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Modo: Corpus Pro

ALUMBRADO PÚBLICO. LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL COBRO, EJECUCIÓN Y RECAUDACIÓN DEL DERECHO RELATIVO BASADOS EN EL AVISO-RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DONDE ÚNICAMENTE SE LEEN LAS SIGLAS "DAP" O CUALQUIER SIMILAR, ACTUALIZAN UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR ENDE, SON IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIN NECESIDAD DE AGOTAR EL JUICIO DE NULIDAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2018. · Registro digital (IUS): 28974
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-08-30
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, Pág. 3481.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 3 DE JULIO DE 2019. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JUAN PABLO BONIFAZ ESCOBAR, GUILLERMO DEL CASTILLO VÉLEZ Y JUAN JOSÉ FRANCO LUNA. PONENTE: GUILLERMO DEL CASTILLO VÉLEZ. SECRETARIA: MARTHA LILIA RAMÍREZ HERNÁNDEZ.

CONSIDERANDO:

(1) PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Decimoctavo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, y 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por tratarse de una posible discrepancia entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de este Circuito, y corresponde, exclusivamente, a este Pleno dilucidarla y determinar, en su caso, cuál será el criterio que debe prevalecer.

(2) SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que fue formulada por **********, en su carácter de autorizada en términos amplios de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable y de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, partes en los asuntos del conocimiento de los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materias Penal y Administrativa de este Circuito, al resolver el recurso de queja **********, y el emitido en el recurso de revisión **********, respectivamente, los cuales, a consideración de la denunciante, resultan discordantes.

(3) TERCERO.—Ejecutorias que participan como contradictorias. A fin de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir la parte considerativa que motivó las decisiones de los tribunales contendientes, así como hacer referencia a los hechos que les dieron origen.

(4) En sesión plenaria de once de octubre de dos mil diecisiete, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, resolvió el amparo en revisión **********, relativo al juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra la sentencia de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, pronunciada por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, en auxilio del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, en cuya parte considerativa, en lo que interesa, el citado órgano colegiado de Circuito sustentó lo que a continuación se transcribe:

"Ahora bien, cuando la Comisión Federal de Electricidad establece y recauda el pago por el concepto de derechos de alumbrado público, aplicando para su cuantificación determinadas reglas previstas en las leyes aplicables, mediante la emisión del aviso-recibo correspondiente, actúa en un plano de coordinación como particular en el auxilio de la Administración Municipal correspondiente, ya que, de acuerdo al convenio o contrato celebrado por el Ayuntamiento respectivo y el propio organismo público descentralizado, en términos del artículo 6o. de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las leyes municipales aplicables, no se establece en favor de dicho organismo público facultades coercitivas para exigir al particular el pago de esos derechos de alumbrado público, sino que se prevé cierto procedimiento administrativo de ejecución de parte de autoridades municipales; de ahí que, el derecho de alumbrado público que se cobra en los avisos-recibos emitidos por la Comisión Federal de Electricidad, al derivar de dicho convenio, los Municipios son los que se benefician con los ingresos de esa contribución; pues, precisamente, es la Ley de Ingresos municipal la que prevé ese pago de derechos por el alumbrado público, cuyos ingresos conforman la hacienda pública municipal.

"...

"En consecuencia, si el a quo concluyó en la sentencia recurrida, que el cobro de los derechos de alumbrado público es inconstitucional, en virtud de que se invade la esfera de atribuciones de la Federación, tomando como referencia para dicho cobro la cantidad que se paga por el consumo de energía eléctrica, entonces fue correcto que determinara que la Tesorería del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, debe devolver el importe cubierto por ese concepto en relación al servicio **********, del periodo de consumo comprendido del treinta y uno de enero al veintiocho de febrero de dos mil diecisiete.

"...

"Sin que obste a lo anterior, lo aducido por el recurrente, en el sentido de que físicamente no haya ingresado la cantidad referida a la hacienda municipal, pues lo cierto es que la Comisión Federal de Electricidad recauda el derecho de alumbrado público y aplica tales recursos a cubrir las facturaciones que por consumo de energía eléctrica adeuda el Municipio, sin que ello signifique que los ingresos recaudados por concepto de derecho de alumbrado público no pasen a formar parte de las haciendas municipales, pues al aplicarse a cubrir los adeudos de ésta tales ingresos integran dichas haciendas, independientemente de quién actúe como recaudadora de la contribución.

"...

"En el caso, la parte recurrente, al sostener la constitucionalidad del artículo reclamado, omite mediante razonamientos técnicos-jurídicos combatir las razones por las cuales el Juez consideró que dicha porción normativa invadía la esfera de atribuciones de la Federación, de conformidad con la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘ALUMBRADO PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN.’, ello en razón de que no expone el por qué no es aplicable dicho criterio jurisprudencial, ni desestima el vicio de inconstitucionalidad que advirtió el Juez de Distrito respecto al cobro efectuado del derecho reclamado. De ahí lo inoperante del agravio ..."

(5) Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver el recurso de queja **********, derivado del juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, en lo conducente del fallo, expuso lo siguiente:

"Resulta innecesario el estudio de los agravios expuestos por la autoridad recurrente en contra del auto que admitió la demanda de amparo; toda vez que este cuerpo colegiado advierte la actualización de una causa de improcedencia de manera manifiesta e indudable que hace improcedente el juicio de amparo promovido por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su apoderado legal **********, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, lo que conduce a desechar la demanda.

"...

"(6) Precisado lo anterior, como se destacó al inicio de este considerando, se estima que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo que establece:

"‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"‘...

"?‘XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.’

"(7) Del numeral transcrito, en lo que interesa, prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados.

"(8) Lo anterior, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo, sin exigirse mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido.

"(9) Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta localidad, el cuatro de julio de dos mil diecisiete, **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su apoderado legal **********, promovió juicio de amparo indirecto en contra de actos que atribuyó al presidente municipal de Zacatepec, Morelos, y otras autoridades, consistentes en el cobro por concepto de derecho de alumbrado público, previsto en el artículo 14, apartado 4.3.5.1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zacatepec, Morelos, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete; el cual le fue aplicado en el aviso recibo relativo al número de servicio **********, expedido el ocho de junio de dos mil diecisiete (fojas 10 a 31 del toca).

"(10) De lo anterior, es evidente que la parte quejosa, solamente reclamó el cobro del derecho de alumbrado público que se sustenta en el aviso recibo descrito, el cual fue expedido por la Comisión Federal de Electricidad, por lo que tiene la posibilidad de impugnar el acto reclamado ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, quien podrá modificarlo o revocarlo, de acuerdo a lo establecido en los numerales 1 y 3 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, los cuales establecen:

"...

"(11) De los numerales destacados se advierte que toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal que emitan las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, de los Ayuntamientos, o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos o intereses legítimos, mediante el juicio de nulidad.

"(12) De ese modo, si la parte quejosa pretende impugnar un acto emitido por una autoridad de la Administración Pública Municipal, relacionado con el cobro, ejecución y recaudación por concepto de derechos de alumbrado público, es inconcuso que previamente a la iniciación del juicio constitucional en la vía indirecta, debió agotar el referido juicio de nulidad administrativo.

"(13) Lo anterior es así, porque los numerales trascritos ponen de relieve que en el Estado de Morelos es factible impugnar los actos y resoluciones de carácter fiscal producidos por los organismos municipales; siendo obligatorio que, previo a promover demanda de amparo, la parte quejosa debió acudir al juicio de nulidad, previsto en la ley citada, para con ello observar el principio de definitividad.

"(14) Además de que el ordenamiento invocado establece la suspensión de los actos tildados de nulos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 142 al 149 de dicho ordenamiento, la cual procede en los mismos términos en que lo prevé la Ley de Amparo, es decir, ese ordenamiento ordinario no exige mayores requisitos para decretar la suspensión; por consiguiente, la parte quejosa se encontraba obligada a agotar el principio de definitividad a que se refiere el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo.

"...

"(17) En esta tesitura, contrario a lo considerado por la Juez de Distrito, no era procedente admitir la demanda de amparo, al no haber agotado la parte quejosa, el principio de definitividad, por las razones precisadas."

(6) El Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, en la sesión correspondiente al diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, al resolver el amparo en revisión **********, derivado del juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, en lo conducente del fallo, expuso lo siguiente:

"Los susodichos agravios, por estar intrínsecamente relacionados, son infundados.

"Efectivamente, el precepto 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que invocó el Juez de Distrito en la sentencia recurrida, contempla uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de garantías contra actos que son combatibles a través de un medio de defensa ordinario.

"De manera que, previamente a la interposición del juicio de garantías, la parte quejosa debe agotar o sustanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar dicho principio.

"Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se apertura la posibilidad de instar el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo.

"...

"En este sentido, tal y como lo sostuvo el Juez de amparo, conforme a los numerales 1, 2, 3 y 4 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, es procedente contra el acto reclamado, puesto que el Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, es parte de la Administración Pública Municipal, además es quien designa al organismo o a las entidades para recaudar el pago por el derecho de alumbrado público.

"Lo anterior es así, porque lo reclamado por el quejoso, al tenor de los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo, es precisamente el cobro por concepto del citado derecho de alumbrado público derivado del cumplimiento de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec, Morelos, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, que en su artículo 31 establece un diverso procedimiento para determinar la recaudación mencionada, distinto del siete por ciento (7%), obtenido de realizar el cálculo aritmético sobre el importe del consumo de energía eléctrica, contenido en el recibo-aviso (foja 19 del expediente de amparo), según se aprecia de la siguiente transcripción:

"...

"Entonces, contrario de lo sostenido por el inconforme, el artículo 31 de Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec, Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, no contiene como disposición el pago por el derecho de alumbrado público con base en un porcentaje del 7%, sino que establece un distinto procedimiento tomando en consideración los metros lineales de ‘1 a 200 metros’ en cualquier dirección, según lo mencionado en el párrafo anterior.

"...

"Por otro lado, es importante precisar que la Comisión Federal de Electricidad determina y recauda el pago de los derechos por el servicio de alumbrado público, por ello, emite el aviso-recibo; sin embargo, su actuar no es un acto de autoridad susceptible de ser impugnado en esta instancia constitucional, independientemente de que se aleguen violaciones directas de la Constitución o falta de fundamentación y motivación, porque no crea, modifica o extingue de manera unilateral la esfera legal del quejoso, sino que actúa en un plano de coordinación como particular, y en cambio, las autoridades municipales son las autoridades acreedoras del derecho de que se trata y, por ello, el cobro correspondiente sí se puede ventilar ante el Tribunal de Justicia Administrativa, en los términos de las disposiciones citadas arriba.

"...

"Así, en razón de que el quejoso inobservó el principio de definitividad en virtud de que no agotó el aludido medio de defensa, el juicio de amparo se debe sobreseer por actualizarse en la especie la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, tal y como lo sostuvo el Juez Federal en el fallo impugnado."

(7) Una vez que fueron requeridos los tres Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, para que informaran al Pleno en dichas materias y Circuito, si a la fecha sus criterios seguían vigentes o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este Circuito, a través de su presidente, comunicó que dicho tribunal abandonó su criterio, considerando que se actualiza una excepción al principio de definitividad establecida en el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a cuando el acto reclamado carece de fundamentación.

(8) Lo anterior, al resolver el amparo en revisión **********, derivado del juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, en los siguientes términos:

"(1) Sin embargo, la inoperancia de los agravios deriva de que, como se verá a continuación, en este caso no se actualiza el aludido motivo de improcedencia.

"(2) El artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia dispone:

"‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"‘...

"‘XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.

"‘No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.

"‘Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.’

"(3) De la disposición normativa transcrita, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados.

"(4) Esto, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la promoción del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo, sin exigirse mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido.

"(5) Sin embargo, existe una excepción, consistente en que el acto reclamado carezca de fundamentación y motivación, circunstancia que acontece en el presente asunto, pues si partimos de la base de que la Comisión Federal de Electricidad, no fue considerada como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo al calcular y recaudar el derecho de alumbrado público, tal como lo resolvió el Juez de Distrito al sobreseer en el juicio respecto de dicha empresa, tenemos como único acto existente para someterlo al análisis del juicio constitucional, la recaudación correspondiente al periodo de facturación del treinta y uno de octubre al treinta de noviembre de dos mil diecisiete, por parte de la Tesorería del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, lo que fue aceptado por la aludida autoridad al rendir su informe justificado, respecto del cual no obra en autos constancia alguna, razón por la cual, debe considerarse carente de fundamentación y motivación.

"(6) Sin que represente obstáculo para lo anterior que este tribunal haya sostenido en diversos asuntos el criterio de que en contra del cobro del derecho de alumbrado público procedía el juicio de nulidad y, por ende, resultaba improcedente el juicio de amparo, al no cumplirse con el principio de definitividad; toda vez que lo aquí resuelto es producto de una nueva reflexión en relación al aludido acto, y constituye una excepción al principio que se venía invocando."

(9) Por su parte, los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero en Materias Penal y Administrativa del mismo Circuito, manifestaron que los criterios sostenidos en sus respectivas sentencias siguen vigentes.

(10) CUARTO.—Inexistencia de la contradicción de tesis. Reseñados los criterios contendientes, debe determinarse si existe la contradicción de tesis denunciada, pues ésta constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver sobre la postura que debe prevalecer como jurisprudencia.

(11) Para que exista contradicción de tesis, se requiere que los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan: 1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y, 2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.

(12) Por tanto, para que se actualice la discrepancia de tesis, es necesario que se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin ser óbice para ello que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que lo rodean.

(13) Tal criterio es acorde a lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se desprende de las siguientes jurisprudencias:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(3)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.—Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."(4)

(14) Ahora, del contenido de las ejecutorias que constituyen la materia del presente asunto se advierte que, en síntesis, los órganos jurisdiccionales contendientes resolvieron lo siguiente:

(15) Como se advierte de las transcripciones hechas en esta ejecutoria, el Primer Tribunal Colegiado, al abandonar el criterio sostenido en el recurso de queja **********, coincide con el criterio del Segundo Tribunal Colegiado, al resolver el recurso de revisión **********, en el que tácitamente se sostiene la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra del aviso-recibo que contiene el cobro por el derecho de alumbrado público, por actualizarse una excepción al principio de definitividad, establecida en el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a cuando el acto reclamado carece de fundamentación.

(16) En ese sentido, no existe la contradicción de tesis planteada entre el Primero y el Segundo Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito.

(17) QUINTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado estima que se debe agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, previamente a la promoción del juicio de amparo, cuando se reclamen actos relacionados con el cobro, ejecución y recaudación por concepto de derecho de alumbrad

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28974-57ec71d3/alumbrado-publico-los-actos-relacionados-con-el-cobro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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