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I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO FEDERAL PUEDE SER REPRESENTADO EN JUICIO POR LA PERSONA QUE OCUPE LA TITULARIDAD DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE DICHO PODER. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA RECAE EN EL CONSEJERO JURÍDICO (ARTÍCULOS 25, FRACCIÓN VIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y 10, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). IV. PETRÓLEO E HIDROCARBUROS. EL DOMINIO DIRECTO DE LA NACIÓN RESPECTO DE ESTOS RECURSOS ES INALIENABLE E IMPRESCRIPTIBLE Y SU EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO POR LOS PARTICULARES O POR LAS SOCIEDADES CONSTITUIDAS CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, SÓLO PODRÁ REALIZARSE MEDIANTE CONCESIONES OTORGADAS POR EL EJECUTIVO FEDERAL, DE ACUERDO CON LAS REGLAS Y CONDICIONES QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES. V. HIDROCARBUROS. EL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LA FACULTAD PARA LEGISLAR EN LA MATERIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VI. HACIENDA MUNICIPAL. SE FORMARÁ DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS BIENES QUE LES PERTENEZCAN, ASÍ COMO DE LAS CONTRIBUCIONES Y OTROS INGRESOS QUE LAS LEGISLATURAS ESTABLEZCAN A SU FAVOR (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL). VII. MUNICIPIOS. SUS FACULTADES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. VIII. LICENCIAS O PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN. LOS GOBIERNOS MUNICIPALES TIENEN LA FACULTAD PARA IMPONER GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS O PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN. IX. PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE POZOS DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS. LAS DISPOSICIONES LOCALES QUE ESTABLEZCAN UN PAGO POR SU OTORGAMIENTO, SE RELACIONAN DIRECTAMENTE CON LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS, EN TÉRMINOS DE LAS FRACCIONES XIV Y XV DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE HIDROCARBUROS Y, POR ENDE, INVADEN LAS FACULTADES RESERVADAS A LA FEDERACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 19, FRACCIONES XIX Y XX, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MÚZQUIZ, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICUATRO). X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 19, FRACCIONES XIX Y XX, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MÚZQUIZ, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICUATRO).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 77/2024. · Registro digital (IUS): 33746
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-11-14
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Noviembre de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.176.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 77/2024. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 25 DE NOVIEMBRE DE 2024. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: MARÍA CRISTINA VILLEDA OLVERA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Norma impugnada: Artículo 19, fracciones XIX y XX, de la Ley de Ingresos del Municipio de Múzquiz, Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés.

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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual resuelve la controversia constitucional 77/2024, promovida por el Poder Ejecutivo Federal, en contra del artículo 19, fracciones XIX y XX, de la Ley de Ingresos del Municipio de Múzquiz, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA.

1. Presentación de la demanda. Por oficio depositado el trece de febrero de dos mil veinticuatro, en el Buzón Judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrado el catorce siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, María Estela Ríos González en su carácter de Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal y en representación del Presidente de la República promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza, de quienes reclama lo siguiente:

IV. Norma general cuya invalidez se demanda (...)

El Decreto 617 mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Múzquiz, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2024 (Decreto Impugnado), publicado en el Periódico Oficial de la entidad, el 22 de diciembre de 2023, específicamente el artículo 24 (sic), que dispone:

ARTÍCULO 19.- Son objeto de estos derechos, la expedición de licencias por los conceptos siguientes y se cubrirán conforme a la tarifa en cada uno de ellos señalada:

(...)

XIX.- Por la expedición de permiso de construcción y remodelación de pozos verticales y direccionales en el área específica a Yacimientos Convencionales (Roca Reservorio) en Trampas Estructurales en el que se encuentre el hidrocarburo $58,723.00 por permiso para cada pozo.

XX.- Por la expedición de permiso de construcción y remodelación de pozo para la extracción de cualquier hidrocarburo $58,723.00 por permiso para cada pozo.

(...).

2. Preceptos constitucionales que se consideran vulnerados. Artículos 25, 27, 28, 73, 124 y 133 de la Constitución Federal.

3. Conceptos de invalidez. En su único concepto de invalidez la parte actora sostiene, en esencia, que los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, invaden la competencia exclusiva de la Federación para regular, aprovechar y explotar los bienes del dominio de la Nación, por lo siguiente:

• Las fracciones XIX y XX del artículo 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de Múzquiz, Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2024, que regulan el cobro de derechos por la expedición de permiso de construcción y remodelación de pozos para la extracción de cualquier hidrocarburo, permiten que cualquier persona, a través de un permiso expedido por el municipio, extraiga cualquier hidrocarburo y que se enteren montos a la hacienda municipal por la expedición de ese tipo de licencias, lo cual se relaciona directamente con la explotación y extracción de hidrocarburos.

• La norma es inconstitucional porque invade las facultades en materia de hidrocarburos reservadas exclusivamente a la Federación, previstas en los artículos 25, párrafos tercero y quinto, 27, párrafo sexto y 73, fracción X, de la Constitución Federal. Además, la Ley de Hidrocarburos, en los numerales 4 y 6, establece que corresponde a la Nación la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo del territorio nacional, por lo que corresponde exclusivamente a la Federación regular su exploración y extracción y, de ninguna manera, permite a las entidades federativas otorgar permisos de construcción y remodelación de pozos para la extracción de hidrocarburos.

• El Pleno de este Alto Tribunal, en la acción de inconstitucionalidad 3/2023 y sus acumuladas 4/2023, 5/2023, 6/2023, 7/2023, 8/2023, 9/2023, 10/2023, 12/2023, 13/2023, 14/2023, 21/2023, 24/2023, 48/2023 y 57/2023, resolvió que, si la norma tiene como consecuencia el cobro a los contribuyentes por parte del municipio de un servicio de explotación y regulación exclusivas por parte de la Federación, resulta inconstitucional, pues el legislador invade las facultades de ésta.

• El párrafo último de la fracción V del artículo 115 de la Constitución Federal establece que los bienes inmuebles de la Federación ubicados en los municipios están exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales, sin embargo, el Congreso local, al disponer cobros por el otorgamiento de permisos de construcción y remodelación de pozos para la extracción de cualquier hidrocarburo, afecta la competencia expresamente otorgada a la Federación en materia de hidrocarburos.

• La norma impugnada no dispone de manera literal el cobro por el otorgamiento de una concesión de hidrocarburos, pero prevé un pago de derechos por los permisos de construcción y remodelación de pozos para la extracción de hidrocarburos, lo que implica que la hacienda municipal obtendrá ingresos adicionales con motivo de la expedición de las licencias por los supuestos descritos, los cuales se relacionan directamente con la regulación de la explotación, exploración y extracción de hidrocarburos. Aunado a que no se puede realizar una doble tributación en dicha materia por medio de una ley de ingresos municipal.

• Conforme a lo previsto en los artículos 1, 2, fracción II (en relación con el 44), 6 y 11, de la Ley de Hidrocarburos, el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, son las dependencias y entidades facultadas para expedir las licencias, permisos y contratos de construcción referentes al sector de hidrocarburos, por lo que, establecer el pago de derechos por permisos que tengan como finalidad la extracción de hidrocarburos en una legislación de carácter municipal, actualiza un principio de afectación en perjuicio de la esfera competencial y las facultades exclusivas del Poder Ejecutivo Federal en dicha materia.

4. Radicación y turno. Por acuerdo de quince de febrero de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 77/2024 y, por razón de turno, se designó al Ministro Luis María Aguilar Morales como instructor del procedimiento.

5. Admisión. Mediante proveído de tres de abril de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor regularizó el procedimiento y admitió a trámite la presente controversia constitucional; tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, emplazándolos para que formularan su contestación de demanda; y, como terceros interesados a las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Municipio de Múzquiz, del Estado de Coahuila de Zaragoza. Por último, ordenó que se diera vista a la Fiscalía General de la República a efecto de que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifestara lo que a su representación correspondiera.

6. Manifestaciones de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Por oficio recibido el veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro, en el Buzón Judicial, registrado al día siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por conducto de la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, Presidenta de su Mesa Directiva, manifestó, en síntesis:

• En términos del artículo 124 de la Ley Suprema, las entidades federativas cuentan con las facultades que por exclusión no se encuentren concedidas expresamente a los funcionarios federales.

• La fracción X del artículo 73 de la Constitución Federal establece que es competencia del Congreso de la Unión legislar, entre otras materias, sobre hidrocarburos. Facultad exclusiva que también se advierte de los diversos 27 y 28 de la Norma Fundamental, que prevén que la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos naturales son actividades que sólo se pueden realizar a través de las concesiones que otorgue el Ejecutivo Federal, aunado a que no constituyen monopolio las funciones del Estado en la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos.

• Como medida residual, la fracción XXXI del artículo 73 de la Constitución Federal habilita al Congreso de la Unión para expedir cláusulas habilitantes, a través de las cuales faculta a los órganos administrativos del Estado para que, a partir de bases y parámetros generales, regulen determinadas materias.

• En ejercicio de esas atribuciones, el Congreso de la Unión expidió la Ley de Hidrocarburos en la que se reitera que corresponde a la Nación la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo del territorio nacional, incluyendo la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico.

• La Ley de Hidrocarburos prevé que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Energía podrá otorgar y modificar a Petróleos Mexicanos o a cualquier otra empresa productiva del Estado, de forma excepcional, asignaciones para realizar la exploración y extracción de hidrocarburos, y por conducto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público, podrá celebrar contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos en el subsuelo, siendo estos últimos propiedad de la Nación.

• En consecuencia, la norma impugnada invade la facultad expresa del Congreso Federal pues la materia de hidrocarburos es competencia exclusiva de la Federación y, por ende, las entidades federativas no pueden otorgar permisos de construcción o remodelación de pozos para la extracción de hidrocarburos, por lo que, es inconstitucional la norma controvertida.

7. Por acuerdo de tres de junio de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor tuvo por formuladas las manifestaciones de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en su carácter de tercera interesada.

8. Contestación del Poder Ejecutivo local. A través de oficio recibido el veinticuatro de junio de dos mil veinticuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Valeriano Valdés Cabello, quien se ostentó como Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, dio contestación a la demanda, esencialmente, en los siguientes términos:

• La controversia constitucional es infundada, pues no intervino en el dictamen, discusión, votación y aprobación de las normas impugnadas y al Ejecutivo del Estado no se le atribuye de forma directa algún acto violatorio o concepto de invalidez en cuanto a la promulgación y publicación de las normas impugnadas, lo cual realizó conforme al deber previsto en los artículos 62, fracción IV, 64, 66 y 84, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Coahuila.

• La orden de impresión, publicación, circulación y el debido cumplimiento a lo remitido por el Congreso local no son actos aislados, sino que forman parte del proceso legislativo que culmina con el acto mediante el cual el Ejecutivo Estatal da a conocer la ley o decreto a los habitantes a través del Periódico Oficial del Estado, lo que realizó cumpliendo las formalidades exigidas por la ley.

• La entrada en vigor se encuentra sujeta a la vacatio legis y a las condiciones previstas en los artículos transitorios que el propio Constituyente estableció para su vigencia, por ello, considera constitucionalmente válido que se realicen las modificaciones necesarias para ajustarlos a los altos valores que se desean proteger, conforme a la exposición de motivos de la citada reforma.

9. Mediante proveído de dos de julio de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor tuvo por reconocida la personalidad del Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza y por contestada la demanda en representación de dicho Poder; asimismo, determinó no acordar de conformidad las manifestaciones formuladas por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por conducto de la Presidenta de su Mesa Directiva, en su carácter de tercera interesada, en virtud de que se encontraban dirigidas a un decreto diverso al impugnado.

10. Por diverso auto de veinte de agosto de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor determinó que había transcurrido el plazo otorgado al Poder Legislativo y al Municipio de Múzquiz, el primero para que contestara la demanda y, el segundo, para que desahogara la vista ordenada en autos en su carácter de tercero interesado, sin que lo hubieran hecho.

11. Opinión de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República no emitió opinión en el presente asunto.

12. Alegatos del Poder Ejecutivo Federal. Mediante oficio recibido el veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro, el delegado del Poder Ejecutivo Federal formuló alegatos.

13. Audiencia constitucional. Agotado el trámite respectivo, el dos de octubre de dos mil veinticuatro, se llevó a cabo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de la materia.

14. Cierre de instrucción. Mediante proveído de dos de octubre de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor decretó el cierre de instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

15. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso a),(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I,(2) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto Segundo, fracción I,(3) del Acuerdo General 1/2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero del dos mil veintitrés, modificado el diez de abril de dos mil veintitrés, toda vez que el Poder Ejecutivo Federal actor plantea una invasión a su esfera competencial por parte de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila, con la emisión de la norma impugnada.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

16. En términos del artículo 41, fracción I,(4) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo "Ley Reglamentaria"), es necesario fijar de manera precisa las normas generales objeto de la controversia, así como, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados.

17. Pues bien, del análisis integral del escrito inicial de demanda se advierte que el Poder Ejecutivo Federal impugna, efectivamente, el artículo 19, fracciones XIX y XX, de la Ley de Ingresos del Municipio de Múzquiz, Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés, el cual es del tenor siguiente:

"ARTÍCULO 19.- Son objeto de estos derechos, la expedición de licencias por los conceptos siguientes y se cubrirán conforme a la tarifa en cada uno de ellos señalada:

(...)

XIX.- Por la expedición de permiso de construcción y remodelación de pozos verticales y direccionales en el área específica a Yacimientos Convencionales (Roca Reservorio) en Trampas Estructurales en el que se encuentre el hidrocarburo $58,723.00 por permiso para cada pozo.

XX.- Por la expedición de permiso de construcción y remodelación de pozo para la extracción de cualquier hidrocarburo $58,723.00 por permiso para cada pozo.

(...)".

18. La existencia de dicha norma ha quedado debidamente acreditada con su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, de veintidós de diciembre de dos mil veintitrés.

III. OPORTUNIDAD

19. Conforme al artículo 21, fracción II,(5) de la Ley Reglamentaria, el plazo para promover controversia constitucional, tratándose de normas generales, es de treinta días. La demanda podrá promoverse en dos momentos, a saber, a partir del día siguiente: I) a la fecha de su publicación; o, II) al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé origen al medio de control constitucional.

20. En el caso, el promovente impugna el artículo 19, fracciones XIX y XX, de la Ley de Ingresos del Municipio de Múzquiz, Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2024, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés, por tanto, el plazo para interponer la demanda respectiva transcurrió del dos de enero al trece de febrero de dos mil veinticuatro.(6)

21. Por tanto, si la demanda se presentó en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el trece de febrero de dos mil veinticuatro, debe considerarse que su presentación fue oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA

22. En primer lugar, resulta conveniente señalar que, en términos del artículo 11, párrafo primero,(7) de la Ley Reglamentaria, la parte actora deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos y, en todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

23. En el caso, la demanda fue suscrita por, María Estela Ríos González, en su carácter de Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, cargo que acreditó con la copia certificada de su nombramiento de fecha dos de septiembre de dos mil veintiuno, expedido por el Presidente de la República.

24. Además, dicha funcionaria cuenta con facultades para representar al titular del Poder actor en términos del Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil uno,(8) por lo que quien presenta la demanda de controversia constitucional está facultada para tal efecto.

V. LEGITIMACIÓN PASIVA

25. De conformidad con el artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria, tiene el carácter de parte demandada en la controversia constitucional la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general, pronunciado el acto o incurrido en la omisión que sea objeto de la controversia. Por lo tanto, de acuerdo con lo previsto en la Ley Reglamentaria, la parte demandada también debe comparecer a juicio por conducto de los funcionarios facultados para representarla, en términos de las normas que lo rigen.

26. En representación del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila, compareció Valeriano Valdés Cabello, en su carácter de Consejero Jurídico del Gobierno de esa entidad federativa, quien acreditó dicho carácter con copia certificada de su designación, de uno de diciembre de dos mil veintitrés.

27. Asimismo, el artículo 25, fracción VIII,(9) del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno de la entidad, prevé que es atribución de la o el titular de la Consejería Jurídica representar al Ejecutivo en las controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Federal. Por tanto, el Consejero Jurídico cuenta con la representación del titular del Poder Ejecutivo local. 28. Por su parte, el Poder Legislativo de la entidad, parte demandada en la presente controversia constitucional, tiene legitimación pasiva, por ser la entidad, poder u órgano que emitió la norma general impugnada.

29. No obstante, aun cuando se le reconoce legitimación como órgano que puede ser enjuiciado en la controversia constitucional y que fue emplazada con dicho carácter, no compareció a contestar la demanda; en consecuencia, acorde a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Reglamentaria, se presumen como ciertos los hechos que se le imputaron directamente en la demanda, salvo prueba en contrario.

VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

30. Las partes no hicieron valer causas de improcedencia ni motivo de sobreseimiento y, este Tribunal Pleno tampoco advierte que se actualice alguna, por lo que procede estudiar el fondo del asunto.

VII. ESTUDIO DE FONDO

31. El Poder accionante argumenta en su único concepto de invalidez que el artículo 19, fracciones XIX y XX, de la Ley de Ingresos del Municipio de Múzquiz, Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, al prever el cobro de derechos por la expedición de un permiso de construcción y remodelación de pozos por la extracción de cualquier hidrocarburo, incide en la regulación de la explotación, exploración y extracción de hidrocarburos, por lo que, la entidad federativa invade atribuciones exclusivas de la Federación.

32. Este Tribunal Pleno considera que el concepto de invalidez es fundado, por las razones siguientes:

33. En términos del artículo 73, fracción X,(10) de la Constitución Federal, el Congreso de la Unión tiene facultad para legislar en toda la República, entre otras materias, sobre hidrocarburos.

34. Por su parte, el artículo 25(11) de la propia Constitución establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable. Asimismo, que el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el diverso 28, párrafo cuarto, de la citada Constitución,(12) entre las que se encuentra la relativa a hidrocarburos. Además, precisa que, tratándose de la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará dichas actividades en términos de lo dispuesto en los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de la Constitución.

35. Además, conforme al artículo 27, párrafos cuarto, sexto y séptimo, constitucional(13) corresponde a la Nación el dominio directo de fondos de todos los recursos naturales, como los combustibles minerales sólidos, entre ellos, el petróleo. Respecto de estos recursos, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes.

36. Por su parte, el artículo 28, párrafos cuarto y octavo,(14) constitucional dispone que no constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas estratégicas tales como la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos y, que el Poder Ejecutivo Federal contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, en los términos que determine la ley.

37. Del análisis integral de los referidos preceptos constitucionales se advierte que recursos naturales, tales como los hidrocarburos, son bienes bajo el dominio de la Nación. Para realizar la explotación de dicho recurso, se encomienda al Estado su rectoría económica.

38. Conforme a lo anterior es de concluirse que en todo momento el Estado mantiene el dominio originario, inalienable e imprescriptible sobre la exploración y extracción de hidrocarburos.

39. Por otra parte, si bien las normas constitucionales prevén la posibilidad de otorgar concesiones para que particulares o sociedades constituidas realicen el uso o aprovechamiento de ciertos recursos naturales, como los hidrocarburos, dicha actividad se lleva a cabo bajo la supervisión del Estado. Para ejercer esa vigilancia, las normas constitucionales señalan que el Estado contará con órganos reguladores coordinados en materia energética, tal como la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

40. Lo anterior es desarrollado por la legislación secundaria, particularmente en el artículo 6(15) de la Ley de Hidrocarburos, que establece que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Energía, podrá otorgar y modificar a Petróleos Mexicanos o a cualquier otra empresa productiva del Estado, de manera excepcional, asignaciones para realizar la exploración y extracción de hidrocarburos.

41. Por otra parte, el artículo 115, fracción IV,(16) de la Constitución Federal, establece que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor y en todo caso:

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

42. Asimismo, la norma constitucional dispone que los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

43. En ese sentido, el citado artículo 115, en su fracción V,(17) constitucional dispone que los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para:

a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial.

b. Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales.

c. Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios.

d. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.

e. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana.

f. Otorgar permisos y licencias para construcciones.

g. Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia.

h. Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial.

i. Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.

44. Además, de acuerdo con el párrafo último de la fracción V(18) del artículo 115 constitucional, en lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución General, los municipios expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios. De igual forma, los bienes inmuebles de la Federación ubicados en los municipios estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales, sin perjuicio de los convenios que puedan celebrar en términos del inciso i), antes citado.

45. Expuesto lo anterior, se analiza si el precepto impugnado invade la competencia de la Federación:

Ley de Ingresos del Municipio de Múzquiz , Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro.

"ARTÍCULO 19.- Son objeto de estos derechos, la expedición de licencias por los conceptos siguientes y se cubrirán conforme a la tarifa en cada uno de ellos señalada:

(...)

XIX.- Por la expedición de permiso de construcción y remodelación de pozos verticales y direccionales en el área específica a Yacimientos Convencionales (Roca Reservorio) en Trampas Estructurales en el que se encuentre el hidrocarburo $58,723.00 por permiso para cada pozo.

XX.- Por la expedición de permiso de construcción y remodelación de pozo para la extracción de cualquier hidrocarburo $58,723.00 por permiso para cada pozo.

(...)".

46. Del artículo transcrito se observa que el legislador local dispuso cobros por el otorgamiento de permisos para construcción o la remodelación de pozos (incluyendo aquellos verticales o direccionales) establecidos para la extracción de hidrocarburos que se encuentren en la roca reservoria.

47. Al respecto, este Tribunal Pleno reconoce la facultad constitucional de las legislaturas locales de establecer derechos en favor de los municipios por la expedición que éstos realizan de licencias o permisos de construcción, sin embargo, en el caso, la disposición en estudio excede los supuestos sobre los cuales la autoridad municipal puede percibir una prestación por el servicio otorgado a la ciudadanía.

48. Como se precisó previamente, por mandato constitucional, corresponde al Estado la rectoría económica en áreas estratégicas tales como el sector de los hidrocarburos. De modo que, en el artículo 73, fracción X, constitucional se establece que corresponde al Congreso de la Unión legislar en toda l

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33746-962e6a7a/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-la-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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