DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Y LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EL ESTADO DE PUEBLA. LOS ARTÍCULOS 198, 198 NONIES Y 198 DECIES DEL CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL PARA ESA ENTIDAD, REFORMADO Y ADICIONADOS, RESPECTIVAMENTE, MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA LOCALIDAD EL 16 DE ABRIL DE 2010, AL REMITIR, PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS CONDUCTAS PUNIBLES QUE DICHOS NUMERALES PREVÉN, A DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y NORMAS OFICIALES MEXICANAS, TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY Y DE TIPICIDAD O TAXATIVIDAD, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Mayoría de nueve votos; la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas voto en contra. El señor Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea estuvo ausente)
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 6/2010. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. 5 DE JUNIO DE 2012. PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIA: MARÍA ESTELA FERRER MAC-GREGOR POISOT.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día cinco de junio de dos mil doce.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil diez en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, **********, en su carácter de procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 198, 198 Nonies y 198 Decies del Código de Defensa Social del Estado de Puebla. Dichos preceptos establecen:
"Artículo 198. Se aplicará prisión de dos a diez años y multa de treinta a dos mil días de salario, a quien con peligro de la salud pública ocasione un daño ambiental o desequilibrio ecológico, y en contravención a las disposiciones legales, reglamentarias y normas oficiales mexicanas aplicables, realice, autorice, permita u ordene cualquiera de las siguientes conductas:
"I. Tale, corte, desmonte, destruya árboles, bosques y/o afecte de manera ilícita, recursos forestales, excepto en los casos de aprovechamientos de dichos recursos para uso doméstico, conforme a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado;
"II. Transporte, comercie, acopie, almacene o transforme recursos forestales maderables obtenidos por la tala clandestina, en cantidades superiores a tres metros cúbicos rollo o su equivalente;
"III. Expulse o descargue en la atmósfera gases, humos, polvos, líquidos, vapores o partículas sólidas que causen o puedan ocasionar daños graves a la salud pública o al medio ambiente en jurisdicción estatal o municipal;
"IV. Transporte, comercie, almacene, deseche, descargue o realice cualquier actividad empleando residuos sólidos urbanos o de manejo especial, sin la autorización correspondiente y en volúmenes que causen o puedan causar daños graves a la salud pública, al medio ambiente o a los recursos naturales; y
"V. Realice obras o actividades sin obtener de la autoridad correspondiente la autorización de impacto y riesgo ambiental o no implemente las medidas preventivas, correctivas o de seguridad, indicadas por la autoridad ambiental, ocasionando daños a la salud pública, al medio ambiente o a los recursos naturales."
"Artículo 198 Nonies. Se aplicará prisión de uno a diez años y multa de tres a veinte mil días de salario, a quien de manera dolosa o culposa, realice, autorice, consienta, permita u ordene la descarga, el depósito o infiltración de contaminantes, sustancias corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas, al sistema de alcantarillado o drenaje de las poblaciones, en contravención a las disposiciones legales, reglamentarias y normas oficiales mexicanas aplicables, que causen o puedan causar daño a la salud pública, al medio ambiente o a los recursos naturales.
"Igual sanción se aplicará si la descarga, el depósito o infiltración, a que se refiere el párrafo anterior, se realiza en ríos, cuencas, vasos o demás depósitos de corrientes de agua."
"Artículo 198 Decies. Se aplicará prisión de uno a cuatro años y multa de tres a cien días de salario, independientemente del pago de los daños causados, a quien en contravención a las disposiciones reglamentarias y normas oficiales mexicanas aplicables, cause daño, deterioro, alteración o destrucción en:
"I. Los sistemas de tratamiento de aguas residuales, sulfhídricas o salinas estatales o municipales.
"II. Los aparatos de medición de las tomas de agua.
"III. Los tableros de control, pozos, bombas, válvulas, instalaciones o instrumentos de la red de agua potable, alcantarillado y drenaje de jurisdicción estatal o municipal; y
"IV. Las redes de agua potable, drenaje o sistemas de alcantarillado de jurisdicción estatal o municipal."
SEGUNDO. El promovente de esta acción estima que las disposiciones legales impugnadas son violatorias de los artículos 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO. En sus conceptos de invalidez el procurador general de la República, argumenta:
"V. Conceptos de invalidez. Primero. Sobre la violación de los preceptos 198, 198 Nonies y 198 Decies del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 14, tercer párrafo, de la Norma Suprema de la Nación, cuya violación se analiza, establece: ‘Artículo 14.’ (se transcribe). El artículo reproducido consagra la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, la cual prohíbe imponer penas que no estén establecidas por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate, prohibición que recoge el inveterado principio de derecho penal: nulla poena sine lege. La garantía de exacta aplicación de la ley no se circunscribe a los meros actos de aplicación, sino que abarca también a la propia ley que se aplica, la que debe quedar redactada de tal forma que los términos mediante los cuales especifique los elementos respectivos sean claros, precisos, exactos; esto es, la autoridad legislativa no puede sustraerse al deber de consignar en las leyes penales que expida expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, al prever las penas y describir las conductas que señalen como típicas, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos cuando ello sea necesario para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del procesado. Las anteriores precisiones quedaron plasmadas en la jurisprudencia P. IX/95, visible en la página 82, del tomo I, correspondiente al mes de mayo de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, cuyos rubros y texto son los siguientes: ‘EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL, GARANTÍA DE. SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIÉN A LA LEY MISMA.’ (se transcribe). El alcance de la garantía constitucional en estudio, se insiste, no se limita a constreñir a la autoridad jurisdiccional a que se abstenga de imponer por simple analogía o por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que se trata, sino que obliga al legislador a emitir normas claras en las que se precise la consecuencia jurídica de la comisión de un ilícito, a fin de evitar un estado de incertidumbre jurídica al gobernado y una actuación arbitraria del juzgador. Lo anterior fue objeto de interpretación por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los siguientes criterios jurisprudenciales: ‘EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. SIGNIFICADO Y ALCANCE DE ESTA GARANTÍA CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe). ‘EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. LA GARANTÍA, CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TAMBIÉN OBLIGA AL LEGISLADOR.’ (se transcribe). De igual manera, el artículo 14 de la Constitución Federal consagra el conocido apotegma nullum crimen sine poena, nullum poena sine lege certa, traducido como que no puede haber delito sin pena, ni pena sin ley específica y concreta para el hecho de que se trate; de ello deriva lo que la dogmática jurídico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad, entendido como la constatación plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipótesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo fáctico. La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloración de un hecho sin ponderar aun el reproche posible a su autor, y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige, con todas sus derivaciones, como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democrático de derecho. Así, del propio principio podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley, es decir, que la descripción típica no debe ser vaga, imprecisa, ni abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad, pero siempre descrita en una ley formal y materialmente legislativa; de igual forma, el principio de plenitud hermética en cuanto a la prohibición de analogía o mayoría de razón en la aplicación de la ley penal, traduciéndose en la exigencia de exacta aplicación de la ley que se contiene de manera expresa. No obstante lo anterior, en ocasiones los tipos penales contienen otros elementos distintos de los puramente descriptivos u objetivos, que se conocen como elementos normativos. Dichos elementos normativos los establece el legislador para tipificar una determinada conducta, en la que se requiere no sólo describir la acción punible, sino también de un juicio de valor por parte del Juez sobre ciertos hechos. En ese caso la actividad del juzgador no es, como en los elementos descriptivos u objetivos, meramente cognoscitiva, es decir, su función no se limita a establecer en los autos las pruebas del hecho que acrediten el mecanismo de subsunción en el tipo legal; sino que debe realizar una actividad de carácter valorativa, a fin de comprobar la antijuridicidad de la conducta del sujeto activo del delito. Sin embargo, esta actividad no debe realizarse desde el punto de vista subjetivo del Juez, sino con un criterio objetivo, o sea, de acuerdo con la normatividad correspondiente y, por tanto, al hacer aquella valoración, al apreciar los elementos normativos, el Juez no debe recurrir al uso de facultades discrecionales. Cabe citar, en apoyo a estas precisiones, el criterio sustentado por la Primera Sala del Alto Tribunal del País correspondiente a la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVI, página 1277: ‘LEYES PENALES.’ (se transcribe). Los elementos típicos, objetivos y subjetivos se refieren a aquellas partes integrantes del tipo penal fijado por el legislador descriptivamente, como determinados estados y procesos corporales y anímicos y, en consecuencia, han de ser constatados caso por caso por el Juez, cognoscitivamente, en los elementos típicos ‘normativos’ se trata de presupuestos del injusto típico que sólo pueden ser determinados mediante una especial valoración del hecho, y que de índole normativa son los elementos en los que el Juez ha de captar el verdadero sentido de los mismos. En conclusión, los elementos típicos normativos son todos los elementos que exigen una valoración jurídica o cultural. Es de precisar que respecto a los elementos normativos del tipo, que exigen una valoración jurídica, su acreditación se reduce a constatar la adecuación entre la situación fáctica, que se invoca como la que satisface el requerimiento contenido en dichos elementos, y el marco jurídico específico correspondiente. La función legislativa en materia penal a nivel estatal ha sido reservada constitucionalmente al Poder Legislativo, integrado por los Congresos Locales, en términos de los artículos 14, 40, 41, 116 y 124 de la Ley Fundamental, correspondiendo al Ejecutivo la promulgación de las leyes y su ejecución. El legislador, atendiendo a la naturaleza de la conducta y a lo intolerable que se vuelve para la sociedad, la regula mediante las normas penales, estableciendo normas prohibitivas o normas preceptivas, protegiendo, de esa manera, los bienes más valiosos para la existencia de la propia sociedad. En este orden de ideas, existen elementos que son comunes a todo tipo penal, por ejemplo, la acción u omisión, el bien jurídico protegido, el sujeto activo y el sujeto pasivo; y otros elementos que no son comunes, pero que algunos tipos penales sí lo contienen, como pueden ser calidades específicas en el sujeto activo o en el sujeto pasivo, el objeto material, los medios utilizados, las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión, elementos normativos y elementos subjetivos específicos. Es por lo anterior que el legislador, en el ejercicio de las facultades que le han sido atribuidas, establece los tipos penales y los elementos que los contienen, lo cual habrá de depender de cada conducta que trate de regular y del bien jurídico que se pretenda proteger; por ende, no todos los tipos penales contienen los mismos elementos, sin que ello implique violación de garantías individuales en materia penal. Así para garantizar debidamente la seguridad jurídica de los ciudadanos es necesario que toda formulación típica sea lo suficientemente clara y precisa como para permitirles programar su comportamiento sin temor a verse sorprendidos por sanciones que en modo alguno pudieron prever. En este aspecto, lo que está proscrito es que la norma penal induzca a errores o los favorezca con motivo de su deficitaria o atormentada formulación. Ahora bien, los artículos 198, 198 Nonies y 198 Decies del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, cuya inconstitucionalidad se demanda señalan: ‘Artículo 198.’ (se transcribe). ‘Artículo 198 Nonies.’ (se transcribe). ‘Artículo 198 Decies’. (se transcribe). De las normas impugnadas se desprende que el legislador de la entidad establece tipos penales con una condicionante, toda vez que las conductas descritas en dichos numerales se encuentran sujetas a la contravención a disposiciones reglamentarias o normas oficiales mexicanas aplicables. En efecto, los numerales combatidos establecen que para que se den las conductas punibles, es requisito indispensable que se contravengan las disposiciones reglamentarias y normas oficiales mexicanas, lo cual no se considera adecuado, pues dichas disposiciones no pueden ser parte integrante del tipo penal. Lo anterior, en atención a que las disposiciones reglamentarias y normas oficiales mexicanas son emitidas por autoridades distintas del Congreso Local, quien tiene facultad exclusiva para legislar en materia penal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 1a./J. 10/2008, visible en la página 411, del Tomo XXVII, correspondiente al mes de febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, cuyos rubro y texto señalan: ‘NORMAS PENALES EN BLANCO. SON INCONSTITUCIONALES CUANDO REMITEN A OTRAS QUE NO CONTIENEN EL CARÁCTER DE LEYES EN SENTIDO FORMAL Y MATERIAL.’ (se transcribe). En este orden de ideas, si para integrarse plenamente la conducta, se requiere la actualización de una violación a los reglamentos y normas oficiales mexicanas, es indudable que tal sistema actualiza una norma penal en blanco que remite implícitamente a ordenamientos administrativos. En este sentido existe una grave implicación en aquellos casos en los que las normas penales se integran con disposiciones administrativas a saber: El hecho de que la actualización de uno de los elementos del tipo penal dependa de una contravención administrativa lo sujeta al vaivén natural de la variación reglamentaria. En efecto, es de reconocido derecho que el reglamento detalla el contenido de la ley, ante la imposibilidad de que el órgano legislativo pueda prever todas las contingencias que tenga que enfrentar la autoridad en la aplicación de la misma. Y precisamente por esa razón, la emisión de un reglamento debe ser expedida y como tal no se ve precedida por una discusión en el seno de una asamblea democrática, ya que de hacerlo así se le restaría la rapidez que requiere la evolución y desenvolvimiento de la materia que regula la norma. Bajo ese orden de ideas, si se admitiera que un tipo penal puede ser integrado con el contenido de un reglamento o una norma oficial mexicana, entonces el Poder Ejecutivo Local y Federal serían quienes, a través de un acto formalmente administrativo, añadirían nuevos supuestos o suprimirían los ya existentes, lo cual por sí mismo tendría repercusiones inmediatas y directas en la sede de la tipicidad que, como se dijo, está reservada exclusivamente al órgano legislativo. Esto es, resulta absurdo jurídicamente que el delito dependa de un reglamento o una norma oficial y, en consecuencia, de la vigencia de la misma. Esta integración del tipo penal se vuelve imposible de controlar, toda vez que el ámbito de lo prohibido se encuentra sujeto a la magnitud y complejidad de las normas integradoras. Además, no es dable analizar la constitucionalidad del tipo penal vía interpretación conforme o integración, según se desprende de la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rubro y texto, en seguida se indican: ‘NORMAS PENALES. AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD, NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIÓN CONFORME O INTEGRADORA.’ (se transcribe). Por lo expuesto con anterioridad, si las normas penales en estudio se integran con disposiciones reglamentarias o normas oficiales mexicanas aplicables, es indudable que el Poder Ejecutivo obtiene una delegación proscrita por los principios constitucionales, toda vez que se avoca a integrar los elementos esenciales del tipo penal, que inciden en la determinación de los supuestos de hecho que forman al ilícito penal, todo ello en contravención al artículo 14 de la Constitución Federal. Asimismo, se vulnera el principio de seguridad jurídica, pues el gobernado no tendrá la certeza de conocer, en los tipos penales estudiados, las conductas que contravienen las disposiciones reglamentarias y normas oficiales mexicanas. SEGUNDO. Violación de los artículos 198, 198 Nonies y 198 Decies del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, a los numerales 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el principio rector de que los actos de autoridad sean dictados por un órgano competente para ello, y que dicho mandato sea por escrito, y en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento, entendido el primero como la cita precisa de los preceptos aplicables al caso concreto y, por el segundo, la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate. La garantía de legalidad estatuida en el numeral 16 de la Constitución Federal contiene un mandato para todas las autoridades, esto es, para las de cualquier orden o nivel de gobierno, incluyendo, naturalmente, al Poder Legislativo. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de ese Máximo Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, tomo 157-162 primera parte, página 150, cuyos rubro y texto establecen: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.’ (se transcribe). De la transcripción se desprende que, por lo que hace a la fundamentación, ésta se satisface cuando el órgano legislativo actúa dentro de los límites que la Constitución Federal y local le confieren, esto es, que el ámbito espacial, material y personal de validez de las normas que se emiten corresponda a la esfera de atribuciones del Poder Legislativo de que se trate de acuerdo con la Ley Fundamental. De ahí es evidente que, al preverse en los artículos 198, 198 Nonies y 198 Decies del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, hipótesis contrarias al mandato constitucional previsto en el numeral 14 de la Ley Fundamental, y por las razones explicadas en el primer concepto de invalidez, el Congreso de la entidad se extralimita en sus funciones, contraviniendo con ello lo dispuesto en el numeral 16 de la Ley Suprema. En esa tesitura, al no poder existir dentro de nuestro marco jurídico la atribución antes referida, el Congreso de Puebla se arroga facultades ajenas a su función constitucional, contraviniendo con ello lo dispuesto por el citado precepto 16 de la Constitución Federal. Como consecuencia de ello, los numerales tildados de inconstitucionales, de igual manera transgreden lo dispuesto por el artículo 133 de la Carta Magna, el cual, en la parte que interesa señala: ‘Artículo 133.’ (se transcribe). Como se advierte, el numeral transcrito consagra el principio de supremacía constitucional, el cual impone la existencia de un orden jurídico creado y organizado por la misma Norma Suprema, al que deben sujetarse todos los órganos del Estado y todas las autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones. Por tanto, si los artículos 198, 198 Nonies y 198 Decies del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla contravienen lo dispuesto por los numerales 14 y 16 de la Constitución Federal, es claro que se violenta lo dispuesto por el ordinal 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
CUARTO. Mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil diez el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 6/2010 y, por razón de turno, designó al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano para que actuara como instructor en el procedimiento.
Por auto de dieciocho de mayo de dos mil diez el Ministro instructor admitió la acción relativa y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Puebla, los cuales emitieron y promulgaron las normas, para que rindieran sus informes justificados.
QUINTO. El Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, al rendir su informe justificado manifestó, en la parte que interesa, lo siguiente:
"Al respecto, es de señalar a ese honorable Pleno de Justicia de la Nación (sic) que en la especie deberá desestimar las argumentaciones planteadas por la promovente, con base en las siguientes consideraciones: Esta representación constitucional, considera que los conceptos de impugnación hechos valer por la accionante en la presente acción de inconstitucionalidad devienen infundados en virtud de que el decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, y en específico los artículos 198, 198 Nonies y 198 Decies cuya invalidez reclama no contraviene disposición constitucional alguna. Lo anterior ya que debe tomar en consideración que el principio de legalidad penal, constituye un importante límite externo al ejercicio del ius puniendi del Estado. Ello es así, porque en términos del artículo 57, fracción I, de la Constitución Estatal, es facultad exclusiva del Congreso del Estado establecer los delitos y las penas a través de una ley en sentido formal y material, por lo que en acatamiento a dicho precepto constitucional el Poder Legislativo del Estado tuvo a bien realizar las reformas y adiciones al Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Lo anterior porque al establecerse el Estado liberal de derecho se procuró no sólo proporcionar a los ciudadanos una simple garantía de seguridad jurídica, representada por la exigencia de predeterminación normativa de lo punible, sino de libertad, al condicionar taxativamente el catálogo de delitos y penas a la decisión de una instancia democráticamente constituida, como lo es el Poder Legislativo. En este sentido y derivado del principio de reserva absoluta de la ley conforme al principio de legalidad contenido en el tercer párrafo del artículo 14 constitucional, establece que no existe pena ni delito si no existe previamente una ley que lo establezca, es decir, para que una conducta o hecho determinado pueda ser considerado como delito y, por tanto, motivo de aplicación de una pena, es indispensable una ley que repute ese hecho o conducta como tal; de ahí que el artículo 11 del Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla defina al delito como el acto u omisión que sancionan las ‘leyes’ de defensa social. Robustece lo anterior la tesis que a continuación se cita: ‘APLICACIÓN EXACTA DE LA LEY PENAL, GARANTÍA DE LA, EN RELACIÓN AL DELITO DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN.’ (se transcribe). Así la función legislativa en materia penal ha sido reservada constitucionalmente al Poder Legislativo del Estado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 63, fracción II, 64, 65, 67 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 43, 69, fracción II, 70, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y 20, 32, 39, 48, 49, 77, 80, 93, 96, 129 y relativos del Reglamento Interior del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, motivo por el cual dicha Soberanía procedió de conformidad con los numerales citados, a dar el trámite legislativo correspondiente a las iniciativas presentadas para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla y que resultan ser los artículos 198, 198 Nonies y 198 Decies del relativo cuerpo legal. En este sentido, lo cierto es que esta representación constitucional puede advertir que las porciones normativas cuya invalidez se cuestiona, no son violatorias de las garantías individuales aludidas ya que como ha quedado debidamente asentado, son producto del proceso legislativo del Congreso del Estado y que en correspondencia a las garantías de legalidad y de exacta aplicación de la ley en materia penal, y como lo señala el principio nullum crimen sine lege y nulla poena sine lege, luego entonces se advierte que efectivamente los hechos al estar tipificados en la ley, conducen a la imposición de una pena, tomando en consideración que precisamente todo hecho relacionado en la ley como delito debe preverse expresamente la pena que le corresponda, circunstancia que demuestra lo infundado del argumento hecho valer por el promovente. Es aplicable al caso la tesis que a continuación se cita: ‘REVELACIÓN DE SECRETOS. EL ARTÍCULO 211 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL AL ESTABLECER UNA SANCIÓN DE 'UNO A CINCO AÑOS', SIN ESPECIFICAR SU NATURALEZA, VIOLA LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe). ‘PRINCIPIO DE LEGALIDAD. LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE, CON LOS PRINCIPIOS DE TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMÉTICA DERIVADOS DE AQUÉL, COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL EN UN ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO.’ (se transcribe). Por lo anterior lo procedente es que ese honorable Alto Tribunal proceda a desestimar los conceptos de invalidez propuestos por la accionante ya que tal y como ha quedado demostrado al tenor del presente oficio los mismos devienen infundados en virtud que no transgreden garantía constitucional alguna en razón que las porciones normativas tildadas de inconstitucionales son el resultado de un procedimiento legislativo ajustado a derecho de conformidad con las normas que lo regulan, lo que en concordancia a la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, la prohibición de imponer penas que no estén establecidas por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate, nulla poena sine lege, y cuyo alcance repercute en la circunstancia que luego entonces se advierte que efectivamente los hechos al estar tipificados en la ley, conducen a la imposición de una pena, tomando en consideración que precisamente todo hecho relacionado en la ley como delito debe preverse expresamente la pena que le corresponda. Al efecto se invoca la tesis a contrario sensu que a continuación se cita: ‘FE DE ERRATAS AL DECRETO QUE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 245 BIS DEL ABROGADO CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, PUBLICADO EL 25 DE FEBRERO DE 2004. AL DIFERIR DEL TEXTO ORIGINALMENTE APROBADO POR EL LEGISLADOR LOCAL, SIN AGOTAR LAS ETAPAS RELATIVAS PARA SU CREACIÓN, MODIFICACIÓN O REFORMA, VIOLA LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL.’ (se transcribe)."
SEXTO. El presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, al rendir su informe justificado, indicó:
"La presente acción de inconstitucionalidad deriva de la aprobación de la minuta del Decreto por virtud de la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla que resulta de la Iniciativa de Decreto mediante el cual se reforma y adiciona la sección primera del capítulo cuarto del libro segundo del Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, relativo a los delitos contra la ecología, y el capítulo cuarto bis del libro ya referido y los artículos 199 Bis, 199 Ter, 199 Quater, 199 Quinquies, 199 Sexies, y deroga las fracciones I, V, VI y VII del artículo 405 del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla; y adiciona el inciso ‘T’ del artículo 69 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y turnada a la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales del Honorable Congreso del Estado con fecha quince de diciembre del año dos mil nueve. Es cierto el acto que se reclama al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, pero sin que se le pueda tildar de inconstitucional y por consecuencia se deba considerar como inválido, por cuanto hace a la aprobación del decreto por virtud del cual se reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Esta Soberanía considera que son infundados los argumentos expresados en la demanda por la que se ejercita la presente acción de inconstitucionalidad, lo anterior, en virtud de que el decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, se encuentra apegado a lo establecido en el artículo 14, tercer párrafo, de la Constitución Federal, dispositivo legal que prevé por un lado
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24094-eb930bec/delitos-contra-el-medio-ambiente-y-la-infraestructura · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- DELITOS CONTRA LA SALUD. EL ARTÍCULO 194, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE ESTABLECE LA PENA APLICABLE POR SU COMISIÓN, NO VIOLA EL NUMERAL 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA D (1a. XXX/2008)
- DELITO CONTRA LA SALUD. LA PENA IMPUESTA POR LA COMISIÓN DE ALGUNA DE LAS CONDUCTAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 194 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, NO DEBE AUMENTARSE EN UNA MITAD TANTAS VE (XXI.3o.14 P)
- CLASIFICACIÓN DEL DELITO SEGÚN LOS HECHOS, CAMBIO ILEGAL DE LA.- (3945)
- CLASIFICACION DEL DELITO SEGUN LOS HECHOS, CAMBIO ILEGAL DE LA. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis