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I. CONTRIBUCIONES SOBRE HIDROCARBUROS. LA DISPOSICIÓN LOCAL QUE ESTABLECE EL COBRO DE DERECHOS MUNICIPALES POR LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE EDIFICACIONES DESTINADAS A LA EXTRACCIÓN DE GAS DE LUTITAS O GAS SHALE, GAS NATURAL, GAS NO ASOCIADO Y A LA PERFORACIÓN DE POZOS PARA LA EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS, INVADE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR EN LA MATERIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIONES X Y XXIX-G, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN III, NUMERALES 1, 3, 4, 5 Y 6, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NADADORES, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO, EXPEDIDA MEDIANTE EL DECRETO 161, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO). II. CONTRIBUCIONES ESPECIALES SOBRE ENERGÍA ELÉCTRICA. LA DISPOSICIÓN LOCAL QUE ESTABLECE EL COBRO DE DERECHOS MUNICIPALES POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE EDIFICACIONES PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA TERMOELÉCTRICA, TÉRMICA SOLAR, HIDROELÉCTRICA, EÓLICA, FOTOVOLTAICA, AEROGENERADORES O SIMILARES, INVADE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR EN LA MATERIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIONES X Y XXIX, NUMERAL 5o., INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, AL FORMAR ESTAS ENERGÍAS PARTE DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN III, NUMERAL 2, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NADADORES, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO, EXPEDIDA MEDIANTE EL DECRETO 161, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN III, NUMERALES 1, 2, 3, 4, 5 Y 6, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NADADORES, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO, EXPEDIDA MEDIANTE EL DECRETO 161, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 114/2025. · Registro digital (IUS): 34409
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-11-13
Promovente: Poder Ejecutivo Federal.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Noviembre de 2026.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 114/2025. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 28 DE OCTUBRE DE 2025. PONENTE: MINISTRA MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ. SECRETARIO: EDUARDO MANUEL MÉNDEZ SÁNCHEZ.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiocho de octubre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 114/2025, promovida por el Poder Ejecutivo Federal, en contra del artículo 30, fracción III, numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley de Ingresos del Municipio de Nadadores, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2025, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza el diecisiete de diciembre de dos mil veinticuatro, emitido por el Poder Legislativo y promulgado por el Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, en contravención de lo dispuesto por los artículos 25, párrafo quinto, 27, párrafos cuarto, sexto y séptimo, 28, párrafo cuarto y 73, fracciones X, XXIX numeral 2º y 5º, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en los siguientes antecedentes y apartados:

ANTECEDENTES

1. Presentación de la demanda: Mediante escrito presentado el catorce de febrero de dos mil veinticinco, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la persona titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal promovió controversia constitucional, en la que demanda la invalidez de las normas que más adelante se precisan, emitidas y promulgadas por las autoridades que a continuación se señalan:

2. Entidad, poder u órganos demandados:

• Poder Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza.

• Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza

3. Norma general cuya invalidez se demanda: Ley de Ingresos del Municipio de Nadadores, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2025, específicamente el artículo 30, fracción III, con todos sus numerales, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza el diecisiete de diciembre de dos mil veinticuatro.

4. Preceptos constitucionales que se consideran vulnerados: Artículos 25, párrafo quinto, 27, párrafos cuarto, sexto y séptimo, 28, párrafo cuarto, así como 73, fracciones X, XXIX, numeral 2o. y 5º., inciso a); y 124, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. Conceptos de invalidez. El accionante hizo valer fundamentalmente los siguientes:

PRIMERO. Debe declararse la invalidez de la norma impugnada porque de la interpretación sistemática de los artículos constitucionales citados se desprende que corresponde a la Nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible de las áreas estratégicas, entre ellas los hidrocarburos, ya que es competencia de la Federación el control de las actividades de explotación y extracción.

Mientras que la facultad de los municipios para autorizar, controlar y vigilar el uso de suelo y otorgar licencias y permisos para construcciones, está limitada a la observancia de las leyes federales y estatales, mismas que establecen la facultad exclusiva de la Federación en materia de hidrocarburos.

Si bien la norma impugnada no dispone de manera literal el cobro por el otorgamiento de una concesión o permiso para ejecutar actividades de dichas industrias, sí prevé un pago de derechos por la expedición de Licencias de Funcionamiento de las edificaciones para la extracción del gas de lutitas o gas shale, gas natural y gas no asociado y los pozos para la extracción de cualquier hidrocarburo, que es competencia de la Federación.

SEGUNDO. En materia de energía eléctrica de acuerdo con los artículos 25, párrafo quinto; 27, párrafo séptimo; 28, párrafo cuarto, y 73, fracciones X y XXIX, numeral 5, inciso a), todos de la Constitución Federal, corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y vigilancia del sistema eléctrico nacional, calificándose como área estratégica y de interés público, estableciendo que es la Federación la facultada para ejercer el control y la planeación del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.

La facultad de los municipios está acotada a autorizar, controlar y vigilar el uso de suelo y otorgar licencias y permisos para construcciones, conforme a lo dispuesto de las leyes federales, de conformidad con las cuales, los Estados y municipios deben contribuir al desarrollo de proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica mediante procedimientos y bases de coordinación que agilicen el otorgamiento de permisos y autorización en el ámbito de su competencia.

Si bien la norma impugnada no dispone de manera literal el cobro por el otorgamiento de una concesión o permiso para ejecutar actividades de dichas industrias, sí prevé un pago de derechos por la expedición de Licencias de Funcionamiento de las centrales productoras de energía termoeléctrica, térmica solar, hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica, aerogeneradores, o similares.

6. Radicación y turno. Por proveído de Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco, se registró la presente controversia constitucional con el número de expediente 114/2025, el cual fue turnado para su instrucción correspondiente.

7. Admisión: Mediante auto de seis de marzo de dos mil veinticinco se tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional promovida por el Ejecutivo Federal. Se tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza.

8. Tercero interesado: El Congreso de la Unión y el Municipio de Nadadores del Estado de Coahuila de Zaragoza, a los que se dio vista con la demanda y el auto de admisión de esta, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera.

9. Vista a la Fiscalía General de la República: En términos del artículo 10, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, por acuerdo de seis de marzo de dos mil veinticinco se ordenó dar vista de la demanda.

10. Manifestaciones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión: Mediante escrito recibido el veintinueve de abril de dos mil veinticinco, por conducto del Presidente de la Mesa Directiva, manifestó esencialmente que la litis constitucional se centraba en determinar si la norma impugnada resulta contraria o no a los artículos 25, 27, 28, 73 y 124 de la Constitución General, así como si dicha norma invade facultades de la Federación, por lo que estará al tanto de la resolución.

11. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza. Por escrito depositado en la oficina de correos de la localidad el nueve de mayo de dos mil veinticinco, la persona titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza dio contestación a la demanda en la que insistió en la validez de la norma que se reclama, toda vez que el cobro por la expedición de licencias de funcionamiento para la edificación y perforación previstas en la Ley de Ingresos del Municipio de Nadadores, Coahuila de Zaragoza, está comprendido dentro de las facultades de los municipios, además de salvaguardar el derecho humano a un ambiente sano pues dichas licencias son de control ambiental con el fin de proteger el ambiente y evitar daños irreparables en los ecosistemas.

12. Manifestaciones de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Mediante oficio recibido el nueve de abril de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Delegado autorizado concluye que los conceptos de invalidez del Poder actor son esencialmente fundados toda vez que el artículo 73, fracción X, constitucional faculta al Congreso de la Unión para legislar sobre la materia de hidrocarburos e invade la facultad exclusiva de referencia. Asimismo, argumenta que en materia de energía eléctrica la facultad legislativa la tiene el Congreso de la Unión y la contributiva y ejecutiva la tiene el Ejecutivo Federal, por lo que la norma impugnada invade dichas competencias.

13. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza. Mediante oficio presentado el quince de mayo de dos mil veinticinco depositado en la oficina de correos de la localidad, la persona titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, dio contestación a la demanda, en la que indica que la controversia constitucional es infundada, toda vez que por lo que hace al Ejecutivo del Estado no se atribuye de forma directo algún acto violatorio o concepto de invalidez en cuanto a la promulgación de las normas impugnadas.

14. Acuerdo de dos de junio de dos mil veinticinco: Se tuvo por contestada la demanda, en la controversia constitucional de mérito, por parte del Congreso y del Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza.

15. Acuerdo del veintiuno de abril de dos mil veinticinco. Se tuvieron por hechas las manifestaciones de la Cámara de Senadores, mientras que el ocho de mayo de dos mil veinticinco, se acordaron las de la Cámara de Diputados.

16. Opinión del Fiscal General de la República. El Fiscal General de la República se abstuvo de formular pedimento.

17. Audiencia. El dos de julio de dos mil veinticinco, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de la materia, en la que se relacionaron las pruebas que obran en autos y los alegatos formulados por el Poder Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

18. Cierre de instrucción. Mediante proveído de ocho de julio de dos mil veinticinco, se ordenó integrar a los autos el acta de la audiencia, y se tuvieron por desahogadas las pruebas ofrecidas por su propia y especial naturaleza, así como los alegatos formulados. Finalmente, acordó el cierre de instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

19. Returno. Por acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, el asunto fue radicado en la Ponencia de la Ministra María Estela Ríos González para la elaboración del proyecto respectivo; lo anterior, de acuerdo con el sexto transitorio del Acuerdo General 1/2025 del Pleno de Suprema Corte de Justicia de la Nación.

I. COMPETENCIA

20. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de los artículos 105, fracción I, de la Constitución General y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, así como el Punto Segundo, fracción I, del Acuerdo General 2/2025 (12a) de tres de septiembre de dos mil veinticinco, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que es competente para resolver la controversia constitucional entre el Poder Ejecutivo Federal y el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

II. NORMAS IMPUGNADAS

21. La parte promovente impugnó el artículo 30, fracción III, numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley de Ingresos del Municipio de Nadadores, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2025, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza el diecisiete de diciembre de dos mil veinticuatro, que a la letra establece:

“Decreto 161.- Ley de Ingresos del Municipio de Nadadores, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2025, cuyo contenido es el siguiente:

ARTÍCULO 30.- Con base en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza, son objeto de estos derechos, los servicios prestados por las autoridades municipales por concepto de:

(...)

III.- Por la expedición de Licencia de Funcionamiento de las centrales productoras de energía termoeléctrica, térmica solar, hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica, aerogeneradores, o similares, así como de las edificaciones para la extracción del gas de lutitas o gas shale, gas natural y gas no asociado y los pozos para la extracción de cualquier hidrocarburo, se cobrará anualmente la siguiente tarifa:

1.- Edificación para la extracción de gas de lutitas o gas shale $ 37,514.00 por cada unidad.

2.- Edificación productora de energía termoeléctrica, térmica solar, hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica, aerogenerador o similares, 37,514.00 por cada aerogenerador o unidad.

3.- Edificación para la extracción de Gas Natural $ 37,514.00 por cada unidad.

4.- Edificación para la extracción de Gas No Asociado $ 37,514.00 por cada unidad.

5.- Por perforación en pozos verticales y direccionales en el área específica a yacimientos convencionales (Roca Reservorio) en trampas estructurales en el que se encuentre el hidrocarburo $ 37,514.00 por cada pozo.

6.- Por perforación de pozo para la extracción de cualquier hidrocarburo $ 37,514.00 por cada pozo.”

III. OPORTUNIDAD

22. La presentación de la demanda, en términos del artículo 21, fracción II,(1) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General, fue oportuna ya que la norma impugnada fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el viernes diecisiete de diciembre de dos mil veinticuatro, y la controversia fue presentada en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el catorce de febrero de dos mil veinticinco, por lo que se concluye que su presentación se hizo dentro del plazo de treinta días hábiles que refiere el precepto citado.

IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA

23. El accionante, Poder Ejecutivo Federal, está legitimado para interponer la presente controversia constitucional en términos de los artículos 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) 10, fracción I,(3) y 11, párrafos primero y tercero,(4) de la Ley Reglamentaria de la materia, en la inteligencia de que dicho poder promovió esta controversia constitucional por conducto de la persona titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en su carácter de representante, como lo dispone el párrafo cuarto del artículo 90 constitucional y artículo 43, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.(5)

V. LEGITIMACIÓN PASIVA

24. La tienen los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, conforme a los artículos 10, fracción II,(6) y 11, párrafo primero, de la citada Ley Reglamentaria.

25. El Poder Legislativo de la entidad compareció por conducto de su representante legal que acreditó su personalidad con copia certificada del Acuerdo de la Presidenta de la Junta de Gobierno del H. Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano, de Coahuila de Zaragoza, de once de octubre de dos mil veinticuatro, así como de su nombramiento.(7)

26. El Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza contestó la demanda por conducto de la persona titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, quien acreditó ese carácter con copia certificada de su designación del primero de diciembre de dos mil veintitrés.(8)

27. Las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión cuentan con legitimación pasiva de conformidad con el artículo 10, fracción III,(9) de Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal.

28. Las personas representantes de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, comparecieron en el presente juicio de Controversia Constitucional, al presentar las manifestaciones correspondientes.

VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

29. El Poder Ejecutivo local reconoció como cierto el acto relativo a la promulgación de la norma general impugnada y estimó infundada la controversia constitucional por lo que hace al ejecutivo del estado pues actuó en estricto cumplimiento y apego a su facultad, atribución y competencia constitucional de promulgar y publicar las leyes y decretos que expida el Congreso de esa entidad.

30. No obstante, este Alto Tribunal ha determinado que el Poder Ejecutivo Local, al tener injerencia en el proceso de creación de las normas generales para otorgarles plena validez y eficacia, se encuentra invariablemente implicado en el proceso de emisión de la norma impugnada, por lo que debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución Federal.(10) En ese sentido, este argumento debe desestimarse ya que no constituye una causal de improcedencia prevista en el artículo 19 de la Ley Reglamentaria en la materia.

VII. ESTUDIO DE FONDO

31. El accionante estima invalido el artículo 30, fracción III, numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley de Ingresos del Municipio de Nadadores, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2025, al señalar que la regulación de las materias de hidrocarburos y energía eléctrica, incluido el establecimiento de contribuciones relacionadas con estas, son de competencia exclusiva de la Federación en términos de los artículos 25, párrafo quinto; 27, párrafos cuarto, sexto y séptimo; 28, párrafo cuarto, y 73, fracciones X y XXIX, numerales 2 y 5, inciso a) y 124 de la Constitución Federal.

32. Por su parte, el Poder legislativo local afirma que la norma atacada no invade la esfera de competencia de la Federación, en atención a que es facultad de los municipios para autorizar, controlar y vigilar el uso de suelo, así como otorgar licencias y permisos para construcciones dentro de sus ámbitos territoriales de competencia; así como que la legislación relacionada con la protección al ambiente es una materia concurrente.

33. El estudio se dividirá en dos apartados en atención a que el contenido de la norma impugnada tiene relación con dos distintas materias.

i) Materia de hidrocarburos.

ii) Materia de energía eléctrica.

i) Materia de hidrocarburos.

34. La norma impugnada establece un gravamen en favor del Municipio de Nadadores del Estado de Coahuila de Zaragoza, por la expedición de licencias de funcionamiento de:

a) edificaciones para la extracción del gas de lutitas o gas shale.

b) edificaciones para la extracción de gas natural.

c) edificaciones para la extracción de gas no asociado

d) perforación en pozos verticales y direccionales en el área específica a yacimientos convencionales (Roca Reservorio) en trampas estructurales en el que se encuentre el hidrocarburo y

e) perforación de pozo para la extracción de cualquier hidrocarburo.

35. Al respecto, el artículo 25 constitucional precisa que las actividades de planeación y el control de la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, serán llevadas a cabo por la Nación en términos de lo dispuesto en el párrafo sexto y séptimo del artículo 27 de la Constitución. Señala, además, en su párrafo quinto, que el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas entre ellas, la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, cuyo control y planeación corresponde exclusivamente a la Federación. Lo que se fortalece con lo que dispone el párrafo cuarto de dicho artículo 27, ya que corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales, tales como los combustibles, minerales sólidos y el petróleo.

36. Cabe precisar, que el artículo 28, párrafo cuarto, de la Constitución Federal establece que no constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas estratégicas tales como la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos. Su párrafo noveno pone de manifiesto que el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la dependencia encargada de conducir y supervisar la política energética del país, contará con las atribuciones para llevar a cabo la regulación técnica y económica, en los términos que determine la ley.

37. Por su parte, el artículo 73, fracción X, de la Constitución General prevé que el Congreso de la Unión tiene facultad para legislar en toda la República, entre otros ámbitos, sobre hidrocarburos, en los que desde luego queda incluida las actividades relativas a la cadena de valor relacionada con el gas.

38. De conformidad con lo señalado por el artículo 5, fracción XI, de la Ley del Sector Hidrocarburos, la industria de los hidrocarburos abarca las actividades de proveeduría, suministro, construcción y prestación de bienes y servicios, lo que reconfirma que al momento de que la norma impugnada regula actividades de “perforación y extracción de hidrocarburos” estas se encuentran incluidas en la cadena de producción de los hidrocarburos y, en consecuencia, son facultad exclusiva de la Federación.

39. Así pues, las licencias de funcionamiento de edificaciones, implican licencias para el funcionamiento de construcciones para la extracción del gas de lutitas o gas shale; la extracción de gas natural; la extracción de gas no asociado; para la perforación en pozos verticales y direccionales en el área específica a yacimientos convencionales (Roca Reservorio) en trampas estructurales en el que se encuentre el hidrocarburo; así como para la perforación de pozo para la extracción de cualquier hidrocarburo, es competencia exclusiva de la Federación.

40. Acorde a la normativa constitucional, el artículo 127 de la Ley del Sector de Hidrocarburos establece que la industria de los hidrocarburos es de jurisdicción federal, por lo que solo el Gobierno Federal puede establecer la regulación en la materia; incluso, las relacionadas con el equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente en las que se desarrollen actividades relacionadas con la industria en cuestión.

41. Respecto a la aseveración del poder legislativo estatal de que con dicha regulación se protege el medio ambiente, es importante destacar que la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina que lo referente a la protección del ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico es concurrente entre los diferentes niveles de gobierno y que dicha distribución de competencias se fija por el Congreso de la Unión conforme a la legislación que al efecto emita.

42. La Tesis de Jurisprudencia: P./J. 142/2001 FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES., “(...) señala que en el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general”.(11)

43. En congruencia con lo anterior, la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, el artículo 1o., establece que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos tiene por objeto la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos a través de la regulación y supervisión de la Seguridad Industrial y Seguridad Operativa.

44. De igual forma, el artículo 3 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en su fracción XIII, establece que la seguridad industrial se encarga de identificar, reducir, evaluar, prevenir, mitigar, controlar y administrar los riesgos en el Sector, mediante un conjunto de normas que incluyen directrices técnicas sobre las instalaciones ... cuyo principal objetivo es preservar la integridad física de las personas, de las instalaciones, así como la protección al medio ambiente; mientras que la fracción XIV define que la seguridad operativa se encarga del control de los riesgos asociados de proceso, desde la fase de diseño, construcción, arranque y puesta en operación, operación rutinaria.

45. La norma impugnada al regular actividades relacionadas por la extracción de hidrocarburos, como ya se precisó párrafos arriba, su regulación y supervisión es materia federal, en la que se incluye lo relacionado con el medio ambiente sano.

46. Confirma lo anterior, la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Controversia Constitucional 158/2021(12) en la cual reafirmó que la materia ambiental referente a los hidrocarburos se encontraba reservada de forma exclusiva a la Federación.

47. De la lectura del precepto impugnado se evidencia que el ámbito sobre el que legisla el Congreso de Coahuila de Zaragoza, se vincula con actividades en torno a la materia de hidrocarburos, específicamente lo relativo al cobro de licencia de funcionamiento de edificaciones para la extracción de gas de lutitas o gas shale, gas natural, gas no asociado y perforación en pozos, con lo que invade las facultades exclusivas de la Federación, previstas en las fracciones X y XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

48. Consecuentemente, es de declarar la invalidez del artículo 30, fracción III, numerales 1, 3, 4, 5 y 6 de la Ley de Ingresos del Municipio de Nadadores, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2025.

ii) Materia de energía eléctrica

49. En la norma impugnada se establece un cobro a favor del Municipio por la expedición de licencias de funcionamiento de edificación productora de energía termoeléctrica,(13) térmica solar,(14) hidroeléctrica,(15) eólica,(16) fotovoltaica,(17) aerogenerador,(18) o similares.

50. El artículo 25, párrafo quinto, de la Constitución establece:

“... Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, (...), la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución.”

51. Por su parte, el artículo 27, párrafo sexto, de la Constitución Política dispone:

“... Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional en los términos del artículo 28 de esta Constitución, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones. Las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica, que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad”.

52. El artículo 28, párrafo cuarto, de la Norma Fundamental se determina que:

“No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: (...); la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, cuyos objetivos serán preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la Nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado que se establezca; así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica (...)”.

53. Así pues, en términos del precepto constitucional antes citado, le corresponde al sector público federal la regulación de las áreas estratégicas previstas por la Constitución, entre las cuales se encuentra la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional; así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.

54. El artículo 73, fracciones X y XXIX, numerales 2º y 5º inciso a), de la Constitución Federal, establecen como facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en toda la República sobre energía eléctrica e hidrocarburos, así como para establecer contribuciones especiales sobre dichas materias.

55. En razón de los preceptos constitucionales antes invocados, el Congreso de la Unión tiene la facultad exclusiva para legislar en toda la República sobre energía eléctrica, así como para establecer contribuciones en esa materia.

56. Es por ello que las centrales generadoras de energía están reguladas por la Ley del Sector Eléctrico, particularmente definidas dentro del artículo 3, fracción XXIII, que refiere:

“Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

(...)

XXIII. Generadora: Persona titular de uno o varios permisos para generar electricidad en Centrales Eléctricas con la autorización de la CNE, o bien, titular de un contrato de Participante del Mercado que representa en el Mercado Eléctrico Mayorista a dichas centrales o, con la autorización de la Secretaría, a las Centrales Eléctricas ubicadas en el extranjero”

57. Por otra parte, de conformidad con la Ley del Sector Eléctrico, las Centrales Generadoras de Energía son parte del Sistema Eléctrico Nacional, pues éste se constituye de toda la infraestructura existente, para tales efectos el artículo 3, fracción LI, inciso c, de la citada ley, establece: LI. Sistema Eléctrico Nacional: El sistema que comprende la infraestructura integrada por; (...) c) Las Centrales Eléctricas que entregan energía eléctrica a la Red Nacional de Transmisión o a las Redes Generales de Distribución; (...)

58. En congruencia con lo anterior, el artículo 11, fracción XX, del mismo ordenamiento establece que corresponde a la Comisión Nacional de Energía: “Expedir las normas, directivas, metodologías y demás disposiciones de carácter administrativo que regulen la generación de energía eléctrica a partir de Energías Limpias...”.

59. Inclusive, el artículo 12, fracción III, de la Ley del Sector Eléctrico, dispone:

“Artículo 12.- La planeación del sector eléctrico tiene carácter vinculante y está a cargo de la Secretaría, autoridad que debe elaborar el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico, en términos de esta Ley y la Ley de Planeación y Transición Energética. La planeació

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34409-cfea5907/i-contribuciones-sobre-hidrocarburos-la-disposicion-local-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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