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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA REFORMA A LOS ARTÍCULOS 3, 9, 28 Y 29, ASÍ COMO LA ADICIÓN A LOS ARTÍCULOS 24 BIS Y 24 TER A LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CARECER DE LEGITIMACIÓN EL PARTIDO POLÍTICO PARA IMPUGNAR NORMAS QUE NO SON DE NATURALEZA ELECTORAL (DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA REFORMA A LOS ARTÍCULOS 3, 9, 28 Y 29, ASÍ COMO LA ADICIÓN A LOS ARTÍCULOS 24 BIS Y 24 TER A LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 90/2021. · Registro digital (IUS): 200741
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA .
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 90/2021. PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA. 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. EL MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK EMITIÓ SU VOTO EN CONTRA Y FORMULARÁ VOTO PARTICULAR. EL MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS EMITIÓ SU VOTO CON RESERVAS.PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: LETICIA GUZMÁN MIRANDA.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al uno de septiembre de dos mil veintiuno.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

1. PRIMERO. Presentación de la acción, autoridades emisora y promulgadora, y norma impugnada. Por escrito presentado el miércoles veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, a través del sistema electrónico de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Mario Conrad Favela Díaz, quien se ostentó como Presidente del Comité Estatal del Partido de Baja California, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de dicha entidad, planteando la invalidez del "Decreto No. 225, mediante el cual se aprueba la reforma a los artículos 3, 9, 28 y 29, así como la adición a los artículos 24 Bis y 24 Ter a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California".

2. SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. El partido político actor consideró vulnerados los artículos 14, 16, 105, fracción II, penúltimo párrafo, y 116, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

3. Asimismo, el partido político local esgrimió, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:

I. El Decreto impugnado viola el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución General, por tratarse de una reforma en materia electoral que debió publicarse noventa días antes del inicio del proceso electoral, tomando en consideración que el actual comenzó el seis de diciembre de dos mil veinte.

Se sostiene lo anterior, porque el derecho electoral es el conjunto de normas que regulan el control legal y constitucional de la organización de las elecciones, de modo que la norma impugnada, al modificar la estructura orgánica de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Baja California, encargada de perseguir los delitos cometidos por autoridades o terceras personas que pretendan incidir, afectar o modificar el resultado del proceso electoral, encuadra en la materia electoral.

II. La reforma controvertida transgrede el artículo 116, párrafo segundo, de la Constitución General, dado que, en términos de la Constitución local, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de Baja California es un órgano autónomo e independiente dentro de la estructura política de la entidad, de modo que su integración como dependencia a la Fiscalía General del Estado resulta contraria a lo determinado por el Constituyente local.

III. El proceso legislativo que dio origen a las normas cuestionadas es contrario a los artículos 14 y 16 de la Constitución General, así como el diverso 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues, de conformidad con los artículos 131 al 134 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, cualquier dictamen sometido al conocimiento del Pleno del Congreso estatal debe discutirse primero en lo general y, después, en lo particular, lo que no ocurrió en el presente caso.

4. TERCERO. Admisión y trámite. Por acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido de Baja California, a la que le correspondió el número 90/2021 y, por razón de turno, designó al Ministro Luis María Aguilar Morales como instructor del procedimiento.

5. Por diverso proveído de veintiocho de mayo siguiente, el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que, de manera fehaciente, pudieran acreditarse al momento de dictar sentencia.

6. Tuvo por presentado al promovente; ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California, para que rindieran sus respectivos informes; dio vista a la Fiscalía General de la República, para que formulara su pedimento; dio vista a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, si consideraba que la materia de la acción de inconstitucionalidad trascendía a sus funciones, manifestara lo que a su representación correspondiera; solicitó al Presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California copia certificada de los estatutos vigentes del partido político local, de la certificación de su registro vigente y precisar quién era su representante e integrantes de su órgano de dirección al momento de la presentación de este medio de control constitucional; y, finalmente, solicitó al Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que expresara por escrito su opinión.

7. CUARTO. Comienzo del proceso electoral en el Estado de Baja California. Mediante oficio IEEBC/CGE/3466/2021, enviado a través del sistema electrónico de este Alto Tribunal el nueve de julio de dos mil veintiuno, el Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California informó que, de conformidad con el artículo 5, párrafo cuarto, de la Constitución local, el próximo proceso electoral comenzará el tres de diciembre de dos mil veintitrés.

8. QUINTO. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California. El Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California rindió el informe a cargo del Poder Ejecutivo local, esencialmente, bajo cuatro líneas argumentativas:

I. La acción de inconstitucionalidad resulta improcedente, en términos del artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria, en relación con los diversos 11, párrafo primero, del citado ordenamiento y 105, fracción II, inciso f), de la Constitución General.

Lo anterior, en tanto que el promovente no acompañó las constancias idóneas para acreditar el carácter con el que comparece, pues sólo exhibió copias simples de las cuales no es posible desprender una presunción legal real.

Asimismo, la reforma impugnada no es de naturaleza electoral, dado que no influye directa ni indirectamente en el proceso electoral, en tanto no crea órganos administrativos para fines electorales, no organiza elecciones, no regula financiamiento público, no impone reglas de comunicación social de los partidos, ni límites de las erogaciones y los montos máximos de aportaciones, tampoco crea tipos penales o faltas administrativas de naturaleza electoral.

Por el contrario, la reforma sólo se relaciona con la integración y la estructura orgánica de la Fiscalía, sin modificar ningún aspecto de sus funciones y atribuciones.

II. Contrario a lo sostenido por el accionante, el decreto impugnado no se encontraba sujeto a la regla de publicación contenida en el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución General, dado que no incide en el proceso electoral, al tratarse de una reforma orgánica.

III. Las normas impugnadas no infringen el artículo 116, párrafo segundo, de la Constitución General, dado que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales sigue dotada de autonomía técnica y operativa para ejercer su competencia en la investigación, la prevención y la persecución de los delitos electorales; únicamente, por virtud de la reforma cuestionada, se integra estructuralmente a la Fiscalía General del Estado, lo que es acorde con la Constitución General que establece que la investigación de delitos y el ejercicio de la acción penal le corresponde al Ministerio Público.

Aunado a ello, en todo caso, ningún precepto constitucional establece que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales Estatal debe ser un órgano con autonomía propia.

IV. El procedimiento legislativo no violenta los artículos 14 y 16 de la Constitución General, ni el diverso 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque el dictamen de reformas no se discutió en lo particular en virtud de que ningún legislador formuló reservas.

En tal contexto, el procedimiento legislativo respetó el derecho a la participación de todos los representantes parlamentarios en condiciones de libertad e igualdad, pues en ningún momento se coartó el derecho a formular reservas y la aprobación del dictamen culminó con la correcta aplicación de las reglas de votación.

Finalmente, el Congreso del Estado cuenta con facultades para emitir dicho decreto y los motivos de su actuación se encuentran contenidas en la exposición de motivos correspondiente.

9. SEXTO. Informe del Poder Legislativo del Estado de Baja California. La Presidenta y la Secretaria de la Mesa Directiva de la Vigésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Baja California rindieron el informe a cargo del Poder Legislativo local en el sentido esencial siguiente:

I. Reiteraron, en términos idénticos, las causales de improcedencia invocadas por el Poder Ejecutivo estatal.

II. Respecto al señalamiento de que la reforma combatida no se publicó noventa días antes del inicio del proceso electoral, conforme lo dispone el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución General, señalaron que no se actualizaba ninguno de los elementos para la aplicación de tal regla, a saber, la emisión de una ley electoral y que, una vez iniciado el proceso, no se tratara de una modificación fundamental.

Lo anterior, dado que se trataba de una ley orgánica que regula la organización interna, el funcionamiento y las atribuciones del ente encargado de la investigación, la prevención y la persecución de los delitos electorales.

Aunado a ello, tampoco la reforma cuestionada tiene el alcance de repercutir en el proceso electoral, pues estrictamente se basa en la estructura interna de la Fiscalía General y la adhesión de la diversa encargada de atención de los delitos electorales. Máxime que no se modificaron las facultades de persecución, ni la descripción de los delitos electorales.

Asimismo, tampoco podría considerarse una modificación fundamental, pues no cambia, otorga o elimina algún derecho u obligación dirigida a algún actor político o autoridad.

III. Contrario a lo sostenido por el accionante, la Constitución estatal no otorga alguna característica específica o atribución de autonomía plena a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, lo que revela la facultad del Congreso local para legislar al respecto.

No obstante, dicha fiscalía sí cuenta con autonomía técnica y operativa para actuar en el ejercicio de sus funciones, pero no como un órgano independiente, sino de manera subordinada a la Fiscalía General.

Aunado a ello, la reforma cuestionada fue motivada para ajustarse al modelo federal con motivo de la reforma constitucional al artículo 102, apartado A, de diez de febrero de dos mil catorce, en el sentido de que la función del ministerio público se ejerce por una sola entidad, encabezada por el Fiscal General.

IV. La actuación de la autoridad legislativa satisfizo los requisitos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, pues, conforme a sus reglas, cuando se declare un asunto suficientemente discutido en lo general y no se hubiera solicitado su discusión en lo particular, sometido a votación y, en su caso aprobado, se entenderá que lo es, en lo general y en lo particular, sin necesidad de someterlo nuevamente a votación; siendo que, precisamente, no existió solicitud de discusión en lo particular.

Aunado a ello, las supuestas violaciones al procedimiento legislativo aducidas por el accionante no son determinantes para invalidar el decreto controvertido.

Finalmente, el Congreso local expidió una ley dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución General le confiere, siendo que las razones que lo motivaron se detallaron en la exposición de motivos del dictamen que dio origen al decreto ahora impugnado.

10. SÉPTIMO. Opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mediante oficio TEPJF/P/JLVV/00023/2021, recibido de manera electrónica por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el ocho de junio de dos mil veintiuno, el Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación remitió la opinión del órgano jurisdiccional que representa, manifestando lo siguiente:

I. En relación con la alegada vulneración al artículo 116, párrafo segundo, de la Constitución General, por afectación a la autonomía de la fiscalía especializada, consideró que el tema no era materia de opinión, al no ser un tema exclusivo de derecho electoral, porque el problema jurídico planteado sólo está relacionado con la estructura orgánica de la fiscalía especializada y su dependencia o autonomía a otros órganos administrativos.

II. En relación con las supuestas irregularidades del proceso legislativo, consideró que son cuestiones ajenas a la materia electoral y, por ende, no emitía una opinión.

III. En relación con la posible inconstitucionalidad por violación al plazo de noventa días antes del inicio del proceso para la publicación de una reforma electoral, consideró inviable pronunciarse pues las funciones que realiza la fiscalía especializada no inciden en el desarrollo de los procesos comiciales.

11. OCTAVO. Opinión de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. No formularon opinión en relación con el presente asunto.

12. NOVENO. Cierre de la instrucción y remisión del expediente para formular proyecto de sentencia. Agotado en sus términos el trámite respectivo y previo acuerdo de cierre de instrucción de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se recibió el expediente en la ponencia del Ministro instructor, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

13. DÉCIMO. Radicación en Sala. En atención a la solicitud formulada por el ministro ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala para su radicación y resolución.

CONSIDERANDO:

14. PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, y 11, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, finalmente, en términos de los Puntos Segundo, fracción II, y Tercero del Acuerdo General 5/2013, dado el sentido de la presente resolución.

15. SEGUNDO. Oportunidad. Por razón de orden, en primer lugar, se debe analizar si la acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente.

16. El Decreto número 225, mediante el cual se aprueba la reforma a los artículos 3, 9, 28 y 29, así como la adición de los artículos 24 Bis y 24 Ter de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California fue publicado el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial de la entidad.

17. Así, de conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial, precisando que, como regla general, si el último día del plazo fuera inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. No obstante, en el párrafo segundo del referido precepto se especifica que, en materia electoral todos los días y horas son hábiles, de manera que el cómputo de la oportunidad de una acción de inconstitucionalidad debe realizarse en el entendido de que la demanda debe presentarse antes o durante el día treinta del plazo correspondiente, incluso si se trata de un día que ordinariamente es inhábil.(2)

18. Precisado lo anterior, el plazo de treinta días naturales para promover la acción transcurrió del jueves veintinueve de abril al viernes veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, por lo que, si la demanda fue presentada el miércoles veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, a través del sistema electrónico de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, según se advierte de la evidencia criptográfica de la firma electrónica certificada correspondiente a Mario Conrad Favela Díaz, quien se ostentó como Presidente del Comité Estatal del Partido de Baja California, entonces, su presentación fue oportuna.

19. TERCERO. Legitimación. De conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución General(3) y 62, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de la Materia,(4) los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigentes nacionales, podrán promover acción de inconstitucionalidad en contra de leyes federales o locales; y los partidos políticos con registro en una entidad federativa, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la Legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro

20. Asimismo, con fundamento en los artículos citados, los partidos políticos podrán promover acciones de inconstitucionalidad, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

I. Cuenten con registro ante la autoridad electoral correspondiente.

II. Promuevan por conducto de su dirigencia nacional o estatal, según sea el caso.

III. Quien suscriba a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para ello.

IV. Se impugnen normas de naturaleza electoral y tratándose de partidos políticos con registro estatal, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro.

21. Expuestos los requisitos, debe destacarse que, del oficio número IEEBC/CGE/3466/2020, suscrito por Luis Alberto Hernández Morales, Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California, y de los documentos anexos a éste, se advierte que el "Partido de Baja California" cuenta con registro como partido político local desde el veinticuatro de septiembre de dos mil tres.

22. Por su parte, el artículo 44, fracción VII,(5) de los Estatutos del Partido de Baja California establece que es atribución del Presidente del Comité Ejecutivo Estatal representar el partido ante toda clase de tribunales.

23. Ahora bien, de acuerdo con la certificación anexa al oficio remitido por el Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California, consta que Mario Conrad Favela Díaz, integra el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de Baja California en carácter de presidente.

24. En el caso, según se advierte de la evidencia criptográfica del sistema electrónico de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el escrito de demanda fue presentado mediante la firma electrónica certificada correspondiente a Mario Conrad Favela Díaz.

25. Hasta lo aquí expuesto, ha quedado establecido que el promovente es un partido político local con registro acreditado ante la autoridad electoral correspondiente y que la demanda fue suscrita por quien cuenta con facultad para representar al instituto político, en términos de sus estatutos.

26. Enseguida se analiza si la demanda, cumple con el último de los requisitos señalados, consistente en que la norma impugnada tenga el carácter de electoral.

27. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, esta Segunda Sala analizará las causales de improcedencia que hagan valer las partes en la presente acción, o bien, las que se adviertan de oficio.

28. En sus informes, la autoridad emisora y promulgadora de la norma son coincidentes en señalar que el partido accionante carece de legitimación para instar la acción de inconstitucionalidad dado que el decreto impugnado no es de naturaleza jurídica electoral, por lo que se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII,(6) de la Ley Reglamentaria de la Materia, en relación con el artículo 105, fracción II, inciso f), de la Constitución General y, por tanto, procede el sobreseimiento, con apoyo en el artículo 20, fracción II,(7) del citado ordenamiento legal.

29. A efecto de analizar el planteamiento referido, conviene recordar que en la acción de inconstitucionalidad 10/98(8) este Alto Tribunal definió, para efectos de la acción de inconstitucionalidad, lo que debe entenderse por materia electoral.

30. En aquella ocasión, el Tribunal Pleno acudió a una interpretación armónica y sistemática, así como teleológica, de las disposiciones constitucionales y legales que prevén lo inherente a la acción de inconstitucionalidad en tratándose de leyes electorales para determinar que no sólo son las que establecen el régimen normativo de los procesos electorales propiamente dichos, sino también las que, aunque contenidas en ordenamientos distintos a una ley o código electoral sustantivo, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una manera o de otra, como por ejemplo, distritación o redistritación, creación de órganos administrativos para fines electorales, organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites de las erogaciones y los montos máximos de aportaciones, los delitos y las faltas administrativas y sus sanciones.(9)

31. En ese sentido, tomando en consideración las interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia, esta Segunda Sala considera que, en este caso, el partido accionante no tiene legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad, porque las disposiciones que pretende impugnar no son de naturaleza electoral, de manera que, como lo señalan las autoridades emisora y promulgadora del decreto controvertido, procede el sobreseimiento del presente medio de control constitucional.

32. A efecto de demostrar lo anterior, resulta imprescindible transcribir el contenido del decreto impugnado por el partido accionante:

"DECRETO No. 225

ÚNICO. Se aprueba la reforma a los artículos 3, 9, 28 y 29, así como la adición de los artículos 24 Bis y 24 Ter a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California, para quedar como sigue:

Artículo 3. (...)

I a la X. (...)

XI. Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción: El Fiscal que ejerce funciones de Ministerio Público en delitos relacionados con hechos de' corrupción cometidos por servidores públicos y por particulares;

XII. Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales: El Fiscal que ejerce funciones de Ministerio Público en delitos electorales;

XIII. Guardia Estatal de Seguridad e Investigación: El órgano administrativo desconcentrado de la Fiscalía General, pero bajo su mando, con facultades de seguridad pública e investigación;

XIV. Ministerio Público: 'la Institución del Ministerio Público;

XV. Oficialía Mayor: Entidad encargada de la administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la Fiscalía General; y,

XVI. Servicio de Carrera: El Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado.

Artículo 9. (...)

I. Fiscalía Central, misma que se integra a su vez por:

a. al e. (...)

f. Fiscalía Regional de San Quintín;

g. Fiscalía Especializada en Delitos Contra Mujeres por Razón de Género;

h. Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida;

i. Fiscalía Especializada en Narcomenudeo;

j. Fiscalía Especializada en Derechos Humanos;

k. Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes;

1. Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales;

m. Fiscalía de Unidades Especializadas;

n. Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica;

o. Unidad de Procedimientos de Extinción de Dominio; y,

p. Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Tortura.

II. la X. (...)

XI. Consejería Jurídica;

XII. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales;

XIII. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; y,

XIV. Los demás que establezcan las leyes y reglamentos.

(...)

Artículo 24 BIS. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. La Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales es un órgano dependiente de la Fiscalía General del Estado con autonomía técnica y operativa. Estará a cargo de un Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, que será competente para la investigación, prevención y persecución de los delitos electorales.

Los requisitos para ocupar el cargo, la duración en el mismo, así como el nombramiento y remoción de su titular, será de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

La estructura orgánica, las atribuciones y facultades específicas estarán determinadas en la presente Ley, las leyes aplicables y el Reglamento correspondiente.

Artículo 24 TER. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es un órgano dependiente de la Fiscalía General del Estado con autonomía técnica y operativa. Estará a cargo de un Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, que será competente para la investigación, prevención y persecución de los delitos contenidos en el Título Segundo, Sección Cuarta del Libro Segundo del Código Penal para el Estado de Baja California.

Los requisitos para ocupar el cargo, la duración en el mismo, así como el nombramiento y remoción de su titular, será de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

La estructura orgánica, las atribuciones y facultades específicas estarán determinadas en la presente Ley, las leyes aplicables y el Reglamento correspondiente.

Artículo 28. (...)

I. Coordinación de la Guardia Estatal de Seguridad;

II. Coordinación de la Agencia Estatal de Investigación;

III. Dirección de Control, Comando, Comunicación y Cómputo;

IV. Dirección de Servicios de Seguridad Privada;

V. Dirección del Sistema de Información de Seguridad; y,

VI. Coordinación del Centro Estatal de Denuncia Anónima.

Las atribuciones, obligaciones, requisitos y características orgánicas de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación estarán determinadas por la presente Ley y su reglamentación.

Artículo 29. (...)

a al d. (...)

e. Derogado.

f. Derogado.

g. Derogado.

h. Derogado.

i a la j. (...).

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente reforma entrará en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. El Fiscal General del Estado, emitirá las disposiciones reglamentarias derivadas del presente Decreto en un tiempo que no excederá de 30 días naturales, contados a partir de la publicación del decreto en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

TERCERO. El Fiscal General del Estado, deberá realizar todas las acciones administrativas y presupuestales necesarias garantizar la correcta operación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Baja California y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Baja California.

El presupuesto que el Congreso del Estado haya destinado a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Baja California, para el ejercicio Fiscal, deberá ejercerse en los términos autorizados por la legislatura Estatal.

CUARTO. Se Abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial No. 71, de fecha 13 de noviembre de 2020, Sección 11, Tomo CXXVII.

QUINTO. Se Abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Baja California, Publicada en el Periódico Oficial No. 61, Tomo CXXVI, Sección 1, de fecha 13 de diciembre de 2019.

SEXTO. Los recursos humanos y financieros, tratándose del personal de base sindicalizado, mantendrán su relación laboral en el Gobierno Central del Poder Ejecutivo, realizando los mismos, sus funciones como personal comisionado ante la Fiscalía General del Estado, de acuerdo a su experiencia, salvaguardando en todo momento sus derechos adquiridos y prestaciones establecidas en la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores del Estado y Municipios, así como en sus Condiciones Generales de Trabajo vigentes."

33. Como puede advertirse y para lo que al caso interesa, por virtud del Decreto número 255 impugnado se abrogó la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Baja California y se incorporó una Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales como parte de la estructura orgánica de la Fiscalía General del Estado, con autonomía técnica y operativa, a cargo de un Fiscal Especializado y con competencia para la investigación, la prevención y la persecución de los delitos electorales.

34. Asimismo, el decreto impugnado dispuso que los requisitos para ocupar el cargo de Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, la duración en el cargo, su nombramiento y la remoción de su titular, serán de conformidad con lo establecido en la Constitución del Estado; mientras que la estructura orgánica, las atribuciones y las facultades específicas se determinarán en la Ley Orgánica de la Fiscalía Genera

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200741-69bbd75c/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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