I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE ESE PODER. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA COMPARECER EN EL JUICIO EN NOMBRE DEL PODER EJECUTIVO LOCAL (ARTÍCULOS 25, FRACCIÓN VIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y APODERADA ESPECIAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA PARA COMPARECER EN EL JUICIO EN REPRESENTACIÓN DE DICHO PODER (ARTÍCULO 48, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 22, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). VI. PETRÓLEO E HIDROCARBUROS. EL DOMINIO DIRECTO DE LA NACIÓN RESPECTO DE ESTOS RECURSOS ES INALIENABLE E IMPRESCRIPTIBLE Y SU EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO POR LOS PARTICULARES O POR SOCIEDADES CONSTITUIDAS CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, SÓLO PODRÁ REALIZARSE MEDIANTE CONCESIONES OTORGADAS POR EL EJECUTIVO FEDERAL, DE ACUERDO CON LAS REGLAS Y CONDICIONES QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES. VII. HIDROCARBUROS. ES FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXPEDIR LA LEY DE LA MATERIA, LA CUAL TIENE POR OBJETO REGULAR, ENTRE OTRAS COSAS, EL RECONOCIMIENTO Y LA EXPLORACIÓN SUPERFICIAL Y LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE AQUÉLLOS; EL TRATAMIENTO, REFINACIÓN, ENAJENACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DEL PETRÓLEO; EL PROCESAMIENTO, ASÍ COMO EL TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y EXPENDIO AL PÚBLICO DE GAS NATURAL; EL TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y EXPENDIO AL PÚBLICO DE PETROLÍFEROS, ASÍ COMO EL TRANSPORTE POR DUCTO Y EL ALMACENAMIENTO VINCULADO A DUCTOS DE PETROQUÍMICOS. VIII. HACIENDA MUNICIPAL. SE FORMARÁ DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS BIENES QUE LES PERTENEZCAN, ASÍ COMO DE LAS CONTRIBUCIONES Y OTROS INGRESOS QUE LAS LEGISLATURAS ESTABLEZCAN A SU FAVOR (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL). IX. MUNICIPIOS. SUS FACULTADES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. X. LICENCIAS O PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN. LOS GOBIERNOS MUNICIPALES TIENEN LA FACULTAD PARA IMPONER GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS O PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN. XI. PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE POZOS DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS. LAS DISPOSICIONES LOCALES QUE ESTABLECEN UN PAGO POR EL OTORGAMIENTO DE ÉSTOS SE RELACIONAN DIRECTAMENTE CON LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS, EN TÉRMINOS DE LAS FRACCIONES XIV Y XV DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE HIDROCARBUROS Y, POR ENDE, INVADEN LAS FACULTADES RESERVADAS A LA FEDERACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 19, FRACCIONES VIII Y IX, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GENERAL CEPEDA, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). XII. PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE POZOS DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS. LAS DISPOSICIONES LOCALES QUE ESTABLECEN UN PAGO POR SU OTORGAMIENTO SE VINCULAN CON RECURSOS QUE SE UBICAN EN YACIMIENTOS LOCALIZADOS EN EL SUBSUELO, POR LO QUE INVADEN EL ÁMBITO DE FACULTADES RESERVADAS PARA EL PODER LEGISLATIVO FEDERAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX, NUMERAL 2, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 19, FRACCIONES VIII Y IX, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GENERAL CEPEDA, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). XIII. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. LE CORRESPONDE LA REGULACIÓN, PROMOCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, LAS REDES Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, ASÍ COMO DEL ACCESO A INFRAESTRUCTURA ACTIVA, PASIVA Y OTROS INSUMOS ESENCIALES. XIV. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. ES LA AUTORIDAD EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA DE LOS SECTORES DE RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, Y LE CORRESPONDE EL OTORGAMIENTO, LA REVOCACIÓN, ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN DE CE
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 73/2024. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 8 DE OCTUBRE DE 2024. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: JOEL ISAAC RANGEL AGÜEROS.
ÍNDICE TEMÁTICO
Norma impugnada: El artículo 19, fracciones VIII, IX y XIV, numerales 1 y 2, del Decreto 608, mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de General Cepeda, Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2024, publicada el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al ocho de octubre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 73/2024, promovida por el Poder Ejecutivo Federal, en contra del artículo 19, fracciones VIII, IX y XIV, numerales 1 y 2, de la Ley de Ingresos del Municipio de General Cepeda, Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2024, publicada el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza.
ANTECEDENTES
1. Presentación de la demanda y norma impugnada. Por escrito presentado el trece de febrero de dos mil veinticuatro, en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María Estela Ríos González, ostentándose como Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, promovió controversia constitucional contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza. En el apartado correspondiente a la norma cuya invalidez se demanda, señaló:
“IV. Norma general, cuya invalidez se demanda, así como el medio oficial en que se publicó.
El Decreto 608 mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de General Cepeda, Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2024 (Decreto Impugnado), publicado en el Periódico Oficial de la entidad, el 22 de diciembre de 2023, específicamente:
ARTÍCULO 19.- Son objeto de estos derechos, la expedición de licencias por los conceptos siguientes y se cubrirán conforme a la tarifa en cada uno de ellos señalada:
(...)
VIII.- Por la expedición de permiso de construcción y remodelación de pozos verticales y direccionales en el área específica a Yacimientos Convencionales (Roca Reservorio) en Trampas Estructurales en el que se encuentre el hidrocarburo $61,086.00 por permiso para cada pozo.
IX.- Por la expedición de permiso de construcción y remodelación de pozo para la extracción de cualquier hidrocarburo $61,086.00 por permiso para cada pozo.
(...)
XIV.- Por la aprobación de Planos y Proyectos de obras para Drenaje, Tubería, Cables y Conducciones de redes cualesquiera que fueren, instalación de antenas, mástiles y bases de comunicación, telefonía, radiorepetidoras, o similares se cobrarán los derechos en la vía pública y de servidumbre, como se detalla:
1.- Por la servidumbre, ocupación y/o utilización de la vía pública y/o dentro de su circunscripción territorial, por la Instalación de redes eléctricas, internet o telefónicas subterráneas, aéreas, o superficiales, ductos, tuberías, colectores, emisores, acometidas y su permanencia en la propiedad municipal a cargo de las personas físicas o morales de empresas de propiedad privada, se deberá pagar por metro lineal $58.38.
2.- Por la autorización de la instalación de antenas, mástiles y bases de comunicación, telefonía radio repetidoras o similares, se cobrará la cantidad de $41,915.00 por unidad.
(...)”
2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El Poder Ejecutivo Federal estimó vulnerados los artículos 25, 27, 28, 73, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Conceptos de invalidez. Para sustentar la invalidez de los preceptos controvertidos el promovente expresó los siguientes argumentos:
Primero.
a) Los Poderes demandados invaden la competencia exclusiva de la Federación para regular, aprovechar y explotar los bienes del dominio de la Nación, toda vez que las fracciones VIII y IX del artículo 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de General Cepeda, Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2024, que regulan el cobro de derechos por la expedición de permiso de construcción y remodelación de pozos para la extracción de cualquier hidrocarburo, permiten que cualquier persona, a través de un permiso expedido por el municipio, extraiga cualquier hidrocarburo.
b) La norma es inconstitucional dado que invade las facultades en materia de hidrocarburos reservadas exclusivamente a la Federación, contenidas en los artículos 25, párrafos tercero y quinto, 27, sexto párrafo y 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, la Ley de Hidrocarburos, particularmente en los numerales 4 y 6, establece que corresponde a la Nación la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo del territorio nacional, por lo que corresponde exclusivamente a la Federación regular su exploración y extracción y, de ninguna manera, permite a las entidades federativas otorgar permisos de construcción y remodelación de pozos para la extracción de hidrocarburos.
c) El Pleno de este Alto Tribunal, en la acción de inconstitucionalidad 3/2023 y sus acumuladas 4/2023, 5/2023, 6/2023, 7/2023, 8/2023, 9/2023, 10/2023, 12/2023, 13/2023, 14/2023, 21/2023, 24/2023, 48/2023 y 57/2023, resolvió que si la norma tiene como consecuencia el cobro a los contribuyentes por parte del municipio de un servicio de explotación y regulación exclusivas por parte de la Federación, resulta inconstitucional, pues el legislador invadió las facultades de ésta.
d) El párrafo último de la fracción V del artículo 115 de la Constitución Federal establece que los bienes inmuebles de la Federación ubicados en los municipios están exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales, sin embargo, el Congreso local, al haber dispuesto cobros por el otorgamiento de permisos de construcción y remodelación de pozos con la finalidad de lograr la extracción de cualquier hidrocarburo, actualizó la afectación de la competencia expresamente otorgada a la Federación en materia de hidrocarburos.
e) Si bien, la norma impugnada no dispone de manera literal el cobro por el otorgamiento de una concesión de hidrocarburos, sí prevé un pago de derechos por los permisos de construcción y remodelación de pozos para la extracción de hidrocarburos, lo que implica que la hacienda municipal obtendrá ingresos adicionales con motivo de la expedición de las licencias por los supuestos descritos, los cuales se relacionan directamente con la regulación de la explotación, exploración y extracción de hidrocarburos. Aunado a que no se puede realizar una doble tributación en dicha materia por medio de una ley de ingresos municipal.
f) Conforme a lo previsto en los artículos 1, 2, fracción II (en relación con el 44), 6 y 11, de la Ley de Hidrocarburos, el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía son las dependencias y entidades facultadas para expedir las licencias, permisos y contratos de construcción referentes al sector de hidrocarburos, por lo que, establecer el pago de derechos por permisos que tengan como finalidad la extracción de hidrocarburos en una legislación de carácter municipal, actualiza un principio de afectación en perjuicio de la esfera competencial y las facultades exclusivas del Poder Ejecutivo Federal en dicha materia.
Segundo.
a) Los Poderes Legislativo y Ejecutivo demandados, al expedir y promulgar el Decreto impugnado, invadieron la competencia exclusiva de la Federación, ya que el artículo 19, fracción XIV, de la Ley de Ingresos del Municipio de General Cepeda, obliga al pago de derechos a cualquier persona que instale antenas, mástiles y bases de comunicación, telefonía, radio repetidoras, o similares.
b) Conforme a los artículos 6, 25, párrafos tercero y quinto, 27, párrafo sexto, y 73, fracción XVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es facultad exclusiva de la Federación dictar leyes en materia de vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet.
c) Lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (particularmente en su artículo 5), de ninguna manera permite a las entidades federativas otorgar autorizaciones relacionadas con la licencia de colocación y permanencia de estructuras para la infraestructura de telecomunicación, y al regularlo, el Congreso local invade la competencia de la Federación.
d) Conforme al sistema de competencias, que establece el artículo 124 constitucional, las facultades que no están expresamente concedidas a los funcionarios federales se reservan a los Estados, por lo que el Decreto Impugnado invade la esfera competencial de la Federación, y causa una afectación a las facultades exclusivas del Poder Ejecutivo Federal.
e) Sirve de apoyo a este argumento lo que el Pleno de este Alto Tribunal resolvió al fallar en la acción de inconstitucionalidad 3/2023 y sus acumuladas 4/2023, 5/2023, 6/2023, 7/2023, 8/2023, 9/2023, 10/2023, 12/2023, 13/2023, 14/2023, 21/2023, 24/2023, 48/2023 y 57/2023.
f) El párrafo último de la fracción V, del artículo 115 de la Constitución Federal establece que los bienes inmuebles de la Federación ubicados en los municipios están exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales, por lo que al permitir a los congresos estatales que a través de sus leyes de ingresos impongan el pago de derechos por la prestación de dichos servicios, se invade la esfera competencial de la Federación.
4. Registro de expediente y designación de la Ministra instructora. Por acuerdo de quince de febrero de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, asignándole el número 73/2024 y lo turnó a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf para que instruyera el procedimiento.
5. Admisión. El trece de marzo de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora dictó un proveído en el que admitió a trámite la controversia constitucional, tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, emplazándolos para que produjeran su contestación, otorgó la calidad de terceros interesados a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como al Municipio de General Cepeda, Estado de Coahuila de Zaragoza y, finalmente, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que antes del cierre de instrucción manifestara lo que a su representación correspondiera.
6. Manifestaciones de la Cámara de Senadores. Por escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Senado de la República, por conducto de la Presidenta de su Mesa Directiva, realizó las siguientes manifestaciones.
ÚNICO.
MATERIA DE HIDROCARBUROS.
a) En términos del artículo 124 de la Ley Suprema, las entidades federativas cuentan con las facultades que por exclusión no se encuentren concedidas expresamente a los funcionarios federales.
b) Conforme a la fracción X del artículo 73 de la Constitución Federal es competencia del Congreso de la Unión legislar la materia de hidrocarburos. Dicha facultad exclusiva también se advierte de los numerales 27 y 28 de la Norma Fundamental, de los que se desprende que la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos naturales son actividades que sólo se pueden realizar a través de las concesiones que otorgue el Poder Ejecutivo Federal, aunado a que no constituyen monopolio las funciones del Estado en la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos.
c) Como medida residual, la fracción XXXI del artículo 73 de la Constitución Federal habilita al Congreso de la Unión para expedir cláusulas habilitantes, a través de las cuales faculta a los órganos administrativos del Estado para que, a partir de bases y parámetros generales, regulen determinadas materias.
d) Conforme a tales atribuciones, el Congreso de la Unión expidió la Ley de Hidrocarburos con la que se reitera que corresponde a la Nación la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo del territorio nacional, incluyendo la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico.
e) La Ley de Hidrocarburos, en los artículos 6 y 11, prevé que el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Energía podrá otorgar y modificar a Petróleos Mexicanos o a cualquier otra empresa productiva del Estado, de forma excepcional, asignaciones para realizar la exploración y extracción de hidrocarburos, y por conducto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público, podrá celebrar contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos en el subsuelo, siendo estos últimos propiedad de la Nación.
f) En consecuencia, la expedición de permisos para construcción y remodelación de pozos verticales y direccionales en el área específica a Yacimientos Convencionales (Roca Reservorio) en Trampas Estructurales en el que se encuentre el hidrocarburo, previsto en el artículo 19, fracciones VIII y IX, de la Ley de Ingresos del Municipio de General Cepeda, Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2024, es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión.
MATERIA DE TELECOMUNICACIONES.
a) Conforme a la fracción XVII del artículo 73, de la Ley Suprema, es facultad del Congreso de la Unión dictar leyes sobre vías generales de comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e internet.
b) De los numerales 6, apartado B, fracción II, 25, 27 y 28 de la Carta Magna, se desprende que corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a la infraestructura y otros insumos esenciales. Aunado a que es la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones y le corresponde el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones materia de radiodifusión y telecomunicaciones.
c) Conforme a lo anterior, es de concluirse que en todo momento el Estado mantiene el dominio originario, inalienable e imprescriptible sobre el espectro radioeléctrico y solo a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones se permite el uso, aprovechamiento y explotación del mismo.
d) El artículo 115, fracción IV, de la Ley Suprema determina que los municipios administrarán libremente su hacienda. Asimismo, dispone que, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
e) En la fracción V del artículo 115, y de conformidad con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27, ambos de la Carta Magna, los bienes inmuebles de la Federación ubicados en los municipios estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales y si bien, conforme al primero de los preceptos mencionados, los gobiernos municipales cuentan con la facultad constitucional de imponer gravámenes a la propiedad inmobiliaria, a través del otorgamiento de licencias de construcción, también lo es que la disposición en estudio excede los presupuestos sobre los cuales la autoridad municipal puede percibir una prestación por el servicio otorgado a la ciudadanía.
f) No obstante que la fracción XIV del artículo 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de General Cepeda, Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2024 no dispone literalmente el cobro por el otorgamiento de una concesión de telecomunicaciones, sí prevé un pago por la licencia para la instalación de estructuras y sistemas de telecomunicaciones, lo que tiene como consecuencia el cobro a los contribuyentes de un servicio por explotación y regulación exclusivo de la Federación y, por tanto, el Congreso local invadió las facultades de ésta.
g) Finalmente, solicitó que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determine que los recursos obtenidos con motivo el cobro por parte del Municipio de General Cepeda, Estado de Coahuila de Zaragoza, al aplicar la Ley de Ingresos combatida, sean reintegrados a la Federación, a fin de que se canalicen a los rubros y partidas que estime convenientes.
7. Manifestaciones de la Cámara de Diputados. Por escrito presentado el dieciséis de abril de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por conducto de la Presidenta de su Mesa Directiva, expresó lo siguiente:
a) Conforme al orden constitucional establecido en los artículos 6, 25, 27, 28, 73, 124 y 133, en relación con el 73, fracciones X, XVII, y XXIX, de la Constitución Federal, legislar en materia de vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación; impuestos sobre hidrocarburos; así como establecer contribuciones con relación al aprovechamiento y explotación de bienes de la Nación, y derivados del petróleo, corresponde a una facultad exclusiva de la Federación.
8. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila. Mediante escrito presentado el tres de mayo de dos mil veinticuatro, en la Oficina de Correos de México y recibido en este Alto Tribunal el veintidós siguiente, el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Coahuila, en representación del Poder Ejecutivo local, dio contestación a la demanda, refiriendo lo siguiente:
a) Estima que la presente controversia constitucional es infundada, pues no intervino en el dictamen, discusión, votación y aprobación de las normas impugnadas y al Poder Ejecutivo del Estado no se le atribuye de forma directa algún acto violatorio o concepto de invalidez en cuanto a su promulgación y publicación de las normas impugnadas, lo cual realizó conforme al deber previsto en los artículos 62, fracción IV, 64, 66 y 84, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.
b) La orden de impresión, publicación, circulación y el debido cumplimiento a lo remitido por el Congreso local no son actos aislados, sino que forman parte del proceso legislativo que culmina con el acto mediante el cual el Poder Ejecutivo estatal da a conocer la ley o decreto a los habitantes a través del Periódico Oficial del Estado, lo que realizó cumpliendo las formalidades exigidas por la ley para ello.
c) La entrada en vigor se encuentra sujeta a la vacatio legis y a las condiciones previstas en los artículos transitorios que el propio Constituyente estableció para su vigencia, por ello es constitucionalmente válido que se realicen las modificaciones necesarias para ajustarlos a los altos valores que se desean proteger, conforme a la exposición de motivos de la citada reforma.
9. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Coahuila. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correos de México el ocho de mayo de dos mil veinticuatro y recibido en este Alto Tribunal el veintiocho siguiente, la Directora de Asuntos Jurídicos y Apoderada Especial del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza dio contestación a la demanda en representación del Poder Legislativo local, en la que expresó lo siguiente: I. Expedición de legislación local que contiene el cobro de derechos por la autorización de permisos de construcción y remodelación de pozos.
a) Las disposiciones impugnadas no otorgan facultades a la autoridad municipal para regular actividades relacionadas con hidrocarburos, sino que su sentido normativo es única y exclusivamente regular en favor de los municipios la expedición de licencias de construcción, la cual es una materia que se reconoce a las Legislaturas estatales, pues se trata de una facultad reservada a los Municipios en el texto del artículo 115, fracción V, de la Constitución Federal.
b) De los Dictámenes de Reforma Constitucional de fechas veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y dos y quince de junio de mil novecientos noventa y nueve se puede observar que el Legislador Federal facultó a los municipios para controlar, ordenar y autorizar el uso de suelo, ya que ello es esencial para su subsistencia y es fundamental que se encuentren en la posibilidad de vigilar el uso de suelo a fin de verificar que se cumplan con las condiciones de seguridad en los lugares de construcción, así como autorizar únicamente obras que no tengan un impacto injustificado y pernicioso en contra del bien común.
c) Aun cuando se tratan de permisos de construcción en lugares en que se pretendan ejecutar actividades reservadas a las autoridades federales, no se invaden competencias, pues las legislaturas de las Entidades Federativas están constitucionalmente facultadas para legislar respecto de la expedición de licencias, permisos o autorizaciones para construcciones en la vía pública o en propiedad privada.
d) Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de criterios 89/2010, de la cual surgió la jurisprudencia 2a./J. 50/2010, con la única diferencia de que en aquella ocasión las disposiciones legales emitidas por una legislatura estatal tenían por objeto la construcción de infraestructura en la vía pública y la instalación de casetas de servicios de telefonía pública, actividad que es conferida expresamente a las autoridades federales, como en el caso en concreto.
e) Razones similares fueron las sostenidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de criterios 441/2009, en la que al analizar si la expedición de la legislación que regula la emisión de permisos de construcción para la instalación de cables de telefonía es una facultad de las Legislaturas estatales, concluyó que la norma reclamada no precisa ni hace referencia a la actividad en sí misma, para considerarla como el motivo del gravamen, sino que el concepto a que se contrae es única y exclusivamente la instalación de infraestructura en bienes de dominio público.
f) Por tanto, es posible afirmar que las autorizaciones sobre construcciones contenidas en las Leyes de Ingresos no violentan las facultades del Congreso de la Unión, ya que no hacen referencia expresa a la explotación, transporte, refinamiento o comercialización de hidrocarburos, sino que simplemente regulan el uso de suelo para efecto de garantizar construcciones que no atenten contra el bien común.
g) No se debe de pasar por alto que fue el propio Legislador Federal quien mediante la iniciativa de decreto por medio del cual se expidió la Ley de Hidrocarburos, contempló dentro del apartado de "Procedimiento especial para la realización de actividades reguladas" que los municipios están facultados para el otorgamiento de autorizaciones, en el ámbito de sus respectivas competencias respecto de proyectos de exploración, extracción, transporte, distribución y almacenamiento de hidrocarburos. Además, dicha ley instó, a partir del numeral 96 de la Ley de Hidrocarburos, para que esos permisos se tramiten de manera ágil.
II. Expedición de legislación local que contiene el cobro de derechos por la expedición de autorizaciones de instalación de antenas, mástiles y bases de comunicación, telefonía, radio repetidoras o similares.
a) La porción normativa que se impugna únicamente contempla como supuesto jurídico la expedición de permisos de construcción en vía pública y en propiedad privada, así como derechos de vía pública de servidumbres y no por la explotación del espectro de radio eléctrico. Por lo que se puede concluir que el Congreso del Estado de Coahuila no invade la esfera competencial de las autoridades federales, pues la expedición de permisos de construcción es una materia sobre la cual los Congresos locales se encuentran facultados para ejercer.
b) De igual manera, adujo que de la jurisprudencia 2a./J 50/2010 y la contradicción de tesis 441/2009 se tiene que los derechos por la autorización municipal para la construcción de infraestructura en la vía pública o instalación de casetas para la prestación del servicio público de telefonía contempladas en Leyes de Ingresos Municipales no invaden la esfera de competencia del Congreso de la Unión.
c) En la contradicción de tesis 89/2010, de la que deriva la citada jurisprudencia se sostuvo que ni la autorización para construcciones en vía pública, ni los derechos tributarios que se cobran por ese acto por parte de la autoridad municipal invaden la esfera de facultades del Congreso de la Unión o de alguna autoridad federal.
d) Por tanto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido un tapete argumentativo que permite arribar a la conclusión de que la emisión de leyes por parte de Legislaturas locales que contemplen derechos como los que se impugnan en la presente controversia constitucional no invaden la esfera competencial de las autoridades federales, pues únicamente se tratan de derechos por permisos de construcción cuya facultad se reserva para su regulación o los Congresos locales.
e) De esa forma, contrario a lo que sostiene la parte actora, no se configura una invasión de esferas competenciales por la mera existencia de derechos que corresponden legalmente a las autoridades estatales o municipales y su convivencia con actividades reservadas a las autoridades federales, pues, como se puede apreciar, lo que en el caso se grava en favor de los municipios es la expedición de licencias para permisos de construcción.
10. Desahogo de la vista por parte de la Fiscalía General de la República. Dicho organismo no desahogó la vista correspondiente.
11. Audiencia y cierre de instrucción. Substanciado el procedimiento, el diez de julio de dos mil veinticuatro, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de la materia. El dieciséis de agosto siguiente se dictó proveído en el que se determinó el cierre de la instrucción.
I. COMPETENCIA
12. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) en relación con el punto Segundo, fracción I, del Acuerdo General 1/2023,(3) publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero del dos mil veintitrés, modificado el diez de abril de dos mil veintitrés, toda vez que el Poder Ejecutivo Federal actor plantea una invasión a su esfera competencial por parte de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, con motivo de la emisión del Decreto 608, mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de General Cepeda, Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2024, al considerar que el artículo 19, fracciones VIII, IX y XIV, numerales 1 y 2, vulnera su esfera de competencias.
II. PRECISIÓN Y EXISTENCIA DE LA NORMA CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA
13. En términos del numeral 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos,(4) este Tribunal Pleno debe fijar las normas generales, actos u omisiones objeto de esta controversia y apreciar las pruebas respectivas para tenerlos o no por demostrados.
14. Del análisis integral del escrito inicial de la demanda se advierte que el Poder Ejecutivo Federal controvierte el artículo 19, fracciones VIII, IX y XIV, numerales 1 y 2, de la Ley de Ingresos del Municipio de General Cepeda, Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2024, publicada el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza; a continuación, se transcribe dicho precepto:
“ARTÍCULO 19.- Son objeto de estos derechos, la expedición de licencias por los conceptos siguientes y se cubrirán conforme a la tarifa en cada uno de ellos señalada:
(...)
VIII.- Por la expedición de permiso de construcción y remodelación de pozos verticales y direccionales en él área específica a Yacimientos Convencionales (Roca Reservorio) en Trampas Estructurales en el que se encuentre el hidrocarburo $61,086.00 por permiso para cada pozo.
(...)
IX.- Por la expedición de permiso de construcción y remodelación de pozo para la extracción de cualquier hidrocarburo $61,086.00 por permiso para cada pozo.
(...)
XIV.- Por la aprobación de Planos y Proyectos de obras para Drenaje, Tubería, Cables y Conducciones de redes cualesquiera que fueren, instalación de antenas, mástiles y bases de comunicación, telefonía, radiorepetidoras, o similares se cobrarán los derechos en la vía pública y de servidumbre, como se detalla:
1.- Por la servidumbre, ocupación, y/o utilización de la vía pública y/o dentro de su circunscripción territorial, por la Instalación de redes eléctricas, internet o telefónicas subterráneas, aéreas o superficiales, duetos, tuberías, colectores, emisores, acometidas y su permanencia en la propi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33745-7679223b/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-la-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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