ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER LA NEGATIVA DEL EMPLEADOR A AUTORIZAR EL RESGUARDO DOMICILIARIO EN FAVOR DEL TRABAJADOR DE INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA, COMO MEDIDA PREVENTIVA DE CONTAGIO DEL VIRUS SARS-CoV2.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 56/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO QUINTO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO. 27 DE OCTUBRE DE 2021. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. DISIDENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, QUIEN MANIFESTÓ FORMULARÍA VOTO PARTICULAR. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: ELIZABETH MIRANDA FLORES.
III. COMPETENCIA Y LEGITIMACIÓN
6. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII y tercero, del Acuerdo General 5/2013 expedido por el Pleno de este Alto Tribunal el trece de mayo de dos mil trece y el artículo quinto transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente a partir del lunes siete de junio de dos mil veintiuno,(4) toda vez que los criterios contendientes han sido sustentados por Tribunales Colegiados de distintos circuitos, en materia de trabajo, cuya especialidad corresponde a esta Segunda Sala.
7. Por otro lado, la denuncia proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por los Magistrados integrantes de uno de los tribunales contendientes.
IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
8. La mecánica para analizar la existencia de una contradicción de tesis tiene que abordarse desde la necesidad de unificar criterios jurídicos en el país, pues su objetivo es otorgar seguridad jurídica a los Jueces y justiciables. Dado que lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas, este Alto Tribunal ha reconocido que para que exista una contradicción de tesis basta con identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, con independencia de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron. Sirven de sustento a lo anterior los criterios del Tribunal Pleno de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(5)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."(6)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEAN ERRÓNEOS, DEBE RESOLVERSE EL FONDO A FIN DE PROTEGER LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver una contradicción de tesis existente entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito aunque sean erróneos o inaplicables, pues el objetivo fundamental de ese procedimiento es terminar con la incertidumbre generada para los gobernados y los órganos jurisdiccionales por la existencia de criterios contradictorios, mediante la definición de una jurisprudencia producto de la sentencia dictada en ese procedimiento, que servirá para resolver uniformemente casos similares a los que motivaron la denuncia de contradicción, evitando que se sigan resolviendo diferente e incorrectamente, lo que permitirá preservar la unidad en la interpretación de las normas del orden jurídico nacional con la fijación de su sentido y alcance en protección de la garantía de seguridad jurídica. Además, esa definición jurídica no sería posible realizarla si se declara improcedente la contradicción suscitada respecto de tesis equivocadas o inaplicables de esos tribunales, ya que aunque se dejaran sin efecto, si no existiera pronunciamiento por declararse su improcedencia, lejos de garantizar a los gobernados y a los órganos jurisdiccionales del país la solución de otros asuntos de similar naturaleza, se generaría incertidumbre, por lo cual debe emitirse una sentencia que fije el verdadero sentido y alcance de la solución que deba darse al supuesto o problema jurídico examinado por los Tribunales Colegiados de Circuito que originó la oposición de criterios."(7)
9. Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y el problema radica en los procesos de interpretación –y no en los resultados– adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces, como lo ha sostenido el Tribunal Pleno,(8) es posible afirmar la existencia de una contradicción de tesis cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo, con independencia del método utilizado;
b) Que en tales ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Que la situación anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
10. Es decir, existe una contradicción de tesis cuando dos órganos jurisdiccionales: (I) hayan realizado ejercicios interpretativos; (II) sobre los mismos problemas jurídicos y en virtud de ellos llegaron a soluciones contrarias; y, (III) tal disputa interpretativa puede ser resuelta mediante la formulación de preguntas específicas.
11. Por otro lado, no es obstáculo para que esta Segunda Sala se ocupe de la denuncia sobre el presente asunto, el que alguno de los criterios contendientes no constituya jurisprudencia, pues basta que los órganos jurisdiccionales adopten criterios distintos sobre un mismo punto de derecho. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia P./J. 27/2001 del Tribunal Pleno de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.",(9) y la tesis aislada P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(10) del mismo Tribunal Pleno.
12. En atención a lo anterior, a continuación se procederá a analizar si en el caso se acreditan los requisitos para determinar la existencia de una contradicción de tesis.
IV.1. Primer requisito: realización de un ejercicio interpretativo
13. Esta Segunda Sala considera que se acredita el primer requisito, toda vez que los Tribunales Colegiados contendientes ejercieron su arbitrio judicial al resolver las cuestiones litigiosas que les fueron presentadas. Esto es así, pues como a continuación se evidenciará, realizaron ejercicios interpretativos en las partes considerativas de las sentencias contendientes.
A. Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 51/2020
14. Ese asunto tuvo su origen en los antecedentes siguientes:
a. Una persona que afirmó desempeñar la categoría de médica especialista "A" en el ISSSTE, promovió juicio de amparo indirecto contra diversas autoridades de ese instituto, a los que reclamó la omisión de ejecutar la guía para la des-reconversión de las unidades médicas: Nueva normalidad, emitida por dicho instituto, como consecuencia de la negativa de autorizarle el resguardo domiciliario que solicitó a efecto de proteger su salud, derivado de la pandemia ocasionada por el SARS-CoV2, por encontrarse en una situación de vulnerabilidad.
b. El Juez de Distrito desechó de plano la demanda al considerar que el acto reclamado carece del carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que consideró se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o. y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo.
c. Inconforme, la quejosa interpuso recurso de queja, el cual fue declarado fundado por el Tribunal Colegiado.
15. En la parte que interesa, el Tribunal Colegiado consideró:
a) Son fundados los agravios, pues si bien de la demanda de amparo se advierte que la quejosa atribuye diversos actos al ISSSTE en su calidad de patrón, también lo hace en su calidad de ente asegurador, pues indicó que la unidad médica que le corresponde le negó la licencia médica bajo el argumento de que tiene controlada su hipertensión arterial.
b) La Ley del ISSSTE establece que corresponde a dicho instituto brindar a sus derechohabientes servicios de salud.
c) De acuerdo con la "Guía para la des-reconversión de las Unidades médicas: Nueva normalidad", las personas trabajadoras ubicadas en alguno de los supuestos deberán realizar el procedimiento aplicable para la expedición de licencias médicas o dictaminación por invalidez, según sea el caso, con la finalidad de salvaguardar sus derechos laborales.
d) La Segunda Sala ha sostenido que cuando se atribuye al IMSS la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, el juicio de amparo es procedente a efecto de garantizar la protección efectiva del derecho de petición. Sin embargo, una vez conocida la respuesta, el asegurado deberá acudir a la vía ordinaria laboral en materia de seguridad social.
e) En el caso, las disposiciones que se consideran violadas se refieren a la protección de la salud y la vida de las personas y no a cuestiones relacionadas con la seguridad social. Además, el Alto Tribunal ha sostenido que el ISSSTE, en la relación administrativa que sostiene con los derechohabientes, actúa con imperio, por lo que debe ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo.
f) En ese contexto, debido a que la parte quejosa reclama la protección del derecho a la salud y a la vida, así como la continuación de resguardo mediante el trabajo a distancia, por tratarse de una persona vulnerable, exigiendo la aplicación de normas sanitarias relacionadas con la pandemia que originó el virus SARS-CoV2, es que se está en presencia de actos de autoridad, pues de acuerdo con la afirmación de la promovente existe un acto u omisión por parte del ISSSTE que podría vulnerar el derecho a la salud.
g) De esa manera, el juicio de amparo indirecto es procedente, ya que el ISSSTE es un organismo descentralizado que está facultado para emitir actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de manera unilateral u obligatoria, o bien puede incurrir en omisión de actos que, de realizarse, crearían, modificarían o extinguirían situaciones jurídicas.
h) Al no actualizarse la causa de improcedencia invocada por el Juez de Distrito para desechar la demanda, lo procedente es declarar fundado el recurso de queja, a fin de que se provea lo conducente en cuanto a la demanda promovida, sin que pueda desecharse por el motivo analizado.
B. Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 42/2020.
16. Ese asunto tuvo su origen en los siguientes antecedentes:
a) Una persona que ocupa el puesto de enfermera en el IMSS, promovió juicio de amparo indirecto en contra de la jefa de Servicios de Prevención y Promoción de la Salud para los Trabajadores del hospital en el que presta su servicio, a quien reclamó la omisión de autorizar el resguardo domiciliario, no obstante encontrarse en un supuesto de vulnerabilidad.
b) Seguida la secuela procesal, el Juez de Distrito dictó sentencia en la que concedió el amparo a la parte quejosa para el efecto de que se le otorgara la medida preventiva de resguardo domiciliario, siempre que subsista la emergencia sanitaria o cambie el semáforo respectivo y no se suspendan, modifiquen o concluyan las medidas que privilegian el resguardo domiciliario, quedando vinculada la autoridad de abstenerse de iniciar procedimiento administrativo, aunado a que debe continuar cubriendo el pago del sueldo y prestaciones correspondientes.
c) Inconforme, la autoridad responsable interpuso un recurso de revisión, el cual fue resuelto en el sentido de confirmar la sentencia recurrida.
17. En la parte que interesa, el Tribunal Colegiado consideró:
a) Son infundados los agravios relativos a que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el artículo 5o., ambos de la Ley de Amparo.
b) La omisión reclamada a la responsable reúne las características propias de un acto de autoridad, al no aplicar en beneficio de la quejosa el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil veinte relativo al Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), así como la negativa de concederle resguardo domiciliario a pesar de que pertenece a un grupo vulnerable, que afecta su derecho humano a la salud, tutelado en el artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Federal.
C. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 68/2020.
18. Ese asunto tuvo su origen en los siguientes antecedentes:
a) Una enfermera adscrita a la Unidad Médica de alta Especialidad del IMSS, promovió juicio de amparo indirecto contra el subdelegado del IMSS en Veracruz, así como en contra de otros funcionarios del mencionado instituto, a quienes reclamó la negativa de otorgarle resguardo domiciliario con motivo de la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV2, no obstante ser persona vulnerable por padecer una enfermedad renal crónica e hipertensión arterial sistémica.
b) El Juez de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo y seguido el procedimiento dictó sentencia en la que sobreseyó al considerar que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo.
c) Inconforme, la quejosa interpuso recurso de revisión, el cual fue resuelto en el sentido de confirmar la sentencia recurrida.
19. En la parte que interesa, el Tribunal Colegiado consideró:
a) En la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, la Segunda Sala ha sostenido que para estimar que se actualiza la existencia de un acto de autoridad es necesaria la existencia de un órgano del Estado que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; que esa relación tenga nacimiento en la ley; que dote al órgano del Estado de una facultad administrativa cuyo ejercicio sea irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; y, que para emitir esos actos no sea necesario acudir a los órganos judiciales ni precise el consenso de la voluntad del afectado.
b) En cambio, las relaciones de coordinación son entabladas entre particulares en materia de derecho civil, mercantil o laboral, cuyas controversias deben ser dirimidas ante un tribunal, mientras que las de subordinación se dan entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos contenidos en la Constitución.
c) Conforme a lo expuesto se concluye que la relación establecida entre la quejosa y las autoridades señaladas como responsables en el juicio de amparo indirecto es de coordinación, la cual está regulada por el derecho laboral, pues el acto reclamado consiste en la negativa de otorgarle resguardo domiciliario ante la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, lo que se traduce en el cumplimiento de una prestación de trabajo que por regla general no es reclamable en la vía constitucional.
d) En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 62, fracción XXIII, en relación con los artículos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo.
e) Sin que asista razón a la recurrente en lo relativo a que el juicio de amparo no se analizó que en el contexto sanitario del país, pues no era factible que la quejosa promoviera demanda ante la autoridad laboral, ya que no se habrían llevado a cabo las audiencias, pues con independencia de ello destaca que lo reclamado deriva de una relación laboral, condición ante la que no es posible variar la naturaleza de la relación entre las partes, aunado a que ya fueron reactivadas las actividades de las autoridades ordinarias.
IV.2. Segundo requisito: punto de toque y diferendo en los criterios interpretativos
20. Esta Segunda Sala considera que el segundo requisito no queda cumplido únicamente en relación con el criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Sin embargo, sí se cumple respecto de los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito.
21. Lo anterior, porque el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito analizó un recurso de queja derivado de un juicio de amparo en el que la quejosa reclamó diversos actos en contra del ISSSTE, a quien atribuyó no sólo la calidad de patrón, sino también la de ente asegurador, pues indicó que la unidad médica que le corresponde le negó la licencia médica, en el contexto de la pandemia generada por el SARS-CoV2, bajo el argumento de que tiene controlada su hipertensión arterial.
22. En ese sentido, el Tribunal Colegiado llegó a la conclusión de que la relación entre las partes era entre el ente asegurador y la asegurada; de ahí que la negativa de otorgar una licencia médica a la quejosa tiene el carácter de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que el ISSSTE está obligado a brindar a los derechohabientes los servicios de seguridad social, entre ellos, el de salud.
23. En cambio, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, respectivamente, emitieron ejecutoria en un recurso de revisión, derivado de un juicio de amparo en el que se reclamó del IMSS, en su calidad de patrón, la negativa de autorizar el resguardo domiciliario, como medida preventiva para evitar el contagio del virus SARS-CoV2, no obstante que la quejosa se encuentra en una situación de vulnerabilidad.
24. El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, se pronunció en el sentido de que en el contexto de la pandemia generada por el virus que provoca la enfermedad COVID-19, la negativa del IMSS, en su calidad de empleador, de conceder el resguardo domiciliario a una persona trabajadora de dicha institución es un acto de autoridad, ya que implica que el patrón equiparado no aplicó en favor de la parte trabajadora el "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)." publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil veinte.
25. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito resolvió que la relación que existe entre la trabajadora quejosa y el IMSS es de coordinación, la cual está regulada por el derecho laboral. Por tanto, concluyó que el acto reclamado fue emitido por la responsable en su calidad de patrón equiparado pues la pretensión de la parte quejosa era que se le otorgara permiso para ausentarse de sus labores, por lo que es improcedente el juicio de amparo.
26. Si bien podría considerarse que los mencionados órganos colegiados analizaron un mismo problema jurídico, consistente en determinar si la negativa para ausentarse de las labores, como medida de resguardo para evitar el contagio del SARS-CoV2, constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, lo cierto es que el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito no partió de hechos similares a los que analizaron el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito.
27. Ello, en virtud de que el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito sustentó su criterio en el hecho de que la demanda de amparo fue promovida contra el ISSSTE no sólo en su carácter de patrón, sino como ente asegurador, al haber negado la licencia médica para ausentarse de sus labores.
28. En cambio, en los juicios de amparo que dieron origen al recurso de revisión del que conocieron el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, se atribuyó al IMSS, en su calidad de patrón, la negativa de autorizar resguardo domiciliario como medida de prevención de contagio del virus SARS-CoV2.
29. De acuerdo a lo anterior, no se configura la contradicción de tesis denunciada únicamente en relación con el criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, atendiendo a que fueron las particularidades del caso sometido a su estudio, las que influyeron en el criterio que adoptó, pues analizó el acto reclamado en un contexto en el que la quejosa no sólo se ostentó como trabajadora del ISSSTE, sino también como asegurada.
30. En cambio, sí se actualiza la contradicción de criterios entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, debido a que las consideraciones de los órganos contendientes contienen conclusiones distintas entre sí, respecto de un mismo problema jurídico.
31. Lo anterior, porque como ya se comentó, ambos tribunales analizaron un recurso de revisión derivado de un juicio de amparo en el que se señaló como autoridad responsable al IMSS, al que en calidad de patrón se le atribuyó la negativa de resguardo domiciliario en el contexto de la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, no obstante que la quejosa se encuentra en una situación de vulnerabilidad.
32. En ese sentido, la discrepancia entre las posturas sustentadas por los Tribunales Colegiados consiste en determinar si la negativa de autorizar al trabajador de instituciones de salud pública, el resguardo domiciliario como medida preventiva de contagio del virus SARS-CoV2, constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.
IV.3. Tercer requisito: elementos constitutivos de la hipótesis y surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción
33. Es posible concluir que los criterios de los tribunales contendientes reflejan una discrepancia relacionada con la negativa de autorizar el resguardo domiciliario como medida preventiva de contagio del virus SARS-CoV2, al encontrarse la quejosa en una situación de vulnerabilidad: es decir, si constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto.
34. En virtud de lo anterior, la pregunta a responder para solucionar la presente contradicción es: ¿La negativa de autorizar al trabajador de instituciones de salud pública, el resguardo domiciliario como medida preventiva de contagio del virus SARS-CoV2, por encontrarse el quejoso en una situación de vulnerabilidad constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo?
V. CRITERIO QUE DEBE PREVALECER
35. A efecto de analizar el punto de contradicción, es necesario tomar en cuenta que los artículos 1o., fra
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30293-6521cc50/acto-de-autoridad-para-efectos-del-juicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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