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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (DECRETO NO. 52, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA REFORMA AL ARTÍCULO 5 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO DIVERSAS REFORMAS A LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y A LA LEY QUE REGLAMENTA LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 35 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS ARGUMENTOS TENDIENTES A DEMOSTRAR LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A LAS NORMAS IMPUGNADAS DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER COMO EFECTO LA INVALIDEZ TOTAL DE AQUÉLLAS, QUE HAGA INNECESARIO SU ESTUDIO (DECRETO 52, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN, ENTRE OTRAS, LA REFORMA AL ARTÍCULO 5 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO DIVERSAS REFORMAS A LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE). IV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN AQUÉL (DECRETO NO. 52, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN, ENTRE OTRAS, LA REFORMA AL ARTÍCULO 5 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO DIVERSAS REFORMAS A LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE). V. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. CONTEXTO NORMATIVO QUE LO RIGE (DECRETO NO. 52, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN, ENTRE OTRAS, LA REFORMA AL ARTÍCULO 5 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO DIVERSAS REFORMAS A LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE). VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. ASPECTOS RELEVANTES DEL QUE DIO LUGAR AL DECRETO IMPUGNADO (DECRETO NO. 52, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN, ENTRE OTRAS, LA REFORMA AL ARTÍCULO 5 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO DIVERSAS REFORMAS A LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE). VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. POTENCIAL INVALIDANTE DE LA CIRCULACIÓN DEL DICTAMEN CORRESPONDIENTE POCOS MINUTOS ANTES DE LA SESIÓN DONDE HABÍA QUE VOTARLO Y HABERSE DISPENSADO SU LECTURA SIN RAZONAR SU URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL DECRETO NO. 52, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN, ENTRE OTRAS, LA REFORMA AL ARTÍCULO 5 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO DIVERSAS REFORMAS A LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE). VIII. PROCESO ELECTORAL. EL LEGISLADOR LOCAL CUENTA CON LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN PARA REGULAR SU FECHA DE INICIO Y SUS ETAPAS (ARTÍCULO 5, PÁRRAFO QUINTO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EL PROCESO ELECTORAL DARÁ INICIO EL PRIMER DOMINGO DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR A LA ELECCIÓN", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA). IX. PROCESO ELECTORAL. LA AUSTERIDAD COMO UNO DE SUS PRINCIPIOS RECTORES ES ACORDE CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE RIGE EL GASTO PÚBLICO (ARTÍCULO 5, APARTADO B, PÁRRAFO SEGUNDO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y AUSTERIDAD", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA). X. ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES (OPLES). LA EXCLUSIÓN DE LOS CONSEJEROS DEL CONSEJO GENERAL Y DE LOS CONSEJOS DISTRITALES PARA OBTENER LAS PRESTACIONES QUE, POR LEY, LE CORRESPONDEN A TODOS SUS TRABAJADORES, SALVO EL SERVICIO MÉDICO, PODRÍA IMPLICAR UNA DISMINUCIÓN EN SU REMUNERACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 97, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES DEL CONSEJO GENERAL Y DE LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES, NO TENDRÁN DERECHO A LAS PRESTACIONES QUE POR LEY LES CORRESPONDEN A LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO ESTATAL, SALVO LA ATENCIÓN DEL SERVICIO MÉDICO EN INSTITUCIÓN PÚBLICA DE SALUD", DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓ

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 128/2020 Y SUS ACUMULADAS 147/2020, 163/2020 Y 228/2020. · Registro digital (IUS): 29929
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-07-02
Promovente: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA, PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y MOVIMIENTO CIUDADANO.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Julio de 2021, Tomo I, Pág. 598.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 128/2020 Y SUS ACUMULADAS 147/2020, 163/2020 Y 228/2020. PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA, PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y MOVIMIENTO CIUDADANO. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIOS: SANTIAGO JOSÉ VÁZQUEZ CAMACHO Y JORGE FRANCISCO CALDERÓN GAMBOA.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día siete de septiembre de dos mil veinte.

SENTENCIA

Mediante la que se resuelven la acción de inconstitucionalidad 128/2020 y sus acumuladas 147/2020, 163/2020 y 228/2020, promovidas por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de Baja California, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano, en contra del Decreto No. 52, mediante el cual se reformaron los artículos 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California (Constitución Política Local o Constitución Local); 35, 66, 68, 69 y 97 de la Ley Electoral del Estado de Baja California (Ley Electoral Local); así como 9, 11 y 25 de la Ley que Reglamenta las Candidaturas Independientes en el Estado de Baja California (Ley de Candidaturas Independientes Local), publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, No.17, en la sección II, del veintisiete de marzo de dos mil veinte (Decreto No. 52).

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LAS DEMANDAS

1. Demandas de los partidos políticos. El PAN, el Partido de Baja California y el PRI presentaron escritos de demanda de acción inconstitucionalidad vía electrónica el tres, el quince y el treinta del mes de julio de dos mil veinte, respectivamente; por su parte Movimiento Ciudadano presentó su demanda de manera física ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el seis de agosto de dos mil veinte. Las demandas se promovieron por el PAN, a través de Marko Antonio Cortés Mendoza en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional, por el Partido de Baja California, a través de Conrad Favela Díaz en su calidad de presidente, por el PRI, a través de Rafael Alejandro Moreno Cárdenas en su calidad de (sic) Comité Ejecutivo Nacional, y por Movimiento Ciudadano, a través de diversos miembros de la Comisión Operativa Nacional, en contra del Decreto No. 52, mediante el cual se reformaron los artículos 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 35, 66, 68, 69 y 97, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; así como 9, 11 y 25, de la Ley que Reglamenta las Candidaturas Independientes en el Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, No.17, en la sección II, del veintisiete de marzo de dos mil veinte.

2. Conceptos de invalidez. Al respecto, tras detallar los antecedentes que dieron lugar a la expedición y promulgación del Decreto No. 52, los partidos políticos plantearon los conceptos de invalidez que se sintetizan a continuación:

2.1. Concepto de invalidez del PAN

Violación al principio de equidad parlamentaria, derivado del principio democrático, y a los principios de legalidad y seguridad jurídica (irregularidades en el procedimiento legislativo). El PAN alegó que el procedimiento legislativo que culminó con la promulgación y publicación del Decreto No. 52 violó los principios de equidad parlamentaria, derivado del principio democrático contenido en los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución General, así como los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14, párrafo segundo, y 16, párrafo primero, constitucionales.

Sostuvo que en el procedimiento legislativo que le dio origen a dicho Decreto No. 52 se cometieron graves irregularidades que trascendieron de manera fundamental a las normas generales producto del mismo, provocando su invalidez. Lo anterior, debido a que el Decreto No. 52 se aprobó sin dar la oportunidad a las fuerzas políticas con representación en el Congreso del Estado de Baja California (Congreso Local), dentro de las que se encuentran las legisladoras pertenecientes al Grupo Parlamentario del PAN, de conocer, estudiar, asimilar y entender con el debido tiempo el dictamen aprobado.

Argumenta que conforme al artículo 18, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California (Ley Orgánica del Poder Legislativo Local), los diputados deben recibir los dictámenes de las Comisiones, por lo menos, tres días antes de la discusión en el Pleno y, en el caso concreto, el dictamen fue enviado o circulado a los correos electrónicos de las diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del PAN el mismo día en que se votó de conformidad por el propio Pleno, es decir, el once de marzo de dos mil veinte, aproximadamente veinticinco minutos antes de iniciar la sesión.

Lo anterior, sin perjuicio de que se le haya dado una lectura a los artículos reformados en el dictamen en la sesión, ya que ello de ninguna manera se traduce en que se haya contado con el tiempo suficiente o tenido la oportunidad de asimilar y entender su contenido, para estar en condiciones de discutirlo debidamente, con conciencia de sus alcances y mediante la generación de un verdadero debate o deliberación, en términos de los artículos 125 a 133 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Local.

Estimó que no es razonable el tiempo entre el momento del envío del Dictamen Número 36 y el inicio de la sesión plenaria y la lectura de los artículos de tal documento, para poder analizar, asimilar y comprender los alcances del contenido normativo ahí previsto, en tanto que, una vez que se le dio lectura se pasó a su votación, siendo que las reglas del proceso legislativo deben garantizar un conocimiento cierto, completo y adecuado de los planteamientos legislativos y posibilitar su análisis y la realización de los ajustes pertinentes. Señaló que, en la especie, en el Dictamen Número 36 se propusieron algunas variaciones en cuanto a algunos artículos de la iniciativa presentada, de manera que los legisladores debían contar con los elementos suficientes para actuar con responsabilidad en el debate y discusión parlamentaria.

Sostuvo que el hecho de que la dispensa de trámite del Dictamen Número 36, que culminó con la expedición del Decreto No. 52, haya sido aprobada por mayoría de quince votos a favor (afirman que la diputada Eva María Vázquez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, se manifestó públicamente en contra de la dispensa de trámite en la sesión, junto con el diputado David Ruvalcaba Flores y el diputado Gerardo López Mateos, del PRI y PRD, respectivamente), y que el dictamen de referencia haya sido aprobado por mayoría de diecisiete votos (afirman que la diputada Eva María Vázquez Hernández y la diputada Loreto Quintero Quintero del Grupo Parlamentario del PAN, así como el diputado Rodrigo Aníbal Otáñez Licona y el diputado Elí Topete Robles del Partido de Baja California y de Movimiento Ciudadano, votaron en contra), no puede ser obstáculo para concluir que existió una violación al principio democrático dentro del procedimiento legislativo.

Alegó que una sola lectura de los resolutivos del Dictamen Número 36 no confiere la oportunidad ni el tiempo suficiente de asimilar y entender su contenido para estar en igualdad de condiciones para comprender sus alcances y poder discutirlo con la debida preparación mediante un auténtico ejercicio deliberativo, máxime si el contenido sustantivo de dicho documento sufrió cambios respecto a la iniciativa de reforma que inició el procedimiento legislativo. Al respecto, afirmó que, como se advertía en las fojas 16, 17, 20 y 21 del Dictamen Número 36, la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales planteó modificaciones a la iniciativa de reforma que inició el procedimiento legislativo, las cuales fueron incorporadas a dicho dictamen con la aprobación de cuatro votos.

Sostuvo que la solicitud del diputado Juan Manuel Molina del Grupo Parlamentario del Morena a la asamblea legislativa de dispensa del trámite de circulación previa del Dictamen Número 36, debido a que se trataba de un asunto de urgente y obvia resolución, y la consecuente dispensa, carecía de fundamento legal y constitucional (no resultaban aplicables los artículos 31 de la Constitución Política Local y 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Local), y, por el contrario, contravinieron lo dispuesto en el artículo 18, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Local, así como los principios de equidad parlamentaria y de legalidad y seguridad jurídica.

Sustentó que, conforme al principio de equidad parlamentaria, no deben considerarse automáticamente irrelevantes todas las infracciones procedimentales producidas en una tramitación parlamentaria que culmina con la aprobación de una norma general, a la luz de salvaguardar la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de igualdad para expresar y defender su postura en un contexto de deliberación pública, para lo cual forzosamente resulta esencial que cuenten oportuna y completamente con la información legislativa objeto de discusión y votación en el Pleno.

Argumentó que la figura de la dispensa de trámites reglamentarios para la aprobación de leyes tiene una naturaleza distinta y obedece a la eventual y excepcional posibilidad de dispensarse el trámite de ser turnada una iniciativa a la comisión competente, así como que le recaiga un dictamen a la misma y se apruebe en el Pleno en la misma sesión en que se presente, tratándose de la existencia y acreditación de una urgencia notoria calificada, siendo requisito esencial para la procedencia de la dispensa de trámite legislativo para la aprobación de leyes los siguientes requisitos que no fueron cumplidos:

• Acreditar determinados hechos que generen una condición de urgencia en la discusión y aprobación de una iniciativa de ley o decreto, que de no realizarse traería consecuencias negativas para la sociedad, y;

• Demostrar que la condición de urgencia evidencia la necesidad de omitir los trámites parlamentarios correspondientes, sin que esto implique la afectación a principios o valores democráticos.

Incluso, alegó que cualquier eventual dispensa "por causa de urgencia" al trámite legislativo relativo al derecho de los diputados de recibir los dictámenes de comisiones tres días antes a la sesión del Pleno, a que se refiere el artículo 18, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Local, devendría inconstitucional pues constituye una violación al procedimiento legislativo que trasciende de igual forma de manera fundamental a la norma general de que se trate.

Por otra parte, argumentó que la dispensa a trámite estuvo indebidamente motivada, al ser insuficiente e inadmisible la justificación relativa a que se estaba en el límite del plazo de noventa días previsto en la Constitución General antes del inicio del proceso electoral en la entidad para realizar una reforma que implicara la modificación del inicio del plazo de los comicios a celebrarse en el Estado de Baja California en dos mil veintiuno.

Lo anterior, debido a que consideró la previsión de que no se podrán realizar modificaciones sustanciales (como en la especie sucede con la reforma realizada al inicio del proceso electoral, prevista en el artículo 5 de la Constitución del Estado) durante el plazo de noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse previsto en el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución General, no constituye un motivo para calificar de urgente la dispensa de trámite de una iniciativa de reforma legal. Ello debido a que dicha disposición lo que garantiza es la certeza en la regulación del proceso electoral que se realizará a nivel federal o local, sin que autorice a los órganos legislativos a hacer uso de ella para justificar la urgencia de aprobar una norma general electoral, eludiendo el procedimiento legislativo correspondiente.

Al respecto, alegó que era aplicable la jurisprudencia P./J. 34/2007,(1) del Pleno de este Alto Tribunal. Advirtió que, conforme a ésta, el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución General debe armonizarse con los demás principios o valores constitucionales, entre ellos, el de que la aprobación de una ley debe ser producto de la deliberación de todas las fuerzas representativas, asimismo el de certeza electoral que obliga al Poder Legislativo a actuar con la suficiente anticipación que permita el desarrollo del procedimiento legislativo ordinario, de manera que "la pretensión del órgano legislativo de cumplir con el citado plazo constitucional para reformar una ley electoral, no justifica que las mayorías que lo componen eludan el procedimiento legislativo que debe seguirse para la aprobación de reformas sustanciales a las leyes electorales e imponerse, de esta forma, a las minorías".

Sostuvo que lo anterior era aplicable a este caso, ya que no es dable que los órganos legislativos se escuden para justificar la urgencia de aprobar una norma general electoral, eludiendo el procedimiento legislativo correspondiente, bajo la afirmación de que el plazo de noventa días antes de que inicie el proceso electoral está próximo. En este sentido, concluyó que esa dispensa, inconstitucional e indebidamente motivada, constituía un vicio al procedimiento legislativo sustancial que provocaba la invalidez del decreto.

Además, afirmó que eran aplicables los precedentes derivados de la resolución de las acciones de inconstitucionalidad 121/2017 y sus acumuladas 122/2017, 123/2017 y 135/2017;(2) la acción de inconstitucionalidad 36/2013 y su acumulada 37/2013;(3) así como la controversia constitucional 63/2016,(4) ésta última fallada por el Pleno el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve.

Sostuvo que todos estos precedentes cuentan con una característica en común: la consideración de que la expedición de normas generales producto de un procedimiento legislativo en el que se haya dispensado la distribución de un dictamen de comisión del órgano legislativo, soslayando la anticipación exigida por la normatividad aplicable, y la justificación indebida de la razón de urgencia invocada en una dispensa de trámite, constituyen, cada una, vicios al proceso legislativo que producen la invalidez de la norma general impugnada.

No obstante, aseveró que, aún en el supuesto de que este Alto Tribunal llegara a estimar que resultaba aplicable la dispensa de trámite aprobada por el Pleno del Congreso Local, para que ésta fuera valida tendría forzosamente que existir una urgencia notoria que justificara extraordinariamente prescindir de la sustanciación natural u ordinaria del proceso legislativo, lo cual no ocurrió en la especie.

Alegó que, conforme a los razonamientos expuestos, la supuesta urgencia no tenía soporte en el caso concreto, ya que afirmar que se estaba en el límite del plazo de noventa días antes del inicio del proceso electoral en la entidad no era razón para justificar la dispensa, pues el plazo constitucional sólo garantiza la certeza que debe regir en la regulación del proceso electoral que se realizará a nivel federal o local, y, en todo caso, la dispensa de trámite debió motivarse adecuadamente como lo señala el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Local, conforme a los estándares siguientes desarrollados por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación:

• La existencia de determinados hechos que generen una condición de urgencia en la discusión y aprobación de una iniciativa de ley o decreto.

• La relación medio-fin, esto es, que tales hechos necesariamente generen la urgencia en la aprobación de la iniciativa de ley o decreto de que se trate, pues, de no hacerse de esta forma, ello traería consecuencias negativas para la sociedad, y;

• Que la condición de urgencia evidencie la necesidad de que se omitan ciertos trámites parlamentarios, sin que esto se traduzca en afectación a principios o valores democráticos.

Sostuvo que en el presente caso la falta de motivación de la urgencia que sustentara la dispensa a trámite constituyó una violación al procedimiento legislativo suficiente para dejar sin efectos el Decreto No. 52 impugnado, pues acorde con el principio democrático que debe informar la labor legislativa, era necesario que se expusieran las razones que llevaron a calificar este asunto como urgente, a través de argumentos objetivos, válidos constitucionalmente, encaminados a reforzar la dispensa de trámite, debiendo necesariamente existir y acreditarse, cuando menos, las tres condiciones expuestas con antelación. Al respecto, consideró aplicable la jurisprudencia 36/2009, de este Alto Tribunal.(5)

Concluyó que se violó gravemente el procedimiento legislativo, trastocándose el principio de legalidad y seguridad jurídica previsto en los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero, así como 39, 40 y 41 de la Constitución General con potencial invalidante al Decreto No. 52 impugnado. Ello debido a que, atendiendo al contenido del Dictamen Número 36, cuya aprobación plenaria lo originó, el partido político sostuvo que no se advertía un hecho que generara una condición de urgencia para inobservar el plazo de circulación de dictámenes de comisiones de al menos tres días previos a la sesión plenaria del Congreso Local; que no existía la necesidad de dicha dispensa a efecto de que no se ocasionaran consecuencias negativas para la sociedad, ni que la supuesta urgencia denotara la necesidad de que se omitieran ciertos trámites parlamentarios como el previsto en el artículo 18, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Local, sin afectar los principios democráticos, como el de la debida deliberación.

En suma, sostuvo que la dispensa de trámite aprobada al Dictamen Número 36, sin la oportuna circulación apuntada, impidió a las diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del PAN conocer su contenido con la debida anticipación requerida a fin de poder realizar un análisis adecuado del mismo para actuar con responsabilidad en la deliberación plenaria, pues les fue entregado el mismo día en que se discutió y votó el Decreto No. 52, transgrediéndose el principio de equidad parlamentaria que deriva del principio democrático o de democracia representativa, previsto en los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución General, en relación con el artículo 18, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Local, vía violación al principio de legalidad y seguridad jurídica, contenido en el artículo 14, párrafo segundo, y 16, párrafo primero, constitucionales.

2.2. Conceptos de invalidez del Partido de Baja California

i) Violaciones dentro del procedimiento legislativo

El partido político alega que el procedimiento legislativo tuvo las siguientes violaciones, en contravención de los artículos 29 y 30 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja California y los artículos 117, 120, 122 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Local, y, por consiguiente, de los artículos 14 y 16 constitucionales que protegen la garantía de fundamentación y motivación, el artículo 116, párrafo segundo y su fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Convención Americana):

• No fueron citados el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) ni el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de Baja California (Tribunal Electoral Local) a comisiones, para efectos de que diera su punto de vista respecto a la reforma en materia electoral, esto en los términos del artículo 30 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja California y del artículo 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Local.

• La reforma no fue discutida debidamente dado que no existió debate dentro del Congreso Local, ni existió debate dentro de comisiones, violentando esto los artículos 122 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Local, así como el artículo 29 de la Constitución Local.

• La exposición de motivos, no está motivada y fundamentada, dado que el argumento es el ahorro monetario al acortar el proceso electoral local; sin embargo, la exposición de motivos no establece fórmulas ni montos, ni explica en qué consistirá el ahorro, cuál será el beneficio de dicho ahorro, ni maneja las cantidades a ahorrar, ni en qué beneficiaría dicho ahorro, simplemente se limita a decir que el objetivo es ahorrar, pero no establece bajo qué formulas se ahorrará, qué cantidades se ahorrará, porque motivos se terminara ahorrando, qué beneficios tendrá ese ahorro, y si ese ahorro justifica el acortar el proceso electoral, desfasando el proceso electoral local y federal, acortando ciertos términos, que protegen el voto de los bajacalifornianos.

ii) Violación al principio de certeza electoral y a los derechos de participación política con motivo de la modificación de los plazos previstos en los artículos 5 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja California y 66, 68 y 69 de la Ley Electoral Local

Sostuvo que, del análisis de los artículos que se reformaron y que impugna, se concluye lo siguiente:

• Que el proceso electoral iniciará en el primer domingo de diciembre anterior a la elección.

• Que a más tardar la primera semana del mes de marzo del año de la elección, tomará protesta el Consejo General del IEEBC a los consejeros Distritales.

• Que durante la tercera semana de marzo del año de la elección, se instalarán los Consejos Distritales para iniciar con los trabajos de la preparación del proceso electoral.

Por otra parte, advirtió que los artículos 207 y 208 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) prevén que el proceso electoral tiene cuatro etapas y que éstas deben seguirse en las elecciones que se lleven a cabo en las entidades federativas como el Estado de Baja California.

Señaló que, del análisis de la primera etapa de la elección consistente en todos los actos preparatorios a la elección, se realizan las siguientes actividades:

• Registro de candidatos, como lo establece el artículo 135 de la Ley Electoral Local.

• Procedimientos de integración y ubicación de casillas, como lo dispone el artículo 172 de la Ley Electoral Local.

• Registro de representantes, como lo establece el artículo 69 de la Ley Electoral Local.

• La distribución del material electoral, como se dispone en el artículo 188 de la Ley Electoral Local.

Por otra parte, aseveró que conforme al Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE), se concluye que también son actos preparatorios del proceso electoral, los siguientes:

• Preparar la lista definitiva del padrón, como lo establece el artículo 95 del Reglamento de Elecciones del INE y el artículo 151 de la LEGIPE.

• Capacitación electoral, como lo establecen los artículos 110 al 121 del Reglamento de Elecciones del INE.

• Designación y capacitación de observadores electorales, como lo establece el artículo 193 del Reglamento de Elecciones del INE.

• La convocatoria y plazos para registro de candidaturas independientes, como lo establece el artículo 8 de la Ley de Candidaturas Independientes Local.

• Preparar el voto de mexicanos que residan en el extranjero.

• La capacitación para la utilización del PREP, como lo establecen los artículos 338 y 339 del Reglamento de Elecciones del INE.

• Definición de los consejeros distritales, con fundamento en los artículos 66, 67 y 69 de la Ley Electoral Local.

Finalmente, sostuvo que la Constitución General dispone en el artículo 41, fracción V, apartado B, inciso a) y apartado C de dicha fracción, se establecen cuáles son los actos preparatorios que realizarán de forma conjunta el INE y el IEEBC.

Partiendo de las premisas anteriores, alegó que, en virtud de que la elección local y federal se celebrarán el mismo día por mandato constitucional, los preceptos que se impugnan provocan una violación al principio de certeza democrática, ya que, al estar desfasados los dos procesos electorales con una diferencia de cuatro meses, no estarán instalados los Consejos Distritales a tiempo, dado que estarán integrados hasta el mes de marzo de dos mil veintiuno al haber iniciado el proceso electoral en diciembre de dos mil veinte.

Sostuvo que el hecho de que inicie el proceso electoral local en diciembre trae los siguientes cinco inconvenientes que provocan la invalidez de los preceptos impugnados:

a) Insuficiente tiempo para capacitar a los Consejos Distritales y demás funcionarios electorales en la utilización del PREP

Argumentó que el hecho de que inicie el proceso electoral en el mes de diciembre anterior a la elección de gobernador, elección que será concurrente con la elección federal, y que los Consejos Distritales empiecen su instalación en el mes de marzo del año de la elección, provoca el riesgo inminente de que no se capaciten de forma adecuada los Consejos Distritales, para efectos de que puedan manejar de una forma adecuada el PREP.

Sostuvo que el tiempo de capacitación para la utilización del PREP es muy corto, máxime si tomamos en cuenta que de marzo a junio son sólo tres meses en los que se podría capacitar a estos funcionarios, y que los trabajos preparativos del PREP inician nueve meses antes de la elección, por lo cual habría poco tiempo para capacitar.

Alegó que esta situación vulnera los artículos 41 de la Constitución General y 23 de la Convención Americana, violando el principio de certeza electoral y el derecho al voto, porque al tener poco tiempo los Consejos Distritales para capacitarse para la captura de las boletas del PREP y que las fechas de capacitación inicien antes del inicio del proceso electoral, trae como consecuencia que no exista certeza para el electorado de que su voto esté totalmente protegido y que no existan errores en la captura de la votación.

Agregó que la contravención a los artículos 338 y 339 del Reglamento de Elecciones del INE trae como consecuencia la violación del principio de supremacía constitucional, porque al decretarse que el proceso electoral iniciará en fecha posterior a las fechas de preparación y capacitación del PREP se viola la Constitución General.

b) Insuficiente tiempo para capacitar a los observadores electorales en el manejo de paquetes y casillas electorales

Alegó esencialmente que acortar el periodo del proceso electoral e iniciarlo en el mes de diciembre anterior a la elección traerá como consecuencia que exista un corto tiempo de capacitación de los observadores electorales (artículos 193 a 201 del Reglamento de Elecciones del INE), los cuales son designados en la sesión inicial del proceso electoral conforme al artículo 186 del Reglamento de Elecciones del INE, y si éstos no están debidamente capacitados se incumplen los objetivos del artículo 41 de la Constitución General y lo previsto por el artículo 23 de la Convención Americana, al no darle certeza al proceso electoral e impedirse la participación de los ciudadanos de una forma adecuada a través del voto y de los observadores ciudadanos, e, indirectamente, el principio de supremacía constitucional.

c) Desfase en la capacitación de funcionarios de casillas y ubicación de las casillas electorales, al ser concurrentes la elección federal con la local

Advirtió que, al tratarse de una elección concurrente, la capacitación de funcionarios está a cargo del IEEBC y del INE de forma coordinada. Sostuvo que, al modificarse los tiempos conforme a las normas impugnadas, se crea un desfase en los momentos en que el INE deba seleccionar y capacitar a los observadores, imprimir los documentos electorales o preparar el PREP, y los momentos en que el IEEBC deba actuar, lo cual genera incertidumbre en cuanto a la preparación de la elección, máxime que es sumamente importante que estén debidamente capacitados los funcionarios de casillas y que su capacitación y el procedimiento de ubicación de casillas inicia mucho antes de la integración de los Consejos Distritales Locales que deben coadyuvar con el INE en el desarrollo de esas funciones.

Señaló que un ejemplo claro de este desfase se observa en el procedimiento de ubicación de las casillas, y advirtió que, conforme al artículo 73 de la Ley Electoral Local, los Consejos Distritales locales deben determinar la ubicación de las casillas, mientras que los artículos 254 y 256 de la LGIPE establecen que el proceso de selección de la ubicación de las casillas y la selección de los funcionarios de casillas empieza desde el mes de enero y diciembre, respectivamente.

Partiendo de lo anterior, concluyó que el periodo de instalación y capacitación de los funcionarios de casillas se realiza en una fecha anterior a la instalación de los Consejos Distritales locales en el mes de marzo y justo al inicio del periodo electoral local, lo que evidencia un desfase entre los procesos federales y locales que genera incertidumbre en cuanto a la preparación de la elección, máxime que es sumamente importante que estén debidamente capacitados los funcionarios de casillas, y que el procedimiento de selección y capacitación de funcionarios de casillas y de ubicación de las casillas inicia mucho antes de la integración de los Consejos Distritales Locales –los cuales también deberán estar capacitados– para que puedan coadyuvar con el INE en esas funciones.

En este sentido, sostuvo que ese desfase viola el principio de certeza electoral y el derecho al voto contenidos en los artículos 41 de la Constitución General y 23 de la Convención Americana, porque el hecho de que se hagan estas acciones antes de la instalación de los Consejos Distritales Locales provoca que los árbitros de las elecciones no estén enterados de todos los pasos relacionados con la ubicación de las casillas ni debidamente capacitados, lo que incide en la certidumbre en el ejercici

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29929-92644d98/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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