I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. POR REGLA GENERAL NO PUEDEN PLANTEARSE IMPEDIMENTOS PARA SU CONOCIMIENTO EN ATENCIÓN A LA NATURALEZA DE ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, YA QUE DEBIDO A SU CARÁCTER ABSTRACTO, NO ATIENDE A INTERESES PARTICULARES, NI SE ANALIZA UN CONFLICTO ENTRE PARTES. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS SENADORES QUE CONFORMEN EL TREINTA Y TRES POR CIENTO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LEGITIMACIÓN PARA DEMANDAR LA INVALIDEZ DE UN DECRETO PRESIDENCIAL, A TRAVÉS DE AQUEL MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL (DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 125 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE ADICIONA EL CÓDIGO PENAL FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR DEFINITIVIDAD AL IMPUGNARSE UNA NORMA DE CARÁCTER GENERAL. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA RELATIVA, CUANDO LA NORMA GENERAL SE IMPUGNE DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, AUN CUANDO SU EXPEDICIÓN DERIVE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE UNA REFORMA CONSTITUCIONAL PREVIA. VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE CONTRA OMISIONES RELATIVAS EN COMPETENCIAS DE EJERCICIO OBLIGATORIO, QUE SE ACTUALIZA CUANDO EL ÓRGANO LEGISLATIVO EMITE NORMAS TENIENDO LA OBLIGACIÓN O UN MANDATO RELATIVO A LA EXPEDICIÓN DE CIERTA LEY, PERO LO HACE DE MANERA INCOMPLETA O DEFICIENTE. VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO MERAMENTE FORMAL AL HABERSE REPRODUCIDO EL TEXTO ANTERIOR [ARTÍCULOS 1, 2, 3, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIONES III, V Y VII, 5, 6, FRACCIONES I Y IV, INCISO A), Y PÁRRAFO PENÚLTIMO, 7, FRACCIONES I, INCISO B), Y III, 8, 10, 11, 12, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, 13, 15, 16 Y 17 DE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO). X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS, CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE POSTERIORMENTE SE REFORMA, MODIFICA, DEROGA O ABROGA (DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE ADICIONA EL CÓDIGO PENAL FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 217 BIS Y 217 TER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y LOS DIVERSOS PRIMERO Y SEGUNDO TRANSITORIOS DEL DECRETO). XI. VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO (DESESTIMACIÓN DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE ADICIONA EL CÓDIGO PENAL FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, POR LO QUE SE REFIERE A LAS OMISIONES LEGISLATIVAS ATRIBUIDAS A DICHA LEY). XII. OMISIONES LEGISLATIVAS RELATIVAS (DESESTIMACIÓN DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS). XIII. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA PREVISIÓN LEGAL QUE PERMITE FIJARLAS DISCRECIONALMENTE, VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA AL NO ESTABLECERSE CRITERIOS, ELEMENTOS O PARÁMETROS OBJETIVOS [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 6, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIONES II, III, IV, INCISOS B) Y C) Y PÁRRAFO ÚLTIMO, Y 7, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIONES I, INCISO A), II Y IV, DE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO]. XIV. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. INVALIDEZ DE LA REGULACIÓN QUE PRETENDE DESARROLLAR LAS BASES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 127 CONSTITUCIONAL SIN ESTABLECER LOS ELEM
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 105/2018 Y SU ACUMULADA 108/2018. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SENADORES INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 20 DE MAYO DE 2019. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al veinte de mayo de dos mil diecinueve.
VISTOS, para resolver la acción de inconstitucionalidad y su acumulada identificada al rubro; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Demandas. Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, Luis Raúl González Pérez, con el carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en contra del Congreso de la Unión y del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, respecto del decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho.
Posteriormente, el cinco de diciembre siguiente, Mayuli Latifa Martínez Simón, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Nadia Navarro Acevedo, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Raúl Paz Alonso, Julen Rementería del Puerto, Alejandra Nohemí Reynoso Sánchez, Indira de Jesús Rosales San Román, María Guadalupe Saldaña Cisneros, Josefina Eugenia Vázquez Mota, José Erandi Bermúdez Méndez, Gina Andrea Cruz Blackledge, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, Marco Antonio Gama Basarte, Ismael García Cabeza de Vaca, Minerva Hernández Ramos, Mauricio Kuri González, Kenia López Rabadán, Gustavo Enrique Madero Muñoz, Martha Cecilia Márquez Alvarado, Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Noé Fernando Castañón Ramírez, Alejandra del Carmen León Gastélum, Rogelio Israel Zamora Guzmán, Alejandra Lagunes Soto Ruíz, Carlos Humberto Aceves del Olmo, Claudia Edith Anaya Mota, Manuel Añorve Baños, Eruviel Ávila Villegas, Sylvana Beltrones Sánchez, Ángel García Yáñez, Verónica Martínez García, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, Miguel Ángel Osorio Chong, Beatriz Elena Paredes Rangel, Jorge Carlos Ramírez Marín, Vanessa Rubio Márquez, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Mario Zamora Gastélum, Juan Manuel Fócil Pérez, Antonio García Conejo, Miguel Ángel Mancera Espinosa, Ma. Leonor Noyola Cervantes, Juan Manuel Zepeda Hernández, José Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, Dante Alfonso Delgado Rannauro, Samuel Alejandro García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Dora Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz, Verónica Noemí Camino Farjat y Emilio Álvarez Icaza Longoria, senadores integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, promovieron acción de inconstitucionalidad en contra del decreto referido.
SEGUNDO.—Artículos constitucionales que se estiman vulnerados. En las demandas correspondientes, los promoventes de la acción expresaron que los ordenamientos reclamados son violatorios de los artículos 1o., 3o., 5o., 6o., 14, 16, 26, 28, 49, 72, 75, 94, 102, apartado B, 110, 116, fracción III, 122, apartado A, fracción IV, 123, apartado B, fracción IV, y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 8, 9, 21, 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 6 y 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
TERCERO.—Conceptos de invalidez. En las acciones de inconstitucionalidad se expresaron los conceptos de invalidez que a continuación se resumen.
Conceptos de invalidez de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
1. Violación a los principios de legalidad penal en su vertiente de taxatividad, así como los derechos de igualdad y no discriminación. Argumenta que los artículos 5 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, 217 Bis y 217 Ter, adicionados al Código Penal Federal, resultan violatorios de los principios de legalidad penal en su vertiente de taxatividad, así como los derechos de igualdad y no discriminación, en virtud de que hacen remisiones erróneas, establecen una distinción injustificada e imponen una carga desproporcionada al tipificar diversas conductas constitutivas del delito de remuneración ilícita, ya que contienen una redacción indeterminada e imprecisa, lo que constituye una carga desproporcional y excesiva para el trabajador; además de que vulneran el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad en materia penal, pues contienen una distinción injustificada entre trabajadores de base y personal de tropa y clases de las fuerzas armadas, respecto de aquellos servidores públicos que no lo son, transgrediendo el derecho de igualdad y no discriminación.
Adicionalmente, los artículos del Código Penal Federal contienen una remisión incorrecta, por lo que devienen en disposiciones imprecisas que dejan a los gobernados y a las autoridades encargadas de aplicar la norma en un estado de incertidumbre, vulnerando los derechos ya referidos.
De acuerdo con esos enunciados el concepto de invalidez lo divide en tres apartados y son los siguientes:
A. Vulneración al derecho de seguridad jurídica y al principio de taxatividad por una redacción ambigua e imprecisa. El artículo 5 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y el diverso 217 Bis, fracción II, del Código Penal Federal, deben ser interpretados de forma sistemática, ya que leídos de forma armónica, demuestran que contienen hipótesis imprecisas, al imponer una carga desproporcionada a los servidores públicos quienes, incluso sin ser conocedores de cualquier pago excedente que pudiera llegarse a presentar, son susceptibles de ser responsables penalmente por el delito de remuneración ilícita; es decir, incluso los servidores públicos que, actuando de buena fe, y sin tener conocimiento de cualquier pago en demasía que se les haya podido otorgar, pueden ser sancionados penalmente.
Por tanto, aduce, el artículo 217 Bis, fracción II del Código Penal Federal, adicionado en el decreto reclamado, con relación en el diverso 5 de la ley federal impugnada, carece de la precisión necesaria en la redacción del tipo penal, e impone una carga desproporcionada a los servidores públicos, de manera que el destinatario de la norma se encuentra en un estado de incertidumbre que deviene de la indeterminación normativa en la cual incurrió el legislador federal.
Que lo anterior es así, porque la norma sanciona la simple recepción de un pago en demasía y la omisión de reportarlo al superior jerárquico, sin embargo, el legislador perdió de vista que los servidores públicos no necesariamente son partícipes de dicho pago en demasía, ya que éste puede devenir de un error no imputable al trabajador y que no le sea notificado con oportunidad, no obstante, la norma lo posiciona en una situación susceptible de ser sancionado penalmente. De esta manera, impone al servidor público receptor del pago en exceso, una carga que no le corresponde, pues dicho trabajador no es responsable de los pagos que se realicen en su favor, en todo caso, la responsabilidad debe recaer sobre quien autoriza u otorga dichos pagos en demasía, como lo prevé el propio numeral impugnado. En otras palabras, no reportar cualquier pago excedente (esto es, desde la cantidad más exigua hasta la más elevada) en el plazo que señala el artículo 5 de la ley combatida, automáticamente criminaliza al servidor público.
Agrega que la disposición no precisa si los treinta días naturales comienzan a correr a partir de que se realiza el pago en demasía, desde que el servidor público tiene conocimiento del pago efectuado, o bien, cuando el trabajador se percata de una percepción excedente; por tanto, al posibilitar la sanción penal de los servidores públicos por un acto que no es posible determinar a partir de cuándo se actualiza y que incluso puede ser ajeno a su conocimiento, deviene en una disposición contraria al derecho de seguridad jurídica y al principio de legalidad.
Precisa que en materia penal existe una exigencia de racionalidad lingüística que es conocida precisamente como principio de taxatividad, que constituye un importante límite al legislador penal en un Estado democrático de derecho en el que subyacen dos valores fundamentales: la certeza jurídica y la imparcialidad en la aplicación del derecho, por lo que tal principio se traduce en un auténtico deber constitucional del legislador, según el cual está obligado a formular en términos precisos los supuestos de hecho de las normas penales.
En atención a dicho principio, el órgano encargado de crear las normas jurídicas tiene la obligación de establecer disposiciones que sean lo suficientemente precisas, como lo ha sustentado la Suprema Corte, pues la exacta aplicación de la ley en materia penal obliga al legislador a señalar con claridad y precisión las conductas típicas y las penas aplicables, de ahí que el mandato de taxatividad obliga al legislador penal a una determinación suficiente. Por tanto, resulta evidente que del derecho humano a la seguridad jurídica y el principio de legalidad se desprende una vertiente consistente en un mandato de taxatividad, el cual implica que los textos que contengan normas sancionadoras deben describir claramente las conductas que están regulando y las sanciones aplicables a quienes las realicen, por lo que constituye una verdadera garantía de legalidad que conmina a que la ley punitiva sea previa, cierta, estricta y abstracta para el hecho que se trate, con el objeto de dar seguridad jurídica a los gobernados y evitar arbitrariedades en su aplicación.
Argumenta que es claro que el artículo 217 Bis, fracción II, del Código Penal Federal, en relación con el numeral 5 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, resultan disposiciones que contienen una imprecisión tal que provoca en los destinatarios confusión o incertidumbre que les impide saber a ciencia cierta cómo actuar ante la nueva norma jurídica.
Subraya que en términos de la ley impugnada los servidores públicos se encuentran obligados a reportar ante su superior jerárquico, todo pago en demasía, dentro de los treinta días naturales siguientes a cualquiera de los supuestos ya mencionados, exceptuando de dicha obligación al personal de base y supernumerario de las entidades públicas que no tenga puesto de mando medio o superior, así como al personal de tropa y clases de las fuerzas armadas; y que el incumplimiento a esta obligación actualiza inmediatamente la comisión del delito de remuneración ilícita, que genera diversas sanciones, de acuerdo con el monto que fue entregado en exceso y no haya sido reportado, en los términos siguientes:
a) Si el beneficio otorgado no excede el equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal (sic), la sanción será de tres meses a dos años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo vigente al momento de cometerse el ilícito;
b) Si el beneficio excede el equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal (sic), pero no es mayor que el equivalente a mil veces dicha unidad, se impondrán de seis meses a tres años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente;
c) Si el beneficio obtenido excede del equivalente a mil veces, pero no es mayor que el equivalente a tres mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal (sic), se impondrán de tres a cinco años de prisión y multa de trescientos a tres mil veces el salario mínimo; y,
d) Si el beneficio excede el equivalente a tres mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal (sic), se impondrá de cinco a catorce años de prisión y multa de quinientas a tres mil veces el salario mínimo.
Indica que además de las sanciones anteriores se prevé la destitución del servidor público de su empleo, cargo o comisión y la inhabilitación para ejercer cualquier otro cargo público por un periodo de seis meses a catorce años, según lo determine el juzgador al individualizar las penas; y que no obstante los términos en los cuales se encuentran redactados los artículos impugnados, resultan en un grado de indeterminación tal que constituyen una carga desproporcional y excesiva para los trabajadores, quienes incluso sin tener conocimiento del pago en demasía recibido, serán acreedores a una sanción penal, vulnerando el derecho fundamental de seguridad jurídica y el principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad.
Agrega que debe tenerse en cuenta que son los entes públicos patronales, a través de las unidades correspondientes, quienes se encuentran obligados a controlar, autorizar, aprobar y entregar las remuneraciones que recibe cada servidor o funcionario público, de conformidad con el presupuesto de egresos aprobado para tal efecto; es decir, estima que no debe corresponder al servidor público la totalidad del deber de verificar a profundidad que la remuneración otorgada sea la que legalmente le es propia, pues para ello existen diversos órganos estatales especializados que se encargan de fiscalizar la ejecución de los recursos públicos.
También argumenta que los términos en los que está redactado el artículo 5 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, permite la actualización del tipo penal, incluso cuando el pago en demasía sea ínfimo, ya que las disposiciones impugnadas aluden a: "cualquier pago en demasía" y de "un pago indebido", cualquiera que éste sea.
En ese sentido, la disposición de mérito omite considerar que, atendiendo a diversas circunstancias, los servidores públicos pueden no advertir del pago en demasía que reciben, ya sea porque la cantidad resulta mínima en relación con los salarios que perciben, o bien por cualquier otra situación que se traducirá en el incumplimiento de la obligación señalada en el artículo; y que lo antedicho cobra relevancia porque los preceptos adicionados al Código Penal Federal tipifican como delito la conducta consistente en aprobar o refrendar el pago o suscribir el comprobante, cheque, nómina u orden de pago de una remuneración, retribución, jubilación, pensión, haber de retiro, liquidación por servicios prestados, préstamo o crédito no autorizado.
Sin embargo, aduce, la obligación de aprobar y efectuar los pagos a los trabajadores públicos son justamente los entes patronales, a través de las unidades dedicadas ex profeso para ello, por lo que imponer obligación a los servidores públicos en lo individual, de verificar puntualmente que la cantidad que reciben les corresponde y dar aviso a su superior jerárquico sobre cualquier pago en demasía, independientemente de la cuantía, so pena de incurrir en responsabilidad penal, resulta una carga excesiva y desproporcional para éstos.
Aclara que reconoce que las normas impugnadas persiguen una finalidad constitucionalmente válida, como lo prevé el artículo 127, fracción VI, de la Constitución, para sancionar penalmente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en dicha fracción, sin embargo, lo cierto es que fijar como obligación de los servidores públicos el reportar cualquier pago en demasía, sin tener conocimiento de éste, no resulta ser una medida idónea para lograrlo.
Por tanto, se debe declarar la invalidez del artículo 217 Bis, fracción II, del Código Penal Federal adicionado en el decreto impugnado, ya que contiene un tipo penal ambiguo e impreciso; aunado a que impone una carga desproporcionada a los servidores públicos, quienes incluso sin tener conocimiento de cualquier pago en demasía que se haga en su favor, son susceptibles de ser sancionados penalmente.
B. Vulneración a los derechos de igualdad y no discriminación por la distinción injustificada entre trabajadores de base y personal de tropa y clases de las fuerzas armadas y los que no lo son. Argumenta que los artículos 5, último párrafo de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y 217 Bis, fracción II, en la porción normativa que expresa: "... excepto quien forme parte del personal de base y supernumerario de las entidades públicas que no tenga puesto de mando medio o superior, así como el personal de tropa y clases de las fuerzas armadas ..." del Código Penal Federal, establecen una excepción injustificada respecto de la regla consistente en la obligación de reportar el pago en demasía a cargo de los servidores públicos, ya que el artículo 127 constitucional no hace distinción alguna.
Para verificar que dicha distinción y excepción carece de una justificación constitucionalmente válida y, por tanto, contiene un trato discriminatorio, sugiere formular un análisis integral de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en sus artículos 1 y 2, para advertir que ese ordenamiento propone regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos, para lo cual entiende como éstos a toda persona que de manera temporal o permanente desempeña una función, empleo, cargo o comisión en los órganos, unidades y demás áreas de los entes públicos enlistados, de donde se advierte que no distingue entre los distintos niveles jerárquicos del servicio público, al contrario, de forma homogénea regula las remuneraciones de todos los servidores públicos del ámbito federal, sin excepción, tal como lo señala el artículo 127 constitucional; empero, las porciones normativas impugnadas contienen una distinción injustificada, incompatible con el trato igualitario que persigue la Constitución, por los puestos o cargos que se ocupen dentro del servicio público, en tanto presuponen que el personal de base y supernumerario, así como el personal de tropa y clases de las fuerzas armadas, son excluidos de la responsabilidad penal por la comisión del delito de recibo de remuneración ilícita, lo que sin lugar a dudas constituye un trato diferenciado que carece de justificación constitucional.
Agrega que si bien el principio de igualdad no implica que todas las personas deban encontrarse siempre y en cualquier circunstancia en absoluta igualdad, lo cierto es que el mismo hace referencia a la situación en la cual todos aquellos individuos que se encuentren en escenarios de hecho similares reciban siempre el mismo trato; por tanto, toda diferencia en el tratamiento a las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y no exista justificación razonable para tal distinción, será discriminatoria.
Argumenta que resulta conveniente señalar que es necesaria la tipificación del delito de recibo de remuneración ilícita o cualquier otro que garantice el adecuado ejercicio de los recursos públicos, ya que la Constitución mandata al legislador, sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en el artículo 127 constitucional; sin embargo, el ejercicio de esa facultad legislativa debe resultar acorde a los propios principios constitucionales.
En el caso, las porciones normativas: "... excepto quien forme parte del personal de base y supernumerario de las entidades públicas que no tenga puesto de mando medio o superior, así como el personal de tropa y clases de las fuerzas armadas ..."; y "Se exceptúa de esta obligación al personal de base y supernumerario de las entidades públicas que no tenga puesto de mando medio o superior, así como al personal de tropa y clases de las fuerzas armadas", de la fracción II, del artículo 217 Bis del Código Penal Federal y del último párrafo del diverso 5 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, contienen una distinción injustificada entre los trabajadores susceptibles de ser sancionados penalmente por el delito de recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos, de aquellos que no contemplan las normas tildadas de inconstitucionales; que lo anterior es así, porque las disposiciones impugnadas, al excluir de su espectro sancionador al personal de base y supernumerario de las entidades públicas que no tenga puesto de mando medio o superior, así como el personal de tropa y clases de las fuerzas armadas, transgrede el principio de igualdad y no discriminación previsto en el artículo 1o. constitucional, puesto que no existe una justificación constitucionalmente válida para realizar dicha distinción.
Por esos motivos, aduce, las disposiciones cuestionadas deben ser declaradas inconstitucionales por ser incompatibles con el principio de igualdad en la ley, toda vez que el artículo 127 de la Constitución Federal no contiene distinción alguna entre categorías de servidores públicos.
C. Vulneración al derecho fundamental a la seguridad jurídica y principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad, por remisión errónea. Finalmente argumenta que la remisión errónea que prevén los preceptos impugnados, genera un grado de incertidumbre que vulneran el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad; y para demostrar ese extremo propone revisar la iniciativa presentada el trece de abril de dos mil diez, por el entonces senador Pablo Gómez Álvarez, que proponía contemplar dentro del texto de la ley federal, un par de artículos para regular el tipo penal de remuneración ilícita; no obstante lo anterior, el dictamen de cuatro de noviembre de dos mil once, de las Comisiones Unidas de Justicia, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Diputados, observó más conveniente incluir dichos tipos penales en el Código Penal Federal.
De lo antedicho se tiene que el texto de los artículos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, contenidos en el decreto cuestionado, corresponde de manera idéntica a los diversos 19 y 20 previstos en la iniciativa respectiva, sin que se hubiere contemplado ningún tipo de ajuste en el ordenamiento que finalmente se aprobó, ya que es claro que esos preceptos contienen una irregularidad porque disponen que la configuración del delito de remuneración ilícita se realizará de conformidad con lo dispuesto en la propia ley, cuando se trata de un código. En otras palabras, existe una remisión errónea que vulnera el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, así como el derecho fundamental a la seguridad jurídica de los destinatarios de la disposición; aunado a que imposibilita la labor de los operadores jurídicos al momento de aplicar dicha normativa.
Esto es así, porque todas las fracciones de los artículos 217 Bis y 217 Ter impugnados, remiten a "la presente ley", pero suponiendo sin conceder que con "ley" se refiere al propio Código Penal Federal, dicho artículo de ningún modo fundamenta o configura lo regulado en las fracciones indicadas; por el contrario, si con "la presente ley" se refiere a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, existe entonces un error en la remisión a ésta, circunstancia que genera incertidumbre respecto de cuál es efectivamente el texto complementario a que se refiere, situación que no es susceptible de ser corregida por medio de una interpretación conforme, pues tal método es inadmisible en materia penal, en atención al principio de taxatividad que rige en esa materia.
Enfatiza que las disposiciones que contienen la remisión "de la presente ley" devienen inconstitucionales y en virtud de que dichas porciones normativas forman parte de la tipificación del delito y de sus sanciones, su declaración de invalidez provocaría la inconstitucionalidad de todas las normas, pues de lo contrario subsistirían tipos penales incompletos y aún más ambiguos e imprecisos.
Expresa que lo mismo sucede con la porción normativa "no autorizado de conformidad con lo dispuesto en la presente ley;", de la fracción I, del artículo 217 Bis impugnado; y con las diversas porciones "Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de esta ley", contenidas en las fracciones I, II, III y IV del numeral 217 Ter también impugnado. Máxime que el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad o tipicidad, previsto en el artículo 14 de la Constitución, exige al emisor de la norma, en este caso, el Congreso de la Unión, definir de forma clara, limitada e inequívoca las conductas punibles, sin reenvío a parámetros extralegales, con el objeto de que no se impongan penas por analogía o por mayoría de razón, sino que sean fijadas con toda claridad las sanciones que habrán de imponerse en cada caso, lo que redunda en la eficacia normativa.
Aclara que con la adición a los preceptos del Código Penal Federal el legislador federal no tomó en cuenta la obligación que le atañe de velar por la seguridad jurídica de las personas, como creador de normas, toda vez que hizo una remisión errónea al momento de establecer el tipo penal y sus sanciones, generando un espectro de inseguridad jurídica que da pauta a violaciones a derechos humanos, y todo porque trasladó los artículos que inicialmente estaban en el proyecto de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, a ese código, sin llevar a cabo las adecuaciones necesarias para la correcta remisión en la configuración del tipo penal de remuneración ilícita que pretende regular.
Por tanto, aduce, de las remisiones indicadas se desprende que la configuración del delito de remuneración ilícita se configura "de conformidad con lo dispuesto en la presente ley", sin especificar si dicha ley es el propio Código Penal Federal o bien a qué otra ley dentro del sistema jurídico mexicano se refiere, de donde es indudable que las porciones normativas aludidas no guardan congruencia con el texto adicionado a ese código.
Patentiza que al margen de lo anotado, del análisis realizado por ese organismo, se desprende que previa la publicación del artículo 217 Bis adicionado al Código Penal Federal en el decreto combatido, ya existía dentro de esa codificación una disposición con ese mismo numeral, relativa al uso ilícito de funciones de particulares que, en su carácter de contratista, permisionario, asignatario, titular de una concesión de prestación de un servicio público de explotación, aprovechamiento o uso de bienes del dominio de la Federación, busque como finalidad obtener beneficio propio o para un tercero, lo que abunda en la incertidumbre de la norma, puesto que existen dos artículos con idéntico numeral, por lo que cuando los operadores jurídicos quieran referirse al artículo 217 Bis del Código Penal Federal, no tendrán certeza respecto de a cuál de los dos preceptos 217 Bis que existen en dicha codificación punitiva, se refieren.
2. Violación al derecho de seguridad jurídica porque el decreto reclamado establece una doble regulación respecto de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos. En este concepto de invalidez combate los artículos 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, porque generan un parámetro distinto al establecido por la Constitución General respecto de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, lo que conlleva la vulneración del derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad.
Para demostrar este argumento explica en primer término, los extremos de esos derechos fundamentales; así como el parámetro constitucional sobre responsabilidades de los servidores públicos, en términos del decreto de reforma constitucional en materia de combate a la corrupción publicado el veintisiete de mayo de dos mil quince, esto para enfatizar que en esa reforma se estableció el Sistema Nacional Anticorrupción y los principios por los cuales se regirá la materia de responsabilidades de los servidores públicos, así como se facultó expresamente al Congreso de la Unión para expedir una ley que desarrollara los mandatos de la reforma con la finalidad de dotar de armonía, congruencia y eficiencia ese sistema; de ahí que el dieciocho de julio de dos mil dieciséis se publicara en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual se encarga de desarrollar los principios fundamentales en ese rubro del derecho.
Precisado lo anterior, señala que la fracción III del artículo 109, clasifica las faltas administrativas en graves y no graves, respecto de las graves, precisa que serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y deberán ser resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente; y por cuanto hace a las faltas administrativas no graves, indica que la ley general establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control.
Agrega que en lo relativo a las sanciones, la Constitución Federal establece en el primer párrafo de la fracción III de su artículo 109, que éstas se puede imponer a los servidores públicos como resultado de un procedimiento de responsabilidad administrativa, las cuales consisten en: amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, y de carácter económico, así como que su establecimiento será de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. Sobre esa base, el título tercero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en sus artículos 49 y 50 describen las conductas que configurarían un
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29055-fd53ee8e/i-accion-de-inconstitucionalidad-por-regla-general-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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