTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, DE LOS SUPUESTOS RELATIVOS A LOS RECUENTOS PARCIALES O TOTALES DE VOTACIÓN EN LOS ÁMBITOS ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL, PREVISTA EN EL INCISO L) DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ES UNA OMISIÓN CLASIFICABLE COMO RELATIVA EN COMPETENCIA DE EJERCICIO OBLIGATORIO. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 49, FRACCIÓN III, NUMERAL 6, ÚLTIMA PARTE, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 74 DE LA LEY ELECTORAL, AMBAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, AL PREVER, RESPECTIVAMENTE, QUE LA LEY RELATIVA ESTABLECERÁ LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE PIERDAN SU REGISTRO Y EL DESTINO DE SUS BIENES Y REMANENTES Y QUE UNA VEZ QUE SE DECLARE LA PÉRDIDA DE REGISTRO O ACREDITACIÓN DE UN PARTIDO POLÍTICO, LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADQUIRIDOS CON FINANCIAMIENTO PÚBLICO LOCAL SERÁN ENTREGADOS AL INSTITUTO ELECTORAL ESTATAL, LOS CUALES PASARÁN A TOMAR PARTE DE SU PATRIMONIO, NO TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 39/2009 Y SU ACUMULADA 41/2009. · Registro digital (IUS): 22064
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE QUINTANA ROO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Marzo de 2010, , Pág. 2195.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 39/2009 Y SU ACUMULADA 41/2009. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE QUINTANA ROO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecinueve de enero de dos mil diez.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el dos de abril de dos mil nueve, en el domicilio del funcionario autorizado para recibir promociones de término fuera del horario de labores de este Alto Tribunal (según se desprende de la razón que consta al reverso de la foja cuarenta y ocho del cuaderno principal), Jesús Ortega Martínez, en su carácter de presidente del Partido de la Revolución Democrática; y mediante diverso oficio depositado en la Oficina de Correos del Servicio Postal Mexicano el dos de abril de dos mil nueve, Sergio Bolio Rosado, quien se ostentó con el carácter de representante legal del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, en el Estado de Quintana Roo, promovieron acciones de inconstitucionalidad; solicitando en la primera de las mencionadas la invalidez de los Decretos 100, 097, 093, 098 y 094 por los que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política, de la Ley Electoral, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral, de la Ley Orgánica del Instituto Electoral y de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, todas del Estado de Quintana Roo, respectivamente; y, en la segunda se solicita la invalidez de los decretos 100, 097 y 098 por los que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política, de la Ley Electoral y de la Ley Orgánica del Instituto Electoral, todas del Estado de Quintana Roo, respectivamente.

SEGUNDO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que los promoventes estiman violados son: el Partido de la Revolución Democrática, los artículos 1o., 14, 116, fracción IV, incisos a), b), d) y l), y 133 de la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos; y, con relación al Partido Acción Nacional, los artículos 41, fracción II, párrafo segundo, incisos a), b) y c), y fracción V, párrafo noveno y 116, fracción IV, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO. En sus conceptos de invalidez, el representante del Partido de la Revolución Democrática aduce, en síntesis, lo siguiente:

1. Que los artículos segundo y noveno transitorios de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, son violatorios de los artículos 1o., 14, 16, 41, 116, fracción IV, incisos a), y b), y 133 de la Constitución Federal, al señalar que las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las Legislaturas Locales y de los integrantes de los Ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de julio del año que corresponda, entre otros señalamientos; toda vez que la Constitución Federal en el artículo sexto transitorio del decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de noviembre de dos mil siete, señala que las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán adecuar su legislación aplicable, a más tardar en un año a partir de su entrada en vigor, y que en su caso, se observará lo dispuesto en el artículo 105, fracción II, párrafo cuarto, de la Constitución Federal. Es por lo que considera que la reforma que realiza el Poder Legislativo en el Estado de Quintana Roo, va más allá de la citada Norma Suprema al señalar en el artículo segundo transitorio, que la jornada electoral por única ocasión se realizará en el mes de febrero de dos mil once.

Que la Constitución Federal es clara al señalar que las Legislaturas de los Estados deberán adecuar su legislación aplicable a lo dispuesto por el decreto de reforma, en el cual expresamente se señala que la jornada electoral deberá realizarse el primer domingo de julio del año que corresponda, y que cualquier disposición contraria a la citada Norma Suprema es inconstitucional.

Que en el mismo sentido y como consecuencia de la violación cometida al artículo segundo transitorio de la Constitución Local; el artículo noveno transitorio que se propone como parte complementaria a la propuesta de reforma violatoria de la Carta Magna, señala las fechas en que iniciarán y concluirán los periodos que cubrirán las personas que, a su ver, sean electas a un cargo de elección popular, resultado de la jornada electoral a celebrarse transgresoramente en el mes de febrero de dos mil once, propuesta que por ser violatoria de lo estipulado en una norma de mayor jerarquía debe ser declarada inconstitucional.

Que abonando a lo anteriormente mencionado, el artículo 116, fracción IV, incisos a), y b), de la Constitución Federal, señala que: "... y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de julio del año que corresponda", "... a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad ..." y que el Congreso faltando a la certeza, legalidad, objetividad y sobre todo al profesionalismo que deben regir en sus actuaciones y específicamente en la materia electoral, construye disposiciones constitucionales en el Estado de Quintana Roo, violatorias de la Carta Magna, cayendo en desacato a lo que está obligado a cumplir; aunado a que del artículo 133 constitucional se desprende la supremacía constitucional, lo cual quiere decir, que el autor de la Constitución Federal es distinto y está por encima de la voluntad particular de los órganos. Cita en apoyo la jurisprudencia de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE PARA IMPUGNAR CONSTITUCIONES LOCALES, AL SER ÉSTAS, NORMAS DE CARÁCTER GENERAL Y ESTAR SUBORDINADAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

2. Que el artículo 49, fracción II, última parte, del Decreto 100 de la Constitución del Estado de Quintana Roo es inconstitucional, en razón de que exige mayores requisitos a los establecidos en la Constitución Federal para que se pueda celebrar un convenio entre el Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral de Quintana Roo, para que el primero se encargue eventualmente de la organización de las elecciones en el Estado de Quintana Roo, pero mediando dos terceras partes del voto de sus integrantes.

Que la contradicción se hará evidente si una mayoría no calificada de consejeros electorales del Consejo General acuerda celebrar dicho convenio (por ejemplo, más de la mitad: 4 de 7) o incluso una mayoría calificada de las dos terceras partes (5 de 7), supuestos normativos que estarían dentro de las probabilidades de dicha votación, y cuya consecuencia debería ser suficiente para dar sustento y validez constitucional al acuerdo, en términos de lo dispuesto en la Ley Suprema (que no exige, para dicho efecto, la mayoría calificada), sin embargo, no lo sería según la norma impugnada, de lo cual señala deviene su invalidez.

Que interpretada a contrario sensu la existencia de la norma cuestionada, confiere irregularmente a una minoría de consejeros superior al 25% (2 consejeros) o menor al 50% de los integrantes del Consejo General (3 consejeros), la atribución de vetar o impedir la celebración de convenios para que el IFE se haga cargo de determinada elección local. Lo que además de ser absurdo, trastoca la autonomía que, conforme a lo dispuesto en el inciso c) de la fracción IV del numeral 116 constitucional, debería regir el funcionamiento del citado órgano electoral y, desde luego, contradice la norma prevista en el inciso d) de la fracción IV del propio precepto supremo, al que supuestamente el legislador local pretende adecuar y desarrollar, pues impone al Consejo General la obligación de continuar organizando procesos electorales locales, sin ponderar las razones y fundamentos que, en caso extremo, la mayoría de consejeros pudieran tener para emitir un acuerdo de esa naturaleza; por ejemplo: cuando no se garantice la celebración de elecciones periódicas, pacíficas, libres, auténticas ni equitativas, siendo necesario entonces que sea el IFE la autoridad que se haga cargo.

Que a mayor abundamiento, uno de los rasgos o elementos distintivos del funcionamiento de los órganos electorales, sean administrativos o jurisdiccionales, es su autonomía, pero ésta se ve limitada cuando se impide al Consejo General y al propio Instituto Electoral del Estado ejercer la facultad de celebrar convenios con el IFE, por la exigencia de mayores requisitos a los de la mayoría relativa de votos de consejeros electorales para la emisión de sus acuerdos legítimos. De ahí que la norma impugnada sea inconstitucional, pues vulnera los principios de independencia y autonomía establecidos en el inciso c) de la fracción IV del artículo 116 de la Carta Magna, que ordena que las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garanticen que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; pues el cuestionado precepto local, condiciona la potestad constitucionalmente conferida al Instituto Electoral para celebrar dichos convenios.

Que la razón esencial para introducir en la Constitución Federal una disposición de tal naturaleza, es que, en un futuro no muy lejano, sea posible llegar a la homologación de las elecciones en las treinta y dos entidades del país (situación que ya se alcanzó en buena parte de ellos) como paso previo a la federalización de las elecciones, con una sola fecha para celebrar las jornadas electorales, federal y locales, y una sola autoridad electoral que las organice en lo sucesivo, lo cual, por ahora, está en proceso, pero ya se prevé la posibilidad de los convenios, motivo por el cual solicita al Pleno la declaración de invalidez respecto de la porción normativa que señala: "dos terceras partes". Cita en apoyo las tesis jurisprudenciales de rubros: "ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS." y "FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO."

3. Que en los artículos 49, fracción II, numeral 6, última parte (Decreto 100), de la Constitución del Estado de Quintana Roo y 74 de la Ley Electoral de Quintana Roo, no se hace distinción entre partidos políticos estatales y nacionales, y se establece que los bienes de los partidos si se pierde el registro, tendrán que ser liquidados y establece que sus bienes remanentes también serán retirados, por lo que considera que se violenta el artículo 41 constitucional, en virtud de que los partidos políticos nacionales tienen derecho a participar en elecciones locales y, en consecuencia, los bienes que les pertenezcan, no pueden ser enajenados para patrimonio estatal, pues su registro es nacional, lo anterior es así, porque la Ley Electoral de Quintana Roo hace una distinción entre cancelación y pérdida del registro que refiere en el primer caso a partidos nacionales, y en el segundo caso a estatales, lo cual también sucede con el artículo 49 de la Constitución Local en la parte impugnada. Cita en apoyo la tesis de rubro: "PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO, AL PREVER QUE LOS QUE PIERDAN SU ACREDITACIÓN O REGISTRO ANTE LA AUTORIDAD ELECTORAL LOCAL, LE ENTREGUEN A ÉSTA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE POSEAN Y QUE HAYAN SIDO ADQUIRIDOS CON FINANCIAMIENTO PÚBLICO LOCAL, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

Asimismo, señala que la norma impugnada es incongruente respecto a lo dispuesto en el artículo 74, último párrafo, de la Ley Electoral de Quintana Roo, por lo que solicita se declare la invalidez que solicita.

4. Que el párrafo cuarto del artículo 74 de la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo es inconstitucional, en virtud de que establece que al liquidarse los bienes, éstos formarán parte del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, pues va más allá de lo previsto en la Constitución Federal.

Señalando al respecto que dichos bienes no pueden pasar a formar parte del órgano electoral, derivado de que no es su función recibir los bienes que provengan de la liquidación de los partidos, ni administrarlos, esto es, no es fin del instituto administrar y utilizar bienes que provengan de partidos u otros órganos. Que lo anterior también en congruencia con lo establecido en los artículos 1 y 5 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, de los cuales se desprende clara e indubitablemente que no se encuentra entre sus finalidades la administración de bienes que sean liquidados y que provienen del peculio del presupuesto estatal.

Por otra parte, menciona que el hecho de que el instituto conserve los bienes que se liquidan, implica una administración de recursos y bienes que no son para los fines que persigue el instituto, pues se cuenta con presupuesto y patrimonio para ello. Por lo que dichos bienes quedarían ociosos en manos de dicha institución que no podría emplearlos para otro fin.

5. Que los artículos 49 y 53 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo, son violatorios de los artículos 1o., 14, 16, 41, 99 y 133 de la Constitución Federal, al otorgar facultades metalegales al contralor de la institución para promulgar y expedir por sí mismo y sin que pase por el Consejo General u otro órgano con facultades constitucionales y legales, la normatividad de la propia contraloría así como crear normas y sanciones meta o extralegales para sancionar servidores públicos, sanciones o procedimientos que no están previstos en ley (artículo 53).

Asimismo, señala que también se establece la posibilidad de imponer sanciones, que no estén previstas en ley, sino en un reglamento, lo cual es inconstitucional, pues no es posible, en el contexto en el que se está, prever sanciones en instrumentos reglamentarios.

Que se violan los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, dado que la contraloría interna como órgano integrante del Instituto Estatal Electoral de Quintana Roo carece de facultades legales para emitir sanciones, porque a pesar de gozar de autonomía, no tiene la naturaleza jurídica que le permita emitirlas, por consiguiente, sus determinaciones no tendrían fuerza legal para ser cumplimentadas.

Que, por otra parte, resulta ilegal que la propia contraloría sea el órgano que impusiera sanciones y para ello creara su propio reglamento e imponer las mismas.

6. Que los artículos 88, fracción VIII y 89 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo contravienen los artículos 1o., 14, 16, 99, 41 y 116, fracción IV, de la Constitución Federal, al otorgar facultades metalegales al contralor de la institución para promulgar y expedir por sí mismo y sin que pase por el Consejo General y otro órgano con facultades constitucionales y legales la normatividad de la propia contraloría, así como crear normas y sanciones meta o extralegales para sancionar servidores públicos, sanciones o procedimientos que no están previstos en ley (artículo 88, fracción VIII).

Reitera en este punto, que también se establece la posibilidad de imponer sanciones que no estén previstas en la ley, sino en un reglamento, lo cual es inconstitucional, pues no es posible, en el contexto en el que se está, prever sanciones en instrumentos reglamentarios, cuestión que es propuesta en la última parte del artículo 89 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo.

Asimismo, reitera que se violan los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, dado que la contraloría interna como órgano integrante del Instituto Estatal Electoral de Quintana Roo, carece de facultades legales para emitir sanciones porque a pesar de gozar de autonomía, no tiene la naturaleza jurídica que le permita emitir sanciones, por consiguiente, sus determinaciones no tendrían fuerza legal para ser cumplimentadas.

Asimismo, arguye que resulta ilegal que la propia contraloría sea el órgano que impusiera sanciones y para ello creara su propio reglamento e imponer las mismas. Que lo anterior se confirma con lo establecido en el artículo 96 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, el cual prevé que las normas y sanciones no previstas en la ley, sean emitidas y valoradas por el contralor, lo que va en contra de la Constitución, por lo que considera que debe declararse la inconstitucionalidad correspondiente.

7. Que el artículo 137 de la Ley Electoral de Quintana Roo deja de observar lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Federal, pues únicamente se establece la limitación de propaganda gubernamental a titulares y no a servidores públicos, como así lo define el artículo constitucional invocado. Por lo que titulares de dependencias, empresas u otros, podrían realizar promoción personalizada sin problema alguno, dejándose de observar lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Federal.

Que de lo establecido en el citado artículo 134 de la Constitución Federal, frente a lo señalado en el precepto 137 de la Ley Electoral de Quintana Roo, es posible distinguir que sólo se menciona a los titulares de los órganos y deja la posibilidad de que el resto de los funcionarios o servidores públicos puedan promocionarse durante la campaña electoral, violentando así el citado precepto constitucional.

8. Que los artículos 81, 109, fracción I, inciso b) y 144 de la Ley Electoral de Quintana Roo, son contrarios a los artículos 1o., 14, 16, 41, fracción III, apartado B, 116, fracción IV, inciso i) y 133 de la Constitución Federal, toda vez que en el caso del artículo 81, fracción III, se establece negar el acceso a radio y televisión al partido político que tenga el 2% de la votación emitida, lo que implica un perjuicio en sus prerrogativas, y entre ellas la de radio y televisión, lo que implica denegar acceso, incluso a partidos a nivel nacional a la radio y televisión; y que por cuanto hace a lo previsto en el artículo 109, fracción I, inciso b), se establece denegar al partido minoritario o partidos minoritarios que pretendan coaligarse, el acceso a las prerrogativas, no de la parte igualitaria que les corresponde, sino las derivadas de su fuerza electoral a la cual tienen derecho a disponer por aspirar a coaligarse y que afecta directamente lo establecido en los artículos 116, fracción IV y 41, fracción III, de la Constitución Federal.

Que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha determinado que en coaliciones es correcto establecer una prerrogativa igualitaria (ejemplo 30%) a la coalición, como si fuera un solo partido político, pero que es acorde a los principios de equidad, legalidad y objetividad que el resto (ejemplo 70%) de la prerrogativa de los partidos que integren la coalición que se sume, para que puedan actuar como una suma de fuerzas, si bien no en el apartado igualitario, pues eso traería desigualdad, en cuanto a los porcentajes de fuerza electoral.

Asimismo, señala que la norma que ahora se reputa inconstitucional, niega en su totalidad a los partidos minoritarios que pretenden coaligarse, el uso de sus prerrogativas en materia de radio y televisión, lo que constituye una violación a lo establecido en los artículos 41 y 116, fracción IV, de la Constitución, y es una vulneración directa al acceso de las prerrogativas de los partidos políticos, así como una negativa a que los partidos se puedan coaligar, en virtud de que se deniega que puedan sumar sus prerrogativas correspondientes a su fuerza electoral y, en consecuencia, tener acceso a la radio y televisión que por derecho les corresponda.

Que lo mismo ocurre respecto al artículo 144, en el que se establece que el instituto gestionará por sí mismo tiempos de radio y televisión para debates, cuando dicha cuestión es facultad exclusiva del Instituto Federal Electoral. Cita en apoyo las tesis jurisprudenciales de rubros: "INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. ES LA ÚNICA AUTORIDAD FACULTADA PARA ADMINISTRAR LOS TIEMPOS OFICIALES EN RADIO Y EN TELEVISIÓN A QUE TENDRÁN ACCESO LOS PARTIDOS POLÍTICOS, INCLUSO TRATÁNDOSE DE ELECCIONES ESTATALES." y "PERMISIONARIOS Y CONCESIONARIOS DE RADIO Y TELEVISIÓN. CONFORME A LOS ARTÍCULOS 41, BASE III, APARTADO B, Y 116, FRACCIÓN IV, INCISO I), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LAS LEGISLATURAS ESTATALES TIENEN PROHIBIDO EMITIR LEYES QUE AUTORICEN A AQUÉLLOS PARA PROPORCIONAR ESPACIOS DIVERSOS A LOS TIEMPOS OFICIALES ADMINISTRADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL."

Que de lo anterior se desprende que el legislador local pretende que el Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo sea autoridad competente para decidir la publicidad o propaganda en un instrumento electrónico diferente a la radio y televisión en el Estado, situación que a todas luces es atentatoria de lo dispuesto en el artículo 41, fracción III, de la Constitución Federal, ya que dicho precepto, en ninguna parte de su contenido se refiere a elementos e instrumentos diferentes que puedan usar los partidos políticos para realizar sus tareas electorales como lo pretende hacer el legislador del Estado, con la inclusión del Internet, instrumento que no se encuentra regulado en la Carta Magna. Reitera en apoyo las jurisprudencias de rubros: "INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. ES LA ÚNICA AUTORIDAD FACULTADA PARA ADMINISTRAR LOS TIEMPOS OFICIALES EN RADIO Y EN TELEVISIÓN A QUE TENDRÁN ACCESO LOS PARTIDOS POLÍTICOS, INCLUSO TRATÁNDOSE DE ELECCIONES ESTATALES." y "PERMISIONARIOS Y CONCESIONARIOS DE RADIO Y TELEVISIÓN. CONFORME A LOS ARTÍCULOS 41, BASE III, APARTADO B, Y 116, FRACCIÓN IV, INCISO I), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LAS LEGISLATURAS ESTATALES TIENEN PROHIBIDO EMITIR LEYES QUE AUTORICEN A AQUÉLLOS PARA PROPORCIONAR ESPACIOS DIVERSOS A LOS TIEMPOS OFICIALES ADMINISTRADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL."

Por otro lado, señala que el Instituto Federal Electoral es la única autoridad competente para administrar los tiempos de radio y televisión en el Estado, y no como lo pretende realizar el instituto al regular en la Ley Electoral de Quintana Roo, que el Instituto gestionará ante las autoridades competentes la trasmisión de los debates en radio y televisión perdiendo de vista que es el Instituto Federal Electoral quien decide los términos y condiciones para hacer uso de dichos instrumentos.

Que lo pretendido por el Congreso se encuentra debidamente regulado, por lo que ninguna otra institución diferente al IFE puede gestionar con autoridades la transmisión de los debates, y que lo mismo se observa respecto a los otros dos artículos impugnados.

Que el artículo 116, fracción IV, incisos b) e i), de la Constitución Federal, dispone que los partidos políticos estatales se sujetarán a lo dispuesto por la Carta Magna; y que con la propuesta de reforma que se ofrece, se realiza en contra de lo estipulado y extralimitándose por lo señalado en dicha norma, toda vez que el Congreso y el gobernador del Estado de Quintana Roo, como autoridades responsables de la promulgación y publicación de la ley electoral que se impugna, dejaron de observar el régimen de competencias previsto en la Constitución Federal al pretender regular materias exclusivas del ámbito federal, invadiendo de manera particular la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión así como del Instituto Federal Electoral.

Concluye en este punto, señalando que en las reformas a la Ley Electoral de Quintana Roo, no se tomó en cuenta lo estipulado por la Constitución Federal, y que además el legislador se excede al legislar lo no legislado, trasgrediendo el artículo 133 constitucional. Cita en apoyo la tesis jurisprudencial de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA QUE SE ESTUDIEN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE LA CONTRAVENCIÓN DE LA NORMA QUE SE IMPUGNA CON CUALQUIER PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

9. Que los artículos 87 y 271 de la Ley Electoral de Quintana Roo, son violatorios de los artículos 1o., 14, 16, 41, 116, fracción IV, incisos b) y h), y 133 de la Constitución Federal.

Que por lo que se refiere al citado artículo 87, en él se establece que si bien existe un límite de aportaciones del 10% (en congruencia con el artículo 116, fracción IV, inciso h), éste no es aplicable a todo el financiamiento que se recibe sino sólo al de campaña y precampaña; cuando en realidad lo que el artículo 116, fracción IV, inciso h), establece es que todo financiamiento que no sea público no podrá exceder del 10% del tope de la elección de gobernador inmediato anterior, lo que el artículo impugnado plantea evadir, y circunscribir a campaña y precampaña, cuando lo que se establece es un límite total a cualquier aportación, incluidas las ordinarias y extraordinarias.

Que el artículo 271 impugnado, señala que las aportaciones que reciban los precandidatos para las precampañas será el equivalente al veinte por ciento de lo establecido para las campañas inmediatas anteriores, situación que considera es violatoria de lo dispuesto por la Constitución Federal, dado que la misma establece exclusivamente el tope del diez por ciento y no como lo desea plantear el Congreso del Estado en la reforma al artículo de referencia, que propone que el tope para precampañas sea del veinte por ciento basado en el resultado de las campañas anteriores.

Que de lo anterior se desprende, que sin pensar en la existencia de la mala fe con que se reforma el multicitado artículo 271, última parte, de la ley electoral, existe una contradicción entre lo dispuesto por el primer y el segundo párrafos, al referirse a los topes que deben existir en las aportaciones o donativos que deben recibir los precandidatos en el tiempo de precampañas; y que dicha contradicción trasgrede a lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, incisos b) y h), de la Constitución Federal.

10. Que la Ley Electoral de Quintana Roo es inconstitucional, porque es omisa en acatar lo señalado en el artículo 116, fracción IV, inciso l), de la Constitución Federal, además de que dicha ley inobserva el artículo sexto transitorio constitucional, el cual manifiesta que las leyes de los Estados tendrán que realizar las reformas correspondientes ajustándolas a las disposiciones constitucionales federales, además el Congreso del Estado de Quintana Roo desatendió dicho mandato, dejando incompleta la reforma de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral en Quintana Roo y en su momento en estado de indefensión al Partido de la Revolución Democrática. Lo anterior, porque no incluyó las reglas para llevar a cabo recuento de votos administrativos, así como la obligación por parte del instituto, para que si así lo determina el máximo órgano de dirección del Instituto Electoral de Quintana Roo, el IFE organice la elección.

11. Reitera que la Ley Electoral de Quintana Roo es inconstitucional, porque es omisa en acatar lo señalado en el artículo 116, fracción IV, inciso l), de la Constitución Federal, además de que dicha ley inobserva el artículo sexto transitorio de la Ley Fundamental, el cual manifiesta que las Legislaturas de los Estados tendrán que realizar las reformas correspondientes ajustando las leyes a las disposiciones constitucionales federales; y que el Congreso del Estado de Quintana Roo desatendió dicho mandato, dejando incompleta la reforma de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral en Quintana Roo y en su momento en estado de indefensión al Partido de la Revolución Democrática. Lo anterior porque no incluyó las reglas para llevar a cabo el recuento administrativo de votos, así como las jurisdiccionales.

CUARTO. En este apartado se hace innecesario hacer alusión a los conceptos de invalidez aducidos por el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, toda vez que en acuerdo de catorce de abril de dos mil nueve, el Ministro instructor desechó de plano, por improcedente, la acción de inconstitucionalidad registrada con el número 41/2009.

QUINTO. Mediante proveído de seis de abril de dos mil nueve, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 39/2009, promovida por el Partido de la Revolución Democrática y, por razón de turno, designó al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo para que fungiera como instructor en el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.

Asimismo, mediante acuerdo de siete de abril de dos mil nueve, el Ministro instructor admitió a trámite la referida acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma impugnada y al ejecutivo que la promulgó para que rindieran sus respectivos informes, así como al procurador general de la República para que formulara el pedimento correspondiente, requiriendo, a su vez, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que expresara su opinión en relación con la acción intentada.

De la misma forma, mediante proveído de trece de abril de dos mil nueve, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 41/2009, promovida por el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional; y dado que existe conexidad con la diversa 39/2009, al impugnarse en ambas acciones los Decretos 100 y 97, por los que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política y de la ley electoral, ambas del Estado de Quintana Roo, publicados en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el tres de marzo de dos mil nueve, ordenó se turnara también dicho expediente al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo y decretó la acumulación correspondiente.

Por auto de c

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22064-974ff1aa/accion-de-inconstitucionalidad-de-una-interpretacion-sistematica-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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