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Modo: Corpus Pro

AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS QUE PREVÉN EL COBRO DE DERECHOS POR INSCRIPCIÓN ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD CUYA RETENCIÓN ES REALIZADA POR UN AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMO UN NOTARIO. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE REGULA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS DISPOSICIONES QUE CONDICIONAN SU PROCEDENCIA A QUE SE PRESENTE OPORTUNAMENTE RESPECTO DE LA AFECTACIÓN PATRIMONIAL, NO ES APLICABLE A LOS CASOS EN QUE AÚN NO SE OTORGA EL INSTRUMENTO O LA ESCRITURA PÚBLICA QUE DA PIE A LA EROGACIÓN DE LOS RECURSOS [INTERPRETACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 81/2019 (10a.), 2a./J. 82/2019 (10a.) y 2a./J. 83/2019 (10a.)].

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 1/2022. · Registro digital (IUS): 31184
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2023-01-20
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER, EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Enero de 2023, Tomo III, Pág.3059.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 1/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER, EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL, DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS CARLOS HERNÁNDEZ GARCÍA, ENRIQUE VILLANUEVA CHÁVEZ, EUSTACIO ESTEBAN SALINAS WOLBERG, MARISOL CASTAÑEDA PÉREZ Y RAMIRO RODRÍGUEZ PÉREZ, QUIEN FORMULÓ VOTO ACLARATORIO. PONENTE: CARLOS HERNÁNDEZ GARCÍA. SECRETARIO: RODRIGO NÚÑEZ HERNÁNDEZ.

Querétaro, Querétaro. El Pleno del Vigésimo Segundo Circuito, en sesión virtual correspondiente al veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios **********, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil, al resolver los amparos en revisión ********** y **********de su índice, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil al emitir la resolución en el amparo en revisión **********, así como el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil, al resolver el amparo en revisión **********, los tres del Vigésimo Segundo Circuito.

I. DENUNCIA DE LA CONTRADICCIÓN

1. La denuncia de contradicción de tesis fue presentada el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, ante el Pleno del Vigésimo Segundo Circuito del Poder Judicial de la Federación, por los integrantes del Pleno del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil. Sustentaron que la contradicción se suscitaba entre los criterios que sostuvieron al resolver los amparos en revisión ********** y ********** de su índice y lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil al emitir la resolución en el amparo en revisión **********.

II. TRÁMITE DE LA DENUNCIA

2. La presidencia del Pleno del Vigésimo Segundo Circuito, mediante auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, radicó la denuncia de contradicción de tesis, a la que correspondió el número ********** y la admitió a trámite.

3. Asimismo, solicitó al Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y Civil, ambos del Vigésimo Segundo Circuito, que informaran si los criterios sustentados en los asuntos con que se denunció la contradicción se encontraban vigentes o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados.

4. Solicitó copia certificada de la ejecutoria de amparo en revisión administrativa ********** a la presidencia del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, sin que fuera necesario realizar tal solicitud al tribunal denunciante, dado que anexó los testimonios de las ejecutorias dictadas en los amparos en revisión administrativos ********** y **********.

5. Por otro lado, solicitó a las presidencias del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo y al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil, todos del Vigésimo Segundo Circuito con sede en esta ciudad informaran si en el órgano jurisdiccional que presidían habían sido resueltos asuntos relacionados con los criterios contendientes en la presente contradicción de tesis, de ser así anexaran fotocopia certificada de los mismos y de sus aclaraciones de sentencia, si existieran; comunicaran si dichos criterios se encontraban vigentes al momento de la notificación de la solicitud o el motivo de su interrupción o sustitución; en caso de que durante la tramitación del presente asunto se interrumpiera o sustituyera o cambiara la votación, lo informaran a este Pleno; y, en caso de haber emitido criterios en relación con los asuntos denunciados en la presente contracción de tesis, o durante el trámite de la misma, resolvieran alguno que versara sobre las cuestiones que en ellos se abordan, también lo dieran a conocer en los términos señalados.

6. Una vez que los citados tribunales precisaron que los criterios sustentados continuaban vigentes y remitieron la copia certificada de la resolución que les fue solicitada, la presidencia del Pleno, mediante auto de seis de junio de dos mil veintidós consideró debidamente integrado el expediente en que se actúa y ordenó turnar los autos al Magistrado Carlos Hernández García a fin de que formulara el proyecto de resolución correspondiente.

III. NORMATIVA APLICABLE

7. Para la tramitación y resolución de la presente contradicción se atiende a la Ley de Amparo en su texto anterior al siete de junio de dos mil veintiuno en términos del artículo transitorio primero, fracción II, del decreto que reforma diversas disposiciones de dicha norma, publicado en el Diario Oficial de la Federación en esa fecha, que señala que las disposiciones relativas a los Plenos Regionales en sustitución de los Plenos de Circuito, entrarán en vigor en un plazo no mayor a dieciocho meses contados a partir de la entrada en vigor del propio decreto, de conformidad con los Acuerdos Generales que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal; así como en términos de la circular SECNO/17/2021 de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal que informó que por Acuerdo 26/2021 dicha Comisión determinó que los Plenos de Circuito continuarán operando en los términos en que lo venían haciendo, en tanto entran en funciones los Plenos Regionales. Así como en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en su texto anterior a la referida fecha, por las mismas razones.

IV. COMPETENCIA

8. El Pleno del Vigésimo Segundo Circuito es competente para resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo aplicable y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación aplicable; en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis administrativa suscitada entre Tribunales Colegiados que pertenecen a este Circuito.

9. Para el caso concreto es relevante mencionar además que este Pleno de Circuito tiene competencia para verificar la aplicabilidad de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues el propio Alto Tribunal ha señalado que los Tribunales Colegiados de Circuito tienen facultad para definir si una jurisprudencia del propio Supremo Tribunal es de aplicación analógica o temática conforme al punto cuarto, fracción I, inciso C) del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito; pues ahí se establece que corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito resolver los amparos en revisión en que habiéndose planteado la inconstitucionalidad de leyes federales subsista la materia de constitucionalidad y exista jurisprudencia del Alto Tribunal que la resuelva.

10. Supuesto normativo que puede comprender dos escenarios: uno en el que exista una jurisprudencia exactamente aplicable a la norma reclamada, caso en el que se actualiza sin más la competencia delegada para conocer del asunto, y otro que puede darse cuando al analizar el asunto, el tribunal advierta que existen criterios jurisprudenciales que orientan la resolución del aspecto de constitucionalidad planteado en el juicio, pero emitidos en relación con una norma distinta a la reclamada.

11. Ante este último supuesto, la Segunda Sala de la Suprema Corte en las tesis citadas había determinado que la aplicabilidad por analogía de una jurisprudencia y la determinación de si una jurisprudencia es temática, correspondía en exclusiva al Máximo Tribunal; sin embargo, una nueva reflexión condujo a abandonarlas y a concluir que, en el contexto de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, la aplicación de la jurisprudencia o su categorización como temática o genérica a efectos de resolver un asunto implica emplear razonamientos jurídicos que deben realizar los Tribunales Colegiados de Circuito en ejercicio de su libertad de jurisdicción, experiencia adquirida y prudente arbitrio judicial.

12. Máxime que lo que permite dotar de dinamismo al sistema jurídico constitucional mexicano es precisamente la concentración sustantiva en materia de constitucionalidad sobre temas que debe resolver el Alto Tribunal, dedicando sus esfuerzos a construir una doctrina constitucional más robusta y compleja, pero a través de una cantidad menor de asuntos; y además, constituye un aspecto que permite que sea la Corte quien fije la agenda constitucional en el orden jurídico nacional.

13. Al respecto es aplicable la siguiente jurisprudencia:

"Suprema Corte de Justicia de la Nación

"Registro digital: 2020218

"Instancia: Segunda Sala

"Décima Época

"Materias común

"Tesis: 2a./J. 98/2019 (10a.)

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, junio de 2019, Tomo III, página 1987

"Tipo: jurisprudencia

"REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESTÁN FACULTADOS PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN ANALÓGICA DE UNA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O SI TIENE EL CARÁCTER DE TEMÁTICA O GENÉRICA EN USO DE SU COMPETENCIA DELEGADA (ABANDONO DE LAS TESIS 2a. CIII/2009, 2a. CXCVI/2007 Y 2a. CLXX/2007). Conforme al punto cuarto, fracción I, inciso C), del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito resolver los amparos en revisión en que habiéndose planteado la inconstitucionalidad de leyes federales subsista la materia de constitucionalidad y exista jurisprudencia del Alto Tribunal que la resuelva. Supuesto normativo que puede comprender dos escenarios: uno en el que exista una jurisprudencia exactamente aplicable a la norma reclamada, caso en el que se actualiza sin más la competencia delegada para conocer del asunto, y otro que puede darse cuando al analizar el asunto, el tribunal advierta que existen criterios jurisprudenciales que orientan la resolución del aspecto de constitucionalidad planteado en el juicio, pero emitidos en relación con una norma distinta a la reclamada. Ante este último supuesto, la Segunda Sala de la Suprema Corte en las tesis citadas había determinado que la aplicabilidad por analogía de una jurisprudencia y la determinación de si una jurisprudencia es temática, correspondía en exclusiva al Máximo Tribunal; sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonarlas y a concluir que, en el contexto de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, la aplicación de la jurisprudencia o su categorización como temática o genérica a efectos de resolver un asunto implica emplear razonamientos jurídicos que deben realizar los Tribunales Colegiados de Circuito en ejercicio de su libertad de jurisdicción, experiencia adquirida y prudente arbitrio judicial; máxime que lo que permite dotar de dinamismo al sistema jurídico constitucional mexicano es precisamente la concentración sustantiva en materia de constitucionalidad sobre temas que debe resolver el Alto Tribunal, dedicando sus esfuerzos a construir una doctrina constitucional más robusta y compleja, pero a través de una cantidad menor de asuntos; y además, constituye un aspecto que permite que sea la Corte quien fije la agenda constitucional en el orden jurídico nacional.

"Amparo en revisión 70/2018. Base de Aprovisionamiento, S.A. de C.V. 9 de mayo de 2018. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó con reserva José Fernando Franco González Salas. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretaria: Jazmín Bonilla García.

"Amparo en revisión 1333/2017. Bertha Victoria Pech Koh. 20 de junio de 2018. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó con reserva José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.

"Amparo en revisión 509/2018. Rojas Pruneda y Catana Asesores, S.C. 5 de septiembre de 2018. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó con reserva José Fernando Franco González Salas. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Juan Jaime González Varas.

"Amparo en revisión 938/2018. Bertha Guerrero Leyva. 30 de enero de 2019. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., Margarita Beatriz Luna Ramos y Javier Laynez Potisek. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Héctor Orduña Sosa.

"Amparo en revisión 17/2019. Gilberto Ruvalcaba Espinosa. 8 de mayo de 2019. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas, Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek; votó con reserva José Fernando Franco González Salas. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Ron Snipeliski Nischli.

"Tesis de jurisprudencia 98/2019 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de junio de dos mil diecinueve.

"Nota: Esta tesis abandona los criterios sostenidos por la propia Sala, en las diversas 2a. CIII/2009, 2a. CXCVI/2007 y 2a. CLXX/2007, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXX, septiembre de 2009, página 690, XXVII, enero de 2008, página 582 y XXVI, diciembre de 2007, página 250, respectivamente.

"Esta tesis se publicó el viernes 28 de junio de 2019 a las 10:34 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 01 de julio de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013."

14. De donde se concluye, que la aplicabilidad analógica o temática de una jurisprudencia ya no está reservada únicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que ahora los Tribunales Colegiados de Circuito también están facultados para hacer una interpretación de la jurisprudencia y definir si ésta resulta aplicable en esos términos.

15. Luego, ese ejercicio puede dar lugar a que los Tribunales Colegiados discrepen en los alcances de la jurisprudencia del Alto Tribunal.

16. Surge entonces la facultad de que este Pleno de Circuito resuelva tales contradicciones.

V. LEGITIMACIÓN

17. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo aplicable, ya que fue formulada por las Magistradas y Magistrado integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, órgano colegiado en el que se emitieron las resoluciones en los amparos directos 307/2021 y 385/2021, los cuales son de los criterios contendientes en la presente contradicción de tesis.

VI. CRITERIOS DENUNCIADOS

18. En el presente apartado se da cuenta con los criterios contendientes de los Tribunales Colegiados que pudieran dar lugar a una contradicción de tesis.

A. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito al emitir sentencia en el amparo en revisión **********.

Antecedentes procesales.

19. **********, promovió juicio de amparo contra el artículo 90 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, así como su aplicación con motivo del acto jurídico descrito en la escritura pública **********, de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, pasada ante la fe del notario público número 30 de la demarcación territorial de Querétaro. Hizo el pago de recursos al notario el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno.

20. De la demanda correspondió conocer al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, donde el veintidós de abril de dos mil veintiuno se admitió a trámite, registrada bajo el número **********.

21. Seguido el juicio por sus trámites, el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, el juzgador dictó sentencia definitiva. Sobreseyó en el juicio en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo al considerar que la quejosa había consentido los actos por haber promovido la demanda de manera extemporánea, cuyo plazo para instar el juicio comenzó desde que sufrió la afectación patrimonial y entregó al notario los recursos para el pago de las contribuciones reclamadas.

22. Inconforme con la anterior determinación, la quejosa interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, el cual lo radicó con el número **********.

Argumentación de la sentencia.

23. El citado Tribunal Colegiado en sesión de veintiocho de enero de dos mil veintidós resolvió el asunto por mayoría de votos en el sentido de revocar la sentencia y conceder el amparo a la quejosa.

24. En los agravios se expuso que el cómputo para promover la demanda de amparo no debía iniciar desde que el quejoso resintió la afectación patrimonial, sino un momento posterior hasta que celebró los actos jurídicos y no cuando se anticiparon los gastos notariales, porque fue hasta ese momento que surtieron los efectos de la norma.

25. Al abordar los agravios, el referido tribunal partió de que el problema jurídico a resolver era si ¿La jurisprudencia vinculante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación da lugar a considerar que la entrega de recursos a un notario, sin que a la par se presente un acto jurídico gravado del cual derive, constituye por sí solo una afectación patrimonial eficiente para iniciar el computo del plazo para la presentación de la demanda de amparo contra normas tributarias? concluyendo que la respuesta era no.

26. Así el tribunal estimó fundado el argumento y revocó el sobreseimiento, en esencia, al considerar que la mera entrega de los recursos económicos al notario, relativos a los derechos por inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, constituía un hecho carente de efectos directamente fiscales (inviable para comenzar a computar el plazo para promover el juicio de amparo), ya que ello sólo tenía lugar hasta que se celebran los actos jurídicos a inscribir, y hasta que esto ocurría se materializaban los efectos de la norma en perjuicio del quejoso y comenzaba su plazo para instar el juicio constitucional.

27. Que esto era así porque de conformidad con la Ley del Notariado era en virtud de la celebración del acto jurídico que se consignaba y asentaba en la escritura pública que se generaba el pago de algún impuesto o derecho, es decir, que la contribución surgía de la realización de una situación jurídica o de hecho prevista en una ley fiscal vigente, de conformidad con el artículo 32 de la citada ley.

28. Por tanto, era sólo a raíz de la causación del tributo que el fedatario se erigía con el carácter de auxiliar de la administración, pues inclusive la legislación referida le imponía el deber hacer constar, en el propio instrumento público levantado, el conocimiento que se le dio de las contribuciones generadas justamente por su celebración, a fin de que el gobernado pudiera conocer su fuente, acorde con los citados dispositivos. 29. Esto es, que no podía estimarse que la entrega de recurso del particular al fedatario implicaba cubrir el tributo, sino un hecho llano carente de efectos directamente fiscales suscitados entre particulares. Consecuentemente era hasta la celebración del acto jurídico que se podía considerar la entrega de los recursos como un acto de retención en favor de la hacienda pública.

30. Señaló que eso no implicaba desatender la jurisprudencia del Alto Tribunal que versaba sobre el plazo para promover el juicio de amparo tratándose de ese tipo de actos, esto es, la que señala que debía ser a partir de que el quejoso resiente la afectación patrimonial, pues en los casos que analizó el Supremo Tribunal para arribar a tal conclusión, la afectación patrimonial al quejoso había ocurrido una vez que se habían llevado a cabo los actos jurídicos que dieron pie a la erogación de los recursos para cubrir los tributos previstos en las normas reclamadas.

31. Para mostrar ese aserto transcribió una parte de la ejecutoria dictada en (sic) por el Supremo Tribunal en el amparo en revisión ********** de la que derivó la jurisprudencia de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR UN TERCERO EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN QUIEN ENTERA A LA HACIENDA PÚBLICA LOS RECURSOS RESPECTIVOS, PREVIA ENTREGA DE ÉSTOS POR EL CONTRIBUYENTE, LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ESTÁ CONDICIONADA A QUE SE PRESENTE OPORTUNAMENTE RESPECTO DE ESA AFECTACIÓN PATRIMONIAL."; concluyó que ahí se podía verificar que en el análisis que hizo la Corte la erogación de recursos que implicó la afectación patrimonial se situó posterior a la firma de escritura.

32. Por tanto, consideró debía revocarse el sobreseimiento dado que el plazo para promover el juicio de amparo había iniciado hasta que se celebraron los actos jurídicos que dieron pie a la escritura y, por ende, que el juicio de amparo había sido promovido de manera oportuna. Después concedió el amparo contra la norma impugnada.

B. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito al emitir sentencia en el amparo en revisión **********.

Antecedentes procesales.

33. ********** ********** ********** **********, por derecho propio, promovió juicio de amparo contra los artículos 90, 97 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, así como su aplicación con motivo del acto jurídico descrito en la escritura pública **********, de siete de junio de dos mil veintiuno, pasada ante la fe del notario público número ********** de la demarcación territorial de Querétaro. Hizo el pago de recursos al NOTARIO el catorce de mayo de dos mil veintiuno.

34. De la demanda correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, donde el uno de julio de dos mil veintiuno se admitió a trámite, registrada bajo el número **********.

35. Seguido el juicio por sus trámites, el veintiuno de julio de dos mil veintiuno, el juzgador dictó sentencia definitiva. Sobreseyó en el juicio en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo al considerar que la quejosa había consentido los actos por haber promovido la demanda de manera extemporánea, cuyo plazo para instar el juicio comenzó desde que sufrió la afectación patrimonial y entregó al notario los recursos para el pago de las contribuciones reclamadas.

36. Inconforme con la anterior determinación, la quejosa interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, el cual lo radicó con el número **********.

Argumentación de la sentencia.

37. El citado Tribunal Colegiado en sesión de veintiocho de enero de dos mil veintidós, resolvió el asunto por mayoría de votos en el sentido de revocar la sentencia y conceder el amparo a la quejosa.

38. En los agravios se expuso que el cómputo para promover la demanda de amparo no debía iniciar desde que el quejoso resintió la afectación patrimonial, sino un momento posterior hasta que celebró los actos jurídicos y no cuando se anticiparon los gastos notariales, porque fue hasta ese momento que surtieron los efectos de la norma.

39. Al abordar los agravios, el referido tribunal partió de que el problema jurídico a resolver era si ¿La jurisprudencia vinculante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación da lugar a considerar que la entrega de recursos a un notario, sin que a la par se presente un acto jurídico gravado del cual derive, constituye por sí solo una afectación patrimonial eficiente para iniciar el computo del plazo para la presentación de la demanda de amparo contra normas tributarias? Concluyendo que la respuesta era no.

40. Así el tribunal estimó fundado el argumento y revocó el sobreseimiento, en esencia, al considerar que la mera entrega de los recursos económicos al notario, relativos a los derechos por inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, constituía un hecho carente de efectos directamente fiscales (inviable para comenzar a computar el plazo para promover el juicio de amparo), ya que ello sólo tenía lugar hasta que se celebran los actos jurídicos a inscribir, y hasta que esto ocurría se materializaban los efectos de la norma en perjuicio del quejoso y comenzaba su plazo para instar el juicio constitucional.

41. Que esto era así porque de conformidad con la Ley del Notariado era por virtud de la celebración del acto jurídico que se consignaba y asentaba en la escritura pública que se generaba el pago de algún impuesto o derecho, es decir, que la contribución surgía de la realización de una situación jurídica o de hecho prevista en una ley fiscal vigente, de conformidad con el artículo 32 de la citada ley.

42. Por tanto, era sólo a raíz de la causación del tributo que el fedatario se erigía con el carácter de auxiliar de la administración, pues inclusive la legislación referida le imponía el deber hacer constar, en el propio instrumento público levantado, el conocimiento que se le dio de las contribuciones generadas justamente por su celebración, a fin de que el gobernado pudiera conocer su fuente, acorde con los citados dispositivos.

43. Esto es, que no podía estimarse que la entrega de recurso del particular al fedatario implicaba cubrir el tributo, sino un hecho llano carente de efectos directamente fiscales suscitados entre particulares. Consecuentemente era hasta la celebración del acto jurídico que se podía considerar la entrega de los recursos como un acto de retención en favor de la hacienda pública.

44. Para robustecer dicha conclusión, también trajo a contexto la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro que preveía el cobro de derechos reclamado y derivó que preveían la causación de las contribuciones pero presuponían como elemento esencial para su cobro, incurrir en alguna de las hipótesis jurídicamente relevantes ahí consignadas, pues sólo ante la celebración de aquéllas podría sostenerse que se actualiza la hipótesis que permite la existencia de una relación tributaria entre el impetrante y la administración pública.

45. Que, por ende, se actualizaba el hecho imponible, hasta que se realizara alguno de los actos jurídicos contemplados en la norma que así lo prevé, causándose desde ese momento y no antes la contribución, por incurrir en la situación jurídica prevista en la normativa fiscal.

46. Que la norma preveía que el cobro del tributo se establecería en estrecha relación con el monto de la operación celebrada, según el valor del inmueble o importe de la operación, lo que evidenciaba que el precepto fiscal se hace depender de la operación consignada, que era presupuesto para su existencia.

47. Luego, era por virtud de la actualización del hecho imponible que se hacía necesario el pago de la actuación registral gravada, siendo a causa de ese hecho que se actualizaba la hipótesis prevista en la normativa conducente, que permitía al fedatario público, actuando como auxiliar del fisco, retener las sumas conducentes de la obligación.

48. Insistió, no era sino hasta que se celebraba el acto jurídico respectivo, que la legislación atinente vinculaba al fedatario público a actuar revestido con el carácter de auxiliar, para realizar el cálculo de los derechos e impuestos y hacerlo del conocimiento del contribuyente, así como asentarlo en el instrumento que al efecto se levante, para luego retener y enterar los montos generados, en virtud del acto jurídico.

49. Señaló que eso no implicaba desatender la jurisprudencia del Alto Tribunal que versaba sobre el plazo para promover el juicio de amparo tratándose de ese tipo de actos, esto es, la que señala que debía ser a partir de que el quejoso resiente la afectación patrimonial, pues en los casos que analizó el Supremo Tribunal para arribar a tal conclusión, la afectación patrimonial al quejoso había ocurrido una vez que se habían llevado a cabo los actos jurídicos que dieron pie a la erogación de los recursos para cubrir los tributos previstos en las normas reclamadas.

50. Para mostrar ese aserto transcribió una parte de la ejecutoria dictada por el Supremo Tribunal en el amparo en revisión ********** de la que derivó la jurisprudencia de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR UN TERCERO EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN QUIEN ENTERA A LA HACIENDA PÚBLICA LOS RECURSOS RESPECTIVOS, PREVIA ENTREGA DE ÉSTOS POR EL CONTRIBUYENTE, LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ESTÁ CONDICIONADA A QUE SE PRESENTE OPORTUNAMENTE RESPECTO DE ESA AFECTACIÓN PATRIMONIAL."; concluyó que ahí se podía verificar que en el análisis que hizo la Corte la erogación de recursos que implicó la afectación patrimonial se situó posterior a la firma de escritura.

51. Así, estimó que la entrega de recursos no podía reputarse como dest

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31184-279511dc/amparo-contra-leyes-tributarias-que-preven-el-cobro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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