ACTO MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO. NO LO CONSTITUYE EL COBRO DEL DERECHO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EFECTUADO A TRAVÉS DEL AVISO-RECIBO EXPEDIDO POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 7 DE OCTUBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS GUILLERMO DEL CASTILLO VÉLEZ, NICOLÁS NAZAR SEVILLA Y ALFREDO CID GARCÍA. PONENTE: ALFREDO CID GARCÍA. SECRETARIO: MARCELO GUERRERO RODRÍGUEZ.
CONSIDERANDO:
(1) PRIMERO.—Competencia. El Pleno en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre Tribunales Colegiados de este Décimo Octavo Circuito, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el artículo quinto transitorio del Acuerdo General 1/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
(2) SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por un Juez de Distrito que reside en la circunscripción que comprende este Décimo Octavo Circuito, de tal modo que formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
(3) TERCERO.—Criterios materia de la contradicción. Para estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, resulta necesario citar las consideraciones de las ejecutorias que motivaron tal planteamiento.
(4) I. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, al resolver el amparo en revisión 167/2019, sostuvo, en la parte de interés, lo siguiente:
"1) SEXTO.—Son inoperantes en una parte e infundados en otra los agravios expresados por la parte recurrente, en atención a lo siguiente:
"2) Las autoridades responsables recurrentes tesorero y presidente municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, argumentan que la sentencia recurrida es violatoria del artículo 16 constitucional, ya que la misma no se encuentra debidamente fundada y motivada, además de que se viola el principio de exhaustividad.
"3) Lo anterior resulta inoperante, porque el juzgador federal al dictar la resolución recurrida no actuó como un órgano jurisdiccional ordinario, sino como un órgano de control constitucional, razón por la que, no puede estimarse que las consideraciones expresadas en la sentencia que nos ocupa, puedan conculcar preceptos constitucionales ni ordinarios, pues en todo caso, al pronunciarla el citado Juez del conocimiento sólo podía incurrir en algún defecto de legalidad en caso de que hubiera omitido o dejado de observar lo dispuesto en alguno o algunos preceptos de la Ley de Amparo, ordenamiento al que está sujeta su actuación, situación que en la especie no aconteció.
"4) En efecto, la actuación del Juez de Distrito al haber (sic) con el juicio de garantías se rige fundamentalmente por los artículos contenidos en la Ley de Amparo, a la que debe ajustar su proceder, así como a las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles como norma supletoria en términos del artículo 2o. del ordenamiento invocado en primer lugar.
"5) Por tanto, las únicas transgresiones en que podría incurrir el Juez de Distrito serían las relacionadas con los artículos que se contienen en la Ley de Amparo o en el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a dicha ley, pero no se le puede atribuir transgresión a preceptos constitucionales, sin que en la especie haya acontecido, razón por la cual resulta inoperante el agravio en estudio.
"6) Es aplicable al caso la jurisprudencia número P./J. 2/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible página 5 del Tomo V, enero de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes:
"‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTIAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.’ (la transcribe)
"7) Continúa alegando el tesorero municipal de Cuernavaca, Morelos, que el Juez Federal dejó de observar la problemática municipal que conlleva a la prestación del servicio de alumbrado público que tiene obligación de brindar el Ayuntamiento, conforme al artículo 115 constitucional, pues aduce que no puede efectuar la devolución de lo ordenado por el Juez de Distrito, ya que el concepto de alumbrado público no ingresa a las arcas del Ayuntamiento.
"8) También esgrime que, el Juez del conocimiento consideró que debe devolverse la cantidad reclamada, que en su concepto jamás ha sido ingresada a las arcas del citado Ayuntamiento, pues en realidad fue cobrada por la Comisión Federal de Electricidad y dicha cantidad se compensa con los cobros que se causan por el consumo de energía eléctrica del Municipio; pero al efectuar tal devolución se tendrían que destinar recursos ya etiquetados para otorgar diversos servicios públicos para la ciudadanía.
"9) Aduce que el propio Código Fiscal para el Estado de Morelos en su artículo 32, señala que cuando el sujeto pasivo haya enterado cantidades que en su situación jurídica o de hecho no coincida con el presupuesto que generó el crédito fiscal, y siempre que no hubiera repercusión o translación del crédito fiscal, tendrá derecho a la devolución de las cantidades que pagó indebidamente, que en el caso no es posible.
"10) Además, el recurrente argumenta que el monto que la moral quejosa demanda en devolución nunca fue ingresado a las arcas de la Tesorería Municipal de Cuernavaca, Morelos, por tanto se debe tomar en consideración que es un procedimiento por demás viciado, en razón de que no reúne los elementos de (de) (sic) señalados en el artículo 32 del Código Fiscal para la citada entidad federativa, aunado a que, como se puede apreciar, la quejosa no funda ni motiva su demanda conforme a la constitución federal y la Ley de Amparo.
"11) Agrega que, la devolución reclamada las obliga en todo caso a desviar recurso (sic) ya etiquetados para el cumplimiento de diversos servicios, originando que se tenga que tomar dicho recurso del dinero corriente, es decir, del que ya cuentan, lo cual acarrea un perjuicio grave a la ciudadanía, porque consecuentemente, se suspenderían otros servicios públicos que operan con recurso propios, como lo son las contribuciones.
"12) Los anteriores argumentos se consideran infundados, esto es así, porque la recaudación del derecho de alumbrado público corresponde al Ayuntamiento, con independencia de que dicha recaudación no sea cobrada directamente por éste, sino a través de la Comisión Federal de Electricidad, que en el caso es un ente auxiliar de la administración pública, en virtud del convenio respectivo, esto no impide que no ingresen lo recaudado en sus arcas públicas, pues son susceptibles de compensación con el referido organismo.
"13) Se tiene que el artículo 146 Bis de la Ley General de Hacienda Municipal establece que:
"‘Artículo 146 Bis. Los derechos consignados en este capítulo serán cubiertos en forma bimestral, dentro de los primeros quince días de cada mes, en los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, en las oficinas de la tesorería municipal o en las instituciones autorizadas para tal efecto.
"‘Para el cobro de este derecho los Ayuntamientos podrán celebrar convenios con las compañías o empresas suministradoras del servicio de energía eléctrica. En estos casos, se deberá incluir el importe de este derecho, en el documento que para tal efecto expedí la compañía o la empresa, debiéndose pagar junto con el consumo de energía eléctrica, en el paso y en las oficinas autorizadas por esta última.’
"14) Por su parte, el artículo 14, clave 4.3.5.2 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, cuya vigencia se prorrogó en dos mil dieciocho, al no publicarse la ley de ingresos para ese año, en lo que interesa dice lo siguiente:
"‘Artículo 14. Es objeto de este derecho, la prestación de los servicios públicos municipales de: mantenimiento de infraestructura urbana, recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos y alumbrado público. son sujetos del pago por la prestación de los servicios públicos municipales de mantenimiento de infraestructura urbana, recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos y alumbrado público, los propietarios y poseedores de predios urbanos, suburbanos y rústicos del Municipio de Cuernavaca; servicios que pagarán de conformidad con lo siguiente:
"‘... 4.3.5.2 Los derechos por servicios de alumbrado público (DAP), se causarán y liquidarán de conformidad con lo siguiente:
"‘Es objeto de este derecho la prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes del Municipio. se entiende por servicio de alumbrado público el que el Municipio otorga a la comunidad en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común.
"‘La tarifa correspondiente al derecho de alumbrado público, será por el costo de la prestación de este servicio, entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad el importe se cobrará en cada recibo que la Comisión Federal de Electricidad expida. los propietarios o poseedores de predios rústicos, suburbanos y urbanos que no estén registrados en la Comisión Federal de Electricidad, pagarán la tarifa resultante mencionada en este artículo, mediante el recibo que para tal efecto expida la tesorería municipal. El Municipio, por conducto de la tesorería municipal, podrá auxiliarse de la infraestructura y el sistema de cobro del organismo operador municipal de agua potable en caso de existir, para efecto de que se incorpore en cada uno de los recibos de cobro que expide dicho organismo operador, la tarifa que indica este precepto a los propietarios o poseedores de los predios que no estén registrado en la citada Comisión Federal de Electricidad.
"‘En ningún caso la tarifa por este servicio podrá ser mayor al 10% de las cantidades que deban pagar los contribuyentes en forma particular por el consumo de energía eléctrica.’
"15) Del precepto antes transcrito se desprende que para el cobro del derecho de alumbrado público, los Ayuntamientos pueden celebrar convenios con las entidades encargadas de suministrar el servicio de energía eléctrica, quienes deberán incluir en los recibos que para tal efecto expidan –consumo–, el importe a pagar por concepto de ese derecho, el cual podrá ser de manera mensual o bimestral cuando dicho cobro se realice por medio de la Comisión Federal de Electricidad, tal y como en la especie sucedió.
"16) Así, cuando la Comisión Federal de Electricidad establece y recauda el pago por el concepto de derecho de alumbrado público y aplica para su cuantificación determinadas reglas previstas en diversas leyes, mediante la emisión del aviso recibo correspondiente, actúa en un plano de coordinación como particular en auxilio de la administración municipal de Cuernavaca, Morelos, de acuerdo con el convenio por el que se establecen los términos y condiciones a los que se sujetará la recaudación del derecho por concepto de alumbrado público, en términos del artículo 6 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y demás leyes municipales aplicables.
"17) Dicho precepto no establece en favor de dicho organismo público facultades coercitivas para exigir al particular el pago de esos derechos de alumbrado público, sino que prevé cierto procedimiento administrativo de ejecución por parte de las autoridades municipales.
"18) Consecuentemente, el derecho de alumbrado público que se cobra en los avisos-recibos emitidos por la Comisión Federal de Electricidad, al derivar de dicho convenio, los Municipios son los que se benefician con los ingresos de esa contribución, pues, precisamente la Ley de Ingresos municipal prevé el pago de derecho por servicio de alumbrado público, cuyos ingresos conforman la hacienda pública municipal.
"19) En efecto, el artículo 6 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad establece:
"‘Artículo 6. La Comisión Federal de Electricidad podrá realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional, todo ello en términos de lo señalado en esta ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables.’
"20) De lo anterior, se evidencia con toda claridad que la Comisión Federal de Electricidad podrá realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional, todo ello en términos de lo señalado en la ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables, por lo que es dable estimar que cuando determina y recauda el pago del derecho por el servicio de alumbrado público, al emitir el aviso-recibo correspondiente, no realiza actos de autoridad para efectos de procedencia del juicio de amparo, porque no crea, modifica o extingue, unilateralmente, una situación que afecte la esfera legal del particular, sino que actúa en un plano de coordinación como particular en auxilio de la administración pública municipal.
"21) Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 112/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 293, del Tomo XXIV, agosto de dos mil seis, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 174533, de rubro y texto:
"‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ACTÚA COMO PARTICULAR EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CUANDO DETERMINA Y RECAUDA EL DERECHO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.’ (la transcribe)
"22) De igual forma, apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 71/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1296, Libro 55, junio de 2018, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital: 2017214, de rubro (sic) y texto:
"De título y subtítulo: ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 112/2006 SIGUE SIENDO APLICABLE A LOS ACTOS QUE REALIZA EN RELACIÓN CON LA DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL PAGO DE DERECHOS POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013.’ (la transcribe)
"23) En tales condiciones, el agravio en estudio es infundado, porque sí se determinó en la sentencia recurrida que el cobro del derecho de alumbrado público es inconstitucional en virtud de que se invade la esfera de atribuciones de la Federación, y toma como referencia para dicho cobro del derecho de alumbrado público la cantidad que se paga por el consumo de energía eléctrica; es dable estimar que la Tesorería del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, debe devolver el importe cubierto por ese concepto, respecto al aviso-recibo correspondiente al número de servicio 344110451611, relativo al periodo comprendido del treinta de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, a la parte quejosa.
"24) Por lo anterior, contrario a lo manifestado por la recurrente, en términos de lo aquí expuesto le corresponde devolver el monto pagado por la parte quejosa ‘Plásticos Euzkaro’, Sociedad Anónima de Capital Variable, por concepto de alumbrado público únicamente respecto al aviso recibo antes mencionado, para que no se materialice el cobro del siete por ciento (7%) por concepto de derecho de alumbrado público que fue reclamado en la demanda de amparo.
"25) Al respecto se cita en apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 188/2004 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en la página 470 del Tomo XXI, enero de 2005, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 179675, que establece:
"‘AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS.’ (la transcribe)
"26) No obsta para ello, el argumento que señala la citada autoridad recurrente, en el sentido que físicamente no se haya ingresado cantidad alguna a la hacienda municipal, pues lo cierto es que, como ya se mencionó en líneas arriba, la Comisión Federal de Electricidad recauda el derecho de alumbrado público y aplica tales recursos a cubrir las facturaciones que, por consumo de energía eléctrica adeuda el Municipio, sin que ello signifique que los ingresos recaudados por concepto de derecho de alumbrado público no pasen a formar parte de las haciendas municipales, pues al aplicarse para cubrir los adeudos de ésta, tales ingresos integran dichas haciendas, independientemente de quién actúe como entidad recaudadora de la contribución.
"27) Esto es así, ya que si bien el ingreso relativo al cobro por concepto de alumbrado público no es recaudado directamente por el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, sí lo es por la Comisión Federal de Electricidad de acuerdo con el artículo 14, apartado 4.3.5.2 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, por lo que se estima que la sentencia recurrida está debidamente fundada y motivada, pues, conforme a los anteriores dispositivos normativos y, además de acuerdo con el convenio celebrado entre el Ayuntamiento y dicha comisión, corresponde a la Tesorería del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, la recaudación y, por tanto, la devolución a la parte quejosa, por la cantidad pagada en concepto de derecho de alumbrado público.
"28) Aunado a lo anterior, cabe señalar que en la especie no es dable aplicar el artículo 32 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, que contempla que la devolución de las cantidades indebidamente enteradas se efectuará siempre y cuando no exista repercusión o traslación del crédito fiscal, lo que no ocurre en el presente asunto, ya que con independencia de que el monto que fue erogado por concepto de pago del derecho de alumbrado público no ha sido objeto de traslación, o al menos las autoridades municipales recurrentes no han demostrado lo contrario; lo cierto es que no se trata de un pago de lo indebido, sino de una contribución recaudada con base en una norma declarada inconstitucional; de ahí que la persona moral quejosa sea la única afectada en su patrimonio debido a la cantidad pagada, motivo por el cual el tesorero municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, sí está obligado a efectuar su reintegro, como fue señalado en el fallo protector.
"29) Por otra parte, señala la citada autoridad recurrente que le causa agravio la sentencia recurrida porque se deja de observar la problemática municipal que conlleva la prestación del servicio de alumbrado público que tienen obligación de brindar, de conformidad con el artículo 115 constitucional, expresando que el pago del servicio de alumbrado público es uno de los problemas financieros más importantes de las haciendas públicas municipales pues, de conformidad con lo ordenado por el artículo 115, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, los Municipios están obligados a prestar ese servicio público, pero que tal disposición constitucional omite facultarlas para obtener ingresos para su financiamiento.
"30) Afirma el tesorero municipal, que si bien el alumbrado público forma parte de los servicios cuya prestación corresponde a los Municipios, lo cierto es que las autoridades municipales carecen de los recursos para financiarlo y la infraestructura para otorgarlo, por lo cual se ha generado una importante deuda municipal frente a la Comisión Federal de Electricidad; añade que la base gravable del derecho de alumbrado público se integra con el importe del consumo del fluido eléctrico, y no por la prestación del servicio, traducido en que a mayor consumo se pague un mayor derecho y a menor consumo disminuye el monto a cubrir. De esa manera, las Legislaturas Locales en realidad han venido estableciendo impuestos sobre el consumo de energía eléctrica, además que la prestación del servicio de alumbrado público exige un esfuerzo uniforme de la administración pública, y el consumo individual de energía eléctrica no es un elemento que añada un gasto adicional a la prestación del servicio, de ahí que tal consumo no pueda constituir un parámetro válido para establecer el monto del derecho a cubrir por recibir el servicio de que se trata.
"31) Explica la inconforme que la Federación ha sido omisa en establecer una contribución apropiada para la problemática tributaria municipal, pues el artículo 73, fracción XXIX, numeral 5, inciso a), de la Constitución Federal, al otorgar esta potestad tributaria a la Federación, le obliga otorgar una participación a las entidades federativas en los términos que establezca la ley federal correspondiente respecto del rendimiento de la contribución especial que el Congreso de la Unión fije a la energía eléctrica, y que las Legislaturas Locales determinarán el porcentaje del ingreso que, por ese concepto corresponda a los Municipios.
"32) En adición, sostienen ambas recurrentes en sus agravios que es necesario abordar la problemática con enfoque sistémico que permita conjuntar esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, a fin de estar en posibilidad de resolver el problema de manera definitiva y al mismo tiempo promover el desarrollo y modernización de la infraestructura de los servicios de alumbrado público y su mantenimiento para satisfacer las necesidades futuras de la población con costos de operación rentables y, el ente juzgador se limitó a realizar el estudio del acto reclamado y deja de observar cuestiones de carácter general, lo que viola el interés superior general de la población y hace prevalecer el interés particular de la moral quejosa, pues de confirmar la devolución reclamada, la hacienda municipal estaría en riesgo de dejar de prestar los servicios a que se encuentra obligada constitucionalmente.
"33) Finalizan, que en jurisprudencia temática el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que es inconstitucional el ordenamiento local que prevea el cobro del derecho de alumbrado público que toma como base el consumo de energía eléctrica porque invade una atribución exclusiva del Congreso de la Unión, al tratarse propiamente de contribuciones y no de derechos, por no existir ninguna relación entre el consumo de energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado público; por esa razón, en el caso concreto, el artículo 14 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, no trasgrede la esfera de competencia de la Federación ni toma como base del derecho el consumo de energía eléctrica, pues en términos generales se determina mediante la división del costo anual global general actualizado erogado por el Municipio en la prestación de este servicio entre el número de usuarios registrado en la Comisión Federal de Electricidad y el número de predios rústicos o urbanos, sin tomar como base el consumo de energía eléctrica.
"34) Los argumentos de inconformidad son infundados en parte e inoperante en lo que resta.
"35) No tienen razón, pues en su calidad de autoridades responsables deben reparar el daño causado por la violación al derecho humano, sin que puedan justificar las dificultades para tal efecto en elementos como los relativos a la administración pública municipal, pues esto iría contra la esencia del juicio de amparo que es la protección de tales derechos humanos.
"36) Para corroborar lo anterior, es necesario señalar que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, en la parte que interesa, lo siguiente:
"‘Artículo 1o. ... Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.’
"37) Del precepto anterior se advierte que cuando haya una violación a los derechos humanos, el Estado está constreñido a reparar las violaciones que se hayan cometido.
"38) Así, el juicio de amparo es una institución cuyo objetivo principal es la protección de los derechos humanos frente a actos violatorios de las autoridades en el ámbito de su competencia, por tanto, una vez transgredido el derecho humano, los órganos constitucionales deben otorgar el amparo para que sea reparada dicha transgresión, por lo que si en la sentencia de amparo se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para el efecto de que le fuera devuelta la cantidad reclamada en su demanda de amparo, es inconcuso que las autoridades municipales responsables deben reparar el daño causado por la violación al derecho humano, ya que las autoridades están obligadas a realizar los actos tendentes para subsanar la transgresión a los derechos humanos, sin que pueda justificar las dificultades para tal efecto en elementos como los relativos a la administración pública municipal, pues esto iría contra la esencia del juicio de amparo que es la protección de los derechos humanos.
"39) Aunado a lo anterior, en caso que exista imposibilidad para cumplir con la ejecutoria de amparo, esto sería una cuestión que se tendría que dirimir en la etapa de ejecución de la sentencia, en la cual el Juez de amparo puede ponderar la imposibilidad que aduce la autoridad responsable, en caso de que exista, para cumplir con la sentencia protectora.
"40) En diverso aspecto, es inoperante el argumento en el que el tesorero y el presidente municipal señalan en el sentido de que el artículo 14 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete no trasgrede la esfera de competencia de la Federación, ni toma como base el consumo de energía eléctrica, pues en términos generales se determina mediante la división del costo anual global general actualizado erogado por el Municipio en la prestación de este servicio entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad y el número de predios rústicos o urbanos, sin tomar como base el consumo de energía eléctrica; pues estos aspectos no son propios del acto reclamado a dichas autoridades recurrentes y tampoco fueron impugnados por quien debió hacerlo.
"41) Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia 2a./J. 80/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, Tomo XXVII, mayo de dos mil ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 169751, de rubro y texto:
"‘AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE SU EXPEDICIÓN ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN SU INCONSTITUCIONALIDAD.’ (la transcribe)
"42) Cierto, la aludida defensa que pretenden hacer las autoridades recurrentes tesorero y presidente municipal de la constitucionalidad del artículo 14 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, no prospera, pues se insiste, en el juicio de amparo indirecto dicho precepto no fue reclamado, aunado a que a dichas autoridades les fue señalado el carácter de ejecutoras, por lo que es improcedente el análisis que refieren, dado que dichas autoridades no participaron en el procedimiento de creación de la norma tildada de inconstitucional; asimismo, porque en dicho juicio (sic) constitucionalidad tampoco fue señalado como acto reclamado el citado numeral.
"43) Ello porque las autoridades responsables señaladas como ejecutoras en el amparo contra leyes, solamente están legitimadas para acudir a la revisión de las sentencias cuando controvierten el efecto dado al fallo protector, lo que en el caso no acontece, pues tales argumentos sostienen la constitucionalidad de la norma pero no se controvierte el efecto dado al fallo protector que las vincula, es decir, lo relativo a la devolución de la cantidad que demandó la persona moral quejosa.
"44) Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 11/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1243, Libro 3, Tomo II, febrero de dos mil catorce, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital: 2005718, de título y subtítulo:
"‘REVISIÓN EN AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO CUANDO CONTROVIERTA EL EFECTO DADO AL FALLO PROTECTOR QUE LA VINCULA.’ (la transcribe)
"45) En las citadas condiciones, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal."
(5) II. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, al fallar el amparo en revisión 360/2019, sostuvo, en lo que interesa:
"(1) QUINTA.—Reposición del procedimiento. Este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que se vulneraron las reglas fundamentales que r
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29588-a5475eb8/acto-materialmente-administrativo-no-lo-constituye-el-cobro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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