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ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORES). AL RETENER EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA SUBCUENTA DE RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 423/2014. · Registro digital (IUS): 25866
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-10-02
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEXTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II , Pág. 1747.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 423/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEXTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO. 1 DE JULIO DE 2015. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: MARÍA ESTELA FERRER MAC-GREGOR POISOT.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los últimos dos preceptos legales vigentes a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiuno de mayo del año citado, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de distintos circuitos de un tema en materia administrativa, además de que no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que la formula **********, quien fue parte tercero interesada en los recursos de revisión 226/2014 y 240/2014 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, es decir, una de las partes en los juicios que motivan la presente de contradicción.

TERCERO.-Criterio del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Dicho órgano jurisdiccional, al resolver el veintiocho de mayo de dos mil catorce el amparo en revisión número **********, sostuvo, en lo que interesa al caso, lo siguiente:

"SEXTO.-Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este tribunal advierte de oficio las causas de improcedencia que a continuación se indican.

"a) Se actualiza la causa de improcedencia derivada de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1o. y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, respecto de los actos reclamados, por vicios propios, al encargado o director general de **********, pues carece del carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo.

"Esto es, para que un particular adquiera la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo en términos de la legislación de la materia se requiere:

"1. Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido.

"2. Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas.

"3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad.

"En el caso, este Tribunal Colegiado considera que no se reúnen los requisitos a que se refiere el punto 1 que antecede, para considerar que el encargado o director general de **********, tiene el carácter de particular equivalente a autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5o., fracción II, de la ley de la materia, porque al haber actuado como retenedor del impuesto sobre la renta que generó el quejoso, no realizó actos equivalentes a los de autoridad, pues no dictó, ordenó, ejecutó o trató de ejecutar acto alguno en forma unilateral y obligatoria, ni omitió actuar en determinado sentido.

"En efecto, el encargado o director general de **********, quien retuvo el impuesto sobre la renta causado por la parte quejosa, con motivo del retiro del monto correspondiente a su subcuenta del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV), prevista en la Ley del Seguro Social, desplegó su actividad de retención del tributo, como auxiliar de la autoridad fiscal, pues el mecanismo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en particular, de lo dispuesto en los artículos 109, (sic) fracción X y 170, tercer párrafo, de dicho ordenamiento tributario, le impone el deber de retener la contribución causada, como parte del propio mecanismo de tributación que se regula en la Ley del Impuesto sobre la Renta, dada la posición de cercanía que tiene el retenedor con el hecho imponible, pues, como se puntualizará más adelante, las administradoras de fondos para el retiro son entidades financieras que se dedican de manera habitual y profesional a administrar las cuentas individuales y canalizar los recursos de las subcuentas que las integran, así como a administrar sociedades de inversión.

"En ese contexto, el numeral 26, fracción I, del Código Fiscal de Federación, establece lo siguiente:

"‘Artículo 26. Son responsables solidarios con los contribuyentes:

"‘I. Los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes, hasta por el monto de dichas contribuciones. ...’

"Como puede verse, no existe determinación propia del encargado o director general de **********, en relación con el impuesto aplicado a la parte quejosa, ya que dicha administradora, atendiendo a la mecánica del impuesto sobre la renta, se concretó a cumplir con el deber de retener el impuesto causado; de ahí que no pueda considerarle un particular que despliega actos de autoridad para efectos del juicio de derechos fundamentales, de conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, sobre todo, porque en su carácter de retenedor, de no cumplir con la obligación que le impone la ley fiscal (retener el tributo), le surge el carácter de obligado solidario; circunstancia que lejos de considerarla como autoridad responsable, la ubica como subordinada ante la autoridad fiscal.

"En efecto, si bien la Ley de Amparo establece la posibilidad de tener a los particulares como autoridades responsables, siempre que actúen con fundamento en una disposición legal y con base en ella puedan dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar u omitir algún acto en forma unilateral y obligatoria que conlleve a la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos; tratándose de la recaudación de contribuciones, como el impuesto sobre la renta, su mecánica involucra en ciertos casos, la obligación de retener el impuesto para su posterior entero, lo que queda a cargo de un tercero en la relación tributaria, permitiendo al fisco un mayor control de las contribuciones y hacer rápida y efectiva su recaudación.

"A propósito, nuestro Más Alto Tribunal ha interpretado diversas normas fiscales en las cuales se prevé la figura del tercero o auxiliar, quienes intervienen en la determinación y recaudación de los impuestos, como es el caso de los patrones que retienen el importe del impuesto sobre productos del trabajo a sus empleados y otros supuestos en los que los particulares, auxiliares del fisco federal, también tienen el carácter de deudores solidarios cuando no retienen los impuestos conforme al mecanismo tributario respectivo o no se cercioran de que se cumplan los requisitos que determinan las leyes fiscales.

"Dentro de los numerosos criterios, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 52/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 557 del Tomo XIX, mayo de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes:

"‘IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SU RETENCIÓN POR EL PATRÓN AL EFECTUAR EL PAGO DE ALGÚN CONCEPTO QUE LA LEY RELATIVA PREVÉ COMO INGRESO POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO, CONSTITUYE ACTO DE APLICACIÓN PARA EFECTOS DEL AMPARO, Y ES SUSCEPTIBLE DE GENERAR LA IMPROCEDENCIA POR CONSENTIMIENTO TÁCITO, SIEMPRE Y CUANDO EN EL DOCUMENTO RESPECTIVO SE EXPRESEN LOS CONCEPTOS SOBRE LOS CUALES SE EFECTÚA DICHA RETENCIÓN Y SU FUNDAMENTO LEGAL. ...’

"Se insiste que en numerosos criterios de los órganos del Poder Judicial de la Federación, se ha establecido que la legislación mexicana admite la posibilidad de que los particulares funjan como terceros auxiliares de la administración pública cuando retienen el impuesto a cargo de los contribuyentes a fin de eficientar la recaudación de las contribuciones que establece la ley, obligación que surge en atención a la intervención que tienen en la realización o formalización del hecho imponible.

"Se trata de una carga que el legislador les impuso a determinadas personas en las normas tributarias en atención a sus cualidades, con el único propósito de hacer efectiva la recaudación pero que, de ninguna forma, corresponde al cúmulo de obligaciones derivadas de las normas jurídicas que regulan su función y naturaleza.

"Ahora, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, las administradoras de fondos para el retiro son entidades financieras que se dedican de manera habitual y profesional a administrar las cuentas individuales y canalizar los recursos de las subcuentas que las integran, así como a administrar sociedades de inversión.

"Además, deben efectuar todas las gestiones necesarias para la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones de las sociedades que administren y, en cumplimiento de sus funciones, atenderán exclusivamente al interés de los trabajadores asegurando que todas las operaciones que efectúen para la inversión de sus recursos se realicen con ese objetivo.

"La función que la norma jurídica les otorga a las entidades financieras es simplemente la de administrar los fondos de ahorro de los trabajadores procurando la salvaguarda de sus recursos y velando por sus intereses.

"De lo que se sigue que la obligación de retener el impuesto sobre la renta respecto de los fondos que entreguen a los trabajadores no es en sí la obligación de pago que repercute en el peculio del contribuyente, por lo que, no es la retención en estas condiciones un acto de autoridad, dado que no se da en una relación de supra a subordinación entre la Afore y el particular, en la cual la Afore tenga conferidas facultades de imperio o ejecutivas sobre el adeudo tributario causado que pueda emprender motu proprio (por sí mismo) con base en una habilitación normativa, sino que actúa como auxiliar recaudador, de conformidad con el numeral 170, primer y tercer párrafos, de la Ley el Impuesto sobre la Renta (vigente en 2012); máxime que de no retener la contribución causada, la autoridad fiscal puede determinarle el crédito respectivo como obligado solidario, por esa omisión, lo que implica que la Afore en su carácter de retenedora, carece de facultades decisorias sobre el adeudo fiscal, al serle exigible en el caso de incumplimiento del mandato normativo indicado, tal y como se advierte de la tesis 1a. CXVII/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 974 del Libro XIX, Tomo 1, abril de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"‘SUJETO PASIVO DEL PODER TRIBUTARIO DEL ESTADO Y SUJETO PASIVO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. SUS DIFERENCIAS. ...’

"Este Tribunal Colegiado, a diferencia de lo que sostuvo en la queja 102/2013, sesionada el diecinueve de septiembre de dos mil trece, en la cual, contrariamente a lo antes expuesto, se sustentó que el encargado o director general de la **********, tiene el carácter de autoridad responsable al aplicar los numerales 109, fracción X, y párrafo tercero, en relación con los diversos 166 y 170, primer y tercer párrafos, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, toma en cuenta que sobre las características de los particulares que actúan como autoridades responsables en términos de la nueva Ley de Amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 46/2013 en sesión de veintinueve de enero de dos mil catorce, abordó el tema relativo al concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, a la luz de la actual Ley de Amparo, de cuya ejecutoria consideró que la hipótesis que prevé el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, en el sentido de que un particular tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, es porque el despliegue de sus actos se lleva a cabo en ejecución de atribuciones legales, colocándose en un plan equivalente al de la autoridad.

"Ciertamente, destacó los tipos de relaciones jurídicas que existen en el Estado, a efecto de identificar la naturaleza del acto reclamado; señalando para tal propósito que el Máximo Tribunal del País y la doctrina constitucional, han sostenido que en el Estado existen tres fundamentales tipos de relaciones:

"1. Las de supra a subordinación:

"2. La de supraordinación; y,

"3. Las de coordinación.

"Las primeras, son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social; estas relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes.

"Por cuanto hace a las segundas, son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares.

"Las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad; es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos.

"Esas notas distintivas de cada uno de los tipos de relaciones jurídicas que existen en el Estado, sirven para entender que la vinculación que guarda el quejoso con la autoridad señalada como responsable **********, al informarle que procedió a la aplicación de los numerales 109, fracción X, y 170, párrafos primero y tercero, de la ley reclamada, lo que denota la obligación de dicha institución financiera de retener el impuesto sobre la renta, sin margen de discrecionalidad sobre el entero de ese adeudo; de ahí que la retención efectuada por la Afore, no se puede considerar como un acto de forma unilateral y revestido de imperio y obligatoriedad.

"Bajo esa óptica, dada la mecánica que se prevé en la Ley del Impuesto sobre la Renta, el retenedor actúa como un auxiliar del fisco en la recaudación; su actuar deriva del cumplimiento de la ley, de ahí que la retención y entero no lo hace con facultades de imperio y ejecutivas, sino en acatamiento a la mecánica compleja de las normas impositivas.

"A manera de corolario, conforme a los artículos 1o. y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, un particular puede ser autoridad responsable para efectos del juicio de derechos fundamentales, siempre que: 1) Realice actos equivalentes a los de autoridad (dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria u omitir actuar en determinado sentido); 2) Con su acto, afecte derechos del particular, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas (en una relación de supra a subordinación); y, 3) Sus funciones estén determinadas en una norma general que le confieran atribuciones (que lo habilite), para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Así, cuando se reclamen actos de aplicación de una contribución al funcionario o agente de una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) no puede considerarse a esta última como autoridad responsable, por ejemplo, cuando actúa como retenedora del impuesto sobre la renta que causó el quejoso, con motivo del retiro de su subcuenta del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV) prevista en la Ley del Seguro Social, la administradora no realiza actos equivalentes a los de autoridad, pues no dictó, ordenó, ejecutó o trató de ejecutar acto alguno en forma unilateral y obligatoria, ni omitió actuar en determinado sentido; sobre todo, porque la retención del tributo la hizo como auxiliar de la autoridad fiscal, dado el mecanismo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta (artículos 109, fracción X, y 170, tercer párrafo) el cual le impone el deber de retener la contribución causada, ante su posición de cercanía con el hecho imponible, ya que las administradoras de fondos para el retiro, en términos del artículo 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, son entidades financieras que se dedican de manera habitual y profesional a administrar las cuentas individuales y canalizar los recursos de las subcuentas que las integran, así como a administrar sociedades de inversión.

"Ahora bien, de conformidad con el artículo 26, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, de no retener y enterar el monto del impuesto causado, dicha administradora adquiere el carácter de responsable solidaria respecto de esa contribución; de ahí que no pueda considerársele como un particular que despliega actos de autoridad, pues de no cumplir con la obligación que le impone la ley fiscal (retener el tributo), adquiere dicha responsabilidad solidaria, respecto del adeudo que no retuvo, ni enteró a la autoridad correspondiente; circunstancias que lejos de dar a la Afore el carácter de autoridad responsable (a través de sus funcionarios o agentes) la ubican como subordinada, pues tratándose de la recaudación del impuesto sobre la renta, su mecánica involucra en ciertos casos, la obligación de retener el impuesto para su posterior entero, lo que queda a cargo de un tercero en la relación tributaria, permitiendo al fisco un mayor control de las contribuciones y hacer rápida y efectiva su recaudación.

"De ahí que se concluya que, no es posible considerar que la retención del impuesto sobre la renta atribuida a la administradora de fondos para el retiro **********, por conducto de su encargado o director general, sea un acto de autoridad en términos de los artículos 1o., último párrafo y 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, por lo que opera la improcedencia del juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos en cita, en relación con el 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo."

El criterio precitado, dio lugar a la jurisprudencia I.16o.A.14 A (10a.),(1) que establece:

"ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORES). NO SON AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN A SUS ENCARGADOS O DIRECTORES GENERALES ACTOS DE APLICACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN DE LA CUAL SON RETENEDORAS.-Conforme a los artículos 1o., último párrafo y 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, un particular puede ser autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de derechos fundamentales, siempre que: 1) Realice actos equivalentes a los de autoridad (dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria u omitir actuar en determinado sentido); 2) Afecte derechos del particular, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas (en una relación de supra a subordinación); y, 3) Sus funciones estén determinadas en una norma general que le confieran atribuciones (que lo habilite), para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Consecuentemente, las administradoras de fondos para el retiro (Afores) no son autoridades responsables para los efectos señalados, cuando se les reclamen a sus encargados o directores generales actos de aplicación de una contribución de la cual son retenedoras, por ejemplo, del impuesto sobre la renta causado con motivo del retiro de su subcuenta del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV) prevista en la Ley del Seguro Social, pues al retener el tributo no dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar acto alguno en forma unilateral y obligatoria, ni omiten actuar en determinado sentido, sino que intervienen como auxiliares de la autoridad fiscal, dado el mecanismo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta (artículos 109, fracción X y 170, tercer párrafo), vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, y su cercanía con el hecho imponible, ya que en términos del artículo 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, son entidades financieras que se dedican de manera habitual y profesional a administrar las cuentas individuales y canalizar los recursos de las subcuentas que las integran, así como a administrar sociedades de inversión, máxime que acorde con el artículo 26, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, de no retener y enterar el monto del impuesto causado, adquieren el carácter de responsables solidarias respecto de esa contribución; circunstancias que, lejos de darles el carácter de autoridades responsables las ubican como subordinadas, pues tratándose de la recaudación del impuesto sobre la renta, su mecánica involucra, en ciertos casos, la obligación de retener el impuesto para su posterior entero, lo que queda a cargo de un tercero en la relación tributaria, permitiendo al fisco un mayor control de las contribuciones y hacer rápida y efectiva su recaudación."

CUARTO.-Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito. Dicho órgano jurisdiccional plasmó el criterio denunciado como contradictorio en las ejecutorias recaídas a los recursos de revisión 226/2014 y 240/2014, ambos fallados en sesión de treinta de octubre de dos mil catorce. En el primero de esos asuntos sostuvo, en lo que interesa al caso, las siguientes consideraciones:

"SÉPTIMO.-En la primera parte del primer concepto de agravio, señala el quejoso que es ilegal que el Juez de Distrito en el considerando quinto de la sentencia recurrida, no reconociera como autoridad responsable respecto a los actos reclamados al encargado o director general de **********, consistentes en la retención del impuesto que reclama, y decretara el sobreseimiento al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo.

"Pues, en dicho concepto señala el ahora recurrente, que conforme a las reformas realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el mes de junio de dos mil once, en materia de derechos humanos y amparo, el pasado 2 de abril de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva Ley de Amparo que abroga la ley anterior y deroga todas las disposiciones que se le opongan (incluyendo jurisprudencias), misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación y, dentro de sus principales modificaciones, se encuentra la posibilidad de promover demandas de amparo en contra de los particulares, los cuales deberán ser considerados autoridades responsables cuando realicen actos equivalentes a éstas y sus funciones estén determinadas en una norma general; que con base en lo anterior, la redacción del artículo 1o. de la Ley de Amparo, prevé entre otras cosas, que: ‘... El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por la ley. ...’, lo que fue plasmado en el precepto 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente; por lo que estima dicho recurrente, que: ‘... contrario a lo determinado por el Juez a quo, el encargado o director general de **********, sí tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, al haber realizado la retención del impuesto sobre la renta en aplicación de los artículos 109, fracción X, 166 y 170, primer y tercer párrafos, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como los párrafos tercero, cuarto y séptimo de la Regla I.3.10.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, de los cuales se solicita se declare su inconstitucionalidad. ... ya que el acto que se le reclama, consistente en la retención del impuesto sobre la renta, fue realizado en cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales, sin necesidad de mi consentimiento o de acudir a los órganos judiciales, provocándome con ello una afectación a mi esfera legal ...’

"Lo así planteado, es fundado.

"Para arribar a la anterior conclusión, es de indicarse que el dos de abril de dos mil trece, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Amparo, misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación, y de las principales modificaciones asentadas en este ordenamiento, se tiene la posibilidad de promover el juicio de amparo en contra de los particulares, que deberán ser considerados como autoridades responsables, cuando realicen actos equivalentes a éstas y, sus funciones estén determinadas en una norma general; para mejor comprensión del caso a estudio, es necesario acudir a lo dispuesto en los artículos 1o. y 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo vigente, que enseguida se transcriben: ...

"De las hipótesis del primer numeral transcrito se obtiene, que el juicio de amparo se estableció con el fin de proteger a las personas de las normas generales, actos u omisiones de particulares, entre otros.

"En el segundo precepto, se contempla que los particulares podrán tener la calidad de autoridad responsable, cuando realicen actos equivalentes a los de una autoridad, siempre que afecten derechos, y que sus funciones estén determinadas por una norma general.

"Luego, si en el caso a estudio se tiene que conforme a lo señalado por el quejoso aquí recurrente, el acto que le reclama al encargado o director general de **********, se hizo consistir en la aplicación de los artículos 109, fracción X y párrafo tercero, en relación con los artículos 166 y 170, primer y tercer párrafos, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como el tercer, cuarto, quinto y octavo párrafos de la Regla I.3.10.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil trece.

"Entonces, si el acto reclamado no deriva de un ente que formalmente tenga el carácter de autoridad, no menos cierto es, que se trata de un particular al que se le reclaman actos equivalente a los de una autoridad, que emitió de manera unilateral, imperativa y determinada por una norma, pues según lo dicho por el quejoso, aún en contra de su voluntad, la Afore citada llevó a cabo la retención del impuesto sobre la renta en términos de lo dispuesto en los artículos 109, fracción X, 166 y 170, primer y tercer párrafos, todos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como en lo dispuesto en los párrafos tercero, cuarto, quinto y octavo párrafos, de la Regla I.3.10.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año dos mil trece, modificando así la esfera jurídica del citado quejoso, respecto de su subcuenta de seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez en detrimento de su patrimonio.

"En esa virtud, no hay duda de que el encargado o director general de la **********, se trata de un particular con calidad de autoridad responsable, que actuó como tal y violó derechos del citado quejoso, ahora recurrente, mediante actos que modifican situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, como lo prevé el texto del artículo 5o., párrafo II, de la Ley de Amparo en vigor.

"Lo anterior implica, que este órgano colegiado, proceda a revocar el sobreseimiento decretado en la resolución recurrida, y resolver en consecuencia el planteamiento de la litis constitucional -en el aspecto que si el encargado o director general de la **********, se trata o no de un particular con calidad de autoridad responsable, que actuó como tal y violó derechos del citado quejoso, ahora recurrente, mediante actos que modifican situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, como lo prevé el texto del artículo 5o, párrafo II, de la Ley de Amparo en vigor-, conforme al artículo 93, fracción V, de la Ley de Amparo.

"Con base en lo antes considerado, a juicio de este Tribunal Colegiado, el acto reclamado al encargado o director general de ********** -relativo a la aplicación de los artículos 109, fracción X, 166 y 170, primer y tercer párrafos, todos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como por lo dispuesto en los párrafos tercero, cuarto, quinto y octavo párrafos, de la Regla I.3.10.5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año dos mil trece, respecto de la subcuenta de seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez del quejoso-, sí es un acto de particular equivalente a los de autoridad, cuyas funciones están determinadas en la ley, toda vez que el encargado o director general de la **********, actuó como un particular con calidad de autoridad responsable, y con su actividad pretende violar derechos del citado quejoso, ahora recurrente, mediante actos que modifican situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, como lo prevé el texto de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25866-5111ab81/administradoras-de-fondos-para-el-retiro-afores-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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