ACREDITACIÓN Y REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. LOS ARTÍCULOS 31, PÁRRAFO PRIMERO Y 32 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA, REFORMADOS MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2012, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE CERTEZA ELECTORAL. CONSEJEROS DISTRITALES Y MUNICIPALES EN EL ESTADO DE PUEBLA. EL DISEÑO NORMATIVO QUE REGULA EL PLAZO DE SU DESIGNACIÓN NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA Y OBJETIVIDAD EN MATERIA ELECTORAL. CONSEJOS DISTRITALES. LOS ARTÍCULOS 114, PÁRRAFO PRIMERO Y 117, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA, REFORMADOS MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2012, NO VULNERAN EL PRINCIPIO DE CERTEZA ELECTORAL. PROCESO ELECTORAL Y ETAPA DE PREPARACIÓN DE ELECCIONES. LOS ARTÍCULOS 79, PÁRRAFO SEGUNDO, 186 Y 189 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2012, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE CERTEZA EN LA MATERIA. REGISTRO DE PLATAFORMA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 205, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2012, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE CERTEZA ELECTORAL.
CONSEJEROS DISTRITALES Y MUNICIPALES EN EL ESTADO DE PUEBLA. EL DISEÑO NORMATIVO QUE REGULA EL PLAZO DE SU DESIGNACIÓN PREVISTO EN EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DE LA ENTIDAD, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2012, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA Y OBJETIVIDAD EN MATERIA ELECTORAL, CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por mayoría de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea)
CONSEJOS DISTRITALES EN EL ESTADO DE PUEBLA. LOS ARTÍCULOS 114, PRIMER PÁRRAFO Y 117, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DE ESA ENTIDAD, REFORMADOS MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2012, NO CONTRARÍAN EL PRINCIPIO DE CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por mayoría de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea)
ELECCIONES EN EL ESTADO DE PUEBLA. EL ARTÍCULO 205, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DE ESA ENTIDAD, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2012, AL DISPONER QUE EL PARTIDO POLÍTICO DEBE PRESENTAR Y OBTENER EL REGISTRO DE LA PLATAFORMA ELECTORAL ANTE EL CONSEJO GENERAL, EN EL MES DE MARZO DEL AÑO DE LA ELECCIÓN, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por mayoría de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea)
ELECCIONES EN EL ESTADO DE PUEBLA. LOS ARTÍCULOS 31, PRIMER PÁRRAFO Y 32 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA, REFORMADOS MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2012, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por mayoría de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea)
ELECCIONES EN EL ESTADO DE PUEBLA. LOS ARTÍCULOS 79, PÁRRAFO SEGUNDO, 186 Y 189 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DE ESA ENTIDAD, REFORMADOS MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2012, AL ESTABLECER QUE EL PROCESO ELECTORAL Y LA ETAPA DE PREPARACIÓN DE AQUÉLLAS, COMENZARÁN CON LA PRIMERA SESIÓN QUE EL CONSEJO GENERAL CELEBRE EN LA PRIMERA SEMANA DE FEBRERO DEL AÑO EN QUE DEBAN REALIZARSE, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por mayoría de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea)
LEGISLACIÓN ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA. EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DE ESA ENTIDAD, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2012, NO VIOLA EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE ORDENA PROMULGAR Y PUBLICAR LEYES ELECTORALES POR LO MENOS NOVENTA DÍAS ANTES DEL INICIO DE LOS PROCESOS ELECTORALES EN QUE VAYAN A APLICARSE, NI LOS NUMERALES 16 Y 133 DE LA LEY FUNDAMENTAL. (Razones aprobadas por mayoría de seis votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. La Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos votó por el sentido pero en contra de las consideraciones)
PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE CULMINÓ CON LA EMISIÓN DEL DECRETO POR EL QUE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2012. RESPETA LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA DEMOCRACIA DELIBERATIVA. (Razones aprobadas por mayoría de siete votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Olga Sánchez Cordero de García Villegas)
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 48/2012 Y SU ACUMULADA 52/2012. PROMOVENTES: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 9 DE JULIO DE 2013. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: RUBÉN JESÚS LARA PATRÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día nueve de julio de dos mil trece.
VISTOS; para resolver, los autos correspondientes a la acción de inconstitucionalidad 48/2012 y su acumulada 52/2012, promovidas por el Partido Acción Nacional y la procuradora general de la República, respectivamente, para combatir el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa en cita el tres de septiembre de dos mil doce; y,
RESULTANDO:
(1) I. Acción de inconstitucionalidad del Partido Acción Nacional. Mediante escrito de veintiuno de septiembre de dos mil doce(1) recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veinticinco del mismo mes y año, Gustavo Enrique Madero Muñoz, ostentándose como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, presentó demanda de acción de inconstitucionalidad.
(2) Dentro del ocurso en comento, señaló que reclamaba la reforma a los artículos 31, 32, 79, segundo párrafo, 114, primer párrafo, 117, primer párrafo, 186, 189 y 205, segundo párrafo, del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, modificados mediante decreto publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa en comento, de tres de septiembre de dos mil doce, que entró en vigor el mismo día de su aprobación.
(3) Adicionalmente, señaló que, en su concepto, el acto que combatía era violatorio de los artículos 14, 16, 40, 41, primer párrafo, 105, fracción II, párrafo cuarto, 115, párrafo primero, 116, párrafo segundo y fracción IV, y 133 de la Constitución General de la República.
(4) Por último, indicó que el órgano que emitió la norma general impugnada fue el Quincuagésimo Octavo Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, así como diversos órganos que lo integran, como las Comisiones Permanente, y de Gobernación y Puntos Constitucionales, y precisó que quienes promulgaron la norma combatida fueron el gobernador constitucional de la entidad en cita, y el secretario general de Gobierno.
(5) Visto el escrito de demanda referido, mediante acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil doce,(2) el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad que se comenta, a la que recayó el número de expediente 48/2012, y remitirla al Ministro Luis María Aguilar Morales, a quien por turno le correspondió, como se desprende de la certificación que, al efecto, emitió el secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.(3)
(6) Por acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil doce,(4) el Ministro instructor admitió la demanda en cita y, en lo que importa, ordenó darle el trámite legal respectivo.
(7) II. Acción de inconstitucionalidad de la procuradora general de la República. Mediante oficio número PGR/848/2012, de tres de octubre de dos mil doce, recibido el mismo día en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la procuradora general de la República presentó escrito inicial de demanda de acción de inconstitucionalidad,(5) en el que señaló, como acto combatido, el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla,(6) publicado en el Periódico Oficial de la entidad el tres de septiembre de dos mil doce.
(8) La promovente señaló que los artículos vulnerados con el acto combatido eran el 16, 105, fracción II, último párrafo, 116, fracción IV, inciso b), y 133 de la Constitución Federal, y que las autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada eran, respectivamente, el Congreso Constitucional del Estado de Puebla, y el gobernador de dicha entidad federativa.
(9) Visto el ocurso en comento, por acuerdo de cuatro de octubre de dos mil doce,(7) el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente número 52/2012, y turnarlo al Ministro que correspondiera, encargándose el asunto al Ministro Luis María Aguilar Morales, al estimar que el medio de control constitucional en comento estaba relacionado con la diversa acción de inconstitucionalidad 48/2012, a la que se ha hecho referencia con antelación.(8)
(10) Atento a lo anterior, mediante auto de cinco de octubre de dos mil doce,(9) el Ministro instructor admitió la demanda en comento, y ordenó darle el trámite legal correspondiente.
(11) III. Conceptos de invalidez del Partido Acción Nacional. Dentro de su escrito inicial de demanda, el instituto político promovente hace valer tres conceptos de invalidez en los que expresa, sustancialmente, lo siguiente:
(12) a. Dentro del primero:
(13) - La reforma combatida viola los artículos 14, 16, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se cometieron varias y graves violaciones al proceso legislativo para la creación de leyes, lo que atenta contra los principios de motivación, fundamentación, legalidad y certeza;
(14) - No obstante la existencia de un marco normativo, claramente identificado, que serviría de base para la realización de las elecciones del Congreso Local y Ayuntamientos, a celebrarse en julio de dos mil trece, que derivó de una serie de reformas previas a la Constitución y a la legislación electoral estatal, el tres de septiembre de dos mil doce se presentó una iniciativa de reforma al Código de Instituciones y Procesos Electorales de la entidad, que fue aprobada, publicada y puesta en vigencia el mismo día, y sólo tuvo por objeto modificar la fecha de inicio del proceso electoral para que, en lugar de que se iniciara la segunda semana de noviembre, lo hiciera la primera de febrero;
(15) - El proceso legislativo del que derivó la reforma impugnada comenzó y concluyó el mismo día, y no contó con el análisis requerido en una modificación que carece de urgencia, pero es trascendente para el desarrollo democrático y constitucional de la entidad federativa;
(16) - El veintinueve de agosto de dos mil doce, la Comisión Permanente celebró sesión dentro de la que determinó citar a una nueva, a realizarse el cinco de septiembre siguiente; no obstante, el primero de septiembre de dos mil doce, el presidente de la comisión referida reprogramó la sesión indicada, para que tuviera verificativo el tres de septiembre del año en curso, fecha en la que inició el proceso legislativo con la presentación, ante el secretario de la citada comisión, de la iniciativa de decreto por el que se propuso la reforma de diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla;
(17) - De la copia simple de la iniciativa se advierte que debía haberse turnado de inmediato a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución, sin que se tenga conocimiento de que se haya recibido en la oficina de su presidente, aunque en el primer considerando del decreto se señala que la comisión en comento aprobó, ese mismo día, el dictamen con minuta de decreto, por el que se modificaban diversos artículos de la norma electoral referida;
(18) - En este escenario, la primera violación al proceso legislativo consistió en la reprogramación de la fecha de sesión que realizó el presidente de la Comisión Permanente, pues suponiendo que este órgano hubiere sesionado el primero de septiembre de dos mil doce, lo hizo en día inhábil, sin que existiera causa justificada para ello, al tratarse de un asunto que no era urgente;
(19) - Adicionalmente, no existe documento alguno del que pueda desprenderse que el órgano legislativo en comento estuviera facultado para sesionar el primero de septiembre de dos mil doce, ni que dicha sesión hubiera sido pública, conforme lo dispone el artículo 159 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, toda vez que no obra constancia de que la Comisión Permanente hubiera establecido como día de sesión el referido con anterioridad, lo que evidencia que su actuar fue inconstitucional y vició de origen todo el procedimiento;
(20) - En efecto, la Comisión Permanente contravino las reglas esenciales del procedimiento legislativo, porque la normativa aplicable no le faculta a sesionar en días inhábiles cuando el asunto carece de urgencia, por lo que se transgredió el artículo 137 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, del que se desprende, implícitamente, que en los periodos de receso sólo debe sesionarse en días hábiles, lo que evidencia la violación a las reglas esenciales del procedimiento y, por tanto, la contravención a lo establecido en los artículos 64 de la Constitución de Puebla y 14 de la Federal;
(21) - Ahora bien, en caso de que la reprogramación se hubiera realizado por voluntad del presidente de la Comisión Permanente, dicho actuar no está debidamente fundado y motivado pues, de acuerdo con el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, este órgano del Congreso sólo puede tomar decisiones por mayoría de sus miembros presentes, lo que implica que el presidente no tenía facultad alguna para modificar o reprogramar la sesión ordinaria en día inhábil y sin la anuencia de la mayoría de sus integrantes;
(22) - En esta lógica, el oficio 2230/2012, de primero de septiembre de dos mil doce, mediante el cual se reprogramó la sesión de la Comisión Permanente para el tres de septiembre siguiente, evidencia que: I. Esta decisión no fue adoptada previo acuerdo de la mayoría de sus integrantes, sino por capricho del presidente, quien carecía de competencia material para ello, pues no se logró el consenso de todas las fuerzas políticas representadas en ella, según dispone el artículo 59 de la Constitución Política del Estado; y, II. Carece de motivación en cuanto a la urgencia de modificar la fecha respectiva;
(23) - Se viola también el artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad federativa en cita, porque no se convocó a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales con cuarenta y ocho horas de anticipación (de hecho, no existe constancia de que el presidente de la comisión referida haya convocado), y menos aún para aprobar la minuta que, como se dijo, fue presentada el mismo día;
(24) - Lo anterior evidencia que no se permitió a los integrantes de la comisión aludida que estudiaran la iniciativa presentada, ni a las minorías que discutieran, analizaran, revisaran y debatieran sobre la importancia y oportunidad de las reformas planteadas;
(25) - No es desconocido para el accionante que, en términos de lo establecido en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso de Puebla, la convocatoria a los trabajos de la comisión podía ser suscrita por la mayoría simple de sus miembros, pero esto sólo habría sido válido si el presidente se negaba a emitirla y, en el caso, no hay documentación que compruebe que la iniciativa fue turnada a éste, por lo que no estaba facultado para convocar al desahogo de un punto que no conocía, y aun cuando lo hubiera hecho el tres de septiembre, tenía cuarenta y ocho horas para convocar, antes de que se entendiera que se negaba a hacerlo, y si la mayoría de los integrantes de la comisión emitió la convocatoria, debió hacerlo para sesionar, cuando menos, cuarenta y ocho horas después de emitirla;
(26) - El artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal permite al presidente de la comisión convocar a sesión en un término menor a cuarenta y ocho horas cuando, a su consideración, tenga que resolverse un asunto urgente y extraordinario pero, en caso de que no sea él quien convoque, el reglamento no traslada a la mayoría de los integrantes de la comisión la responsabilidad de evaluar si se trata de un asunto de esta naturaleza, y aun cuando así fuera, debe decirse que, en la especie, no se evidencia que se trate de un asunto de este tipo, pues la reforma implica retrasar la fecha de inicio del proceso, de noviembre a febrero, por lo que no se hubiera afectado su probable aprobación si la convocatoria se hubiere realizado con la suficiente anticipación, y observando las formalidades que, al efecto, establece la normativa aplicable;
(27) - Aun cuando se contó con quórum suficiente para la celebración de la sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, pues estuvieron presentes cinco de siete diputados, faltaron el presidente y el único integrante del Partido de la Revolución Democrática, y uno de los asistentes se abstuvo de votar a favor o en contra del dictamen, por tanto, de haber asistido los ausentes, pudo haberse obtenido un resultado distinto, lo que es relevante si se tiene presente que, conforme lo establecido en el artículo 64 de la Constitución de Puebla, entre los trámites a los que deben sujetarse las iniciativas, se encuentra el dictamen de la comisión respectiva y, por tanto, si en el caso, no se cumplieron las formalidades relacionadas con la convocatoria, integración y deliberación de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, se vició de origen el decreto que se impugna;
(28) - Sobre el particular, en primer lugar, debió escucharse a los representantes de los partidos minoritarios o, cuando menos, garantizar que fueran convocados conforme a la ley; además, era importante tener presente que, de acuerdo a las facultades que el artículo 103 de la Ley Orgánica del Congreso reconoce al presidente de la comisión, éste pudo haber solicitado al Instituto Electoral del Estado su opinión sobre el objeto de la iniciativa, pero al no haber sido debidamente convocado y al desconocer la propuesta, no pudo ejercer la atribución referida; finalmente, de haberse observado los supuestos referidos, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se habría percatado de que la reforma atenta contra el texto expreso del artículo 3o., fracción II, párrafo quinto, de la Constitución del Estado, que dispone que el proceso electoral se inicia en el mes de noviembre del año anterior a la jornada electoral;
(29) - Como se desprende de lo establecido en el artículo 50 de la Constitución Política del Estado de Puebla, durante el mes de septiembre el Poder Legislativo se encuentra en periodo de receso y, por tanto, para aprobar reformas legislativas, debía convocarse al Congreso a un periodo extraordinario de sesiones;
(30) - En el caso, la Comisión Permanente del Congreso estaba convocada para sesionar el tres de septiembre conforme un orden del día específico y, en paralelo, ese mismo día se aprobó otro para una segunda sesión, en la que se dio lectura a un oficio suscrito por los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que solicitaron reunir al Pleno para una sesión extraordinaria, lo que fue aprobado en contravención a lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución del Estado, ya que no hay constancia alguna de que la Comisión Permanente haya oído al titular del Ejecutivo, previo a aprobar la convocatoria para la sesión referida, como se evidencia en el acta correspondiente;
(31) - De haberlo escuchado, al conocer el motivo de la reforma, el Ejecutivo pudo haberse dado cuenta de que la comisión violentaba de manera expresa la Constitución Local y, además, que no se trataba de un asunto urgente, por lo que era innecesario convocar a la sesión extraordinaria propuesta, sobre todo, porque entre las atribuciones que le corresponden, se encuentra la de sugerir y opinar sobre la inconstitucionalidad de la propuesta antes de que se emita la convocatoria respectiva;
(32) - Adicionalmente, la Comisión Permanente sesionó en día inhábil, sin estar facultada para ello; sin causa justificada, y sin que se hubiera convocado al efecto en su última sesión, lo que provoca la ilegalidad de su actuación y, con ello, de todo el procedimiento legislativo, que está viciado de origen, al no haberse observado las reglas esenciales que debía cumplir, pues en los periodos de receso del Congreso, la normativa aplicable no lo faculta para sesionar en estas fechas y, por tanto, al haberlo hecho, transgredió lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado que, implícitamente, dispone que sólo debe sesionarse en días hábiles;
(33) - La Comisión Permanente se instala a propuesta del Pleno del Congreso y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, sólo puede tomar decisiones por mayoría de sus miembros y, en estas condiciones, su presidente no tiene facultad alguna para reprogramar una sesión ordinaria en día inhábil, y sin la anuencia mayoritaria referida;
(34) - En la lógica apuntada, el presidente de dicha comisión violó las formalidades esenciales del procedimiento legislativo, pues mediante oficio fechado el sábado primero de septiembre de dos mil doce, reprogramó la sesión a la que había convocado, para que se efectuara el tres del mismo mes y año, sin contar con el acuerdo previo de la mayoría que, aun cuando hubiera existido, carece de la debida fundamentación y motivación, porque no explica la urgencia por la cual se modificó el orden del día para celebrar la sesión correspondiente, además de que el citatorio no establece la facultad del presidente para firmar y convocar sin el consentimiento de la mayoría de sus integrantes;
(35) - Otra violación al procedimiento legislativo consiste en que no se celebró la sesión preparatoria del Congreso, previamente a la extraordinaria, como dispone el artículo 51 de la Constitución del Estado, lo que se comprueba al no obrar constancia al respecto, ni tampoco alguna de la que pueda desprenderse que los integrantes del Congreso hayan sido convocados a ella, aun cuando resultaba importante, pues era la oportunidad de que las distintas fuerzas políticas y los diputados en lo individual, se manifestaran en relación con la reforma, además de que se trata de un elemento necesario para acreditar la motivación del acto legislativo;
(36) - Por otro lado, se soslayó que las sesiones extraordinarias no pueden convocarse en cualquier momento, o por cualquier motivo, sino que deben reunir ciertas condiciones, como se desprende del artículo 158, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso de Puebla, que señala que éste estaba obligado a realizar una sesión preparatoria; acreditar la urgencia de la sesión extraordinaria; y calificar dicha exigencia por las dos terceras partes de los diputados, lo que no se atendió en la especie, con lo que el órgano legislativo violó premisas básicas, fundamentales y necesarias del proceso legislativo y, con ello, contravino las garantías de legalidad y debido proceso establecidas en los artículos 14 y 16 de la Ley Fundamental;
(37) - El proceso legislativo se desahogó sin atender los plazos previstos en la Ley Orgánica del Congreso, específicamente, en los artículos 161 y 162, pues la convocatoria no se aprobó hasta con veinticuatro horas de anticipación, aunque era el plazo mínimo para hacerlo, pues la Comisión Permanente la autorizó el mismo día, con lo que no permitió la discusión oportuna, la consulta, la reflexión, el análisis y el debate de la iniciativa dictaminada, lo que atenta contra la actitud parlamentaria de un órgano legislativo, y el ejercicio democrático de atender los asuntos con seriedad, profesionalismo y debate de ideas;
(38) - No se desconoce que el tercer párrafo del precepto citado dispone que la sesión será válida, aunque no se haya convocado con la oportunidad señalada, si se trata de asuntos legislativos de carácter urgente, pero establece que, en este supuesto, deberá existir acuerdo de la mesa directiva, y quórum legal y, en el caso, no hubo lo primero, y aunque hubiera existido, la irregularidad continúa, pues no se fundó ni motivó el carácter urgente del asunto y, en esta lógica, convalidar lo actuado con elementos formales, implicaría violar el orden y la seguridad jurídica de las determinaciones del Congreso, pues ello incide en el quórum de la sesión, y en el periodo de reflexión y análisis de los asuntos sometidos a la consideración de los diputados, con lo que se violan distintos preceptos, y se afectan los principios democráticos de fundamentación, motivación y legalidad, establecidos en los artículos 14, 16, 41, 115 y 116 de la Carta Magna;
(39) - Otra violación grave al procedimiento legislativo consistió en que el Pleno del Congreso dispensó, por mayoría de votos, la lectura y discusión de la minuta de decreto sometida a consulta, aun cuando de la normativa aplicable se desprende que esto sólo podía haberse hecho en caso de urgencia, no sólo considerada formalmente por el Congreso, sino derivada de las características sustantivas del tema y, en el caso, no se ventiló un asunto cuya aprobación resultara apremiante, pues no existía premura en cuanto a la fecha de aprobación, ya que la reforma no involucraba un plazo fatal, además de que las modificaciones a las leyes electorales no deben ser consideradas urgentes;
(40) - Así las cosas, se trata de un decreto de modificación legislativa que, sin motivación alguna, no fue conocido por los diputados, aunque la propuesta de reforma impactaba en la vida pública y política de los ciudadanos de Puebla;
(41) - Las violaciones al procedimiento trascendieron a la aprobación de las reformas, que son contrarias al texto expreso de la Constitución Estatal, el cual dispone que el proceso electoral comenzará en noviembre; mientras que la ley secundaria señala que será en febrero, situación de la que pudieron haberse dado cuenta los legisladores si no se hubiera dispensado la lectura correspondiente;
(42) - La reforma fue aprobada por treinta y cuatro diputados presentes, con dos votos en contra, de los cuarenta y un legisladores que integran el Congreso en la entidad, y entre quienes se manifestaron en contra de la propuesta está el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales quien, por haberse dispensado la lectura y discusión de la minuta, no estuvo en posibilidad de señalar en tribuna las violaciones a la Constitución Estatal y Federal de la reforma; y,
(43) - La aprobación mayoritaria referida no convalida los defectos intrínsecos del proceso legislativo, al tratarse de normas de orden público y observancia obligatoria, lo que atenta contra el principio democrático; la motivación y fundamentación de los actos de orden legislativo; la observancia del principio de legalidad; y la sujeción de los Estados a las Constituciones Federal y Local.
(44) b. En el segundo concepto de invalidez se sostiene, medularmente, lo siguiente:
(45) - Se solicita la invalidez de las reformas a los artículos 31, 32, 79, segundo párrafo; 114, primer párrafo; 117, primer párrafo; 186, 189 y 205, segundo párrafo, del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, al resultar violatorios de los artículos 14, 16, 41, 116 y 133 de la Ley Suprema, y de los principios de fundamentación, motivación, certeza, legalidad y supremacía const
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24762-9aac7c85/acreditacion-y-registro-de-partidos-politicos-los-articulos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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