I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. CONSTITUYE UNA EXIGENCIA DE RACIONALIDAD LINGÜÍSTICA QUE OBLIGA AL LEGISLADOR A LA EMISIÓN DE NORMAS CLARAS, PRECISAS Y EXACTAS RESPECTO DE LA CONDUCTA TÍPICA Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS. IV. EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL. SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIÉN A LA LEY MISMA. V. EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL TAMBIÉN OBLIGA AL LEGISLADOR. VI. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA PENAL. SE INTEGRA POR LOS PRINCIPIOS DE TAXATIVIDAD, NO RETROACTIVIDAD, RESERVA DE LEY Y EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY. VII. PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS. VIII. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. SÓLO OBLIGA AL LEGISLADOR A UNA DETERMINACIÓN SUFICIENTE DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN LAS NORMAS PENALES Y NO A LA MAYOR PRECISIÓN IMAGINABLE. IX. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. EXIGENCIA DE QUE LOS TEXTOS EN LOS QUE SE RECOGEN LAS NORMAS SANCIONADORAS DESCRIBAN CON SUFICIENTE PRECISIÓN QUÉ CONDUCTAS ESTÁN PROHIBIDAS Y QUÉ SANCIONES SE IMPONDRÁN A QUIENES INCURRAN EN ELLAS. X. TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. LA DESCRIPCIÓN TÍPICA NO DEBE SER VAGA, IMPRECISA, ABIERTA O AMPLIA, AL GRADO DE PERMITIR LA ARBITRARIEDAD EN SU APLICACIÓN. XI. TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. SUPONE LA EXIGENCIA DE QUE EL GRADO DE DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTA TÍPICA SEA TAL QUE LO QUE ES OBJETO DE PROHIBICIÓN PUEDA SER CONOCIDO SIN PROBLEMAS POR EL DESTINATARIO DE LA NORMA. XII. DELITO DE EXPLOTACIÓN LABORAL EN EL ESTADO DE DURANGO. AL PREVERSE QUE CUANDO EL RESPONSABLE DE ESTE DELITO TENGA PARENTESCO, SEA CURADOR, TUTOR O CONVIVA O HABITE OCASIONAL O PERMANENTEMENTE EN EL MISMO ESPACIO O DOMICILIO DE LA VÍCTIMA, SE LE IMPONDRÁN, ADEMÁS DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 190 CUAR DEL CÓDIGO PENAL LOCAL, LA PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD "Y DE CUALQUIER DERECHO QUE PUDIESE TENER SOBRE LA VÍCTIMA", TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD, AL CARECER DE CLARIDAD Y PRECISIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 190 QUIN, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y CUALQUIER DERECHO QUE PUDIESE TENER", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO). XIII. DELITO DE EXPLOTACIÓN LABORAL EN EL ESTADO DE DURANGO. AL SANCIONARSE AL RESPONSABLE DE ESTE DELITO CON LA PÉRDIDA DE CUALQUIER DERECHO QUE PUDIESE TENER SOBRE LA VÍCTIMA ES INCONSTITUCIONAL, YA QUE NO ESPECIFICA, DENTRO DEL CONGLOMERADO DE DERECHOS Y DE INSTITUCIONES FAMILIARES Y CIVILES (ALIMENTOS, FILIACIÓN, SUCESIONES, GUARDA Y CUSTODIA, TUTELA, DERECHOS USUFRUCTUARIOS, ETCÉTERA), CUÁLES SON LOS DERECHOS A LOS QUE ALUDE (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 190 QUIN, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y CUALQUIER DERECHO QUE PUDIESE TENER", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO). XIV. DELITO DE EXPLOTACIÓN LABORAL EN EL ESTADO DE DURANGO. LA SANCIÓN PREVISTA AL RESPONSABLE DE SU COMISIÓN CONSISTENTE EN LA PÉRDIDA DE CUALQUIER DERECHO QUE PUDIESE TENER SOBRE LA VÍCTIMA, CONSTITUYE UNA PENA FIJA CONTRARIA A LOS ARTÍCULOS 14 Y 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AL IMPEDIR SU INDIVIDUALIZACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 190 QUIN, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y CUALQUIER DERECHO QUE PUDIESE TENER", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO). XV. DELITO DE EXPLOTACIÓN LABORAL EN EL ESTADO DE DURANGO. LA SANCIÓN CONSISTENTE EN PRIVAR DE LOS DERECHOS FAMILIARES AL SUJETO ACTIVO DEL DELITO COMO UNA MEDIDA OBLIGATORIA QUE IMPOSIBILITA AL OPERADOR JURÍDICO VALORAR CASO POR CASO SU IMPOSICIÓN, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LA PENA, AL SER FIJA Y ABIERTA E IMPONERSE CON INDEPENDENCIA DEL GRADO DE CULPABILIDAD Y QUE SERÁ SUJETA DE UNA INDIVIDUALIZACIÓN ARBITRARIA POR PARTE DEL JUEZ (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 190 QUIN, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y CUALQUIER DERECHO QUE PUDIESE TENER", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO). XVI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL CON EFECTOS RETROACTIVOS AL MOMENTO DE SU ENTRADA EN VIGOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 190 QUIN, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y CUALQUIER DERECHO QUE PUDIESE TENER", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO). XVII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIO
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 103/2023. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 15 DE FEBRERO DE 2024. PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIA: DANIELA CARRASCO BERGE.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día quince de febrero de dos mil veinticuatro, por el que se emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 103/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del artículo 190 Quin, en su porción normativa "y cualquier derecho que pudiese tener", del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango, adicionado mediante Decreto Número 332, publicado el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de esa entidad federativa.
I. TRÁMITE
1. Presentación de la demanda. El veinticuatro de abril de dos mil dos mil veintitrés, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante, "CNDH") presentó su demanda en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.
2. Autoridades emisora y promulgadora. Las autoridades son los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Durango, respectivamente.
3. Norma general cuya invalidez se demanda. Se impugna el artículo 190 Quin, en la porción normativa "y cualquier derecho que pudiese tener", del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango, adicionado mediante Decreto Número 332, publicado el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de esa entidad federativa.
4. Concepto de invalidez. La CNDH formula un único concepto de invalidez. Sostiene que el artículo 190 Quin del Código Penal de Durango resulta inconstitucional en la porción normativa que establece como sanción la pérdida de "cualquier derecho que pudiese tener" sobre la víctima, para el responsable del delito de explotación laboral, previsto en el diverso 109 Cuar, que tenga parentesco, conviva o habite ocasional o permanentemente en el mismo espacio o domicilio con la víctima o sea su tutor o curador.
5. Al respecto, la CNDH considera que dicha penalidad resulta amplia y ambigua porque no delimita cuáles son los derechos que serán efectivamente privados ni el plazo que durará dicha sanción, generándose incertidumbre jurídica y arbitrariedad en su aplicación. Por lo tanto, la norma impugnada es contraria a los derechos de seguridad jurídica y legalidad, en su vertiente de taxatividad, así como al principio de proporcionalidad de las penas.
6. En un primer momento (A), la CNDH reseña lo que, a su consideración, es el parámetro de regularidad constitucional en relación con los principios de seguridad jurídica y legalidad, en su vertiente de taxatividad, conforme a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Seguido, desarrolla el principio de proporcionalidad de las penas a la luz del artículo 22 constitucional.
7. Posteriormente, en un segundo apartado (B), la promovente argumenta que se debe declarar la invalidez de la porción normativa impugnada del artículo 190 Quin, pues, si bien es válida y loable la intención del legislador local de crear medidas más amplias para prohibir la explotación laboral, así como imponer una agravante a los sujetos activos que tengan algún vínculo familiar con la víctima, lo cierto es que la sanción consistente en la pérdida de cualquier derecho que pudiese tener sobre la víctima implica una punibilidad abierta que genera incertidumbre sobre la naturaleza de los derechos que puede ser privados, además de permitir restricciones en favor del sujeto pasivo.
8. Aunado a lo anterior, la pena prevista en el precepto impugnado también resulta inconstitucional al no estar limitada a un plazo determinado, pudiendo inclusive imponerse de forma vitalicia, sujeto únicamente a la discreción judicial, lo cual resultaría contrario al artículo 22 de la Constitución Federal. Situación que, además, pugna con el principio de proporcionalidad de las penas porque tampoco se permite prescindir de aplicar la medida de privación de los derechos, toda vez que se instituye como una pena obligatoria, sin posibilidad de ponderación por parte del operador.
9. La CNDH apunta que no debe pasar inadvertido que, en un delito de esta naturaleza, los derechos de la víctima y el sujeto activo pueden encontrarse intrínsecamente vinculados, pudiéndose trastocar especialmente los derechos de las víctimas a vivir en familia y a mantener relaciones, así como el interés superior de niñas, niños y adolescentes. En consecuencia, resultaba necesario que el legislador garantizara un alto grado de precisión en la sanción.
10. En cualquier caso, la promovente aclara que las deficiencias advertidas no pueden ser subsanadas por otros preceptos del Código Penal local, pues no existe otra disposición que dé luz sobre el alcance de la norma impugnada, además de que no sería admisible, en virtud del principio de taxatividad, acudir a otros ordenamientos para derivar cuáles serán los derechos que podrían privársele al sujeto activo o determinar por analogía la sanción que considere adecuada.
11. En consecuencia, toda vez que la porción normativa impugnada transgrede los derechos de seguridad jurídica, legalidad, en su vertiente de taxatividad, y el principio de proporcionalidad de las penas, la CNDH solicita que se declare su invalidez.
12. Auto de registro y turno. Mediante acuerdo de ocho de mayo de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte ordenó el registro de la acción de inconstitucionalidad a la que le correspondió el número 103/2023 y turnó el expediente al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, para que fungiera como instructor.
13. Auto de admisión. Mediante acuerdo de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad. Asimismo, ordenó que se diera vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Durango a fin de que rindieran el informe correspondiente.
14. Informe del Congreso del Estado de Durango.(1) Como primer punto, el Poder Legislativo sostiene que el procedimiento legislativo que dio origen a la norma impugnada cumplió a cabalidad con los requisitos legales y constitucionales.
15. Por lo que hace al concepto de invalidez planteado por la CNDH, el Congreso Local argumenta que la norma impugnada no transgrede los principios de legalidad, seguridad jurídica y proporcionalidad de las penas.
16. Tratándose del principio de seguridad jurídica, arguye que éste se vulnera hasta que los derechos se ven materialmente afectados al ser una norma que únicamente causa afectaciones en lo particular, razón por la cual no es inconstitucional, pues permite a los gobernados conocer las consecuencias de su actuar.
17. Por otro lado, considera que el artículo impugnado es respetuoso del principio de taxatividad y del artículo 22 de la Constitución Federal en tanto otorga seguridad al destinatario y le permite conocer las condiciones en las que podría actualizarse el supuesto jurídico.
18. Finalmente, el Congreso argumenta que la norma es congruente con su facultad para crear un marco jurídico acorde con las necesidades sociales locales, conforme a los artículos 73 y 124 de la Constitución Federal. Por lo tanto, solicita que se reconozca la validez del artículo 190 Quin del Código Penal impugnado.
19. Informe del Poder Ejecutivo Estatal.(2) El Gobernador de Durango sostiene que promulgó el Decreto que contiene la norma impugnada con fundamento en la fracción II del artículo 98 de la Constitución local, así como el numeral 5, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal. Además, advierte que no se le atribuyen vicios propios ni conceptos de invalidez en contra de su actuar. En este tenor, sostiene la validez de su participación en el proceso de creación de la norma impugnada.
20. Auto por el que se tienen rendidos los informes. En autos de veinte de junio y veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, el Ministro instructor tuvo por rendidos los informes solicitados y, en el último, otorgó un plazo de cinco días hábiles para la formulación de alegatos.
21. Alegatos. Mediante escrito presentado el seis de septiembre de dos mil veintitrés la CNDH formuló alegatos en la presente acción de inconstitucionalidad.
22. Opinión del Fiscal General de la República. El Fiscal General de la República no formuló pedimento alguno.
23. Manifestaciones de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. La Consejería Jurídica del Gobierno Federal no formuló opinión alguna.
24. Cierre de instrucción. Visto el estado procesal de los autos, el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, con fundamento en el artículo 68, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria, el Ministro instructor dictó auto de cierre de instrucción.
II. COMPETENCIA
25. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) y el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General 1/2023 de este Tribunal Pleno.(5) Ello es así, toda vez que la CNDH controvierte una norma local que estima violatoria de diversos derechos humanos.
III. OPORTUNIDAD
26. El plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que se haya publicado en el correspondiente medio oficial la norma general o tratado internacional impugnado.(6)
27. El artículo 190 Quin del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango fue adicionado mediante Decreto Número 332, publicado el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa. En ese sentido, el plazo para su impugnación transcurrió del viernes veinticuatro de marzo al lunes veinticuatro de abril de dos mil veintitrés.(7)
28. En el caso, la demanda de la CNDH se recibió vía buzón judicial en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Por lo tanto, cabe concluir que resulta oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
29. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal faculta a la CNDH para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes federales y de las entidades federativas, o de tratados internacionales, por vulnerar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, así como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.(8)
30. Dado que en la demanda la CNDH impugna una norma del Código Penal de Durango por estimar que vulnera, entre otros, los derechos a la seguridad jurídica, legalidad y proporcionalidad de las penas, debe concluirse que cuenta con legitimación para promover la presente acción de inconstitucionalidad.
31. Ahora bien, el artículo 11, en relación con el 59, ambos de la Ley Reglamentaria en la materia,(9) establecen que el promovente debe acudir al procedimiento a través de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, están facultados para representarlo. Asimismo, se presumirá que la persona que acude goza de la representación legal, salvo prueba en contrario.
32. Suscribe la demanda María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la CNDH, lo que acredita con copia certificada del acuerdo de designación emitido por el Senado de la República. El artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos faculta a su Presidenta a promover las acciones de inconstitucionalidad que correspondan.(10) Por lo tanto, debe concluirse que esta funcionaria cuenta con la representación del órgano legitimado para presentar la demanda.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
33. Las autoridades demandadas no plantearon la actualización de ninguna causal de improcedencia ni esta Suprema Corte advierte alguna oficiosamente, por lo tanto, corresponde estudiar el fondo de la cuestión planteada.
VI. ESTUDIO DE FONDO
34. En su único concepto de invalidez, la CNDH sostiene la inconstitucionalidad de la porción normativa "y cualquier derecho que pudiese tener" del artículo 190 Quin del Código Penal de Durango. Esta porción introduce una penalidad demasiado amplia y ambigua porque no delimita cuáles serán los derechos efectivamente privados ni el plazo de la sanción. Lo anterior, en contravención a los derechos de seguridad jurídica y legalidad, así como del principio de proporcionalidad de las penas.
35. Este Tribunal Pleno considera que dicho argumento resulta esencialmente fundado conforme a las siguientes consideraciones.(11)
36. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el principio de taxatividad rige en la formulación legislativa de las normas de carácter penal y se encuentra consagrado tanto en el artículo 14 de la Constitución Federal,(12) como en el 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.(13) Este Tribunal Pleno ha interpretado tales preceptos conforme a los siguientes razonamientos.(14)
37. En el tercer párrafo del artículo 14 se encuentra de manera explícita la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, la cual no se circunscribe a los meros actos de aplicación, sino que abarca también al contenido de la ley. Ésta debe estar redactada de tal forma que los términos mediante los cuales se especifiquen los elementos del tipo penal sean claros, precisos y exactos.
38. Ello pues, por un lado, la autoridad legislativa no puede sustraerse del deber de consignar leyes con expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, al prever las penas y describir las conductas que señala como típicas; por otro lado, las leyes deben incluir todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del procesado.(15)
39. Entre otros precedentes, al resolver la acción de inconstitucionalidad 29/2011,(16) este Tribunal Pleno sostuvo que las normas jurídicas son expresadas mediante enunciados lingüísticos denominados disposiciones, las cuales, en materia penal, contienen una exigencia de racionalidad lingüística que es conocida precisamente como principio de taxatividad.
40. Así, este principio constituye un importante límite al legislador penal en un Estado democrático de Derecho en el que subyacen dos valores fundamentales: la certeza jurídica y la imparcialidad en la aplicación del Derecho. Estos valores se traducen en un auténtico deber constitucional del legislador para formular, en términos precisos, los supuestos de hecho de las normas penales. En otros términos, el principio de taxatividad puede definirse como la exigencia de que los textos en los que se recogen las normas sancionadoras describan con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas.
41. Asimismo, en dicho precedente se destacó que esta Suprema Corte ha entendido el principio de taxatividad como una de las tres formulaciones del principio de legalidad, junto con los principios de no retroactividad y reserva de ley.
42. Abonando a estas ideas, se dijo que la precisión de las disposiciones es una cuestión de grado; por ello, lo que se busca con este tipo de análisis no es validar las normas si y sólo si se detecta la certeza absoluta de los mensajes del legislador, ya que ello es lógicamente imposible. Más bien, lo que se pretende es que el grado de imprecisión sea razonable, es decir, que el precepto sea lo suficientemente claro como para reconocer su validez, en tanto se considera que el mensaje legislativo cumplió esencialmente su cometido dirigiéndose al núcleo esencial de casos regulados por la norma.(17)
43. Sin embargo, el otro extremo sería la imprecisión excesiva o irrazonable, es decir, un grado de indeterminación tal que provoque en los destinatarios confusión o incertidumbre por no saber cómo actuar ante la norma jurídica; la certeza jurídica y la imparcialidad en la aplicación del Derecho –se insiste– son los valores subyacentes al principio de taxatividad.
44. En este sentido, es claro que en el derecho humano de exacta aplicación de la ley en materia penal se puede advertir una vertiente que consiste en un mandato de taxatividad; lo que significa que los textos que contengan normas sancionadoras deben describir de manera clara las conductas que están regulando y las sanciones penales que se puedan aplicar a quienes las realicen.(18)
45. Se reitera, el mandato de taxatividad sólo obliga al legislador penal a una determinación suficiente y no a la mayor precisión imaginable; ese es el grado de exigencia. Desde esta perspectiva, la taxatividad tiene un matiz consistente en que los textos legales que contienen las normas penales únicamente deben describir con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas. La exigencia en cuanto a la claridad y precisión es gradual.
46. Así, se puede esclarecer una cierta tensión estructural en el mandato de la taxatividad: alcanzar el punto adecuado entre precisión (claridad) y flexibilidad de una disposición normativa para que, en una sana colaboración con las autoridades judiciales, dichas disposiciones puedan ser interpretadas para adquirir mejores contornos de determinación, es decir, como la legislación penal no puede renunciar a la utilización de expresiones, conceptos jurídicos, términos técnicos, vocablos propios de un sector o profesión (y por ello necesitados de concreción) entonces el legislador y las autoridades judiciales se reparten el trabajo para alcanzar, de inicio, una suficiente determinación y, posteriormente, una mayor concreción.
47. Además, este Tribunal Pleno ha determinado que la tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige, con todas sus derivaciones, como pilar de un sistema de derecho penal en un Estado democrático de Derecho.(19)
48. La descripción típica no debe ser vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación, para garantizar la exacta aplicación de la ley penal y la prohibición de imposiciones de penas por analogía o mayoría de razón. La descripción debe ser exacta y clara dado que, al cumplir con una función inhibidora de las conductas punibles, se puede evitar solamente aquello que se tiene posibilidad de conocer con certeza.
49. En consecuencia, la formulación de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal que, lo que es objeto de prohibición, las conductas sancionables y las penas puedan ser conocidas sin problemas por el destinatario de la norma.
50 Dispuesto este parámetro de regularidad, debe tenerse en cuenta lo que dispone el precepto impugnado:
"Artículo 190 Quin. Cuando el responsable tenga parentesco, conviva o habite ocasional o permanentemente en el mismo espacio o domicilio con la víctima, o se trate de tutor o curador, se le impondrán las mismas sanciones que se establecen en el artículo anterior, pero además perderá la patria potestad y cualquier derecho que pudiese tener sobre la víctima, así mismo la autoridad judicial que conozca del asunto pondrá a éste a disposición y cuidado de la autoridad correspondiente en la materia." (Itálicas añadidas).
Ver precepto impugnado
51. A fin de entender el contenido de este precepto, es necesario vincularlo al diverso artículo 190 Cuar del mismo Código Penal que prevé el delito de explotación laboral, sus hipótesis típicas, las penalidades y sus rangos, así como algunas agravantes.(20)
52. Así, el artículo 190 Quin bajo análisis, en seguimiento al precepto anterior, establece que, en caso de que el responsable del delito de explotación laboral tenga parentesco, sea curador, tutor o conviva o habite ocasional o permanentemente en el mismo espacio o domicilio de la víctima, además de las sanciones previstas en el artículo 190 Cuar, se le impondrá como sanción adicional la pérdida de la patria potestad y de cualquier derecho que pudiese tener sobre la víctima. Aunado a que, en este caso, la víctima será puesta a disposición y cuidado de la autoridad correspondiente. 53. Este Alto Tribunal advierte que la porción normativa impugnada "y cualquier derecho que pudiese tener" del artículo 190 Quin es contraria al derecho a la legalidad en su vertiente de taxatividad toda vez que carece de la claridad y precisión necesarias.
54. En efecto, la porción normativa impugnada no especifica, en el mejor de los casos, dentro del conglomerado de derechos y de instituciones familiares y civiles (alimentos, filiación, sucesiones, guarda y custodia, tutela, derechos usufructuarios, etcétera), cuáles son esos derechos a los que hace alusión, aunado a que estos no necesariamente se ciñen al ámbito privado de la legislación civil, sino que también podrían hacerse presentes en otros ordenamientos como podrían ser aquellos de naturaleza agraria, laboral, de seguridad social o fiscal, entre otros.
55. Asimismo, tampoco se contempla un rango de tiempo determinado en el que el sujeto activo del delito podrá ser privado de esos derechos, cualesquiera que sean. Es decir, no se establece un parámetro mínimo y máximo para la individualización de la sanción, transgrediendo la seguridad jurídica que merecen los destinatarios de la norma. Esto es, no se le permite al sujeto activo conocer específicamente los derechos que perderá como consecuencia de sus actos ni el plazo por el que podrá ser sancionado.
56. Siendo así, la aplicación de la norma podría generar situaciones arbitrarias en las que el juez de la causa determine, solamente basándose en su prudente consideración y mediante diversos ejercicios interpretativos no permitidos en materia penal, cuál será el universo de instituciones relacionadas con el ámbito de protección de la norma, la determinación de sus características intrínsecas y los derechos y obligaciones que de ellas derivan conforme a una serie de ordenamientos que no son de su especialidad.
57. Bajo estas consideraciones, se advierte una franca violación al principio de taxatividad, el cual exige que las normas sancionadoras describan claramente las conductas que están regulando y las sanciones penales que se impondrán a quienes incurran en ellas. En concreto, la disposición impugnada no genera un grado de precisión razonable para la imposición de la pena respectiva ni establece un parámetro claro acorde con los casos regulados porque obliga a la autoridad jurisdiccional a inventar o determinar por analogía una sanción en la que se determine qué derechos son los que podrían ser desarticulados de la esfera jurídica del sujeto activo y durante cuánto tiempo se extenderá la sanción, en contravención a lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Federal.
58. Por otra parte, este Tribunal Pleno considera que, por la forma en que el legislador determinó su imposición, la pena relativa a la pérdida de cualquier derecho que pudiese tener sobre la víctima constituye una pena fija contraria a los artículos 14 y 22 de la Constitución Federal, toda vez que no precisa un parámetro temporal que establezca los límites mínimos y máximos de la sanción.
59. Debe recordarse que el legislador, al momento de instituir las penas, como parte de sus facultades de creación de normas, debe actuar de forma medida y no excesiva, dada su posición como poder constituido que le impide actuar de forma arbitraria y en exceso de poder.
60. Por ello, el control constitucional que recaiga a las normas sometidas a ese escrutinio debe analizar que exista proporción y razonabilidad suficiente entre la cuantía de la pena y la gravedad del delito cometido, para lo cual debe considerar el daño al bien jurídico protegido, la posibilidad para que sea individualizada entre un mínimo y un máximo, el grado de reprochabilidad atribuible al sujeto activo, la idoneidad del tipo y de la cuantía de la pena para alcanzar la prevención del delito, así como la viabilidad de lograr, mediante su aplicación, la reinserción social del sentenciado.
61. El cumplimiento de esa relación de proporcionalidad entre los fines de la pena y su cuantía puede verificarse en diferente grado por parte del legislador, que es quien, en primer lugar, establece el orden de prevalencia de tales objetivos, siempre que guarde un equilibrio adecuado y suficiente entre ellos.
62. Este Tribunal Pleno, ha sostenido que la pena es excesiva cuando la ley no señala bases suficientes para que la autoridad judicial pueda tener elementos para individualizarla; especialmente, cuando la ley no permite establecer su cuantía con relación a la responsabilidad del sujeto infractor.
63. La culpabilidad del sujeto es un elemento central para la medición de la pena y el parámetro de su limitación; esto es, nadie puede ser castigado más duramente que lo que le es reprochable. Así, las leyes penales deben posibilitar al juzgador, en cierto grado, la determinación del nivel de reproche y la eventual imposición de penas a cada caso concreto, atendiendo tanto a la magnitud del daño o puesta en peligro del bien jurídico, como a las circunstancias particulares del caso concreto.
64. Es por ello que, según lo previsto en los artículos 14 y 22 de la Constitución Federal, el legislador debe establecer un sistema de sanciones que permita a la autoridad judicial individualizar suficientemente la pena que decrete, a fin de determinar, de forma justificada, la sanción respectiva, atendiendo –como se precisó– al grado de responsabilidad del sujeto implicado y de conformidad con las circunstancias del asunto.
65. Tomando en cuenta esa multiplicidad de factores que deben estar presentes al momento en que el juzgador determina la pena al sujeto activo, es claro que mediante un sistema de imposición de sanciones abiertas y sin un parámetro mínimo y máximo no es factible la individualización de la pena. Con ello, se cierra la posibilidad de justificar adecuadamente la determinación de la pena, respecto de la culpabilidad del sujeto y las circunstancias en que se produjo la conducta típica.
66. Por las razones apuntadas, el artículo 190 Quin, en la porción normativa impugnada, que contempla como sanción para la persona que incurra en las conductas enunciadas en el artículo 190 Cuar del Código Penal local, y que además tenga parentesco, sea tutor o curador, o conviva o habite en el mismo espacio o domicilio de la víctima, la pérdida de "cualquier derecho que pudiese tener" sobre la víctima, contiene una sanción penal fija y abierta que se impone invariablemente con independencia del grado de culpabilidad y que será sujeta de una individualización arbitraria por parte del juez penal frente a la ausencia de parámetros claros, inclusive, pudiendo extenderse durante un plazo indeterminado.
67. Por tanto, ante la falta de los elementos indispensables que hagan posible la individualización de la pena, independientemente de cuál sea la conducta desplegada y las circunstancias de hecho acaecidas, el juez impondrá la pérdida de las referidas prerrogativas, para todos los casos cubiertos por el precepto impugnado, sin contar con un parámetro para decidir cuáles serán esos derechos y durante cuánto tiempo serán privados. Lo anterior, cierra en definitiva la posibilidad de justificar adecuadamente la determinación de la pena, en relación con la culpabilidad del sujeto y las circunstancias en que se produjo el injusto penal.
68. Similares consideraciones sostuvo este Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 84/2019 y en la diversa 78/2021.(21)
69. Finalmente, habría que mencionar que, dentro del cúmulo de derechos que pueden privarse, podrían existir algunos que terminaran por vulnerar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, tal y como podría ser el derecho de los menores a vivir en familia y a mantener relaciones afectivas con sus progenitores, así como su interés superior.(22)
70. Inclusive, podría resultar controvertido el uso mismo del término "derecho sobre la víctima", en el entendido de que la concepción actual de las relaciones paternofiliales ha sufrido una importante evolución jurídica. A la luz del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, hoy en día no cabe concebir la patria potestad propiamente como un derecho subjetivo de los padres sobre los hijos, o como un poder omnímodo respecto de éstos, ya que su ejercicio no queda al arbitrio de sus titulares ni persigue el beneficio de estos. En consecuencia, la patria potestad ha transitado para entenderse como una función tutelar que se le encomienda a los progenitores y ascendientes en beneficio de los hijos (o nietos), y que está dirigida a la protección, educación y formación integral de éstos, cuyo interés superior siempre debe prevalecer en la relación paternofilial.(23)
71. Así, la función tutelar parental en todo momento debe atender al interés superior de la infancia y los derechos humanos que les reconoce el parámetro de regularidad constitucional, a fin de garantizar el desarrollo holístico de las niñas, niños y adolescentes.(24) En efecto, las personas menores de edad requieren especial protección dada la importancia del estado de desarrollo y formación en el que se encuentran inmersos, imponiéndosele tal responsabilidad tanto a los padres como a los poderes públicos, debiendo siempre actuar en beneficio de aquellos.(25)
72. De modo que los derechos tendrían que ser caracterizados como una auténtica responsabilidad parental, atravesada por el sólo eje del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, que tendría que ser la consideración primordial al determinar la privación de cualquier derecho sobre la víctima y no imponerse como un
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32650-4713da8c/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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