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Modo: Corpus Pro

CONTRADICCIÓN DE TESIS DECLARADA IMPROCEDENTE POR UN PLENO DE CIRCUITO AL EXISTIR JURISPRUDENCIA TEMÁTICA SOBRE EL PUNTO DE DIVERGENCIA. LA DECISIÓN RELATIVA OBLIGA A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CIRCUITO A APLICARLA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2014. · Registro digital (IUS): 25745
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2015-07-10
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 20, Julio de 2015, Tomo II, Pág. 1411.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 25 DE MAYO DE 2015. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARCO ANTONIO RIVERA CORELLA, LUIS IGNACIO ROSAS GONZÁLEZ, JOSÉ RIGOBERTO DUEÑAS CALDERÓN Y JUAN GABRIEL SÁNCHEZ IRIARTE. DISIDENTES: JOSÉ MARTÍN HERNÁNDEZ SIMENTAL Y MARÍA DEL CARMEN CORDERO MARTÍNEZ. PONENTE: JOSÉ MARTÍN HERNÁNDEZ SIMENTAL. SECRETARIA: GEORGINA ACEVEDO BARRAZA.

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, acuerdo del Pleno del Decimoséptimo Circuito, correspondiente a la sesión del día veinticinco de mayo de dos mil quince.

VISTOS para resolver en audiencia pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 184 de la Ley de Amparo, los autos de la contradicción de tesis 5/2014.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-**********, en su carácter de delegado del Ayuntamiento de Chihuahua, Chihuahua, presidente y tesorero del Municipio de Chihuahua, Chihuahua, denunció la posible existencia de una contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver los amparos en revisión 670/2012, 450/2012, 488/2012, 399/2012, 469/2012, 623/2012, 692/2012, 521/2012, 646/2012, 671/2012 y 664/2012; el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al fallar los amparos en revisión 609/2012, 492/2012, 696/2012, 344/2012, 669/2012, 469/2012, 663/2012, 675/2012, 499/2012, 618/2012, 477/2012 y 522/2012; el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al decidir el amparo en revisión 253/2012; el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al emitir el amparo en revisión 48/2012; el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al dictar el amparo en revisión 177/2012; el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al sostener el amparo en revisión 71/2012, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito (antes Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito), al solucionar el amparo en revisión 263/2004.

SEGUNDO.-La referida contradicción de tesis fue radicada ante la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el número 463/2013, la que, por resolución de veintisiete de agosto de dos mil catorce, determinó declararla inexistente, en relación con los criterios emitidos por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito; el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito; el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito; el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, así como respecto del emitido en las ejecutorias pronunciadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver los amparos en revisión 399/2012 y 646/2012; y por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver los amparos en revisión 675/2012 y 669/2012; y al subsistir la aparente contradicción entre los Tribunales Colegiados de este circuito, determinó remitir el asunto al Pleno del Decimoséptimo Circuito, para que decidiera lo que corresponda, por ser el órgano competente para conocerla y hacer el pronunciamiento respectivo, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y primero transitorio del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito y su anexo, publicados en el Diario Oficial de la Federación el catorce de junio de dos mil trece, subrayándose en la resolución de que se trata, que es cierto que el Pleno de este Decimoséptimo Circuito ya resolvió la contradicción de tesis que en esa ejecutoria se declaró existente (a la que le correspondió el número 2/2013); sin embargo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se consideró impedida para declararla sin materia o improcedente, pues el único órgano competente para emitir un criterio en relación con los sustentados por Tribunales Colegiados del mismo circuito, es este Pleno de Circuito, quien debe verificar que se trate de los mismos temas respecto de los cuales se apreciaron decisiones divergentes y haga un pronunciamiento final.

TERCERO.-En tal virtud, en cumplimiento a la citada resolución del Alto Tribunal, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III y 227, fracción III de la Ley de Amparo; 41 Quáter 1, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 13, fracción VI, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, por acuerdo del Magistrado presidente del Pleno de este Decimoséptimo Circuito, se admitió la denuncia de contradicción de tesis antes señalada, la cual, al encontrarse ya integrada y acorde con lo asentado en el acta de sesión ordinaria celebrada el uno de diciembre de dos mil catorce, por el Pleno del Decimoséptimo Circuito, se ordenó que se turnaran los autos de la contradicción de tesis 5/2014, al Magistrado José Martín Hernández Simental, a efecto de formular el proyecto de resolución correspondiente, lo anterior, con fundamento en el artículo 13, fracción VII, del Acuerdo General 8/2015 mencionado.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno de Circuito es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor y primero transitorio del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, así como lo determinado por el Pleno de Circuito en sesiones privadas de tres de noviembre y uno de diciembre, ambas del año dos mil catorce.

SEGUNDO.-Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en razón de que fue formulada por el delegado del Ayuntamiento, presidente y tesorero del Municipio de Chihuahua, Chihuahua; autoridades señaladas como responsables en los juicios de amparo de donde derivaron los criterios en contradicción.

Deviene aplicable en el caso concreto, la tesis de jurisprudencia de rubro y texto literal siguientes:

Registro digital: 163384 en la versión electrónica del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Primera Sala, Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, diciembre de 2010, materia común, tesis 1a./J. 77/2010, página 5. "CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE SUSTENTÓ UNA DE LAS TESIS, TIENE LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIARLA.-Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo establecen, en esencia, que cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual decidirá la tesis que debe prevalecer. En consecuencia, la autoridad responsable que intervino en el juicio de amparo de donde derivó una de las tesis sustentadas está legitimada para hacer la denuncia respectiva."

TERCERO.-Requisitos de procedencia. En primer lugar, debe precisarse que el objeto de la resolución de una contradicción de tesis radica en unificar los criterios contendientes. Es decir, para identificar si es existente la contradicción de tesis deberá tenerse como premisa el generar seguridad jurídica.

De diversos criterios de la Suprema Corte derivan las siguientes características que deben analizarse para determinar la existencia de una contradicción de tesis:

- No es necesario que los criterios deriven de elementos de hecho idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, arribando a decisiones encontradas.

- Es preciso que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

- En los ejercicios interpretativos respectivos debe encontrarse, al menos, un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

- Y que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Sirve de sustento la jurisprudencia P./J. 72/2010, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, de los siguientes rubro y texto:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

Así como la tesis aislada P. XLVII/2009 de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, julio de 2009, página 67, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.-El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."

CUARTO.-Posturas divergentes. Con la finalidad de establecer la procedencia o no de la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el veintitrés de noviembre de dos mil doce, el recurso de revisión administrativo número 469/2012, en lo de interés, confirmó la concesión de amparo impugnada, analizando un asunto con las siguientes características:

1. Antecedentes:

a) **********, en su carácter de apoderado de la persona moral **********, demandó, en la vía indirecta, el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del Decreto Número 655-2011 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiocho de diciembre del dos mil once, mediante el cual se expidió la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para el ejercicio fiscal de dos mil doce, mediante el que se pretende establecer como ingreso de dicho Municipio el derecho por el servicio público de alumbrado a cargo de los consumidores de energía eléctrica y diversos predios, con motivo de su primer acto de aplicación.

b) Seguidos los trámites legales, el Juez de Distrito concedió el amparo solicitado.

c) Inconforme con dicha determinación, la autoridad responsable, el Congreso del Estado de Chihuahua, a través de su delegado, interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al citado Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que determinó confirmar la concesión del amparo, para lo cual, resolvió que los preceptos reclamados, para calcular el monto del derecho de alumbrado público, no atienden al costo que le representa al Municipio la prestación del servicio, sino que introducen un elemento que le es ajeno, como lo es el uso o destino del inmueble del que es propietario o poseedor -base, factor esencial de la contribución-, en la medida en que, de inicio, la cuota aplicable varía dependiendo de si es habitacional, industrial, comercial o terreno baldío, lo que, desde luego, no es propio de los derechos e implica una clara violación a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, por lo que los efectos del amparo se concretizaron para que se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa, la obligación de cubrir el derecho de alumbrado público, en virtud de que el vicio de inconstitucionalidad, del cual adolecen las normas jurídicas estatales, recae sobre un elemento esencial de tal contribución, como lo es su base -al fijarse en función de un elemento extraño a su costo- y, en esa medida, afecta todo el mecanismo impositivo que la regula.

2. Resolución del Tribunal Colegiado:

"DÉCIMO TERCERO.-Es fundada la violación a los principios de proporcionalidad y equidad tributarias que plantea la parte quejosa, exclusivamente con el mecanismo para determinar la base del derecho por la prestación del servicio de alumbrado público, que regulan los artículos 175 y 176 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, reformados mediante Decreto 372-2011 II P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el trece de agosto de dos mil once, al relacionarse con el diverso 6, numeral 14, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua para el ejercicio fiscal de dos mil doce y el apartado XII de la tarifa para el cobro de derechos municipales anexa, relativo al derecho en mención, contenidos en el Decreto 655/2011 I P.O., publicado en el citado medio oficial de difusión estatal el veintiocho de diciembre de dos mil once, todos en vigor a partir del primero de enero de la presente anualidad.

"Infracción que, al recaer sobre ese elemento esencial -base- del derecho impugnado, se estudia de manera preferente, en acatamiento al principio de mayor beneficio jurídico para el gobernado, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Federal y aplicable al juicio de amparo, que se verá reflejado en los alcances que tendrá la presente ejecutoria.

"Ilustra sobre el particular, por analogía, la jurisprudencia P./J. 3/2005 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, Tomo XXI, febrero de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.’

"Y la diversa VI.2o.C. J/304, visible en la página 16 (sic) página 1677, Tomo XXIX, febrero de 2009, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO.’

"Pues bien, en esencia, la parte peticionaria arguye que el derecho por servicio de alumbrado público que reclama infringe las garantías de proporcionalidad y equidad contenidas en el ordinal 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la obligan a determinar su pago atendiendo a un elemento que le resulta ajeno, como lo es el uso o destino del predio del que son dueños o poseedores los contribuyentes, y no al costo que para el Estado tiene su prestación, como lo exigen las citadas Normas Fundamentales.

"El Código Municipal para el Estado de Chihuahua y la Ley de Ingresos para el Municipio de Chihuahua para el ejercicio fiscal de dos mil doce, en lo que interesa, disponen:

"‘Artículo 175. Es objeto de este derecho, el servicio de alumbrado público que el Municipio presta en bienes de uso común, de los señalados en el artículo 105, fracción III, de este código.

"‘Son sujetos de este derecho, los propietarios o poseedores de predios, ya sean urbanos, semiurbanos o rústicos, ubicados en el área territorial del Municipio.’

"‘Artículo 176. El derecho de alumbrado público se liquidará bimestralmente o, en su caso, mensualmente.

"‘El pago se realizará, para los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad en el recibo que ésta expida, simultáneamente con el pago del consumo de energía eléctrica, en el que se indicará la cuota correspondiente.

"‘Para los contribuyentes que no son usuarios de la Comisión Federal de Electricidad, el pago se efectuará en la Tesorería Municipal o en los organismos o empresas autorizados para tal efecto, debiendo expedir el recibo correspondiente.

"‘Anualmente, en la Ley de Ingresos de cada uno de los Municipios, éstos establecerán las cuotas y/o bases para el cálculo y determinación del derecho de alumbrado público.

"‘Una vez cubierto el monto del costo del alumbrado público, en su caso, los remanentes se destinarán al mejoramiento de este servicio público, incluyendo el mantenimiento y remozamiento de los bienes de uso común, a que se refiere la fracción III del artículo 105 de este código.’

"Ley de Ingresos para el Municipio de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2012

"‘Título II. De los ingresos municipales.

"‘Artículo 6. Durante el ejercicio fiscal comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre del año 2012, la hacienda pública municipal percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas, expresadas en pesos, como sigue:

"‘...

"‘II. Derechos

"‘14. Por los servicios públicos siguientes:

"‘a) Derecho de alumbrado público.’

"‘Tarifa para el cobro de derechos para el ejercicio fiscal del año 2012

"‘De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 169 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, previo estudio del proyecto de Ley de Ingresos presentado por el H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua y conforme a los artículos 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal, 2 y 4 de la Ley de Coordinación en Materia de Derechos con la Federación, publicada en el Periódico Oficial de fecha 30 de diciembre de 1981, se expide la presente tarifa que, salvo en los casos que se señalen de otra forma, se expresa en número de veces de salario mínimo general diario vigente en el Municipio de Chihuahua, y que regirá durante el ejercicio fiscal del año 2012, para el cobro de los derechos que deba percibir la hacienda pública del Municipio de Chihuahua.

"‘...

"‘XII. Derecho público de alumbrado

"‘El Municipio percibirá ingresos mensual o bimestralmente por el derecho de alumbrado público (DAP), en los términos de los artículos 175 y 176 del Código Municipal del Estado de Chihuahua.

"‘Los predios que cuenten con contrato de suministro de energía eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), deberán pagar una cuota fija mensual o bimestral, simultáneamente en el recibo que expida dicho organismo, en los términos del convenio que se establezca con la citada comisión y de conformidad con la siguiente tabla: (se transcribió)

"‘Para el caso de terrenos baldíos, predios rústicos, suburbanos, urbanos y/o en desuso, se establece una cuota fija bimestral que se reflejará dentro del estado de cuenta del impuesto predial, misma que deberá liquidarse al vencimiento del periodo correspondiente, en las oficinas de la tesorería municipal, o bien en los organismos o empresas autorizadas para tal efecto, previo convenio, quienes expedirán el recibo correspondiente.

"‘En relación al párrafo anterior, también se podrá enterar el pago anualmente dentro del estado de cuenta del impuesto predial, sin el descuento otorgado en el pago del predial en los meses de enero, febrero y marzo.’

"De acuerdo con el contexto legal reproducido, el artículo 175 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua establece el sujeto obligado al pago del derecho por la prestación del servicio de alumbrado público y relaciona la base de esa contribución, al disponer que están constreñidos a su entero los propietarios o poseedores de predios, sean urbanos, semiurbanos o rústicos, ubicados en el área territorial del Municipio; a su vez, el diverso 176 de esa propia codificación, remite de forma expresa a la Ley de Ingresos, en el caso, para el Municipio de Chihuahua, para conocer precisamente la base para calcular, determinar y cubrir el importe de la contribución en cuestión; y esta última normatividad, en el artículo 6, numeral 14, inciso a), de su título II, instituye su percepción por parte de la hacienda pública municipal para el ejercicio fiscal de dos mil doce, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XII de la tarifa para el cobro de derechos municipales anexa.

"Al respecto, es puntual destacar que tratándose de los derechos fiscales, las garantías de proporcionalidad y equidad que tutela el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal operan con un sistema distinto al de los impuestos, ya que de acuerdo a la doctrina jurídico-fiscal y a la legislación tributaria, por derechos deben entenderse las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo en sus funciones de derecho público y, en su caso, por organismos descentralizados o desconcentrados, así como por concepto del uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación o del Distrito Federal, mientras que por impuestos se entienden las contribuciones establecidas en la ley a cargo de las personas que se encuentren en la situación jurídica o de hecho previstas en aquéllas, derivando de tal diferencia distintos modos de apreciar y aplicar los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad.

"Entonces, el principio de proporcionalidad, que rige a los derechos fiscales, se funda, generalmente, en que el monto de sus cuotas o tarifas deben guardar una correspondencia razonable con el costo del servicio que presta el Estado; de manera tal que se respeta la garantía de proporcionalidad tributaria en la medida en que exista congruencia entre el hecho imponible y la cuantificación de su magnitud, función que corresponde al elemento tributario conocido como base imponible, así como la congruencia entre hecho imponible y base, porque aparte de ser un requisito de proporcionalidad, es una cuestión de lógica interna de los tributos, porque de lo contrario existiría imprecisión en torno a cuál es el aspecto objetivo efectivamente gravado y cuál es la categoría tributaria que realmente se regula.

"De esa manera, para la fijación de la cuota o tasa aplicable sobre la base del derecho, debe considerarse el costo que para el Estado tiene la ejecución del servicio y que la correspondencia entre ellos no debe entenderse como en derecho privado; de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se otorgan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares.

"Por su parte, el principio de equidad en las contribuciones fiscales, significa no solamente que la norma legal que establece el tributo dé un trato igual a los gobernados que se encuentran comprendidos dentro de supuestos análogos y que reciban un similar servicio, sino también que para ponderarla, tratándose de causantes en situaciones y características diversas, que deban cubrir cuotas distintas por la prestación de servicios del Estado, es necesario expresar las razones o causas por las que implicarán mayor o menor actividad de los órganos administrativos.

"Ello se obtiene de la tesis del Pleno de la Suprema Corte de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25745-57a531de/contradiccion-de-tesis-declarada-improcedente-por-un-pleno · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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