I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE ESE PODER [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y APODERADA ESPECIAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA PARA COMPARECER EN EL JUICIO EN REPRESENTACIÓN DE DICHO PODER (ARTÍCULOS 48, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y 10, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA COMPARECER EN EL JUICIO EN NOMBRE DEL PODER EJECUTIVO LOCAL (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VII Y 25, FRACCIÓN VIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA). V. PETRÓLEO E HIDROCARBUROS. EL DOMINIO DIRECTO DE LA NACIÓN RESPECTO DE ESTOS RECURSOS ES INALIENABLE E IMPRESCRIPTIBLE Y PARA SU EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO POR LOS PARTICULARES O POR SOCIEDADES CONSTITUIDAS CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, SÓLO PODRÁ REALIZARSE MEDIANTE CONCESIONES OTORGADAS POR EL EJECUTIVO FEDERAL, DE ACUERDO CON LAS REGLAS Y CONDICIONES QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES. VI. HACIENDA MUNICIPAL. SE FORMARÁ DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS BIENES QUE LES PERTENEZCAN, ASÍ COMO DE LAS CONTRIBUCIONES Y OTROS INGRESOS QUE LAS LEGISLATURAS ESTABLEZCAN A SU FAVOR (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL). VII. MUNICIPIOS. SUS FACULTADES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. VIII. LICENCIAS O PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN. LOS GOBIERNOS MUNICIPALES TIENEN LA FACULTAD PARA IMPONER GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS O PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN. IX. PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE POZOS DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS. AUNQUE LA NORMA IMPUGNADA NO ESTABLEZCA LITERALMENTE EL COBRO PARA EL OTORGAMIENTO DE ASIGNACIONES O LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS, LO CIERTO ES QUE LAS DISPOSICIONES LOCALES QUE ESTABLEZCAN UN PAGO POR EL OTORGAMIENTO DE ÉSTOS IMPLICAN QUE A LA HACIENDA MUNICIPAL SE ENTERARÁN MONTOS CON MOTIVO DE LA EXPEDICIÓN DE ESTAS AUTORIZACIONES, LOS CUALES SE RELACIONAN DIRECTAMENTE CON LAS ACTIVIDADES RESERVADAS A LA FEDERACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 20, FRACCIONES IX Y X, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MORELOS, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024). X. PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE POZOS DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS. LAS DISPOSICIONES LOCALES QUE ESTABLECEN UN PAGO POR EL OTORGAMIENTO DE ÉSTOS SE VINCULAN CON RECURSOS QUE SE UBICAN EN YACIMIENTOS LOCALIZADOS EN EL SUBSUELO, POR LO QUE SE INVADE EL ÁMBITO DE FACULTADES RESERVADAS A LA FEDERACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 20, FRACCIONES IX Y X, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MORELOS, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024). XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 20, FRACCIONES IX Y X, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MORELOS, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024). XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE EXHORTA AL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA PARA QUE SE ABSTENGA DE EMITIR NORMAS QUE PRESENTEN LOS MISMOS VICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE SE DETERMINARON EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 20, FRACCIONES IX Y X, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MORELOS, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 70/2024. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS Y JUAN MANUEL ANGULO LEYVA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Norma impugnada: El artículo 20, fracciones IX y X, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2024, expedida mediante el DECRETO 616, publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés.
Ver índice temático
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dos de septiembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 70/2024, promovida por la Federación por conducto del Poder Ejecutivo Federal en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la que demandó la invalidez del artículo 20, fracciones IX y X, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2024, publicada mediante el DECRETO 616 el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Decreto impugnado. El veintidós de diciembre de dos mil veintitrés se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza el DECRETO 616 por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2024.
2. Demanda de controversia constitucional. En contra de dicho decreto, el trece de febrero de dos mil veinticuatro, María Estela Ríos González, en su carácter de Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, promovió controversia constitucional ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Poder Ejecutivo Federal precisó que, con la emisión de la norma en cuestión, se invade la competencia exclusiva de la Federación para regular, aprovechar y explotar los bienes del dominio de la Nación. En este contexto, en su único concepto de invalidez, subdividido en los apartados A y B, señaló que:
• A. Las fracciones del artículo impugnado regulan el cobro de derechos por la expedición de permiso de construcción y remodelación de pozos para la extracción de cualquier hidrocarburo, por lo que se permite que cualquier persona, que obtenga el permiso, pueda extraer hidrocarburos. Además, los montos derivados se enteran a la hacienda municipal y se relacionan directamente con la exploración y extracción de estos recursos, lo que invade las facultades de la Federación al respecto.
• El Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 73, fracción X, de la Constitución Política del país en correlación con los diversos artículos 25, párrafo cuarto, 27, párrafo séptimo, y 28, párrafo cuarto, todos del mismo ordenamiento, emitió la Ley de Hidrocarburos. De la lectura del artículo 4, fracciones XIV y XV, de esta ley es posible desprender que, de ninguna manera, se permite a las entidades federativas el otorgamiento de permisos de construcción y remodelación de pozos para la extracción de hidrocarburos. Por otra parte, el artículo 6 de la misma ley determina que la Federación tiene la facultad exclusiva para legislar en toda la República respecto de los hidrocarburos, por lo que, si una entidad federativa legisla al respecto, invade la esfera competencial de la Federación.
• Señaló que, conforme al criterio del Tribunal Pleno plasmado en la acción de inconstitucionalidad 3/2023 y sus acumuladas, si la norma prevé un cobro a las personas contribuyentes de un servicio de explotación y regulación exclusiva por parte de la Federación, el legislador trasgrede las facultades de esta y, así, deviene inconstitucional.
• B. Al establecerse el cobro de derechos por permisos de construcción y remodelación de pozos para extraer hidrocarburos, se invade la esfera competencial de la Federación y causa una afectación a las facultades del Poder Ejecutivo Federal. Si bien no se prevé un cobro por el otorgamiento de una concesión en materia de hidrocarburos, los ingresos percibidos, derivado de la expedición de las licencias por este concepto, se relacionan directamente con la regulación de la explotación, exploración y extracción de hidrocarburos, lo cual, además, constituye una doble tributación en dicha materia.
• Considera que el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, son las instancias facultadas para expedir las licencias, permisos y contratos de construcción en el sector de hidrocarburos, de ahí que las fracciones del artículo impugnado afecten la esfera competencial de la Federación.
4. Admisión y trámite. Por acuerdo de quince de febrero de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente físico y electrónico, registrar la controversia constitucional bajo el número 70/2024 y turnarla a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para que instruyera el procedimiento correspondiente.
5. Por acuerdo de seis de marzo de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda, tuvo como demandados en este procedimiento constitucional a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza y, como terceros interesados, a las Cámaras de Diputados y de Senadores, ambas del Congreso de la Unión. Por último, dio vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación corresponda.
6. Desahogo de vista de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (tercero interesado). El dieciséis de abril de dos mil veinticuatro, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión rindió sus manifestaciones en calidad de tercero interesado y expuso diversos argumentos por los que cuestionó la validez del decreto impugnado:
• En términos del artículo 73, fracciones X y XXIX, de la Constitución Política del país, corresponde a la Federación legislar en materia de impuestos sobre hidrocarburos, así como para establecer contribuciones en relación con el aprovechamiento y explotación de bienes de la Nación y derivados del petróleo.
• La litis se centra en determinar si la ley de ingresos municipal resulta contraria a los artículos 25, 27, 28, 73, 124 y 133 de la Constitución Política del país y si se invaden las facultades de la Federación en relación con la regulación de contribuciones en materia de hidrocarburos. También señala que estará al tanto de la decisión que adopte este Alto Tribunal respecto de este asunto.
7. Desahogo de vista de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión (tercero interesado). El veintitrés de abril de dos mil veinticuatro, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión rindió sus manifestaciones en calidad de tercero interesado. En este sentido, expuso diversos argumentos por los que sostuvo la invalidez del decreto impugnado:
• El Congreso de la Unión expidió la Ley de Hidrocarburos en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 73, fracción X, en correlación con los diversos artículos 27, párrafos cuarto, sexto y séptimo, y 28, todos de la Constitución política del país.
• De conformidad con el artículo 2, fracción I, de la Ley de Hidrocarburos, esta norma tiene por objeto regular la exploración y extracción de hidrocarburos. Asimismo, en el artículo 4, fracciones XIV y XV, se definen los conceptos de "exploración" y "extracción". En los diversos artículos 6 y 11, se prevé que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Energía, puede otorgar y modificar, de manera excepcional, asignaciones para realizar la exploración y extracción de hidrocarburos, y que el mismo Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, puede celebrar contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos.
• De ahí que esta competencia sea exclusiva de la Federación y las entidades federativas no pueden otorgar permisos de construcción o remodelación de pozos para la extracción de hidrocarburos, al tratarse del pago de un bien cuya explotación y regulación es reservada a la Federación, por lo que el artículo 20, fracciones IX y X, del DECRETO 616 por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2024, resulta inconstitucional.
8. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza. El dos de mayo de dos mil veinticuatro, la Directora de Asuntos Jurídicos y Apoderada Especial del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza depositó, en la oficina de correos de la localidad, el escrito de contestación de demanda, el cual fue recibido hasta el dieciséis de mayo del mismo año en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal. Al dar contestación a la demanda, expuso los siguientes argumentos para sostener la validez de la norma impugnada:
• Las fracciones impugnadas no otorgan facultades a la autoridad municipal para regular actividades relacionadas con hidrocarburos, sino solamente para expedir licencias de construcción, de ahí que no invaden la esfera competencial de la autoridad federal.
• Considera que el problema jurídico a dirimir consiste en determinar si el Poder Legislativo local tiene la facultad para legislar sobre las autorizaciones o permisos que otorgan los municipios para las construcciones y remodelaciones de aquellas actividades reservadas a las autoridades federales a posteriori.
• Si bien el artículo 73, fracción X, de la Constitución Política del país establece que el Congreso de la Unión tiene facultad para dictar leyes sobre hidrocarburos, lo cierto es que el artículo 115, fracción V, reserva a los municipios la facultad de otorgar licencias y permisos para construcciones, por lo que no se observa la presunta invasión de competencias, dado que se ejerce una atribución otorgada por la Constitución Federal.
• Concluye que la autorización del uso del suelo es una facultad que tienen conferida los municipios, lo que implica emitir licencias de construcción para ejercer control y vigilancia del uso del suelo a fin de verificar que se cumplan las condiciones de seguridad en los lugares de construcción y que se autoricen obras que no tengan un impacto injustificado y pernicioso en contra del bien común, por lo que no se invade ninguna competencia de las autoridades federales, pues es una prerrogativa concedida por la Constitución Política del país.
• Al resolverse la contradicción de criterios 89/2010, se determinó que una legislatura local no invade las competencias de las autoridades federales al legislar respecto de licencias, permisos o autorizaciones para expedir licencias o permisos de construcción en materia de infraestructura en la vía pública y la instalación de casetas de servicios de telefonía pública. Aunque en el presente caso las normas impugnadas versan sobre hidrocarburos, dicho criterio es aplicable por analogía, dado que en ambos asuntos se plantea la facultad de los municipios para expedir permisos de construcción en relación con actividades reservadas a las autoridades federales.
• Por otra parte, en la contradicción de criterios 441/2009 se determinó que no existió una invasión de la esfera competencial de las autoridades federales, dado que el cobro por permisos de construcción no es un derecho que se deba pagar por la explotación, uso o aprovechamiento de actividades reservadas a la Federación por tratarse únicamente de permisos de construcción para instalar infraestructura en vía pública.
• Señala que, de conformidad con estos criterios, los municipios tienen la facultad para otorgar licencias, permisos o autorizaciones para construcciones, inclusive en áreas en las que se llevarán actividades de competencia federal en el futuro, además de que en la ley de ingresos municipal no se aborda ni se hace referencia a la explotación de hidrocarburos, sino solo a autorizar construcciones que no atenten contra la seguridad de las personas.
• El legislador federal, en la Ley de Hidrocarburos, contempló un apartado relativo al procedimiento especial para la realización de actividades reguladas, por lo que los municipios están facultados para otorgar autorizaciones respecto de proyectos de exploración, extracción, transporte, distribución y almacenamiento de hidrocarburos en el ámbito de sus competencias.
• Concluye que los derechos contenidos en las fracciones impugnadas de la ley de ingresos municipal no invaden la esfera de competencias de la Federación, por lo que solicita que se reconozca la validez de las porciones impugnadas.
9. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza. El tres de mayo de dos mil veinticuatro, el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza depositó, en la oficina de correos de la localidad, el escrito de contestación de demanda, el cual fue recibido hasta el veintidós de mayo del mismo año en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal. Al dar contestación a la demanda, expuso los siguientes argumentos para sostener la validez de la norma impugnada:
• La controversia constitucional es infundada, dado que no se atribuye de forma directa algún acto o concepto de invalidez en cuanto a la promulgación de la norma impugnada. Si bien el Ejecutivo local promulgó y publicó la ley de ingresos municipal, ello es así porque es un deber de dicho poder, de acuerdo con la Constitución local, pero no intervino en el dictamen, discusión, votación y aprobación de la misma.
• La orden de impresión, publicación y circulación forma parte del proceso legislativo, que culmina cuando el Ejecutivo local da a conocer la ley o decreto a las personas habitantes a través del periódico oficial de la entidad. La fundamentación y motivación son requisitos de dichos actos y solo se requiere que provengan de una autoridad competente, lo cual se cumplió en el presente caso, aunque únicamente es una formalidad exigida por la norma.
10. Opinión de la Fiscalía General de la República. El Fiscal General de la República no emitió opinión en el presente asunto.
11. Audiencia de pruebas y alegatos. El siete de agosto de dos mil veinticuatro se celebró la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.
12. Cierre de la instrucción. Por acuerdo de doce de agosto de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora cerró la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
13. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política del país,(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) así como en el Punto Segundo, fracción I, del Acuerdo General Plenario número 1/2023(3) por tratarse de un conflicto entre la Federación, por conducto del Poder Ejecutivo Federal, y los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el que se cuestiona la validez de una norma general.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS
14. Con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia,(4) se procede a precisar los actos y normas que son objeto de la presente controversia constitucional. En el respectivo apartado de la demanda, el Poder Ejecutivo Federal señaló como norma concreta y específicamente impugnada la siguiente:
IV. Norma general, cuya invalidez se demanda, así como el medio oficial en que se publicó
El Decreto 616 mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2024 (Decreto Impugnado), publicado en el Periódico Oficial de la entidad, el 22 de diciembre de 2023, específicamente el artículo 24, que dispone:
ARTÍCULO 20. Son objeto de estos derechos, la expedición de licencias por los conceptos siguientes y se cubrirán conforme a la tarifa en cada uno de ellos señalada: (...)
IX. Por la expedición de permiso de construcción y remodelación de pozos verticales y direccionales en el área específica a Yacimientos Convencionales (Roca Reservorio) en Trampas Estructurales en que se encuentre el hidrocarburo $60,735.00 por permiso para cada pozo.
X. Por la expedición de permiso de construcción y remodelación de pozo para la extracción de cualquier hidrocarburo $60,735.00 por permiso para cada pozo.
[Lo resaltado es propio del original]
Ver texto con resaltado y subrayado
15. No pasa desapercibido que el Poder actor en este apartado señala que impugna específicamente el artículo 24 de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2024,(5) pero transcribe el contenido del diverso artículo 20, fracciones IX y X, de la misma ley citada.
16. De un análisis integral de la demanda no se advierte concepto de invalidez alguno tendiente a cuestionar la regularidad constitucional de tal precepto, máxime que el Poder Ejecutivo Federal, en su único concepto de invalidez, alude directamente al artículo 20, fracciones IX y X, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2024 y desarrolla su argumentación en torno a la inconstitucionalidad del cobro de derechos por la expedición por parte del municipio de un permiso de construcción y remodelación de pozo para la extracción de hidrocarburos, mientras que el diverso artículo 24 establece el cobro de derechos por la construcción de bardas y obras lineales, así como de excavaciones subterráneas.
17. En consecuencia, se tiene por efectivamente impugnado el DECRETO 616 por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2024, publicado el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, en específico, el artículo 20, fracciones IX y X.
18. Tal decreto, en la parte que interesa, es del contenido siguiente:
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MORELOS, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
[...] TÍTULO SEGUNDO
DE LAS CONTRIBUCIONES [...]
CAPÍTULO OCTAVO
DE LOS DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS,
PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES
SECCIÓN I
POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN
ARTÍCULO 20. Son objeto de estos derechos, la expedición de licencias por los conceptos siguientes y se cubrirán conforme a la tarifa en cada uno de ellos señalada: [...]
IX. Por la expedición de permiso de construcción y remodelación de pozos verticales y direccionales en el área específica a Yacimientos Convencionales (Roca Reservorio) en Trampas Estructurales en que se encuentre el hidrocarburo $60,735.00 por permiso para cada pozo.
X. Por la expedición de permiso de construcción y remodelación de pozo para la extracción de cualquier hidrocarburo $60,735.00 por permiso para cada pozo.
III. OPORTUNIDAD
19. En términos del artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política del país,(6) el plazo para promover la controversia constitucional, tratándose de normas, debe computarse a partir del día siguiente:
a) A la fecha de su publicación; o
b) Al que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.
20. En este caso, el Poder Ejecutivo Federal impugna el DECRETO 616 con motivo de su publicación el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés, por lo que el plazo de treinta días para presentar la controversia constitucional transcurrió del martes dos de enero al martes trece de febrero de dos mil veinticuatro.(7)
21. Consecuentemente, dado que la demanda se presentó el trece de febrero de dos mil veinticuatro, es evidente que la controversia constitucional se promovió de manera oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA
22. De conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia,(8) la parte actora deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas respectivas, estén facultados para representarla.
23. En términos del artículo 90 de la Constitución Política del país en correlación con el diverso artículo 43, fracción X, de la Ley de la Administración Pública Federal,(9) el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal ostenta la representación legal del titular del Poder Ejecutivo Federal, particularmente en los juicios señalados en el artículo 105 constitucional.
24. Ahora bien, en el caso, quien suscribe la controversia constitucional es María Estela Ríos González, en su carácter de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, cuya personalidad acreditó con la copia del nombramiento otorgado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el dos de septiembre de dos mil veintidós, de ahí que tiene facultades suficientes para representar al Poder actor en el presente medio de control constitucional.
25. Así también la del propio Poder actor para instar la vía en representación de la Federación, en términos del artículo 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política del país, por lo que debe concluirse que se promovió por parte legitimada para ello.
V. LEGITIMACIÓN PASIVA
26. De conformidad con el artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia,(10) tiene el carácter de parte demandada en la controversia constitucional la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia constitucional. Por lo tanto, de acuerdo con lo previsto en la ley reglamentaria, la parte demandada también debe comparecer a juicio por conducto de los funcionarios facultados para representarla, en términos de las normas que lo rigen.
27. Por su parte, en el auto de admisión de seis de marzo de dos mil veinticuatro se reconoció como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, en tanto que a estos les correspondió la expedición, promulgación y publicación de las disposiciones cuya constitucionalidad se cuestiona, por lo que a continuación se procede a analizar si dichos órganos cuentan con legitimación pasiva en el presente procedimiento constitucional.
28. Legitimación pasiva del Poder Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza. De acuerdo con el artículo 48, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza,(11) la representación del Poder Legislativo de esta entidad corresponde al Presidente de la Mesa Directiva, la cual puede ser delegada a las personas titulares de los órganos técnicos mediante el otorgamiento del poder legal correspondiente.
29. En representación del Poder Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza, compareció la licenciada Joseline Zaharay González Gutiérrez, en su carácter de Directora de Asuntos Jurídicos y Titular de la Unidad de Transparencia, cargo que acredita con la copia certificada del acuerdo de la Presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza de uno de enero de dos mil veinticuatro, en el que consta que fue designada con tal carácter, así como con copia certificada del diverso acuerdo de nueve de enero de dos mil veinticuatro, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso estatal, en el que otorga a la Directora de Asuntos Jurídicos un poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración, por el cual se le faculta para representar a dicho poder en toda clase de juicios.
30. Por lo tanto, la persona que comparece en representación del Poder Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza cuenta con la debida legitimación procesal para representarlo en este medio de control constitucional.
31. Legitimación pasiva del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza. En términos del artículo 21, fracción XXX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza,(12) corresponde a la Secretaría de Gobierno representar a la persona Titular del Ejecutivo estatal en todo tipo de controversias, juicios o acciones de inconstitucionalidad en que sea parte.
32. Por otra parte, de conformidad con los artículos 5, fracción VII, y 25, fracción VIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza,(13) el Consejero Jurídico se encuentra facultado para representar al Ejecutivo local en las controversias constitucionales; por lo tanto, la persona que comparece en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza cuenta con la debida legitimación procesal para representarlo en este medio de control constitucional.
33. En representación del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, compareció el licenciado Valeriano Valdés Cabello, en su carácter de Consejero Jurídico del Gobierno de esta entidad federativa, cargo que acredita con la copia certificada del nombramiento otorgado por el Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza el uno de diciembre de dos mil veintitrés.
34. Por lo tanto, queda acreditado que la persona que compareció en su nombre y representación es quien tiene las facultades legales suficientes para ello.
VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
35. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza no plantearon causales de improcedencia ni este Tribunal Pleno advierte de oficio la actualización de alguna, por lo que se procede a realizar el estudio de fondo.
VII. ESTUDIO DE FONDO
36. En la presente controversia constitucional, el Poder Ejecutivo Federal plantea la invalidez de las fracciones impugnadas por considerar, en esencia, que con su expedición se invade la competencia exclusiva de la Federación para regular, aprovechar y explotar los bienes dominio de la Nación, en tanto que el cobro de un derecho por la expedición de permisos para la construcción y remodelación de pozos destinados a la extracción de hidrocarburos se relaciona directamente con las actividades de exploración y extracción de los mismos, pese a que esta facultad no es prevista para las entidades federativas, de ahí la invasión a la esfera competencial de la Federación.
37. Atento a esos planteamientos y con la finalidad de tener un panorama íntegro del problema que entraña el presente medio de control constitucional, este Tribunal Pleno considera conveniente establecer el marco constitucional y legal necesario para el estudio posterior de la norma impugnada.
VII.1. Marco constitucional y legal en materia de hidrocarburos
38. El artículo 27, primer párrafo, de la Constitución Política del país señala que a la Nación corresponde la propiedad originaria de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional detallados en el diverso artículo 42.
39. Por otra parte, el cuarto párrafo del mismo artículo determina que corresponde a la Nación el dominio directo de los recursos naturales situados en la plataforma continental y en los zócalos submarinos de las islas, así como del petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, respecto de los cuales el párrafo sexto del mismo artículo añade que la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones en la materia.
Ver artículo 27 con resaltado y subrayado
40. En relación con lo anterior, debe tenerse en consideración que el artículo 25, primer párrafo, de la Constitución federal dispone que al Estado corresponde la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y sustentable, mientras que, de una interpretación sistémica de los artículos 25, cuarto párrafo, y 28, cuarto párrafo, ambos del mismo ordenamiento constitucional se deriva que la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos constituyen un área estratégica del Estado Mexicano, que el sector público ejerce de manera exclusiva sin que ello constituya un monopolio.
41. Asimismo, el artículo 28, párrafo octavo, de la Constitución Política del país establece que el Poder Ejecutivo Federal contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, en los términos que determine la ley.
Ver artículos 25 y 28 con subrayado y resaltado
42. Adicionalmente, el artículo 1, segundo párrafo, y 3, primer párrafo, de la Ley de Hidrocarburos(14) reitera que a la Nación corresponde la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo del territorio nacional, y que la Nación llevará a cabo la exploración y extracción de los hidrocarburos.
43. Al respecto, el artículo 5, primer párrafo, de la Ley de Hidrocarburos(15) dispone que las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos se consideran estratégicas, por lo que únicamente la Nación puede llevarlas a cabo por conducto de los asignatarios y contratistas, de ahí que los artículos 4, fracciones V y IX, 6, primer párrafo, y 11, del mismo ordenamiento(16) al regular las asignaciones y contratos para la realización de la exploración y extracción de hidrocarburos, se señala que las asignaciones son otorgadas por el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Energía, a Petróleos Mexicanos o a cualquier otra empresa productiva del Estado de manera excepcional, mientras que los contratos son celebrados por el Ejecutivo Federal, pero por conducto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en términos de los lineamientos establecidos por las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público.
44. Para ello, el artículo 4, fracciones XIV y XV, de la Ley de Hidrocarburos(17) define la exploración como una actividad o conjunto de ellas que comprende la perforación de pozos y que se dirige a la identi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33647-b1c3b350/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-la-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. DERECHO POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES PARA LA EXTRACCIÓN DE GAS NATURAL Y GAS NO ASOCIADO, PARA LA PERFORACIÓN EN POZOS VERTICALES Y DIRE (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO CUANDO SÓLO SE IMPUGNA UNA NORMA DE VIGENCIA ANUAL Y HAN CESADO SUS EFECTOS. (P./J. 81/2026 (12a.))
- HIDROCARBUROS. EL COBRO DE DERECHOS MUNICIPALES POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO VINCULADAS CON SU EXPLORACIÓN O EXTRACCIÓN, INVADE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA F (P./J. 61/2026 (12a.))
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO ES PROMOVIDA POR UN MUNICIPIO, LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL ESTATAL, SOLO TENDRÁ EFECTOS PARA LAS PARTES.- (31)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO ES PROMOVIDA POR UN MUNICIPIO, LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL ESTATAL, SOLO TENDRA EFECTOS PARA LAS PARTES. (P./J. 72/96)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis