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Modo: Corpus Pro

I. DERECHO POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES PARA LA EXTRACCIÓN DE GAS NATURAL Y GAS NO ASOCIADO, PARA LA PERFORACIÓN EN POZOS VERTICALES Y DIRECCIONALES EN EL ÁREA ESPECÍFICA A YACIMIENTOS CONVENCIONALES (ROCA RESERVORIO) EN TRAMPAS ESTRUCTURALES EN EL QUE SE ENCUENTRE EL HIDROCARBURO, ASÍ COMO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PARA CUALQUIER HIDROCARBURO. LA DISPOSICIÓN LOCAL QUE ESTABLECE SU PAGO INVADE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN PARA REGULAR, APROVECHAR Y EXPLOTAR LOS BIENES DEL DOMINIO DE LA NACIÓN, PUES SE RELACIONA DIRECTAMENTE CON LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, NUMERALES 1, 3, 4, 5 Y 6, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICINCO). II. DERECHO POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CENTRALES PRODUCTORAS DE ENERGÍA TERMOELÉCTRICA, TÉRMICA SOLAR, HIDROELÉCTRICA, EÓLICA, FOTOVOLTAICA, AEROGENERADORES O SIMILARES. LA DISPOSICIÓN LOCAL QUE ORDENA SU PAGO INVADE LAS FACULTADES RESERVADAS A LA FEDERACIÓN RELATIVAS A LEGISLAR SOBRE ENERGÍA ELÉCTRICA Y PARA ESTABLECER CONTRIBUCIONES ESPECIALES SOBRE ESA MATERIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIONES X Y XXIX, NUMERAL 5, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, NUMERAL 2, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICINCO). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, NUMERALES 1, 2, 3, 4, 5 Y 6, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 98/2025. · Registro digital (IUS): 34252
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-09-18
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Septiembre de 2026, Tomo III, Volumen 1, Pág.126.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 98/2025. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 4 DE NOVIEMBRE DE 2025. PONENTE: MINISTRO ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA. SECRETARIOS: JUAN MANUEL ANGULO LEYVA Y ADALBERTO MÉNDEZ LÓPEZ.

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ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cuatro de noviembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 98/2025, promovida por el Poder Ejecutivo Federal, que declara la invalidez del artículo 26, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2025, publicada mediante el Decreto número 178 el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Decreto impugnado. El veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza el Decreto número 178 por el que se expidió la Ley de Ingresos del Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2025.(1)

2. Demanda de controversia constitucional. En contra de dicho decreto, el catorce de febrero de dos mil veinticinco, la licenciada Ernestina Godoy Ramos, en su carácter de Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, promovió controversia constitucional ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

3. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Poder Ejecutivo Federal precisó que, con la emisión de la norma en cuestión, se invade la competencia exclusiva de la Federación para regular, aprovechar y explotar los bienes del dominio de la Nación. En este contexto, en sus conceptos de invalidez, señaló lo siguiente:

• PRIMERO. Invasión de la competencia exclusiva de la Federación en materia de hidrocarburos. El artículo 26, fracción I, numerales 1, 3, 4, 5 y 6, de la legislación impugnada, establece una regulación en materia de hidrocarburos cuya competencia está reservada de manera exclusiva a la Federación, en términos de los artículos 25, párrafo quinto, 27, párrafos cuarto, sexto y séptimo, 28, párrafo cuarto, y 73, fracciones X y XXIX, numeral 2o, todos de la Constitución Política del país.

• De la interpretación sistemática de esos preceptos constitucionales, se desprende que corresponde a la Nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible de las áreas estratégicas, entre las que se encuentra el petróleo, los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos que se encuentren en el subsuelo. Además, el Gobierno Federal ostenta la propiedad y el control de las actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, así como de su explotación, uso o aprovechamiento.

• De esta manera, únicamente la Federación puede establecer las reglas y condiciones respecto a las asignaciones, contratos y concesiones que se otorgan en la materia. Bajo este contexto, es el Congreso de la Unión el que cuenta con la potestad legislativa en materia de hidrocarburos.

• En ejercicio de esa facultad, el legislador federal expidió la Ley de Hidrocarburos, ordenamiento que indica que esa industria es de jurisdicción federal, de manera que ese orden de gobierno es el único que puede emitir disposiciones técnicas, reglamentarias y de regulación de la materia, incluyendo las que se vinculen con el desarrollo sustentable, el equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente.

• Además, atendiendo a las definiciones que dicha ley ofrece de diversos conceptos, resulta claro que la Federación tiene la exclusiva competencia para legislar, imponer contribuciones, ejecutar y vigilar el cumplimiento de las normas jurídicas relativas a las actividades de reconocimiento, explotación, tratamiento, refinación, enajenación, comercialización y almacenamiento de petróleo, gas natural, petrolíferos y de petroquímicos que integran la industria, desde la fuente de suministro hasta la venta de los productos en el mercado mayorista.

• Además, si bien conforme al artículo 115, fracción V, inciso d), de la Constitución Política del país, es facultad de los municipios autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, así como otorgar licencias o permisos para las construcciones conforme a los planes de desarrollo urbano, lo cierto es que tal facultad siempre habrá de desarrollarse en los términos de las leyes federales y estatales relativas, dentro de las cuales se incluyen las relativas a la materia de hidrocarburos, equilibrio ecológico y protección al medio ambiente.

• Es decir, en materia de hidrocarburos, la facultad legislativa, contributiva y ejecutiva la ostenta exclusivamente la Federación en todas sus vertientes, por lo que, si bien los municipios pueden autorizar, controlar y vigilar la utilización del uso de suelo, su atribución se ve acotada por las condiciones previstas en las leyes federales que regulan la industria de hidrocarburos.

• Por otro lado, si bien el artículo 115, fracción V, inciso f), de la Constitución Política del país, otorga al orden municipal la facultad de conceder licencias y permisos para construcciones, ello no incluye los casos en los que las licencias y permisos sean para el desarrollo de las actividades de la industria de hidrocarburos, ya que se trata de un aspecto de la competencia federal, en términos de la Ley de Hidrocarburos.

• Si bien la norma impugnada no dispone de manera literal el cobro por el otorgamiento de una concesión o permiso en materia de hidrocarburos, sí prevé el pago de derechos por la expedición de una licencia de funcionamiento por las edificaciones para la extracción de gas de lutitas o gas shale, gas natural y gas no asociado. También regula el pago por la emisión de una licencia de funcionamiento respecto a la perforación en pozos verticales y direccionales en el área específica a yacimientos convencionales en trampas estructurales en que se encuentre el hidrocarburo, así como por obras y pozos para su extracción.

• Por tanto, el municipio vulnera las facultades del Poder Ejecutivo Federal sobre la vigilancia técnica de las construcciones y establecimientos que se ejecutan por medio de la Secretaría de Energía, ya que la licencia de funcionamiento prevista en la norma impugnada constituye una revisión técnica sobre la infraestructura de hidrocarburos, cuya competencia es federal. Además, no se puede realizar una doble tributación de las actividades que se desarrollan en la industria de hidrocarburos por medio de una ley de ingresos municipal.

• SEGUNDO. Invasión de la competencia exclusiva de la Federación en materia de energía eléctrica. El artículo 26, fracción I, numeral 2, de la legislación impugnada, establece una regulación en materia de energía eléctrica, cuya competencia está reservada de manera exclusiva a la Federación, en términos de los artículos 25, párrafo quinto, 27, párrafo séptimo, 28, párrafo cuarto, y 73, fracciones X y XXIX, numeral 5o, inciso a), todos de la Constitución Política del país.

• De esos artículos constitucionales se deriva que corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y vigilancia del sistema eléctrico nacional, calificándose como área estratégica y de interés público, de manera que es la Federación quien cuenta con la facultad de ejercer el control y la planeación del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de determinar la manera en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica.

• Bajo ese contexto constitucional, la competencia federal en materia de energía eléctrica se configura, entre otros principios, con base en la potestad legislativa y contributiva a cargo del Congreso de la Unión al que, conforme al artículo 73, fracciones X y XXIX, numeral 5o., inciso a), de la Constitución Política del país, le corresponde legislar en todo el país sobre energía eléctrica, así como establecer contribuciones especiales en esa materia.

• En ejercicio de esa facultad, el Congreso expidió la Ley de la Industria Eléctrica, la cual indica, entre otras cuestiones, que las acciones que comprenden la producción de energía eléctrica son de jurisdicción federal.

• Por tanto, si bien los municipios cuentan con la facultad de autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo y las licencias o permisos para las construcciones, ello debe ser acorde con las leyes federales y estatales relativas, lo que incluye la Ley de la Industria Eléctrica, ordenamiento que prevé, entre otras cosas, la regulación de uso de suelo para llevar a cabo las actividades de la industria eléctrica de conformidad con los permisos emitidos por la Federación.

• De lo anterior se confirma que, en materia de energía eléctrica, la facultad legislativa, contributiva y ejecutiva la ostenta exclusivamente la Federación en todas sus vertientes. Esto, a pesar de que los municipios tengan la atribución constitucional de autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, ya que ésta se ve acotada por las condiciones establecidas en las leyes federales en la materia.

• Si bien la norma impugnada no dispone de manera literal el cobro por la obtención de una concesión o permiso para ejecutar actividades en materia de energía eléctrica, sí prevé el pago de derechos por la expedición de una licencia de funcionamiento, ya que establece el cobro de una tarifa por la edificación productora de energía termoeléctrica, térmica solar, hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica, aerogeneradores y similares; aspectos que se relacionan directamente con la regulación en materia de energía, aunado a que no se puede realizar una doble tributación de esa actividad, ya que es una facultad otorgada al Congreso de la Unión.

• Finalmente, se solicita vincular al Congreso del Estado para que, en lo futuro, se abstenga de expedir normas con el vicio de inconstitucionalidad alegado.

4. Admisión y trámite. Por acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veinticinco, la Ministra Presidenta en retiro de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, ordenó formar el expediente físico y electrónico, registrar la controversia constitucional bajo el número 98/2025 y turnarla al Ministro en retiro Javier Laynez Potisek para que instruyera el procedimiento correspondiente.

5. Por acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veinticinco, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, tuvo como demandados en este procedimiento constitucional a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza y como terceros interesados a las Cámaras de Diputados y de Senadores, ambas del Congreso de la Unión y al Municipio de Zaragoza, también de Coahuila de Zaragoza. Por último, dio vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación corresponda.

6. Desahogo de vista de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión (tercero interesado). El veintidós de abril de dos mil veinticinco, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión rindió sus manifestaciones en calidad de tercero interesado. En este sentido, expuso diversos argumentos por los que sostuvo la invalidez del Decreto impugnado:

• El Congreso de la Unión expidió la Ley de Hidrocarburos en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 73, fracción X, en correlación con los diversos artículos 27, párrafos cuarto, sexto y séptimo, y 28, todos de la Constitución política del país.

• De conformidad con el artículo 2, fracción I, de la Ley de Hidrocarburos, esta norma tiene por objeto regular la exploración y extracción de hidrocarburos, asimismo en el artículo 4, fracciones XIV y XV, se definen los conceptos de “exploración” y “extracción”, en los diversos artículos 6 y 11 se prevé que el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Energía puede otorgar y modificar, de manera excepcional, asignaciones para realizar la exploración y extracción de hidrocarburos, y que el mismo Ejecutivo Federal por conducto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos puede celebrar contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos.

• De ahí que esta competencia sea exclusiva de la Federación y las entidades federativas no pueden otorgar licencias para el funcionamiento de edificación y extracción de cualquier hidrocarburo al tratarse del pago de una bien cuya explotación y regulación es reservada a la Federación, por lo que el artículo 26, fracción I, numerales 1, 3, 4, 5 y 6 del Decreto número 178 por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2025 resulta inconstitucional.

• Por otro lado, el estado de Coahuila tampoco tiene facultades para emitir normas que regulen aspectos del Sistema Eléctrico Nacional. Conforme a los artículos 25, 27, 28 y 73 de la Constitución Federal, la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, son áreas estratégicas.

• Además, conforme al artículo 73, fracción XXIX, sección 5ª, inciso a), el único facultado para establecer contribuciones especiales sobre la energía eléctrica es el Congreso de la Unión.

• Por ende, las entidades federativas no pueden establecer un cobro a los contribuyentes por parte de un municipio, de un servicio relacionado con la regulación en materia de energía eléctrica, toda vez que es una facultad reservada a la Federación, por lo que el artículo 26, fracción I, numeral 2 del Decreto número 178 por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2025 resulta inconstitucional.

7. Desahogo de vista de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (tercero interesado). El nueve de mayo de dos mil veinticinco, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión rindió sus manifestaciones en calidad de tercero interesado y expuso diversos argumentos por los que cuestionó la validez del Decreto impugnado:

• En términos del artículo 73, fracciones X y XXIX, de la Constitución Política del país, corresponde a la Federación legislar en materia de impuestos sobre hidrocarburos y de energía eléctrica, así como para establecer contribuciones en relación con el aprovechamiento y explotación de bienes de la Nación y derivados del petróleo.

• La litis se centra en determinar si la ley de ingresos municipal resulta contraria a los artículos 25, 27, 28, 73, 124 y 133 de la Constitución Política del país y si se invaden las facultades de la Federación en relación con la regulación de contribuciones en materia de hidrocarburos y de energía eléctrica. También señala que estará al tanto de la decisión que adopte este alto tribunal respecto de este asunto.

8. Contestación del Poder Ejecutivo del estado de Coahuila de Zaragoza. El veintiuno de mayo de dos mil veinticinco, el Consejero Jurídico del Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza depositó en la oficina de correos de la localidad, el escrito de contestación de demanda, el cual fue recibido hasta el seis de junio del mismo año en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este alto tribunal. Al dar contestación a la demanda, expuso los siguientes argumentos para sostener la validez de la norma impugnada:

• La controversia constitucional es infundada, dado que no se atribuye de forma directa algún acto o concepto de invalidez en cuanto a la promulgación de la norma impugnada. Si bien el Ejecutivo local promulgó y publicó la ley de ingresos municipal, ello es así porque es un deber de dicho poder de acuerdo con la Constitución local, pero no intervino en el dictamen, discusión, votación y aprobación de la misma.

• La orden de impresión, publicación, circulación forma parte del proceso legislativo que culmina cuando el Ejecutivo local da a conocer la ley o decreto a las personas habitantes a través del periódico oficial de la entidad, la fundamentación y motivación son requisito de dichos actos y sólo se requiere que provengan de una autoridad competente, lo cual se cumplió en el presente caso, aunque únicamente es una formalidad exigida por la norma.

9. Contestación del Poder Legislativo del estado de Coahuila de Zaragoza. El veintiocho de mayo de dos mil veinticinco, el Director de Asuntos Jurídicos del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza depositó en la oficina de correos de la localidad el escrito de contestación de demanda, el cual fue recibido hasta el once de junio del mismo año en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este alto tribunal. Al dar contestación a la demanda, expuso los siguientes argumentos para sostener la validez de la norma impugnada:

• Las fracciones impugnadas no otorgan facultades a la autoridad municipal para regular actividades relacionadas con hidrocarburos, sino solamente para expedir licencias de construcción, de ahí que no invaden la esfera competencial de la autoridad federal.

• Considera que el problema jurídico a dirimir consiste en determinar si el Poder Legislativo local tiene la facultad para legislar sobre las autorizaciones o permisos que otorgan los Municipios para las construcciones y remodelaciones de aquellas actividades reservadas a las autoridades federales a posteriori.

• Si bien el artículo 73, fracción X, de la Constitución Política del país el Congreso de la Unión tiene facultad para dictar leyes sobre hidrocarburos, lo cierto es que el artículo 115, fracción V, reserva a los municipios la facultad de otorgar licencias y permisos para construcciones, por lo que no se observa la presunta invasión de competencias, dado que se ejerce una atribución otorgada por la Constitución federal.

• Concluye que la autorización del uso del suelo es una facultad que tienen conferida los municipios, lo que implica emitir licencias de construcción para ejercer control y vigilancia del uso del suelo, a fin de verificar que se cumplan las condiciones de seguridad en los lugares de construcción y que se autoricen obras que no tengan un impacto injustificado y pernicioso en contra del bien común, por lo que no se invade ninguna competencia de las autoridades federales, pues es una prerrogativa concedida por la Constitución Política del país.

• Al resolverse la contradicción de criterios 89/2010 se determinó que una legislatura local no invade las competencias de las autoridades federales al legislar respecto de licencias, permisos o autorizaciones para expedir licencias o permisos de construcción en materia de infraestructura en la vía pública y la instalación de casetas de servicios de telefonía pública. Aunque en el presente caso las normas impugnadas versan sobre hidrocarburos, dicho criterio es aplicable por analogía dado que en ambos asuntos se plantea la facultad de los municipios para expedir permisos de construcción en relación con actividades reservadas a las autoridades federales.

• Por otra parte, en la contradicción de criterios 441/2009 se determinó que no existió una invasión de la esfera competencial de las autoridades federales, dado que el cobro por permisos de construcción no es un derecho que se deba pagar por la explotación, uso o aprovechamiento de actividades reservadas a la Federación, por tratarse únicamente de permisos de construcción para instalar infraestructura en vía pública.

• Señala que, de conformidad con estos criterios, los municipios tienen la facultad para otorgar licencias, permisos o autorizaciones para construcciones, inclusive en áreas en las que se llevarán actividades de competencia federal en el futuro, además que en la ley de ingresos municipal no se aborda ni se hace referencia a la explotación de hidrocarburos, sino sólo autorizar construcciones que no atenten contra la seguridad de las personas.

• El legislador federal en la Ley de Hidrocarburos contempló un apartado relativo al procedimiento especial para la realización de actividades reguladas, por lo que los municipios están facultados para otorgar autorizaciones respecto de proyectos de exploración, extracción, transporte, distribución y almacenamiento de hidrocarburos, en el ámbito de sus competencias. • Concluye que los derechos contenidos en las fracciones impugnadas de la ley de ingresos municipal no invaden la esfera de competencias de la Federación en materia de hidrocarburos y energía eléctrica, por lo que solicita se reconozca la validez de las porciones impugnadas.

10. Opinión de la Fiscalía General de la República. El Fiscal General de la República no emitió opinión en el presente asunto.

11. Audiencia de pruebas y alegatos. El dieciocho de agosto de dos mil veinticinco se celebró la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos. En ésta se dio cuenta con los alegatos presentados por el Poder Ejecutivo Federal.

12. Cierre de la instrucción. Por acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veinticinco, el Ministro instructor cerró la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

13. Returno. El primero de septiembre de dos mil veinticinco, tomaron protesta las Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó returnar el presente asunto al Ministro Arístides Rodrigo Guerrero García.

I. COMPETENCIA

14. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, así como el Punto Segundo, fracción I, del Acuerdo General 2/2025 (12a) de tres de septiembre de dos mil veinticinco, del Pleno de la SCJN, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales.(3)

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS

15. Con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia,(4) se procede a precisar los actos y normas que son objeto de la presente controversia constitucional. En el respectivo apartado de la demanda, el Poder Ejecutivo Federal señaló como norma concreta y específicamente impugnada, la siguiente:

IV. Norma general, cuya invalidez se demanda, así como el medio oficial en que se publicó

El DECRETO 178.- Ley de Ingresos del Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2025, cuyo contenido es el siguiente:

ARTÍCULO 26.- Con base en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza, son objeto de estos derechos, los servicios prestados por las autoridades municipales por concepto de:

I.- Por la expedición de Licencia de Funcionamiento de las centrales productoras de energía termoeléctrica, térmica solar, hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica, aerogeneradores o similares, así como de las edificaciones para la extracción del gas de lutitas o gas shale, gas natural y gas no asociado y los pozos para la extracción de cualquier hidrocarburo, se cobrará anualmente la siguiente tarifa:

1. Edificación para la extracción de gas de lutitas o gas shale $39,501.43 por cada unidad.

2. Edificación productora de energía termoeléctrica, térmica solar, hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica, aerogeneradores o similares, $ 39,501.43 por cada aerogenerador o unidad.

3. Edificación para la extracción de Gas Natural $39,501.43 por cada unidad.

4. Edificación para la extracción de Gas No Asociado $39,501.85 por cada unidad.

5. Por perforación en pozos verticales y direccionales en el área específica a Yacimientos Convencionales (Roca Reservorio) en Trampas Estructurales en el que se encuentre el hidrocarburo $ 39,501.85 por cada pozo.

6. Por perforación de pozo para la extracción de cualquier hidrocarburo $ 39,501.85 por cada pozo.

[Lo resaltado es propio]

Ver norma impugnada con resaltado

16. De un análisis integral de la demanda se advierte que los conceptos de invalidez, efectivamente, están dirigidos a cuestionar la regularidad constitucional de tal precepto.

17. En consecuencia, se tiene por efectivamente impugnado el Decreto número 178 por el que se expidió la Ley de Ingresos del Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2025, publicado el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, en específico, el artículo 26, fracción I.

III. OPORTUNIDAD

18. En términos del artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política del país,(5) el plazo para promover la controversia constitucional, tratándose de normas, debe computarse a partir del día siguiente:

a) A la fecha de su publicación; o

b) Al que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.

19. En este caso, el Poder Ejecutivo Federal impugna el Decreto número 178 con motivo de su publicación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, por lo que el plazo de treinta días para presentar la controversia constitucional transcurrió del dos de enero al catorce de febrero de dos mil veinticinco.(6)

20. Consecuentemente, dado que la demanda se presentó el catorce de febrero de dos mil veinticinco, es evidente que la controversia constitucional se promovió de manera oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA

21. De conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia,(7) la parte actora deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas respectivas estén facultados para representarla.

22. En términos del artículo 90 de la Constitución Política del país en correlación con el diverso artículo 43, fracción X, de la Ley de la Administración Pública Federal,(8) quien ostente la titularidad de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ostenta la representación legal del titular del Poder Ejecutivo Federal, en términos de la fracción I del artículo 105 constitucional.

23. Ahora bien, en el caso, quien suscribe la controversia constitucional es la licenciada Ernestina Godoy Ramos, en su carácter de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, cuya personalidad acreditó con la copia del nombramiento otorgado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el primero de septiembre de dos mil veinticuatro, de ahí que tiene facultades suficientes para representar al Poder actor en el presente medio de control constitucional.

24. Así también, la del propio Poder actor para instar la vía en representación de la Federación, en términos del artículo 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política del país, por lo que debe concluirse que se promovió por parte legitimada para ello.

V. LEGITIMACIÓN PASIVA

25. De conformidad con el artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia,(9) tiene el carácter de parte demandada en la controversia constitucional la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia constitucional. Por lo tanto, de acuerdo con lo previsto en la ley reglamentaria, la parte demandada también debe comparecer a juicio por conducto de los funcionarios facultados para representarla, en términos de las normas que lo rigen.

26. Por su parte, en el auto de admisión de treinta y uno de marzo de dos mil veinticinco, se reconoció como demandados a los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado de Coahuila de Zaragoza, en tanto que a éstos les correspondió la expedición, promulgación y publicación de las disposiciones cuya constitucionalidad se cuestiona, por lo que a continuación se procede a analizar si dichos órganos cuentan con legitimación pasiva en el presente procedimiento constitucional.

27. Legitimación pasiva del Poder Ejecutivo del estado de Coahuila de Zaragoza. En términos del artículo 21, fracción XXX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza(10) corresponde a la Secretaría de Gobierno representar a la persona Titular del Ejecutivo estatal en todo tipo de controversias, juicios o acciones de inconstitucionalidad en que sea parte.

28. Por otra parte, de conformidad con los artículos 5, fracción VII, y 25, fracción VIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza,(11) el Consejero Jurídico se encuentra facultado para representar al Ejecutivo local en las controversias constitucionales, por lo tanto, la persona que comparece en representación del Poder Ejecutivo del estado de Coahuila de Zaragoza cuenta con la debida legitimación procesal para representarlo en este medio de control constitucional.

29. En representación del Poder Ejecutivo del estado de Coahuila de Zaragoza compareció el licenciado Valeriano Valdés Cabello, en su carácter de Consejero Jurídico del Gobierno de esta entidad federativa, cargo que acredita con la copia certificada del nombramiento otorgado por el Gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza el uno de diciembre de dos mil veintitrés.

30. Por lo tanto, queda acreditado que la persona que compareció en su nombre y representación es quien tiene las facultades legales suficientes para ello.

31. Legitimación pasiva del Poder Legislativo del estado de Coahuila de Zaragoza. De acuerdo con el artículo 48, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza,(12) la representación del Poder Legislativo de esta entidad corresponde al Presidente de la Mesa Directiva, la cual puede ser delegada a las personas titulares de los órganos técnicos mediante el otorgamiento del poder legal correspondiente.

32. En representación del Poder L

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34252-b597fb5b/i-derecho-por-la-expedicion-de-licencias-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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