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Modo: Corpus Pro

I. PROCEDIMIENTO DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN LOCAL. SUPUESTO EN EL QUE LA DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS NO ACTUALIZA SU VIOLACIÓN CON POTENCIAL INVALIDANTE (VALIDEZ DEL DECRETO No. 289 MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5, 12, 15, 17, 27, 28, 59, 64, 79 Y 81; Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 14, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; SE SUPRIME LA EXPRESIÓN "TÍTULO QUINTO" EN EL CAPÍTULO III DE DICHO TÍTULO Y SE ADICIONA AL MISMO CAPÍTULO IV DENOMINADO DEL MINISTERIO PÚBLICO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE). II. PROCEDIMIENTO DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN LOCAL. ES INNECESARIA LA APROBACIÓN EXPRESA DE POR LO MENOS LA MITAD MÁS UNO DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, CUANDO NO LO EXIJA ASÍ AQUELLA NORMA (VALIDEZ DEL DECRETO No. 289 MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5, 12, 15, 17, 27, 28, 59, 64, 79 Y 81; Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 14, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; SE SUPRIME LA EXPRESIÓN "TÍTULO QUINTO" EN EL CAPÍTULO III DE DICHO TÍTULO Y SE ADICIONA AL MISMO CAPÍTULO IV DENOMINADO DEL MINISTERIO PÚBLICO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE). III. PROCEDIMIENTO DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN LOCAL. LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN REALIZADAS POR PERSONAS DIVERSAS A LAS FACULTADAS CONSTITUCIONALMENTE NO LO INVALIDAN SI FUERON HECHAS POR SUS SUSTITUTOS POR MINISTERIO DE LEY (VALIDEZ DEL DECRETO No. 289, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5, 12, 15, 17, 27, 28, 59, 64, 79 Y 81; Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 14, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; SE SUPRIME LA EXPRESIÓN "TÍTULO QUINTO" EN EL CAPÍTULO III DE DICHO TÍTULO Y SE ADICIONA AL MISMO CAPÍTULO IV DENOMINADO DEL MINISTERIO PÚBLICO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE). IV. PROCEDIMIENTO DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN LOCAL. LA INTEGRACIÓN DE ELEMENTOS DE UN DICTAMEN DIVERSO QUE NO CONCLUYÓ EL PROCEDIMIENTO RELATIVO NO LO INVALIDA SI FUE ENVIADO A LOS AYUNTAMIENTOS PARA SU APROBACIÓN Y NO SE EMITIÓ OPINIÓN EN CONTRA DE ELLO O LOS DIPUTADOS ASISTENTES A LA SESIÓN RESPECTIVA NO SE MANIFESTARON EN CONTRA (VALIDEZ DEL DECRETO No. 289 MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5, 12, 15, 17, 27, 28, 59, 64, 79 Y 81; Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 14, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; SE SUPRIME LA EXPRESIÓN "TÍTULO QUINTO" EN EL CAPÍTULO III DE DICHO TÍTULO Y SE ADICIONA AL MISMO CAPÍTULO IV DENOMINADO DEL MINISTERIO PÚBLICO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE). V. PROCEDIMIENTO DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN LOCAL. LA PUBLICACIÓN DE DIVERSOS DECRETOS EL MISMO DÍA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD Y EL INICIO DE SU VIGENCIA SIMULTÁNEAMENTE NO LO INVALIDA (VALIDEZ DEL DECRETO No. 289 MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5, 12, 15, 17, 27, 28, 59, 64, 79 Y 81; Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 14, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; SE SUPRIME LA EXPRESIÓN "TÍTULO QUINTO" EN EL CAPÍTULO III DE DICHO TÍTULO Y SE ADICIONA AL MISMO CAPÍTULO IV DENOMINADO DEL MINISTERIO PÚBLICO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE). VI. DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES EN LOS ESTADOS. LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENEN LA FACULTAD PARA DETERMINAR SU NÚMERO, ATENDIENDO A LA DENSIDAD POBLACIONAL Y NO A OTROS CRITERIOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 14, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). VII. SISTEMA MIXTO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN II, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS OBLIGA A LOS ESTADOS A INTEGRAR SUS LEGISLATURAS CON DIPUTADOS ELECTOS POR AMBOS PRINCIPIOS, AUNQUE NO A REGLAMENTARLOS DE UNA FORMA ESPECÍFICA DICHOS PRINCIPIOS, SIEMPRE QUE ATIENDAN RAZONABLEMENTE A LOS PARÁMETROS DEL SISTEMA INTEGRAL PREVISTO POR LA LEY FUNDAMENTAL Y A SU FINALIDAD [VALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I, INCISO C), Y II, 79, FRACCIONES II, INCISO B), Y III, INCISOS C), NUMERAL 2, Y F), PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y 32, FRACCIÓN II, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA]. VIII. REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LA FALTA DE CONCEPTUALIZACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE VOTACIÓN PARA DIPUTADOS POR ESTE PRINCIPIO NO INVALIDA LOS PRECEPTOS QUE PREVÉN LA ASIGNACIÓN RELATIVA SI SE INTERPRETA EL SISTEMA ELECTORAL LOCAL EN EL SENTIDO DE QUE LA "VOTACIÓN ESTATAL EMITIDA" O "VOTACIÓN VÁLIDA" O "VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA" RESULTA DE SUMAR LA OBTENIDA EN LAS CASILLAS ESPECIALES, A LA SUMA OBTENIDA EN LA E

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 42/2015 Y SUS ACUMULADAS 43/2015 Y 44/2015. · Registro digital (IUS): 26111
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-01-22
Promovente: PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, NUEVA ALIANZA Y MORENA.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Enero de 2016, Tomo I , Pág. 446.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 42/2015 Y SUS ACUMULADAS 43/2015 Y 44/2015. PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, NUEVA ALIANZA Y MORENA. 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO Y RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día tres de septiembre de dos mil quince, por el que se emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la que se resuelven las presentes acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos políticos nacionales: de la Revolución Democrática (42/2015), Nueva Alianza (43/2015) y Morena (44/2015), respectivamente, en contra de diversas normas generales de la Constitución Política del Estado de Baja California, así como de la Ley Electoral y de la Ley de Partidos Políticos del mismo Estado.

I. Trámite

1. Presentación de los escritos, autoridades (emisoras y promulgadoras) y normas impugnadas. Las presentes acciones de inconstitucionalidad se presentaron de la siguiente manera:

Ver manera en que se presentaron las acciones de inconstitucionalidad

2. Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas impugnadas: Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California.

3. Normas generales impugnadas. En las acciones de inconstitucionalidad se impugnaron las siguientes normas generales:

Ver normas generales

4. Conceptos de invalidez. Los partidos promoventes en sus conceptos de invalidez, manifestaron, en síntesis, que:

I. Partido de la Revolución Democrática (acción 42/2015). Señala como artículos constitucionales violados el 35, fracciones I y II; el 41, fracción II; y, el 116, fracción II, y elabora un único concepto de invalidez.

Tema: Demarcación de los distritos electorales para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa bajo un criterio geográfico. Se impugna el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Baja California. El artículo impugnado no respeta el principio de igualdad del voto bajo el aforismo "un ciudadano, un voto". Tampoco respeta el equilibrio demográfico en la representación política, porque se atiende a un criterio geográfico para la demarcación de los distritos electorales para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa.

Los artículos 41, 35 y 116 constitucionales establecen la característica del sufragio igual, y el 116, fracción II, establece como criterio único para la demarcación de los distritos de las entidades federativas, que será proporcional en habitantes, es decir, sólo bajo un criterio demográfico y de equilibrio en el número de habitantes.

La norma impugnada además de ser contraria al criterio demográfico y de equilibrio en el número de habitantes previsto en el artículo 116, fracción II, de la Constitución Federal, también es contraria al principio de certeza en materia electoral, porque pretende contradecir y afectar el proceso de redistritación hecho ya por el Instituto Nacional Electoral desde noviembre de dos mil catorce, agregando de manera artificial un elemento de incertidumbre que debe ser expulsado del sistema jurídico electoral que se aplicará en las elecciones de dos mil quince. Cita en apoyo a sus argumentos las tesis de jurisprudencia P./J. 2/2002 y P./J. 4/2002, de rubros: "DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES EN LOS ESTADOS. PARA EFECTOS DE SU DEMARCACIÓN DEBE ATENDERSE AL CRITERIO POBLACIONAL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." y "DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES. EL ARTÍCULO 31, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, CONTRAVIENE LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 116, FRACCIÓN II, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL ATENDER A UN CRITERIO GEOGRÁFICO PARA LA DEMARCACIÓN DE AQUÉLLOS."

II. Partido Nueva Alianza (acción 43/2015). Aduce como violados los artículos constitucionales 14, 16, 41, base V, apartado B), inciso a), numeral 2, 70, 71, 72, 116, fracción II, y 135.

Tema 1. Violaciones al procedimiento de reforma. En cuanto a este tema, el partido promovente indica que durante el procedimiento de reformas a la Constitución Local que dio lugar a la emisión del Decreto No. 289, se violaron los artículos 14, 16, 70, 71, 72, 116, fracción II, y 135 de la Constitución Federal, ya que en su discusión, aprobación, promulgación y publicación se incurrió en diversas violaciones al procedimiento que vulneran el principio de legalidad y trastocan los valores democráticos que deben privilegiarse en nuestro sistema constitucional.

1.1. Violación al principio de legalidad y democracia deliberativa. Haber realizado la dispensa de trámites legislativos en la aprobación del Dictamen 02 impidió que los diputados tuvieran tiempo de conocer, analizar y discutir el dictamen correspondiente. En la sesión del Pleno del Congreso celebrada el veintitrés de abril de dos mil quince, el diputado Fausto Gallardo García -presidente de la Comisión de Reforma del Estado-, solicitó la dispensa de trámite relativa a la distribución del Dictamen 02 e hizo la petición para que solamente se leyeran los puntos resolutivos del mismo. Si bien, esta solicitud se votó por unanimidad, esta dispensa incumplió con lo previsto por el artículo 18, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, que otorga a los diputados "el derecho" a conocer la materia misma del debate y el documento sometido a su consideración, lo que, además, adminiculado con la dispensa a la lectura íntegra del dictamen para sólo leer los puntos resolutivos, restringió a los diputados la oportunidad de asimilar y entender el contenido y los alcances ciertos de la reforma propuesta, con lo que se impidió que se diera un debate verdadero e informado.(1)

Cabe señalar que, en el caso, no se acreditó ninguna causa de urgencia por la que resultara procedente la dispensa de los trámites. Cita en apoyo a sus argumentos, las tesis de jurisprudencia P./J. 33/2007, P./J. 35/2007, P./J. 36/2009 y P./J. 37/2009, de rubros: "PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. CONDICIONES PARA QUE PUEDA ACTUALIZARSE LA URGENCIA EN LA APROBACIÓN DE LEYES Y DECRETOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA)."; "LEY DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES Y CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMARON DICHOS CUERPOS LEGALES FUE EMITIDO VIOLANDO LOS VALORES DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA (DECRETO 253 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 16 DE OCTUBRE DE 2006)."; "DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA. PARA SU PROCEDENCIA DEBEN MOTIVARSE LAS RAZONES QUE LLEVAN A CALIFICAR UN ASUNTO COMO URGENTE."; y, "DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA. SU FALTA DE MOTIVACIÓN NO SE CONVALIDA POR LA VOTACIÓN DE LA MAYORÍA O UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA."

1.2. Violación al procedimiento de reforma por la falta de aprobación expresa de por lo menos la mitad más uno de los Ayuntamientos del Estado en contravención al artículo 135 de la Constitución Federal. El Decreto No. 289, únicamente fue aprobado en forma expresa por dos Ayuntamientos -Tijuana y Tecate- de un total de cinco y, por ende, no fue aprobado por la mitad más uno de los Ayuntamientos, por lo que no se cumplió con lo previsto por el artículo 135 de la Constitución Federal, ni lo establecido en el 112 de la Constitución Local. Esto se confirma con la declaratoria de procedencia publicada el once de junio de dos mil quince en la Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado de Baja California -considerando quinto-, por lo que se violó el principio de legalidad. No obsta a lo anterior, la regla de afirmativa ficta prevista en el párrafo segundo del citado artículo 112 de la Constitución Local, pues ésta no puede interpretar ni asumir las facultades constitucionales que asisten a los Ayuntamientos como partes integrantes del Poder Reformador de la Constitución Local de aprobar, en su caso, las reformas a la citada Constitución. Además, esta previsión de afirmativa ficta establecida en el párrafo segundo del citado artículo 112, es diversa a la prevista por el artículo 135 de la Constitución Federal, pues sólo exige el transcurso del tiempo -un mes-, siendo irrelevante si los Ayuntamientos sesionaron o no con la finalidad de conocer, discutir y aprobar o rechazar las reformas propuestas, lo cual no sólo afecta el principio de legalidad, sino también la división de ámbitos de gobierno, ya que se diluye el eventual equilibrio y control político derivado del voto ciudadano. Cita en apoyo a sus argumentos, la tesis de jurisprudencia P./J. 34/2004, de rubro: "CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA. PARA QUE SUS REFORMAS Y ADICIONES FORMEN PARTE DE ELLA, ES NECESARIO QUE LA APROBACIÓN POR LA MAYORÍA DE LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD CONSTE DE MANERA FEHACIENTE, Y NO INFERIRSE."

1.3. Violación al principio de legalidad derivada de la promulgación y publicación realizada por una persona diversa a la facultada constitucionalmente para ello. El Decreto No. 289, fue promulgado y publicado en suplencia del gobernador del Estado por el secretario general de Gobierno sin contar con atribuciones para ello, ni con la posibilidad de ejercer en suplencia una atribución constitucionalmente conferida al titular del Poder Ejecutivo del Estado, por tanto, se violenta el principio de legalidad. Los artículos 33, 34 y 49, fracción I, de la Constitución Local, otorgan al Poder Ejecutivo del Estado una serie de facultades, tales como, que promulgue las iniciativas aprobadas por el Congreso del Estado; que formule observaciones a los proyectos aprobados por el Congreso; que apruebe, sancione, promulgue, publique, ejecute y haga cumplir las leyes o Decretos emitidos por el Congreso del Estado, sin que de dichas disposiciones se pueda inferir o desprender que dichas atribuciones otorgadas al Ejecutivo puedan realizarse por sustitución o ausencia por otro servidor público, como el secretario de Gobierno. Asimismo, las fracciones I y II del artículo 52 de la Constitución Local disponen que el secretario de Gobierno tiene, entre sus atribuciones, la de autorizar con su firma las leyes y Decretos que promulgue el Ejecutivo, facultad restringida y muy diversa al ejercicio directo de la atribución de promulgar que le corresponde al Ejecutivo.

1.4. Violación a los principios de legalidad y certeza al integrar elementos de un diverso Dictamen -el Número 03- que no concluyó el procedimiento de reforma. El Decreto No. 289, al haber incluido elementos del diverso Dictamen Número 03, viola los principios de legalidad y certeza, pues no existen constancias que acrediten que este dictamen haya sido sometido a la aprobación de los Ayuntamientos, que éstos hayan dado respuesta favorable, que se haya formulado la declaratoria de incorporación constitucional respectiva y que, consecuentemente, se haya promulgado y publicado por una autoridad competente. En el Decreto No. 289, que tuvo como origen el Dictamen Número 02, aparecen impactadas las reformas que fueron materia del Dictamen Número 03, relacionadas con: a) la homologación en la fecha de inicio de los trabajos del proceso electoral en el segundo domingo de septiembre del año anterior a la elección; y, b) que cada Municipio del Estado deberá tener por lo menos un distrito en su demarcación territorial, reformas que corresponden a ciertas porciones normativas de los artículos 5o. y 14 de la Constitución Local. Si bien el Dictamen Número 02 adolece de ciertos vicios en el procedimiento de reforma, mismos que han quedado referidos en los conceptos de invalidez aducidos, respecto del Dictamen Número 03, únicamente existen elementos para acreditar que fue dictaminado en comisiones y aprobado por el Pleno del Congreso del Estado mediante un procedimiento urgente de dispensa de trámites no justificado, sin que se tenga conocimiento del cumplimiento dado a las etapas posteriores del procedimiento de reforma -aprobación por los Ayuntamientos; declaratoria de incorporación constitucional; y, su promulgación, publicación y vigencia-. De este modo, el Decreto No. 289, es inválido en las porciones normativas de los artículos 5o. y 14 derivadas del Dictamen Número 03, ya que éste no concluyó el procedimiento de reforma necesario para su aprobación e inserción en el Texto Constitucional.

1.5. Invalidez de los Decretos No. 290, 291, 292 y 293, por ser dependientes del Decreto No. 289. Al considerar que son fundadas las violaciones procesales respecto del Decreto No. 289, se debe extender su declaración de invalidez a los Decretos No. 290, 291, 292 y 293, ya que estos últimos dependen jerárquica y temporalmente del primero, al constituir normas reglamentarias de la Constitución Local. Adicionalmente, tanto el Decreto No. 289, como los demás fueron publicados en el Periódico Oficial de la entidad el mismo día (doce de junio de dos mil quince), e iniciaron su vigencia en forma simultánea, lo cual, no puede ser, ya que los Decretos No. 290, 291, 292 y 293, contienen la creación de normas reglamentarias de las diversas aprobadas mediante el Decreto No. 289 y, por tanto, éste debió haber entrado en vigor previamente.

Ya en cuanto a los conceptos de invalidez relativos al fondo, el partido promovente hizo valer, esencialmente, los siguientes:

Tema 2. Demarcación de los distritos electorales como atribución del Instituto Nacional Electoral. Se impugna el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Baja California. El precepto impugnado viola los artículos 14, 16, 41, base V, apartado b), inciso a), numeral 2, y 54, fracciones II y III, de la Constitución Federal, ya que el Instituto Nacional Electoral es el órgano competente para realizar en los procesos electorales; federales y Locales, los trabajos relacionados con la geografía electoral y el diseño y determinación de los distritos electorales, así como la división del territorio en secciones electorales; sin embargo, con el artículo impugnado, el Poder Reformador de la Constitución del Estado de Baja California, pretende asumir esta facultad del Instituto Nacional Electoral, ya que fijó un lineamiento genérico que no resulta obligatorio ni observable para la autoridad constitucional competente en la materia, al no contar con atribuciones para legislar al respecto, y con ello violenta el principio de supremacía constitucional y genera incertidumbre tanto para las autoridades, como para los gobernados.

Tema 3. Falta de definición de los parámetros de votación a considerarse para la asignación de diputados y regidores electos por el principio de representación proporcional. Se impugnan los artículos 15, fracción I, inciso c), y 79, fracción II, inciso b), y fracción III, inciso c), numeral 2, e inciso f), último párrafo, de la Constitución Política del Estado de Baja California. Los preceptos impugnados violan los artículos 14, 16, 41, base V, apartado B, inciso a), numeral 2, y 54, fracciones II y III, de la Constitución Federal, porque no existe la conceptualización y definición debidas de los parámetros de votación que habrán de considerarse en las diversas etapas del procedimiento de asignación de diputados y regidores electos por el principio de representación proporcional, por lo que deberá declararse su invalidez, así como la de todos los preceptos relativos a los procedimientos de asignación previstos tanto en la Constitución Local, como en la Ley Electoral del Estado.

Las reformas realizadas a los artículos 15 y 79 de la Constitución Local inciden en la regulación del sistema de representación proporcional tanto para la integración del Congreso como de los Ayuntamientos del Estado, mediante la asignación de diputados y regidores por dicho principio, sin embargo, en el artículo 79, se insertó una regla que dispone la aplicación de los conceptos previstos para el desarrollo de la fórmula de diputados en la fórmula de asignación de regidores de representación proporcional, lo cual genera una antinomia normativa, ya que la porción normativa reformada del artículo 15, refiere el concepto legal de "porcentaje de votación válida", sin precisar cuáles son los elementos a considerar en dicho tipo de votación, siendo que del contenido del artículo 79, se advierten tres conceptos legales relacionados con la votación en la elección de regidores por el principio de representación proporcional: a) votación emitida en la elección de munícipes; b) la votación municipal de cada partido político; y, c) la suma de los votos de los partidos políticos o coaliciones participantes; sin embargo, ninguno se encuentra definido en los elementos que deben considerarse para su conformación y no coinciden con el concepto legal previsto por el artículo 15. De hecho, en la regulación legal del tema, tampoco se advierten definiciones conceptuales que permitan tener la certeza debida al momento de realizar la asignación, tanto para diputados como para regidores, por el principio de representación proporcional.

Así, del artículo 22, fracción II, de la Ley Electoral del Estado de Baja California, se colige que uno de los requisitos que deben cumplir los partidos políticos para acceder a la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, es el de haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida, sin que en dicha disposición ni en alguna otra, se señalen los elementos componentes de dicha votación.

De igual forma, del último párrafo del mismo artículo 22, se observa la referencia a un concepto legal diverso que no tiene soporte constitucional la "votación Estatal emitida", el cual, a diferencia de la "votación válida emitida", sí se define como aquella que resulta de sumar la votación obtenida en las casillas especiales a la suma obtenida en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en cada uno de los distritos electorales, deduciendo los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados.

Por su parte, en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la ley señalada, se establece como parámetro para asignar diputados la cantidad obtenida de la sumatoria de votos de los partidos políticos en la elección de diputados por el principio de representación proporcional que reúnan los requisitos.

Asimismo, en el artículo 27, fracción II, segundo párrafo, del mismo ordenamiento legal, se define a la "votación válida" -concepto diverso a la votación válida emitida-, como la sumatoria de los votos obtenidos por los partidos políticos en el ámbito territorial de que se trate.

Finalmente, en el artículo 31, fracción II, de dicho ordenamiento, relativo a la asignación de regidores electos por el principio de representación proporcional, se establece como requisito para acceder a dicha distribución, el haber obtenido por lo menos "el tres por ciento de la votación emitida en la elección de munícipes", sin que tal concepto se encuentre definido y mucho menos relacionado o derivado de alguno de los conceptos constitucionales y legales previstos para el procedimiento de asignación de diputados por el principio de representación proporcional, razón por la cual, la aplicación de los mismos en el desarrollo de las fórmulas de asignación respectiva no sólo resulta confuso e incierto, sino que material y legalmente hace nugatoria la remisión normativa conceptual prevista en el último párrafo del inciso f) del artículo 79 de la Constitución Política del Estado de Baja California.

Así, ante la falta de conceptualización y definición debidas de los parámetros de votación que habrán de considerarse en las diversas etapas del procedimiento de asignación de diputados y regidores electos por el principio de representación proporcional, se debe declarar la invalidez de la totalidad de las disposiciones relativas a los procedimientos de asignación, tanto de diputados como de regidores, previstos tanto en la Constitución Local como en la Ley Electoral del Estado.

III. Partido Morena (acción 44/2015). Aduce violación a los artículos 1o., 4o., 9o., 35, fracciones I, II y III, 39, 40, 41, 54, fracción V, 116, fracción IV, incisos b), c), d), g), h), i) y j), y 133 de la Constitución Federal, así como al artículo tercero transitorio del Decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado el nueve de agosto de dos mil doce.

Tema 1: Demarcación de los distritos electorales para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa bajo un criterio geográfico. Se impugna el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Baja California. El artículo impugnado viola los artículos 1o., 41, 116, fracciones II y IV, y 133 de la Constitución Federal, al establecer que cada Municipio deberá tener, por lo menos, un distrito, pues esto vulnera el principio de distribución poblacional. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el criterio de densidad poblacional es el fundamental y el que deberá tomarse en cuenta para la distritación, ello para garantizar que el voto de cada uno de los ciudadanos tenga el mismo valor.

El precepto impugnado, al no establecer para la demarcación de los distritos electorales un criterio poblacional, además de violar la fracción II del artículo 116 constitucional, contraviene también la fracción IV, incisos a) y b), del mismo precepto, ya que al establecerse un criterio de territorialidad se impedirá a la autoridad electoral y, en general, a todos los participantes en el proceso electoral, contar con la certidumbre necesaria para llevar a cabo los trabajos de distritación electoral. Cita en apoyo a sus argumentos, las tesis de jurisprudencia P./J. 2/2002, P./J. 4/2002 y P./J. 60/2001, de rubros: "DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES EN LOS ESTADOS. PARA EFECTOS DE SU DEMARCACIÓN DEBE ATENDERSE AL CRITERIO POBLACIONAL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."; "DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES. EL ARTÍCULO 31, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, CONTRAVIENE LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 116, FRACCIÓN II, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL ATENDER A UN CRITERIO GEOGRÁFICO PARA LA DEMARCACIÓN DE AQUÉLLOS."; y, "MATERIA ELECTORAL. PRINCIPIOS RECTORES. EN LAS CONSTITUCIONES Y LEYES DE LOS ESTADOS DEBE GARANTIZARSE, ENTRE OTROS, EL DE CERTEZA EN EL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN ELECTORAL."

Tema 2. Sistema de representación proporcional para la asignación de diputados y regidores. Se impugnan los artículos 15, fracción II, y 79, fracción II, inciso b), de la Constitución Política del Estado de Baja California, y 32, fracción II, de la Ley Electoral de la entidad. Los preceptos impugnados violan los artículos 1o., 41, 116, fracción II y IV, y 133 de la Constitución Federal, porque la integración constitucional de las Legislaturas Locales debe ser plural y diseñada bajo un sistema mixto de elección a través de los principios de mayoría relativa y representación proporcional, ya que éstos de manera conjunta procuran que cada voto ciudadano válido esté debidamente representado en la integración del Congreso Local -ya sea por un diputado de mayoría relativa o bien por uno de representación proporcional-; sin embargo, esto se impide con el sistema de asignación directa a quien registre y obtenga un 3%, desnaturalizando así la representación proporcional, ya que podría ser el caso de que se asignen regidores y diputados a partidos subrepresentados, lo que sería contrario al artículo 116, fracción IV, incisos a) y b), que prevén el principio de certeza, así como al artículo 116, fracción II, y al 115 que establecen una representación directa del pueblo en dichos Poderes.

Además, el requisito combatido del 3% del total de la votación válida emitida es desproporcional y no tiene razonabilidad alguna respecto a la asignación de diputados y regidores de representación proporcional, ya que si bien, la Constitución Federal estableció este umbral para que los partidos políticos nacionales conserven su registro, en ningún momento dispuso que ese mismo porcentaje fuera el suficiente para la obtención de una diputación de representación proporcional a nivel local, sino que, exclusivamente, así lo ordenó para la integración de la Cámara de Diputados, en términos de la fracción II del artículo 54 de la Constitución Federal.

La falta de razonabilidad y proporcionalidad deriva esencialmente en que, dependiendo la elección, el porcentaje correspondiente para la asignación de diputaciones no será exactamente del 3%, lo que también implica que las bases de sobrerrepresentación del 8%, se vean igualmente modificadas, puesto que se puede llegar a asignar una diputación cuando ya se haya rebasado el tope de sobrerrepresentación y también se puede restar dicha votación al tope de sobrerrepresentación de manera artificiosa, al asignar una diputación sobrevaluada respecto del cociente de votación, estableciéndose así una base desproporcional y sin sustento constitucional en el artículo 54 de la Constitución Federal.

Tema 3. Invasión de facultades exclusivas del Instituto Nacional Electoral. En cuanto a este tema general se hacen valer dos argumentos de impugnación que se expresan en los siguientes subtemas:

3.1. Invasión de facultades exclusivas del Instituto Nacional Electoral en materia de radio y televisión. Se impugna el artículo 41 de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California. El precepto impugnado viola los artículos 1o., 41, 116, fracciones II y IV, y 133 de la Constitución Federal, ya que invade facultades exclusivas del Instituto Nacional Electoral en materia de radio y televisión. Los artículos 116, fracción IV, en sus incisos i) y k), y 41 constitucionales establecen como autoridad única en materia de radio y televisión al Instituto Nacional Electoral, siendo que la facultad otorgada al instituto local para señalar horarios y asignarlos no es competencia del legislador local.

3.2. Invasión de facultades exclusivas del Instituto Nacional Electoral en cuanto a la capacitación y organización electoral en elecciones extraordinarias. Se impugna el artículo 172 de la Ley Electoral del Estado de Baja California. El precepto impugnado invade facultades exclusivas de capacitación y organización electoral en elecciones extraordinarias, lo cual es contrario a la Constitución Federal y a los acuerdos del Instituto Nacional Electoral de asunción de dichas facultades, concretamente al Acuerdo INE/CGE100/2014. Conforme al artículo 41, fracción V, apartado B, de la Constitución Federal, corresponde al Instituto Nacional Electoral la capacitación electoral, la ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas, por lo que el artículo impugnado invade estas facultades exclusivas del Instituto Nacional Electoral aun tratándose de elecciones extraordinarias locales.

Tema 4. Regulación insuficiente en materia de coaliciones. Se impugna el artículo 59 de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California, así como el resto de dicho ordenamiento jurídico por la insuficiente regulación en la materia. El precepto impugnado regula de manera insuficiente la materia de coaliciones, y con ello se vulnera el artículo segundo transitorio, inciso f), del Decreto de reforma a la Constitución Federal publicado el diez de febrero de dos mil quince, pues no se establece en el Estado un sistema uniforme de coaliciones (sobre la misma línea aduce un argumento de omisión legislativa en torno al resto del ordenamiento).

5. Artículos constitucionales que los promoventes señalan como violados. Quedaron precisados en cada apartado de los conceptos de invalidez.

6. Admisiones y trámite. Mediante proveído de nueve de julio de dos mil quince, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 42/2015, promovida por el Partido de la Revolución Democrática, y turnar el asunto al Ministro José Ramón Cossío Díaz. Asimismo, por auto de trece de julio del mismo año, ordenó formar y registrar los expedientes relativos a las acciones de inconstitucionalidad 43/2015 y 44/2015, promovidas por los Partidos Políticos Nacionales Nueva Alianza y Morena, respectivamente, acordando su acumulación a la acción 42/2015.

7. Por auto de catorce de julio de dos mil quince, el Ministro José Ramón Cossío Díaz admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California para que rindieran sus informes, por ser quienes, respectivamente, emitieron y promulgaron las normas impugnadas. También solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la procuradora general de la República sus opiniones.

8. Informes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la entidad. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Baja California señalaron, de manera coincidente, lo siguiente, destacando en algunos puntos, las cuestiones distintas:

A) Es infundada la impugnación del artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Estatal, relativo a la distritación electoral para elegir a los diputados por el principio de mayoría relativa que atiende a un criterio geográfico. Ello, porque no se advierte que el distrito electoral de cada Municipio deba ser exclusivo de éste, ni tampoco distinto al de los demás Municipios, como lo interpreta el promovente, por lo que la norma impugnada no limita las atribuciones del Instituto Nacional Electoral, ni tampoco adiciona elemento ajeno al poblacional para la distritación o redistritación electoral.

Es un hecho público y notorio que el Instituto Electoral Nacional emitió el Acuerdo INE/CG402/2015, por el que se aprueba la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales en que se divide el Estado de Baja California y sus respectivas cabeceras distritales, sin que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26111-4452a186/i-procedimiento-de-reforma-a-la-constitucion-local · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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