I. DERECHO POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA LAS EDIFICACIONES DE EXTRACCIÓN DE GAS DE LUTITAS O GAS SHALE, GAS NATURAL, GAS NO ASOCIADO Y, EN GENERAL, LOS DEMÁS HIDROCARBUROS QUE SE ENCUENTREN EN POZOS VERTICALES Y DIRECCIONALES EN EL ÁREA ESPECÍFICA DE YACIMIENTOS CONVENCIONALES (ROCA RESERVORIO) EN TRAMPAS ESTRUCTURALES. LA DISPOSICIÓN LOCAL QUE ORDENA SU PAGO INVADE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN PARA ESTABLECER CONTRIBUCIONES SOBRE EL APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE ESTOS RECURSOS NATURALES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX, NUMERAL 2o., DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III, NUMERALES 1, 3, 4, 5 Y 6, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GENERAL CEPEDA, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025). II. DERECHO POR LA EXPEDICIÓN DE UNA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ANUAL Y DE UNA DE CARÁCTER MULTIANUAL SUJETA AL PAGO DE UN REFRENDO ANUAL POR CADA CENTRAL PRODUCTORA DE ENERGÍA TERMOELÉCTRICA, TÉRMICA SOLAR, HIDROELÉCTRICA, EÓLICA, FOTOVOLTAICA, AEROGENERADORES, O SIMILARES. LA DISPOSICIÓN LOCAL QUE ESTABLECE SU PAGO INVADE LAS FACULTADES DE LA FEDERACIÓN, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 25, 27, 28 Y 73, FRACCIONES X Y XXIX, NUMERAL 5o., DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III, NUMERAL 2, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GENERAL CEPEDA, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III, NUMERALES 1, 2, 3, 4, 5 Y 6, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GENERAL CEPEDA, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 127/2025. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 2 DE DICIEMBRE DE 2025. PONENTE: MINISTRO GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA. SECRETARIO: BRUNO A. ACEVEDO NUEVO.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dos de diciembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 127/2025, promovida por el Poder Ejecutivo Federal en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, demandando la invalidez del artículo 26, fracción III, numerales 1 a 6, de la Ley de Ingresos del Municipio General Cepeda, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2025 publicada mediante Decreto 151 el diecisiete de diciembre de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial de la entidad.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. El catorce de febrero de dos mil veinticinco, el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de su Consejera Jurídica, promovió la presente controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, demandando la invalidez del artículo 26, fracción III, numerales 1 a 6, de la Ley de Ingresos del Municipio de General de Cepeda, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2025 (en adelante, la “norma sometida a control”).
2. En su demanda, el Poder Ejecutivo Federal expuso lo siguiente:
2.1. El artículo 26, fracción III, numerales 1, 3, 4, 5 y 6, de la Ley de ingresos impugnada invade la competencia exclusiva de la federación en materia de hidrocarburos para regular el uso de suelo y permisos de construcción en la materia.
2.2. En primer lugar, de acuerdo con el marco constitucional y legal, la competencia federal en materia de hidrocarburos comprende: i) la potestad legislativa y contributiva del Congreso de la Unión (artículo 73, fracciones X y XXIX, numeral 2, de la Constitución Federal), y ii) la facultad de ejecución y vigilancia de las normas en la materia que ostenta el Poder Ejecutivo Federal a través de sus Secretarías de Estado (artículo 131 de la Ley de Hidrocarburos); por consiguiente, las entidades federativas quedan excluidas del ejercicio y distribución de facultades en esta materia.
2.3. En segundo lugar, las facultades municipales para autorizar, controlar y vigilar la utilización del uso de suelo, así como conceder licencias y permisos para construcciones previstas en el artículo 115, apartado V, incisos d) y f) de la Constitución Federal, están acotadas por las leyes federales.
2.4. La Ley de Hidrocarburos regula, entre otras, el uso de suelo en zonas urbanas (artículos 100 a 117) y reconoce como facultad del Poder Ejecutivo Federal la revisión previa de cumplimiento de especificaciones técnicas y de diseño en las instalaciones de esta industria (artículos 49, fracción II; 50, fracción I; 51, fracción I y 52); mientras que, la Ley de Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos (artículos 1; 3, fracción XI; 7, fracción VII); la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (artículos 5, fracción X; 6; 7, fracción XVI; 8, fracción II; 11, fracción III, inciso f, y 35 BIS 2 y BIS 3) y su Reglamento (artículos 2 y 5, inciso d) regulan el uso de suelo en zonas forestales y reconocen la competencia del Poder Ejecutivo Federal para realizar su cambio.
2.5. En este caso, la norma sometida a control prevé el pago de derechos por la expedición de una licencia de funcionamiento anual para las edificaciones de extracción de gas de lutitas o gas shale, gas natural, gas no asociado, y por la perforación en pozos verticales y direccionales en un área específica, así como por la perforación de pozos para la extracción de cualquier hidrocarburo.
2.6. Por lo que, si bien la norma no dispone de manera literal el cobro por el otorgamiento de una concesión o permiso para llevar a cabo diversas actividades de hidrocarburos, esta sí invade la competencia de la federación porque i) es la única autoridad competente para regular el uso de suelo y permisos de construcción en la materia; ii) las entidades federativas no cuentan con facultades legislativas, contributivas ni de ejecución y vigilancia sobre las actividades de hidrocarburos, ni pueden otorgar esas facultades a los municipios, al tratarse de competencia federal; iii) las facultades de los municipios para el otorgamiento de licencias y permisos sobre el uso de suelo y construcciones no alcanzan para recaudar contribuciones impuestas a la cadena de valor de los hidrocarburos y tampoco para realizar una revisión técnica sobre la infraestructura de estos, y iv) no es posible realizar una doble tributación en esta materia a través de una ley de ingresos municipal.
2.7. El artículo 26, fracción III, numeral 2, de la Ley de Ingresos impugnada invade la competencia exclusiva de la federación en materia de energía eléctrica para regular el uso de suelo y permisos de construcción en la materia.
2.8. En primer lugar, de acuerdo con el marco constitucional y legal, la competencia federal en materia de energía eléctrica se advierte en dos vertientes: i) la potestad legislativa y contributiva del Congreso de la Unión en la materia (artículo 73, fracciones X y XXIX, numeral 5, inciso a, de la Constitución Federal) y ii) la facultad de ejecución y vigilancia de las normas de planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional que tiene a su cargo del Poder Ejecutivo Federal (artículos 6, 13, 15 y 16 de la Ley de Industria Eléctrica); por consiguiente, las entidades federativas quedan excluidas del ejercicio y distribución de facultades en esta materia.
2.9. En segundo lugar, la facultad de los municipios para autorizar y controlar la utilización del suelo y las licencias o permisos para las construcciones, en términos del artículo 115 constitucional, se encuentra limitada por las leyes federales.
2.10. La Ley de la Industria Eléctrica establece que los gobiernos estatales y municipales deben agilizar y garantizar el otorgamiento de los permisos y de autorizaciones en el ámbito de su competencia (artículo 71, párrafo tercero), y prevé las formalidades y modalidades de contratación para la obtención del uso de suelo respecto al derecho de vía (artículos 71 a 89); mientras que la Ley General del Equilibrio Ecológico (artículos 5, fracción X; 6; 7, fracción XVI; 8, fracción II; 11, fracción III, inciso f, y 35 BIS 2 Y BIS 3) y su Reglamento (artículos 2 y 5) regulan el uso de suelo para llevar a cabo actividades derivadas de la industria eléctrica y reconocen la competencia del Poder Ejecutivo Federal para determinar su cambio.
2.11. En este caso, la norma sometida a control prevé el pago de derechos por la expedición de una licencia de funcionamiento de centrales productoras de energía termoeléctrica, térmica solar, hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica, aerogeneradores o similares, cuya cuota se determina de acuerdo con la capacidad instalada de generación dentro del municipio.
2.12. Por lo que, si bien la norma sometida a control no dispone de manera literal el cobro por el otorgamiento de una concesión o permiso para ejecutar actividades de esa industria, esta sí invade la competencia de la Federación porque i) esta es la única autoridad competente para regular el uso de suelo y los permisos de construcción en la materia; ii) las entidades federativas no ostentan facultades legislativas, contributivas ni de ejecución y vigilancia en la industria eléctrica; iii) no se puede realizar una doble tributación en esta actividad, y iv) las facultades constitucionales de los municipios para el otorgamiento de licencias y permisos sobre el uso de suelo y construcciones de obras están restringidas al tratarse de una materia reservada a la Federación, más aún cuando se grava el servicio e incide en aspectos técnicos relativos a la instalación, operación y mantenimiento de sus insumos esenciales.
3. Radicación y turno. Mediante acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente con número 127/2025 y lo turnó al entonces Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en su carácter de Ministro instructor.
4. Admisión y trámite. El doce de marzo de dos mil veinticinco, el Ministro instructor admitió a trámite la controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, y ordenó su emplazamiento; además, tuvo como terceros interesados a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión y al municipio de General Cepeda de la referida entidad federativa, a quienes otorgó plazo para formular manifestaciones, y ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República.
5. Manifestaciones de los terceros interesados. Los días nueve y veintinueve de abril de dos mil veinticinco las Cámaras de Senadores y de Diputados formularon sus manifestaciones respectivamente. El Municipio de General Cepeda del Estado de Coahuila de Zaragoza no realizó manifestación alguna.
6. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Coahuila. El cinco de mayo de dos mil veinticinco,(1) el Director Jurídico de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Coahuila, en representación de ese Poder, dio contestación a la demanda y sostuvo la validez de la norma sometida a control. En síntesis, esta autoridad manifestó lo siguiente:
6.1. En primer lugar, dentro del marco de distribución de competencias que prevé la Constitución Federal, regular la expedición de licencias, permisos y autorizaciones municipales es competencia de las legislaturas locales.
6.2. El artículo 124 constitucional dispone que aquellas facultades que no se encuentren expresamente conferidas a la Federación, se entenderán reservadas para los Estados o la Ciudad de México. A su vez, el artículo 115, fracción V, constitucional otorga expresamente a los municipios la facultad de otorgar licencias y permisos en el suelo que controla. Por lo tanto, las legislaturas estatales, como órganos normativos, tienen la potestad de establecer la regulación para esta atribución constitucional del municipio, lo cual no constituye una invasión de competencias.
6.3. Esta justificación normativa se robustece con la intención del legislador en las reformas de 1982 y 1999 al artículo 115 constitucional, consistente en enriquecer las facultades del municipio en cuanto a la planeación de desarrollo urbano y la administración, supervisión y autorizar el uso del suelo. Aunado a lo anterior, la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la emisión de leyes estatales que contemplen derechos como el impugnado no invaden la esfera competencial de la Federación porque son derechos expedidos para vigilar el uso de suelo, lo cual es facultad de los congresos locales (Jurisprudencia 2°./J 50/2010, derivada de la contradicción de tesis 89/2010, y la contradicción de tesis 441/2009).
6.4. En segundo lugar, el derecho humano a un medio ambiente sano impone al Estado mexicano, en todos sus niveles de gobierno, obligaciones jurídicas concretas en el ámbito nacional e internacional. En ese sentido, la competencia de los municipios para expedir licencias, permisos y autorizaciones en materia de control ambiental se encuentra fundada en el marco constitucional y convencional porque con esta facultad el Estado mexicano cumple con el principio de prevención y con sus obligaciones en materia de protección al medio ambiente.
6.5. En tercer lugar, el respeto y protección del medio ambiente es una materia concurrente de acuerdo con el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Federal, los artículos 8 y 10 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos y el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 492/2020. Por lo que carece de sustento constitucional y legal sostener que la protección ambiental corresponde solo a la Federación, y contraviene los estándares convencionales vigentes, en tanto que excluye a la autoridad más cercana con el ciudadano, es decir, al municipio. En ese sentido, limitar arbitrariamente la actuación de las autoridades estatales y municipales para garantizar el derecho humano al medio ambiente sano contravendría las obligaciones internacionales asumidas por el Estado mexicano, pues la distribución de competencias no puede prevalecer sobre los estándares establecidos en instrumentos convencionales.
7. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila. El cinco de mayo de dos mil veinticinco,(2) el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, dio contestación a la demanda. En síntesis, esta autoridad sostuvo la validez de la norma sometida a control porque no se atribuyó algún acto violatorio a la promulgación de las normas que realizó y, además, actuó en cumplimiento de sus facultades constitucionales (artículos 62, fracción IV, 64, 66 y 84, fracción III de la Constitución local).
8. Vista de la Fiscalía General de la República. La autoridad no formuló manifestaciones.
9. Audiencia de ofrecimiento de pruebas y desahogo de alegatos. El catorce de julio de dos mil veinticinco se celebró la audiencia de ley, en la cual se relacionaron las pruebas ofrecidas por las partes y se hizo constar que el Poder Ejecutivo Federal formuló alegatos.
10. Cierre de la instrucción. Substanciado el procedimiento, el once de agosto de dos mil veinticinco, el Ministro instructor acordó el cierre de la instrucción del presente asunto.
11. Returno. Mediante acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, el Ministro Presidente ordenó turnar el presente asunto al Ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, para que funja como instructor, en atención a lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General 1/2025 (12a.) del Pleno de este Alto Tribunal, en el cual se establece que dicho Ministro conocerá de los asuntos turnados a la ponencia del Ministro en retiro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
I. COMPETENCIA
12. En el presente asunto se plantea un conflicto entre el Poder Ejecutivo Federal y los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza en el que se impugnan normas de carácter general.
13. Por lo tanto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso a)(3) de la Constitución Federal; 1o(4) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo, “Ley Reglamentaria”) y, 16, fracción I,(5) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, así como el Punto Segundo, fracción I,(6) del Acuerdo General 2/2025 (12a) de tres de septiembre de dos mil veinticinco, del Pleno de esta Suprema Corte, en el que se precisan los asuntos de su competencia.
II. PRECISIÓN Y EXISTENCIA DE LA NORMA RECLAMADA
14. En términos del numeral 41, fracción I,(7) de la Ley Reglamentaria, deben fijarse los actos, normas generales u omisiones impugnados, objeto de la controversia constitucional.
15. El Poder Ejecutivo Federal reclamó la invalidez del artículo 26, fracción III, numerales 1 a 6, de la Ley de Ingresos del Municipio de General Cepeda, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2025, expedida mediante decreto 151 publicado el diecisiete de diciembre de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial de la referida entidad.
16. El texto de la norma es el siguiente:
“Artículo 26.- Con base en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza, son objeto de estos derechos, los servicios prestados por las autoridades municipales por concepto de: [...]
III. Por la expedición de Licencia de Funcionamiento anual, y en su caso el refrendo anual, de las centrales productoras de energía en las centrales productoras de energía termoeléctrica, térmica solar, hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica, aerogeneradores o similares, así como de las instalaciones para la explotación del gas de lutitas o gas shale y sitio de manejo de residuos industriales biológicos-infecciosos, peligrosos o simulares, se cobrará anualmente conforme a la siguiente tarifa:
1. Para la extracción de gas de lutitas o gas shale $42,330.50, por cada unidad.
2. Productora de energía termoeléctrica, térmica solar, hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica, aerogeneradores o similares, se pagará una cuota por la Licencia de Funcionamiento anual o por su refrendo anual de acuerdo con la capacidad instalada de generación dentro del Municipio, de acuerdo a los siguientes rangos:
• De 0 hasta 50 Megawatts de capacidad instalada, se pagará una cuota anual de $356,765.00 pesos.
• De más de 50 hasta 100 Megawatts de capacidad instalada, se pagará una cuota anual de $700,789.00 pesos.
• De más de 100 hasta 200 Megawatts de capacidad instalada, se pagará una cuota anual de $1,401,579.00.00 pesos [sic].
• De más de 200 Megawatts de capacidad instalada, se pagará una cuota anual de $1,592,703.00 pesos.
En caso de que el proyecto se encuentre dividido en varios municipios se tomará la cantidad de Megawatts instalados en el Municipio de General Cepeda.
Los contribuyentes que así lo requieran, en lugar de la Licencia de Funcionamiento Anual, podrán solicitar la expedición de una Licencia de Funcionamiento Multianual por un periodo de 15 años, cuyo costo será determinado conforme los siguientes rangos:
• De O hasta 50 Megawatts de capacidad instalada, se pagará una cuota por licencia multianual de $972,997.00 pesos.
• De más de 50 hasta 100 Megawatts de capacidad instalada, se pagará una cuota por licencia multianual de $1,911,243.50 pesos.
• De más de 100 hasta 200 Megawatts de capacidad instalada, se pagará una cuota por licencia multianual de $3,822,487.00 pesos.
• De más de 200 Megawatts de capacidad instalada, se pagará una cuota por licencia multianual de $4,343,735.00 pesos.
El pago de la Licencia Multianual no exime al contribuyente del pago del refrendo anual que corresponda a los años subsecuentes a su expedición, por el periodo de vigencia de la licencia multianual. El pago de la licencia multianual no exime al contribuyente del cumplimiento de los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables para su otorgamiento.
El importe a pagar por concepto de refrendo de aquellos contribuyentes que optaron por el pago de la licencia multianual a que hace referencia el párrafo anterior, no podrá exceder de un 35 % de la cuota establecida por la expedición de la licencia multianual del rango que corresponda. Por lo anterior, los contribuyes que optaron por el pago de una licencia de funcionamiento multianual pagarán una cuota por el refrendo anual correspondiente de acuerdo con la capacidad instalada de generación dentro del Municipio, de acuerdo a los siguientes rangos:
• De O hasta 50 Megawatts de capacidad instalada, se pagará una cuota anual de $340,548.50.
• De más de 50 hasta 100 Megawatts de capacidad instalada, se pagará una cuota anual de $668,935.50 pesos.
• De más de 100 hasta 200 Megawatts de capacidad instalada, se pagará una cuota anual de $1,337,870.50 pesos.
• De más de 200 Megawatts de capacidad instalada, se pagará una cuota anual de $1,520,307.00 pesos. El contribuyente que haya optado por pagar por la expedición de una licencia de funcionamiento multianual y que incremente su capacidad instalada de generación de energía podrá solicitar la actualización de su licencia de funcionamiento multianual abarcando su nueva capacidad instalada, en cuyo caso únicamente pagará por esta actualización la diferencia que resulte entre la cuota correspondiente a la capacidad instalada anterior y la nueva en los términos del presente artículo.
3. Para la extracción de Gas Natural $42,330.50, por cada unidad.
4. Para la extracción de Gas No Asociado $42,330.50, por cada unidad.
5. Por perforación en pozos verticales y direccionales en el área específica a Yacimientos Convencionales (Roca Reservorio) en Trampas Estructurales en el que se encuentre el hidrocarburo $42,330.57, por cada pozo.
6. Por perforación de pozo para la extracción de cualquier hidrocarburo $398,490.50, por cada pozo.”
17. La existencia de la norma reclamada se hace constar con la copia certificada que obra en el expediente y se confirma con la publicación realizada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza.(8)
III. OPORTUNIDAD
18. El artículo 21, fracción II,(9) de la Ley Reglamentaria de la materia, establece que el plazo para promover controversia constitucional es de treinta días cuando se impugnen normas generales, los cuales serán contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación o del día siguiente a aquel en que se produzca el primer acto de aplicación.
19. En el caso, la Ley de ingresos impugnada fue publicada el diecisiete de diciembre de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo que el plazo para la presentación de demanda transcurrió del dos de enero al catorce de febrero del dos mil veinticinco.(10) Por ende, si la demanda se presentó en el último día del referido plazo, debe concluirse que la controversia constitucional es oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA
20. De conformidad con los artículos 10, fracción I,(11) y 11, párrafos primero y último,(12) de la Ley Reglamentaria, el carácter de parte actora lo tiene el poder que promueve la controversia constitucional, quien deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que estén facultados para representarla.
21. En el caso, el Poder Ejecutivo Federal promovió la presente controversia constitucional en representación de la Federación, por conducto de su Consejera Jurídica, cuya calidad acreditó con copia certificada del nombramiento suscrito el primero de octubre de dos mil veinticuatro.
22. Esta funcionaria se encuentra facultada para promover el presente medio de control en representación del Poder Ejecutivo Federal y de la Federación en términos de los artículos 90(13) de la Constitución Federal; 43, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;(14) 11, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de la materia(15) y 8, fracción X,(16) del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.(17)
V. LEGITIMACIÓN PASIVA
23. Se reconoce como autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, en términos de los artículos 10, fracción II, y 11, primer párrafo, de la Ley reglamentaria.(18)
24. El Poder Legislativo local comparece a través de César Mario Esquivel Flores, Director de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, calidad que acredita con copia certificada de acuerdo de la Presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de esa entidad correspondiente al nombramiento expedido a su favor.
25. Este funcionario está facultado para representar a ese Poder en términos de los artículos 48, fracción I,(19) de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, en relación con el acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil veinticinco suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura del Congreso de la entidad, mediante el cual otorga en favor del suscrito la representación de ese órgano legislativo.
26. Por su parte, el Poder Ejecutivo local es representado por Valeriano Valdés Cabello, Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, cuya calidad acredita con copia certificada del nombramiento otorgado a su favor el primero de diciembre de dos mil veintitrés.
27. La autoridad está facultada para representar a ese Poder en términos del artículo 25, fracción VIII(20) del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno.
VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
28. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia ni motivo de sobreseimiento. Este Tribunal Pleno, de oficio, tampoco advierte que se actualice alguna, por lo que procede realizar el estudio de fondo.
VII. ESTUDIO DE FONDO
29. El Poder Ejecutivo Federal argumenta que el artículo 26, fracción III, numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6, de la Ley de Ingresos del Municipio de General Cepeda, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2025 invade la facultad tributaria exclusiva de la Federación en materia de hidrocarburos y energía porque establece el cobro de un derecho municipal por la expedición de una licencia de funcionamiento anual para centrales productoras de energías limpias, así como por las edificaciones para la extracción de distintos hidrocarburos y la perforación de pozos verticales y direccionales en el área específica a yacimientos convencionales (Roca Reservorio).
30. Por su parte, las autoridades demandadas sostienen que es competencia de las legislaturas locales emitir regulación para el ejercicio de las facultades municipales previstas por la Constitución Federal sobre el uso de suelo y el otorgamiento de permisos de construcción. Además, sostienen que la disposición impugnada se legisló en cumplimiento del principio de prevención en materia de protección al medio ambiente, la cual es una materia concurrente de acuerdo con el artículo 73, fracción XXIX-G de la Constitución Federal.
31. En la porción relevante (se omiten las tarifas), el contenido de la disposición impugnada es el siguiente:
“Artículo 26.- Con base en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza, son objeto de estos derechos, los servicios prestados por las autoridades municipales por concepto de: [...]
III. Por la expedición de Licencia de Funcionamiento anual, y en su caso el refrendo anual, de las centrales productoras de energía en las centrales productoras de energía termoeléctrica, térmica solar, hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica, aerogeneradores o similares, así como de las instalaciones para la explotación del gas de lutitas o gas shale y sitio de manejo de residuos industriales biológicos-infecciosos, peligrosos o simulares, se cobrará anualmente conforme a la siguiente tarifa: [...]”
32. La presente controversia involucra el estudio de dos problemas jurídicos separados. El primero exige analizar si el Congreso local invadió la competencia exclusiva del Congreso de la Unión para imponer contribuciones sobre el aprovechamiento y explotación de hidrocarburos al establecer el cobro de un derecho por concepto de expedición de licencias de funcionamiento para edificaciones y pozos para la extracción de diferentes hidrocarburos. El segundo consiste en determinar si el Congreso local invadió la competencia exclusiva del Congreso de la Unión para imponer contribuciones especiales sobre energía eléctrica al establecer derechos por concepto de licencias de funcionamiento y, en su caso, el cobro de un refrendo para las centrales productoras de energías limpias.
33. A continuación se analizarán ambos problemas en apartados distintos.
VII.1. Contribuciones en materia de hidrocarburos
34. La pregunta que este Tribunal Pleno debe responder es si el Congreso local invade la competencia exclusiva del Congreso de la Unión para imponer contribuciones sobre el aprovechamiento y explotación de hidrocarburos al establecer derechos municipales por concepto de expedición de licencias de funcionamiento para edificaciones y pozos para la extracción de diferentes hidrocarburos.
35. La respuesta a esa pregunta es afirmativa porque las entidades federativas carecen de competencia para establecer contribuciones sobre el aprovechamiento y explotación de hidrocarburos, tal como acontece en este caso, en el que se grava la extracción de hidrocarburos a partir del número de pozos o unidades destinadas a la extracción de estos recursos.
36. El artículo 73 de la Constitución Federal establece dos facultades exclusivas para el Congreso de la Unión en materia de hidrocarburos. Por un lado, la fracción X de esta disposición establece la facultad exclusiva del Congreso Federal “[p]ara legislar en toda la República sobre hidrocarburos”;(21) por otro lado, la fracción XXIX, numeral 2, establece la facultad del Congreso de la Unión para establecer contribuciones “[s]obre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos cuarto y quinto del artículo 27 constitucional”.(22)
37. En la parte que interesa, la remisión expresa al párrafo cuarto del artículo 27 constitucional establece el dominio directo de la Nación sobre “el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos”.(23)
38. La interpretación integral de las disposiciones constitucionales permite concluir que el Congreso Federal tiene la facultad de legislar en materia de hidrocarburos para toda la República (facultad legislativa sustantiva) y la facultad exclusiva para imponer contribuciones sobre el aprovechamiento y explotación del petróleo y demás carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos (facultad legislativa tributaria).
39. En este caso, el artículo 26, fracción III, numerales 1, 3, 4, 5 y 6, de la Ley de Ingresos del Municipio de General Cepeda, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2025 establece lo siguiente:
“Artículo 26.- Con base en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y la Ley del Equilibrio Eco
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34275-1553fa4c/i-derecho-por-la-expedicion-de-licencias-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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