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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 112/2006 SIGUE SIENDO APLICABLE A LOS ACTOS QUE REALIZA EN RELACIÓN CON LA DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL PAGO DE DERECHOS POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 91/2016. · Registro digital (IUS): 27896
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-06-22
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y TERCERO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo II, Pág. 1275.

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 112/2006 SIGUE SIENDO APLICABLE A LOS ACTOS QUE REALIZA EN RELACIÓN CON LA DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL PAGO DE DERECHOS POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 91/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y TERCERO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 23 DE MAYO DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I.; VOTARON CON RESERVA DE CRITERIO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: JOSÉ OMAR HERNÁNDEZ SALGADO.

III. Competencia y legitimación

4. Esta Sala es competente para conocer y resolver la presente denuncia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, toda vez que los criterios contendientes han sido sustentados por dos Tribunales Colegiados de distintos Circuitos.

5. Por otro lado, se advierte que la denuncia proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el Magistrado ponente de uno de los criterios contendientes.

IV. Existencia de la contradicción

6. La mecánica para analizar la existencia de una contradicción de tesis tiene que abordarse desde la necesidad de unificar criterios jurídicos en el país, pues su objetivo es otorgar seguridad jurídica a los Jueces y justiciables. Dado que lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas, este Tribunal Pleno ha reconocido que para que exista una contradicción de tesis basta con identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, con independencia de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron. Sirven de sustento a lo anterior los siguientes criterios del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(5)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(6)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEAN ERRÓNEOS, DEBE RESOLVERSE EL FONDO A FIN DE PROTEGER LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA."(7)

7. Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y el problema radica en los procesos de interpretación –que no en los resultados– adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces, como lo ha sostenido el Pleno(8) de esta Suprema Corte, es posible afirmar la existencia de una contradicción de tesis cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial, a través de algún ejercicio interpretativo, con independencia del método utilizado;

b) Que en tales ejercicios interpretativos exista, al menos, un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Que la situación anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

8. Es decir, existe una contradicción de tesis cuando dos órganos jurisdiccionales: (i) hayan realizado ejercicios interpretativos; (ii) sobre los mismos problemas jurídicos y en virtud de ellos llegaron a soluciones contrarias; y, (iii) tal disputa interpretativa puede ser resuelta mediante la formulación de preguntas específicas.

9. No es obstáculo para que esta Sala se ocupe de la denuncia sobre el presente asunto que ninguno de los criterios contendientes constituya jurisprudencia, pues para determinar la existencia de una contradicción de tesis basta que los órganos jurisdiccionales adopten criterios distintos sobre un mismo punto de derecho en sus sentencias. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia P./J. 27/2001 del Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.",(9) y la tesis aislada P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(10) del propio Pleno.

10. En atención a lo anterior, a continuación se procederá a analizar si en el caso se acreditan los requisitos para determinar la existencia de una contradicción de tesis:

IV.1. Primer requisito: realización de un ejercicio interpretativo

11. Esta Sala considera que se acredita el primer requisito, toda vez que dos Tribunales Colegiados de Circuito ejercieron su arbitrio judicial, al resolver las cuestiones litigiosas que les fueron presentadas. Esto es así, pues ambos órganos colegiados realizaron ejercicios interpretativos en las partes considerativas de las sentencias contendientes, como a continuación se evidenciará:

A. Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo administrativo en revisión 30/2013.

12. Este asunto tuvo su origen en los siguientes antecedentes:

a) Una empresa promovió juicio de amparo en contra de la determinación y recaudación del derecho de alumbrado público contenido en el "aviso-recibo" expedido por Comisión Federal de Electricidad (CFE). La quejosa señaló como única autoridad responsable del acto reclamado al tesorero municipal, ya que formaba parte del órgano que recibía las aportaciones recaudadas por CFE –que actuaba únicamente como auxiliar–. En su demanda alegó que los artículos sobre los que se fundaba el cobro de derechos eran inconstitucionales, conforme a la jurisprudencia de rubro: "ALUMBRADO PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN.", emitida por el Pleno de esta Suprema Corte.(11)

b) El Juez otorgó el amparo por considerar que dicha contribución invadía la esfera de competencias de la Federación, porque se estaba fijando un derecho municipal a partir del consumo que se realizara de energía eléctrica; lo que estaba proscrito conforme al criterio del plenario. Fijó como efecto de su sentencia que el tesorero municipal devolviera la cantidad pagada por el quejoso.

c) La autoridad responsable promovió recurso de revisión. El Tribunal Colegiado únicamente se avocó a resolver oficiosamente las transgresiones procesales que afectaban al quejoso. Así, consideró que el juzgador omitió prevenirlo para que señalara a CFE como particular asimilado a autoridad responsable para efectos del juicio de amparo.

13. En la parte que nos interesa, el Tribunal Colegiado consideró que:

a) El Juez no tomó en cuenta que CFE intervino como autoridad responsable (por equiparación) en el juicio y omitió prevenir al quejoso para que lo señalara en su demanda.

b) El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo prevé que el juicio procede contra autoridades stricto sensu (entes públicos con facultades coercitivas que dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar un acto susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de forma unilateral u obligatoria, o bien, que omitan hacerlos), y contra particulares asimilados a autoridad responsable (entes públicos sin facultades coercitivas o personas privadas que en virtud de una norma general, dictan, ordenan o tratan de ejecutar un acto susceptible de modificar o extinguir situaciones jurídicas de forma unilateral u obligatoria).

c) CFE actuó como particular asimilado a autoridad, porque intervino en la formación del acto administrativo reclamado al determinar y cobrar la cantidad a pagar por alumbrado público mediante el aviso-recibo. Su participación le generó una obligación de pago a la quejosa, siendo que tal afectación se realizó de forma unilateral, obligatoria y, presumiblemente, con apoyo en una norma jurídica. Esto es así, porque las leyes de hacienda municipales autorizan que el cobro por alumbrado público se realice a través de los recibos de facturación expedidos por CFE a sus usuarios. Es decir, que sí debe considerarse procedente el juicio en los términos descritos, porque CFE es un ente público que emitió el acto de liquidación y recaudación tributaria, susceptible de crear una situación jurídica de forma unilateral y obligatoria, en virtud de una delegación legal, a pesar de carecer de facultades coactivas de cobro.

d) La ausencia de facultades coercitivas de cobro impidió que en el pasado se considerara a CFE como autoridad conforme a la jurisprudencia 2a./J. 112/2006 de esta Segunda Sala.(12) Ese criterio se sustentó en el concepto de autoridad previsto en el artículo 11 de la abrogada Ley de Amparo que no incluía a los particulares equiparables a autoridades para efectos del juicio de garantías. Sin embargo, esa jurisprudencia resulta incompatible con el nuevo y amplio artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, que permite que los particulares sean considerados como autoridad cuando dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar un acto susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, en virtud de una norma general y aunque carezcan facultades coercitivas para llevarlos a cabo.

e) La jurisprudencia 2a./J. 112/2006 ya no era aplicable al juicio de conformidad con el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, pues debería regirse conforme a las nuevas disposiciones.

14. Con base en las consideraciones sintetizadas, el tribunal determinó reponer el procedimiento para que el Juez previniera a la quejosa y señalara a CFE como autoridad responsable.

B. Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 216/2015.

15. Ese asunto derivó de los siguientes antecedentes:

a) Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra del cobro de derechos por alumbrado público en el Municipio de Cuitzeo, Michoacán. Señaló como autoridades responsables a: i) los involucrados en el proceso legislativo, por los artículos que preveían el cobro de derechos; ii) CFE por la emisión del aviso recibo que le aplicó la norma impugnada; y, iii) el tesorero municipal, por recibir el cobro de las contribuciones.

b) El Juez de Distrito concedió el amparo, porque la norma ordenaba que el derecho por alumbrado público se calculara con base en el tipo y nivel de consumo de energía eléctrica; cuestión que estaba proscrita a los Municipios. En su sentencia consideró que CFE actuó como particular asimilada a autoridad para efectos del juicio de amparo, con base en la tesis de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ACTÚA COMO PARTICULAR ASIMILADA A AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO MEDIANTE LA EMISIÓN DEL AVISO-RECIBO CORRESPONDIENTE AUXILIA A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN EL COBRO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito.

c) CFE interpuso recurso de revisión en el que argumentó que no debía ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en realidad actuó como un particular en auxilio de la administración pública municipal. Sostuvo que su participación debía calificarse como una cuestión de coordinación –y no de supra a subordinación–, ya que recibió el pago por el derecho de alumbrado público en cumplimiento de la Ley de Hacienda Municipal y al convenio celebrado con el Municipio.

16. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito modificó la sentencia recurrida y sobreseyó el juicio respecto de los actos reclamados a CFE, con base en las siguientes consideraciones:

a) Conforme a la tesis jurisprudencial 2a./J. 112/2006(13) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, cuando CFE determina y recauda un derecho por el servicio de alumbrado público no actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo, sino como un particular en auxilio de la administración pública municipal. Conforme a la legislación aplicable CFE no tiene facultades coercitivas para exigir dicho pago, pues para ello se prevé cierto procedimiento administrativo a cargo de las autoridades municipales.

b) La Sala confirmó ese criterio al determinar que los notarios públicos son auxiliares y no tiene el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo, cuando aquéllos calculan y enteran el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles en operaciones que constan en escritura pública.(14)

c) Conforme a la nueva Ley de Amparo, el juicio es procedente contra: i) la autoridad que, con independencia de su naturaleza formal, dicta u ordena el acto que modifica o extingue situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria; y, ii) el particular que realice u omita actos equivalentes a los de autoridad, siempre que afecten derechos y sus funciones estén determinadas por una norma general.

d) La normativa local impugnada dispone que el cobro de derechos por concepto de alumbrado público está a cargo del Municipio, pero establece la posibilidad de que las autoridades celebren un convenio con CFE para que ésta lo recaude. Por tal razón, CFE no actuó como autoridad para efectos del juicio de amparo, ni realizó actos equiparables a los de autoridad, sino que fungió como un auxiliar del Municipio en virtud de un convenio. Es decir, que CFE cobre el derecho mediante el aviso-recibo no cumple con las características indispensables para considerarse como un acto de autoridad, porque no se realizó de manera unilateral y obligatoria –esto es, con imperio–, ya que su actuación derivó del cumplimiento de un convenio celebrado con el Municipio, quien es el legitimado para recaudar y hacer exigible tal cobro.

e) La legislación local no confiere a CFE facultades coercitivas para exigir el pago de derechos, sino a las autoridades municipales. Conforme al Código Fiscal Municipal del Estado de Michoacán, son tales autoridades las que podrán exigir su cumplimiento mediante un procedimiento administrativo.

f) Es indudable que sigue teniendo aplicación, vigencia y obligatoriedad la jurisprudencia 112/2006 de la Segunda Sala, respecto a la determinación y recaudación del pago del derecho de alumbrado público que realiza CFE. Dicho criterio no sólo no ha sido superado, sino que tampoco se contrapone con los artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la actual Ley de Amparo.

IV.2. Segundo requisito: punto de toque y diferendo en los criterios interpretativos

17. Esta Segunda Sala considera que el segundo requisito también se cumple en el presente caso, pues ambos Tribunales Colegiados utilizaron su arbitrio judicial sobre el mismo problema jurídico: determinar si continúa o no vigente la jurisprudencia 112/2006 de esta Sala.

18. Aunque a primera vista pudiera considerarse que el punto a dilucidar es si CFE podría o no considerarse como un particular equiparable a una autoridad para efectos del juicio de amparo cuando determina y cobra el derecho por alumbrado público, conforme al párrafo segundo de la fracción II del artículo 5o.,(15) a juicio de esta Sala, para definir esta cuestión, los Tribunales Colegiados contendientes partieron de premisas normativas diferenciadas. En efecto, mientras que el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito determinó que el acto en estudio: a) concretó y delimitó una obligación contributiva en la esfera jurídica de la quejosa, y b) dicho acto fue realizado de forma unilateral y obligatoria, puesto que no concurrió la voluntad del particular, sus razonamientos parten de que CFE se apoyó en una norma general ("Finalmente, es presumible que el mencionado organismo descentralizado haya efectuado la determinación y recaudación del derecho de alumbrado público con apoyo en una norma general"). Su conclusión resulta más evidente si se transcriben las normas de la que partió para determinar si procedía o no el juicio de amparo en contra de CFE:

Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo

"Artículo 117. Los derechos a que se refiere el artículo anterior podrán ser recuperados con aportaciones al 5% del importe del consumo de energía eléctrica que conste en el recibo de pago de los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad. ..."

Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez

"Artículo 113. ... La tarifa mensual por el servicio y mantenimiento de alumbrado público, será la obtenida como resultado de dividir el costo anual, global, general actualizado y por el Municipio para la prestación de este servicio, entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad en el Municipio.

"El importe resultante, se cobrará en parcialidades mensuales en cada recibo que expida la Comisión Federal de Electricidad a sus usuarios. La época de pago de esta contribución, corresponderá a los periodos de facturación que por servicio de suministro de energía eléctrica expida la Comisión Federal de Electricidad a los contribuyentes, y si su monto no podrá ser superior al 5% de las cantidades que deben pagar éstos en forma particular, por su consumo de energía eléctrica.

"Si el periodo de facturación de la Comisión Federal de Electricidad es bimestral, el cobro corresponderá a dos parcialidades mensuales. ..."

19. Por su parte, aunque el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito igualmente reconoce que, conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente es posible que un particular pueda ser equiparado a una autoridad –esto es, que proceda el juicio de garantías en contra del actuar de una persona privada–, para que se actualice tal condición, a juicio del órgano colegiado, resultaba necesario que el acto afecte derechos de las personas y tal actuar derivara de un mandato (función) previsto en una norma general ("Luego, para determinar si el actuar u omisión de un particular encuadra dentro de la categoría autoridad responsable, no sólo debe analizarse el acto en sí mismo, sino además que afecten derechos y que deriven de las facultades u obligaciones establecidas en una norma"). Esta última condición –a su consideración– no se cumplía en el caso analizado, porque de las normas locales se desprendía que los Municipios eran los facultados para a) recaudar el derecho de alumbrado público; b) celebrar convenios con CFE para que ésta realizara tal recaudación; y, c) actuar coactivamente para exigirles tal cobro ante la omisión de los particulares mediante un procedimiento administrativo. Así, ese órgano colegiado concluyó que la participación de CFE no podía considerarse como un acto equiparable al de autoridad y contra del que procediera el juicio de amparo, porque tenía como fundamento un convenio y no una norma general.

20. A manera de síntesis, se advierte que, aun cuando los razonamientos de los tribunales contendientes giraron en torno a responder si procede el juicio de amparo contra el cobro que realiza CFE del alumbrado público en un aviso-recibo, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito consideró que sí, porque la nueva ley de la materia amplió su procedencia contra actos de particulares equiparables a los de autoridad y sobre los que no era necesario acreditar la existencia de facultades coercitivas –lo que, a su juicio, impidió que CFE fuese considerada autoridad con base en la ahora abrogada Ley de Amparo–. Por su lado, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito respondió que no, ya que no se actualizaba uno de los elementos exigidos por el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo: la existencia de un mandato dispuesto en una norma general, sino que, por el contrario, la participación de CFE tenía que ser entendido en el contexto de un convenio celebrado con el Municipio.

21. Precisado lo anterior, conviene retomar y abundar el punto en el que, a juicio de esta Sala, sí existe criterio contradictorio. Como se recordará, al inicio de esta sección (párrafo 17) se adelantó que el punto de toque sobre el que existe una discrepancia interpretativa entre los Tribunales Colegiados radica en si continúa siendo aplicable la jurisprudencia 112/2006 de esta Sala, de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ACTÚA COMO PARTICULAR EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CUANDO DETERMINA Y RECAUDA EL DERECHO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.". En efecto, mientras que el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito expresamente sostuvo que dicho criterio resultaba incompatible con que el contenido del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo en vigor no limitara la procedencia del juicio de garantías a los actos de autoridad, sino también contra los de particulares que afecten derechos de manera unilateral y obligatoria, en virtud de una norma jurídica, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito sostuvo que la jurisprudencia en comento resultaba plenamente aplicable, pues no se contraponía con dicho precepto.

IV.3. Tercer requisito: elementos constitutivos de la hipótesis y surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción.

22. Esta Sala considera que los criterios sintetizados reflejan un criterio jurídico contradictorio, por lo que es posible concluir que sí existe contradicción de tesis. Asimismo, que la pregunta genuina que debe formularse para resolver el presente asunto es: ¿resulta aplicable la tesis jurisprudencial 2a./J. 112/2006 de esta Sala para definir si CFE actúa como un auxiliar de la autoridad pública municipal, al emitir el aviso-recibo y recaudar el cobro de derechos por alumbrado público, a pesar de que la nueva posibilidades que prevé la actual Ley de Amparo para la procedencia del juicio?

V. Criterio que debe prevalecer

23. Para resolver el presente asunto se estima conveniente citar la jurisprudencia cuya aplicabilidad es materia de controversia:

"COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ACTÚA COMO PARTICULAR EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CUANDO DETERMINA Y RECAUDA EL DERECHO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.—Cuando la Comisión Federal de Electricidad, en observancia de lo dispuesto en la Ley de Ingresos Municipal respectiva y conforme al acuerdo o contrato celebrado con el Ayuntamiento, determina y recauda el pago de derechos por el servicio de alumbrado público, emitiendo el aviso-recibo correspondiente, no realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque no crea, modifica o extingue, unilateralmente, una situación que afecte la esfera legal del particular, sino que actúa en un plano de coordinación como particular en auxilio de la administración pública municipal, toda vez que ni del artículo 9o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica ni de la legislación municipal aplicable se advierte que la Comisión Federal de Electricidad tenga facultades coercitivas para exigir al contribuyente el pago de los derechos por el servicio de alumbrado público, sino que se establece cierto procedimiento administrativo de ejecución por parte de las autoridades municipales."

24. El criterio fue emitido por la anterior integración de esta Sala, al resolver la contradicción de tesis 92/2006-SS, por unanimidad de cuatro votos, en la sesión de 23 de junio de 2006.(16) Como es evidente, dicho criterio fue emitido previo a la publicación y entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo,(17) por lo que resulta indispensable atender a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio que acompañó a la nueva ley:

"Sexto.—La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley."

25. La disposición transitoria es clara en cuanto a que los criterios jurisprudenciales emitidos con fundamento en la Ley de Amparo de 1936 seguirán siendo aplicables, siempre que "no se opongan" a la ley de 2013. Esto es, la "oposición" o no conformidad es el criterio que orienta si una jurisprudencia debe seguir usándose o no. Sin embargo, en lo que no es claro dicho precepto es cuándo se actualiza la previsión ahí contenida. Es decir, no prevé criterio alguno para definir cuándo una jurisprudencia "se opone" a la nueva Ley de Amparo.

26. Tal situación en modo alguno debe entenderse como una suerte de defecto normativo, sino por el contrario, como una previsión acorde con la función jurisdiccional: son los propios órganos quienes, al ejercer su arbitrio judicial, deben decidir, caso por caso, y según las condiciones puntuales, si consideran que cierto criterio jurisprudencial no contradice los nuevos postulados, principios y valores perseguidos por la nueva Ley de Amparo. De hecho, fue precisamente el debido ejercicio del arbitrio judicial lo que dio origen al presente asunto: mientras uno de los órganos colegiados contendientes determinó que la jurisprudencia 112/2006 era incompatible con la nueva ley, el otro consideró lo opuesto.

27. Conviene precisar que el que sean los órganos jurisdiccionales quienes decidan si un criterio emitido conforme a la vieja Ley de Amparo sigue resultando aplicable, no debe entenderse como una cuestión que afecta la seguridad jurídica de las personas. Ello es así, porque cuando existan criterios diferenciados sobre la aplicabilidad de un criterio de este Alto Tribunal, la propia Ley de Amparo prevé mecanismos para lograr su revisión y, en su caso, definir su aplicación uniforme en el territorio nacional (como se evidencia, precisamente, con el presente asunto).

28. Entremos en materia. Para determinar si una jurisprudencia se contrapone a los contenidos de la nueva Ley de Amparo no basta con señalar que derivó de un precepto que fue modificado o adicionado, sino que se estima necesario conocer las razones y la lógica que está detrás de ese criterio.

29. Como ya se adelantó, el criterio jurisprudencial 112/2006, en el que esta Sala concluyó que CFE no realizaba actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, al cobrar los derechos por concepto de alumbrado público que corresponden a la autoridad municipal, derivó de la contradicción de tesis 92/2006-SS. Las consideraciones o premisas que sustentan dicho fallo son las siguientes:

• La existencia de diversas leyes locales que establecían, por un lado, como ingresos de la hacienda pública el pago de derechos por alumbrado público y, por otro, que CFE determinaría y recaudaría ese pago mediante el aviso-recibo.

• La Sala ha plasmado en diversos criterios jurisprudenciales las características de un acto de autoridad para la procedencia del juicio de amparo: a) la existencia de una relación de supra a subordinación; b) que esa relación tenga su nacimiento en ley, lo que dota al órgano de una facultad administrativa de ejercicio irrenunciable; c) derivado de tal potestad se emitan actos unilaterales que modifican, crean o extingan situaciones que afecten la esfera jurídica de una persona; y, d) para emitir esa afectación no se requiera ni acudir a órganos jurisdiccionales ni del consenso del afectado.

• La legislación (relevante en esa contradicción de tesis: Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y diversas leyes locales) no otorgaba a CFE facultades para exigir el cobro de derechos de alumbrado público, sino únicamente la de celebrar convenios con las autoridades locales y municipales para, en su caso, determinar y recaudar tal contribución. Esto es, que a pesar de que dicho cobro estuviese plasmado y determinado en el "aviso recibo", CFE no podía exigir o requerir su pago.

• Ante la ausencia de pago, el crédito fiscal se hacía exigible por medio de un procedimiento administrativo de ejecución, facultad que estaba a cargo de las tesorerías municipales.

• Cuando las leyes no otorguen a CFE facultades coercitivas para exigir a una persona el pago de derechos por alumbrado público –como por ejemplo, al prever para ello cierto procedimiento de ejecución–, debe entenderse que no actúa como autoridad, puesto que no crea, modifica o extingue unilateralmente situaciones que afecten la esfera jurídica del particular. Por el contrario, debe entenderse que CFE actúa en un plano de coordinación, esto es, como auxiliar de la administración pública municipal.

• Aunque la emisión del aviso-recibo –en las relatadas circunstancias– no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, sí es un acto de aplicación de las normas locales que prevean los montos a cubrir por concepto de derechos por alumbrado público.

30. Como se puede apreciar, la razón central que sustentó que CFE no fuera considerada autoridad en el juicio de amparo es que no existía una norma (local o federal) que le otorgara atribuciones para exigir el cobro de der

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27896-90e16693/comision-federal-de-electricidad-la-jurisprudencia-2a-j · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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