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Modo: Corpus Pro

PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 338/2016. · Registro digital (IUS): 27162
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-06-09
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, Pág. 1182.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 338/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 19 DE ABRIL DE 2017. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y EDUARDO MEDINA MORA I. DISIDENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis.(1)

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, porque fue formulada por Brenda Ariana Nallely Avelino Gutiérrez, autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por la parte quejosa en el juicio de amparo indirecto 815/2015, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero,(2) cuya impugnación tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en el recurso de revisión número 85/2016, y dicho órgano jurisdiccional sustentó uno de los criterios contendientes.

TERCERO.-A continuación, se destacan las consideraciones más relevantes de las ejecutorias denunciadas como contradictorias:

I. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión 85/2016, consideró lo siguiente:

"SEXTO.-Estudio de fondo. La recurrente hace valer los agravios siguientes:

"Previamente conviene precisar que en el presente asunto no opera el beneficio de la suplencia de la queja deficiente, por ser materia administrativa, por lo que el examen de los agravios expuestos se realizará de estricto derecho.

"No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado el argumento de la recurrente, en el sentido de que en el presente asunto opera la institución jurídica de la suplencia de la queja deficiente, de conformidad con el artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado se funda en una ley declarada inconstitucional mediante jurisprudencia temática por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Citó, como apoyo, el criterio de rubro:

"‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. ES APLICABLE EN AMPARO DIRECTO E INDIRECTO, EN PRIMERA INSTANCIA O EN REVISIÓN.’

"Sin embargo, en el caso, tal solicitud es improcedente, puesto que si bien, esa prerrogativa se actualiza cuando el acto reclamado se funda en una ley declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; también cierto es que en la especie no analizó la constitucionalidad del acto reclamado, virtud de que el juzgador tuvo por actualizada una causal de improcedencia; por ende, sobreseyó en el juicio, lo cual impidió el examen de la inconstitucionalidad del acto reclamado.

"Precisado lo anterior, la recurrente alega que la resolución impugnada debe ser revocada, al ser consecuencia de dos proveídos ilegales (de veintiocho de julio y tres de agosto de dos mil quince).

"Que el primer proveído de referencia es contrario a derecho, dado que hace una prevención sin tener bases objetivas que así lo justifiquen, ya que requiere a la quejosa a fin de que compareciera a ratificar la firma estampada en la demanda.

"Que hizo una apreciación, a priori, respecto de su autenticidad, sin contar con elementos objetivos que hagan dudar respecto del origen de la firma respectiva.

"Agrega que el segundo proveído es ilegal, puesto que ordenó, de oficio, la tramitación de un incidente de falsedad de firma; ello, a pesar de que la recurrente ratificó la demanda ante la presencia judicial.

"Al respecto aduce, que la facultad del Juez de Distrito de prevenir a la parte quejosa para que ratifique la firma que calza la demanda, tiene como única finalidad que tenga la certeza de que quien la plasmó, efectivamente fue aquél.

"Que nos obstante, dicha potestad no da al juzgador poder unilateral de investigación respecto de la autenticidad o falsedad de la firma, habida cuenta que dentro de las facultades que la ley le otorga no se encuentra la de indagar al respecto, cuando la firma ha sido ratificada ante su presencia, pues surte plenos efectos, al no ser objetada de falsa por la contraparte en el juicio de amparo (caso en el que únicamente procedería determinar si la impugnación es fundada, con independencia de la ratificación).

"Que el proceder del Juez de Distrito, de investigar sobre la veracidad o autenticidad de la signatura a pesar de que haya sido ratificada por su suscriptor, y ordene la recepción de una pericial, resulta ilegal.

"Que el reconocimiento de la firma por el quejoso debe crear certeza en el juzgador de que aquél suscribió el escrito cuya firma se cuestiona.

"Citó la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XI, Tomo 2, agosto de 2012, materia común, página 1751 (registro digital: 2001297), que es del tenor siguiente:

"‘DEMANDA DE AMPARO. SI SU SUSCRIPTOR RATIFICA LA FIRMA QUE LA CALZA ES ILEGAL QUE EL JUEZ DE DISTRITO UNILATERALMENTE INVESTIGUE SOBRE LA AUTENTICIDAD O FALSEDAD DE ÉSTA Y ORDENE LA RECEPCIÓN DE UNA PERICIAL PARA RESOLVER CONFORME AL RESULTADO DE DICHA PRUEBA. ...’

"Asimismo, en lo conducente, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 18, Tomo III, mayo de 2015, materia común, página 2155 (registro digital: 2009045), que es de tenor siguiente:

"‘DEMANDA DE AMPARO RATIFICADA. NO PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO EL JUZGADOR OBSERVA DISCREPANCIA ENTRE LA FIRMA QUE LA CALZA Y ALGUNA ESTAMPADA EN UN DOCUMENTO POSTERIOR. ...’

"Son infundados los agravios que se hacen valer.

"Previamente conviene señalar que el Juez Federal estimó sobreseer en el juicio, virtud de que mediante el incidente de falsedad de firma que calza el escrito inicial de demanda, previamente se estableció que no corresponde al puño y letra de la promovente del amparo Martha Hannay Chávez Gudiño, por ese motivo no se puede tener como válida la expresión de voluntad de quien acude ante el aparato jurisdiccional, puesto que el hecho de que durante la tramitación del juicio de amparo se sustancie la incidencia de falsedad de la firma que calza el escrito de amparo, y éste resulte fundado, como en el presente caso aconteció, resulta un caso análogo al supuesto en que el escrito de demanda de amparo carece de firma, lo cual torna improcedente la acción de tutela constitucional, ante la ausencia de voluntad para instar al órgano jurisdiccional; por lo que se actualiza la causal de improcedencia invocada.

"Que en esas condiciones, en el asunto se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6o., ambos de la Ley de Amparo, y del artículo 107, fracción I, constitucional, en concordancia con la fracción V del numeral 63 de la citada ley, procede sobreseer en el presente juicio de amparo.

"Ahora bien, para arribar a la calificativa de infundados de los argumentos que se hacen valer, cabe indicar que en el caso resulta importante señalar que respecto del tema de improcedencia del juicio constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, el cual se asimila al presente asunto porque guarda idénticas consideraciones de regulación al artículo 62 de la Ley de Amparo vigente, aplicable al caso concreto, el estudio de la causal de improcedencia del juicio de garantías es de análisis oficioso y de estudio preferente al fondo del asunto, es decir, su análisis debe emprenderse aun cuando no lo hagan valer las partes.

"La misma regla debe regir cuando exista algún indicio de que esta figura se actualice, ya sea porque alguna de las partes la invocó o porque el juzgador la advierta de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, al tenerlos frente a sí, y la problemática que se presenta, no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público, si de las constancias de autos se advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, el juzgador, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no, y así, probada fehacientemente, sobreseer en el juicio de garantías, o en caso contrario, abordar el fondo del asunto y resolver la controversia constitucional planteada.

"Bajo el anterior contexto, en el caso concreto, como se desprende de los antecedentes del presente asunto, el juzgador advirtió que las firmas estampadas en el escrito de demanda y en la comparecencia de ratificación de la quejosa Martha Hannay Chávez López, difieren a simple vista.

"Por tanto, a criterio de este tribunal fue correcto el proceder del juzgador federal, en principio, ordenar la ratificación de firma del suscriptor del escrito de demanda; asimismo, al notar la discrepancia de firmas, ordenar de oficio la apertura del incidente de falsedad de firma.

"Lo anterior, porque aun cuando la prevención se hizo en virtud de que el juzgador advirtió como un hecho notorio, un diverso juicio de amparo, el cual tuvo a la vista, promovido por distinto quejoso contra el director de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, de cuyo contenido se evidenció que adujo que existía un diverso juicio de amparo radicado ante ese mismo órgano jurisdiccional, promovido supuestamente por él, pero que desconocía la firma estampada en el escrito de demanda que dio origen al referido juicio de amparo; por tanto, ante tal manifestación, se tuvo a la vista los diversos juicios aludidos, de los que se pudo constatar que la firma que calza los escritos de demanda son completamente diferentes en sus rasgos caligráficos, no obstante de ser promovidas por el mismo quejoso, lo cual dio pauta a que el Juez Federal ordenara la ratificación respecto de la firma que calza el escrito de demanda de donde deriva el presente recurso de revisión, y que, por tal razón, pudiera estimarse que con relación al juicio en estudio no existen elementos objetivos que justifiquen el requerimiento.

"Sin embargo, la facultad de la autoridad jurisdiccional de prevenir al quejoso para que se presente a ratificar la firma que calza el escrito de amparo tiene como finalidad que el juzgador tenga la certeza de que quien plasmó dicho grafismo efectivamente fue el quejoso. Pues de no ser la firma de quien suscribe la demanda, es evidente que se actualizaría una causal de improcedencia del juicio de amparo; cuyo estudio es oficioso por ser una cuestión de orden público.

"Por tanto, adversamente a lo sostenido por la recurrente, el hecho de que se hubiere reconocido ante la presencia judicial la mencionada firma, como ocurrió en la especie, no proscribe la posibilidad de que se cuestione su autenticidad a través del incidente respectivo, ya que, precisamente, el motivo de la impugnación incidental recae en su autenticidad.

"Luego, de llegarse a la conclusión de que tal grafismo es apócrifo, no es factible otorgar efectos jurídicos a un reconocimiento respecto de una firma que no fue puesta por el puño y letra del recognocente, como lo pretende la promovente, pues ello sería tanto como darle valor a lo que es falso.

"Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia VI.2o.C. J/10, que este tribunal comparte, de rubro y texto:

"‘DEMANDA DE AMPARO. LA RATIFICACIÓN DE LA FIRMA QUE LA CALZA, NO IMPIDE LA TRAMITACIÓN DEL INCIDENTE EN QUE SE CUESTIONA SU AUTENTICIDAD. ...’

"En estricto acatamiento al principio de oficiosidad previsto en el referido artículo 62, en relación con el párrafo tercero del diverso 75, ambos de la Ley de Amparo, si previo al dictado de la sentencia que se reclama, el Juez de amparo de oficio debe allegarse de todas aquellas pruebas que resulten necesarias para analizar la (sic) referida causa de improcedencia quedó o no probada.

"En esas condiciones, si en el caso el Juez de Distrito advirtió discrepancia entre las firmas que calza el escrito de demanda y aquella que la quejosa plasmó ante la presencia judicial, lo que implica indicios de una posible causa de improcedencia, era necesario indudablemente tener certeza si ésta fue plasmada por el puño y letra del impetrante de amparo, lo anterior a través del incidente respectivo, pues de lo contrario se estaría convalidando alguna actuación falsa.

"De ahí que el proceder del juzgador, de ordenar la apertura del incidente de falsedad, resultó apegado a derecho, pues el hecho de que se haya ratificado la firma que calza el escrito en mención, no impide su apertura, habida cuenta que no es factible otorgar efectos jurídicos a un reconocimiento respecto de una firma que no fue puesta por el recognocente, ya que el actuar de una persona en cuanto a falsear la firma de la demanda de amparo, constituye una conducta irregular, la cual no puede ser convalidada, puesto que sería restarle importancia a un actuar indebido; lo cual, desde luego, justifica la oficiosidad con la que actuó el Juez Federal.

"También apoya lo considerado, la jurisprudencia número 1a./J. 163/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:

"‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. ...’

"Máxime que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del tema resolvió que cuando al resolver el incidente de falsedad, declarada la falsedad de la firma que calza la demanda de garantías, tanto la diligencia en que el promovente reconozca dicha firma como la aludida demanda carecen de eficacia, ya que no existe certeza sobre su autenticidad, esto es, que realmente proviene de quien aparece como su autor jurídico, pues una firma sólo puede reconocerla quien la imprimió.

"Por tanto, ante la mencionada declaración de falsedad, a la diligencia de reconocimiento de firmas no puede otorgársele el alcance de tener por presentada la demanda en la fecha en que la aparente promovente compareció ante el Tribunal Colegiado a reconocer la firma cuya autenticidad se cuestiona, en tanto que el objeto de dicha diligencia se limita a que el autor del documento reconozca como suya la firma impresa en él, y no a hacer suyo el contenido de un instrumento que no suscribió.

"Concluyendo que quien aparece en la demanda como promovente, aunque el acto reclamado afecte su esfera jurídica, no externó su voluntad de acudir al juicio constitucional, lo cual se traduce en el incumplimiento del requisito de instancia de parte agraviada previsto.

"El anterior criterio se encuentra sustentado en la jurisprudencia 1a./J. 93/2008, del siguiente rubro:

"‘RECONOCIMIENTO DE LA FIRMA QUE CALZA UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. CUANDO SE DECLARA SU FALSEDAD A TRAVÉS DEL INCIDENTE RESUELTO CONJUNTAMENTE CON LA SENTENCIA DEFINITIVA, TANTO AQUELLA DILIGENCIA COMO LA DEMANDA CARECEN DE EFICACIA, POR LO QUE AL NO TENERSE POR EXTERNADA LA VOLUNTAD DEL PROMOVENTE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO.’

"Dicho criterio resulta aplicable al caso concreto, por analogía jurídica, virtud de que aun cuando se hace la interpretación del artículo 4o. de la Ley de Amparo abrogada, en el caso, el principio de parte agraviada también lo prevé la ley vigente aplicable al caso concreto.

"En otro orden de ideas, al no operar el beneficio de suplencia de la queja, por ser un asunto en materia administrativa, debe quedar firme lo resuelto en el incidente de falsedad de firma, como aquellas consideraciones que concluyeron en sobreseer en el juicio de garantías, en virtud de que la recurrente omitió exponer argumentos tendentes a controvertirlos.

"Consecuentemente, al resultar infundados los agravios que se hacen valer, lo procedente es, en la materia de la revisión, confirmar la resolución recurrida."

II. En contraposición, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el recurso de revisión 394/2011, consideró lo siguiente:

"TERCERO.-Los agravios hechos valer resultan inoperantes por una parte y sustancialmente fundados en lo demás.

"En principio, deviene inoperante el argumento a través del cual, la promovente del recurso aduce que la sentencia que por esta vía viola en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, toda vez que sobre el particular el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció al respecto a través de la jurisprudencia número P./J. 2/97, visible en la página 5 del Tomo V, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, publicado en el mes de enero de mil novecientos noventa y siete, cuyos rubro y texto dicen:

"‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. ...’

"Sirve de apoyo a la inoperancia aludida, la diversa jurisprudencia 14/97, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 21, Tomo V, abril de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:

"‘AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA. ..."

"Ahora bien, las manifestaciones que resultan sustancialmente fundadas son aquellas en las que la promovente del recurso, esencialmente, aduce que el Juez de Distrito determinó sobreseer en el juicio de garantías bajo el argumento, unilateral, de que la firma que calza la demanda de amparo no fue estampada de su puño y letra, pues así lo había determinado, también unilateralmente, la perito en caligrafía y documentos copia que nombró para verificar tal acto.

"Decisión que, asegura la inconforme, es ilegal, puesto que a pesar de que estampó su rúbrica ante la presencia judicial con el fin de ratificar que las que aparecían tanto en el libelo constitucional, como en los escritos aclaratorios, habían sido asentadas por ella, de cualquier forma, el juzgador federal concluyó que ambas no provenían de la misma persona, determinación que, insiste, fue tomada de manera unilateral, ya que dicha autoridad no tomó en consideración la afirmación que hizo en el sentido de que fue ella quien plasmó las signaturas aludidas, de ahí que la forma en que resolvió resulte contrario a derecho.

"Como ya se adelantó, el motivo de queja sintetizado resulta sustancialmente fundado.

"Esto es así, habida cuenta que la forma en que procedió el resolutor de amparo fue del todo incorrecta, por las siguientes consideraciones de carácter legal:

"De las constancias que remitió dicha autoridad para la sustanciación del presente recurso, las cuales merecen pleno valor, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2o., se advierten los siguientes datos, a saber:

"1. Por escrito de diez de junio de dos mil once, Irma Leticia Román Calvo promovió juicio de garantías (fojas 3 a 8); libelo que se acordó el quince de junio siguiente, en el que se requirió a tal persona para que en ampliación a los antecedentes del acto reclamado, manifestara bajo protesta de decir verdad, quién había promovido el juicio de amparo al que hacía referencia en su escrito de demanda, contra qué acto se había promovido, qué juzgado conoció del mismo y con qué número se radicó (foja 9).

"2. Mediante sendas misivas de veintiuno del citado mes y año, la quejosa dio cumplimiento a lo anterior (fojas 10 a 14); escritos que se proveyeron el veintidós del aludido mes de junio de dos mil once, en el sentido de que en virtud de que a simple vista se advertía la notoria diferencia de firmas existentes en el escrito de demanda de garantías, así como de los libelos aclaratorios de la misma, fue por lo que de nueva cuenta se le exhortaba para que en el término de tres días contados a partir de la notificación de ese auto, ocurriera al local del juzgado a manifestar, bajo protesta de decir verdad, si las rúbricas que obraran en los escritos indicados habían sido estampadas de su puño y letra, apercibida que de no hacerlo se procedería conforme lo dispuesto al artículo 146 de la Ley de Amparo (foja 15).

"3. En diligencia de veintiocho del multicitado mes de junio de dos mil once, la quejosa compareció al recinto judicial a dar cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo indicado en el párrafo anterior, quien manifestó bajo protesta de decir verdad que las firmas que aparecían tanto en el escrito de demanda, así como en los aclaratorios, los cuales en ese acto tenía a la vista, habían sido estampadas de su puño y letra, por ser la rúbrica que utilizaba en todos sus actos tanto públicos como privados, a lo que el Juez acordó que, en virtud de que las citadas signaturas eran notoriamente diferentes, a fin de determinar lo procedente, la impetrante del amparo debía estampar su autógrafo por diez veces consecutivas, a fin de tenerla como indubitable y solicitar perito en grafoscopia (foja 16).

"4. En auto de veintinueve del tantas veces citado mes de junio de dos mil once, el Juez de Distrito tuvo por desahogado el requerimiento dictado, y admitió a trámite la demanda de garantías, ordenando, entre otras cosas, girar oficio al coordinador estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, con residencia en la ciudad de Puebla, para que designara un perito en materia de caligrafía y grafoscopia, que pudiera fungir como perito oficial, para que dictaminara sobre la autenticidad de las firmas estampadas por la quejosa en la demanda, así como en los escritos aclaratorios, teniendo como firma indubitable, la que había asentado ante la presencia judicial en la diligencia de veintiocho de junio pasado, quien debía comparecer ante el juzgado a aceptar y protestar el cargo conferido (foja 18).

"5. Por auto de cinco de julio del presente año, se tuvo al coordinador estatal de Servicios Periciales, Delegación Puebla, de la Procuraduría General de la República, designando como perito oficial en materia de caligrafía y grafoscopia a Guadalupe Oropeza Ruiz, por lo que se le requirió para que compareciera a aceptar y protestar el cargo conferido (foja 23); requerimiento que se cumplió mediante diligencia de once de julio siguiente, comprometiéndose la perito a emitir el dictamen correspondiente dentro del término de diez días hábiles (foja 39); peritaje que fue presentado el dieciocho del citado mes (fojas 46 a 52), y acordado el diecinueve del propio julio, ordenando su ratificación (foja 53); lo que aconteció en diligencia de veintiuno del aludido mes y año (foja 56).

"6. Seguido el procedimiento por sus demás etapas procesales, el nueve de septiembre de dos mil once, se celebró la audiencia constitucional y se dictó la sentencia correspondiente, la que es objeto de la presente revisión (fojas 71 a 76).

"De los antecedentes narrados, se observa que el resolutor de amparo con el objeto de establecer si en la especie se cumplía con el principio rector del juicio de amparo referente al requisito de instancia de parte agraviada, procedió a investigar sobre la veracidad de la firma que calza la demanda de amparo, pues advirtió que la misma era notoriamente distinta con las que aparecían asentadas en los escritos aclaratorios presentados por la propia quejosa, motivo por el cual, en principio, requirió a aquélla para que se presentara al recinto judicial a ratificar sus rúbricas; situación que, como se vio, aconteció mediante diligencia de veintiocho de junio de dos mil once.

"Determinación judicial que encuentra debido sustento en la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se comparte, visible en la página 345, Tomo X, septiembre de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dispone:

"‘RATIFICACIÓN DE FIRMAS QUE CALZAN LA DEMANDA DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO TIENE FACULTAD PARA ORDENAR LA. ...’

"Ahora bien, la facultad de la autoridad jurisdiccional de prevenir al promovente para que se presente a ratificar la firma que calza el escrito de amparo tiene como única finalidad que el juzgador tenga la certeza de que quien plasmó dicho grafismo efectivamente fue el quejoso, máxime si ésta discrepa con alguna de las firmas que obran en autos.

"Sin embargo, dicha potestad no engendra a dicho juzgador un poder unilateral de investigación respecto de la autenticidad o falsedad de la firma que calza la demanda de amparo, habida cuenta que dentro de las facultades que la ley le otorga, no se encuentra la de indagar sobre la veracidad de la rúbrica que estampa el promovente de la acción constitucional, cuando ésta ya ha sido ratificada ante su presencia, en atención al requerimiento que para ese efecto así lo ordenó.

"Por ello, la ratificación de la firma que calza la demanda de garantías que hizo la quejosa, por haber manifestado que fue ella quien la estampó, debió surtir plenos efectos en virtud de que no fue objetada de falsa, en todo caso, por su contraparte en el juicio de amparo, siendo éste uno de los casos en los que únicamente procedería determinar si esa impugnación resultara fundada o infundada, con independencia de su ratificación, pero no ante su inexistencia.

"Así pues, el Juez Federal, al continuar investigando sobre la veracidad o autenticidad de la signatura que contenía el libelo constitucional a pesar de que dicho grafismo ya había sido ratificado por su suscriptora, ordenando la recepción de una prueba de naturaleza pericial y resolviendo conforme a los datos que arrojó dicha probanza, es por ese motivo que tal actuar resulta contrario a derecho.

"Por las razones antes expuestas, es evidente que en forma incorrecta, el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de garantías; sin embargo, no obstante lo anterior, en el presente caso no procede revocar la sentencia constitucional recurrida y abordar el estudio de los conceptos de violación conforme lo dispone el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que en la especie se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que debe emprenderse su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que, siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del arábigo citado en primer término.

"Cobra aplicación la jurisprudencia 122/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 28, Tomo X, noviembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que prevé:

"‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. ...’

"En efecto, el artículo 73, fracción XII, primer párrafo, de la Ley de Amparo dispone:

"...

"Para sostener lo anterior, deviene imperioso indicar que los actos reclamados en el juicio de garantías, tanto al Juez y diligenciario non, ambos adscritos al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, mismos que quedaron debidamente transcritos en el resultando primero de esta ejecutoria se hicieron consistir, en síntesis, respecto del primero, el auto de once de enero de dos mil diez, así como diverso acuerdo de diecisiete de enero de dos mil once, dictados dentro del expediente 1659/2007, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido inicialmente por Leónides Maurilio Álvarez Cosme, endosatario en procuración de Norma Bernardina Arriaga Bruno, y seguido por Leticia Cid Olaya, endosataria en propiedad de la segunda de los nombrados, en contra de Gerardo Román Gines; y, respecto del último, la indebida notificación del primer proveído realizada el quince de abril de dos mil diez, y respecto del segundo auto su falta de notificación.

"Ahora bien, de las constancias que remitió el Juez de Distrito para la sustanciación del presente recurso, mismas que merecen pleno valor, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme lo establece su numeral 2o., se advierte que, en relación con las contenidas en el expediente 1659/2007, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil de Tehuacán, Puebla, se desprenden, en lo que interesa, las actuaciones siguientes:

"1. Por escrito de treinta de julio de dos mil siete, Leónides Maurilio Álvarez Cosme, endosatario en procuración de Norma Bernardina Arriaga Bruno, promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de Gerardo Román Gines (fojas 1 a 3); libelo que se admitió por acuerdo de once de agosto siguiente, por el Juez Segundo de lo Civil de Tehuacán, Puebla, registrándolo con el número de expediente 1659/2007 (foja 22).

"2. Previo emplazamiento (fojas 27 vuelta y 28), por libelo de veinticinco de septiembre de dos mil siete, la parte enjuiciada dio contestación a la demanda incoada en su contra (fojas 30 a 39); misiva que se acordó el veintinueve de octubre del citado año (foja 46).

"3. Seguida la secuela procesal, el veintiocho de agosto de dos mil nueve, se dictó sentencia definitiva condenando a la parte d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27162-c9299f17/pericial-en-materia-de-caligrafia-y-grafoscopia-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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