AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE TAL CARÁCTER EL AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO, AL EFECTUAR UN AJUSTE EN LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LA NÓMINA DE QUIENES SE DESEMPEÑAN COMO POLICÍAS ADSCRITOS A SU COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 73/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 25 DE OCTUBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ANA LUISA MENDOZA VÁZQUEZ Y SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ, Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS (PRESIDENTE). PONENTE: MAGISTRADA SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ. SECRETARIA: DULCE REBECA GONZÁLEZ OSORIO.
Cuernavaca, Morelos. El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, en sesión correspondiente al veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 73/2023, suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero y Séptimo, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
El problema jurídico a resolver por este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada, y en su caso, si el Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo cuando realiza un ajuste en la retención del impuesto sobre la renta en la nómina de quienes se desempeñan como policías adscritos a su Comisaría de Seguridad Pública.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA CONTRADICCIÓN
1. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio recibido en este Pleno Regional el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, el Juez Décimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, al resolver el amparo en revisión 276/2023, y el diverso que sostuvo el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, al resolver amparo en revisión 163/2023, ambos del Tercer Circuito.
2. Trámite de la denuncia. En acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, el Magistrado presidente de este Pleno Regional Arturo Iturbe Rivas, admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y ordenó su registro con el número de expediente 73/2023; solicitó a los Tribunales Colegiados que informaran si seguían vigentes los criterios en contienda; asimismo, solicitó al director general de la Coordinación de Compilación de Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informara si existía alguna contradicción de criterios radicada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asociada con la temática planteada.
3. Así, por oficio 9745/2023, de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, informó que se encuentra vigente el criterio que sostuvo al resolver el amparo en revisión 163/2023.
4. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante oficio 11363/2023, de seis de septiembre de dos mil veintitrés, informó que se encuentra vigente el criterio que sostuvo al resolver el amparo en revisión 276/2023.
5. Asimismo, por oficio DGCCST/X/800/09/2023, recibido el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que no existía alguna contradicción de criterios radicada en el Máximo Tribunal del País en la que el tema a dilucidar guarde relación con el de la contradicción de criterios planteada.
6. Confirmación de turno. En auto de presidencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, al encontrarse debidamente integrado el expediente, se confirmó el turno del presente asunto para la ponencia A, cuya titular es la Magistrada Silvia Cerón Fernández.
I. COMPETENCIA
7. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 8o. y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y el artículo 2o. del diverso Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por dos Tribunales Colegiados del Tercer Circuito, cuya especialización corresponde conocer a este Pleno Regional.
II. LEGITIMACIÓN
8. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por el Juez Décimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan.
III. CRITERIOS DENUNCIADOS
9. Para una mejor comprensión del asunto y con la finalidad de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, en este apartado se desarrollan los elementos relevantes de los asuntos que fueron analizados por los Tribunales Colegiados y la parte medular en que se sustentan los criterios que son denunciados como contradictorios.
A. Criterio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver en sesión de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, por unanimidad de votos, el amparo en revisión administrativo 163/2023.
10. Juicio de amparo indirecto. Una persona que manifestó desempeñarse como policía municipal en Tonalá, Jalisco, promovió demanda de amparo indirecto en contra de las autoridades y actos siguientes:
"III. AUTORIDAD RESPONSABLE:
"ORDENADORA; PRESIDENTE MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO ...
"EJECUTORA; COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE TONALÁ, JALISCO
"IV. ACTO RECLAMADO.
"De las autoridades: ORDENADORAS PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO RECLAMO:
"El acto ilegal de retenerme parte de mi salario sin justificación legal alguna, y sin que lo hayan reportado al SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, afectando mi esfera jurídica extinguiéndome derechos, ya que se me realizó un cobro doble sin justificación.
"Consistente en la deducción y retención por concepto de un supuesto ajuste que no señala ni justifica el porqué, el cual se señala en el talón de nómina aparece como (CONCEPTO) ISR 045, del estímulo estatal la cantidad excesiva de ISR cuando ya está pagado desde el gobierno del estado dicho estímulo y el municipio no debe volver a cobrarlo, ya que de ISR, por la cantidad de $**********, cuando el estímulo anterior solo llego de impuesto la cantidad de **********, a lo cual llegó una retención excesiva de ********** M.N., lo cuales (sic) las autoridades responsable (sic) NO pueden realizar dichos ajustes ya que son facultad del gobierno del estado ya que dicho estímulo ya viene con su impuesto y el municipio no lo puede tocar, la cual no tiene justificación, SIENDO UN TOTAL DE ********** M.N., lo que se me retuvo de forma excesiva ilegal y sin justificación, además de que no se me pago ni tuve mayor ingreso para que se realice dicha retención por una cantidad mayor donde se realizó un cobro descuento doble sin justificación, ni legalidad sin mi autorización.
"Ya que al recibir mi talón de nómina del estímulo estatal el día 30 de noviembre del año 2022, me percaté de la retención sin justificación ya que no tuve un mayor ingreso, por lo cual el actuar de las responsables, es de forma ilegal y sin justificación por la cantidad de ********** M.N., en el estímulo estatal con una retención mayor de impuesto sin justificación, SIENDO UN TOTAL DE ********** M.N., sin especificar el motivo, siendo esto de manera ilegal sin procedimiento donde se me informara las causas y fundamentos de dicha acción en mi perjuicio, de manera unilateral en perjuicio de mi familia a la cual mantengo y depende de mi salario el cual ha sido afectado realizándome descuentos reiterativos sin saber el supuesto a que se refiere ya que solo señala el número **********, FUERA DE LA PROPORCIÓN LEGAL CORRESPONDIENTE lo cual no es conforme a la ley. Así mismo en el estímulo estatal llego un cobro señalado como ajuste con el mismo rubro ********** por la cantidad ya señalada, de la nómina del estímulo estatal.
"2. TANTO DE LA ORDENADORAS COMO EJECUTORAS COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO, reclamo la retención de mi salario y emolumentos, doble e ilegal, la cantidad de ********** M.N., de la nómina del estímulo estatal, que recibí el 30 de Noviembre del año 2022, ya que es un acto unilateral que me extingue derechos y afecta de manera directa mi esfera jurídica."
11. De la referida demanda correspondió el conocimiento al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo titular en auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, la admitió a trámite con el número de expediente 2596/2022, requirió de las autoridades responsables su informe justificado y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.
12. Derivado del informe justificado rendido por las responsables, el quejoso presentó ampliación a la demanda, en donde señaló como autoridad responsable al tesorero y director general de Administración y Desarrollo Humano, ambos del Municipio de Tonalá, Jalisco, de quienes reclamó:
"1.TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO, la orden de realizar una retención de mi salario sin justificación ya que en la segunda quincena del mes de noviembre y las dos quincenas del mes de diciembre ambos meses del año 2022 y la primera quincena del mes de enero del año 2023, se realizó un cobro descuento doble sin justificación, ni legalidad ya que al recibir mi talón de nómina se aprecia que es un ajuste sin señalar causa, motivo o a que ajuste se refiere, me percaté del descuento ilegal y sin justificación, siendo esto de manera ilegal sin procedimiento donde se me informara las causas y fundamentos de dicha acción en mi perjuicio, de manera unilateral en perjuicio de mi familia a la cual mantengo y depende de mi salario el cual ha sido afectado realizándome descuentos reiterativos bajo el supuesto hecho de que ES AUN AJUSTE, SIENDO QUE YA EXISTE EN LAS NÓMINAS SEÑALADAS EL DESCUENTO DEL ISR, APORTACIÓN A PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, con lo cual cubro mis obligaciones fiscales y de pensión y no se justifica el cobro por supuesto ajuste que no se aclarad (sic) que EL DESCUENTO FUERA DE LA PROPORCIÓN LEGAL CORRESPONDIENTE y lo cual no es aplicable a la ley tributaria del impuesto sobre la renta.
"2. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO HUMANO DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO, **********, la orden de realizar una retención de mi salario sin justificación ya que en la segunda quincena del mes de noviembre y las dos quincenas del mes de diciembre ambos meses del año 2022 y la primera quincena del mes de enero del año 2023, se realizó un cobro descuento doble sin justificación, ni legalidad ya que al recibir mi talón de nómina se aprecia que es un ajuste sin señalar causa, motivo o a que ajuste se refiere, me percaté del descuento ilegal y sin justificación, siendo esto de manera ilegal sin procedimiento donde se me informara las causas y fundamentos de dicha acción en mi perjuicio, de manera unilateral en perjuicio de mi familia a la cual mantengo y depende de mi salario el cual ha sido afectado realizándome descuentos reiterativos bajo el supuesto hecho de que ES AUN AJUSTE, SIENDO QUE YA EXISTE EN LAS NÓMINAS SEÑALADAS EL DESCUENTO DEL ISR, APORTACIÓN A PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, con lo cual cubro mis obligaciones fiscales y de pensión y no se justifica el cobro por supuesto ajuste que no se aclarad que EL DESCUENTO FUERA DE LA PROPORCIÓN LEGAL CORRESPONDIENTE y lo cual no es aplicable a la ley tributaria del impuesto sobre la renta."
13. En auto de veintisiete de enero del año en curso, el Juez Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco admitió a trámite la ampliación de demanda.
14. Sustanciado el procedimiento, el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional, la que concluyó con el dictado de la sentencia, en la que el Juez de Distrito sobreseyó el juicio, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1o. y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, bajo la consideración medular de que a las autoridades señaladas como responsables no les asistía el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, toda vez que la retención reclamada era efectuada por la dependencia en la que laboraba la parte quejosa, en su calidad de auxiliar de la administración pública, para lograr una recaudación contributiva más eficiente, en un plano de cooperación como particular.
15. Recurso de revisión. En desacuerdo con la sentencia, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual correspondió el conocimiento al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, cuyos integrantes en sesión de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, por unanimidad de votos, resolvieron confirmar la sentencia recurrida y sobreseer el juicio de amparo.
16. En su ejecutoria, el Tribunal Colegiado, sostuvo, en lo que interesa:
"XI. ESTUDIO
"36. Son infundados los agravios, en el sentido de que ya que el Juez inobservó la jurisprudencia de título y subtítulo: ‘ELEMENTOS OPERATIVOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO Y/0 DE SUS MUNICIPIOS. LA RETENCIÓN DEL PAGO LA OMISIÓN DE OTORGAR LOS BENEFICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’
"37. En efecto, como se observa de la sentencia recurrida, el Juez de Distrito expresamente señaló que la improcedencia del juicio de amparo no contravenía lo establecido en dicho criterio, toda vez que el problema que ahí se resolvía, versaba en específico, cuando el Gobierno o los Municipios del Estado de Jalisco, retenían el pago u omitían otorgar beneficios derivados de la prestación del servicio de los elementos de seguridad Pública con el Estado y que en el asunto de origen no se trataba de la relación administrativa entre el elemento de seguridad pública y el Estado con motivo de la prestación de un servicio, sino sobre la relación tributaria que existe entre el gobernado con el Estado, al ser una de sus obligaciones contribuir al gasto público.
"38. Decisión que fue acertada, porque, ciertamente, se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1o. y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, respecto de la orden de retención del impuesto sobre la renta en su salario, así como su ejecución, la cual aduce que es mayor a la que se le venía realizando con anterioridad, retención que dice se encuentra reflejada en su talón de nómina, en un concepto que se denominó como ‘ajuste’ (o como el quejoso lo denominó en la demanda de amparo: ‘Consistente en la deducción y retención por concepto de un supuesto ajuste que no señala ni justifica el porqué, el cual se señala en el talón de nómina aparece como (CONCEPTO) ISR 045, del estímulo estatal la cantidad excesiva de ISR cuando ya está pagado desde el gobierno del estado dicho estímulo y el municipio no debe volver a cobrarlo, ya que de ISR, por la cantidad de **********, cuando el estímulo anterior sólo llegó de impuesto la cantidad de **********, a lo cual llegó una retención excesiva de ********** M.N., lo cuales (sic) las autoridades responsable (sic) NO pueden realizar dichos ajustes ya ...’), atribuidos al Presidente Municipal, Director General de Administración y Desarrollo Humano y Tesorero Municipal, todos del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, pues no tienen el carácter de actos de autoridad para el juicio de amparo y, por ende, éste es improcedente en su contra.
"39. Cierto, como se plasmó en la sentencia recurrida, del primero de los numerales antes señalados se obtiene que el amparo tiene por objeto proteger a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o incluso de particulares, pero sólo en los casos señalados en la Ley de Amparo.
"40. Por otro lado, del segundo de los dispositivos legales se desprende que la autoridad responsable es aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omita aquel que de realizarse las crearía, modificaría o extinguiría.
"41. Al respecto, cabe destacar que conforme al contenido del referido artículo 5o., fracción II, primer párrafo, de la ley de la materia, el legislador enumeró descriptivamente los actos que puede realizar una autoridad, pero no precisó las características que deben reunir para que sean susceptibles de un control de constitucionalidad a través del juicio de amparo.
"42. Por consiguiente, para demostrar por qué sí se actualizó la causa de improcedencia del juicio de amparo es menester precisar primero qué debe entenderse por acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.
"43. Pues bien, para el cumplimiento de las atribuciones que le asigna la Constitución Federal y las leyes secundarias, el Estado requiere del despliegue de una serie de funciones y actividades, que en la mayoría de los casos repercuten en la esfera jurídica del gobernado.
"44. Esa actividad desplegada por el Estado a través de los órganos que lo integran e, incluso, por conducto de particulares que ejercen funciones de servicio público para el cumplimiento de sus atribuciones, se traduce en el ejercicio del poder público y que, como consecuencia, genera lo que se conoce como acto de autoridad, que es el antecedente del acto reclamado, supuesto fáctico de uno de los factores de procedencia del juicio de amparo.
"45. De manera que lo podemos conceptualizar como aquel que proviene de quien tiene las atribuciones jurídicas para ejercerlas hacia los gobernados, que tiene como notas distintivas: imperatividad, unilateralidad, coercitividad y disposición de la fuerza pública.
"46. Así, es dable sostener que es factible determinar que frente a las notas externas del acto de autoridad, las facultades de decisión y ejecución sobresalen las notas internas del acto de autoridad, en las que incluyen atributos de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, y las que en su conjunto se proyectan, en una relación de supra a subordinación, al inferir y penetrar en la esfera jurídica del gobernado, con la finalidad de producir consecuencias de derecho, ya sea, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas generales o particulares.
"47. En ese sentido, como acertadamente se expresó en la sentencia sujeta a revisión, existen distintos tipos de relaciones entre gobernantes y gobernados, que a continuación se explican:
"• Relaciones de coordinación que son las entabladas entre particulares, en las que éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir la impartición de justicia por propia mano, se crean en la ley los procedimientos ordinarios para ventilarlas, se distinguen además, porque las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en ley, al estar ambas en el mismo nivel y existir bilateralidad en el funcionamiento. "• Relaciones de supra a subordinación que son las que se presentan en la interacción entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, que se regulan por el derecho público, el cual establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten, e incluso, la Carta Magna dispone una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del Estado.
"48. Es importante tener en consideración que para determinar la naturaleza de los actos reclamados se tiene que establecer si quien lo emite es autoridad para efectos del juicio de amparo, y la relación que guarda legalmente frente a quien realizó la conducta o se abstuvo de hacer e inclusive de quien lo toleró al lado del derecho humano que se pretende tutelar.
"49. Sobre el tema objeto de estudio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 164/2011 estableció que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad que cumplan con los requisitos que se enumeran a continuación:
"1) Que se emitan dentro de una relación de supra a subordinación
"2) Que el acto tenga su origen en ley, la cual debe otorgar facultades al ente de hecho o de derecho para actuar en ese sentido; y,
"3) Que se trate de un acto unilateral que afecte la esfera legal de los particulares sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad de la parte afectada.
"50. Así, se puede decir que de conformidad con lo previsto en los artículos 1o., último párrafo y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, los actos de particulares tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando crean, modifican o extinguen una situación jurídica de forma unilateral y obligatoria, siempre que su actuación esté prevista en una norma general y afecte directamente algún derecho fundamental, o bien, omite dictar el acto que de realizarse produciría tal afectación, lo que deberá valorarse por el tribunal de amparo.
"51. En el caso, el quejoso reclamó de las autoridades antes precisadas de diversas autoridades del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, la orden de retener por concepto del impuesto sobre la renta, la cantidad de $********** moneda nacional), concretamente, que se materializó al realizar el pago de su estímulo estatal.
"52. Incluso, para demostrar dicha circunstancia, el impetrante de derechos fundamentales allegó el Comprobante Digital por Internet con número de folio fiscal **********, cuya imagen digitalizada se inserta para fines ilustrativos:
"....
"53. Luego, el Director General de Administración de Desarrollo Humano del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, al rendir su informe justificado manifestó que: ‘... Por lo anteriormente expuesto informo a Usted a lo siguiente: Se recibió documento del SAT fechado 7 de Octubre 2022, **********, Exp: ********** RFC. **********, **********. Folio Sifen: **********, Asunto: Solicitud de datos, documentos o informes a efecto de llevar a cabo su revisión; entre lo solicitado destaca en el punto 2 «Hoja de trabajo donde se muestre la determinación de sus pagos de Retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), del periodo sujeto a revisión»; lo anterior nos obliga espontáneamente a corregir adecuadamente dicho procedimiento. De acuerdo al artículo 96, segundo párrafo, de la LISR: ... La retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario, la siguiente: ... Por lo anterior y después de un análisis minucioso, se optó por comenzar a aplicar lo mandado por el art. 96 LISR, partiendo del mes de Octubre 2022 y con efectos retroactivos a Enero 2022, ejecutando lo mandado en el artículo 97, cuarto párrafo, de la LISR: ... La diferencia que resulte a cargo del contribuyente en los términos de este artículo se enterará ante las oficinas autorizadas a más tardar en el mes de febrero siguiente al año de calendario de que se trate ...’
"54. Al respecto, cabe destacar que el numeral 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, invocado por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, establece que quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere el Capítulo I: ‘DE LOS INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO’, están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual.
"55. En ese sentido, es claro que en la especie no se está ante actos de autoridad por parte de ninguna de las señaladas como responsables, toda vez que la deducción y retención reclamadas las realizó en su carácter de patrón equiparado por parte del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para quien presta sus servicios el impetrante de derechos fundamentales, como Policía Primero adscrito a Comisaría de Seguridad Pública de Tonalá, Jalisco; como se desprende del propio Comprobante Digital por Internet que éste allegó:
"...
"56. En esas condiciones, si la deducción y retención reclamadas se atribuyen al patrón equiparado, quien es el encargado de retener el impuesto sobre la renta, es factible, conforme a los criterios judiciales invocados, considerar que se está ante un ente auxiliar de la administración pública, para lograr una recaudación contributiva más eficiente para con el Estado, en un mero plano de cooperación como particular, por lo que al Presidente Municipal, Director General de Administración y Desarrollo Humano y Tesorero Municipal, todos del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, no les corresponde el carácter de autoridades para efecto del juicio de amparo.
"57. Incluso, como se señaló en la sentencia recurrida, la retención de impuestos, por medio de terceros (como la aquí reclamada), ya ha sido analizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que ese tipo de actos no son de autoridad para efectos del juicio de amparo susceptibles de impugnarse, per se, en esa vía. Ello porque la obligación de retener un impuesto para su posterior entero ante las oficinas hacendarias respectivas, constituye un deber impuesto a terceros, para hacer rápida y efectiva su recaudación, como mecanismo de cooperación de los particulares con el fisco.
"58. Las consideraciones antes destacadas se encuentran en la tesis P. XXIX/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, Materias Común y Administrativa, página 60, con número de registro digital: 2004090, que es del tenor siguiente: ‘RENTA. EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, AL EFECTUAR LA RETENCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 25 DE MAYO DE 2012).’
"59. También, apoya lo antes expuesto, la tesis aislada P. LV/2011 (9a.), emitida por el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 1, Materias Constitucional y Administrativa, página 576, con número de registro digital: 160898, de rubro y texto siguientes: ‘DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL ARTÍCULO 4, FRACCIONES I, II Y IV, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL PREVER QUE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO DEBEN RECAUDAR Y ENTERAR EL TRIBUTO, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE OCTUBRE DE 2007).’
"...
"60. Al respecto, cabe señalar que la Segunda Sala del Alto Tribunal, ha señalado que la retención de impuestos, por conducto de terceros, los constituye como auxiliares de la administración pública para recaudar las contribuciones correspondientes, así como que esta actividad puede catalogarse como una cooperación de los particulares en la realización de los fines del Estado, para hacer más eficiente la recaudación de impuestos.
"61. Ello se advierte de la tesis aislada 2a. CXLVIII/97, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de 1997, Materia Administrativa, página 367, con número de registro digital: 197268, que dispone lo siguiente: ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ACTÚA COMO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CUANDO RECAUDA EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.’
"...
"62. A manera ilustrativa se invoca, por analogía, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 127/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Materias Común y Administrativa, página 510, con número de registro digital: 2010018, que es del tenor siguiente: ‘NOTARIOS PÚBLICOS. NO SON AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO EN LOS CASOS EN QUE CALCULAN, RETIENEN Y ENTERAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, PORQUE ACTÚAN COMO AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.’
"...
"63. Así como la tesis aislada VI.1o.A.6 A (11a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que se comparte, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 13, Mayo de 2022, Tomo V, Materias Común y Administrativa, página 4783, con número de registro digital: 2024680, de título, subtítulo y texto siguientes: ‘RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. ES IMPROCEDENTE ANALIZAR SU CUANTIFICACIÓN Y OBTENER SU DEVOLUCIÓN EN LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE UNA SENTENCIA DE AMPARO.’
"...
"64. En esas condiciones, da
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32044-4f1f4739/autoridad-para-efectos-del-juicio-de-amparo-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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