Corpus
Modo: Corpus Pro

SALARIOS CAÍDOS. ES IMPROCEDENTE DESCONTAR DE LA CONDENA RESPECTIVA EL PAGO DE LOS COMPRENDIDOS EN EL LAPSO EN QUE LA AUTORIDAD LABORAL SUSPENDIÓ SUS ACTIVIDADES O TÉRMINOS PROCESALES CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA PRODUCIDA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19) (LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 42/2023. · Registro digital (IUS): 31428
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-05-12
Promovente: ENTRE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Mayo de 2023, Tomo III, Pág.2707.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 42/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 22 DE MARZO DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE Y DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ LUIS CABALLERO RODRÍGUEZ Y EMILIO GONZÁLEZ SANTANDER. PONENTE: ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE. SECRETARIO: JORGE IVÁN ÁVILA RIVERA.

II. COMPETENCIA

6. El Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los diversos 6, fracción II, 8, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1, fracción II, inciso 4, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022, del propio Pleno, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en virtud de que los tribunales contendientes corresponden a la materia y jurisdicción de este Pleno Regional.

III. LEGITIMACIÓN

7. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, de conformidad con el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por **********, a través de **********, a quien mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 22 a 25), el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, le reconoció la calidad de autorizado en términos amplios del mencionado quejoso en el juicio de amparo directo 362/2021, de la estadística de ese órgano jurisdiccional.

8. Máxime, que por auto de presidencia de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, emitido en el juicio de amparo directo 181/2021, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del propio Circuito, también se le reconoció a **********, la calidad de apoderado legal del diverso quejoso **********.

9. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 152/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, de noviembre de 2008, página 227, registro digital: 168488, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA. El autorizado está legitimado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no precisa tal facultad, también lo es que la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa, pues entre otras, prevé la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Además, aunque la denuncia referida no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la ley citada se advierte que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas fueron sustentadas, es indudable que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado precepto, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros."

10. De igual modo, es aplicable la tesis aislada 2a. XXIX/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, de abril de 2009, página 727, registro digital: 167546, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL APODERADO JURÍDICO DEL TRABAJADOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 692 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA. El apoderado jurídico de quien fue parte en un juicio de garantías está legitimado para denunciar la posible oposición de criterios derivada del asunto en que intervino, no obstante que su legitimación sólo esté reconocida en el proceso seguido ante la autoridad del trabajo en donde se le confirió poder en términos del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, y ante el Tribunal Colegiado respectivo, en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque aunque dicha representación se limita a su intervención en dichos procedimientos y la denuncia referida no constituye un acto procesal del amparo, ni una instancia posterior a éste, el artículo 197-A de la última ley citada otorga a cualquiera de las partes que intervinieron en los juicios donde las tesis respectivas fueron sustentadas, la facultad de denunciar la contradicción, constituyéndose en un derecho en favor de quienes intervinieron en los juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros; así, al haber tenido la calidad de parte para actuar en el juicio de garantías como apoderado del trabajador quien fue quejoso en el amparo participante en una posible contradicción de tesis, esa representación debe estimarse suficiente para realizar la denuncia correspondiente, al provenir de una de las partes."

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

11. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo 362/2021.

12. El asunto tuvo su origen en los antecedentes siguientes:

i. El veintitrés de septiembre de dos mil diez, un trabajador demandó el cumplimiento de su contrato individual de trabajo, por consiguiente, la reinstalación en su empleo y el pago de diversas prestaciones, entre ellas, los salarios caídos con motivo del despido que afirmó haber sufrido.

ii. Las empresas enjuiciadas formularon su contestación a las reclamaciones del actor, en la cual opusieron las excepciones y defensas que consideraron convenientes a sus intereses.

iii. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo 641/2019, la Junta del conocimiento dictó el laudo correspondiente, en el que –entre otras cuestiones– condenó a las demandadas a la reinstalación del actor y al pago de los salarios caídos a partir de la fecha del despido hasta que se cumplimentara ese fallo. Empero, descontó de esa condena el periodo del diecinueve de marzo de dos mil veinte al ocho de marzo de dos mil veintiuno, en virtud de la suspensión de actividades y plazos procesales por la contingencia sanitaria producida por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

iv. Inconforme con ese fallo ********** promovió juicio de amparo directo, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, registrado en el expediente 362/2021, que fue resuelto en sesión de diez de febrero de dos mil veintidós, en el sentido de conceder la protección federal, únicamente, para que la Junta del conocimiento analizara –de nueva cuenta– la reclamación de horas extras, ya que consideró infundado el diverso concepto de violación propuesto por el quejoso, a través del cual controvirtió la absolución parcial del pago de salarios caídos.

13. Las consideraciones que sustentó el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en la ejecutoria correspondiente, son –en lo que interesa a esta contradicción de criterios– las siguientes:

• Que devino infundado el primer concepto de violación, a través del cual el quejoso manifestó que careció de fundamentación y motivación la decisión de la autoridad responsable, en la que excluyó de la condena de pago de salarios caídos, el lapso comprendido del 19 de marzo de 2020 al 08 de marzo de 2021, esto con motivo de la suspensión de actividades y plazos procesales por la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

• Que no fue óbice a esa calificación, la circunstancia consistente en que la legislación aplicable a la controversia (en atención a la fecha de la presentación de la demanda laboral), fue la Ley Federal del Trabajo, anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012.

• Que, en virtud de que el laudo reclamado constituía una resolución jurisdiccional; entonces, se podía dispensar a la Junta responsable de su obligación constitucional de invocar de manera expresa el o los preceptos en los que fundó su decisión.

• Que fue cierto que la Junta del conocimiento no fundó su determinación de excluir cierto periodo de la condena del pago de salarios, dado que en la Ley Federal del Trabajo aplicable, no existía disposición expresa que previera ese supuesto.

• Que, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, constituyó un hecho notorio la declaratoria de contingencia sanitaria producida por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

• Que no estuvo en duda que la Ley Federal del Trabajo aplicable (anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012), no preveía –expresamente– cuáles eran las consecuencias legales que se producían por la suspensión de actividades o labores con motivo de una contingencia sanitaria. Empero, que no debía inadvertirse que el artículo 42 de la Ley Federal de Trabajo, sí contempla los supuestos para que se actualice la suspensión de las relaciones de trabajo.

• Que, si bien en esas hipótesis de suspensión de los vínculos laborales no se ubicaba la relativa a una "epidemia" como la generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19); también es cierto que subsistía la finalidad de dicha norma, relativa a situaciones excepcionales o extraordinarias en las que existe imposibilidad material para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación de trabajo.

• Que, de conformidad con el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación análoga, fue jurídicamente acertada la determinación de la Junta responsable, relativa a considerar que las demandadas no tenían la obligación de cubrir los salarios caídos que se hubieren generado durante la fase de contingencia sanitaria, en la cual no estuvieron en condiciones de que se le brindara el acceso a la justicia, dado que se les habría obligado a pagar por causas extrañas a su voluntad.

• Lo anterior, con base en las consideraciones que se reproducen enseguida:

"QUINTO.—Estudio.

"En su primer concepto de violación, el peticionario del amparo se inconforma contra la determinación de la autoridad responsable de no condenar a la parte demandada al pago de salarios caídos del periodo de diecinueve de marzo de dos mil veinte al ocho de marzo de dos mil veintiuno, con motivo de la suspensión de actividades y plazos procesales por la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), y manifiesta:

"1. Carece de fundamento y motivación la determinación acogida por la autoridad responsable, porque no se sustentó en ningún precepto legal que establezca la improcedencia de la condena al pago de salarios caídos durante la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), sino que se limitó en afirmar que se descontaba de la condena a salarios caídos el lapso referido, por la suspensión de actividades y términos procesales.

"2. Refiere, el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo aplicable, consagra las causas de la suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador y el patrón, esto es, estatuye los supuestos legales por los cuales se interrumpe temporalmente la obligación del patrón de pagar los salarios al obrero, sin que en el caso se esté en presencia de alguno de los supuestos ahí previstos para no pagarle al actor su salario, es decir, que se suspenda el pago de salarios caídos derivados de una crisis sanitaria (COVID-19), por tanto, la responsable no tenía por qué realizar una distinción donde el legislador no lo hizo.

"3. Abunda, el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo aplicable establece el derecho del trabajador que fue despedido de manera injustificada a que se le cubran los salarios vencidos desde la fecha en que se suscitó el despido hasta el cumplimiento del laudo, por tanto, la autoridad responsable procedió de forma contraria a la ley, vulnerando los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"4. Precisa, la falta de pago de salarios caídos en el periodo impugnado no es causa directa de la pandemia denominada SARS-CoV-2 (COVID-19) y mucho menos una cuestión imputable al trabajador, sino de la suspensión de labores provocada por la Junta responsable, quien mantuvo suspendida las actividades jurisdiccionales y los plazos procesales correspondientes, dejando de administrar justicia pronta en los asuntos y bloqueando el transcurso de los términos procesales, por tanto, la paralización total del procedimiento incitada por la responsable no debe repercutir en la omisión de pagarle al trabajador los salarios caídos durante todo el tiempo que dure el juicio hasta el cumplimiento del laudo, como lo prescribe el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, no obstante que la suspensión de labores haya sido lo correcto para mitigar la contingencia sanitaria.

"5. Esgrime, los artículos 427, fracción VII, y 429 fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, reformada el treinta de noviembre de dos mil doce, establecen que si existiera una suspensión de labores y se emitiera de manera formal y legal una contingencia sanitaria, el patrón podrá suspender el pago de sueldos o salarios y sólo está obligado a pagar el salario diario mínimo y en concepto de indemnización, empero, tales disposiciones no son aplicables en el asunto en virtud de que el juicio laboral se rige bajo la Ley Federal del Trabajo anterior a esa reforma.

"6. Agrega, no existen elementos de prueba tendentes a demostrar que durante el periodo del diecinueve de marzo de dos mil veinte al ocho de marzo de dos mil veintiuno, el patrón haya suspendido de forma colectiva las relaciones de trabajo en la empresa, así como la prestación del servicio de transporte público, donde se desempeñaba el actor, en consecuencia, no es válido aplicar a priori un criterio de falta de pago de salarios caídos durante un periodo sin justificación alguna.

"El concepto de violación sintetizado es infundado.

"Antes de justificar el aserto anterior, es oportuno aclarar que la Ley Federal del Trabajo aplicable en el asunto, es la anterior a su reforma publicada el treinta de noviembre de dos mil doce, en el Diario Oficial de la Federación, por así disponerlo su artículo décimo primero transitorio (se transcribe artículo); en virtud de que los juicios laborales ********** y **********, iniciaron con anterioridad a la referida reforma.

"Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado la jurisprudencia de que las Juntas de Conciliación y Arbitraje tienen competencia para conocer de los conflictos de trabajo individuales y colectivos, y que sus laudos tienen el carácter de resoluciones jurisdiccionales y fuerza decisoria.

"En esa tesitura, aun cuando por regla general, la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto, citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse; de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el fundamento de la decisión.

"A lo anterior, sirve de sustento la tesis P. CXVI/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 143, Tomo XII, agosto de 2000, materias constitucional y común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital: 191358, de rubro y texto:

"‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS.’ (Se transcribe)

"Ahora bien, en el laudo reclamado es cierto que la autoridad responsable no fundó su determinación del porqué no debía contabilizarse para el pago de salarios caídos el periodo del diecinueve de marzo de dos mil veinte al ocho de marzo de dos mil veintiuno, en virtud de la suspensión de sus actividades y términos procesales, con motivo de la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV-2, lo que encuentra su justificación porque en la Ley Federal del Trabajo aplicable anterior a la reforma publicada el treinta de noviembre de dos mil doce, en el Diario Oficial de la Federación no existe disposición expresa que prevea tal supuesto.

"Empero, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo su numeral 2o., es un hecho notorio que, con motivo de la contingencia sanitaria todas las autoridades jurisdiccionales, partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, adoptaron medidas preventivas de riesgos laborales, tales como la suspensión de actividades y términos procesales, a fin de mitigar la expansión del referido virus de consecuencias ya conocidas, acorde con lo dispuesto por el ‘ACUERDO por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia’, publicado el veintitrés de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación y el diverso ‘ACUERDO por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)’, publicado el treinta de marzo siguiente, en el que la Secretaría de Salud comunicó el aumento de números de casos y recomendó a los habitantes del país permanecer en sus casas para contener la enfermedad derivada por el virus SARS-CoV-2 (COVID 19).’

"En esas condiciones, no existe controversia en cuanto a que la legislación laboral aplicable no preveía expresamente las consecuencias legales suscitadas con motivo de la suspensión de actividades y términos procesales derivadas de una contingencia sanitaria de esta magnitud; sin embargo, tampoco puede desconocerse que el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo aplicable, contemplaba la figura de la suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo, que si bien no enumeraba el supuesto de la epidemia de enfermedad como la generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), como causa de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador y el patrón; prevalece que la teleología subyacente a los supuestos ahí enumerados se relaciona con situaciones excepcionales o extraordinarias que generan una imposibilidad material para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. "Por tanto, se considera que la exclusión del pago de salarios caídos del diecinueve de marzo de dos mil veinte al ocho de marzo de dos mil veintiuno, con motivo de la suspensión de actividades y de los términos procesales en la Junta responsable, derivada de la contingencia por la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), encuentra fundamento en el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo aplicable, pues no es sostenible considerar que el demandado perdidoso tenga que cubrir salarios caídos respecto de un periodo del cual no estuvo en condiciones de que se le ministrara justicia; de ahí que sería injustificado obligar al patrón al pago de salarios caídos durante el plazo que transcurrió por causas ajenas a su voluntad (se transcribe artículo 2111 del Código Civil Federal).

"En su segundo concepto de violación, el peticionario del amparo se inconforma en relación con lo resuelto por la Junta de Arbitraje responsable respecto a su reclamo de horas extras, en cuanto condena únicamente al pago de nueve horas semanales por el último año de servicios prestados, para lo cual manifiesta: ...

"Por lo anterior, lo procedente es conceder al quejoso **********, el amparo solicitado contra el acto reclamado a la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, Guerrero, consistente en el laudo de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral ********** y su acumulado **********, para los efectos siguientes:

"1. Deje insubsistente el laudo reclamado.

"2. Dicte un nuevo laudo en el que, por una parte, reitere lo que no es materia de concesión y, por otra, resuelva nuevamente sobre la procedencia del pago de las horas extras reclamadas por el actor, considerando que la disposición legal aplicable es la Ley Federal del Trabajo anterior a la reforma publicada el treinta de noviembre de dos mil doce, en el Diario Oficial de la Federación y los hechos narrados por el actor en su escrito de demanda.

"En la inteligencia que, en ningún caso, la nueva resolución respecto del pago de horas extras podrá ser inferior a la condena decretada a favor del quejoso en el laudo aquí reclamado (nueve horas extras a la semana)." (fojas 31 a 43, ambas reverso)

14. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo 181/2021.

15. El asunto tuvo su origen en los antecedentes siguientes:

i. El trece de mayo de dos mil nueve, un trabajador demandó de diversas empresas, entre otras prestaciones, el cumplimiento de su contrato individual de trabajo y, consecuentemente, la reinstalación en el empleo que desempeñaba, así como el pago de salarios caídos.

ii. Las empresas demandadas formularon su contestación a las reclamaciones del actor, en la cual –entre otras cuestiones– negaron el despido que se les atribuyó y manifestaron que el trabajador renunció voluntariamente a su empleo.

iii. La Junta responsable dictó el laudo correspondiente, en el que condenó a las demandadas al cumplimiento de la prestación principal, así como al pago de diversas reclamaciones accesorias, entre ellas, los salarios caídos desde el despido del acto. Empero, de dicha condena descontó el lapso comprendido del 19 de marzo de 2020 al 08 de marzo de 2021, en virtud de la pandemia producida por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

iv. Inconforme con ese fallo, ********** por conducto de su apoderado legal ********** promovió juicio de amparo directo, del cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, registrado en el expediente DT. 181/2021, que fue resuelto en sesión de tres de junio de dos mil veintidós, en el sentido de conceder el amparo, para que la Junta responsable cuantificara las condenas con el monto del salario afirmado por el trabajador; así como para que condenara al pago de salarios caídos por el periodo que había absuelto, comprendido del 19 de marzo de 2020 al 08 de marzo de 2021; y, para que se pronunciara respecto de la prestación consistente en la entrega de comprobantes de pago de aportaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

16. Las consideraciones que sustentó el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en la ejecutoria correspondiente, en lo conducente a esta contradicción de criterios, son las siguientes:

• Que devino fundado el concepto de violación a través del cual el quejoso se inconformó contra la absolución de pago de salarios caídos por el periodo comprendido del 19 de marzo de 2020 al 8 de marzo de 2021 (decretada por la Junta responsable con motivo de la enfermedad COVID-19); pues sostuvo que dicha absolución no obedeció a la pandemia, sino a la suspensión de labores provocada por esa autoridad, la cual durante el lapso mencionado paralizó las actividades y plazos procesales de manera ilegal.

• Que ello obedeció a que la autoridad responsable absolvió del pago de salarios caídos durante el periodo referido sin fundamentación ni motivación.

• Que no se tomó en cuenta que la legislación aplicable al caso era la Ley Federal del Trabajo, anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, la cual en su artículo 48 establecía que si el patrón no comprobaba la causa de la rescisión; entonces, era procedente el pago de los salarios vencidos desde la fecha de despido hasta que se cumplimentara el laudo.

• Que, además, el artículo 48 antes mencionado, no establecía que el pago de salarios caídos debiera interrumpirse por cuestiones de caso fortuito o de fuerza mayor o alguna otra inimputable a las partes, como lo fue la enfermedad COVID-19 que ocasionó el cierre de la Junta responsable.

• Que, por tanto, no existía fundamento legal para que la autoridad laboral absolviera del pago de salarios durante el periodo combatido.

• En apoyo a esa determinación, el tribunal de referencia invocó la tesis aislada IV.3o. T. J/68 (9a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, de rubro: "SALARIOS CAÍDOS POR DESPIDO INJUSTIFICADO. DISTINTAS HIPÓTESIS PARA DETERMINAR EL PERIODO QUE COMPRENDEN."

• Lo anterior, con base en las consideraciones que se reproducen enseguida:

"SÉPTIMO.—Estudio. Uno de los conceptos de violación propuestos es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, de conformidad con las razones que se exponen enseguida:

"7.1. Salario base de la condena. ...

"7. 2. Pago de salarios caídos.

"En otro aspecto, la parte quejosa se inconforma con la absolución de la parte demandada al pago de salarios caídos durante el periodo del diecinueve de marzo de dos mil veinte al ocho de marzo de dos mil veintiuno, por motivo del COVID-19, ya que estima que eso no es causa de la pandemia sino de la suspensión de labores provocada ilegalmente por la Junta responsable, quien de manera indebida mantuvo suspendidas las actividades jurisdiccionales y suspendidos los plazos procesales durante el periodo descrito, ya que sólo si existiere una formal y legal emergencia sanitaria el patrón podría suspender el pago de sueldos o salarios y sólo estaría obligado a pagar el salario diario mínimo en concepto de indemnización en términos de los artículos 427 y 429 de la Ley Federal del Trabajo.

"Los argumentos son fundados.

"En relación con la absolución del pago de salarios caídos, en el laudo reclamado, la autoridad responsable manifestó:

"‘Se condena al pago de la cantidad de $ ********** pesos por concepto de 3,650 días de salarios caídos desde la fecha del despido del actor 13 de abril de 2009, hasta 7 de abril del año 2021, descontándose los meses del 19 de marzo de 2020 hasta el 8 de marzo de 2021 por la pandemia COVID-19 y los que se sigan venciendo, hasta que se cumpla el laudo, con los incrementos salariales, toda vez que resulta procedente la acción principal del actor, porque efectivamente fue despedido de su empleo en los términos que señala en su escrito de demanda, se ordena la apertura del incidente de liquidación a efecto de poder cuantificar el monto de los salarios caídos que se sigan generando por todo el tiempo que perdure el juicio hasta su total solución, así como para que las partes aporten pruebas de los incrementos salariales que se dieron al salario de la trabajadora en las empresas demandadas y hecho que sea proceda su cuantificación. Cobrando aplicación el criterio que dice: «SALARIOS. CARGA DE LA PRUEBA. CUANDO SE DISCUTE SU MONTO EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN.».’

"Como se aprecia, en el laudo reclamado, la autoridad responsable absolvió a la parte demandada del pago de salarios caídos, durante el periodo del diecinueve de marzo de dos mil veinte al ocho de marzo de dos mil veintiuno, por motivo de la pandemia por COVID-19, sin mayor fundamentación ni motivación para tal efecto.

"Luego, a efecto de resolver lo relativo a la condena o absolución del pago de salarios caídos reclamados, es importante tener en consideración la fecha de inicio del juicio natural.

"Tiene aplicación al caso el criterio 2a./J. 119/2016 (10a.), emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2012723, que indica:

"‘SALARIOS VENCIDOS. EL ARTÍCULO 48, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012, ES APLICABLE A LOS JUICIOS INICIADOS A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012.’ (Se transcribe y cita datos de publicación)

"Luego, si tomamos en cuenta que el escrito inicial de demanda del juicio natural, fue ingresado el trece de mayo de dos mil nueve, esto es, antes de las reformas de dos mil doce, entonces, al pago de salarios caídos le es aplicable el texto del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, que indicaba: (transcribe el mencionado artículo)

"De donde se advierte que, si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, como en el caso, es procedente el pago de sal

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31428-44b57867/salarios-caidos-es-improcedente-descontar-de-la-condena · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.