I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. MAGISTRATURAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. SU ELECCIÓN DE MANERA ESCALONADA NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD (ARTÍCULO 50 B, PÁRRAFO SEGUNDO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DE MANERA ESCALONADA", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). III. MAGISTRATURAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. SU ELECCIÓN DE MANERA ESCALONADA NO VULNERA EL DERECHO PARA ACCEDER A UN CARGO PÚBLICO (ARTÍCULO 50 B, PÁRRAFO SEGUNDO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DE MANERA ESCALONADA", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). IV. MAGISTRATURAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. SU ELECCIÓN DE MANERA ESCALONADA NO REFIERE AL DIVERSO MECANISMO PARA LAS MAGISTRATURAS DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA LOCALES (ARTÍCULO 54, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DE MANERA ESCALONADA", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). V. OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS Y CARACTERÍSTICAS. VI. MAGISTRATURAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. EL HECHO DE QUE LAS NORMAS LOCALES SÓLO ESTABLEZCAN LA FORMA EN QUE PODRÁN SER ELEGIDAS LAS MAGISTRATURAS Y NO ASÍ LA FORMA DE ESCALONAMIENTO PARA SU DESIGNACIÓN, NO CONFIGURA UNA OMISIÓN LEGISLATIVA (ARTÍCULOS 50 B Y 54 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). VII. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL PRECEPTO LOCAL, AL SUPRIMIR EL REQUISITO DE NO HABER OCUPADO UNA SECRETARÍA DE ESTADO PARA SER TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA E IMPARCIALIDAD (ARTÍCULO 59, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). VIII. NACIONALIDAD MEXICANA COMO REQUISITO PARA ACCEDER A UN CARGO PÚBLICO. ANÁLISIS DE LA INCOMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA ESTABLECERLA (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). IX. MEDIOS DE CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD LOCALES. LOS CONGRESOS LOCALES NO ESTÁN OBLIGADOS A REGULAR LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES LOCALES CON EL MISMO PLAZO PREVISTO PARA LAS FEDERALES (ARTÍCULO 56 B, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DENTRO DEL PLAZO DE 30 DÍAS NATURALES", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). X. MEDIOS DE CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD LOCALES. INEXISTENCIA DE LA OMISIÓN LEGISLATIVA DE CARÁCTER RELATIVO PARA REGULARLOS EN EL ÁMBITO LOCAL, AL EXISTIR LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD Y LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES LOCALES.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 191/2023. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 23 DE MAYO DE 2024. PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: JUAN CARLOS SALAMANCA VÁZQUEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 191/2023, promovida por el Poder Ejecutivo Federal contra porciones normativas y omisiones relativas de los artículos 50 B, 54, 56 B y 59 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, adicionados o reformados mediante Decreto número 405, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el ocho de agosto de dos mil veintitrés.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación del escrito inicial. El siete de septiembre de dos mil veintitrés, la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal presentó la demanda de acción de inconstitucionalidad ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.
2. Autoridades emisora y promulgadora. El Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes y el Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes.
3. Normas impugnadas. El Decreto número 405, mediante el cual se reforma la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el ocho de agosto de dos mil veintitrés (“Decreto impugnado”), en específico, los artículos 50 B, 54, 56 B y 59, en las porciones transcritas a continuación:(1)
Artículo 50 B. Para ser titular de una Magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa, se requiere reunir los mismos requisitos que se establecen para ser titular de una Magistratura del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Las personas titulares de las Magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa, se elegirán de manera escalonada de la siguiente forma:
La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, someterá una terna a consideración del Congreso del Estado por cada Magistratura vacante, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará la Magistratura correspondiente, con la aprobación de la mayoría de los diputados que integren la legislatura.
Si dentro del término de siete días hábiles después de haber sometido la terna para ser titular de una Magistratura a la consideración del Congreso del Estado, éste nada resolviere, el derecho pasará a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien nombrará a la persona que ocupará la Magistratura vacante y lo comunicará al Tribunal.
[...]
Artículo 54. Las personas titulares de las Magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado se elegirán, de manera escalonada, de la siguiente forma:
El Consejo de la Judicatura Estatal, siguiendo el procedimiento de selección que su propia Ley establezca, propondrá cinco personas candidatas por cada magistratura vacante, remitiendo los expedientes correspondientes a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien, de entre ellos, formulará una terna por cada magistratura vacante, la cual enviará al Congreso del Estado para que la designe con la aprobación de la mayoría de los diputados que integren la legislatura.
Las ausencias de las personas titulares de las Magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mayores a tres meses se suplirán con un magistrado interino designado conforme al procedimiento establecido en este artículo. Las ausencias menores a tres meses serán suplidas conforme a lo que disponga su respectiva ley orgánica.
Si dentro del término de siete días hábiles de haber sometido la terna a la consideración del Congreso del Estado, éste nada resolviere, el derecho pasará a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien nombrará a la persona que ocupe la magistratura y lo comunicará al Consejo de la Judicatura Estatal.
Si dentro del término referido el Congreso del Estado rechaza la terna propuesta por la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, ésta propondrá una nueva terna de entre la que el Congreso del Estado deberá elegir a la persona que ocupe la magistratura en un término de cinco días hábiles.
Artículo 56 B. La Controversia Constitucional procede dentro del plazo de 30 días naturales, contra los actos y disposiciones generales que violen esta Constitución, entre los siguientes poderes y órganos de la entidad federativa: [...]
Artículo 59. Para ser titular de la Fiscalía General del Estado se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, originario del Estado o con residencia en él no menor de cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de la designación.
II. Poseer Título de Licenciado en Derecho con una antigüedad mínima de diez años el día de la designación.
III. Tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación.
IV. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de ningún culto.
V. No haber tenido el cargo de Senador, Diputado Federal o Local o dirigente de Partido Político durante el año previo al día de su designación, ni haber sido titular de la Fiscalía General del estado de Aguascalientes o su equivalente.
El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General del Estado como órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, misma que ejercerá las funciones previstas en el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con apego a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, responsabilidad, honradez y respeto a los derechos humanos, en los términos que disponga la Ley del Servicio Profesional de Carrera Ministerial para el Estado de Aguascalientes y las demás leyes aplicables en la materia.
[...]
[el subrayado corresponde al énfasis realizado por la accionante en su escrito]
Ver artículos con énfasis
4. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Los artículos 1, 14, 16, 35, fracción VI, 41, 116, fracciones III y IX, y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal expuso los siguientes conceptos de invalidez:
Primero. Los artículos 50 B y 54 del Decreto impugnado, que permiten la elección escalonada en el nombramiento de las personales titulares de las magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Aguascalientes (en adelante, “TJAEA”), vulneran el principio de igualdad y el derecho para acceder al cargo público de las personas, previstos en los artículos 1 y 35, fracción VI, en relación con el 116, de la Constitución Federal.
a. Los artículos impugnados, al señalar que las personas titulares se elegirán de “manera escalonada”, realizan una distinción que no está estrechamente vinculada con la configuración de un perfil inherente al tipo de empleo a desempeñar. Los nombramientos deben realizarse con base en conocimientos, aptitudes, eficiencia y competencia, y no deben solo atender a la antigüedad en su servicio. Esto resulta violatorio del principio de igualdad previsto en el artículo 1 constitucional. Los requisitos para ser magistrado del TJAEA deben vincularse directamente con el desempeño de la función, y deben ser razonables de tal manera que permitan su acceso en condiciones de igualdad para todas las personas.
b. Además, al establecer una elección escalonada, se restringe el acceso al cargo a las personas que no cuenten con la antigüedad necesaria, aunque tengan un perfil idóneo para realizar el cargo con eficiencia. Esto contraviene el derecho de la ciudadanía de poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, si cumple las calidades establecidas en ley, el cual está reconocido en el artículo 35, fracción VI, constitucional, así como en la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Al respecto, se invoca la jurisprudencia de Pleno 123/2005, y la controversia constitucional 38/2003, y la acción de inconstitucionalidad 28/2006 y sus acumuladas 29/2006 y 30/2006, para concluir que “las calidades que establezca la ley” a las que refiere el artículo 35 constitucional, deben ser cuestiones inherentes a la persona y no aspectos extrínsecos. Por ello, es necesario que los requisitos establecidos estén directamente relacionados con el perfil idóneo para el desempeño de la respectiva función.
c. Además, se vulnera el artículo 116, fracción III, párrafo cuarto de la Constitución Federal, pues las porciones normativas impugnadas no expresan la manera en que se aplicará la elección de las magistraturas. Esto, pues no establecen: 1) la distribución del tiempo de la integración de los magistrados para efectos del escalonamiento; 2) la determinación de ubicar a los magistrados en etapas de designación; y 3) la designación de la terna a cargo de la persona titular del ejecutivo estatal. Únicamente, refieren a la forma en que podrán ser designados para la elección de las magistraturas, no así la forma de escalonamiento para dicha designación.
Segundo. El artículo 59 del Decreto Impugnado que elimina como requisito para ser titular de la Fiscalía General del Estado el no haber sido secretario del poder ejecutivo de la entidad federativa vulnera el principio de autonomía en la procuración de justicia previsto en el artículo 116, fracción IX, de la Constitución Federal.
d. En principio se señala que, a partir de la reforma constitucional del diez de febrero de dos mil catorce, se cambió la figura del Ministerio Público a la de la Fiscalía General de la República, un organismo constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio. En congruencia, se reformó el artículo 116, fracción IX, de la Constitución Federal para imponer a las entidades federales la obligación de garantizar que sus constituciones locales prevean que las funciones de procuración de justicia se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalidad, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.
e. Así pues, el Estado de Aguascalientes cuenta con la libertad de configuración legislativa para regular el nombramiento de su fiscal, pero dicho nombramiento se encuentra proscrito al artículo 116, fracción IX, constitucional. Se concluye que el nombramiento del Fiscal General del Estado, conforme al Decreto impugnado, no cumple con los principios previstos en dicha norma, puesto que, previo a la reforma del Decreto impugnado, era requisito no haber sido secretario de Estado para acceder al cargo de Fiscal General antes. Sin embargo, se suprime dicho requisito, lo cual vulnera el principio de imparcialidad y la autonomía de la Fiscalía estatal, pues las decisiones del Fiscal deben abstenerse de afiliaciones políticas o consideraciones partidistas, lo que significa no favorecer ni perjudicar a individuos o partidos políticos, y, al haber sido parte del ejecutivo local, se corre riesgo de que esto suceda. Así pues, se debe evitar la influencia política indebida en el cargo para preservar la confianza pública en el sistema de justicia y asegurar que la fiscalía cumpla con los principios de imparcialidad y legalidad de las investigaciones.
Tercero. El artículo 56 B, octavo párrafo [sic], en su porción normativa “30 días naturales”, así como no establecer en alguna disposición transitoria la expedición de una ley reglamentaria que establezca el procedimiento de los medios de control constitucional, viola los principios de certeza y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.
f. La Constitución Estatal establece un plazo de treinta días naturales para presentar la controversia constitucional, medio de control que se encuentra referido en la Constitución Federal y que, en su ley reglamentaria, prevé un plazo de treinta días hábiles. Así pues, el artículo impugnado sobrepasa a nivel local el objetivo del control constitucional, puesto que el congreso estatal se está colocando fuera de los límites que establece la Constitución Federal y la Ley Reglamentaria. Al reducirse el plazo de defensa del medio de control constitucional local para los poderes u organismos autónomos locales, no existe certeza ni seguridad jurídica respecto al plazo de interposición de la demanda. Además, constituye una medida regresiva, pues limita el acceso a la impartición de justicia.
g. Asimismo, señala que la Constitución local no establece reglas procedimentales de la acción de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, y tampoco se menciona algún artículo transitorio en donde se disponga un plazo para la creación de su reglamento, el cual daría certeza y seguridad jurídica a los entes legitimados.
h. Por todo lo anterior, si bien las entidades tienen derecho a controlar la regularidad constitucional de sus ordenamientos locales y los actos que se susciten entre los diversos órganos de gobierno, lo cierto es que esos medios de control constitucional no deben sobrepasar los límites constitucionales, pues no deben crear figuras jurídicas que doten a algún poder estatal de facultades que permitan atribuciones que se encuentren fuera de los parámetros constitucionales.
6. Admisión y trámite. Mediante acuerdo de once de septiembre de dos mil veintitrés, la Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que se formara y registrara el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 191/2023, y, de conformidad con la certificación respectiva, lo turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que fungiera como instructor.
7. Por medio del auto emitido el doce de septiembre de dos mil veintitrés, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad. Asimismo, ordenó que se diera vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Aguascalientes para que rindieran sus informes respectivos, así como para que el Poder Ejecutivo local remita copia certificada de un ejemplar del Periódico Oficial del Estado que contenga la publicación del Decreto impugnado. Por último, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que estuvieran en posibilidad de formular manifestaciones.
8. Informe del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes. El trece de octubre de dos mil veintitrés, el presidente de la Mesa Directiva y representante legal de la LXV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, rindió el informe en representación de dicho órgano, en los términos siguientes:
a. Estima que es infundado el primer concepto de invalidez, toda vez que la Comisión Dictaminadora generó un escalonamiento adecuado en la integración del TJAEA, respetando los principios de estabilidad, inamovilidad e independencia judicial, para generar un mecanismo que permita obtener los beneficios del escalonamiento y generar que, con el transcurso del tiempo, el tribunal se renueve periódicamente, pero conserve entre sus filas personas que garanticen experiencia y estabilidad. Refiere a que en la controversia constitucional 9/2004, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que la libertad de configuración de la legislatura local, en relación con el establecimiento de los plazos de la duración del cargo de magistrado, no conlleva una discrecionalidad que afecte la independencia judicial.
b. Estima que es improcedente e infundado el segundo concepto de invalidez, respecto a que es inconstitucional eliminar el requisito de no haber sido Secretario del Poder Ejecutivo de la entidad para ser titular de la Fiscalía General del Estado, toda vez que no se vulnera el principio de autonomía en la procuración de justicia. Para demostrar esto, se hace un comparativo con los requisitos que, a nivel federal, deben de colmarse para ser Fiscal General de la República, dentro de los cuales no se prevé la exigencia de no haber sido Secretario del Poder Ejecutivo.
c. Estima improcedente e infundado el tercer concepto de invalidez. En relación con la porción normativa “30 días naturales”, señala que la controversia constitucional es a nivel local y no trasgrede los derechos a certeza y seguridad jurídica, pues se apega a la Constitución General, con relación al artículo 124 del mismo ordenamiento.
9. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes. El diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, el titular de la Consejería Jurídica del Estado rindió el informe en representación del Ejecutivo estatal en los términos siguientes:
a. En cuanto a la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad, señala que el acto reclamado es material y formalmente de carácter legislativo. Señala que los actos impugnados al gobernador del Estado, es decir, la promulgación y orden de publicación de la reforma de la ley impugnada se realizó en acatamiento a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes. Pero dicha actuación no resulta inconstitucional. La promulgación y publicación del Decreto impugnado es una obligación del Ejecutivo, que se hace en cumplimiento del sistema jurídico federal y del estado. Cita la tesis de rubro “LEYES, AMPARO CONTRA. AUTORIDAD RESPONSABLE. SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE CUANDO SE SEÑALA AL CONGRESO QUE LA EXPIDIÓ, PERO NO AL EJECUTIVO QUE LA PROMULGÓ.”
PRIMERO. Los artículos 50 B y 54 del Decreto impugnado no vulneran el principio de igualdad y el derecho para acceder al cargo público de las personas.
b. De acuerdo con el artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal, los Estados gozan de autonomía para decidir sobre la integración y funcionamiento de sus poderes judiciales, siempre y cuando respeten la estabilidad en el cargo y aseguren la independencia judicial. Dicha disposición, interpretándose en conjunto con el artículo 27, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, deriva en que el Congreso local está facultado para legislar las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan en el Poder Judicial del Estado.
c. Indica que la elección de magistrados de manera escalonada no es violatoria de los derechos fundamentales, en virtud que el diseño permite que los tribunales se renueven periódicamente, pero conservando entre sus filas a personas que garantizan experiencia y estabilidad. Además, el Estado diseña los plazos con escalonamiento respetando la estabilidad en el cargo y asegurando la independencia judicial, pues se establece un plazo razonable. Señala que es criterio de este Alto Tribunal que la valoración sobre la duración de los periodos sólo puede ser inconstitucional cuando sea manifiestamente incompatible con el desarrollo de la actividad jurisdiccional o cuando se advierta que se pretenda subyugar al poder judicial. Además, se señala una contradicción en el argumento del promovente respecto al impacto del escalonamiento y la antigüedad del servicio.
d. Respecto al argumento de restricción al acceso para ser magistrado del TJAEA, se reitera que los congresos estatales tienen la libertad de configuración para regular las calidades necesarias para que una persona pueda ser nombrada para cualquier empleo o comisión del servicio público, y que las establecidas para ocupar las magistraturas se encuentran apegadas a lo establecido en la Constitución Federal y los tratados internacionales suscritos por México.
e. También, considera los nombramientos para cubrir las vacantes de magistraturas del TJAEA, publicadas el dos de octubre de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial del Estado. Señala que, ni el decreto impugnado, ni el proceso de aprobación pueden ser considerados violatorios de la garantía de igualdad, pues se siguió en un proceso de designación jurídicamente idóneo conforme a la legalidad de los nombramientos y antecedentes. La creación de un Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Aguascalientes obedece a una reforma constitucional federal, y la conformación de sus Magistraturas bajo una elección escalonada, con paridad de género y conforme a los requisitos paralelos para ser Magistrado del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, están sustentados en la Ley del Servicio Profesional de Carrera Judicial y Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes. Se destaca que el sistema escalonado no implica intrínsecamente la desigualdad hacia las personas en el proceso de selección, ya que la reforma resolvió favorablemente en el proceso de las Magistraturas de manera formal y legal. Asimismo, se establecieron criterios objetivos y razonables para la designación del cargo de las Magistraturas, puesto que fueron aplicados en el proceso de designación de magistrados, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables que sustenta el Decreto impugnado. f. Finalmente, se destaca que el decreto es un acto soberano emitido en el uso de facultades discrecionales, mismo que se apegó a la legalidad y constitucionalidad de los requisitos determinados para el proceso de elección de magistrados.
SEGUNDA. Respecto al artículo 59, en cuanto a que para ser titular de la fiscalía general del Estado no se exige no haber sido secretario del Poder Ejecutivo, no se vulnera el principio de autonomía en la procuración de justicia previsto en el artículo 116, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
g. Ni la Constitución Federal, ni diversas constituciones de entidades federativas exigen el no haber sido secretario del Poder Ejecutivo respectivo para acceder al cargo de Fiscal. De aquí deriva que, al eliminar el requisito en cuestión, no se transgreden los principios de autonomía, imparcialidad e independencia funcional.
h. Además, la reforma no modificó la naturaleza de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, y su autonomía se encuentra plenamente garantizada, pues el ejercicio de sus atribuciones y facultades se encuentran consideradas desde la reforma constitucional de veintiocho de julio de dos mil catorce. Asimismo, la designación del cargo de Fiscal se somete a un procedimiento donde interviene el equilibrio entre los poderes, pues ellos forman parte de las etapas del procedimiento de designación.
i. Tampoco se vulnera el principio de imparcialidad, toda vez que la imparcialidad de las decisiones que asume el fiscal general no se funda exclusivamente en el hecho de no haber formado parte de la administración pública centralizada, sino en su propio actuar una vez que haya sido designado. Por otra parte, se estima que, si bien se pretende que la persona designada no tenga afiliaciones partidistas que incidan en su actuación al frente de la Representación Social, ello se logra al mantener la prohibición de haber ostentado un cargo de elección popular o en la dirigencia de algún partido político, no así haberse desempeñado en alguna secretaría que no necesariamente tiene que ver con una afiliación político partidista. Asimismo, se argumenta que no se vulnera la autonomía porque otro poder del mismo estado es el encargado de realizar actos de evaluación de las capacidades y, en su caso, de las afiliaciones de las personas propuestas.
TERCERO. El articulo 56 B, párrafo octavo [sic], en su porción normativa “30 días naturales”, no violenta los principios de certeza y seguridad jurídica.
j. La norma es suficientemente clara en señalar el término con el que se cuenta para acceder a la controversia constitucional local. Máxime, la constitución federal contempla el plazo de treinta días naturales para la promoción de la acción de inconstitucionalidad. El plazo establecido encuentra sustento en un fin necesario y constitucionalmente valido, al pretender cumplir con la exigencia de la impartición de justicia pronta y expedita del artículo 17 constitucional.
10. Alegatos. La Consejería Jurídica del Estado de Aguascalientes y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, formularon alegatos mediante escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Asimismo, el Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes formuló sus alegatos y los envió por Correos de México el veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, los cuales fueron recibidos en la Oficina de Certificación y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintinueve de noviembre de veintitrés.
11. Cierre de la instrucción. En auto de cinco de diciembre de dos mil veintitrés, el Ministro ponente acordó el cierre de instrucción, a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
12. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(2) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) así como el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General 1/2023 de este Tribunal Pleno.(4) Lo anterior, dado que se planteó la posible contradicción entre la Constitución Federal y el Decreto No. 405 por el que se reforma la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el ocho de agosto de dos mil veintitrés (“Decreto impugnado”), específicamente, porciones de los artículos 50 B, 54, 56 B y 59.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS Y DE LAS OMISIONES IMPUGNADAS
13. En el apartado de normas cuya invalidez se demanda, el accionante refiere al Decreto No. 405 por el que se reforma la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, publicado el ocho de agosto de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, y señala como impugnados, en específico, los artículos 50 B, primero, segundo, tercer y cuarto párrafos; 54; 56 B, en su proemio, y 59, primero y segundo párrafos, enfatizando en negritas diversas porciones normativas de dichas disposiciones.
14. De los argumentos desarrollados en los conceptos de invalidez, se observa que deben tenerse por impugnadas las porciones normativas enfatizadas por el accionante, con la excepción del artículo 59, en el cual se tiene por impugnado el primer párrafo en su totalidad, pues todas sus fracciones prevén requisitos para acceder a la titularidad de la Fiscalía General del Estado. Por lo tanto, del Decreto impugnado, se tienen por impugnadas las siguientes porciones normativas:
a. Artículo 50 B, segundo párrafo, en la porción “de manera escalonada”, y tercer y cuarto párrafos.
b. Artículo 54, primer párrafo, en la porción “de manera escalonada”.
c. Artículo 56 B, proemio, en la porción “plazo de 30 días naturales”.
d. Artículo 59, primer párrafo, el cual se estudia en función de la derogación de un requisito.(5)
15. Asimismo, cabe señalar que de la lectura del primer concepto de invalidez, se observa que, en relación con las porciones normativas impugnadas de los artículos 50 B y 54, la accionante impugna la omisión legislativa consistente en que éstas no expresan “la manera en que se aplicará la elección de las magistraturas del TJAEA, toda vez que no establecen: i) la distribución del tiempo de la integración de los magistrados para efectos del escalonamiento; ii) la determinación de ubicar a los magistrados en etapas de designación y iii) la designación de la terna a cargo de la persona titular del ejecutivo estatal”. Por lo tanto, también se tiene como impugnada esta omisión legislativa.
16. También, de la lectura del tercer concepto de invalidez, se observa que debe tenerse por impugnada la omisión legislativa consistente en no establecer las reglas procedimentales de la acción de inconstitucionalidad y controversias constitucionales ni establecer alguna disposición transitoria que disponga un plazo para la expedición de una ley reglamentaria que establezca el procedimiento de los medios de control constitucional.
III. OPORTUNIDAD
17. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(6) el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente. Si el último día de plazo fuese inhábil, la demanda puede presentarse el primer día hábil siguiente.
18. El Decreto No. 405 por el que se reforma la Constitución Política del Estado de Aguascalientes fue publicado el ocho de agosto de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, por lo que el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad transcurrió desde el nueve de agosto al siete de septiembre de dos mil veintitrés. En ese sentido, si la acción de inconstitucionalidad se presentó el siete de septiembre de dos mil veintitrés, se concluye que su presentación es oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
19. El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Consejería Jurídica del Gobierno, está legitimado para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas.(7)
20. La presente acción de inconstitucionalidad fue promovida por María Estela Ríos González, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, personalidad que acredita con copia certificada del nombramiento expedido a su favor. En ese sentido, como la acción fue promovida por la Consejera Jurídica, quien acredita dicha personalidad, y en representación del Ejecutivo Federal, se concluye que fue promovida por parte legitimada.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
21. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia ni motivo de so
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32769-611fd4b7/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-consejeria-juridica-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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