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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA Y LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). II. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. CONTEXTO NORMATIVO QUE LO RIGE (DECRETO NO. 85, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA REFORMA AL ARTÍCULO 15 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA; ASIMISMO SE APRUEBA LA REFORMA A LOS ARTÍCULOS 22, 27, 46, 136, 144, 145, Y 190 Y LA ADICIÓN DEL ARTÍCULO 27 BIS, TODOS DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTE). III. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. ASPECTOS RELEVANTES DEL QUE DIO LUGAR AL DECRETO IMPUGNADO (DECRETO NO. 85, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA REFORMA AL ARTÍCULO 15 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA; ASIMISMO SE APRUEBA LA REFORMA A LOS ARTÍCULOS 22, 27, 46, 136, 144, 145, Y 190 Y LA ADICIÓN DEL ARTÍCULO 27 BIS, TODOS DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTE). IV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. AUSENCIA DE POTENCIAL INVALIDANTE DE SUPERAR LAS RESERVAS PRESENTADAS POR ALGUNOS DIPUTADOS MEDIANTE UNA VOTACIÓN CALIFICADA Y PÚBLICA (DECRETO NO. 85, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA REFORMA AL ARTÍCULO 15 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA; ASIMISMO SE APRUEBA LA REFORMA A LOS ARTÍCULOS 22, 27, 46, 136, 144, 145, Y 190 Y LA ADICIÓN DEL ARTÍCULO 27 BIS, TODOS DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTE). V. PARIDAD ENTRE GÉNEROS. ES COMPETENCIA Y OBLIGACIÓN DE LOS CONGRESOS ESTATALES GARANTIZAR ESTE PRINCIPIO EN LA POSTULACIÓN Y REGISTRO DE CANDIDATOS PARA LEGISLADORES LOCALES E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS TANTO EN ELECCIONES ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS, EN TÉRMINOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, SIN CONSTREÑIRLAS AL DISEÑO FEDERAL, SIEMPRE QUE SE OBSERVEN LOS FINES PREVISTOS EN LAS CITADAS NORMAS (ARTÍCULO 27 BIS DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). VI. COALICIONES. ASIGNACIÓN DE LA PRIMERA DIPUTACIÓN PARA CADA PARTIDO POLÍTICO QUE LA INTEGRE, ELEGIDA POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, MEDIANTE EL CONVENIO (ARTÍCULO 15, FRACCIÓN II, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EN EL CASO DE COALICIONES, LA PRIMERA ASIGNACIÓN A CADA PARTIDO POLÍTICO DEBERÁ DETERMINARSE, ADEMÁS, CON BASE EN EL CONVENIO DE COALICIÓN REGISTRADO", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA). VII. SISTEMA ELECTORAL MIXTO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN II, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS OBLIGA A LOS ESTADOS A INTEGRAR SUS LEGISLATURAS CON DIPUTADOS ELECTOS POR AMBOS PRINCIPIOS, AUNQUE NO A REGLAMENTAR DE UNA FORMA ESPECÍFICA DICHOS PRINCIPIOS, SIEMPRE QUE ATIENDAN RAZONABLEMENTE A LOS PARÁMETROS DEL SISTEMA INTEGRAL PREVISTO Y A SU FINALIDAD (ARTÍCULO 15, FRACCIÓN II, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "LAS ASIGNACIONES CORRESPONDERÁN SÓLO A LAS CANDIDATURAS QUE TENGAN MAYOR PORCENTAJE DE VOTACIÓN VÁLIDA EN EL DISTRITO Y QUE NO HAYAN OBTENIDO CONSTANCIA DE MAYORÍA", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 236/2020 Y SUS ACUMULADAS 237/2020 Y 272/2020. · Registro digital (IUS): 29817
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-05-28
Promovente: PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA Y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo I, Pág. 94.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 236/2020 Y SUS ACUMULADAS 237/2020 Y 272/2020. PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA Y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 12 DE NOVIEMBRE DE 2020. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: FERNANDO SOSA PASTRANA Y OMAR CRUZ CAMACHO.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al doce de noviembre de dos mil veinte por el que se emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la que se resuelven las presentes acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Partido de Baja California (236/2020) y Partido Acción Nacional (237/2020 y 272/2020), en contra del "Decreto Número 85 mediante el cual se aprueba la reforma al artículo 15 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; asimismo aprueba la reforma a los artículos 22, 27, 46, 136, 144, 145 y 190 y la adición del artículo 27 Bis, todos de la Ley Electoral del Estado de Baja California", publicado en el Periódico Oficial de la entidad de veinticuatro de julio de dos mil veinte.

I. Trámite

1. Presentación de los escritos, autoridades (emisoras y promulgadoras) y normas impugnadas. Las presentes acciones de inconstitucionalidad se presentaron, vía electrónica, ante este Alto Tribunal, de la siguiente manera:

Ver presentación

2. Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan. Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California.

3. Normas generales cuya invalidez se combate. En el apartado de normas generales impugnadas de las acciones de inconstitucionalidad se señaló lo siguiente:

Ver normas generales impugnadas

4. Conceptos de invalidez. Los promoventes en sus conceptos de invalidez, manifestaron, en síntesis, lo siguiente:

5. I. Partido de Baja California (acción 236/2020). Se impugnan violaciones al procedimiento legislativo. En su primer concepto de invalidez aduce que el decreto impugnado, que adicionó el artículo 27 Bis de la Ley Electoral de Baja California es inconstitucional en virtud de que el proceso legislativo tiene vicios.

6. Ese artículo, que fue adicionado a través de una reserva, es inconstitucional, porque viola el artículo 29 de la Constitución de Baja California, así como los artículos 125, 126, 129, 131, fracción II, 134 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Baja California, lo que trae como consecuencia la violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal que protege la garantía de fundamentación y motivación, y el derecho humano al debido proceso, también consagrado en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; asimismo, transgrede el artículo 116, párrafo segundo y la fracción II de la Constitución, al violentarse el proceso legislativo.

7. De los artículos de la Constitución Local se desprende que todas las iniciativas de ley, incluso las reservas que se hagan a las iniciativas deben ser discutidas y debatidas dentro del recinto legislativo, previo a su aprobación. En el caso, del análisis de las actas levantadas, se advierte que, de las reformas publicadas en el decreto impugnado, no se contempló la adición del artículo 27 Bis de la Ley Electoral de Baja California.

8. La reserva que dio origen a dicho artículo no fue discutida o debatida, en los términos de los artículos 29 de la Constitución Local, así como en los diversos numerales 125, 126, 129, 131 y 134 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, por el contrario, simplemente se sometió a votación.

9. La adición del artículo 27 Bis no era parte del proyecto inicial de la comisión, su adición derivó de una reserva, la cual se debió discutir en lo particular, máxime que hubo votos en contra y abstenciones. La omisión de la discusión, violenta el proceso legislativo establecido en la Constitución Local y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, lo que trae como consecuencia la violación a los artículos 14, 16 y 116 de la Constitución Federal, así como del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

10. La norma impugnada es inconstitucional, porque al no discutirse se violó el proceso legislativo establecido en la Constitución Local, ello, a su vez, implicó que se incumpla con el artículo 116, fracción II, de la Constitución Federal, que obliga a los legisladores locales a legislar conforme lo establece la Constitución Local.

11. Se impugna el artículo 27 Bis de la Ley Electoral de Baja California. En el segundo concepto de invalidez el promovente manifiesta que el artículo 27 Bis de la Ley Electoral de Baja California es inconstitucional, porque violenta el principio de seguridad jurídica consagrado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, el precepto 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos lo que, a su vez, vulnera el principio de certeza jurídica en materia electoral, así como los derechos políticos de los ciudadanos y candidatos, consagrados en los artículos 41 de la Constitución Federal y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

12. El artículo 27 de la Ley Electoral de Baja California habla de que el sistema de representación proporcional será a través de una lista, sin embargo, con la adición del artículo 27 Bis de la misma ley, se habla de dos listas, por lo que existen dos artículos de la misma norma general que se contraponen, esto deja en incertidumbre jurídica a los candidatos perdedores. Esta antinomia trae como consecuencia que se genere una incongruencia dentro de la misma norma, lo que implica la vulneración del derecho de certeza jurídica en materia electoral.

13. La antinomia provoca falta de certeza jurídica en el electorado, ciudadanos y candidatos, dado que al momento de que se designen las diputaciones por representación proporcional, por un lado, hay un artículo que habla de una lista y, por otro, uno que habla de dos listas, lo que provoca falta de seguridad jurídica al momento de la asignación.

14. Cita en apoyo a sus argumentaciones la tesis de jurisprudencia de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ÉSTAS PUEDE DERIVAR DE LA CONTRADICCIÓN CON OTRAS DE IGUAL JERARQUÍA, CUANDO SE DEMUESTRE VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.". Al respecto indicó que de la misma se desprendía que la contradicción entre normas de la misma jerarquía, cuando esto implica la violación a derechos humanos, podría dar lugar a su inconstitucionalidad. Situación que sucede en el caso concreto, así reiteró que, al existir dos formas de realizar las listas, se genera incertidumbre política, en los candidatos y ciudadanos, lo que vulnera también los derechos políticos, tanto de los candidatos como del electorado, porque al emitir el sufragio no están claras las reglas de selección de dichos candidatos por el principio de representación popular.

15. II. Partido Acción Nacional (acción 237/2020). Se impugna el artículo 15, fracción II, de la Constitución Local. Este partido alega en su primer concepto de invalidez que el decreto impugnado viola el principio de legalidad y seguridad jurídica, contenido en los artículos 14 y 16, en relación con el diverso de reserva de fuente que se desprende de los artículos 73, fracción XXXIX-U y segundo transitorio del decreto constitucional de diez de febrero de dos mil catorce, 116, fracción II, 124 y 133, todos de la Constitución Federal, así como el artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos.

16. El decreto impugnado resulta violatorio del principio de legalidad y seguridad jurídica, por incidir en el régimen de coaliciones cuya regulación corresponde sólo al Congreso de la Unión. Ello, porque la eliminación de las diputaciones de lista de los partidos políticos incide en materia de coaliciones. Se estableció que en el convenio de coalición respectivo debe disponerse la forma en que se realizará la primera asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, tratándose de partidos políticos que vayan coaligados.

17. Al respecto, señaló que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 23/2014, determinó que el régimen de coaliciones aplicable tanto a procedimientos federales como locales, por disposición constitucional, debe ser regulado por el Congreso de la Unión en la ley general en materia de partidos políticos, de conformidad con los artículos 73, fracción XXIX-U, así como segundo transitorio, fracción I, inciso f), numerales 1 y 4 de la Constitución Federal, sin que las entidades federativas cuenten con atribuciones para legislar sobre esa figura.

18. Consecuentemente, las entidades federativas no están facultadas, ni por la Constitución Federal, ni por la ley general, para regular cuestiones relacionadas con las coaliciones, ni siquiera incorporando o reproduciendo en su legislación disposiciones establecidas en tales ordenamientos sobre esta figura. Ello, porque el órgano reformador de la Constitución dispuso una reserva de fuente tratándose de la figura de coaliciones y aspectos relacionados o que incidan con éstas, como sucede con lo dispuesto en el artículo 15, fracción II, de la Constitución Local contenido en el decreto impugnado, en cuanto a que en el caso de coaliciones, la primera asignación a cada partido político deba determinarse, además con base en el convenio de coalición registrado. Esto es, se establece que deba disponerse en el convenio de coalición respectivo la forma en que deberá realizarse la primera asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, tratándose de partidos políticos que vayan coaligados.

19. Si bien las entidades federativas no están obligadas a replicar el contenido del principio de representación proporcional que se delimita para el sistema de elección de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, lo cierto es que tienen el deber de incorporar dicho principio a su legislación interna, cumpliendo ciertos lineamientos previstos en el artículo 116 de la Constitución Federal y en la Ley General de Partidos Políticos, así es importante cumplir con los parámetros en la materia de registro de candidaturas y coaliciones electorales.

20. De ahí que resulte contrario al régimen constitucional eliminar por completo las diputaciones de lista de los partidos políticos y establecer que en caso de coaliciones la asignación de diputaciones de representación proporcional a cada partido se determinará con base en el convenio de coalición, tal y como se hizo mediante la norma general impugnada. Esto, porque lo expuesto constituye un aspecto relacionado o que incide con el tema de coaliciones, apartándose en consecuencia de la base fundamental sobre coaliciones en los procesos electorales locales, contenida en el artículo 73, fracción XXIX-U, de la Constitución Federal, en relación con su artículo segundo transitorio, fracción I, inciso f), del decreto de diez de febrero de dos mil catorce, regulada ya por el artículo 87, numeral 14, de la Ley General de Partidos Políticos, el cual garantiza que si algún partido político coaligado, no le correspondió una candidatura a diputación por el principio de mayoría relativa en el convenio respectivo, tenga el derecho a que se le asigne una por el principio de representación proporcional, si alcanzó el umbral correspondiente, a fin de salvaguardar su correspondiente representación legislativa.

21. Cuestión que se corrobora con el artículo 89, numeral 1, inciso d), de la Ley General de Partidos Políticos, que establece que, en todo caso, para el registro de la coalición, cada uno de los partidos políticos que pretendan coaligarse, en su oportunidad, deberán registrar por sí, las listas de candidaturas.

22. En la reforma a la fracción II del artículo 15 de la Constitución Estatal, contenida en el decreto impugnado, de forma inconstitucional, se eliminan las diputaciones de lista y se regula que en el caso de coaliciones la asignación de diputaciones a partidos políticos se determinará con base en el convenio de coalición. Esto, porque al señalarse que las asignaciones corresponden sólo a las candidaturas que tengan mayor porcentaje de votación válida distrital y que no hayan obtenido constancia de mayoría (esto es, a los mejores perdedores) pero en el caso de coaliciones, la primera asignación se realizará con base en el convenio de coalición, ello a todas luces incide indebidamente en el régimen de coaliciones, cuya regulación, se reitera, corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión.

23. La legislación local impone una carga más allá de las establecidas en la Constitución Federal y en la Ley General de Partidos Políticos. Para cumplir con los principios de uniformidad de las coaliciones y de no transferencia de votos, el propio artículo 91 de dicha ley establece los requisitos indispensables que deben contener los convenios de coalición, específicamente en su inciso e), numeral 1, se establece que debe realizarse el señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece originalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que quedarían comprendidos en el caso de resultar electos.

24. La norma impugnada haría nugatorio el acceso a un escaño en la vía de representación proporcional a un partido político coaligado que en el convenio respectivo no haya postulado candidato a diputado por el principio de mayoría relativa pero que haya alcanzado el umbral constitucional requerido.

25. Cita en apoyo a sus argumentaciones la acción de inconstitucionalidad 42/2015 y acumuladas, así como la jurisprudencia de título y subtítulo: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE ESTÉN VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON LA LEY RECLAMADA."

26. En el segundo concepto de invalidez se afirma que existe violación al principio de autodeterminación de los partidos políticos contenido en el artículo 41 de la Constitución Federal, a la luz del mandato de no regresividad como parte del principio de progresividad previsto en el artículo 1o. de la Ley Fundamental.

27. El principio de autodeterminación y auto-organización de los partidos políticos están reconocido en los artículos 41, base I, y 116, fracción IV, inciso f), de la Constitución Federal, al señalar que las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que establezcan la Constitución y la ley. Lo que implica que los partidos políticos tienen el derecho de definir la forma de gobierno y organización que consideren adecuada, conforme a su ideología e intereses políticos, incluidos los mecanismos que estimen más apropiados para la definición y selección de sus candidatos a cargos de elección popular.

28. Por su parte, la prohibición de regresividad implica que no puede haber una disminución de los principios y derechos fundamentales ya reconocidos, como es el caso de la facultad de registro de candidaturas de diputaciones de lista, sin que exista una justificación reforzada, la cual no existió, como se corrobora de la exposición de motivos y del dictamen de comisión. Por lo que con la eliminación de la existencia de diputaciones de lista se vulnera el principio y el derecho de autodeterminación del partido político actor, previsto en los artículos 41 y 16 de la Constitución Federal, así como el mandato de no regresividad, ya que se instituyeron con el objeto de posibilitar el acceso de la ciudadanía al ejercicio de cargos de elección popular, como una medida de interés público que tiene como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática y contribuir a la integración de los órganos de representación política.

29. Se eliminó la lista de candidaturas a diputaciones a la que tenían derecho los partidos, sin existir una razonabilidad al respecto, instituyéndose en su lugar un esquema mediante el cual la asignación de diputaciones bajo el principio de representación proporcional se realizará únicamente de los candidatos que tengan mayor porcentaje de votación válida en el distrito y que no hayan obtenido constancia de mayoría.

30. Si bien la forma en cómo operará el principio de representación proporcional en cuanto a la asignación de diputaciones le es disponible a las Legislaturas Locales, el esquema que adopten debe guardar armonía con los derechos y principios constitucionales, como lo son el de autodeterminación y auto-organización de los partidos políticos, así como con el principio constitucional de progresividad.

31. La eliminación del derecho de los partidos políticos a formular listas de candidaturas a diputaciones para efectos de la asignación de éstas por el principio de representación proporcional, conlleva un trato desigual e inequitativo para los institutos políticos que no vayan coaligados respecto de aquellos que sí establezcan una coalición y registren candidaturas. Ello, porque aquellas fuerzas políticas que vayan coaligadas y registren candidaturas sí estarán en posibilidad de presentar su lista, mientras que, con la supresión de la figura de diputaciones de lista, los partidos políticos que no vayan coaligados no podrán presentar lista de candidaturas a diputaciones, ni tendrán derecho a la asignación de éstas, a pesar de cumplir con las exigencias del artículo 15, fracción I, de la Constitución Local.

32. Cuestión que constituye un trato diferenciado injustificado, ya que no se aprecia razón objetiva que respalde dicha distinción, por lo que la misma no resiste un test de proporcionalidad, que debe atenderse porque la reforma impugnada implica una afectación a derechos y principios reconocidos constitucionalmente, tales como autodeterminación, auto-organización y no regresividad. Medida que no resulta idónea, necesaria, ni proporcional, para el fin tutelado en la Norma Fundamental, además de que no contribuye a la protección de otro derecho o bien jurídico constitucionalmente válido.

33. III. Partido Acción Nacional (acción 272/2020). En esta demanda el Partido Acción Nacional reitera los conceptos de invalidez que formuló en la acción de inconstitucionalidad 237/2020 acabados de sintetizar.

34. Admisiones y trámite. Mediante auto de veintiuno de agosto de dos mil veinte, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 236/2020, promovida por el presidente del Partido de Baja California, y por razón de turno, designó como instructor al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, de conformidad con el registro que se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.

35. Por acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, el Ministro instructor admitió la demanda de acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California por ser quienes, respectivamente, emitieron y promulgaron la norma impugnada, para que rindieran sus informes; así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que hicieran manifestaciones respectivas. También solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación su opinión.

36. Por diverso acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, el presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, bajo el número 237/2020; y dada la conexidad de ésta con la diversa acción 236/2020 ordenó acumularla y turnarla al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

37. El Ministro instructor, en auto de veintiséis de agosto de dos mil veinte admitió la acción de inconstitucionalidad 237/2020 y, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California por ser quienes, respectivamente, emitieron y promulgaron las normas impugnadas, para que rindieran sus informes; así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que realizaran las manifestaciones pertinentes. También solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación su opinión.

38. Por auto de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, el Ministro instructor, entre otras cosas, tuvo por agregado el oficio y anexos del secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en donde informa que el próximo proceso electoral deberá dar inicio el próximo seis de diciembre de dos mil veinte.

39. Por diverso acuerdo de seis de octubre de dos mil veinte, el presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, bajo el número 272/2020; y dada la conexidad de ésta con las diversas acciones 236/2020 y 237/2020 ordenó acumularla y turnarla al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

40. El Ministro instructor, en auto de nueve de octubre de dos mil veinte desechó la acción de inconstitucionalidad 272/2020 por falta de oportunidad en la presentación de la demanda.

41. Informes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la entidad.

42. A) En la acción de inconstitucionalidad 236/2020 y 237/2020

43. Poder Legislativo del Estado. Este Poder señaló, en síntesis, lo siguiente:

44. El Congreso del Estado actuó de acuerdo al proceso legislativo de conformidad con los artículos 13, 27, 28, 29, 34 y 90 de la Constitución Local, por lo que es falso que existan vicios en el proceso legislativo, además resulta errónea la manifestación de que la reserva por la que se aprobó el artículo 27 Bis de la Ley Electoral no fue discutida, pues son falsas sus manifestaciones. Lo cierto es que de las iniciativas que dieron origen al dictamen, se agregaron tres reservas que fueron puestas a la consideración del Pleno, y para el caso que se reclama, es claro que fue aprobada por la mayoría requerida para ser agregada al cuerpo del Decreto 85, lo cual confirma de nueva cuenta que cada una de las acciones fueron apegadas al procedimiento legal legislativo.

45. La reserva de mérito fue puesta a consideración del Pleno del Congreso del Estado para su discusión, abriéndose el debate correspondiente en la sesión ordinaria del Poder Legislativo de diez de junio de dos mil veinte y el presidente de la mesa directiva declaró abierta esa etapa legislativa; específicamente en cuanto a la reserva de interés, preguntó si algún diputado quería hacer uso de su derecho de manifestarse, a favor o en contra, de lo cual ninguno de los diputados presentes solicitó su intervención, dejando constancia de ello y procediendo a la votación final.

46. Hacer uso de la voz es un derecho que los diputados tienen para ejercer o reservarse.

47. Asimismo, se señala que, aun suponiendo sin conceder que la norma impugnada presentara vicios de forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio en el sentido de que los vicios formales no trascienden la norma si se cumple con el fin último de la norma. Citó la jurisprudencia de rubro: "VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA."

48. El Poder demandado afirma que toda ley tiene la presunción de constitucionalidad que se necesita desvirtuar, por lo que no basta que la parte quejosa diga que son inconstitucionales los artículos y sus respectivas reservas, mediante los cuales se busca fortalecer el principio de paridad de género entendida ésta como la igualdad política entre mujeres y hombres.

49. En el caso, siempre se pugnó por el derecho de participación de las fuerzas políticas con representación en condiciones de igualdad y libertad, es decir, tanto a las mayorías como a las minorías. Por lo que los argumentos se deben declarar inoperantes.

50. El Poder Legislativo manifiesta que la reserva que señala el partido promovente fue presentada para fortalecer el principio de paridad de género entendida ésta como la igualdad política entre mujeres y hombres, garantizando la asignación del 50% de los espacios a la participación de las mujeres, por lo que hace a la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, a fin de armonizarlas con la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Constitución Federal.

51. No existe la antinomia entre los artículos 27 y 27 Bis, ya que el primer artículo señala el procedimiento para la designación de diputados por el principio de representación proporcional, señalando la integración de una lista por cada partido político, y luego el artículo 27 Bis indica que de esa misma lista se integrará una de mujeres y una de hombres, de lo que se desprende que su objeto es otorgar claridad y certeza jurídica al principio de paridad de género.

52. El Poder demandado afirmó que la Sala de Guadalajara del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia dictada en el expediente SG-JD-17/2019, determinó que imponer a los partidos que al establecer los métodos de selección de candidatos, deban respetar en primer término el derecho a la elección consecutiva sobre los criterios de paridad de género, constituía una restricción que no supera el parámetro constitucional.

53. El artículo 41 de la Constitución Federal establece que los partidos políticos deberán postular paritariamente sus candidaturas para los Congresos Federal y Locales, por lo que las leyes electorales se encargaron de determinar diversas medidas para instrumentalizarla. El proceso de armonización legislativa fue atendido por el Congreso Estatal y dio paso a las cuotas de género y a la obligación de los partidos políticos de postular en paridad a los cargos de elección popular. Tal es el caso del decreto impugnado, con lo que se buscó garantizar los derechos de las mujeres. Por lo que se niega que se viole la seguridad jurídica, pues en todo momento se atendió a dicho principio.

54. La reforma es resultado de una serie de reformas que van en cumplimiento a introducir los principios de paridad de género y acciones contra la violencia de género, por lo que la acción de inconstitucionalidad debe declararse infundada.

55. Por otra parte, señala que el Partido Acción Nacional afirma que el Decreto 85 viola el principio de legalidad y seguridad jurídica por incidir en el régimen de coaliciones, materia de regulación del Congreso de la Unión, por lo que se debe destacar que los alegatos son respecto de este régimen, y no sobre ninguna otra modificación que contiene la norma impugnada y, con ello, se trata de destruir el alcance fundamental de la reforma que es lograr que quienes acceden a una diputación sean personas que cuenten con una legitimación directa de la ciudadanía medible en votos emitidos, no en decisiones cupulares de los partidos políticos, siendo lo que se logró con la reforma es arribar a una democracia más representativa con base en el voto público.

56. Los preceptos citados por el partido promovente fueron interpretados a modo de los intereses que representa, siendo que la Constitución Federal contiene las pautas que otorgan la legalidad y constitucionalidad del decreto impugnado. Así, los artículos 40 y 41 de la Ley Fundamental establecen que las entidades federativas son soberanas en lo concerniente a sus regímenes interiores, de modo tal, que las Legislaturas estatales pueden dictar leyes con la única salvedad de no contravenir el Pacto Federal y, en ese sentido, no están obligadas a legislar en idénticos o similares términos a la Federación.

57. Por su parte, el artículo 116, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Federal establece que las Legislaturas estatales se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes, de ahí que sea claro que las entidades federativas tienen libre determinación para reglamentar el procedimiento para la asignación de diputados por ambos principios. El hecho de que el registro de listas haya constituido un derecho no lo convierte en una garantía y principio fundamental ni constitucional y que deba garantizarse su prevalencia.

58. Es falso que exista una invasión al régimen de coaliciones, partiendo de la premisa de que el artículo 73, fracción XXIX-U, de la Constitución Federal señala la facultad del Congreso para expedir leyes que determinen la competencia entre Federación y las entidades federativas relacionada con los partidos políticos, organismos y procesos electorales.

59. La Ley General de Partidos Políticos tiene por objeto regular disposiciones que contempla la Constitución respecto de los mismos; en específico, su artículo primero señala que tiene por objeto regular las formas de participación electoral a través de la figura de coaliciones; por su parte, su artículo 87 establece los requisitos que se deben cumplir para que las coaliciones tengan la posibilidad de participar en las elecciones. Sin embargo, sobre estos artículos prevalece la disposición constitucional que establece que las entidades federativas dictarán las reglas del procedimiento para la asignación de diputaciones; por lo que, lo establecido en el mencionado artículo 87 respecto que "cada uno de los partidos coaligados deberá registrar listas propias de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional", no tiene el alcance que pretende darle la parte promovente, esto es, superponerse a las disposiciones constitucionales que conceden a los Estados establecer conforme a sus leyes el procedimiento para la asignación de diputaciones por los principios de mayoría relativa y representación proporcional.

60. Los preceptos impugnados regulan exclu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29817-de8ac7db/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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