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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO FEDERAL PUEDE SER REPRESENTADO EN JUICIO POR LA PERSONA QUE OCUPE LA TITULARIDAD DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE DICHO PODER. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y APODERADA ESPECIAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA PARA COMPARECER EN EL JUICIO EN REPRESENTACIÓN DE DICHO PODER (ARTÍCULOS 48, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA, Y 10, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA RECAE EN EL CONSEJERO JURÍDICO (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VII, Y 25, FRACCIÓN VIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 22, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 67, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). VII. PETRÓLEO E HIDROCARBUROS. EL DOMINIO DIRECTO DE LA NACIÓN RESPECTO DE ESTOS RECURSOS ES INALIENABLE E IMPRESCRIPTIBLE Y PARA SU EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO POR LOS PARTICULARES O POR SOCIEDADES CONSTITUIDAS CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, SÓLO PODRÁ REALIZARSE MEDIANTE CONCESIONES OTORGADAS POR EL EJECUTIVO FEDERAL, DE ACUERDO CON LAS REGLAS Y CONDICIONES QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES. VIII. HACIENDA MUNICIPAL. SE FORMARÁ DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS BIENES QUE LES PERTENEZCAN, ASÍ COMO DE LAS CONTRIBUCIONES Y OTROS INGRESOS QUE LAS LEGISLATURAS ESTABLEZCAN A SU FAVOR (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL). IX. MUNICIPIOS. SUS FACULTADES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. X. LICENCIAS O PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN. LOS GOBIERNOS MUNICIPALES TIENEN LA FACULTAD PARA IMPONER GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS O PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN. XI. PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE POZOS DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS. LAS DISPOSICIONES LOCALES QUE ESTABLEZCAN UN PAGO POR EL OTORGAMIENTO DE ÉSTOS, SE RELACIONAN DIRECTAMENTE CON LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS, EN TÉRMINOS DE LAS FRACCIONES XIV Y XV DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE HIDROCARBUROS Y, POR ENDE, INVADEN LAS FACULTADES RESERVADAS A LA FEDERACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 21, FRACCIONES XI Y XII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024). XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 21, FRACCIONES XI Y XII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 46/2024. · Registro digital (IUS): 33254
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-06-06
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Junio de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.26.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 46/2024. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. PONENTE: MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: JOEL ISAAC RANGEL AGÜEROS.

ÍNDICE TEMÁTICO

Norma impugnada: El artículo 21, fracciones XI y XII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nava, Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2024, publicada el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al treinta de septiembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 46/2024, promovida por el Poder Ejecutivo Federal, en contra del artículo 21, fracciones XI y XII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nava, Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2024, publicada el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial de la citada entidad federativa.

ANTECEDENTES

1. Presentación de la demanda y norma impugnada. Por escrito presentado el trece de febrero de dos mil veinticuatro, en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María Estela Ríos González, ostentándose como Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, promovió controversia constitucional contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza. En el apartado correspondiente a la norma cuya invalidez se demanda, señaló:

“IV. Norma general, cuya invalidez se demanda, así como el medio oficial en que se publicó.

El Decreto 619 mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Nava, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2024 (Decreto Impugnado), publicado en el Periódico Oficial de la entidad, el 22 de diciembre de 2023, específicamente el artículo 24 (sic), que dispone:

ARTÍCULO 21.- Son objeto de estos derechos, la expedición de licencias por los conceptos siguientes y se cubrirán conforme a la tarifa en cada uno de ellos señalada:

(...)

XI.- Por la expedición de permiso de construcción y remodelación de pozos verticales y direccionales en el área específica a Yacimientos Convencionales (Roca Reservorio) en Trampas Estructurales en el que se encuentre el hidrocarburo $58,879.00 por permiso para cada pozo.

XII.- Por la expedición de permiso de construcción y remodelación de pozo para la extracción de cualquier hidrocarburo $58,879.00 por permiso para cada pozo.

(...)”

2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El Poder Ejecutivo Federal estimó vulnerados los artículos 25, 27, 28, 73, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Conceptos de invalidez. Para sustentar la invalidez del precepto controvertido el promovente expresó los siguientes argumentos:

Único

a) Los Poderes demandados invaden la competencia exclusiva de la Federación para regular, aprovechar y explotar los bienes del dominio de la Nación, toda vez que las fracciones XI y XII del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Nava, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2024, que regulan el cobro de derechos por la expedición de permiso de construcción y remodelación de pozos para la extracción de cualquier hidrocarburo, permiten que cualquier persona, a través de un permiso expedido por el municipio, extraiga cualquier hidrocarburo.

b) La norma es inconstitucional dado que invade las facultades en materia de hidrocarburos reservadas exclusivamente a la Federación, contenidas en los artículos 25, párrafos tercero y quinto, 27, párrafo sexto y 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, la Ley de Hidrocarburos, particularmente en los artículos 4 y 6, establece que corresponde a la Nación la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo del territorio nacional, por lo que corresponde exclusivamente a la Federación regular su exploración y extracción y, de ninguna manera, permite a las entidades federativas otorgar permisos de construcción y remodelación de pozos para la extracción de hidrocarburos.

c) El Pleno de este Alto Tribunal, en la acción de inconstitucionalidad 3/2023 y sus acumuladas 4/2023, 5/2023, 6/2023, 7/2023, 8/2023, 9/2023, 10/2023, 12/2023, 13/2023, 14/2023, 21/2023, 24/2023, 48/2023 y 57/2023, resolvió que si la norma tiene como consecuencia el cobro a los contribuyentes por parte del municipio de un servicio de explotación y regulación exclusivas por parte de la Federación, resulta inconstitucional, pues el legislador invadió las facultades de ésta.

d) El último párrafo de la fracción V del artículo 115 de la Constitución Federal establece que los bienes inmuebles de la Federación ubicados en los municipios están exclusivamente bajo la jurisdicción de los Poderes Federales, sin embargo, el Congreso local, al haber dispuesto cobros por el otorgamiento de permisos de construcción y remodelación de pozos con la finalidad de lograr la extracción de cualquier hidrocarburo, actualizó la afectación de la competencia expresamente otorgada a la Federación en materia de hidrocarburos.

e) Si bien, la norma impugnada no dispone de manera literal el cobro por el otorgamiento de una concesión de hidrocarburos, sí prevé un pago de derechos por los permisos de construcción y remodelación de pozos para la extracción de hidrocarburos, lo que implica que la hacienda municipal obtendrá ingresos adicionales con motivo de la expedición de las licencias por los supuestos descritos, los cuales se relacionan directamente con la regulación de la explotación, exploración y extracción de hidrocarburos. Aunado a que no se puede realizar una doble tributación en dicha materia por medio de una ley de ingresos municipal.

f) Conforme a lo previsto en los artículos 1, 2, fracción II (en relación con el 44), 6 y 11, de la Ley de Hidrocarburos, el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía son las dependencias y entidades facultadas para expedir las licencias, permisos y contratos de construcción referentes al sector de hidrocarburos, por lo que, establecer el pago de derechos por permisos que tengan como finalidad la extracción de hidrocarburos en una legislación de carácter municipal, actualiza un principio de afectación en perjuicio de la esfera competencial y las facultades exclusivas del Poder Ejecutivo Federal en dicha materia.

4. Registro de expediente y designación de la Ministra instructora. Por acuerdo de quince de febrero de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, asignándole el número 46/2024 y lo turnó a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf para que instruyera el procedimiento.

5. Admisión. El trece de marzo de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora dictó un proveído en el que admitió a trámite la controversia constitucional, tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, emplazándolos para que produjeran su contestación, otorgó la calidad de terceros interesados a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como al Municipio de Nava, Estado de Coahuila de Zaragoza y, finalmente, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que antes del cierre de instrucción manifestara lo que a su representación correspondiera.

6. Manifestaciones de la Cámara de Senadores. Por escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Senado de la República, por conducto de la Presidenta de su Mesa Directiva, realizó las siguientes manifestaciones:

ÚNICO

a) En términos del artículo 124 de la Ley Suprema, las entidades federativas cuentan con las facultades que por exclusión no se encuentren concedidas expresamente a los funcionarios federales.

b) Conforme a la fracción X del artículo 73 de la Constitución Federal es competencia del Congreso de la Unión legislar la materia de hidrocarburos. Dicha facultad exclusiva también se advierte de los numerales 27 y 28 de la Norma Fundamental, de los que se desprende que la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos naturales son actividades que sólo se pueden realizar a través de las concesiones que otorgue el Ejecutivo Federal, aunado a que no constituyen monopolio las funciones del Estado en la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos.

c) Como medida residual, la fracción XXXI del artículo 73 de la Constitución Federal habilita al Congreso de la Unión para expedir cláusulas habilitantes, a través de las cuales faculta a los órganos administrativos del Estado para que, a partir de bases y parámetros generales, regulen determinadas materias.

d) Conforme a tales atribuciones, el Congreso de la Unión expidió la Ley de Hidrocarburos con la que se reitera que corresponde a la Nación la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo del territorio nacional, incluyendo la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico.

e) La Ley de Hidrocarburos, en los artículos 6 y 11, prevé que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Energía podrá otorgar y modificar a Petróleos Mexicanos o a cualquier otra empresa productiva del Estado, de forma excepcional, asignaciones para realizar la exploración y extracción de hidrocarburos, y por conducto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público, podrá celebrar contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos en el subsuelo, siendo estos últimos propiedad de la Nación.

f) En consecuencia, la expedición de permisos para construcción y remodelación de pozos verticales y direccionales en el área específica a Yacimientos Convencionales (Roca Reservorio) en Trampas Estructurales en el que se encuentre el hidrocarburo, previsto en las disposiciones impugnadas, es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión.

7. Manifestaciones de la Cámara de Diputados. Por escrito presentado el dieciséis de abril de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por conducto de la Presidenta de su Mesa Directiva, expresó lo siguiente:

a) Conforme al orden constitucional establecido en los artículos 6, 25, 27, 28, 73, 124 y 133, en relación con el 73, fracciones X y XXIX, de la Constitución Federal, legislar en materia de vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación; impuestos sobre hidrocarburos; así como establecer contribuciones con relación al aprovechamiento y explotación de bienes de la Nación, y derivados del petróleo, corresponde a una facultad exclusiva de la Federación.

8. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila. Mediante escrito presentado el tres de mayo de dos mil veinticuatro, en la Oficina de Correos de México y recibido en este Alto Tribunal el veintidós siguiente, el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Coahuila, en representación del Poder Ejecutivo local, dio contestación a la demanda, refiriendo lo siguiente:

a) Estima que la presente controversia constitucional es infundada, pues no intervino en el dictamen, discusión, votación y aprobación de las normas impugnadas y al Ejecutivo del Estado no se le atribuye de forma directa algún acto violatorio o concepto de invalidez en cuanto a su promulgación y publicación de las normas impugnadas, lo cual realizó conforme al deber previsto en los artículos 62, fracción IV, 64, 66 y 84, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.

b) La orden de impresión, publicación, circulación y el debido cumplimiento a lo remitido por el Congreso local no son actos aislados, sino que forman parte del proceso legislativo que culmina con el acto mediante el cual el Ejecutivo Estatal da a conocer la ley o decreto a los habitantes a través del Periódico Oficial del Estado, lo que realizó cumpliendo las formalidades exigidas por la ley para ello.

c) La entrada en vigor se encuentra sujeta a la vacatio legis y a las condiciones previstas en los artículos transitorios que el propio Constituyente estableció para su vigencia, por ello es constitucionalmente válido que se realicen las modificaciones necesarias para ajustarlos a los altos valores que se desean proteger, conforme a la exposición de motivos de la citada reforma.

9. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Coahuila. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correos de México el dos de mayo de dos mil veinticuatro y recibido en este Alto Tribunal el dieciséis siguiente, la Directora de Asuntos Jurídicos y Apoderada Especial del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza dio contestación a la demanda en representación del Poder Legislativo local, en la que expresó lo siguiente:

a) Las disposiciones impugnadas no otorgan facultades a la autoridad municipal para regular actividades relacionadas con hidrocarburos, sino que su sentido normativo es única y exclusivamente regular en favor de los municipios la expedición de licencias de construcción, la cual es una materia que se reconoce a las Legislaturas estatales, pues se trata de una facultad reservada a los Municipios en el texto del artículo 115, fracción V, de la Constitución Federal.

b) De los Dictámenes de Reforma Constitucional de fechas veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y dos y quince de junio de mil novecientos noventa y nueve se puede observar que el Legislador Federal facultó a los municipios para controlar, ordenar y autorizar el uso de suelo, ya que ello es esencial para su subsistencia y es fundamental que se encuentren en la posibilidad de vigilar el uso de suelo a fin de verificar que se cumplan con las condiciones de seguridad en los lugares de construcción, así como autorizar únicamente obras que no tengan un impacto injustificado y pernicioso en contra del bien común.

c) Aun cuando se tratan de permisos de construcción en lugares en que se pretendan ejecutar actividades reservadas a las autoridades federales, no se invaden competencias, pues las legislaturas de las entidades federativas están constitucionalmente facultadas para legislar respecto de la expedición de licencias, permisos o autorizaciones para construcciones en la vía pública o en propiedad privada.

d) Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de criterios 89/2010, de la cual surgió la jurisprudencia 2a./J. 50/2010, con la única diferencia de que en aquella ocasión las disposiciones legales emitidas por una legislatura estatal tenían por objeto la construcción de infraestructura en la vía pública y la instalación de casetas de servicios de telefonía pública, actividad que es conferida expresamente a las autoridades federales, como en el caso en concreto.

e) Razones similares fueron las sostenidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de criterios 441/2009, en la que al analizar si la expedición de la legislación que regula la emisión de permisos de construcción para la instalación de cables de telefonía es una facultad de las Legislaturas estatales, concluyó que la norma reclamada no precisa ni hace referencia a la actividad en sí misma, para considerarla como el motivo del gravamen, sino que el concepto a que se contrae es única y exclusivamente la instalación de infraestructura en bienes de dominio público.

f) Por tanto, es posible afirmar que las autorizaciones sobre construcciones contenidas en las Leyes de Ingresos no violentan las facultades del Congreso de la Unión, ya que no hacen referencia expresa a la explotación, transporte, refinamiento o comercialización de hidrocarburos, sino que simplemente regulan el uso de suelo para efecto de garantizar construcciones que no atenten contra el bien común.

g) No se debe de pasar por alto que fue el propio Legislador Federal quien mediante la iniciativa de decreto por medio del cual se expidió la Ley de Hidrocarburos, contempló dentro del apartado de "Procedimiento especial para la realización de actividades reguladas" que los municipios están facultados para el otorgamiento de autorizaciones, en el ámbito de sus respectivas competencias respecto de proyectos de exploración, extracción, transporte, distribución y almacenamiento de hidrocarburos. Además, dicha ley instó, a partir del numeral 96 de la Ley de Hidrocarburos, para que esos permisos se tramiten de manera ágil.

10. Desahogo de la vista por parte de la Fiscalía General de la República. Dicho organismo no desahogó la vista correspondiente.

11. Audiencia y cierre de instrucción. Substanciado el procedimiento, el diez de julio de dos mil veinticuatro, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de la materia. El dieciséis de agosto siguiente se dictó proveído en el que se determinó el cierre de la instrucción.

I. COMPETENCIA

12. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) en relación con el punto Segundo, fracción I, del Acuerdo General 1/2023,(3) publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero del dos mil veintitrés, modificado el diez de abril de dos mil veintitrés, toda vez que el Poder Ejecutivo Federal actor plantea una invasión a su esfera competencial por parte de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, con motivo de la emisión del Decreto 619, mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Nava, Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2024, al considerar que el artículo 21, fracciones XI y XII, vulnera su esfera de competencias.

II. PRECISIÓN Y EXISTENCIA DE LA NORMA CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA

13. En términos del numeral 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos,(4) este Tribunal Pleno debe fijar las normas generales, actos u omisiones objeto de esta controversia y apreciar las pruebas respectivas para tenerlos o no por demostrados.

14. Del análisis integral del escrito inicial de la demanda se advierte que el Poder Ejecutivo Federal controvierte el artículo 21, fracciones XI y XII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nava, Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2024, publicada el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa; a continuación, se transcribe dicho precepto:

“ARTÍCULO 21.- Son objeto de estos derechos, la expedición de licencias por los conceptos siguientes y se cubrirán conforme a la tarifa en cada uno de ellos señalada:

(...)

XI.- Por la expedición de permiso de construcción y remodelación de pozos verticales y direccionales en el área específica a Yacimientos Convencionales (Roca Reservorio) en Trampas Estructurales en el que se encuentre el hidrocarburo $58,879.00 por permiso para cada pozo.

XII.- Por la expedición de permiso de construcción y remodelación de pozo para la extracción de cualquier hidrocarburo $58,879.00 por permiso para cada pozo. (...)”

15. En cuanto a la existencia de dicha norma, debe decirse que ha quedado debidamente acreditada con su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, de veintidós de diciembre de dos mil veintitrés.

III. OPORTUNIDAD

16. El artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia(5) establece que el plazo de treinta días para promover una controversia constitucional, cuando se impugnen normas generales, se computará a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.

17. El caso concreto, el Decreto 619 mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Nava, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2024, se publicó el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial de la mencionada entidad federativa.

18. De esta manera, el plazo de treinta días para impugnar la referida ley transcurrió del dos de enero al trece de febrero de dos mil veinticuatro;(6) en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 3, fracciones II y III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(7) en relación con los diversos 3 y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(8)

19. Por tanto, si la demanda se presentó el trece de febrero de dos mil veinticuatro, en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concluye que su presentación es oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

20. Conforme al artículo 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Federal, en relación con los numerales 10 y 11 de la Ley Reglamentaria de la materia, el actor, el demandado y en su caso el tercero interesado, deberán comparecer por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.(9)

21. En función de dichos preceptos, se procede a analizar la legitimación de las partes en el presente juicio.

A. Legitimación activa

22. La presente controversia constitucional fue promovida por el Poder Ejecutivo Federal, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Coahuila, por la invasión a la esfera de competencias federales derivado de la emisión del Decreto 619, mediante el cual se expidió la Ley de Ingresos del Municipio de Nava, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2024, cuyo artículo 21, fracciones XI y XII, establece el cobro de derechos por la expedición de permiso de construcción y remodelación de pozo para la extracción de cualquier hidrocarburo.

23. En esa tesitura, debe señalarse en primer lugar que este Alto Tribunal ha reconocido que el Poder Ejecutivo Federal cuenta con facultades para acudir a la controversia constitucional en defensa de los intereses de la Federación. Lo anterior consta en el siguiente criterio 2a. XLVII/2003.(10)

24. Ahora bien, el escrito inicial de demanda fue suscrito por la titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, personalidad que acredita con la copia certificada del nombramiento otorgado el dos de diciembre de dos mil veintiuno, por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

25. En esa tesitura, cabe señalar que el artículo 11, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria de la materia, establece lo siguiente:

“Artículo 11. (...)

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos será representado por el secretario de estado, por el jefe del departamento administrativo o por el Consejero Jurídico del Gobierno, conforme lo determine el propio Presidente, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley.

(...)”

26. Por su parte, el artículo 43, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone lo siguiente:

“Artículo 43. A la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal corresponde el despacho de los asuntos siguientes:

(...)

X. Representar al Presidente de la República, cuando éste así lo acuerde, en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los demás juicios en que el titular del Ejecutivo Federal intervenga con cualquier carácter. La representación a que se refiere esta fracción comprende el desahogo de todo tipo de pruebas;

(...)”

27. Finalmente, el punto único del Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil uno, señala lo siguiente:

“ÚNICO. El Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal tendrá la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las que el titular del Ejecutivo Federal sea parte o requiera intervenir con cualquier carácter, salvo en las que expresamente se le otorgue dicha representación a algún otro servidor público.

(...)”

28. De estas disposiciones se advierte que la Consejera Jurídica cuenta con facultades para representar al Poder Ejecutivo Federal ante este Alto Tribunal. En consecuencia, si el escrito inicial de demanda fue suscrito por dicha funcionaria, quien cuenta con facultades para representar al Ejecutivo Federal, entonces debe concluirse que el presente mecanismo de regularidad constitucional fue promovido por parte legitimada.

B. Legitimación pasiva

B.1. Del Poder Legislativo del Estado de Coahuila

29. Por el Poder Legislativo del Estado de Coahuila compareció la Directora de Asuntos Jurídicos y Apoderada Especial del Congreso local, personalidad que acredita con el poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración que le confirió el Presidente de la Mesa Directiva del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza y Representante Legal del mismo, en uso de las facultades previstas en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

30. Al respecto, el artículo 48, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 48.- La o el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, tiene las facultades y obligaciones siguientes:

I. Representar legalmente al Congreso del Estado y a la Junta de Gobierno ante toda clase de autoridades, en materia administrativa, penal, civil, fiscal o laboral, así como en materia de amparo y en los demás asuntos en los que sea parte el Congreso. La o el Presidente podrá delegar esta representación en cualquiera de los titulares de los órganos técnicos al Congreso, otorgando el poder legal correspondiente.

(...)”

31. En consecuencia, debe concluirse que el Poder Legislativo del Estado de Coahuila comparece a la presente controversia constitucional, por conducto del funcionario facultado legalmente para ostentar su representación.

B.2. Del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila

32. Por el Poder Ejecutivo local compareció el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Coahuila, quien acreditó dicho carácter con copia certificada de su nombramiento expedido el uno de diciembre de dos mil veintitrés, por el Gobernador del Estado.

33. Adicionalmente, de los artículos 5, fracción VII, y 25, fracción VIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, se advierte que dicho funcionario cuenta con atribuciones para representar al Gobernador del Estado en controversias constitucionales. Tales disposiciones establecen los siguiente:

“Artículo 5. Al frente de la Secretaría habrá un Secretario, quien tendrá a su cargo el despacho de los asuntos que las leyes le asignan, además de aquellas que le sean encomendadas y, para tal efecto, se auxiliará de las siguientes unidades administrativas:

(...)

VII. La Consejería Jurídica;

(...)”

“Artículo 25. Corresponde a la o el titular de la Consejería Jurídica, además de las consignadas en el artículo 10 de este reglamento, las facultades y obligaciones siguientes:

(...)

VIII. Representar al Ejecutivo y al Secretario, en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los demás juicios en que éste intervenga con cualquier carácter; y asesorar a las dependencias que concurran en algunos de sus procesos;

(...)”

34. En consecuencia, debe concluirse que el Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila comparece a la presente controversia constitucional, por conducto del funcionario facultado legalmente para ostentar su representación.

C. Legitimación de los terceros interesados

35. Por lo que hace a la representación de la Cámara de Senadores, compareció Ana Lilia Rivera Rivera, quien se ostentó como Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores; mientras que, por la Cámara de Diputados, compareció Marcela Guerra Castillo, con el carácter de Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, ambas de la Sexagésima Quinta Legislatura. Ambas lo acreditaron con las actas correspondientes, en términos de lo dispuesto por los artículos 22, párrafo primero, y 67, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

“Artículo 22.

1. El Presidente de la Mesa Directiva es el Presidente de la Cámara de Diputados y expresa su unidad. Garantiza el fuero constitucional de los diputados y vela por la inviolabilidad del Recinto Legislativo.

(...)”

“Artículo 67.

1. El Presidente de la Mesa Directiva es el Presidente de la Cámara y su representante jurídico; en él se expresa la unidad de la Cámara de Senadores. En su desempeño, deberá h

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33254-e328937c/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-la-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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