I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE ESE PODER [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y APODERADA ESPECIAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA PARA COMPARECER EN EL JUICIO EN REPRESENTACIÓN DE DICHO PODER (ARTÍCULO 48, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA COMPARECER EN EL JUICIO EN NOMBRE DEL PODER EJECUTIVO LOCAL (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VII, Y 25, FRACCIÓN VIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. VI. PETRÓLEO E HIDROCARBUROS. EL DOMINIO DIRECTO DE LA NACIÓN RESPECTO DE ESTOS RECURSOS ES INALIENABLE E IMPRESCRIPTIBLE Y PARA SU EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO POR LOS PARTICULARES O POR LAS SOCIEDADES CONSTITUIDAS CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, SÓLO PODRÁ REALIZARSE MEDIANTE CONCESIONES OTORGADAS POR EL EJECUTIVO FEDERAL, DE ACUERDO CON LAS REGLAS Y CONDICIONES QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES. VII. HIDROCARBUROS. LAS FUNCIONES QUE EL ESTADO EJERCE DE MANERA EXCLUSIVA EN LAS ÁREAS DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DEL PETRÓLEO Y DE LOS DEMÁS HIDROCARBUROS NO CONSTITUYEN MONOPOLIOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 28, PÁRRAFO CUARTO, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. VIII. HACIENDA MUNICIPAL. SE FORMARÁ DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS BIENES QUE LES PERTENEZCAN, ASÍ COMO DE LAS CONTRIBUCIONES Y OTROS INGRESOS QUE LAS LEGISLATURAS ESTABLEZCAN A SU FAVOR (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL). IX. MUNICIPIOS. SUS FACULTADES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. X. LICENCIAS O PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN. LOS GOBIERNOS MUNICIPALES TIENEN LA FACULTAD PARA IMPONER GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS O PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN. XI. PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE POZOS DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS. AUNQUE LA NORMA IMPUGNADA NO ESTABLEZCA LITERALMENTE EL COBRO PARA EL OTORGAMIENTO DE ASIGNACIONES O LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS, LO CIERTO ES QUE LAS DISPOSICIONES LOCALES QUE ESTABLEZCAN UN PAGO POR EL OTORGAMIENTO DE ÉSTOS, IMPLICAN QUE A LA HACIENDA MUNICIPAL SE ENTERARÁN MONTOS CON MOTIVO DE LA EXPEDICIÓN DE ESTAS AUTORIZACIONES, LOS CUALES SE RELACIONAN DIRECTAMENTE CON LAS ACTIVIDADES RESERVADAS A LA FEDERACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 24, FRACCIONES XVII Y XVIII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024). XII. PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE POZOS DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS. LAS DISPOSICIONES LOCALES QUE ESTABLECEN UN PAGO POR SU OTORGAMIENTO SE VINCULAN CON RECURSOS QUE SE UBICAN EN YACIMIENTOS LOCALIZADOS EN EL SUBSUELO, POR LO QUE SE INVADE EL ÁMBITO DE FACULTADES RESERVADAS A LA FEDERACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 24, FRACCIONES XVII Y XVIII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024). XIII. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. LE CORRESPONDE LA REGULACIÓN, PROMOCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, LAS REDES Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, ASÍ COMO DEL ACCESO A INFRAESTRUCTURA ACTIVA, PASIVA Y OTROS INSUMOS ESENCIALES. XIV. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. ES LA AUTORIDAD EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA DE LOS SECTORES DE RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, Y LE CORRESPONDE EL OTORGAMIENTO, LA REVOCACIÓN, ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN DE CESIONES O CAMBIOS DE CONTROL ACCIONARIO, TITULARIDAD U OPERACIÓN DE SOCIEDADES RELACIONADAS CON CONCESIONES EN MATERIA DE RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. XV. ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. A LAS CONCESIONES RELATIVAS LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CONJUNTAMENTE CON LOS ESTABLECIDOS EN LOS NUMERALES QUE CONFORMAN EL CAPÍTULO ECONÓMICO DE ÉSTA, Y
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 51/2024. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 25 DE NOVIEMBRE DE 2024. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIOS: LUIS ALBERTO TREJO OSORNIO Y CLAYDE A. SALDÍVAR ALONSO.
Norma impugnada: Artículo 24, fracciones XII, XVII y XVIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Francisco I. Madero, Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2024, publicado el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa.
ÍNDICE TEMÁTICO
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 51/2024, promovida en contra del artículo 24, fracciones XII, XVII y XVIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Francisco I. Madero, Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2024, publicado el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Emisión de las normas impugnadas. El veintidós de diciembre de dos mil veintitrés se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza el Decreto 606, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Francisco I. Madero, Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2024.
2. Demanda de controversia constitucional. En contra de dicho decreto, mediante oficio 100. CJEF.06556.2024, depositado en el buzón judicial de este Alto Tribunal el trece de febrero de dos mil veinticuatro, María Estela Ríos González, en su carácter de Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, promovió controversia constitucional.
3. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Poder Ejecutivo Federal precisó que con la emisión de la norma en cuestión se invade la competencia exclusiva de la Federación para regular, aprovechar y explotar los bienes del dominio de la Nación. En ese contexto, en sus dos conceptos de invalidez, (el primero subdividido en dos apartados denominados A y B), señaló lo siguiente:
Primer concepto de invalidez (Apartado A). Las fracciones XVII y XVIII del artículo 24 impugnado regulan el cobro de derechos por la expedición de permiso de construcción y remodelación de pozos para la extracción de cualquier hidrocarburo, por lo que se permite que cualquier persona que obtenga el permiso pueda extraer hidrocarburos. Además, los montos derivados se enteran a la hacienda municipal y se relacionan directamente con la exploración y extracción de estos recursos, lo que invade las facultades de la Federación al respecto.
El Congreso de la Unión en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 73, fracción X, de la Constitución Política del país en correlación con los diversos 25, párrafo cuarto, 27, párrafo séptimo y 28, párrafo cuarto, todos del mismo ordenamiento, emitió la Ley de Hidrocarburos. De la lectura del artículo 4, fracciones XIV y XV, de esta ley es posible desprender que de ninguna manera se permite a las entidades federativas el otorgamiento de permisos de construcción y remodelación de pozos para la extracción de hidrocarburos. Por otra parte, el artículo 6 de la misma ley determina que la Federación tiene la facultad exclusiva para legislar en toda la República respecto de los hidrocarburos, por lo que, si una entidad federativa legisla al respecto, invade la esfera competencial de la Federación.
Señaló que conforme al criterio del Tribunal Pleno plasmado en la acción de inconstitucionalidad 3/2023 y sus acumuladas 4/2023, 5/2023, 6/2023, 7/2023, 8/2023, 9/2023, 10/2023, 12/2023, 13/2023, 14/2023, 21/2023, 24/2023, 48/2023 y 57/2023, si la norma prevé un cobro a las personas contribuyentes de un servicio de explotación y regulación exclusiva por parte de la Federación, el legislador trasgrede las facultades de ésta y así es inconstitucional.
Primer concepto de invalidez (Apartado B). Al establecerse el cobro de derechos por permisos de construcción y remodelación de pozos para extraer hidrocarburos, se invade la esfera competencial de la Federación y causa una afectación a las facultades del Poder Ejecutivo Federal. Si bien no se prevé un cobro por el otorgamiento de una concesión en materia de hidrocarburos, los ingresos percibidos derivados de la expedición de las licencias por este concepto se relacionan directamente con la regulación de la explotación, exploración y extracción de hidrocarburos, lo cual además constituye una doble tributación en dicha materia.
Considera que el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, son las instancias facultadas para expedir las licencias, permisos y contratos de construcción en el sector de hidrocarburos, de ahí que las fracciones del artículo impugnado afecten la esfera competencial de la Federación.
Segundo concepto de invalidez. La fracción XII del artículo 24 impugnado impone el pago de derechos por instalación de antenas, mástiles y bases de comunicación, telefonía, radio repetidoras o similares, lo que vulnera el artículo 73, fracción XVII, de la Constitución Política del país, en relación con los diversos 6º, apartado B, fracción II, 25, párrafo tercero, 27 párrafo séptimo, 124 y 133 constitucionales, que otorgan a la Federación la facultad exclusiva de dictar y regular sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y telecomunicaciones.
La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que regula el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, redes públicas de telecomunicación y explotación del espectro radioeléctrico, acceso a la infraestructura, recursos orbitales, comunicación vía satélite y la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones, de ninguna manera permite a las entidades federativas otorgar autorizaciones relacionadas con la licencia de colocación y permanencia de estructuras para la infraestructura de telecomunicaciones y, al regularlo, el Congreso local invade la competencia de la Federación.
4. Admisión y trámite. Por acuerdo de quince de febrero de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente físico y electrónico, registrar la controversia constitucional bajo el número 51/2024 y turnarla al Ministro Luis María Aguilar Morales, para que instruyera el procedimiento correspondiente.
5. Por acuerdo de seis de marzo de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor reconoció personalidad a la promovente, admitió a trámite la demanda, tuvo como demandados en este procedimiento constitucional a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza y, como terceros interesados, a las Cámaras de Diputados y Senadores, ambas del Congreso de la Unión, así como al Municipio de Francisco I. Madero, Estado de Coahuila de Zaragoza. Por último, dio vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación corresponda.
6. Desahogo de vista de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (tercero interesado). Mediante oficio presentado el dieciséis de abril de dos mil veinticuatro ante la oficina de certificación judicial y correspondencia de este Alto Tribunal, Marcela Guerra Castillo, en su carácter de Diputada Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, presentó manifestaciones en su carácter de parte tercera interesada, exponiendo diversos argumentos en los que cuestionó la validez de las fracciones del artículo impugnado, en los términos siguientes:
Conforme al artículo 73, fracciones X, XVII y XXIX, de la Constitución Política del país, corresponde a la Federación legislar en materia de vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación; impuestos sobre hidrocarburos, así como para establecer contribuciones en relación con el aprovechamiento y la explotación de bienes de la Nación, así como derivados del petróleo.
La litis se centra en determinar si la Ley de Ingresos del Municipio de Francisco I. Madero, Estado de Coahuila de Zaragoza, resulta contraria a los artículos 6, 25, 27, 28, 73, 124 y 133 de la Constitución Política del país y si se invaden las facultades de la Federación en relación con la regulación de contribuciones en materia de hidrocarburos. También señala que estará al tanto de la decisión que adopte este Alto Tribunal respecto de este asunto.
7. Desahogo de la vista de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión (tercero interesado). Mediante oficio LXV/DAyCC/034.01.CC/2024, presentado el veintiséis de abril de dos mil veinticuatro ante la oficina de certificación judicial y correspondencia de este Alto Tribunal, Ana Lilia Rivera Rivera, en su carácter de Senadora Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, presentó manifestaciones en su carácter de parte tercera interesada, exponiendo diversos argumentos en los que cuestionó la validez de las fracciones del artículo impugnado, en los términos siguientes:
La fracción XII del artículo impugnado, al prever un pago por la licencia para la instalación de estructuras y sistemas de telecomunicaciones, invade las facultades de la Federación, dado que el artículo 73, fracción XVII, de la Constitución Política del país otorga facultad al Congreso de la Unión para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e internet.
De igual forma, de conformidad con los artículos 6, apartado B, fracción II, 25, 27 y 28 de la Constitución Política del país, al Instituto Federal de Telecomunicaciones corresponde la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales.
Las fracciones XVII y XVIII del artículo impugnado invaden la esfera competencial de la Federación, al establecer el cobro de un derecho por el permiso de construcción y remodelación de pozos para la extracción de cualquier hidrocarburo, así como para la instalación de antenas para telecomunicaciones, por tratarse del pago de un bien cuya explotación y regulación es reservada exclusivamente al Congreso de la Unión, en términos del artículo 73, fracción X, en relación con el 27, párrafos cuarto y sexto, y 28, todos de la Constitución Política del país, que otorgan facultad exclusiva para legislar sobre materia de hidrocarburos.
Conforme a tales preceptos fundamentales, el Congreso de la Unión expidió la Ley de Hidrocarburos, de la que también se desprende que la materia de hidrocarburos es competencia exclusiva de la Federación.
8. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza. Mediante oficio número CJ/2386/2024, depositado en la oficina de correos de la localidad el tres de mayo de dos mil veinticuatro y recibido en la oficina de certificación judicial y correspondencia de este Alto Tribunal el veintidós siguiente, Valeriano Valdés Cabello, en su carácter de Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, presentó contestación de demanda, en la que expuso los siguientes argumentos para sostener la validez de la norma impugnada:
La controversia constitucional es infundada, dado que no se atribuye de forma directa algún acto o concepto de invalidez en cuanto a la promulgación de la norma impugnada. Si bien el Ejecutivo local promulgó y publicó la ley de ingresos municipal, ello es así porque es un deber de dicho poder de acuerdo con la Constitución local, pero no intervino en el dictamen, discusión, votación y aprobación de esta.
La orden de impresión, publicación y circulación forma parte del proceso legislativo que culmina cuando el Ejecutivo local da a conocer la ley o decreto a las personas habitantes a través del periódico oficial de la entidad, la fundamentación y motivación son requisitos de dichos actos y sólo se requiere que provengan de una autoridad competente, lo cual se cumplió en el presente caso, aunque únicamente es una formalidad exigida por la norma.
9. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza. Mediante oficio depositado en la oficina de correos de la localidad el quince de mayo de dos mil veinticuatro y recibido el veintiocho siguiente en la oficina de certificación judicial y correspondencia de este Alto Tribunal, Joseline Zaharay González Gutiérrez, Directora de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, presentó contestación de demanda, en la que expuso los siguientes argumentos para sostener la validez de la norma impugnada:
Fracciones XVII y XVIII. Las fracciones impugnadas no otorgan facultades a la autoridad municipal para regular actividades relacionadas con hidrocarburos, sino solamente para expedir licencias de construcción, de ahí que no invaden la esfera competencial de la autoridad federal.
Considera que el problema jurídico a dirimir consiste en determinar si el Poder Legislativo local tiene la facultad para legislar sobre las autorizaciones o permisos que otorgan los Municipios para las construcciones y remodelaciones de aquellas actividades reservadas a las autoridades federales a posteriori.
Si bien conforme al artículo 73, fracción X, de la Constitución Política del país el Congreso de la Unión tiene facultad para dictar leyes sobre hidrocarburos, lo cierto es que el diverso 115, fracción V, reserva a los municipios la facultad de otorgar licencias y permisos para construcciones, por lo que no se observa la presunta invasión de competencias, dado que se ejerce una atribución otorgada constitucionalmente.
Concluye que la autorización del uso del suelo es una facultad que tienen conferida los municipios, lo que implica emitir licencias de construcción para ejercer control y vigilancia del uso del suelo, a fin de verificar que se cumplan las condiciones de seguridad en los lugares de construcción y que se autoricen obras que no tengan un impacto injustificado y pernicioso en contra del bien común, por lo que no se invade ninguna competencia de las autoridades federales, pues es una prerrogativa concedida por la Constitución Política del país.
Al resolverse la contradicción de criterios 89/2010 se determinó que una legislatura local no invade las competencias de las autoridades federales al legislar respecto de licencias, permisos o autorizaciones para expedir licencias o permisos de construcción en materia de infraestructura en la vía pública y la instalación de casetas de servicios de telefonía pública. Aunque en el presente caso las normas impugnadas versan sobre hidrocarburos, dicho criterio es aplicable por analogía dado que en ambos asuntos se plantea la facultad de los municipios para expedir permisos de construcción en relación con actividades reservadas a las autoridades federales.
Por otra parte, en la contradicción de criterios 441/2009 se determinó que no existió una invasión de la esfera competencial de las autoridades federales, dado que el cobro por permisos de construcción no es un derecho que se deba pagar por la explotación, uso o aprovechamiento de actividades reservadas a la Federación, por tratarse únicamente de permisos de construcción para instalar infraestructura en vía pública.
Señala que, de conformidad con estos criterios, los municipios tienen la facultad para otorgar licencias, permisos o autorizaciones para construcciones, inclusive en áreas en las que se llevarán actividades de competencia federal en el futuro, además que en la ley de ingresos municipal no se aborda ni se hace referencia a la explotación de hidrocarburos, sino sólo autorizar construcciones que no atenten contra la seguridad de las personas.
El legislador federal en la Ley de Hidrocarburos contempló un apartado relativo al procedimiento especial para la realización de actividades reguladas, por lo que los municipios están facultados para otorgar autorizaciones respecto de proyectos de exploración, extracción, transporte, distribución y almacenamiento de hidrocarburos, en el ámbito de sus competencias.
Concluye que los derechos contenidos en las fracciones impugnadas de la ley de ingresos municipal no invaden la esfera de competencias de la Federación, por lo que solicita se reconozca la validez de las porciones controvertidas.
Fracción XII. La porción normativa impugnada únicamente contempla la expedición de permisos de construcción en vía pública y en propiedad privada, por lo que no se invade la competencia de las autoridades federales, dado que el Congreso Estatal se encuentra facultado para expedir permisos de construcción.
El artículo 115, fracción V, de la Constitución Política del país concede en favor de los municipios la facultad de expedir licencias de construcción, que permiten su control y vigilancia, así como el desarrollo de infraestructura y construcción para que sea ordenado y se tomen las medidas necesarias para un sano desarrollo en beneficio de la sociedad.
Al resolverse la contradicción de criterios 89/2010 se determinó que ni la autorización para construcciones en vía pública, ni los derechos tributarios que se cobran por ese acto por parte de la autoridad municipal invaden la esfera de facultades del Congreso de la Unión. Por su parte, en la contradicción de criterios 441/2009, se analizó si la legislación que regula la emisión de permisos de construcción para la instalación de cables de telefonía es una facultad de las legislaturas estatales, concluyéndose que la norma no se refiere directamente a la actividad de instalación de cables, sino que se enfoca exclusivamente en la instalación de infraestructura de bienes de dominio público.
Conforme a dichos precedentes, la emisión de leyes por parte de las legislaturas locales que contemplen derechos como los que se impugnan en la presente controversia constitucional no invaden competencia, por tratarse de derechos por permisos de construcción cuya facultad se reserva para su regulación a los Congresos locales.
10. Opinión de la Fiscalía General de la República. El Fiscal General de la República no emitió opinión en el presente asunto.
11. Alegatos del Poder Ejecutivo Federal. Mediante oficio 114.CJEF.CACCC.DGCC.18753/2024, el delegado del Poder Ejecutivo Federal formuló los alegatos que estimó pertinentes, los cuales serán valorados por este Alto Tribunal.
12. Audiencia de pruebas y alegatos. El diez de julio de dos mil veinticuatro se celebró la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.
13. Cierre de instrucción. Agotado en sus términos el trámite respectivo, por acuerdo de diez de julio de dos mil veinticuatro, se cerró instrucción y se recibió el expediente en la ponencia del Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
14. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política del país;(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(2) así como en el Punto Segundo, fracción I, del Acuerdo General Plenario número 1/2023,(3) por tratarse de un conflicto entre la Federación, por conducto del Poder Ejecutivo Federal, y los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el que se cuestiona la validez de una norma general.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS
15. Con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la Materia,(4) se procede a precisar las normas que son objeto de la presente controversia constitucional. En el respectivo apartado de la demanda, el Poder Ejecutivo Federal señaló como norma concreta y específicamente impugnada, la siguiente: "ARTÍCULO 24. Para la aplicación de dichas tarifas en las nuevas construcciones y modificaciones, se cobrará por cada metro cuadrado de acuerdo a las tarifas y categorías siguientes: (...)
XII. Por la instalación de antenas para comunicaciones pagaran conforme a lo siguiente:
1. Antena para telefonía celular $21,554.00 cada una.
2. Antena para telecomunicaciones $14,260.00 cada una. (...)
XVII. Por la expedición de permiso de construcción y remodelación de pozos verticales y direccionales en el área específica a yacimientos convencionales (Roca Reservorio) en trampas estructurales en el que se encuentre el hidrocarburo $60,831.00 por permiso para cada pozo.
XVIII. Por la expedición de permiso de construcción y remodelación de pozo para la extracción de cualquier hidrocarburo $60,831.00 por permiso para cada pozo (...)".
16. En consecuencia, se tienen por efectivamente impugnadas las fracciones XII, XVII y XVIII del artículo 24 de la Ley de Ingresos del Municipio de Francisco I. Madero, Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2024.
III. OPORTUNIDAD
17. Conforme al artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la Materia,(5) el plazo para promover controversia constitucional tratándose de normas generales debe computarse a partir del día siguiente a la fecha de su publicación o al que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.
18. En este caso, el Poder Ejecutivo Federal impugna las fracciones XII, XVII y XVIII del artículo 24 de la Ley de Ingresos del Municipio de Francisco I. Madero, Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2024, con motivo de su publicación el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés, por lo que el plazo de treinta días para presentar la controversia constitucional transcurrió del martes dos de enero al martes trece de febrero de dos mil veinticuatro.
19. Debiéndose descontar los días del veintitrés al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, así como uno, seis, siete, trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de enero y tres, cuatro, cinco, diez y once de febrero de dos mil veinticuatro, por haber sido inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2(6) y 3, fracciones II y III,(7) de la Ley Reglamentaria de la Materia, así como los diversos 3(8) y 143(9) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 74, fracciones I y II,(10) de la Ley Federal del Trabajo y los incisos a), b), c), d), e) y l), del Punto Primero del Acuerdo número 18/2013 de diecinueve de noviembre de dos mil trece del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia, así como de los de descanso para su personal.(11)
20. Consecuentemente, dado que la demanda fue depositada en el buzón judicial de este Alto Tribunal, precisamente, el martes trece de febrero de dos mil veinticuatro, es evidente que la controversia constitucional se promovió de manera oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA
21. De conformidad con el artículo 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de la Materia,(12) la parte actora deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas respectivas, estén facultados para representarla.
22. Conforme a lo previsto en los artículos 90, párrafo último, de la Constitución Política del país;(13) 43, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;(14) y 11, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria de la Materia,(15) en relación con el Punto Único del "Acuerdo por el que se establece que el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal tendrá la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en los asuntos que se mencionan",(16) publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil uno, la Consejera Jurídica es la representante legal del Poder Ejecutivo Federal.
23. Ahora bien, en el presente caso, la demanda fue suscrita por María Estela Ríos González, quien acreditó ostentar el cargo de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, mediante copia certificada de su nombramiento expedido el dos de septiembre de dos mil veintiuno, por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se tiene acreditada su personería.
24. Así también, la del propio Poder actor para instar la vía en representación de la Federación, en términos del artículo 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política del país, por lo que debe concluirse que se promovió por parte legitimada para ello.
V. LEGITIMACIÓN PASIVA
25. De conformidad con el artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la Materia,(17) tiene el carácter de parte demandada en la controversia constitucional la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general, pronunciado el acto o incurrido en la omisión que sea objeto de la controversia. Por lo tanto, de acuerdo con lo previsto en la Ley Reglamentaria, la parte demandada también debe comparecer a juicio por conducto de los funcionarios facultados para representarla, en términos de las normas que lo rigen.
26. En el presente caso, en el auto de admisión de seis de marzo de dos mil veinticuatro, se reconoció como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, en tanto a éstos les correspondió la expedición, la promulgación y la publicación de la disposición cuya constitucionalidad se cuestiona, por lo que enseguida se procede a analizar si dichos órganos cuentan con legitimación pasiva en el presente procedimiento constitucional.
27. Legitimación pasiva del Poder Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza. De acuerdo con el artículo 48, fracción I,(18) en relación con el diverso 280,(19) ambos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, la representación del Poder Legislativo de esa entidad corresponde al Presidente de la Mesa Directiva, la cual puede ser delegada a las personas titulares de los órganos técnicos mediante el otorgamiento del poder legal correspondiente.
28. En representación del Poder Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza compareció Joseline Zaharay González Gutiérrez, en su carácter de Directora de Asuntos Jurídicos, cargo que acreditó con la copia certificada del acuerdo de la Presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza de uno de enero de dos mil veinticuatro, en el que consta que fue designada con tal carácter, así como con copia certificada del diverso acuerdo de nueve de enero de dos mil veinticuatro suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso Estatal, en el que otorga a la Directora de Asuntos Jurídicos poder general y especial para representar a dicho poder en toda clase de juicios.
29. Por lo tanto, la persona que comparece en representación del Poder Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza cuenta con la debida legitimación procesal para representarlo en este medio de control constitucional.
30. Legitimación pasiva del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza. En términos del artículo 21, fracción XXX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza(20) corresponde a la Secretaría de Gobierno representar a la persona Titular del Ejecutivo Estatal en todo tipo de controversias, juicios o acciones de inconstitucionalidad en que sea parte. Asimismo, en términos de los diversos 5, fracción VII,(21) y 25, fracción VIII,(22) del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, el Consejero Jurídico se encuentra facultado para representar al Ejecutivo local en las controversias constitucionales.
31. En el presente caso, en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza compareció Valeriano Valdés Cabello, en su carácter de Consejero Jurídico del Gobierno de esta entidad federativa, cargo que acredita con la copia certificada del nombramiento otorgado por el Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza el uno de diciembre de dos mil veintitrés.
32. Por lo tanto, la persona que comparece en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza cuenta con la debida legitimación procesal para representarlo en este medio de control constitucional.
VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
33. El Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila manifestó en su informe lo siguiente:
"(...) también es importante precisar, que si bien es cierto, esta autoridad a la que represento, realizó la promulgación y publicación de la Ley de Ingresos del Municipio de Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal 2024, también es cierto, que lo anterior fue así, por ser un deber del Ejecutivo, previsto en la propia Constitución Política del Estado de Coahuila, conforme a los artículos 62, fracción IV, 64, 66 y 84, fracción III, que dispone que el Gobernador deberá sancionar, promulgar, publicar y ejecutar las leyes o decretos que expida el Congreso Estatal; y, de lo cual puede deducirse que el titular del Poder Ejecutivo, NO INTERVINO EN EL DICTAMEN, DISCUSIÓN, VOTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS".
34. En este sentido, si bien el Poder Ejecutivo local no lo señaló expresamente, es evidente que su intención era invocar una causal de improcedencia en la presente controversia constitucional.
35. Sin embargo, contrario a lo manifestado por el Poder Ejecutivo estatal, a pesar de que en los conceptos de invalidez formulados en contra del decreto impugnado no se hicieron valer cuestiones de ilegalidad en contra de la promulgación, orden de impresión, publicación y circulación, no es posible decretar la improcedencia de la acción en contra de estos actos y por esta autoridad, toda vez que esta cuestión no constituye una causa de imp
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33793-b142a7c2/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-la-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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