ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES QUE COMUNICA EL NOTARIO PÚBLICO AL CONTRIBUYENTE, NO CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO Y DE LA LEY DEL NOTARIADO, AMBAS DEL ESTADO DE JALISCO, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. 11 DE JULIO DE 2016. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ROGELIO CAMARENA CORTÉS, FILEMÓN HARO SOLÍS, ROBERTO CHARCAS LEÓN Y JORGE HUMBERTO BENÍTEZ PIMIENTA. DISIDENTE: JOSÉ MANUEL MOJICA HERNÁNDEZ. PONENTE: JORGE HUMBERTO BENÍTEZ PIMIENTA. SECRETARIO: VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GARCÍA.
Zapopan, Jalisco, acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión de once de julio de dos mil dieciséis.
VISTOS, para resolver los autos del expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis 17/2014; y,
RESULTANDO:
1o. Mediante escrito presentado el doce de agosto de dos mil catorce, ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, **********, abogado que los quejosos ********** y ********** autorizaron en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, dentro de los autos del recurso de queja 86/2014, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, denunció la posible contradicción de criterios, entre el sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el recurso de queja 86/2014, y el sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver el amparo en revisión 272/2014.
2o. Por acuerdo de trece de agosto de dos mil catorce, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, registró la denuncia correspondiente bajo el expediente de contradicción de tesis número 17/2014; luego, mediante acuerdo de tres de septiembre de dos mil catorce, con fundamento en los artículos 225, 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 11/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, admitió a trámite la denuncia en que se actúa.
3o. En el citado proveído, también se precisó que los criterios denunciados eran los siguientes:
"... 1) El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 86/2014 de su índice, consideró, esencialmente, que resultaba incorrecto desechar la demanda de garantías, al estimar que existía consentimiento tácito de las normas reclamadas desde que el notario público les hizo del conocimiento del importe a pagar por concepto del impuesto sobre transmisiones patrimoniales al momento de la firma de la escritura, toda vez que en la legislación del Estado de Jalisco, el notario público no resulta ser un auxiliar de la administración pública en la recaudación de dicho impuesto.
"2) El Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver el amparo en revisión 272/2014, en auxilio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, determinó que la firma de la escritura pública plasmada ante notario público en el Estado de Jalisco, al realizar el contrato de compraventa de inmuebles, concretizaba el acto completo de aplicación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales que lo legitimaba -desde ese entonces- a cambiar las leyes que lo regulan, pues en la legislación local, el notario público resulta ser un auxiliar de la administración pública en la recaudación de dicho impuesto. ..."
4o. En proveído de diecinueve de septiembre de dos mil catorce (foja 234), se consideró que el expediente de contradicción de tesis estaba debidamente integrado, por lo que se ordenó turnar el presente asunto al entonces presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, Magistrado Jaime Crisanto Ramos Carreón, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
5o. Por auto de diecinueve de enero de dos mil quince, con motivo del cambio de integración del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el presente expediente de contradicción de tesis se turnó al Magistrado René Olvera Gamboa, presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
6o. El veintisiete de enero de dos mil quince, el Magistrado ponente elaboró un dictamen, en el sentido de que el presente asunto no estaba debidamente integrado y, en esa misma fecha, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito dictó un proveído en el que regularizó el procedimiento y requirió al Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, que remitiera copia certificada de la sentencia dictada en el amparo en revisión 272/2014, e informara si el criterio sustentado en dicho fallo se encontraba vigente.
7o. Una vez cumplido lo anterior, en acuerdo de seis de febrero de dos mil catorce (foja 271), el Magistrado presidente ordenó la devolución de las constancias que integran el presente expediente de contradicción de tesis al presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para la formulación de proyecto de resolución respectivo.
8o. En proveído de cuatro de marzo de dos mil quince, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito tuvo por recibido el expediente relativo a la presente contradicción de tesis, a fin de que la nueva integración del Pleno de Circuito acordara su turno, junto con los demás asuntos en trámite, con fundamento en los artículos 54, tercero y cuarto transitorios del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
9o. Por auto de veintiséis de mayo de dos mil quince se turnó la contradicción de tesis al Magistrado Jorge Héctor Cortés Ortiz, integrante del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución.
10. El proyecto de resolución se presentó para su discusión ante los Magistrados del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quienes, en sesión de catorce de septiembre de dos mil quince, determinaron aplazar el dictado de la resolución correspondiente.
11. Finalmente, por auto de ocho de febrero de dos mil dieciséis, con motivo de la renovación en la integración del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el presente expediente de contradicción de tesis se turnó al Magistrado Jorge Humberto Benítez Pimienta, integrante del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para la formulación del proyecto de resolución respectivo.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 9 del Acuerdo General 8/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de febrero de dos mil quince, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia administrativa, cuya especialidad corresponde a este Pleno de Circuito.
No pasa inadvertido para este Pleno de Circuito que uno de los órganos contendientes es un Tribunal Colegiado Auxiliar, los cuales tienen jurisdicción en todo el territorio nacional; sin embargo, en el presente caso, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, resolvió el amparo en revisión 272/2014, en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y, en ese supuesto, el Tribunal Colegiado Auxiliar asumió la jurisdicción del órgano judicial al que prestó apoyo, por lo que se considera que estos asuntos pertenecen al circuito del Tribunal Colegiado auxiliado.
La anterior conclusión es en aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 3/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, Tomo II, correspondiente a febrero de dos mil quince, página mil seiscientos cincuenta y seis, y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de febrero de 2015 a las 9:00 horas, que a la letra dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares tienen jurisdicción en todo el territorio de la República Mexicana y, sin modificar su sede territorial, brindan apoyo a los Tribunales Colegiados de Circuito durante un determinado periodo, concluido el cual pueden auxiliar a otros, por lo que su competencia se modifica en razón del órgano jurisdiccional al que auxilie, así como de los expedientes y el lapso en el que brinden su apoyo. Ahora, aun cuando los Tribunales Auxiliares apoyan a órganos de distintos circuitos y cuentan con una competencia restringida, limitada al dictado de la sentencia, al prestar su ayuda a determinado Tribunal Colegiado de Circuito asumen la jurisdicción de éste, lo que implica que el Auxiliar tenga que interpretar la normatividad estatal aplicable en dicho circuito. En ese sentido, ya que el Constituyente, el legislador ordinario y el Consejo de la Judicatura Federal establecieron una regla de competencia para decidir las contradicciones de tesis en las que participen Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, se considera que éstos pertenecen al Circuito del Tribunal Colegiado Auxiliado; por tanto, si los Tribunales Colegiados contendientes corresponden a un mismo circuito y a una misma especialidad, el competente para conocer de las contradicciones de tesis que sustenten será el Pleno de Circuito de los tribunales correspondientes, en el entendido de que si en el circuito de que se trate no existe integrado Pleno, en términos del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, abrogado por el diverso Acuerdo General 11/2014 del propio órgano, quien debe conocer de la contradicción es esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues debe asumir la competencia para conocer de las contradicciones de tesis en que se actualice el supuesto de referencia, a fin de resolver la cuestión planteada, porque así se otorga certeza jurídica para resolver los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados únicos en un circuito que fueron apoyados en el dictado de resoluciones por un Tribunal Colegiado Auxiliar que asumió su jurisdicción."
SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por conducto del abogado autorizado de la parte quejosa, quien promovió el recurso de queja 86/2014, del cual conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, y del que deriva uno de los criterios en posible contradicción.
TERCERO.-Las consideraciones de las ejecutorias que originaron la denuncia de contradicción, son las siguientes:
El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 86/2014, en sesión de once de junio de dos mil catorce, en lo que aquí interesa, sostuvo las siguientes consideraciones:
"... En el caso, asiste razón a la parte quejosa, aquí recurrente.
"En principio, cabe precisar que los preceptos reclamados, consistentes en los artículos 46 y 49 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil trece; 112 a 117 y 121 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, vigente en el mismo año, y los numerales 54, 55, 56 y 58 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco, regulan diversos aspectos relacionados con el ‘impuesto sobre transmisiones patrimoniales’, por lo que los mismos son de naturaleza heteroaplicativa.
"De tales preceptos, precisa citar los relativos a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, que regulan la obligación de pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, en los siguientes términos:
"‘Artículo 112. Es objeto de este impuesto, el traslado del dominio, de la propiedad o de los derechos de copropiedad sobre bienes inmuebles, por cualquier hecho, acto o contrato, ya sea que comprendan el suelo, o el suelo y las construcciones adheridas a él, incluyendo los accesorios y las instalaciones especiales que pertenezcan al inmueble, siempre que se ubique en el territorio de los Municipios que comprende el Estado, y que una misma operación no se grave dos veces.
"(Reformado, P.O. 1 de abril de 1999)
"‘Para efectos de este artículo se entiende que existe traslado de dominio o de derechos de propiedad o copropiedad de bienes inmuebles siempre que se realice:
"‘I. Todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepción de las que se realicen al constituirse la copropiedad o la sociedad conyugal; ...’
"(Reformado, P.O. 1 de abril de 1999)
"‘Artículo 113. Es sujeto de este impuesto la persona física o jurídica que, como resultado de cualquiera de los actos jurídicos o contratos a que se refiere el artículo inmediato anterior, adquiera el dominio, derechos de propiedad, copropiedad o cualquier derecho real sobre uno o más bienes inmuebles.’
"(Reformado, P.O. 9 de diciembre de 1997)
"‘Artículo 114. En la determinación de la base del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, se aplicarán las siguientes disposiciones:
"(Reformada, P.O. 25 de julio de 2000)
"‘I. Será base del impuesto, el valor catastral actualizado con los valores unitarios vigentes en la fecha de causación, incluyendo en su caso, el valor de los accesorios y las instalaciones especiales que pertenezcan al inmueble;
"(Reformada, P.O. 25 de julio de 2000)
"‘II. Tratándose de inmuebles que no cuenten con accesorios o instalaciones especiales, deberá presentarse avalúo practicado por perito valuador acreditado o dictamen de valor elaborado por la autoridad catastral, conforme a las disposiciones de la Ley de Catastro Municipal;
"‘III. Tratándose de inmuebles que cuenten con accesorios o instalaciones especiales, deberá practicarse avalúo por perito valuador acreditado;
"‘IV. Los peritos valuadores acreditados deberán presentar sus avalúos ante la autoridad catastral municipal para fines de revisión y, en su caso, aprobación;
"‘V. Si las autoridades advierten que los avalúos consignan valores inferiores a los reales, se practicará nuevo avalúo por un perito valuador acreditado, con cargo a la Tesorería Municipal correspondiente, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II de este artículo;
"‘VI. Cuando el contribuyente considere que el dictamen de valor asignado al inmueble, con base en lo preceptuado en la fracción I de este artículo, es superior al valor real, podrá solicitar la reclasificación de los datos catastrales, a fin de que la autoridad catastral haga la ratificación o rectificación según corresponda, en los términos de la Ley de Catastro Municipal;
"‘VII. Cuando la autoridad catastral considere que el avalúo presentado para su revisión es coincidente con los valores reales, y éstos sean inferiores a los valores de tablas, estará facultada para emitir un dictamen, fundado y motivado, mediante el cual apruebe el avalúo correspondiente;
"(Reformada, P.O. 25 de julio de 2000)
"‘VIII. Para la actualización del valor catastral, se podrán tomar en consideración los datos y características del inmueble, que se consignen en el avalúo practicado por el perito valuador acreditado;
"‘IX. En la constitución, adquisición, acrecentamiento o extinción del usufructo, del derecho de superficie o de la nuda propiedad, y en la adquisición de bienes en remate, no se tomará en cuenta el precio que se hubiere pactado, sino el avalúo o dictamen de valor según sea el caso, de conformidad con la fracción I de este artículo. Para los fines de este impuesto, se considera que el usufructo y la nuda propiedad tienen un valor cada uno de ellos del 50% cincuenta por ciento del valor de la propiedad;
"‘X. Tratándose de permutas será base de este impuesto el 100% cien por cien (sic) del valor de cada uno de los bienes permutados, determinado de conformidad con lo dispuesto en las fracciones I y II de este artículo;
"‘XI. En los casos de transmisión o cesión de derechos hereditarios, o de disolución de copropiedad o de sociedad legal, la base del impuesto será el valor de la parte proporcional del bien o bienes que correspondan a los derechos que se transmiten o en que se incrementen las correspondientes porciones de los copropietarios o coherederos, determinado de acuerdo con lo señalado en las fracciones I y II de este artículo;
"‘XII. Si en la disolución de copropiedad o de la sociedad legal se recurre a la compensación de valores pecuniarios que repercuta en los inmuebles a repartir, la Tesorería Municipal estará facultada para exigir que se acredite la existencia de los mismos a efecto de determinar este impuesto;
"‘XIII. Cuando los inmuebles que forman el patrimonio de la copropiedad o sociedad conyugal se ubiquen en distintos Municipios, el excedente se cubrirá en aquel en que exista el mayor porcentaje de valor del patrimonio; y
"‘XIV. En el caso de Municipios que no cuenten con tablas de valores actualizadas, el dictamen de valor se hará con base en las tablas vigentes, multiplicadas por el factor que establezcan sus respectivas Leyes de Ingresos.’
"(Reformado, P.O. 7 de diciembre de 2006)
"‘Artículo 115. El impuesto sobre transmisiones patrimoniales se causará y liquidará aplicando la tasa o tarifa que establezca la Ley de Ingresos de cada Municipio a la base determinada conforme a las disposiciones del artículo 114 de esta ley.’
(Reformado primer párrafo, P.O. 9 de diciembre de 1997)
"‘Artículo 116. El pago de este impuesto deberá efectuarse ante la tesorería municipal respectiva y, en su caso, ante las oficinas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, dentro de los dos meses siguientes a la fecha del documento en que se haga constar el hecho, acto o contrato correspondiente, o en la que se verifique el suceso o el supuesto preestablecido en el documento constitutivo del acto jurídico.
"‘Para los efectos del pago del impuesto en caso de escrituras, adjudicaciones o contratos que se celebren fuera del Estado, de bienes ubicados en el Municipio, el adquirente, dentro del término establecido en el párrafo anterior, dará aviso por escrito, acompañando copia de la adquisición o contrato, a las autoridades fiscales competentes, en cuya jurisdicción se encuentren ubicados los inmuebles.’
(Reformado, P.O. 28 de febrero de 2004)
"‘Artículo 117. Quedan exentos del pago de este impuesto y en su caso de la responsabilidad solidaria:
"‘I. La Federación, el Estado y sus Municipios, respecto de la adquisición de bienes que se vayan a destinar al dominio público, que sean afectos al pago de este impuesto; salvo que tales bienes se destinen para ser usados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público;
"‘II. Los Estados extranjeros por la adquisición de inmuebles, en caso de reciprocidad;
"‘III. La persona a quien por rescisión o cualquier otra ineficacia del contrato que conste en resolución judicial ejecutoriada, le hubieren sido devueltos los bienes o derechos que transmitió; y
"‘IV. Cuando por cualquier causa regresen los bienes o derechos al enajenante dentro de los 60 días naturales de la fecha en que se celebró el contrato de transmisión.
"(Adicionada, P.O. 23 de junio de 2005)
"‘V. Los trabajadores que encontrándose en huelga, acepten destinar sus salarios caídos o créditos laborales para la adquisición de partes sociales o activos de la empresa en la que laboran, o de nuevas empresas que reanudarán la producción de sus plantas para la fabricación de los mismos o similares bienes; así como a las empresas que dichos trabajadores constituyan, y a las personas morales donde las empresas de los trabajadores participen como socios o las empresas que adquieran bienes para participar con los trabajadores en conjunto a fin de reactivar las plantas industriales que estén en huelga.’
"(Reformado, P.O. 9 de diciembre de 1997)
"‘Artículo 118. Los notarios públicos o quienes hagan sus veces, las autoridades judiciales y los particulares, tratándose de documentos privados y otorgados fuera del Estado, así como los servidores públicos, en su caso, deberán dar aviso a la autoridad catastral municipal de los actos o contratos en que intervengan, cuando se transmita la propiedad o derechos sobre inmuebles, o se modifiquen los datos de éstos, aun cuando no resulten gravados por este impuesto.’
"(Reformado, P.O. 9 de diciembre de 1997)
"‘Artículo 119. Los avisos a que se refiere el artículo anterior, se harán en las formas oficiales autorizadas. Para tal efecto, los obligados deberán proporcionar los datos que en las mismas se requieran y acompañar los siguientes documentos:
"‘I. Avalúo o dictamen de valor en los términos del artículo 114 de esta ley, los cuales contendrán un croquis descriptivo del terreno y, en su caso, de las construcciones existentes, especificando perímetro, superficie, medidas y colindancias actualizadas. Tratándose de predios urbanos, además se deberá señalar la distancia a la esquina más cercana y los nombres de las calles perimetrales;
"‘II. Comprobante donde se acredite que no existe adeudo por concepto de impuesto predial en la fecha en que se autoricen las escrituras, actos o contratos;
"‘III. Si se trata de predios bajo el régimen de propiedad en condominio, deberá presentar:
"‘a) Copia de la escritura pública donde se haga constar el acto constitutivo del régimen de propiedad en condominio; con los elementos que establece el Código Civil del Estado;
"‘b) Copia del plano del condominio, conforme a las normas técnicas;
"‘c) Descripción de las unidades en condominio, donde se precisen los lotes, departamentos o locales de áreas privativas; así como las áreas e instalaciones de uso común.
"(Adicionada, P.O. 25 de julio de 2000)
"‘IV. Dictamen de opinión de uso del suelo expedido por la dependencia encargada de la planeación urbana de la municipalidad, donde existan planes de desarrollo urbano.’
"(Reformado primer párrafo, P.O. 9 de diciembre de 1997)
"‘Artículo 120. Los avisos deberán presentarse a la autoridad catastral municipal, dentro de los dos meses siguientes a la fecha del documento en que se haga constar el hecho, acto o contrato, o en que tenga verificativo el suceso o el supuesto preestablecido en el documento constitutivo del acto jurídico.
"‘Cuando en los avisos o manifestaciones no se acompañe la documentación requerida, las autoridades fiscales concederán un término de quince días para que se corrija la omisión, que se contará a partir de la fecha en que los interesados reciban el requerimiento.
"‘Si transcurrido dicho término no se presenta la documentación requerida, se tendrán por no presentadas dichas manifestaciones o avisos, sin perjuicio de imponer al infractor las sanciones que procedan.’
"‘Artículo 121. Los notarios, o quienes hagan sus veces, los registradores y las autoridades, no expedirán testimonios, ni registrarán o darán trámite a actos o contratos en que intervengan, o documentos que se les presenten, si no se les comprueba el pago del impuesto a que se refiere este capítulo.
"‘En todo caso, al margen de la matriz y en los testimonios o en los documentos privados, deberá asentarse la constancia de pago o la de que éste no se causa.’
"Ahora bien, en el caso, conviniendo con el recurrente, es incorrecto el desechamiento por consentimiento tácito de los actos reclamados, al considerar el Juez de Distrito que el acto de aplicación de la legislación tildada de inconstitucional, tuvo lugar al veinte de diciembre de dos mil trece, en que los quejosos comparecieron ante el notario público número ********** de **********, a formalizar el contrato de compraventa, y en dicho acto jurídico el fedatario les hizo del conocimiento el importe a pagar, por concepto del impuesto sobre transmisiones patrimoniales que reclaman; pues como se advierte, tal criterio no es aplicable en el caso del impuesto sobre transmisiones patrimoniales que se regula en la legislación de Jalisco.
"Para evidenciarlo, precisa citar la jurisprudencia 2a./J. 5/2006, en que la recurrente apoya sus agravios, misma que se encuentra publicada en la página 657 del Tomo XXIII, febrero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes:
"‘ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO INFORMADA POR PARTE DEL NOTARIO PÚBLICO AL CONTRIBUYENTE, CONSTITUYE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE REGULAN ESE TRIBUTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.-Conforme a los artículos 134, 142 y 143 del Código Financiero del Distrito Federal, los notarios públicos son auxiliares de la administración tributaria del Distrito Federal en la recaudación del impuesto sobre adquisición de inmuebles, cuando la operación de que se trate se haga constar en escritura pública, pues tienen la obligación de calcularlo y enterarlo dentro de los 15 días siguientes al en que se protocolice el acto relativo, excepto cuando se trate de operaciones respecto de las cuales ya se hubiere pagado. En esa tesitura, la liquidación del impuesto sobre adquisición de inmuebles que formula el indicado fedatario informada al contribuyente, constituye el primer acto de aplicación de los preceptos legales que lo regulan y, por ende, genera la improcedencia del juicio de garantías por consentimiento tácito, en caso de que no se impugne dentro de los 15 días siguientes a aquel en que el quejoso (adquirente) tuvo conocimiento de dicho acto, siempre y cuando en el documento respectivo se precise la liquidación y el sustento legal de dicha actuación, cuestión que necesariamente debe acreditarse por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley.’
"En la ejecutoria de la que deriva la citada jurisprudencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo conducente, sustentó:
"‘En esa tesitura, es dable concluir que, aun cuando para efectos de la procedencia del juicio de amparo, el acto en virtud del cual el notario público retiene el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles en el Distrito Federal, debe estimarse como el primer acto de aplicación de los preceptos legales que lo regulan, lo cierto es que para poder estimarlos consentidos por no impugnarlos dentro de los quince días siguientes al en que se verificó dicho acto, no basta con tener por acreditado ese solo hecho, sino que además, es necesario que se encuentre demostrado fehacientemente, a partir de qué momento el quejoso (adquiriente) tuvo pleno conocimiento del mismo, sin que pueda estimarse que ello acontece, necesariamente, cuando se protocoliza la operación de que se trata, pues no debe soslayarse que no existe disposición legal alguna que imponga al notario público la obligación de retener el impuesto al celebrarse dicho acto y, por ende, válidamente, puede efectuarse en un momento diverso, habida cuenta que en muchas ocasiones, en el recibo que al efecto expide el fedatario público, no se precisa el concepto ni el fundamento legal de dicha retención, en tanto los particulares no tienen la obligación de fundar y de motivar sus actos.
"‘No obsta a lo antes considerado, el criterio que se contiene en la tesis 2a. CXLI/2000, publicada en la página 354 del Tomo XII, correspondiente al mes de noviembre de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, en tanto parte de un supuesto diverso al que aquí se analiza, tal como deriva de la simple lectura de su texto, que es del tenor siguiente:
"‘«CONSENTIMIENTO TÁCITO DE UNA LEY FISCAL. NO PUEDE DERIVARSE DE LA AUTOAPLICACIÓN DE AQUÉLLA, REALIZADA EN UN ACTO CELEBRADO ENTRE PARTICULARES.-El consentimiento tácito de una ley fiscal por no haberse promovido el juicio de amparo dentro del término legal, que como causal de improcedencia consigna el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, no puede derivarse de la aceptación de la aplicación o de la autoaplicación de las normas tributarias en un acto celebrado entre particulares en una relación privada de coordinación, como lo es la traslación de los impuestos al valor agregado y especial sobre producción y servicios al realizarse una compraventa, pues aun cuando este acto faculta a los particulares afectados para promover el juicio de amparo si estiman violatorias de garantías las leyes fiscales que se aplicaron, ello no significa que de no hacerlo consientan las normas relativas, dado que aún no existe una relación entre el particular y la autoridad exactora propia del derecho tributario, por lo que para que tal consentimiento pueda darse es necesario que el acto de aplicación, en torno al cual no se promueva el juicio de ga
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26748-2c238673/adquisicion-de-inmuebles-la-liquidacion-del-impuesto-sobre · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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