I. LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE EDIFICACIONES DESTINADAS A LA EXTRACCIÓN DE GAS DE LUTITAS O GAS SHALE, GAS NATURAL Y GAS NO ASOCIADO, ASÍ COMO PARA LA PERFORACIÓN DE POZOS PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y CUALQUIER HIDROCARBURO. LAS DISPOSICIONES LOCALES QUE ESTABLECEN EL PAGO DE DERECHOS POR SU EXPEDICIÓN INVADEN LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 25, 27, 28 Y 73, FRACCIONES X, XXIX, NUMERAL 2o., Y XXIX-G, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 23, FRACCIÓN I, NUMERALES 1, 3, 4, 5 Y 6, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICINCO). II. LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CENTRALES PRODUCTORAS DE ENERGÍA TERMOELÉCTRICA, TÉRMICA SOLAR, HIDROELÉCTRICA, EÓLICA, FOTOVOLTAICA, AEROGENERADORES O SIMILARES. LAS DISPOSICIONES LOCALES QUE ESTABLECEN UN PAGO POR SU OTORGAMIENTO SE VINCULAN CON LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO PÚBLICO DE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, POR LO QUE INVADEN EL ÁMBITO FEDERAL, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 25, 27, 28 Y 73, FRACCIONES X Y XXIX, NUMERAL 5o., INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 23, FRACCIÓN I, NUMERAL 2, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICINCO). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 23, FRACCIÓN I, NUMERALES 1, 2, 3, 4, 5 Y 6, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICINCO).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 105/2025. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 1 DE DICIEMBRE DE 2025. PONENTE: MINISTRA MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ. SECRETARIO: RAYMUNDO ESPINOZA HERNÁNDEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al primero de diciembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 105/2025, promovida por el Poder Ejecutivo Federal en contra del artículo 23, fracción I, numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6 de la Ley de Ingresos del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2025, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, emitida por el Poder Legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, en contravención de los artículos 25, párrafo quinto, 27, párrafos cuarto, sexto y séptimo, 28, párrafo cuarto, 73, fracciones X, XXIX, numerales 2o. y 5o, inciso a); y 124, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de febrero de dos mil veinticinco, la persona titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la que impugna el Decreto 174 por el que se expidió la “Ley de Ingresos del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2025”, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, específicamente el artículo 23, fracción I, numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6.
2. Preceptos constitucionales vulnerados. El Poder actor señala como preceptos constitucionales vulnerados los artículos 25, párrafo quinto; 27, párrafos cuarto, sexto y séptimo; 28, párrafo cuarto; 73, fracciones X y XXIX numerales 2o. y 5o., inciso a); y 124, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Conceptos de invalidez. El Poder actor expresó dos conceptos de invalidez, en los que, esencialmente, alega que la norma impugnada vulnera la competencia exclusiva de la Federación en materia de hidrocarburos y de energía eléctrica, ya que establece el pago de derechos por la expedición de licencias de funcionamiento para distintas actividades que se desarrollan en esos sectores, sin que el Poder Legislativo de la entidad federativa tenga facultades para ello.
4. Radicación y turno. Mediante proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco, la persona titular de la presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación formó, registró y turnó el expediente como controversia constitucional 105/2025 al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
5. Admisión y trámite. El seis de marzo de dos mil veinticinco, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza y ordenó su emplazamiento para que formularan la contestación correspondiente.
6. Terceros interesados. Asimismo, el Ministro instructor reconoció a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión y al Municipio de Sierra Mojada del Estado de Coahuila de Zaragoza el carácter de terceros interesados, por lo que se les dio vista para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, con el apercibimiento correspondiente.
7. Vista a la Fiscalía General de la República. De igual manera, el Ministro instructor ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que, en su caso, realizara las manifestaciones respectivas, conforme al artículo 10, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
8. Manifestaciones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Mediante escrito recibido el veintinueve de abril de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Cámara de Diputados por conducto de su representante legal manifestó esencialmente que se debía determinar si la norma impugnada resulta contraria o no a los artículos 25, 27, 28, 73 y 124 constitucionales, así como si dicha norma invade facultades exclusivas de la Federación.
9. Manifestaciones de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Mediante oficio recibido el nueve de abril de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la Cámara de Senadores por conducto de su representante legal manifestó esencialmente que, conforme a la fracción X del artículo 73 constitucional es facultad exclusiva de la Federación legislar en toda la República sobre hidrocarburos y energía eléctrica, por lo que, con la norma impugnada, el Poder Legislativo de la entidad federativa invade su competencia.
10. Por acuerdos de siete de mayo y veintidós de abril, ambos de dos mil veinticinco, el Ministro instructor tuvo por presentadas las manifestaciones de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, en su carácter de terceros interesados.
11. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza. Mediante escrito depositado en la oficina de correos de la localidad el nueve de mayo de dos mil veinticinco, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintitrés de mayo, la persona titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza dio contestación a la demanda e insistió en la validez de la norma impugnada, ya que el cobro por la expedición de licencias de funcionamiento a que se refiere es una competencia municipal que salvaguarda el derecho humano a un medio ambiente sano en cumplimiento de compromisos internacionales contraídos por el Estado mexicano.
12. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza. Por escrito depositado en la oficina de correos de la localidad el nueve de mayo de dos mil veinticinco, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintitrés mayo, la persona titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza dio contestación a la demanda y adujo que en la demanda no se le atribuye al Poder Ejecutivo del Estado de forma directa acto alguno contrario a la distribución de competencias que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
13. Mediante acuerdo de treinta de mayo de dos mil veinticinco, el Ministro instructor tuvo por contestada la demanda. Asimismo, hizo efectivo el apercibimiento decretado en el auto de admisión al Municipio de Sierra Mojada del Estado de Coahuila de Zaragoza, en su carácter de tercero interesado, por lo que ordenó que las posteriores notificaciones se le hicieran por medio de lista. Finalmente señaló fecha de audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas, y alegatos.
14. Opinión de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimento.
15. Audiencia. El dos de julio de dos mil veinticinco se llevó a cabo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de la materia, en la que se relacionaron las pruebas que obran en autos y los alegatos formulados por el Poder Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
16. Cierre de instrucción. Mediante proveído de ocho de julio de dos mil veinticinco, el Ministro instructor agregó al expediente el acta de la audiencia. Asimismo, tuvo por desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes y los alegatos. Finalmente, declaró cerrada la instrucción.
17. Returno. Por acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, el asunto fue radicado en la Ponencia de la Ministra María Estela Ríos González de conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2025 (12a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que regula la recepción, registro y turno de los asuntos de su competencia.
I. COMPETENCIA
18. Conforme a los artículos 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como al Punto Segundo, fracción I, del Acuerdo General 2/2025 (12a) de tres de septiembre de dos mil veinticinco, este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la controversia constitucional, en virtud de que se plantea un conflicto competencial entre el Poder Ejecutivo Federal y los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS
19. El Poder actor impugna el artículo 23, fracción I, numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley de Ingresos del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal de dos mil veinticinco, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.
III. OPORTUNIDAD
20. En términos del artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la demanda de controversia constitucional fue presentada de oportunamente.(1)
IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA
21. Conforme a los artículos 10, fracción I, y 11, párrafos primero y tercero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Ejecutivo Federal cuenta con legitimación activa para promover la controversia constitucional.
22. En específico, con fundamento en los artículos 90, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 43, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Poder Ejecutivo Federal promovió la controversia constitucional por conducto de la persona titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, cargo que se tiene por acreditado con la copia certificada de su nombramiento.
V. LEGITIMACIÓN PASIVA
23. Los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza cuentan con legitimación pasiva en la controversia constitucional, de acuerdo con los artículos 10, fracción II, y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(2)
24. El Poder Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza compareció por conducto de la persona titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, quien acreditó su personalidad con copia certificada del Acuerdo de la Presidenta de la Mesa Directiva del segundo año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura, de once de octubre de dos mil veinticuatro, así como de su nombramiento.(3)
25. El Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza contestó la demanda por conducto de la persona titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, quien acreditó ese carácter con copia certificada de su designación de uno de diciembre de dos mil veintitrés.(4)
VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
26. El Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza sostuvo que promulgó y publicó la Ley de Ingresos del Municipio de Sierra Mojada en cumplimiento de los artículos 62, fracción IV, 64, 66 y 84, fracción III de la Constitución Política del Estado de Coahuila, sin intervenir en la dictaminación, discusión, votación y aprobación de la norma impugnada.
27. No obstante, se advierte que el Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza sí participó en el proceso legislativo de la norma impugnada, precisamente al promulgar y publicar la Ley de Ingresos del Municipio de Sierra Mojada que la contiene a fin de darle plena validez y eficacia.
28. En este sentido, al intervenir en la emisión de la norma impugnada, corresponde al Poder Ejecutivo demandado responder por la validez de sus actos. Por consiguiente, se desestima su planteamiento al no constituir ni actualizar alguna causa de improcedencia prevista en la Ley Reglamentaria. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 38/2010, de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES”.(5)
29. Los Poderes demandados no alegaron otra causa de improcedencia y este Pleno tampoco advierte que se actualice alguna diversa, por lo tanto, procede realizar el estudio de fondo del asunto.
VII. ESTUDIO DE FONDO
30. Con el fin de resolver la presente controversia constitucional, se señalan los conceptos de invalidez que hizo valer el Poder actor, así como los argumentos esgrimidos por el Poder Legislativo de la entidad federativa.
31. En los conceptos de invalidez, el Poder actor impugna el artículo 23, fracción I, numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley de Ingresos del Municipio de Sierra Mojada, del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal de dos mil veinticinco, con el argumento de que la regulación de las materias de hidrocarburos y energía eléctrica, incluido el establecimiento de contribuciones relacionadas con éstas, es competencia exclusiva de la Federación, de conformidad con los artículos 25, párrafo quinto; 27, párrafos cuarto, sexto y séptimo; 28, párrafo cuarto; 73, fracciones X y XXIX, numerales 2o., y 5o., inciso a); y 124, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, las entidades federativas no están facultadas para legislar, imponer contribuciones, ejecutar o vigilar actividades en materia de hidrocarburos y energía eléctrica. Menos aún pueden otorgar o delegar dichas facultades a los Municipios a través de leyes estatales en materia hacendaria.
32. En particular, el Poder Ejecutivo Federal señala en su primer concepto de invalidez que el artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta a los Municipios para emitir licencias de uso de suelo y permisos de construcción, pero no los autoriza a recaudar contribuciones impuestas respecto de la cadena de valor de los hidrocarburos.
33. Asimismo, el Poder actor manifiesta que la norma impugnada prevé un pago de derechos por la expedición de licencias de funcionamiento para actividades del sector de hidrocarburos, con lo que se vulnera la competencia del Gobierno Federal en cuanto a que la vigilancia técnica de las construcciones y establecimientos en materia de hidrocarburos es una facultad exclusiva de la Federación que se ejerce por conducto de la Secretaría de Energía.
34. Al respecto, el Poder actor indica que resulta aplicable lo expuesto en la controversia constitucional 65/2024,(6) en la cual se determinó que, si la norma impugnada establece el cobro a los contribuyentes por parte del Municipio de un servicio de explotación y regulación en materia de hidrocarburos, es claro que el legislador local invade facultades exclusivas de la Federación y, por consiguiente, resulta procedente declarar la inconstitucionalidad de la norma en cuestión.
35. En su segundo concepto de invalidez, el Poder actor señala que las entidades federativas no poseen facultades legislativas, contributivas ni de ejecución y vigilancia sobre la industria eléctrica, al ser una materia de competencia exclusiva de la Federación, de conformidad con los artículos 25, 27, 28 y 73, fracciones X y XXI (sic) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, precisa que la norma impugnada prevé el pago de derechos por la expedición de licencias de funcionamiento para actividades del sector eléctrico, con lo que se vulnera la competencia del Gobierno Federal en cuanto a que la vigilancia técnica de las construcciones y establecimientos en materia energética es una facultad exclusiva de la Federación que se ejerce por conducto de la Secretaría de Energía.
36. De igual manera, el Poder actor señala que las facultades constitucionales de los Municipios relativas al otorgamiento de licencias o permisos sobre el uso de suelo, construcciones de obra y funcionamiento están restringidas cuando se trata de alguna materia reservada a la Federación, como es el caso de la energía eléctrica, sobre todo cuando se grava su expedición y se incide en aspectos técnicos vinculados con la instalación, operación y mantenimiento de sus insumos esenciales.
37. El Poder Ejecutivo Federal aduce que la Federación es la única autoridad competente para regular e imponer contribuciones en materia de energía eléctrica, conforme a la interpretación integral de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes federales de la materia, por lo que la norma impugnada debe declararse inválida al invadir la esfera de competencias de la Federación.
38. Cabe destacar que, el Poder Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza afirma que la norma combatida establece el cobro de derechos por la expedición de licencias de funcionamiento en materia de control ambiental de edificaciones para extracción de hidrocarburos y de centrales productoras de energía, en congruencia con la obligación del Estado mexicano de proteger y garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, así como los principios de prevención y precaución, cuyo cumplimiento debe anteponerse a la observancia del sistema de distribución de competencias previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de no violentar tratados internacionales vigentes en el país al fijar limitaciones arbitrarias de carácter interno.
39. Asimismo, el Poder Legislativo de la entidad federativa arguye que la obligación de proteger, promover, respetar y garantizar el acceso de las personas a un medio ambiente sano es una facultad municipal, estatal y federal, pues, conforme a la fracción V del artículo 115 constitucional, los municipios están facultados para autorizar, controlar y vigilar el uso del suelo en su jurisdicción territorial, así como para otorgar licencias y permisos en materia de control ambiental, por lo que la protección del medio ambiente es una materia concurrente, en términos del artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la legislación ambiental.
40. Dado que el contenido de la norma impugnada se relaciona con dos distintas materias, el estudio se realizará en dos apartados: A) Invasión de facultades exclusivas del Congreso de la Unión en materia de hidrocarburos y, B) Invasión de facultades exclusivas del Congreso de la Unión en materia de energía eléctrica.
A) Invasión de facultades exclusivas del Congreso de la Unión en materia de hidrocarburos.
41. La norma impugnada establece un gravamen en favor del Municipio de Sierra Mojada del Estado de Coahuila de Zaragoza por la expedición de licencias de funcionamiento en materia de hidrocarburos conforme a lo siguiente:
Ver norma con resaltado
42. Al respecto, el artículo 25, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional, así como, que el Gobierno Federal mantendrá siempre la propiedad y el control sobre los organismos y empresas públicas del Estado que en su caso se establezcan.
43. De igual manera, el artículo 25, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la Nación lleva a cabo las actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos en términos de lo dispuesto por el párrafo séptimo del artículo 27 constitucional,(7) conforme al cual la propiedad de la Nación sobre el petróleo y los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, es inalienable e imprescriptible y no es posible otorgar concesiones. En este sentido, el Estado lleva a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos a través de asignaciones a empresas públicas o mediante contratos con éstas o con particulares. Del mismo modo, en el párrafo cuarto del precepto constitucional referido se establece que le corresponde a la Nación el dominio directo del petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos.
44. Por su parte, conforme al artículo 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos. Además, el párrafo noveno del mismo precepto constitucional prevé que el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la dependencia encargada de conducir y supervisar la política energética del país, contará con las atribuciones para llevar a cabo la regulación técnica y económica, así como la facultad sancionadora en materia de hidrocarburos, en los términos que determinen la ley.
45. Ahora bien, el artículo 73, fracciones X y XXIX, numerales 2o. y 5o., inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la facultad del Congreso de la Unión para legislar en toda la República en materia de hidrocarburos, así como, para establecer contribuciones sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en el párrafo cuarto del artículo 27 constitucional, en particular, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos, además de contribuciones especiales sobre gasolina y otros productos derivados del petróleo.
46. Al respecto, cabe precisar que la norma impugnada fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, esto es, durante la vigencia de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. No obstante, este Alto Tribunal advierte que el dieciocho de marzo de dos mil veinticinco se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Sector Hidrocarburos, reglamentaria de los artículos 25, párrafo quinto; 27, párrafo séptimo; y 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que abrogó los ordenamientos referidos.
47. En este sentido, en los artículos 4, 5 y 95 de la Ley de Hidrocarburos, así como 5, 6 y 127 de la Ley del Sector de Hidrocarburos, se reconocen las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos como áreas estratégicas sobre las cuales el Estado ejerce funciones de manera exclusiva sin que constituyan monopolios. Asimismo, se definen diversos conceptos que son gravados por la norma impugnada, entre ellos: extracción, gas de lutitas o gas shale, gas natural, gas no asociado e hidrocarburos. Igualmente, se confirma que la industria de hidrocarburos es de exclusiva jurisdicción federal, por lo que únicamente el Gobierno Federal es competente para dictar las disposiciones técnicas reglamentarias y de regulación en la materia, incluidas las relacionadas con la emisión de gases de efecto invernadero, el desarrollo sustentable, el equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente en el desarrollo de esta industria.
48. Este Alto Tribunal advierte que las actividades previstas en la norma impugnada consistentes en la extracción de gas de lutitas o gas shale, gas natural y gas no asociado, así como la perforación de pozos para la extracción de cualquier hidrocarburo, constituyen supuestos previstos expresamente en la legislación federal referida a favor de autoridades que forman parte de la Administración Pública Federal. Además, los conceptos que utiliza la norma impugnada se encuentran definidos y regulados en la legislación federal de la materia.
49. En cuanto a la afirmación del Poder Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza de que con la norma impugnada se cumple con la obligación de proteger el medio ambiente, cabe precisar que la fracción XXIX-G del artículo 73 constitucional prevé como facultad del Congreso de la Unión expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico. En este sentido, el sistema de facultades concurrentes implica que autoridades de diversos órdenes de gobierno pueden actuar respecto de una misma materia, como la ambiental, según la forma y los términos que determina el Congreso de la Unión a través de una ley general.(8)
50. Al respecto, este Alto Tribunal advierte que el artículo 11, fracción III, inciso b), de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente prevé, como facultad de la Federación, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la suscripción de convenios o acuerdos de coordinación con el objeto de que los gobiernos de las entidades federativas, con la participación de sus Municipios o demarcaciones territoriales tratándose de la Ciudad de México, puedan evaluar el impacto ambiental de las obras o actividades a que se refiere el artículo 28 de dicho ordenamiento y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes, con excepción de obras relacionadas con las industrias del petróleo, petroquímica, cemento, siderurgia y electricidad.
51. En su fracción II, el referido artículo 28 dispone que la evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente, así como preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente en diversas industrias, entre ellas la del petróleo y petroquímica.
52. Asimismo, el artículo 111 Bis, también de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, prevé que para la operación y funcionamiento de las fuentes fijas de jurisdicción federal que emitan o puedan emitir olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera, se requiere de la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Precisamente, el artículo define como fuentes fijas de jurisdicción federal diversas industrias, entre las que se encuentra la del petróleo y petroquímica.
53. En congruencia con lo anterior, la Ley de la Agencia de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos crea dicha institución como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el objeto de proteger a las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos a través de la regulación y supervisión de la seguridad industrial y operativa, las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, así como el control integral de los residuos y emisiones contaminantes.
54. Las fracciones XIII y XIV del artículo 3 del ordenamiento en mención definen, respectivamente, la seguridad industrial y la seguridad operativa que corresponde vigilar a la Agencia de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. Por un lado, la seguridad industrial gestiona los riesgos mediante normas técnicas para proteger al personal, las instalaciones y el medio ambiente. Por otro, la seguridad operativa se enfoca en los procesos contenidos en las disposiciones técnicas de las operaciones que regulan la tecnología aplicada, es decir, desde el diseño hasta el mantenimiento e incluye procedimientos, entrenamientos, respuesta a emergencias, auditorías y aseguramiento de calidad, entre otras prácticas.(9)
55. En este sentido, se corrobora que la protección del medio ambiente en relación con actividades del sector hidrocarburos es de competencia exclusiva de la Federación. Confirma lo anterior, la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia constitucional 158/2021,(10) en la cual determinó que la materia ambiental referente a los hidrocarburos se encuentra reservada de forma exclusiva a la Federación.
56. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce las facultades establecidas a favor de los Municipios en las fracciones IV y V, incisos d) y f), del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No obstante, este Alto Tribunal también advierte que, conforme al artículo 73, fracción XXIX, numeral 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le corresponde únicamente al Congreso de la Unión el establecimiento de contribuciones sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en el párrafo cuarto del artículo 27 constitucional, en particular, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos.
57. En este sentido, las facultades constitucionales de los órganos legislativos locales y de los Municipios, en particular las relacionadas con el uso de suelo, las licencias de construcción y las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, están limitadas por la competencia exclusiva de la Federación en materia de hidrocarburos.
58. En adición a lo anterior, este Alto Tribunal observa que el artículo 10-A, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal dispone que, sin excepción alguna, las entidades federativas que opten por coordinarse no man
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34215-da7b57ea/i-licencias-de-funcionamiento-de-edificaciones-destinadas-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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