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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER CONCLUIDO SU VIGENCIA (ARTÍCULOS 78, FRACCIÓN I, NUMERAL 4.7, SUBNUMERAL 4.7.1, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LOMA BONITA, TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA; ASÍ COMO 28 Y 38 Y 39 DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE TEPIC Y BAHÍA DE BANDERAS, ESTADO DE NAYARIT, TODAS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICUATRO EXPEDIDAS MEDIANTE DECRETOS PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL RESPECTIVO ESTADO EL PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO, VEINTISIETE Y VEINTINUEVE DE DICIEMBRE, TODOS DE DOS MIL VEINTITRÉS, RESPECTIVAMENTE).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 74/2024. · Registro digital (IUS): 201062
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Localización: Duodécima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 74/2024. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 6 DE AGOSTO DE 2025. CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIA: MARTHA NAYELI NÚÑEZ COSIO.

SÍNTESIS

El Poder Ejecutivo Federal impugnó el Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Bahía Banderas, Nayarit, para el ejercicio fiscal 2024, pues consideró que los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado de Nayarit, al expedir y promulgar dicho decreto invadieron la competencia exclusiva de la Federación, ya que impusieron un cobro de derechos por prestación de servicios relativos al otorgamiento de licencia para colocación o instalación de estructuras y permanencia para los sistemas de telecomunicación.

ÍNDICE TEMÁTICO

Ver índice temático

Ciudad de México. Esta Segunda Sala de la SCJN, en sesión correspondiente al seis de agosto de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 74/2024, promovida por el Poder Ejecutivo Federal, contra los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado de Nayarit.

El problema jurídico por resolver en esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si el Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Bahía Banderas, Nayarit, para el ejercicio fiscal 2024, es válido.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el trece de febrero de dos mil veinticuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN, María Estela Ríos González, quien se ostenta como Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, promovió la presente controversia constitucional en contra de los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado de Nayarit, en la que demandó la invalidez del Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Bahía Banderas, Nayarit, para el ejercicio fiscal 2024, publicado el veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés en el periódico oficial del estado de Nayarit, el cual establece en su Capítulo Tercero, Derechos por Prestación de Servicios, Sección primera, DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE COLOCACIÓN Y PERMANENCIA DE ESTRUCTURAS PARA INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN, por lo que, al regular respecto de telecomunicaciones, la entidad federativa demandada invade las competencias exclusivas de la Federación.

2. Preceptos constitucionales violados. El poder actor señaló como transgredidos los artículos 6o., apartado B, fracción II; 25, tercer párrafo; 27, séptimo párrafo; 73, fracción XVII; 124 y 133 de la CPEUM.

3. Conceptos de invalidez. El Poder Ejecutivo Federal expuso, esencialmente, lo siguiente:

Único. Los poderes Legislativo y Ejecutivo demandados al expedir y promulgar el Decreto Impugnado invaden la competencia exclusiva de la Federación, ya que imponen un cobro de derechos por prestación de servicios relativos al otorgamiento de licencia para colocación o instalación de estructuras y permanencia para los sistemas de telecomunicación.

Los artículos 38 y 39 del Decreto Impugnado, obligan a las personas físicas o morales que realicen obras en inmuebles propiedad de particulares o en inmuebles de dominio público para la colocación de estructuras para sistemas de telecomunicación a realizar el pago de los derechos indicados.

Sin embargo, dictar leyes en materia de vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e internet, es facultad exclusiva de la Federación.

Al respecto, el artículo 6o. de la CPEUM establece:

B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:

(...)

II. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.

[énfasis añadido]

Ver artículo 6o. con énfasis

El artículo 25, tercer y quinto párrafo, de la CPEUM, establece:

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

(...)

El sector público tendrá o su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución.

[énfasis añadido]

Ver numeral 25 con énfasis

El artículo 27, sexto párrafo, de la CPEUM, establece:

...el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

[énfasis añadido]

Ver precepto 27 con énfasis

La fracción XVII del artículo 73 de la CPEUM, otorga al Congreso de la Unión la facultad:

Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, postas y correos, y sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal.

[énfasis añadido]

Ver fracción XVII del artículo 73 con énfasis

En ejercicio de la facultad que le otorgó el Poder Constituyente, el Congreso de la Unión emitió la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), la cual regula el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, redes públicas de telecomunicaciones, acceso a la infraestructura, recursos orbitales, comunicación vía satélite y la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones.

El artículo 5 de la LFTR establece que es de jurisdicción federal lo siguiente:

Las vías generales de comunicación, la obra civil y los derechos de paso, uso o vía, asociados a las redes públicas de telecomunicaciones, las estaciones de radiodifusión y equipos complementarios, así como los sistemas de comunicación vía satélite materia de la Ley y los servicios que con ellas se presten, son de jurisdicción federal.

Se considera de interés y utilidad públicos la instalación, operación y mantenimiento de infraestructura destinada al servicio de las redes públicas de telecomunicaciones, las estaciones de radiodifusión y equipos complementarios, las cuales estarán sujetas exclusivamente a los poderes federales, en sus respectivos ámbitos de atribuciones, debiendo respetarse las disposiciones estatales, municipales y del Distrito Federal que resulten aplicables en materia de desarrollo urbano.

No podrán imponerse contribuciones u otras contraprestaciones económicas adicionales a las que el concesionario haya pactado cubrir con el propietario de un inmueble para instalar su infraestructura.

[énfasis añadido]

Ver concepto 5 con énfasis

La LFTR de ninguna manera permite a las entidades federativas otorgar autorizaciones relacionadas con las licencias para colocación y permanencia de estructuras para los sistemas de telecomunicación; al regularlo, el congreso local invade la competencia de la Federación.

El artículo 124 de la CPEUM, establece el sistema de competencias entre la Federación y las entidades federativas, conforme a lo siguiente:

Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias.

[énfasis añadido]

Ver consecutivo 124 con énfasis

Conforme al sistema de competencias que establece la CPEUM las facultades que no están expresamente concedidas a los funcionarios federales se reservan a los estados, por lo que, las autoridades demandadas al expedir y promulgar el Decreto Impugnado que permite al municipio realizar el cobro de derechos por el otorgamiento de licencias para colocación o instalación de estructuras para los sistemas de telecomunicación, invaden la esfera competencial de la Federación, y causan una afectación a las facultades del Poder Ejecutivo Federal.

Aunado a ello, el último párrafo de la fracción V, del artículo 115 de la CPEUM, establece que los bienes inmuebles de la Federación ubicados en los municipios están exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales, sin embargo, de los artículos impugnados se advierte que el congreso local dispuso cobros por el otorgamiento de licencias para colocación y permanencia para la instalación de sistemas de telecomunicación, lo que actualiza un principio de agravio cuando esa competencia está expresamente conferida a la Federación.

Si bien la norma impugnada no dispone de manera literal el cobro por el otorgamiento de una concesión de telecomunicaciones, sí prevé un pago por la colocación y permanencia de estructuras y sistemas de telecomunicaciones, circunstancia que implica que a la hacienda municipal se enterarán montos con motivo de la expedición de las licencias por cualquiera de los supuestos descritos en los artículos controvertidos los cuales se relacionan directamente con la regulación de las telecomunicaciones.

El Pleno de la SCJN al fallar en la acción de inconstitucionalidad 3/2023 y sus acumuladas 4/2023, 5/2023, 6/2023, 7/2023, 8/2023, 9/2023, 10/2023, 12/2023, 13/2023, 14/2023, 21/2023, 24/2023, 48/2023 y 57/2023, resolvió que si la norma tiene como consecuencia el cobro a los contribuyentes por parte del municipio de un servicio de explotación y regulación exclusivas de la Federación, es claro que el legislador local invadió las facultades de esta, por lo que los artículos que en esta vía se demandan son inconstitucionales.

En conclusión, los artículos 6o. apartado B, fracción ll; 25, tercer párrafo; 27, séptimo párrafo y 73, fracción XVII, 124 y 133 de la CPEUM, otorgan a la Federación la facultad exclusiva de dictar y regular sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y telecomunicaciones, por lo que al permitir los congresos estatales que a través de sus leyes de ingresos se tributen derechos por la prestación de dichos servicios, se invade la esfera competencial de la Federación.

Por los razonamientos jurídicos expuestos, la SCJN debe declarar la invalidez de los artículos que se impugnan, ya que al regular en materia de telecomunicaciones se afecta la esfera de atribuciones constitucionales de la Federación.

4. Radicación. La Ministra Presidenta de esta SCJN, por acuerdo de quince de febrero de dos mil veinticuatro, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 74/2024 y, por razón de turno, se designó a la Ministra Lenia Batres Guadarrama como instructora del procedimiento.

5. Admisión y trámite. La Ministra Lenia Batres Guadarrama, en acuerdo de veintidós de abril de dos mil veinticuatro, admitió a trámite la controversia constitucional y tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del estado de Nayarit, a quienes ordenó emplazar a efecto de que formularan su contestación. Asimismo, tuvo como terceros interesados a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como al Municipio de Bahía de Banderas del estado de Nayarit y ordenó correr traslado para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Además, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República, para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifestara lo que a su representación conviniera.

6. Manifestaciones de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión en su carácter de tercero interesado. Ana Lilia Rivera Rivera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN, el treinta de mayo de dos mil veinticuatro, realizó manifestaciones en su calidad de autoridad tercera interesada, en el sentido de que los conceptos de invalidez resultan esencialmente fundados y motivados.

7. Contestación de demanda del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. Por oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN el once de junio de dos mil veinticuatro, Víctor Aurelio Hernández Medina, encargado dé la unidad jurídica con nombramiento de fecha primero de diciembre de dos mil veintitrés y representante jurídico del H. Congreso del estado de Nayarit, dio contestación a la demanda en representación del Poder Legislativo de dicha entidad federativa y señaló, en esencia, lo siguiente:

Primero. Debido a que la norma sujeta a control constitucional es en materia tributaria, se solicita a este H. Tribunal Constitucional que la intensidad del escrutinio constitucional sea de carácter flexible.

Segundo. Los artículos 38 y 39 de la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, son constitucionales a la luz del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

8. Manifestaciones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en su carácter de tercero interesado. Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN, el veintisiete de junio de dos mil veinticuatro, realizó manifestaciones en su calidad de autoridad tercera interesada.

9. Contestación de demanda del Poder Ejecutivo del estado de Nayarit. Por escrito presentado el cuatro de julio de dos mil veinticuatro, a través de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN, Alonso Ramírez Pimentel, Consejero Jurídico del Gobernador del estado de Nayarit, señaló medularmente lo siguiente:

No le asiste la razón a la parte promovente, pues el Estado de Nayarit, actúo en apego a sus facultades y de conformidad con el marco legal aplicable para la promulgación y publicación de la Ley de Ingresos del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2024, pues su contenido se armoniza con lo establecido con la CPEUM, respetando su supremacía y la de las leyes generales prevista en el artículo 133, por ello se reitera que el Poder Legislativo y esta autoridad no trasgreden la competencia de la Federación en la materia que nos ocupa.

No existe una invasión de competencias pues en primera instancia no se pretende de forma alguna legislar en materia de vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, solo se cimientan las bases para normar lo concerniente a la colocación de infraestructura accesoria, tema en el que dicho Municipio tiene injerencia al ser un asunto concurrente.

Es importante mencionar que la autoridad a la que represento no interviene en el Proceso Legislativo, pero no podemos dejar de señalar que consideramos que desde la presentación hasta la aprobación de la Ley de Ingresos del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2024, fue desarrollado en apego al marco legal del H. Congreso del Estado de Nayarit, participando en su estudio la diversidad de posiciones ideológicas que conforman el Parlamento Local, en un marco de respeto, diálogo, y pluralidad, asimismo, el análisis de la Ley de Ingresos, derivo de un profundo estudio, debates y demás acciones para escuchar las necesidades del municipio y elaborar una Ley acorde presupuestalmente, pero sobre todo coherente con las exigencias sociales.

Es claro que el H. Congreso del Estado, actúo en apego a sus facultades previstas en el artículo 37 y la fracción VII del artículo 47 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; los artículos 66, 68, fracción V del 69 y 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como los artículos 54, fracción V del 55, 59 y 101 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso, por ende, no se generó transgresión alguna a la competencia de la Federación como lo aduce la actora.

10. La Fiscalía General de la República no realizó ninguna manifestación al respecto y de igual forma, el Municipio de Bahía de Banderas del estado de Nayarit no realizó ninguna manifestación relacionada con este asunto.

11. Celebración de audiencia y cierre de instrucción. Substanciado el procedimiento, el veintidós de enero de dos mil veinticinco se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM, en la que, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y por admitidas las pruebas ofrecidas. Luego, en auto de veintiséis de febrero de dos mil veinticinco, se determinó el cerrar la instrucción para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

12. Avocamiento. El Presidente de esta Segunda Sala, por auto de veintinueve de mayo del dos mil veinticinco, acordó remitir el expediente a ésta para su radicación y resolución.

13. Publicación del proyecto. De conformidad con los artículos 73, párrafo segundo y 184, párrafo primero de la Ley de Amparo, el proyecto de sentencia se hizo público, con la misma anticipación que la publicación de listas de los asuntos

I. COMPETENCIA

14. Esta Segunda Sala de la SCJN es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso a, de la CPEUM;(1) 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM;(2) 10, fracción I,(3) y 11, fracción VIII,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF) abrogada, en relación con el artículo 42, del Reglamento Interior de esta SCJN(5) y los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023,(6) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril siguiente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

15. Resulta innecesario pronunciarse sobre la oportunidad y la legitimación de las partes, pues independientemente de que la demanda estuviera en tiempo, o que se hubiesen presentado por un ente legitimado, lo cierto es que en el caso se actualiza una causa de improcedencia.

16. En el caso, el Poder Ejecutivo Federal solicita la invalidez del Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para el ejercicio fiscal 2024, publicado en el Periódico Oficial del estado el veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés, específicamente sus artículos 38 y 39, que establecen lo siguiente:

Ver artículos 38 y 39

17. Lo anterior, por considerar que la norma impugnada invade la competencia exclusiva de la Federación para dictar y regular sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y telecomunicaciones.

18. Esta Segunda Sala de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM,(7) pues ha sobrevenido la cesación de efectos de la norma impugnada.

19. Sirve de apoyo, en lo conducente, el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 54/2001(8) de rubro: CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS.

20. En efecto, la causal de improcedencia invocada se actualiza por lo siguiente:

21. Esta SCJN ha sostenido en sus precedentes(9) que, a diferencia del resto de las normas (cuya vigencia no se agota con su aplicación y sus efectos se prolongan en el tiempo, siempre y cuando no sean reformadas, derogadas o abrogadas a través del mismo procedimiento llevado a cabo para su creación), las normas contenidas en las leyes de ingresos y presupuestos de egresos están sujetas al principio de anualidad, de acuerdo con el cual su vigencia concluye con el ejercicio fiscal que regulan.

22. Este principio se desprende del artículo 74, fracción IV, segundo párrafo,(10) de la CPEUM, de acuerdo al cual es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, a más tardar el quince del mes de noviembre; por otro lado, también establece que el titular del Poder Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el ocho de septiembre de cada año.

23. De esta manera, es obligación del Congreso de la Unión aprobar el “Paquete Económico” que regirá anualmente, previo al inicio del ejercicio fiscal, el cual es coincidente con el año calendario.

24. Este principio es igualmente aplicable a las leyes de ingresos y a los presupuestos de egresos de las entidades federativas, incluidas las leyes de ingresos municipales, de conformidad con el artículo 115, fracción IV, penúltimo párrafo, de la CPEUM.(11)

25. Atento a ello, en el presente caso, el artículo 1o. de la Ley de Ingresos Municipal que se combate, determina expresamente que tiene por objeto establecer los ingresos que percibirá la hacienda pública municipal durante el ejercicio fiscal 2024.

26. De esta forma, resulta evidente para esta Segunda Sala que los efectos de la norma impugnada, al ser aplicables exclusivamente para el ejercicio fiscal 2024, cesaron cuando concluyó la vigencia de las leyes en las que están contenidas, esto es, el treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro del caso en concreto.

27. Dicha temporalidad, si bien constituye un carácter distintivo frente al resto de las disposiciones legales, encuentra su principal razón en mantener un control hacendario por parte del poder legislativo, en tanto que la aprobación presupuestaria otorgada por éste se constriñe a un período determinado.

28. Si bien, no pasa inadvertido para esta Segunda Sala que excepcionalmente puede extenderse la vigencia de dichos ordenamientos, lo cierto es que ello, sólo puede acontecer mediante una autorización expresa por parte del Poder Legislativo, lo cual no acontece en la especie, pues ni de las disposiciones transitorias de la ley de ingresos municipal impugnada(12) ni de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, se advierte una anuencia que permita prorrogar su vigencia para el ejercicio fiscal posterior.

29. Similar consideración fue plasmada por esta Segunda Sala al sobreseer en la acción de inconstitucionalidad 35/2022,(13) en sesión de quince de febrero de dos mil veintitrés.

30. Aunado a ello, es de resaltar que constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC), aplicable por supletoriedad conforme al artículo 1o. de la Ley Reglamentaria que rige a las controversias constitucionales,(14) que el veintitrés de diciembre de dos mil veinticuatro se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del estado de Nayarit, la Ley de Ingresos del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para el ejercicio fiscal 2025 lo que hace evidente y refuerza que la ley de ingresos del ejercicio fiscal anterior, materia de este asunto, ha cesado en sus efectos, pues ya no se encuentra vigente.(15)

31. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 74/2006(16) de rubro: HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.

32. En estas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria que rige a la materia, debe sobreseerse en la controversia constitucional a que se refiere este expediente, tal y como lo autoriza el artículo 20, fracción II, de ese mismo ordenamiento.(17)

33. Cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 9/2004,(18) sustentada por el Tribunal Pleno de esta SCJN de rubro siguiente: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO SI CONCLUYÓ LA VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN IMPUGNADOS Y, POR ENDE, CESARON SUS EFECTOS.

34. Similares consideraciones han sido sustentadas por esta Segunda Sala al sobreseer la controversia constitucional 209/2024 y acción de inconstitucionalidad 118/2024 y su acumulada 122/2024,(19) en sesión de cinco de marzo y veintinueve de enero de dos mil veinticinco respectivamente, por cesación de efectos de las normas impugnadas, consistentes en disposiciones contenidas en Leyes de Ingresos de diversos Municipios del estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024, publicadas en el Periódico Oficial del estado el primero de junio y el cuatro de mayo de dos mil veinticuatro, respectivamente.

III. DECISIÓN

Por todo lo expuesto y fundado, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:

ÚNICO. Se sobresee en la controversia constitucional.

Notifíquese; mediante oficio a las partes, devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Alberto Pérez Dayán, Lenia Batres Guadarrama (ponente) y Presidente Javier Laynez Potisek.

Firman el Ministro Presidente de la Segunda Sala y la Ministra Ponente, con la Secretaría de Acuerdos que autoriza y da fe.

________________

1. Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:[...].

h) Dos Poderes de una misma entidad federativa; [...].

2. Artículo 1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

3. Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:

I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; [...].

4. Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus miembros, y tendrá las siguientes atribuciones: [...].

VIII. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de los acuerdos generales que emita. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corresponda; [...].

5. Artículo 42. Cada una de las Salas, además de las atribuciones establecidas en la Constitución y en la Ley Orgánica, estarán facultadas, en la esfera de su competencia, para:

I. Crear comisiones de apoyo de carácter temporal, con objeto de que realicen las labores que específicamente se les encomienden;

II. Aprobar, a propuesta del Presidente de la Sala, los nombramientos del Secretario de Acuerdos y del Subsecretario de Acuerdos de ésta;

III. Nombrar a los Secretarios de Tesis, Secretarios Auxiliares de Acuerdos, Actuarios y demás personal subalterno adscrito a la Secretaría de Acuerdos de la Sala;

IV. Emitir los Acuerdos Generales que estimen pertinentes para organizar la ejecución de las atribuciones que tengan encomendadas, y

V. Remitir al Pleno los asuntos que se estimen deban ser resueltos por dicha instancia.

6. PRIMERO. Las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercerán la competencia que les otorga el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la manera siguiente:

La Primera Sala conocerá de las materias civil y penal, y

La Segunda Sala conocerá de las materias administrativa y del trabajo.

TERCERO. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el Punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Plenos Regionales o a los Tribunales Colegiados de Circuito.

7. Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: (...)

V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; (...).

8. Jurisprudencia P./J. 54/2001. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 882. Registro digital: 190021.

9. Sentencia recaída a la Controversia Constitucional 24/2020, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de las Se

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/201062-72a316e7/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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