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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL DE CARÁCTER FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS VIOLA DERECHOS HUMANOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULOS 43, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y 10, FRACCIÓN XIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA ANUAL DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (DIVERSAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN ARTÍCULOS DE DISTINTAS LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES, TODAS DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICUATRO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 42/2024. · Registro digital (IUS): 201022
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 42/2024. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 12 DE FEBRERO DE 2025. CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA (PONENTE) Y PRESIDENTE JAVIER LAYNEZ POTISEK. EL MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK MANIFESTÓ QUE FORMULARÁ VOTO CONCURRENTE. PONENTE: LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIO: CESAR VILLANUEVA ESQUIVEL.

SÍNTESIS

Hechos: El Poder Ejecutivo Federal promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó que declare la invalidez de diversas disposiciones normativas contenidas en leyes de ingresos municipales del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, que prevén un pago por la búsqueda de documentos y cobro de derecho de registro de adopción.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión correspondiente al doce de febrero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 42/2024, promovida por el Poder Ejecutivo Federal en contra de diversas disposiciones de leyes de ingresos municipales del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro.

El problema jurídico que esta Segunda Sala de la SCJN debe resolver, consiste en determinar si debe sobreseer en la acción de inconstitucionalidad por cesación de efectos de las normas impugnadas.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación del escrito inicial. Por oficio presentado el veintinueve de enero de dos mil veinticuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN, María Estela Ríos González, en su carácter de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal y en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de los artículos 12 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Zacatepec, 17 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Yautepec, 33 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Xochitepec, 24 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Totolapan, 9 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tetecala, 22 para la Ley de Ingresos para el Municipio de Tlalnepantla, 14 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Temoac, 64 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Temixco, 32 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Ocuituco, 13 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Jantetelco, 35 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Jiutepec, 11 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Cuernavaca, 20 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Ayala, 10 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Coatetelco, 10 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Atlatlahucan, 17 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Axochiapan, todos del estado de Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro.

2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El accionante considera que se violan los artículos 1o., 4o., 6o. Apartado A, fracción III y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en relación con los principios de interés superior de la niñez, derecho a la identidad, gratuidad en materia de acceso a la información y proporcionalidad tributaria en las contribuciones.

3. Conceptos de invalidez. El Poder Ejecutivo Federal impugna las disposiciones referidas, esencialmente, bajo los siguientes conceptos de invalidez:

Primero. Pago de una tarifa por búsqueda de documentos.

• Las porciones normativas previstas en las leyes de ingresos de diversos municipios de Morelos, para el ejercicio fiscal 2024, relativas a la búsqueda de documentos, vulneran los principios de gratuidad en materia de acceso a la información y proporcionalidad tributaria, previstos en los artículos 6o., apartado A, fracción III y 31, fracción IV, de la CPEUM.

• Refiere al respecto, que el derecho a la información deberá ser garantizado por el Estado, por lo que la Federación y entidades federativas deben guiarse bajo el principio de gratuidad, para garantizar este derecho.

• No existe una relación razonable entre la tarifa establecida por los municipios del estado de Morelos y el costo establecido.

• Segundo. Cobro de derecho por el registro de adopción.

• Las porciones normativas contenidas en las leyes de ingresos de diversos municipios del estado de Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, en lo correspondiente al cobro de derecho por registro de adopción, vulneran los principios de interdependencia e indivisibilidad, derecho a la identidad y principio de gratuidad, previsto en los artículos 1o. y 4o. de la CPEUM; 19 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGNNA), 3o. y 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Así como 7, 8 y 21 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

• Al establecer un cobro por el registro de adopción, el legislador de Morelos deja de respetar, reconocer y proteger el derecho a la identidad, pues se equipará a un registro de nacimiento extemporáneo ante el registro civil.

• Al establecer un cobro por el registro de dicho trámite se obstaculiza el derecho a la identidad, pues las personas deben ser registradas de manera inmediata a su nacimiento.

4. Admisión y trámite. Por acuerdo de treinta de enero de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de la SCJN tuvo por recibido el oficio de la Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal y su anexo; ordenó formar el expediente físico y electrónico de la acción de inconstitucionalidad bajo el número 42/2024; y, lo turnó a la Ministra Lenia Batres Guadarrama, para que fungiera como instructor del procedimiento. Posteriormente, mediante proveído dictado el veintidós de abril dos mil veinticuatro, la Ministra instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad; ordenó dar vista a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos a efecto de que rindieran su respectivo informe, así como a la Fiscalía General de la República (FGR) para que estuviera en posición de formular pedimento.

5. Informe del Poder Ejecutivo estatal. Mediante escrito depositado el siete de junio de dos mil veinticuatro, en el buzón judicial de esta SCJN, el Consejero Jurídico del Gobierno del estado de Morelos, en representación del titular del Poder Ejecutivo de esa entidad, rindió el informe correspondiente.

6. Informe del Poder Legislativo estatal. Mediante escrito depositado el once de junio de dos mil veinticuatro en la oficina de correos de la localidad y recibido el quince de junio siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este alto tribunal, el Presidente de la Mesa Directiva de la LV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, en representación del Poder Legislativo de la entidad, rindió el informe correspondiente.

7. Pedimento. La FGR se abstuvo de formular pedimento.

8. Alegatos. Por escritos recibidos los días nueve y nueve de agosto de dos mil veinticuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN, la delegada del Poder Ejecutivo Federal y el titular de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Estado de Oaxaca formularon alegatos, respectivamente. Asimismo, los municipios; Cuernavaca, Xochitepec, Temixco, Xochitepec y Ocuituco todos del estado de Morelos, presentaron escrito de alegatos mismos que mediante acuerdo suscrito por la Ministra instructora fueron acordados no ha lugar por falta de personalidad en la presente Acción de Inconstitucionalidad.

9. Avocamiento. Se acordó, por unanimidad de votos, radicar en esta fecha el expediente en esta Segunda Sala a pesar de que no se haya cerrado la instrucción, dado el sentido de la decisión adoptada.

10. Cierre de instrucción. Por auto de dos de diciembre de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora tuvo por recibidos y formulados los referidos alegatos y, al haber transcurrido el plazo legal concedido para tal efecto, dictó el cierre de instrucción para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

11. Esta Segunda Sala de la SCJN es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso c), de la CPEUM,(1) 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de CPEUM,(2) 10, fracción I,(3) y 11, fracción VIII,(4) de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), en relación con el Punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario 1/2023,(5) toda vez que el promovente plantea la posible contradicción entre disposiciones de carácter general emitidas por el Poder Legislativo del Estado de Morelos y la CPEUM, pero resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, por no poder llevarse a cabo un estudio de fondo del asunto.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS.

12. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39(6) y 41, fracción I,(7) en relación con el diverso 73(8) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Ley Reglamentaria), es necesario fijar de manera precisa las normas generales impugnadas y, en su caso, corregir los errores que se adviertan en la cita de algunos de los preceptos controvertidos.

13. En ese sentido, del análisis del escrito inicial y de las constancias de autos se advierte que el Poder Ejecutivo Federal impugna lo siguiente:

Ver cuadro

III. OPORTUNIDAD

14. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria,(9) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.

15. En el caso, las normas impugnadas fueron publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Morelos el día veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés, por lo que el plazo de treinta días naturales para presentar la acción transcurrió del treinta de diciembre de dos mil veintitrés al veintinueve de enero de dos mil veinticuatro.

16. Por tanto, si el Poder Ejecutivo Federal presentó su escrito el veintinueve de enero de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN, debe considerarse que su presentación fue oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

17. La acción de inconstitucionalidad fue promovida por parte legitimada.

18. El artículo 105, fracción II, inciso c, de la CPEUM establece que el Ejecutivo Federal, por conducto de la persona titular de la Consejería Jurídica del Gobierno, está legitimado para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de normas federales o de las entidades federativas, como es el caso de las leyes de ingresos municipales del estado de Morelos impugnadas.

19. Además, el escrito inicial fue suscrito por María Estela Ríos González, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal,(10) a quien, en términos de lo dispuesto en el precepto constitucional referido, así como en los artículos 43, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal(11) y 10, fracción XIII, del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal,(12) corresponde representar al Presidente de la República en las acciones de inconstitucionalidad.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

20. Esta Segunda Sala de la SCJN advierte, de oficio, la actualización de una causal de improcedencia respecto de las normas impugnadas, por ser disposiciones de vigencia anual cuyos efectos han cesado.

21. De conformidad con el artículo 19, fracción V,(13) en relación con los artículos 59 y 65, todos de la Ley Reglamentaria,(14) las acciones de inconstitucionalidad son improcedentes cuando cesen los efectos de la norma general o el acto impugnado, lo cual implica que éstos dejen de surtir sus efectos jurídicos.

22. En ese sentido, es posible afirmar que la causa de improcedencia prevista en el referido artículo 19, fracción V, se actualiza cuando dejan de producirse los efectos de la norma general cuya invalidez se demanda, al constituir ésta el único objeto de análisis en este medio de control constitucional.

23. Sirve de apoyo, en lo conducente, el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la tesis jurisprudencial número P./J. 54/2001, de rubro “CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS”.(15)

24. La causal de improcedencia aludida se actualiza en la presente acción de inconstitucionalidad por las siguientes razones:

25. Esta SCJN ha sostenido en sus precedentes 24/2020,(16) 13/2020,(17) 16/2020,(18) 19/2020,(19) 9/2020(20) y 1616/2021(21) que a diferencia del resto de las normas (cuya vigencia no se agota con su aplicación y sus efectos se prolongan en el tiempo, siempre y cuando no sean reformadas, derogadas o abrogadas a través del mismo procedimiento llevado a cabo para su creación), las normas contenidas en las leyes de ingresos y presupuestos de egresos están sujetas al principio de anualidad, de acuerdo con el cual su vigencia concluye con el ejercicio fiscal que regulan.

26. Este principio se desprende del artículo 74 de la CPEUM, de acuerdo con el cual es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el quince del mes de noviembre. Por otro lado, también establece que el titular del Poder Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el ocho de septiembre de cada año.

27. De esta manera, es obligación del Congreso de la Unión aprobar el “Paquete Económico” que regirá anualmente, previo al inicio del ejercicio fiscal, el cual es coincidente con el año calendario.

28. Este principio es igualmente aplicable a las leyes de ingresos y a los presupuestos de egresos de las entidades federativas, incluidas las leyes de ingresos municipales, de conformidad con el artículo 115, fracción IV, penúltimo párrafo, de la CPEUM.(22)

29. Atento a ello, en el presente caso, el artículo 1o. de cada una de las leyes de ingresos municipales que contienen las normas impugnadas por el Poder Ejecutivo Federal, determinan que tienen “por objeto establecer los ingresos que percibirá la Hacienda Pública Municipal, durante el Ejercicio Fiscal 2024, por los conceptos que esta misma previene.”.

30. De esta forma, resulta evidente para esta Segunda Sala que los efectos de las normas impugnadas, al ser aplicables para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, cesaron cuando concluyó la vigencia de las leyes en las que están contenidas, esto es, el treinta y uno de diciembre de la anualidad referida.

31. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 9/2004, de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO SI CONCLUYÓ LA VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN IMPUGNADOS Y, POR ENDE, CESARON SUS EFECTOS.”(23)

32. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, debe sobreseerse en la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con el artículo 20, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM;(24) sin que en el caso, pudieran darse efectos retroactivos a la determinación que en el fondo pudiera adoptarse al no tratarse de normas de naturaleza penal en términos del artículo 45 de la Ley Reglamentaria de la materia.(25)

33. Similares consideraciones sostuvo esta Segunda Sala de la SCJN al resolver las acciones de inconstitucionalidad 32/2022,(26) 35/2022,(27) 94/2023(28) y 96/2023.(29)

VI. DECISIÓN

Por lo antes expuesto y fundado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:

ÚNICO. Se sobresee en la acción de inconstitucionalidad.

Notifíquese; mediante oficio a las partes, devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Alberto Pérez Dayán, Lenia Batres Guadarrama (ponente) y Presidente Javier Laynez Potisek. El Ministro Javier Laynez Potisek manifestó que formulará voto concurrente.

Firman el Ministro Presidente de la Segunda Sala y la Ministra Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.

PRESIDENTE

MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK

PONENTE

MINISTRA LENIA BATRES GUADARRAMA

SECRETARIA DE ACUERDOS

JAZMÍN BONILLA GARCÍA

En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

________________

1. Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

[...]

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

[...]

c) El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas;

[...].

2. Artículo 1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales en las que se hagan valer violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

3. Conforme al artículo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada el veinte de diciembre del año dos mil veinticuatro que establece: “Hasta en tanto las Ministras y Ministros electos tomen protesta de su encargo ante el Senado de la República el 1o. de septiembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se regirá para todos los efectos por las atribuciones, competencias, obligaciones, reglas de votación, faltas, licencias y demás disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2021; con excepción de la materia electoral tal como está previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En consecuencia, hasta la fecha señalada en el enunciado anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación seguirá funcionando en Pleno o en Salas”.

En este sentido la Ley Orgánica del Poder Judicial la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2021 establece lo siguiente:

Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:

I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

[...].

4. Conforme al artículo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada el veinte de diciembre del año dos mil veinticuatro que establece: “Hasta en tanto las Ministras y Ministros electos tomen protesta de su encargo ante el Senado de la República el 1o. de septiembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se regirá para todos los efectos por las atribuciones, competencias, obligaciones, reglas de votación, faltas, licencias y demás disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2021; con excepción de la materia electoral tal como está previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En consecuencia, hasta la fecha señalada en el enunciado anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación seguirá funcionando en Pleno o en Salas”.

En este sentido la Ley Orgánica del Poder Judicial la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2021 establece lo siguiente:

Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes, y tendrá las siguientes atribuciones:

[...]

VIII. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de los acuerdos generales que emita. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corresponda;

[...].

5. [...]

SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución:

[...]

II. Las acciones de inconstitucionalidad, salvo en las que deba sobreseerse, así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención; [...].

6. Artículo 39. Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación corregirá los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y examinará en su conjunto los razonamientos de las partes a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada.

7. 41. Las sentencias deberán contener:

I. La fijación breve y precisa de las normas generales, actos u omisiones objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; [...].

8. Artículo 73. Las sentencias se regirán por lo dispuesto en los artículos 41, 43, 44 y 45 de esta ley.

9. Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. [...].

10. Calidad que quedó acreditada con la copia certificada de su nombramiento, expedido por el Presidente de la República el dos de septiembre de dos mil veintiuno.

11. Artículo 43.- A la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal corresponde el despacho de los asuntos siguientes: [...]

X.- Representar al Presidente de la República, cuando éste así lo acuerde, en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los demás juicios y procedimientos en que el titular del Ejecutivo Federal intervenga con cualquier carácter. En el caso de los juicios y procedimientos, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal podrá determinar la dependencia en la que recaerá la representación para la defensa de la Federación. La representación a que se refiere esta fracción comprende el desahogo de todo tipo de pruebas; [...].

12. Artículo 10.- La persona titular de la Consejería tiene las facultades indelegables siguientes: [...]

XIII. Representar a la persona titular de la Presidencia de la República en las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; [...].

13. Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

[...]

V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; [...].

14. Artículo 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en este Título, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el Título II.

Artículo 65. En las acciones de inconstitucionalidad, el ministro instructor de acuerdo al artículo 25, podrá aplicar las causales de improcedencia establecidas en el artículo 19 de esta ley, con excepción de su fracción II respecto de leyes electorales, así como las causales de sobreseimiento a que se refieren las fracciones II y III del artículo 20.

La (sic) causales previstas en las fracciones III y IV del artículo 19 sólo podrán aplicarse cuando los supuestos contemplados en éstas se presenten respecto de otra acción de inconstitucionalidad.

15. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 882, registro digital 190021.

16. Controversia constitucional 24/2020, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fallada por unanimidad de cinco votos de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y la Ministra Presidenta Ana Margarita Ríos Farjat (Ponente), 3 de febrero de 2021, párrafos 16-22.

17. Acción de inconstitucionalidad 13/2020, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fallada por unanimidad de cinco votos de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y la Ministra Presidenta Ana Margarita Ríos Farjat (Ponente), 3 de febrero de 2021, párrafos 11-17.

18. Controversia constitucional 16/2020, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fallada por unanimidad de cinco votos de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y la Ministra Presidenta Ana Margarita Ríos Farjat (Ponente), 10 de febrero de 2021, párrafos 31-37.

19. Controversia constitucional 19/2020, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fallada por unanimidad de cinco votos de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y la Ministra Presidenta Ana Margarita Ríos Farjat (Ponente), 17 de febrero de 2021, párrafos 18-24.

20. Acción de inconstitucionalidad 9/2020, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fallada por unanimidad de cinco votos de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y la Ministra Presidenta Ana Margarita Ríos Farjat (Ponente), 17 de febrero de 2021, párrafos 14-20.

21. Acción de inconstitucionalidad 161/2021, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fallada por unanimidad de cuatro votos de la Señora y Señores Ministros: Norma Lucía Piña Hernández, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo (Presidente en Funciones y Ponente), y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, 20 de abril de 2022, párrafos 11-17.

22. Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: [...]

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución. [...]

23. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, marzo de 2004, página 957, registro digital 182049, de texto: “De lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Federal, se advierte que en relación con la Ley de Ingresos y con el Presupuesto de Egresos de la Federación rige el principio de anualidad, consistente en establecer los ingresos que puede recaudar la Federación durante un ejercicio fiscal, así como la forma en que aquéllos han de aplicarse, con el fin de llevar un adecuado control, evaluación y vigilancia del ejercicio del gasto público, lo cual se patentiza con el hecho de que el Ejecutivo Federal tiene la obligación de enviar al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de egresos de la Federación, en la cual se deberán contemplar las contribuciones a cobrar en el año siguiente, para cubrir el presupuesto de egresos, aunado a que en la propia Ley de Ingresos se establece que su vigencia será de un año, así como la de todas las disposiciones referentes a su distribución y gasto. En consecuencia, si la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos tienen vigencia anual y ésta concluyó, resulta indudable que no es posible realizar pronunciamiento alguno de inconstitucionalidad, pues al ser de vigencia anual la materia de impugnación, y concluir aquélla, no puede producir efectos posteriores, en atención a su propia naturaleza, ade

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/201022-6e1a231c/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-poder-ejecutivo-federal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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