I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 232 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTE). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD EN EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA –TREINTA DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA IMPUGNADA– (DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 232 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTE).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 262/2020. PARTIDO POLÍTICO NACIONAL MOVIMIENTO CIUDADANO. 19 DE NOVIEMBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE ONCE VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ESQUIVEL MOSSA, FRANCO GONZÁLEZ SALAS, AGUILAR MORALES, PARDO REBOLLEDO, PIÑA HERNÁNDEZ, RÍOS FARJAT, LAYNEZ POTISEK, PÉREZ DAYÁN Y PRESIDENTE ZALDÍVAR LELO DE LARREA. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIOS: LUIS ALBERTO TREJO OSORNIO Y CLAYDE A. SALDÍVAR ALONSO.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diecinueve de noviembre de dos mil veinte.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Presentación de la acción, autoridades emisora y promulgadora y norma impugnada. Por escrito depositado en el buzón judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el veintidós de septiembre de dos mil veinte, José Clemente Castañeda Hoeflich, Alfonso Armando Vidales Vargas Ochoa, Rodrigo Herminio Samperio Chaparro, Maribel Ramírez Topete –cuya firma no aparece en el apartado correspondiente–, Royfid Torres González, Perla Yadira Escalante Domínguez, Vania Roxana Ávila García –cuya firma no aparece en el apartado correspondiente–, Ana Rodríguez Chávez –cuya firma no aparece en el apartado correspondiente–, Verónica Delgadillo García y Jorge Álvarez Máynez, quienes ostentándose como coordinador, integrantes y secretario general de Acuerdos, respectivamente, de la Comisión Operativa Nacional del partido político nacional Movimiento Ciudadano, promueven acción de inconstitucionalidad en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Puebla, planteando la invalidez del Decreto por el que se reforma la fracción IV y se adiciona la fracción IV Bis al artículo 232 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, publicado el viernes veinticuatro de julio de dos mil veinte, en el Periódico Oficial de la entidad.
2. SEGUNDO.—Preceptos constitucionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. El partido político actor consideró vulnerados los artículos 1o., 14, 16, 35, 41, 105, fracción II, penúltimo párrafo, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 12 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
3. Asimismo, el partido político nacional esgrimió, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:
4. 1o. Expresa que el decreto impugnado viola el principio de irretroactividad de la ley, reconocido en el artículo 14, párrafo primero, de la Constitución General, porque fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad el quince de septiembre de dos mil veinte, pero con una fecha anterior correspondiente al veinticuatro de julio del mismo año.
5. En apoyo a su postura, cita la jurisprudencia P./J. 123/2001, de rubro: "RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA."
6. 2o. Aduce que, al modificarse retroactivamente la publicación del decreto controvertido, no se siguieron las formalidades legislativas mínimas para que la reforma y la adición al artículo 232 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla tuviera validez, toda vez que considera que existe una violación al procedimiento legislativo cometida en la publicación.
7. Sostiene que, aunque la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha señalado que los vicios del procedimiento legislativo con efecto invalidante son aquellos que inhiben la discusión democrática, lo cierto es que mediante una interpretación de los artículos 14 y 72 de la Constitución General es posible concluir que el caso actualiza un vicio al procedimiento legislativo, porque la autoridad emisora publicó retroactivamente el decreto impugnado, a efecto de evitar su judicialización.
8. En apoyo a su argumento, cita la jurisprudencia P./J. 11/2011, de rubro: "PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. CUANDO EXISTAN INCONSISTENCIAS DURANTE LA VOTACIÓN, EL ÓRGANO PARLAMENTARIO DEBE TOMAR LAS MEDIDAS MÍNIMAS NECESARIAS PARA SOLVENTARLAS, DEJANDO CONSTANCIA Y DOCUMENTANDO LA SECUENCIA DE LOS HECHOS."
9. 3o. Alega que la publicación del decreto cuestionado, toda vez que en realidad aconteció el quince de septiembre de dos mil veinte –y no el veinticuatro de julio de dicho año–, se emitió vulnerando el plazo de noventa días previos al inicio del proceso electoral, lo que configura una violación al artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución General.
10. Lo anterior es así, porque el artículo 79, párrafo segundo, del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla establece que el consejo general se reunirá entre los días tres y cinco del mes de noviembre del año previo al de la jornada electoral para declarar el inicio del proceso electoral, por lo que es evidente que el decreto en mención fue publicado dentro de los noventa días previos a que inicie el proceso electoral local, esto es, vulnerando el periodo de veda legislativa.
11. A efecto de reforzar su argumento, cita lo determinado por este Alto Tribunal al resolver la acción de inconstitucionalidad 9/99 y su acumulada, en la que se determinó que el Periódico Oficial de una entidad federativa, que contenía las reformas electorales impugnadas, se publicó materialmente en una fecha diversa y, por tanto, fuera del plazo constitucional permitido.
12. 4o. Considera que el decreto impugnado vulnera el principio de seguridad jurídica, en su vertiente de confianza legítima, dado que el artículo 232 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla restringe el uso de la propaganda electoral al reducir los medios en los que pueden expresarse los candidatos y los partidos políticos; disminución que, finalmente, concluye que incide en la calidad de la discusión democrática, así como en la seguridad jurídica de los candidatos y los votantes.
13. Cita, en apoyo a su argumento la tesis 2a. XXXVIII/2017 (10a.), de título y subtítulo: "CONFIANZA LEGÍTIMA. SU APLICACIÓN EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO RESPECTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS."
14. 5o. Considera que el decreto impugnado viola el principio de legalidad, reconocido en el artículo 16 de la Constitución General, toda vez que el dictamen que le dio origen carece de motivación reforzada, pese a afectar derechos políticos que, estima, se encuentran especialmente protegidos en el artículo 29 de la Constitución, dado que no pueden suspenderse ni aun en estado de excepción. Al respecto, sostiene que cobra aplicación analógica la jurisprudencia P./J. 120/2009, de rubro: "MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS."
15. Alega que el dictamen del decreto realiza una indebida motivación, en atención a que tergiversa y desatiende la finalidad de la propaganda electoral, en relación con la definición establecida en el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la interpretación que sobre la materia ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues considera que no existe relación lógica ni formal entre la definición de propaganda electoral y la prohibición establecida por el legislador local.
16. Sobre esa línea de pensamiento, estima que resulta excesiva la prohibición de colocar propaganda electoral en revistas, libros o diarios, que identifique a los candidatos que compiten en una contienda electoral, dado que ni el Constituyente ni el legislador federal restringieron a ese grado tal posibilidad, en virtud de que la propaganda electoral tiene un fin constitucionalmente válido, como lo es que la ciudadanía conozca a los candidatos, a fin de garantizar el derecho a ser votado.
17. En su opinión, las únicas restricciones aplicables a la propaganda electoral son la prohibición de calumniar y la colocación de cierto tipo de equipamiento urbano o de promocionales utilitarios, establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no así la contratación de lo que estima espacios lícitos como son las revistas, libros y diarios, que se trata de medios de divulgación de información y que permiten la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos políticos y el fomento de una auténtica cultura democrática.
18. Aduce que la ausencia de una motivación reforzada por parte del legislador local se traduce, además, en límites excesivos al derecho a ser votado y a la libertad de información y de expresión, que deben ser maximizados en el contexto del debate público.
19. Lo anterior, pese a que en el dictamen del decreto impugnado se pretendió equiparar las prohibiciones establecidas por el legislador local, con las prohibiciones previstas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, relacionados con cierto tipo de utilitarios, a fin de que se empleen aquellos que sean elaborados con materiales reciclables, biodegradables, que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente, y con la prohibición de colocar propaganda electoral en equipamiento urbano que obstaculice la visibilidad de señalamientos que permitan a las personas transitar y orientarse dentro de los centros de población, fijarla o pintarla en elementos de equipamiento urbano, carretero o ferroviario, o en accidentes geográficos, colgarse, fijarse o pintarse en monumentos o edificios públicos.
20. 6o. Aduce que la adición y la reforma al artículo 232 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, establece límites indebidos a la propaganda electoral, lo que vulnera la libertad de expresión y la difusión de información en materia política, en términos de los artículos 6o., 7o., 35, 40 y 41, fracción III, apartado C, de la Constitución General.
21. Sostiene que tanto los candidatos como los partidos políticos tienen derecho a expresarse dentro de la contienda electoral usando la propaganda como vehículo, con la finalidad de una discusión democrática que permita al electorado tener la mejor información posible para la toma de decisiones.
22. Asimismo, señala que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Ricardo Canese Vs Paraguay, reconoció la importancia de la libre difusión de información en el periodo electoral, considerando indispensable que se proteja y garantice la libertad de expresión en el debate político que precede a las elecciones de las autoridades estatales que gobernarán un Estado. De manera que el debate democrático implica que se permita la circulación libre de ideas e información respecto de los candidatos y sus partidos políticos por parte de los medios de comunicación, de los propios candidatos y de cualquier persona que desee expresar su opinión o brindar información.
23. De modo que la reforma impugnada, al establecer, bajo la premisa de disminuir la contaminación visual, una prohibición de colocar propaganda electoral en mamparas, bastidores u otros accesorios, en espectaculares, pantallas electrónicas, publicaciones impresas, muros y otros, limita seriamente los alcances de la expresión política y viola los artículos 6o., 35, fracciones I y II, y 41 de la Constitución General, en los términos siguientes:
24. I. Inconstitucionalidad de la institución de una censura indirecta. Con apoyo en el artículo 41 de la Constitución General y en diversos criterios de las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de libertad de expresión e información, sostiene que existe, no sólo un derecho por parte de los partidos políticos y sus candidatos a expresarse libremente, sino también a contar con la infraestructura necesaria para ello, lo que se violenta al disminuir las posibilidades de poder expresar puntos de vista y hacer identificables a los candidatos.
25. Aduce que, en la jurisprudencia P./J. 26/2007, de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES.", este Tribunal Pleno determinó que la censura es una limitante realizada por el Estado a un mensaje, por oponerse al mismo; de modo que al disminuirse la emisión de la propaganda con motivo de la norma impugnada se realiza una censura, pues reduce, de manera anticipada, la expresión política necesaria para llevar a cabo el sano debate, sin que exista un sustento constitucional o legal.
26. Alega que el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe los mecanismos de censura indirecta, tales como el abuso de controles oficiales o cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Asimismo, considera que, en nuestra Constitución, el artículo 7o., párrafo segundo, además de prohibir la censura previa y coartar la libertad de difusión, impide que los medios para difundir información sean incautados bajo el argumento de que son instrumentos del delito.
27. De modo que el decreto impugnado prohíbe desproporcionalmente colocar propaganda electoral, lo que afecta la libertad de expresión política, al establecer un mecanismo de censura indirecta que evita la circulación de cualquier tipo de información electoral.
28. II. Inconstitucionalidad de la institución de un mecanismo amedrentador. Arguye que la prohibición de circular propaganda no sólo constituye un mecanismo de censura, sino que también genera un efecto disuasor o chilling effect, pues la norma pudiera representar una sanción que inhibe a los partidos y a los candidatos de intentar difundir propaganda en general y, particularmente, afecta a los partidos emergentes que tratan de darse a conocer.
29. Cita en apoyo a su postura las tesis aisladas 1a. XXXIII/2016 (10a.) y 1a. CCCXCIX/2015 (10a.), de títulos y subtítulos: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. LOS PERIODISTAS CUENTAN CON INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR EN AMPARO, SIN ACTO DE APLICACIÓN PREVIO, EL ARTÍCULO 398 BIS, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, POR SU POTENCIAL DE AFECTACIÓN EN LAS CONDICIONES DE ACCESO A LA DELIBERACIÓN PÚBLICA." y "ACCESO A LA INFORMACIÓN. LAS NORMAS PENALES NO PUEDEN RESTRINGIR EL GOCE DEL NÚCLEO ESENCIAL DE ESTE DERECHO."
30. III. Inconstitucionalidad por violación al derecho a buscar y recibir información política. Con base en la jurisprudencia P./J. 54/2008, de rubro: "ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL.", sostiene que adicionalmente al derecho de difundir información en el contexto de una elección, existe el derecho correlativo a buscar y recibir información, reconocido en el artículo 6o. de la Constitución General, el cual puede ser individual o colectivo.
31. A partir de lo anterior, señala que el decreto impugnado establece un cerco informativo al no permitir que circule la propaganda electoral, violando el derecho a buscar y recibir información política; particularmente, en la porción normativa "cualquier otro elemento que contenga la imagen, nombre, símbolos, siglas o elementos que induzcan a la persona a saber que se trata de determinado candidato o candidata a un cargo de elección popular" cuyo propósito no es disminuir la contaminación visual en Puebla, sino restringir el acceso a la información.
32. 7o. Adicionalmente, sostiene que el decreto afecta los derechos políticos reconocidos en los artículos 35 constitucional y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los diversos 1o., 39, 41, 29 y 134 de la Carta Magna, en las siguientes cuatro vertientes:
I. Derecho a votar y ser votado. Sostiene que el prohibir que en las portadas de revistas, libros, anuncios de entrevistas o de diarios, o cualquier otro elemento que contenga la imagen, nombre, símbolos, siglas o elementos que "induzcan a la persona a saber que se trata de determinado candidato o candidata a un cargo de elección popular" viola el derecho a votar, toda vez que dificulta a la ciudadanía saber cuáles opciones tiene para emitir el sufragio; asimismo, viola el derecho a ser votado, por establecer límites indebidos que inhiben que cualquier candidato pueda publicitarse.
Cita, en apoyo a su postura, la jurisprudencia P./J. 13/2012 (10a.), de rubro: "DERECHO A SER VOTADO. LOS REQUISITOS PARA SER REGISTRADO COMO CANDIDATO A UN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR SÓLO PUEDEN SER LOS DERIVADOS DIRECTAMENTE DE LOS DIVERSOS DE ELEGIBILIDAD."
II. Garantías institucionales de los partidos políticos. Considera que el decreto impugnado compromete las funciones constitucionales de los partidos políticos como vehículos de acceso al poder para los ciudadanos y en la promoción de la democracia en sí, pues el instrumento primordial para el cumplimiento de ello es la libre expresión de ideas, lo que no se obtiene al inhibir la posibilidad de que se comunique a la población quiénes son los candidatos en los comicios, a qué partido se asocian y qué es lo que proponen.
III. Equidad en la contienda. En opinión del partido accionante, el mecanismo establecido por el legislador poblano pudiera dar una ventaja indebida al partido gobernante en la entidad, manifestando que, por el solo hecho de ser autoridad, cuenta con un espacio de visibilidad que otras fuerzas no tienen y que da lugar a que desde el poder se apoye a candidatos afines.
IV. Derecho a la democracia. Argumenta que la expresión libre de opiniones es una forma de participación política directa que sólo admite como límites los establecidos en el numeral 2 del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto es, que la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos de participar en la dirección de los asuntos públicos, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por Juez competente, en proceso penal.
Asimismo, sostiene que se afecta el ejercicio del derecho a la libre expresión como un medio para controlar popularmente el ejercicio del poder mediante la expresión de reclamos legítimos a las autoridades y, finalmente, para alterar y modificar la forma de gobierno por medio de mecanismos de soberanía popular.
33. TERCERO.—Admisión y trámite. Por acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por el partido político nacional Movimiento Ciudadano, a la que le correspondió el número 262/2020 y, por razón de turno, designó al Ministro Luis María Aguilar Morales como instructor del procedimiento.
34. Por diverso proveído de veintiocho de septiembre del mismo año, el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad, teniendo por presentados a los promoventes, con excepción de Maribel Ramírez Topete, Vania Roxana Ávila García y Ana Rodríguez Chávez, respecto de las que advirtió que, si bien eran mencionadas en los apartados correspondientes al nombre del actor y a las firmas del escrito de demanda, lo cierto era que no lo suscribían; asimismo, determinó que, aunque la demanda fue suscrita por Jorge Álvarez Máynez, ostentándose como secretario general de Acuerdos de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, de la lectura de los estatutos del partido político nacional, no se desprendía facultad alguna para reconocerle personalidad como representante legal del accionante.
35. Por otro lado, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Puebla para que rindieran sus respectivos informes; dio vista a la Fiscalía General de la República para que formulara pedimento; dio vista a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, si considerara que la materia de la acción de inconstitucionalidad trasciende a sus funciones, manifestara lo que a su representación corresponda; solicitó al presidente del Instituto Nacional Electoral que enviara copia certificada de los estatutos vigentes del partido político nacional Movimiento Ciudadano, de la certificación de su registro vigente y precisara quién era su representante e integrantes de su órgano de dirección nacional al momento de la presentación de este medio de control constitucional; requirió al consejero presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla para que informara a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la fecha en que comenzaría el proceso electoral en la entidad; y solicitó al presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que expresara por escrito su opinión en relación con este medio de control constitucional.
36. CUARTO.—Comienzo del proceso electoral en el Estado de Puebla. Mediante oficio depositado en el buzón judicial el nueve de octubre de dos mil veinte y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el trece siguiente, el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Puebla informó que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 79, párrafo segundo, del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, el próximo proceso electoral comenzará entre el tres y cinco de noviembre de dos mil veinte.
37. QUINTO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla. El director de Procedimientos Constitucionales de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Puebla rindió el informe a cargo del Poder Ejecutivo Local, en el que dio respuesta a cada uno de los conceptos de invalidez formulados por el partido político nacional accionante en el sentido siguiente:
38. 1o. Sostiene que los actos relativos a la promulgación y a la orden de publicación son válidos, pues fueron realizados conforme a las facultades y las obligaciones determinadas en la Constitución Estatal.
39. 2o. Considera que se actualiza la causal de improcedencia relativa a la ausencia de conceptos de invalidez, dado que el accionante no desarrolla razonadamente los argumentos por los que considera que la norma general es inválida, sino que sólo realiza afirmaciones que no constituyen una causa de pedir. En apoyo a su postura, cita la jurisprudencia P./J. 17/2010, de rubro: "ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ DEBE SOBRESEERSE EN LA ACCIÓN Y NO DECLARARLOS INOPERANTES."
40. 3o. Alega que la reforma y la adición al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla fue realizada el veinticuatro de julio de dos mil veinte y no el veintinueve de los mismos mes y año, como refiere la accionante.
41. Asimismo, sostiene que la validez de una norma general deriva de su publicación oficial impresa, es decir, a partir de la existencia de ejemplares impresos del Periódico Oficial y no con motivo de su divulgación. Sobre esta misma línea, alega que las páginas de Internet del Periódico Oficial del Estado y del Orden Jurídico Poblano son sitios sólo para efectos de divulgación, como expresamente se señala en la página de Internet del Periódico Oficial del Estado mediante la leyenda "La publicación electrónica del Periódico Oficial será únicamente para efectos de divulgación, por lo que no afecta la entrada en vigor, ni el contenido oficial de los materiales publicados en formato impreso."
42. Sostiene que las páginas de Internet son medios de divulgación que apoyan al Periódico Oficial del Estado, pero de ello no se sigue que tengan mayor valor que el ejemplar impreso, el que se encuentra en las oficinas del multicitado periódico con ejemplares disponibles a los particulares para su venta y/o consulta.
43. 4o. Asimismo, sostiene que las notas periodísticas citadas en el escrito de demanda sólo expresan la opinión del autor, es decir, se trata opiniones privadas que resultan insuficientes para estimar que la información que contienen se encuentra apegada a la realidad, dado que son el resultado de una investigación periodística y de la interpretación propia del redactor. De ahí que lo consignado en las notas periodísticas no puede tenerse como un hecho verídico, público o notorio, toda vez que su contenido sólo es imputable al autor, mas no así a quienes se ven involucrados en ella, dado que se desconoce las fuentes empleadas, o bien, es resultado de la interpretación del redactor.
44. 5o. Por otra parte, aduce que los conceptos de invalidez hechos valer resultan inoperantes, porque no guardan relación con la esencia de la reforma y la adición, e infundados, porque no existe violación a la libertad de expresión, ni se generan límites excesivos, tampoco mecanismos de censura previa o de disuasión, como lo sostiene el accionante. Por el contrario, considera que el decreto impugnado cuenta con una perspectiva de igualdad de oportunidades, al considerar diversos aspectos en beneficio de la equidad de los candidatos, reglando la manera de ofrecer la publicidad y la propaganda a los ciudadanos.
45. Continúa señalando que la reforma de ninguna manera limita la libre expresión, ya que existen diversos medios y formas de ofrecer publicidad. De hecho, que el dictamen de minuta aprobado fue propuesto por las Comisiones Unidas en atención a lo que establece el artículo 41, párrafo primero, fracción III, de la Constitución General, referente a que los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social y que los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los términos que establezca la ley.
46. Sostiene que debe considerarse la definición de propaganda electoral establecida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, así como los criterios sostenidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la materia, para no perder de vista que han surgido figuras como la propaganda comercial, mediante las que se ha intentado disfrazar a la propaganda electoral, pretendiendo beneficiar a un partido político y reducir el número de simpatizantes de otros, sin estar sujeta a la normatividad relativa.
47. Alega que, conforme al artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y desde una perspectiva democrática, las estructuras jurídicas deben reglamentar el ejercicio de los derechos y las oportunidades en la elección de los representantes dentro del esquema de partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, por lo que el legislador poblano, en ejercicio de su función estatal para organizar las elecciones y en atención a los principios que rigen la materia electoral, dotó de un marco legal que fortalece la certeza y la equidad en la contienda electoral, lo que obliga a incorporar elementos que hagan efectiva la competencia entre los contendientes dentro de un proceso electoral a fin de obtener un cargo público.
48. En apoyo a sus argumentos, cita lo resuelto por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas, en la que se reconoció la constitucionalidad del artículo 250, párrafo 1, incisos a), b) y d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al considerar que resulta válido que la legislación secundaria establezca modalidades para el despliegue de la propaganda electoral, sobre todo, en casos en los que se protege de su posible deterioro al mobiliario instalado en la vía pública; la función óptima de los señalamientos viales; el respeto de la propiedad privada, salvo el consentimiento de su dueño; y la prestación eficiente de los servicios carreteros y ferroviarios; finalidades que responden al respeto de los derechos de terceros.
49. 6o. Arguye que el decreto impugnado pretende la racionalización de la propaganda electoral, estableciendo un balance entre la libertad de expresión y los principios de equidad, certeza y legalidad, bajo condiciones que aseguren la igualdad en la adquisición de espacios para colocar propaganda electoral; al respecto, considera que cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 61/2009, de rubro: "PROPAGANDA ELECTORAL. ES VÁLIDO QUE LAS CONSTITUCIONES Y LEYES LOCALES DESARROLLEN LOS PRINCIPIOS PREVISTOS SOBRE DICHA MATERIA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."
50. Además, señala que el decreto impugnado toma en cuenta la opinión presentada por la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático referente a la contaminación visual; la opinión de las Comisiones Unidas sobre la necesidad de regular el beneficio inequitativo de ciertos actores y la imagen urbana de las comunidades; asimismo, la necesidad de regular la propaganda en cualquier espacio de los vehículos destinados a la prestación del servicio público de transporte; todo con el fin de garantizar, por un lado, la prestación de un servicio público adecuado y, por otro, alcanzar la equidad en la contienda.
51. SEXTO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Puebla. La secretaria general del Congreso del Estado de Puebla rindió el informe a cargo del Poder Legislativo Local, en el que dio respuesta a los conceptos de invalidez formulados por el partido político nacional accionante en el sentido siguiente:
52. 1o. Sostiene que el escrito de demanda fue presentado después de los treinta días que establece la Constitución General para promover acción de inconstitucionalidad, dado que el decreto impugnado fue publicado el veinticuatro de julio de dos mil veinte y el escrito respectivo fue presentado el veintidós de septiembre siguiente.
53. 2o. Considera que los conceptos de invalidez hechos valer son inoperantes, en virtud de que, contrario a lo que alega el accionante, el decreto impugnado se encuentra motivado, como se desprende de la exposición de motivos –que hace alusión a una serie de estudios relativos a la propaganda electoral– y del dictamen aprobado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, la de Transporte y Movilidad, y la d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29930-a766c70f/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATA (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- ACREDITACIÓN Y REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. LOS ARTÍCULOS 31, PÁRRAFO PRIMERO Y 32 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA, REFORMADOS MEDIANTE D (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER GENERA (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER GENERA (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SON LOS ÚNICOS QUE PUEDEN COMBATIR EN ESTA VÍA LEYES ELECTORALES.- (12)
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SON LOS ÚNICOS QUE PUEDEN COMBATIR EN ESTA VÍA LEYES ELECTORALES. (P./J. 27/99)
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SON LOS ÚNICOS QUE PUEDEN COMBATIR EN ESTA VÍA LEYES ELECTORALES. (55)
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR A TRAVÉS DE ESE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL LAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA (P. VII/2009 )
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis