I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LAS LEYES EXPEDIDAS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. IV. EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL, CONTENIDO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SALVAGUARDA LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS. V. TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. LA DESCRIPCIÓN TÍPICA NO DEBE SER VAGA, IMPRECISA, ABIERTA O AMPLIA, AL GRADO DE PERMITIR LA ARBITRARIEDAD EN SU APLICACIÓN. VI. GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL. SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIÉN A LA LEY MISMA. VII. GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. LA CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TAMBIÉN OBLIGA AL LEGISLADOR. VIII. TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. SUPONE LA EXIGENCIA DE QUE EL GRADO DE DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTA TÍPICA SEA TAL QUE LO QUE ES OBJETO DE PROHIBICIÓN PUEDA SER CONOCIDO SIN PROBLEMAS POR EL DESTINATARIO DE LA NORMA. IX. PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS. X. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. EXIGENCIA DE QUE LOS TEXTOS EN LOS QUE SE RECOGEN LAS NORMAS SANCIONADORAS DESCRIBAN CON SUFICIENTE PRECISIÓN QUÉ CONDUCTAS ESTÁN PROHIBIDAS Y QUÉ SANCIONES SE IMPONDRÁN A QUIENES INCURRAN EN ELLAS. XI. DELITOS COMETIDOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL ESTADO DE NAYARIT. LA NORMA QUE ESTABLECE LA SUSPENSIÓN O DESTITUCIÓN DEL CARGO PARA QUIEN DIFUNDA, PUBLIQUE, TRANSMITA, EXPONGA, REMITA, DISTRIBUYA, COMERCIALICE, OFERTE, INTERCAMBIE O COMPARTA IMÁGENES, AUDIOS, VIDEOS, INFORMACIÓN CLASIFICADA, DOCUMENTOS DEL LUGAR DE LOS HECHOS O DEL HALLAZGO, INDICIOS, EVIDENCIAS, OBJETOS O INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO PENAL, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLOS CASOS EN LOS QUE, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, SE UTILICEN PARA FINES ACADÉMICOS O DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD Y DE SEGURIDAD JURÍDICA, AL NO ESTABLECER UN PARÁMETRO MÍNIMO Y MÁXIMO DE TIEMPO DE DURACIÓN DE ESA PENA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 261 BIS EN SU PORCIÓN NORMATIVA "SUSPENSIÓN O" DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO). XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS RETROACTIVOS A LA ENTRADA EN VIGOR DEL CÓDIGO IMPUGNADO CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 261 BIS EN SU PORCIÓN NORMATIVA "SUSPENSIÓN O" DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO). XIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 261 BIS EN SU PORCIÓN NORMATIVA "SUSPENSIÓN O" DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 107/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 18 DE JUNIO DE 2024. PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: SAÚL ARMANDO PATIÑO LARA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: El siete de junio de dos mil veintiuno, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el Decreto mediante el cual se adicionó el artículo 261 Bis, al Código Penal de esa entidad*.
La maestra María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez de dicho artículo. Lo anterior al considerar que la norma transgrede el derecho humano a la seguridad jurídica, en su vertiente de taxatividad por la indeterminación temporal de la sanción de “suspensión” aplicable a las personas servidoras públicas.
Ver índice temático
Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dieciocho de junio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 107/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que solicita la declaración de invalidez artículo 261 Bis, primer párrafo, en la porción normativa “suspensión o” del Código Penal para el Estado de Nayarit, adicionado mediante Decreto publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial de la citada entidad federativa.
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación del escrito inicial por la Comisión accionante. Por escrito presentado el siete de julio de dos mil veintiuno ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del artículo 261 Bis, primer párrafo, en la porción normativa “suspensión o” del Código Penal para el Estado de Nayarit.(1) Dicho artículo se adicionó mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa.
2. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la Comisión accionante expuso dentro de su único concepto de invalidez que la norma transgrede el derecho humano a la seguridad jurídica, así como el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad por la indeterminación de una de las penas aplicables a las personas servidoras públicas. Lo anterior, por las razones siguientes:
a. La porción impugnada vulnera el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad previsto en el artículo 14 de la Constitución Política del país, porque la expresión “suspensión o” genera incertidumbre jurídica a los servidores públicos que incurran en el delito de difusión de hallazgos relacionados con procedimientos penales, pues, en caso de que les sea impuesta, tales personas no sabrán hasta cuando surtirá efecto esa suspensión.
b. La expresión impugnada permite un margen amplio de actuación a los jueces para definir la pena aplicable.
c. El legislador no fue cauteloso en determinar la pena aplicable, ya que la suspensión no se sujetó a una temporalidad. En consecuencia, la porción normativa impugnada es incierta por indeterminada, pues no existe certeza sobre el parámetro temporal por el cual una persona servidora pública podrá ser suspendida de su cargo.
d. Ahora, podría concluirse que la temporalidad de dicha suspensión será la misma que se impone como prisión en el mismo precepto, es decir, de dos a seis años, o hasta un tercio de esas penas cuando se está ante una de las agravantes previstas en el precepto respectivo, o que podrá aplicarse el artículo 260 del propio Código Penal para el Estado de Nayarit que estable que ante la actualización del tipo penal que contiene se impondrá suspensión de tres meses a tres años de prisión.
No obstante, dicha interpretación es inadmisible en materia penal, en atención a las particularidades del principio de legalidad en dicha disciplina, consistentes en: i) reserva de ley, por virtud del cual los delitos solo pueden establecerse en una ley formal o material; ii) prohibición de la aplicación retroactiva, y; iii) principio de tipicidad o taxatividad.
e. El principio de legalidad en materia penal obliga al legislador a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal. La disposición impugnada no describe ni acota las sanciones aplicables a los servidores públicos, por lo que se deja al arbitrio de la autoridad jurisdiccional su determinación.
f. El tercer párrafo del artículo 261 Bis del Código Penal para el Estado de Nayarit, prevé que las penas correspondientes a las hipótesis enlistadas en las fracciones I, II y III de dicho precepto se incrementarán hasta en una tercera parte, sin que el juzgador y el propio imputado puedan saber cuánto se incrementará el plazo de la suspensión del cargo, ya que no hay forma de determinar cuál es la tercera parte de la pena, pues el legislador no fijó una temporalidad.
g. La porción impugnada provoca que se revictimice a las víctimas, al ser imprecisas las consecuencias del delito. La incertidumbre que produce la norma genera inseguridad jurídica en la totalidad de los sujetos involucrados, incluidas las víctimas. Es imprescindible que el juzgador cuente con los elementos necesarios, idóneos y eficaces que otorguen seguridad a la persona imputada y a las víctimas a fin de que se garantice su reparación integral.
h. La imprecisión de la norma genera un grado de imprecisión irrazonable para la imposición de la pena respectiva, pues obliga a la autoridad jurisdiccional a inventar o determinar por analogía el tiempo que durará la suspensión del cargo que decrete, en contravención del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
i. Así, resulta imprescindible que el juzgador esté posibilitado por la ley para la debida aplicación y graduación de las penas.
3. Admisión y trámite. El trece de julio de dos mil veintiuno, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad bajo el número 107/2021 y turnó el asunto a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
4. El once de agosto de dos mil veintiuno, la Ministra instructora admitió a trámite la acción, tuvo como parte actora a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y como autoridades demandadas a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Nayarit, emplazándolos para que rindieran los respectivos informes de ley. Por último, dio vista a la Fiscalía General de la República para que formulara pedimento, así como a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
5. Informe del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. El veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, el licenciado Paulo Silverio Barajas Zavala, su carácter de representante jurídico del Congreso del Estado de Nayarit, rindió su informe en el que se posicionó por la validez de la norma y en concreto señaló que:
a. El artículo 261 Bis, párrafo primero, del Código Penal del Estado de Nayarit, debe analizarse conforme a la Constitución Política del país.
b. Es aplicable el principio “in dubio pro legislatore”. En caso de duda razonable acerca de la concurrencia de un vicio en cuanto a la constitucionalidad de la norma impugnada, la duda debe ser resuelta a favor de la decisión mayoritaria del cuerpo legislativo.
c. No se advierte un razonamiento lógico jurídico que cuente con el peso suficiente para desvirtuar la presunción de constitucionalidad del artículo 261 Bis, párrafo primero, del Código Penal del Estado de Nayarit.
d. La finalidad de analizar conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la norma impugnada es salvaguardar la unidad del orden jurídico en el Estado de Nayarit a partir del respeto del bloque de derechos humanos.
e. La norma impugnada no se enmarca en una de las “categorías sospechosas” contenidas en el artículo 1º de la Constitución, por lo que debe prevalecer en el caso concreto el principio de presunción de constitucionalidad.
f. Las personas juzgadoras tienen la facultad de decretar la suspensión impugnada, para ello debe considerar, a saber: i) la naturaleza de la acción u omisión, medios empleados para ejecutar, gravedad del daño y el peligro; ii) edad, educación; ilustración; costumbres y conducta precedente del sujeto, motivos lo impulsaron o determinaron a delinquir y condiciones económicas; y, iii) las condiciones especiales en que se encontraba en el momento de la comisión del delito.
g. La norma impugnada no transgrede el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, ante el hecho de que no se establezca un parámetro de sanción mínima y máxima, pues el Título Quinto del Código Penal del Estado de Nayarit, en el capítulo primero denominado “Reglas Generales”, establece en el artículo 91 que los tribunales aplicarán las sanciones establecidas para cada delito, tomando en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución y los datos peculiares del delincuente.
En atención al artículo en mención, se concluye que las personas juzgadoras tendrán la faculta de aplicar la sanción tomando en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar del delito que se trate. Así como establecer una suspensión al servidor público conforme a las peculiaridades de la comisión de los hechos que la ley señale como delito.
Apoyó sus consideraciones en las jurisprudencias 2/2017 y 3/2017, de títulos:
“RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PERMITE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PERCEPCIONES, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PREVENDRÁ UN INGRESO MÍNIMO PARA LA SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, HASTA EN TANTO NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE AQUÉLLAS”.
“RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS MEDIDAS CONSISTENTES EN LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE LAS PERCEPCIONES SIEMPRE QUE RESPETE EL MÍNIMO DE SUBSISTENCIA DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, HASTA EN TANTO SE DICTA LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA QUE SE DETERMINAN AQUÉLLAS, SON CONSTITUCIONALES”.(2)
h. Así, la suspensión es una sanción idónea y razonable que se impondrá una vez que la persona juzgadora valore las circunstancias especiales a fin de individualizar debidamente la sanción.
i. Las personas juzgadoras tienen la autonomía para poder decidir si absuelve o condena a una persona, así como para imponer la penalidad correspondiente, por lo que queda al arbitrio del tribunal de enjuiciamiento decidir la temporalidad de la suspensión del servidor público con base en las circunstancias de la comisión del delito.
j. El término “hasta” que mide la temporalidad para la potestad de ejecutar sanciones existe en otros dispositivos legales y no se han declarado inconstitucionales.
k. La norma impugnada emana de la “Ley Ingrid”. En tal razón, persigue un fin constitucionalmente admisible, pues busca dotar a las personas víctimas y ofendidas del delito del derecho a la privacidad e intimidad, así como de dignidad humana.
Sustentó sus consideraciones en la jurisprudencia 37/2016, de epígrafe: “DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA”.(3)
6. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. El cuatro de octubre de dos mil veintiuno, el maestro Raúl Alamillo Gutiérrez, en su carácter de Consejero Jurídico del Gobernador del Estado de Nayarit, rindió el informe correspondiente y expuso que:
a. La porción normativa “suspensión o” cuya invalidez se reclama no la produjo el Poder Ejecutivo, pues en términos de los artículos 53, 69, fracción II y 75, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, se limitó a promulgar y publicar la reforma al artículo 297 Bis y la adición al artículo 261 Bis del Código Penal para el estado de Nayarit.
7. Mediante acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintiuno, la Ministra instructora tuvo a los poderes Legislativo y Ejecutivo, respectivamente, rindiendo los informes solicitados y que rindieron a través de sus representantes.
8. Pedimento. La Fiscalía General de la República no formuló pedimento en el presente asunto y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no realizó manifestación alguna.
9. Alegatos. En el mismo acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintiuno, se dejaron los autos a la vista de las partes para que formularan sus alegatos.
10. En atención a lo anterior, Tania Sofía Flores Meza, delegada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Rocío Darinka Mondragón Figueroa, encargada de la Unidad Jurídica y Representante Jurídico del Congreso del Estado de Nayarit, formularon alegatos mediante escritos presentados el veintidós y veintiséis de octubre, ambos de dos mil veintiuno, respectivamente.
11. Cierre de la instrucción. Por acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, se declaró cerrada la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución respectivo.
12. Primer returno. Por acuerdo de dos de enero de dos mil veintitrés, en atención a la determinación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual se eligió Presidenta de este tribunal constitucional a la Ministra instructora, la acción de inconstitucionalidad 107/2021 se returnó al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
13. Segundo returno. Por acuerdo de primero de diciembre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta Norma Lucia Piña Hernández, ordenó returnar el expediente a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para que continúe actuando como instructora de la acción de inconstitucionalidad 107/2021.
II. COMPETENCIA
14. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del país,(4) así como 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(5) así como el punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General 1/2023,(6) porque se planteó la posible inconstitucionalidad del artículo 261 Bis, primer párrafo, del Código Penal para el Estado de Nayarit, adicionado mediante Decreto publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial de la citada entidad federativa.
III. PRECISIÓN DE LA NORMA RECLAMADA
15. La norma impugnada es el artículo 261 Bis, primer párrafo, en la porción normativa “suspensión o” del Código Penal para el Estado de Nayarit, reformado mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial de la citada entidad federativa, el siete de junio de dos mil veintiuno. El referido precepto establece lo siguiente:
Artículo 261 Bis. Se impondrá suspensión o destitución del cargo, así como de dos a seis años de prisión, y multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización a la persona servidora pública que, difunda, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información clasificada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal en relación con hechos señalados por la Ley como constitutivos de delito.
No se ejercerá acción penal, en aquellos casos que previa autorización por autoridad competente, se utilicen para fines académicos o de investigación científica, siempre que se proteja la información clasificada en los términos de la ley de la materia.
Las penas se incrementarán hasta una tercera parte sí la información que se difunda:
I. Sea con el fin de menoscabar la dignidad de las víctimas o de sus familiares;
II. Se trate de cadáveres de mujeres, niñas, o adolescentes, o
III. Sea de las circunstancias de la muerte, de las lesiones o del estado de salud de la víctima.
IV. OPORTUNIDAD
16. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente; en caso de que el último día del plazo sea inhábil, la demanda puede presentarse el primer día hábil siguiente.(7)
17. En este caso la acción es oportuna pues el artículo 261 Bis, primer párrafo, del Código Penal para el Estado de Nayarit, adicionado mediante Decreto publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial de la citada entidad federativa, por lo que el plazo para presentar la acción transcurrió del martes ocho de junio al miércoles siete de julio de dos mil veintiuno.
18. Consecuentemente, si la acción de inconstitucionalidad se presentó a través del buzón judicial en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este alto tribunal el siete de julio de dos mil veintiuno, resulta claro que se promovió en forma oportuna.
V. LEGITIMACIÓN
19. La acción fue promovida por parte legitimada. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del país dispone que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está facultada para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes estatales que vulneren los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en tratados internacionales.
20. Por otro lado, el artículo 11, párrafo primero, aplicable a las acciones de inconstitucionalidad en términos del artículo 59, ambos de la ley reglamentaria de la materia, establece que las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.(8)
21. En este caso, el escrito inicial fue suscrito por la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acreditó con copia certificada de su designación, expedida por el Senado de la República para un periodo de cinco años que concluirá el quince de noviembre de dos mil veinticuatro.
22. Dicha funcionaria ostenta la representación de la Comisión y cuenta con la facultad expresa para promover acciones de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 18, de su Reglamento Interno.(9)
23. Aunado a ello, en el presente caso se plantea la incompatibilidad del artículo 261 Bis, primer párrafo, del Código Penal para el Estado de Nayarit, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales, por considerar que se vulnera el derecho humano a la seguridad jurídica, en torno al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, ante la indeterminación de una de las penas aplicables en el tipo penal.
24. Así, al ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un órgano legitimado para ejercer la acción de inconstitucionalidad en este supuesto y al haber sido promovida por la representante legal de dicho órgano, debe concluirse que fue hecha valer por parte legitimada.
VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
25. Las partes no hacen valer alguna causa de improcedencia ni este Tribunal Pleno la advierte de oficio. 26. No pasa inadvertido que, al rendir su informe, el Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit expuso que únicamente actuó en cumplimiento a las facultades y obligaciones que a su favor se prevén en diversos preceptos legales, por lo que su actuar no puede ser considerado inconstitucional.
27. Sin embargo, ello no es motivo para sobreseer en la presente acción respecto de dicho poder, pues el Tribunal Pleno ha reiterado que los poderes ejecutivos locales se encuentran invariablemente implicados en la emisión de las leyes, al otorgarles validez y eficacia a través de su promulgación y publicación, por lo que tienen una verdadera injerencia en el proceso legislativo.
28. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 38/2010, del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tema: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES”.(10) Por tanto, procede realizar el estudio de fondo.
VII. ESTUDIO DE FONDO
29. Para analizar los planteamientos de invalidez que formula la accionante, es preciso establecer la doctrina constitucional y convencional que esta Suprema Corte ha desarrollado sobre el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad que garantiza la seguridad jurídica de quienes son destinatarios de las normas(11) y, posteriormente, si la norma impugnada vulnera o no ese principio fundamental.
I) El derecho humano de seguridad jurídica y el principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad
30. El principio de legalidad es el principal límite impuesto por las exigencias del Estado de Derecho al ejercicio de la potestad punitiva e incluye una serie de derechos para la ciudadanía que se traducen en la imposibilidad de que el Estado intervenga penalmente más allá de lo que le permite la ley.
31. De acuerdo con el referido principio, sólo se puede castigar un hecho si su punibilidad se encuentra prevista en una ley antes de su comisión. La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal y constituye la base fundamental del principio de legalidad.
32. El citado principio se encuentra reconocido como derecho fundamental en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política del país, que señala:
Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
[...]
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.
[...]
33. Del mismo modo, en el artículo 11.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que precisa lo siguiente:
Artículo 11
[...]
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
34. Así como en el precepto 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene el siguiente contenido:
Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad. Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.
35. Además, en el numeral 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, que precisa:
Artículo 15
1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.
36. De los referidos preceptos subyace el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley penal, que deriva de los principios nullum crimen sine lege (no existe un delito sin una ley que lo establezca) y nulla poena sine lege (no existe una pena sin una ley que la establezca).
37. Entonces, conforme a dichos principios el Estado sólo puede sancionar penalmente las conductas debidamente descritas en la legislación correspondiente como ilícitas y aplicar las penas prestablecidas en la ley para sancionarlas, con el fin de salvaguardar la seguridad jurídica de las personas.
38. Al respecto, es aplicable la tesis P. XXI/2013 de este Tribunal Pleno, de título: “EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL, CONTENIDO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SALVAGUARDA LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS”.(12)
39. De ahí deriva la importancia que la dogmática jurídico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad o taxatividad, que alude a la necesidad de que la ley consagre plenamente los componentes de una hipótesis delictiva, de forma que, una vez acontecidos los hechos presuntamente constitutivos de delito, exista una correspondencia exacta entre lo dicho por la legislación y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo fáctico.
40. Lo anterior, porque la tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige, con todas sus derivaciones, como pilar de un sistema de naturaleza penal en un estado democrático de derecho.
41. Acorde con el principio en estudio, no existen pena ni delito sin ley que los establezca, de modo que, para que una conducta o hecho determinado pueda ser considerado delito y motivar o justificar por ello la aplicación de una pena, es indispensable una ley que considere ese hecho o conducta como tal.
42. De ahí que los ordenamientos sustantivos en materia penal conceptualicen el delito como el acto u omisión sancionado por la ley penal, entendida esta última expresión en términos genéricos de normas jurídicas que prevén y sancionan delitos, con independencia que estén insertas en el ordenamiento penal o en normas especiales que regulan materias específicas y contienen un apartado de delitos particularmente relacionados con el ámbito de regulación de dichos ordenamientos.
43. En ese sentido, esta Suprema Corte ha señalado que una de las derivaciones del principio de legalidad es la exigencia de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley, es decir, la necesidad de que la descripción típica no sea vaga, imprecisa, abierta o demasiado amplia, de modo tal que permita la arbitrariedad en su aplicación, pues para garantizar la prohibición de analogía o mayoría de razón en la aplicación de la ley penal, esta debe ser exacta para garantizar seguridad jurídica a las personas destinatarias de la norma.
44. Lo anterior no solo porque la infracción corresponda a una sanción, sino porque las normas penales deben cumplir con una función motivadora contra la realización de delitos y para ello es imprescindible que las conductas punibles y las sanciones aplicables estén descritas con exactitud y claridad; ya que no puede evitarse aquello que no se tiene posibilidad de conocer con certeza.
45. El mandato de taxatividad implica, por consiguiente, una obligación fundamental al legislador de establecer un grado de determinación de la conducta típica y de la pena a imponer que permita afirmar que lo que es objeto de prohibición puede ser conocido sin problemas por la persona que resentirá la aplicación de la norma.
46. La garantía de legalidad en materia penal se incumple con una tipificación confusa o incompleta que obligue a los gobernados a realizar labores de interpretación analógica o por mayoría de razón, pues no todos están preparados para realizar esa tarea a efecto de conocer las conductas que les están prohibidas.
47. Las garantías referidas no se circunscriben a los meros actos de aplicación, sino que se proyectan sobre el contenido de la ley que se aplica, que debe quedar redactada en términos específicos, claros y exactos.
48. En ese sentido, al prever las penas, la autoridad legislativa no puede sustraerse del deber de describir las conductas que señalen como merecedoras de sanción penal, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos; ello es necesario para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del procesado. Por tanto, la ley que carezca de tales requisitos de certeza resultará violatoria del principio de taxatividad.
49. Lo anterior ha sido desarrollado en la tesis IX/95, de este Tribunal Pleno, y en la jurisprudencia 10/2006, de la Primera Sala, de respectivos títulos: “EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL, GARANTÍA DE. SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIÉN A LA LEY MISMA”,(13) y “EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. LA GARANTÍA, CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TAMBIÉN OBLIGA AL LEGISLADOR”.(14)
50. De acuerdo con los parámetros de referencia, esta Suprema Corte ha concluido que la garantía de exacta aplicación de la ley penal implica que el gobernado debe tener pleno conocimiento de cuándo su conducta, por acción u omisión, daña un bien jurídico protegido por el sistema penal y, por tanto, que puede ubicarse en la hipótesis prevista en un tipo penal, con la consecuente sanción a la que se haga acreedor.
51. Por ello es de suma importancia que el legislador establezca con exactitud la conducta que considera dañina y desde luego las sanciones que resultan aplicables como consecuencia de su realización. En caso contrario, generaría incertidumbre jurídica en cuanto al encuadramiento o enmarcamiento de la conducta que realiza el sujeto activo en la descripción establecida en la ley o en la precisión de la penas a las que se enfrentaría en caso de transgredir el ordenamiento.
52. Est
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33829-266c48e4/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LAS LEYES EXPEDIDAS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES. (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LAS LEYES EXPEDIDAS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES. (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LAS LEYES EXPEDIDAS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES QUE (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- DETENCIÓN. SI EL MINISTERIO PÚBLICO OBTUVO LA CONFESIÓN DEL INDICIADO EN LA COMISIÓN DEL DELITO, DEBIDO A QUE COMPARECIÓ ANTE ÉL POR ESTAR DETENIDO CON MOTIVO DE DIVERSA AVERIGUACI (IV.1o.P. J/6 (10a.))
- ORDEN DE APREHENSIÓN. AL EMITIRLA EL JUEZ ESTÁ LEGITIMADO PARA HACER UNA CORRECTA CLASIFICACIÓN LEGAL DE LOS HECHOS MATERIA DE LA ACCIÓN PENAL AL SUPUESTO DELICTIVO QUE CORRESPONDA (IV.1o.P.19 P (10a.))
- VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. SI DE LAS ACTUACIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO SE ADVIERTE LA REALIZACIÓN DE ALGUNA DE LAS CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE DELITO PREVISTAS EN EL (I.3o.C.87 K (10a.))
- REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL. ES IMPROCEDENTE ORDENARLA EN EL AMPARO DIRECTO PARA QUE EL JUEZ DE LA CAUSA RECABE DE OFICIO LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN LA LEGALIDAD DE LA DE (XXXII.7 P (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis