Corpus
Modo: Corpus Pro

I. LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA EXTRACCIÓN DE GAS DE LUTITAS O GAS SHALE, GAS NATURAL, GAS NO ASOCIADO Y DE POZOS DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS. LA DISPOSICIÓN LOCAL QUE ESTABLECE UN PAGO POR SU OTORGAMIENTO SE VINCULA CON RECURSOS QUE SE UBICAN EN YACIMIENTOS LOCALIZADOS EN EL SUBSUELO, POR LO QUE SE INVADE LA COMPETENCIA FEDERAL EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX, NUMERAL 2o., DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL (INVALIDEZ DE LOS NUMERALES 1, 3, 4, 5 Y 6 DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025). II. LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y EDIFICACIÓN DE CENTRALES PRODUCTORAS DE ENERGÍA TERMOELÉCTRICA, TÉRMICA SOLAR, HIDROELÉCTRICA, EÓLICA, FOTOVOLTAICA, AEROGENERADORES, O SIMILARES. LA DISPOSICIÓN LOCAL QUE ESTABLECE UN PAGO POR SU OTORGAMIENTO SE VINCULA CON LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO PÚBLICO DE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, POR LO QUE SE INVADE EL ÁMBITO FEDERAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX, NUMERAL 5o., INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 34, FRACCIÓN I, NUMERAL 2, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA (INVALIDEZ DE LOS NUMERALES 1, 2, 3, 4, 5 Y 6, DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 115/2025. · Registro digital (IUS): 34276
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-09-25
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Septiembre de 2026, Tomo IV, Volumen 1, Pág.315.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 115/2025. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 1 DE DICIEMBRE DE 2025. PONENTE: MINISTRO ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA. SECRETARIOS: MARIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ Y BERENICE GARCÍA HUANTE.

Ver resumen de sentencia

Ver índice temático

Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al primero de diciembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 115/2025, promovida por el Poder Ejecutivo Federal, a través de su Consejera Jurídica, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Coahuila, en contra del artículo 34, fracción I, numerales 1 a 6, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco, publicada el diecisiete de diciembre de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa.

I. ANTECEDENTES

1. Publicación de la norma impugnada. El diecisiete de diciembre de dos mil veinticuatro, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza el Decreto 147 por el cual se expidió la Ley de Ingresos del Municipio de Cuatro Ciénegas, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco.

2. Promoción de la controversia constitucional y conceptos de invalidez. La Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación de la titular de dicho Poder de la Unión, demandó de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila la invalidez del artículo séptimo 34, fracción I, numerales 1 a 6, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuatro Ciénegas, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco.

3. Conceptos de invalidez. En sus conceptos de invalidez, la parte accionante aduce que la norma impugnada es inconstitucional por las razones siguientes:

• PRIMERO. Competencia exclusiva de la Federación en la materia de hidrocarburos. El artículo impugnado invade la competencia exclusiva de la Federación en la materia de hidrocarburos que está prevista en los artículos 25, quinto párrafo; 27, párrafos cuarto, sexto y séptimo; 28, cuarto párrafo, y 73, fracciones X y XXIX, numeral 2, de la Constitución Federal.

• La competencia federal en la materia de hidrocarburos se materializa en dos vertientes: por una parte, la potestad legislativa y contributiva que asume el Congreso de la Unión y, por otra parte, la facultad de ejecución y vigilancia normativa en la materia, que corresponde al Poder Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Energía, Hacienda y Crédito Público, y Economía, así como de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector hidrocarburos, en relación con el artículo 131 de la Ley de Hidrocarburos.

• De acuerdo con el artículo 115, fracción V, inciso d), de la Constitución Federal, es facultad de los municipios autorizar, controlar y vigilar el uso del suelo, así como otorgar licencias o permisos para edificar construcciones conforme a los planes de desarrollo urbano que emitan dentro de su jurisdicción territorial. Esta facultad está acotada por las condiciones previstas en las leyes federales que regulan la industria de hidrocarburos.

• Los municipios quedan excluidos de la facultad de conceder licencias y permisos para el desarrollo de las actividades relacionadas con la industria de hidrocarburos, toda vez que, como lo disponen los artículos 49, fracción II, 50, fracción I, 51, fracción I y 52 de la Ley de Hidrocarburos, corresponde al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía, emitir los permisos para su comercialización, previa revisión del cumplimento de las especificaciones técnicas y de diseño de las instalaciones respectivas.

• La facultad constitucional otorgada a los municipios para emitir licencias de uso de suelo y permisos de construcción no alcanza para recaudar contribuciones sobre las actividades que conforman la cadena de valor en el sector de los hidrocarburos. Si bien la norma impugnada no impone el cobro de tarifas por otorgar concesiones o permisos para realizar actividades con hidrocarburos, lo cierto es que sí prevé el pago de derechos por la expedición de licencias para el funcionamiento de instalaciones destinadas a la extracción de gas y pozos para extraer hidrocarburos.

• Por lo tanto, la norma impugnada invade las facultades del Ejecutivo Federal sobre la vigilancia técnica de las construcciones y establecimientos que operan en el sector de los hidrocarburos, que ejecuta por medio de la Secretaría de Energía, pues a través de las licencias de funcionamiento, el municipio realiza materialmente una revisión técnica sobre la infraestructura empleada para extraer hidrocarburos.

• Es aplicable la sentencia dictada por la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 65/2024, en la cual sostuvo que los cobros municipales para autorizar las actividades de explotación de hidrocarburos invaden las facultades exclusivas de la Federación.

• SEGUNDO. Competencia exclusiva de la Federación en materia de energía eléctrica. El numeral 2 de la fracción I del artículo 34 de la ley impugnada invade la competencia exclusiva de la Federación para regular el sector de la energía eléctrica prevista en los artículos 25, quinto párrafo; 27, séptimo párrafo; 28, cuarto párrafo; y 73, fracciones X y XXIX, numeral 5, inciso a), de la Constitución Federal.

• De los anteriores preceptos constitucionales se advierte que corresponde a la Federación la planeación y vigilancia del Sistema Eléctrico Nacional, así como la transmisión y distribución de energía eléctrica, a efecto de preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la Nación.

• La competencia federal en el sector de la energía eléctrica se materializa en dos vertientes: por una parte, la potestad legislativa y contributiva que asume el Congreso de la Unión, conforme a las fracciones X y XXIX, numeral 5, inciso a), del artículo 73 de la Constitución Federal y, por otra parte, la facultad de ejecución y vigilancia normativa del Sistema Eléctrico Nacional, que corresponde al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía, en congruencia con la Ley de la Industria Eléctrica.

• De acuerdo con el artículo 7o. de la ley mencionada, la producción de energía eléctrica está sujeta a la jurisdicción federal, en tanto que la industria respectiva comprende la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como la operación del mercado eléctrico mayorista.

• La ley en cita dispone que la regulación de la industria eléctrica y del Sistema Eléctrico Nacional tiene por finalidad promover su desarrollo sustentable y garantizar su operación continua.

• En ese sentido, las denominadas "energías limpias", como son la eólica o solar, se encuentran reguladas bajo el ámbito federal. Lo anterior pone de manifiesto que la Federación detenta la competencia exclusiva para legislar, imponer contribuciones, ejecutar y vigilar el cumplimiento de las normas relativas a la planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución y las demás actividades de la industria eléctrica.

• Si bien el artículo 115 constitucional faculta a los municipios para autorizar, controlar y vigilar el uso de suelo en su territorio, así como para expedir licencias o permisos de construcción, lo cierto es que dicha facultad está limitada por la regulación federal en las materias reservadas, como es la industria de la energía eléctrica, cuya ley establece los términos y condiciones a las que se sujeta el uso del suelo para ese sector.

• El Ejecutivo Federal cuenta con facultades exclusivas para autorizar el cambio de uso de suelo en las actividades relacionadas con la materia de energía eléctrica, lo que restringe la competencia municipal para expedir permisos para el funcionamiento de instalaciones relacionadas.

• No pasa inadvertido que la norma impugnada no impone el cobro de tarifas por otorgar concesiones o permisos para realizar actividades relacionadas con la industria eléctrica. No obstante, lo relevante es que el precepto cuestionado sí prevé el pago de derechos por la expedición de licencias para el funcionamiento de instalaciones destinadas a la producción de energía termoeléctrica, térmica solar, hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica, aerogenerada o similares.

• La legislación impugnada permite al municipio obtener ingresos relacionados con la materia de energía eléctrica, a pesar de que no puede imponerse una doble tributación sobre dicha actividad, pues ello es una facultad reservada al Congreso de la Unión. Por lo tanto, corresponde en exclusiva a la Federación regular e imponer contribuciones en la materia de uso de suelo y permisos de construcción relacionados con la industria eléctrica.

• La extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó un criterio similar, al resolver el amparo en revisión 262/2023.

4. Radicación y turno del asunto. Mediante acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco, la entonces Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente bajo el número 115/2025 y ordenó turnarlo al entonces Ministro Alberto Pérez Dayán.

5. Admisión. Por acuerdo de seis de marzo de dos mil veinticinco, el entonces Ministro instructor admitió a trámite la demanda y tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza y, como terceros interesados, a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Municipio de Cuatro Ciénegas, del Estado de Coahuila de Zaragoza. Finalmente, se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

6. Manifestaciones de la Cámara de Senadores. Por oficio presentado el nueve de abril de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Senado de la República, por conducto de su delegado, realizó las siguientes manifestaciones

• Materia de hidrocarburos. Del análisis sistemático de los artículos 27, párrafos cuarto y sexto, 28 y 73, fracción X, constitucionales se advierte que es facultad del Congreso de la Unión legislar sobre la materia de hidrocarburos y que la explotación, uso o aprovechamiento de los recursos naturales son actividades que sólo pueden realizar los particulares a través de las concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, sin que las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas constituyan monopolios.

• La Ley de Hidrocarburos recoge los anteriores lineamientos, pues sus artículos 95, primer párrafo, y 131 establecen que la industria de hidrocarburos es de exclusiva jurisdicción federal, lo que incluye las actividades de exploración y extracción de esa clase de sustancias.

• Por otro lado, si bien el artículo 115, fracción V, de la Constitución Federal otorga competencia a los municipios para autorizar, controlar y vigilar el uso de suelo, lo cierto es que dicha facultad debe ejercerse de conformidad con las leyes federales que regulan la materia de hidrocarburos. Además, la facultad municipal para conceder licencias y permisos de construcción no incluye el funcionamiento de las edificaciones para desarrollar actividades relacionadas con los hidrocarburos.

• No se soslaya que la norma impugnada en el presente caso no prevé el cobro por otorgar concesiones o permisos para realizar actividades relacionadas con hidrocarburos. No obstante, dicho precepto legal sí establece el pago de derechos por la expedición de licencias para el funcionamiento de edificaciones destinadas a la extracción de gas y de pozos para extraer otros hidrocarburos, lo que demuestra la invasión a la esfera de competencias del Congreso de la Unión.

• Materia de energía eléctrica. La misma situación se presenta en relación con la rectoría federal en la materia de energía eléctrica. Los artículos 25, quinto párrafo, 27, sexto párrafo, y 28, cuarto párrafo, constitucionales establecen que corresponde en exclusiva a la Federación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica para la prestación de dicho servicio público.

• Por su parte, el artículo 73, fracciones X y XXIX, numeral 5, inciso a), de la Constitución Federal confiere al Congreso de la Unión la facultad para legislar en toda la República en la materia de energía eléctrica y nuclear, así como para establecer contribuciones en esas materias.

• En ejercicio de esa facultad, el Congreso de la Unión expidió la Ley de la Industria Eléctrica, cuyos artículos 2o., 6o. y 7o. establecen que las acciones que comprenden la producción de energía eléctrica son de jurisdicción federal. Además, dicha ley prevé que los gobiernos de los Estados y municipios contribuirán al desarrollo de proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, mediante procedimientos y bases de coordinación que agilicen y garanticen el otorgamiento de los permisos y autorizaciones en el ámbito de su competencia. Lo anterior significa que la regulación de uso de suelo para realizar las actividades derivadas de la industria eléctrica corresponde únicamente al Ejecutivo Federal.

• En el presente caso, el numeral 2 de la fracción I de la norma impugnada prevé el pago de derechos por la expedición de licencias para el funcionamiento de instalaciones productoras de energía termoeléctrica, térmica solar, hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica, aerogenerada o similares. Dicha disposición tiene como consecuencia el cobro por parte del municipio a los contribuyentes de un servicio relacionado con la materia de energía eléctrica, lo que lleva a concluir que el legislador local invadió las facultades exclusivas de la Federación.

7. Manifestaciones de la Cámara de Diputados. Por oficio presentado el once de abril de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la Cámara de Diputados, por conducto del Presidente de su Mesa Directiva, formuló los siguientes argumentos:

• En términos del artículo 73, fracciones X y XXIX, constitucional corresponde a la Federación legislar en las materias de energía eléctrica e hidrocarburos, así como establecer contribuciones sobre el aprovechamiento y explotación de bienes del dominio de la Nación.

• La litis en el asunto se centra en determinar si la Ley de Ingresos del Municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco es contraria a dichas disposiciones constitucionales, por invadir las facultades exclusivas de la Federación en las materias mencionadas.

8. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza. Por oficio recibido en este Alto Tribunal el veintitrés de mayo de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el director de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza contestó la demanda en los siguientes términos:

• De la interpretación sistemática del capítulo y sección de la ley en que se ubica el precepto impugnado se advierte que se trata de disposiciones jurídicas relacionadas con la expedición de licencias, permisos y autorizaciones en la materia de control ambiental.

• Del contenido de la norma impugnada se advierte que no genera una intromisión en la esfera competencial de las autoridades federales.

• En principio, la expedición de licencias y permisos para vigilar el uso de suelo se enmarca dentro de la esfera competencial de los municipios, en términos de lo dispuesto por los artículos 115, fracción V, y 124 constitucionales.

• Como lo sostuvo la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 50/2010 y al resolver la contradicción de tesis 441/2009, los derechos por la autorización municipal para la construcción de infraestructura en la vía pública previstos en leyes de ingresos municipales no invaden la esfera de competencia del Congreso de la Unión.

• En ese sentido, si la norma reclamada regula la expedición de licencias, permisos, autorizaciones y servicios de control ambiental para vigilar el uso de suelo, entonces es claro que no invade las competencias federales, pues el Congreso Local cuenta con dicha facultad.

• Ahora bien, las autoridades estatales y municipales tienen la obligación de garantizar los derechos humanos, como en el caso es el derecho a un medio ambiente sano. Para cumplir con dicha obligación, los municipios deben autorizar, controlar y vigilar el uso de suelo dentro de su jurisdicción territorial, así como otorgar permisos en la materia de control ambiental. Estas facultades conforman una materia concurrente entre las autoridades federales, estatales y municipales, tal como lo dispone el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dichas consideraciones fueron retomados por la Primera Sala al resolver el amparo en revisión 492/2020.

9. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza. Mediante escrito recibido el veintitrés de mayo de dos mil veinticinco, el consejero jurídico del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza dio contestación a la demanda y expresó lo siguiente:

• No se hicieron valer agravios en contra de la promulgación y publicación de las normas impugnadas, en tanto que dichas actuaciones se apegaron a la Constitución local. Por lo tanto, es infundada la presente controversia constitucional en relación con los actos atribuidos al Ejecutivo local.

10. Audiencia y cierre de la instrucción. Previa formulación de alegatos por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el dieciocho de junio de dos mil veinticinco se celebró la audiencia y, por acuerdo del diecinueve de junio siguiente, el entonces Ministro instructor declaró cerrada la instrucción.

11. Returno. Mediante acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el returno del asunto al Ministro Arístides Rodrigo Guerrero García para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

II. COMPETENCIA

12. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, así como el Punto Segundo, fracción I,(3) del Acuerdo General 2/2025 (12a.) de tres de septiembre de dos mil veinticinco, del Pleno de este Alto Tribunal, en el que se precisan los asuntos de su competencia.

III. PRECISIÓN Y EXISTENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA

13. Con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) se precisa la norma que es objeto de la presente controversia constitucional.

14. Precisión de la norma impugnada. En el apartado respectivo de la demanda, la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal señaló como norma impugnada al artículo 34, fracción I, numerales 1 a 6, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, expedida mediante el Decreto número 147. Dicho precepto es del tenor siguiente:

Artículo 34. Con base en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza, son objeto de estos derechos, los servicios prestados por las autoridades municipales.

I. Por la expedición de Licencias de Funcionamiento de las centrales productoras de energía termoeléctrica, térmica solar, hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica, aerogeneradores, o similares, así como de las edificaciones para la extracción del gas de lutitas o gas shale, gas natural y gas no asociado y los pozos para la extracción de cualquier hidrocarburo, se cobrará anualmente las siguientes tarifas:

1. Edificación para la extracción de gas de lutitas o gas shale $40,031.82 por unidad.

2. Edificación productora de energía termoeléctrica, térmica solar, hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica, aerogenerador, o similares, $40,031.82 por cada aerogenerador o unidad.

3. Edificación para la extracción de Gas Natural $40,031.82 por cada unidad.

4. Edificación para la extracción de Gas No Asociado $40,031.82 por cada unidad.

5. Por perforación en pozos verticales y direccionales en el área específica a yacimientos convencionales (Roca Reservorio) en trampas estructurales en el que se encuentre el hidrocarburo $40,031.82 por cada pozo.

6. Por perforación de pozo para la extracción de cualquier hidrocarburo $40,031.82 por cada pozo.

15. Existencia de la norma impugnada. La existencia del precepto normativo que se combate quedó debidamente acreditada con su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, de diecisiete de diciembre de dos mil veinticuatro.

IV. OPORTUNIDAD

16. Conforme al artículo 21, fracción II, de la ley reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) el plazo para promover la controversia constitucional en contra de normas generales es de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o bien, a partir de su primer acto de aplicación.

17. En el caso, el decreto impugnado se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza el diecisiete de diciembre de dos mil veinticuatro. Por lo tanto, el plazo para promover la presente controversia constitucional transcurrió del jueves dos de enero al viernes catorce de febrero de dos mil veinticinco.(6) Si la demanda se presentó el catorce de febrero de dos mil veinticinco, es inconcuso que fue promovida de forma oportuna.

V. LEGITIMACIÓN ACTIVA

18. De conformidad con el artículo 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Federal, en relación con los numerales 10 y 11 de la ley reglamentaria de la materia, las partes en las controversias constitucionales deben comparecer por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlas.

19. Como cuestión previa, cabe aclarar que la presente controversia constitucional fue promovida por el Poder Ejecutivo Federal, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza, por la invasión a la esfera de competencias federales derivado de la emisión del Decreto mediante el cual se expidió la Ley de Ingresos del Municipio de Cuatro Ciénegas del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco.

20. La extinta Segunda Sala de este Alto Tribunal reconoció en la tesis 2a. XLVII/2003(7) que el Poder Ejecutivo Federal cuenta con facultades para acudir a la controversia constitucional en defensa de los intereses de la Federación.

21. El escrito inicial de demanda fue suscrito por la Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, personalidad que acredita con la copia certificada del nombramiento otorgado el primero de octubre de dos mil veinticuatro, por la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos.

22. En esa tesitura, el artículo 11, tercer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia establece lo siguiente:

Artículo 11. [...] El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos será representado por el secretario de estado, por el jefe del departamento administrativo o por el Consejero Jurídico del Gobierno, conforme lo determine el propio Presidente, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley. [...]

23. Por su parte, el artículo 43, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone lo siguiente:

Artículo 43. A la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal corresponde el despacho de los asuntos siguientes: [...]

X. Representar al Presidente de la República, cuando éste así lo acuerde, en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los demás juicios en que el titular del Ejecutivo Federal intervenga con cualquier carácter. La representación a que se refiere esta fracción comprende el desahogo de todo tipo de pruebas; [...]

24. Finalmente, el único punto del Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil uno, señala lo siguiente:

Único. El Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal tendrá la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las que el titular del Ejecutivo Federal sea parte o requiera intervenir con cualquier carácter, salvo en las que expresamente se le otorgue dicha representación a algún otro servidor público. [...]

25. De las anteriores disposiciones se advierte que la Consejera Jurídica cuenta con facultades para representar al Poder Ejecutivo Federal ante este Alto Tribunal. En consecuencia, si el escrito inicial de demanda fue suscrito por dicha funcionaria, quien cuenta con facultades para representar al Ejecutivo Federal, entonces debe concluirse que fue presentada por parte legitimada.

VI. LEGITIMACIÓN PASIVA

26. Una vez hechas las anteriores precisiones, se analiza la legitimación de las partes demandadas señaladas por el Ejecutivo Federal, que son los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza.

27. De conformidad con los artículos 10, fracción II, y 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia,(8) tiene el carácter de parte demandada en la controversia constitucional la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia constitucional, que deberá comparecer al juico a través de los funcionarios facultados para representarla en términos de las normas que los rigen.

28. Legitimación del Poder Ejecutivo Local. En términos del artículo 21, fracción XXX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza,(9) corresponde a la Secretaría de Gobierno representar a la persona titular del Ejecutivo Estatal en todo tipo de controversias, juicios o acciones de inconstitucionalidad en que sea parte. Asimismo, en términos de los diversos 5, fracción VII,(10) y 25, fracción VIII,(11) del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, la persona titular de la Consejería Jurídica se encuentra facultada para representar al Ejecutivo local en las controversias constitucionales.

29. En el caso, compareció en representación del Ejecutivo local el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, lo que acreditó con copia certificada de su nombramiento otorgado por el Gobernador de dicha entidad federativa el primero de diciembre de dos mil veintitrés. Por lo tanto, el Consejero Jurídico cuenta con la representación del titular del Poder Ejecutivo local en el presente medio de control de constitucionalidad.

30. Legitimación del Poder Legislativo Local. De acuerdo con el artículo 48, fracción I, en relación con el diverso 280, ambos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza,(12) la representación del Poder Legislativo de dicha entidad federativa corresponde al Presidente de la Mesa Directiva, la cual puede ser delegada a las personas titulares de sus órganos técnicos, mediante la expedición del mandato legal correspondiente.

31. En el presente caso, el Director de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza compareció en representación de dicho órgano legislativo. Dicha representación se acreditó con la copia certificada del acuerdo emitido el once de octubre de dos mil veinticuatro por la Presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso Local, en el que consta la designación respectiva, así como con la copia certificada del diverso acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil veinticinco por el que la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Estatal otorgó al director de Asuntos Jurídicos un poder general para pleitos y cobranzas para representar a dicho Poder en toda clase de juicios. En virtud de lo anterior, se concluye que el director referido cuenta con legitimación para representar al Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza en la presente controversia constitucional.

32. Legitimación de las partes terceras interesadas. Por otra parte, las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión están legitimadas para intervenir en la presente controversia constitucional con el carácter de terceras interesadas.

33. En términos de los artículos 10, fracción III,(13) y 11 de la ley reglamentaria de la materia, son terceros interesados en las controversias constitucionales los poderes, entidades u órganos que, sin ser actores o demandados, pudieran resultar afectados por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En todo caso, los terceros interesados deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

34. La Cámara de Senadores compareció por conducto de uno de los delegados a quien se reconoció dicho carácter durante el trámite de este asunto, mediante acuerdo de diez de abril de dos mil veinticinco.

35. Por su parte, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión compareció por conducto del Presidente de su Mesa Directiva, quien cuenta con la r

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34276-0a37fd2c/i-licencias-para-construccion-de-edificaciones-para-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.