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PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS. DEBE CUANTIFICARSE CONFORME A LOS TOPES SALARIALES MÍNIMO Y MÁXIMO ACORDE AL SALARIO MÍNIMO GENERAL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 162, 485 Y 486 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y 46 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 14/2026. · Registro digital (IUS): 34060
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-06-12
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Junio de 2026, Tomo II, Volumen 2, Pág.1354.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 14/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 15 DE ABRIL DE 2026. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ANTONIO SALAZAR LÓPEZ Y RODOLFO ALEJANDRO RAMOS SANTILLÁN. DISIDENTE: VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA, QUIEN EMITIÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: RODOLFO ALEJANDRO RAMOS SANTILLÁN. SECRETARIA: ALICIA RAMÍREZ RICÁRDEZ.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al quince de abril de dos mil veintiséis, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 14/2026, perteneciente al Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, suscitada entre el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Décimoctavo Circuito.(1)

El aparente problema jurídico a resolver por este Pleno Regional se estableció, en el auto admisorio, de la siguiente manera: “Determinar si el salario para el cálculo de la prima de antigüedad de los trabajadores del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos debe calcularse conforme a lo previsto por el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica o atender las reglas previstas en la Ley Federal del Trabajo.”

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO.

1. Denuncia de la contradicción. El tres de febrero de dos mil veintiséis, el Magistrado integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, remitió la denuncia de la posible contradicción de criterios suscitada entre dicho órgano jurisdiccional y el Segundo Tribunal Colegiado en la misma materia y jurisdicción.

2. Trámite ante este Pleno Regional. Mediante acuerdo de seis de febrero de dos mil veintiséis, la Presidencia de este Pleno Regional admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios indicada y la registró bajo el consecutivo 14/2026.

3. En el mismo proveído, se solicitó a las presidencias de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes remitieran las versiones digitalizadas de las ejecutorias que dieron origen a los criterios en posible disputa e informaran si se encontraban vigentes o bien, superados o abandonados y, de ser el caso, señalaran las consideraciones respectivas, acompañando al efecto el archivo electrónico de la ejecutoria en la que se sustentara el nuevo criterio. De igual manera, se requirió que se pusieran a disposición de este Pleno Regional la consulta de los expedientes electrónicos respectivos; y que se informara si existía alguna circunstancia por la que los asuntos en contienda no hubieran causado ejecutoria.(2)

4. Paralelamente, se pidió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informara si se encontraba radicada ante ese Alto Tribunal alguna contradicción de criterios, o cualquier otro asunto que pudiera constituir precedente obligatorio, en el que el tema a dilucidar guardara relación con la presente denuncia.

5. Turno. En la misma fecha, este asunto se turnó electrónicamente,(3) para su estudio, a la ponencia del Magistrado Rodolfo Alejandro Ramos Santillán.

6. Vigencia de criterios. Por acuerdo de trece de febrero de dos mil veintiséis, la Presidencia de este Pleno Regional tuvo a los órganos contendientes informando que los criterios adoptados en sus respectivas resoluciones continuaban vigentes; que habilitaron las constancias a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y que los fallos contendientes se encuentran firmes.

7. Mediante diverso proveído de tres de marzo siguiente, la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comunicó que la Secretaría General de Acuerdos, le informó a su vez, que durante los últimos tres meses, no se encontraba radicada en el Alto Tribunal alguna contradicción de criterios que guardara relación con el tema a dilucidar en este asunto.

8. Confirmación de turno. En razón de lo anterior, en el mismo proveído, se confirmó el turno electrónico,(4) para la elaboración del proyecto de sentencia respectivo.

9. Lista. El proyecto de mérito se listó por primera ocasión, el diecisiete de marzo de dos mil veintiséis, para sesión de veinticinco siguiente; en dicha sesión se retiró para mejor estudio, listándose nuevamente el siete de abril de dos mil veintiséis, para resolverse en sesión de esta data.

II. COMPETENCIA

10. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de la posible contradicción de criterios que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1°, fracción III, 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14, fracción I, párrafo primero, del Acuerdo General 67/2022, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales vigente; y en los artículos 1, fracción II, punto 1 y 2 del Acuerdo General 108/2022, relativo a la Creación, Denominación e Inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; ambos, emitidos por el entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

11. Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito, sobre los que este Pleno Regional ejerce jurisdicción por materia y territorio.

12. Cabe precisar que los acuerdos generales del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal invocados, continúan vigentes en todo lo que no se opongan a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial emitan sus propios acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Noveno transitorio(5) de la citada legislación orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.

III. LEGITIMACIÓN.

13. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero,(6) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III(7) y 227, fracción III(8) de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por uno de los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimoctavo Circuito, el cual resolvió el amparo directo 1101/2024, de su índice, por lo que es inconcuso que el denunciante intervino en uno de los criterios génesis de la presente contradicción.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS.

14. Con el fin de determinar si existe o no la contradicción de criterios, es pertinente tener en cuenta los antecedentes y los aspectos relevantes de las ejecutorias denunciadas como divergentes.

I. Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos. Amparo Directo en Materia de Trabajo D.T.- 1101/2024 (relacionado con el D.T. 1185/2024)

15. Juicio de origen. Acorde con el capítulo de “antecedentes del acto reclamado”, de la ejecutoria que se analiza, el ocho de julio de dos mil veintidós, una persona física demandó del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, el pago de la prima de antigüedad y otras prestaciones, en virtud de que causó baja por jubilación, el treinta y uno de mayo de esa anualidad.

16. Como datos importantes, la parte actora manifestó que ingresó a laborar el uno de septiembre de mil novecientos ochenta y uno, y que en junio de mil novecientos noventa y dos, se creó el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, como organismo público descentralizado de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Morelos, que sustituyó a su patrón Secretaría de la Educación Pública (federal).

17. Recibida la demanda, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, la admitió a trámite y seguida la secuela procesal, el once de marzo de dos mil veinticuatro, emitió el laudo respectivo, en el que, se condenó a la demandada únicamente al pago de la prima de antigüedad solicitada, y se le absolvió del pago del resto de las pretensiones deducidas.

18. En desacuerdo con la anterior determinación, tanto el actor, por conducto de su apoderado, como el Instituto demandado promovieron demanda de amparo directo, de las que, por razón de turno, correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, el que las registró con los números D.T.-1101/2024 y D.T.- 1185/2024, respectivamente.

19. En sesión de dieciocho de diciembre de dos mil veinticinco, negó a ambos quejosos el amparo y protección de la Justicia de la Unión; y aun cuando en el amparo directo 1185/2024, se analizó el periodo de condena de la prima de antigüedad, en atención al momento en que la operaria fue transferida al Instituto demandado, esto es, a partir de su creación, lo cierto es que, la ejecutoria que es materia de la presente contradicción de criterios, corresponde al amparo directo en materia de trabajo 1101/2024, promovido por la parte trabajadora, en la que se definió qué salario debía tomarse en cuenta para cuantificar la prestación.

20. En dicha sentencia, el Tribunal de referencia estableció que eran infundados los conceptos de violación formulados, relativos a que debió tomarse en consideración el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que prevé un salario profesional de 3.5 veces el salario mínimo.

21. Lo anterior, porque en el laudo reclamado, el Tribunal burocrático determinó que la prima de antigüedad debía pagarse tomando en consideración el doble del salario mínimo vigente en dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 46, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, ya que el salario del actor excedía de ese monto.

22. Indicó que ese numeral estipula que la cantidad que se tome como base para el pago de la prima de antigüedad no puede ser inferior al salario mínimo, y que en caso de que el salario que perciba el trabajador exceda del doble del salario mínimo del área geográfica de aplicación a que corresponda el lugar de prestación del trabajo, entonces se estimará como salario máximo esa cantidad, en términos similares a lo previsto en los numerales 162 fracción III, 485 y 486 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria.

23. Así, el Tribunal Colegiado explicó que la prima de antigüedad es un beneficio para los trabajadores, con cargo al patrón, que se genera por el simple transcurso del tiempo, que el derecho a su otorgamiento nace una vez que ha concluido el vínculo laboral, debiéndose cubrir en razón al tiempo de prestación del servicio, esto es, atendiendo a la propia antigüedad.

24. Destacó que atendiendo a la naturaleza jurídica de la prestación, la prima de antigüedad tiene como presupuesto la terminación de la relación de trabajo, por ello, el derecho a su otorgamiento nace una vez que ha concluido el vínculo laboral, y en términos de lo dispuesto por los citados preceptos 46 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y 162, 485 y 486 de la Ley Federal del Trabajo, su montó debe determinarse conforme al salario que percibía el trabajador al término de la relación laboral, por renuncia, muerte, incapacidad o jubilación, y en caso de que aquel excediera del doble del salario mínimo general vigente en esa fecha, se consideraría ese monto como cantidad máxima.

25. Enseguida, trajo a contexto como hecho notorio el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y dos, suscrito por el Gobierno Federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con participación de los estados de la República, el cual estableció, entre otros aspectos, que el salario mínimo profesional del magisterio sería un equivalente superior a tres punto cinco veces el salario mínimo general previsto para el país.

26. Adujo que, en la parte conducente de dicho acuerdo, se puso en evidencia el incremento salarial del personal docente, con la finalidad de mejorar las percepciones del magisterio, empero, en ninguna parte del mismo, se estipuló que ello sería con fines de pago de la prima de antigüedad para el personal docente jubilado, pues de considerarlo así, tendría que justificarse la excepción a la regla especial prevista en los ordinales 485 y 486 de la Ley Federal del Trabajo, lo que en la especie no ocurría.

27. Incluso, destacó como hecho notorio que, para dar cumplimiento al Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, con la comparecencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, celebraron un convenio en el que tampoco se pactó que la prima de antigüedad debiera pagarse tomando en consideración un salario profesional equivalente a tres punto cinco veces el salario mínimo general vigente.

28. Bajo esas premisas, el Tribunal Colegiado de Circuito concluyó que la intención de la creación de esos documentos no había sido el incremento del monto salarial con fines del pago de antigüedad, y aun cuando en caso de duda debe asumirse la decisión más favorable para el trabajador, en términos de la parte final del artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, lo cierto es que dicho principio prevé excepciones, cuando se interpretan cláusulas de convenios que exceden, en beneficio de los trabajadores, las prestaciones que establece la ley obrera, pues en esos casos, la interpretación de las mismas debe hacerse en forma estricta, según lo dispone el precepto 31 de la legislación en comento, a fin de no contrariar la buena fe y equidad que inspiraron las obligaciones extralegales.

29. Citó como referencia, el criterio de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “PRESTACIONES CUYO MONTO SEA SUPERIOR AL FIJADO POR LA LEY. BENEFICIARIOS DE LAS.”

30. De igual manera, citó por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 128/2010, de la entonces Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación, de las siguientes voces: “CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. LAS CLÁUSULAS QUE CONTIENEN PRESTACIONES EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES, QUE EXCEDEN LAS ESTABLECIDAS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SON DE INTERPRETACIÓN ESTRICTA.”

31. El Tribunal Colegiado insistió en que de considerar que la prima de antigüedad debe pagarse conforme al salario profesional equivalente a tres punto cinco veces el salario mínimo general, se estaría soslayando la regla especial prevista en la Ley Federal del Trabajo, sin sustento alguno, pues del acuerdo referido solo se pone de relieve el incremento del salario mínimo para el personal docente, mas no que aquél deba tomarse en consideración para el pago de una prestación como la prima de antigüedad, que cuenta con una regulación propia.

32. Adicionalmente, el Tribunal Colegiado del conocimiento, aseguró que la jurisprudencia 2a./J. 49/2013 (10a.), de epígrafe: “PRIMA DE ANTIGÜEDAD. ACTIVIDADES QUE DEBEN CONSIDERARSE COMO PROFESIONALES PARA EFECTOS DEL CÁLCULO DEL MONTO A PAGAR POR ESE CONCEPTO (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 41/96 Y 2a./J. 42/96 Y DE LA TESIS AISLADA 2a. LXVII/96).”, no era aplicable al caso, porque no existía un salario profesional para la categoría o cargo del actor, o análoga, que hubiera sido emitida por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos; y tampoco se acreditó la existencia de un salario profesional pactado entre el Instituto demandado y el actor, por lo que no se actualizó ninguna de las hipótesis previstas en dicha jurisprudencia.

33. Estimó que tampoco era aplicable la jurisprudencia PC.XVII. J/6 L (10a.), invocada por la persona quejosa, de rubro: “PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. PARA SU CUANTIFICACIÓN DEBE ATENDERSE AL ARTÍCULO 162 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CON LOS TOPES SALARIALES A QUE SE REFIEREN SUS NUMERALES 485 Y 486, ATENDIENDO AL SALARIO PROFESIONAL PACTADO EN LA CLÁUSULA NOVENA DEL CONVENIO QUE CELEBRARON, POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO Y AQUEL ORGANISMO Y, POR OTRA, EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, CON FECHA 18 DE MAYO DE 1992.”, porque además de que pertenecía a un circuito judicial distinto, de la ejecutoria correspondiente, se advertía que en ella se analizó la cláusula novena del convenio celebrado entre el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, Servicios Educativos de dicha entidad y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en la que sí se pactó un salario profesional del magisterio equivalente a cuando menos tres veces el salario mínimo general vigente en el entonces Distrito Federal, en la plaza inicial de maestro de primaria, lo que en el caso del Estado de Morelos no aconteció.

34. Aunado a lo anterior, el Órgano jurisdiccional señaló que no existe tabulador de salarios profesionales para docentes en el Estado de Morelos, ni alguna resolución emitida en ese sentido, por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, insistiendo en que tampoco existía un pacto entre el gobierno de dicha entidad y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en el que se hubiera convenido de manera expresa un salario especial para cuantificar la prima de antigüedad; de ahí que, no era dable imponer a la parte demandada una carga respecto de un monto que de ninguna manera fue estipulado, ni respecto del que exista una justificación contractual, o que esté dispuesto en la normatividad, para considerar que el pago de la prima de antigüedad se pague de manera distinta a la que se encuentra referida en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, y los artículos 162, fracción II, 485 y 486 de la Ley Federal del Trabajo.

35. En virtud de lo expuesto, en la ejecutoria detallada se negó la protección federal solicitada.

II. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos. Amparo Directo 939/2024.

36. Juicio de origen. Conforme a los antecedentes expuestos en la propia ejecutoria que se estudia, se tiene que el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, una persona física, por conducto de sus apoderados, demandó del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y de su Director de Personal y Relaciones Laborales, el pago de diversas prestaciones, entre ellas, el pago de la prima de antigüedad, a razón del doble del salario mínimo profesional, con motivo de los años de servicio laborados.

37. Una vez recibida la demanda, la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, la admitió a trámite solo por lo que respecta al Instituto demandado, no así por la diversa autoridad señalada como demandada.

38. En la audiencia de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el escrito mediante el cual, la parte actora realizó diversas modificaciones al ocurso inicial de demanda. En lo que importa para la decisión de este asunto, la demanda laboral se amplió en los siguientes términos:

“II.- Se adiciona el inciso b) del ‘escrito de demanda’, solicitándose así, el pago correcto y completo de la prima de antigüedad, a la cual tiene derecho mi poderdante, atendiendo a lo establecido por el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que la moral oficial demandada, pagó una cantidad inferior a la que realmente debió otorgar a la actora, ya que el pago de la referida prima de antigüedad debe pagarse al doble del salario mínimo profesional; en virtud de que para prestar los servicios personales subordinados como docente a la demandada requirió a la actora de título profesional, mismo que fue exhibido para otorgarle la categoría señalada en la presente demanda; por lo que el servicio personal subordinado se encuadra en la siguiente tesis:

Época: Décima Época - - -Registro: 2003698 - - - Instancia: Segunda Sala - - - Tipo de Tesis: Jurisprudencia - - - Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta - - - Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1 - - - Materia(s): Constitucional, Laboral - - - Tesis: 2a./J. 49/2013 (10a.) - - - Página: 889 - - - ‘PRIMA DE ANTIGÜEDAD. ACTIVIDADES QUE DEBEN CONSIDERARSE COMO PROFESIONALES PARA EFECTOS DEL CÁLCULO DEL MONTO A PAGAR POR ESE CONCEPTO (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 41/96 Y 2a./J. 42/96 Y DE LA TESIS AISLADA 2a. LXVII/96)’...”.

39. Seguida la secuela procesal, el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, se emitió el laudo respectivo, en el que, por una parte, se tuvo por parcialmente acreditada la acción, y por otra, por parcialmente demostradas las excepciones y defensas; por tanto, se condenó al Instituto demandado, únicamente al pago de estímulo por cincuenta años de servicio, y se le absolvió del resto de las prestaciones demandadas, entre ellas, de la prima de antigüedad.

40. En desacuerdo con la anterior determinación, la parte actora (trabajadora) promovió un primer juicio de amparo directo, mismo que fue radicado ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, bajo el número 1096/2023, el cual se resolvió en sesión de cinco de abril de dos mil veinticuatro, en el sentido de conceder el amparo solicitado para los efectos siguientes:

• La Junta responsable dejara insubsistente el laudo reclamado.

• Se previniera a la parte actora para que aclarara la demanda sobre las prestaciones que reclamó en el escrito de ampliación de demanda.

• Repusiera el procedimiento a fin de que se proveyera sobre la admisión de los cotejos que propuso la actora, como medios de perfeccionamiento sobre las documentales identificadas con los numerales 10 y 11, del escrito de pruebas.

• Se pronunciara de manera fundada sobre las prestaciones que identificó como “secundarias” en el primer laudo y que declaró improcedentes.

• Hecho lo anterior, emitiera un nuevo laudo, con los lineamientos descritos con anterioridad.

41. En cumplimiento a la ejecutoria descrita con anterioridad, la responsable dictó un nuevo laudo el veintiocho de junio de dos mil veinticuatro, en el que determinó, en esencia, que la parte actora demostró parcialmente su acción y de la misma manera, el demandado acreditó sus excepciones y defensas; sin embargo, en esta ocasión, sí condenó a la patronal al pago de la prima de antigüedad.

42. Inconforme con el laudo de referencia, la parte actora promovió un segundo juicio de amparo directo, del que también correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, quien lo registró bajo el número AD 939/2024, de su índice, y en sesión de veintiséis de septiembre de dos mil veinticinco, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión.

43. Antes de abordar el estudio de fondo, el Tribunal Colegiado puntualizó, en el considerando séptimo, que la legislación aplicable era la Ley Federal del Trabajo anterior a la reforma de uno de mayo de dos mil diecinueve, toda vez que el juicio de origen inició el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete.

44. Ahora bien, en lo que importa para resolver la contradicción de criterios, el Tribunal Colegiado indicó que los argumentos expuestos en el quinto concepto de violación, inherentes a la incorrecta cuantificación de la condena al pago de la prima de antigüedad con base en el salario mínimo, eran fundados, suplidos en su deficiencia.

45. Para ello, en principio, explicó qué era y cómo debía calcularse la prima de antigüedad, con base en lo dispuesto por los artículos 162, fracción II, 485 y 486, todos de la Ley Federal del Trabajo, esto es, señaló que la prima de antigüedad es un beneficio para los trabajadores, con cargo al patrón, que se genera por el simple transcurso del tiempo y cuyo derecho a su pago nace una vez que ha concluido el vínculo laboral, debiéndose cubrir en razón al tiempo que el trabajador prestó sus servicios.

46. Continuó, considerando que el salario que debe tomarse como base para su cálculo, no puede ser inferior al mínimo ni mayor al doble de éste, ya que si el salario que percibe el trabajador excede del doble del mínimo general del área geográfica de aplicación a que corresponda el lugar de prestación del trabajo o profesional vigente en esa fecha, se considerará esa cantidad como salario máximo.

47. Destacó que el monto de la prima de antigüedad debe definirse con base en el salario que percibía el trabajador al momento en que terminó la relación laboral, con un límite inferior de un salario mínimo profesional y un tope salarial máximo de dos veces el salario mínimo profesional expresamente pactado en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y dos, el cual fue suscrito por el Gobierno Federal, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y los gobiernos de cada una de las entidades federativas, entre ellas, la del Estado de Morelos, entendiendo que el salario mínimo profesional del magisterio sería un equivalente superior a tres punto cinco veces el salario mínimo general del país.

48. El acuerdo anterior, se invocó como un hecho notorio, al encontrarse publicado en la página oficial del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos; además, se citó como fundamento de la determinación asumida, la jurisprudencia 2a./J. 130/2018 (10a.), de la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO. CUANDO SE ENCUENTRAN PUBLICADAS EN MEDIOS DE CONSULTA ELECTRÓNICA TIENEN EL CARÁCTER DE HECHOS NOTORIOS Y NO SON OBJETO DE PRUEBA.”.

49. Entonces, estimó que era incorrecta la determinación emitida por la junta responsable al haber condenado a la patronal al pago de la prima de antigüedad en favor de la trabajadora quejosa considerando solo el doble del salario mínimo vigente para el año dos mil dieciséis, atendiendo a que su salario diario rebasaba el tope establecido en el artículo 486 de la Ley Federal del Trabajo, pues había omitido tomar en cuenta, que si el salario que percibía dicha trabajadora, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y dos, excedía el doble del salario mínimo profesional, entonces debía aplicar el tope máximo de dos veces éste para el pago de la prima de antigüedad. Para reforzar su determinación, citó los criterios siguientes:

• Jurisprudencia 2a./J. 49/2013 (10a.) de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las voces: “PRIMA DE ANTIGÜEDAD. ACTIVIDADES QUE DEBE CONSIDERARSE COMO PROFESIONALES PARA EFECTOS DEL CÁLCULO DEL MONTO A PAGAR POR ESE CONCEPTO (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 41/96 Y 2a./J. 42/96 Y DE LA TESIS AISLADA 2a. LXVII/96).”

• Jurisprudencia PC.XVII. J/6 L (10a.) del Pleno del Decimoséptimo Circuito, del siguiente epígrafe: “PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. PARA SU CUANTIFICACIÓN DEBE ATENDERSE AL ARTÍCULO 162 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CON LOS TOPES SALARIALES A QUE SE REFIEREN SUS NUMERALES 485 Y 486, ATENDIENDO AL SALARIO PROFESIONAL PACTADO EN LA CLÁUSULA NOVENA DEL CONVENIO QUE CELEBRARON, POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO Y AQUEL ORGANISMO Y, POR OTRA, EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, CON FECHA 18 DE MAYO DE 1992.”

50. En lo que interesa, el Tribunal Colegiado del conocimiento concedió el amparo y protección de la justicia federal para que:

• Se dejara insubsistente el laudo de veintiocho de junio de dos mil veinticuatro, dictado en los autos del expediente laboral de origen.

• Se emitiera uno nuevo en el que se iteraran aquellas consideraciones que no fueron materia del amparo.

• Se cuantificara el pago de la prima de antigüedad en términos de lo expuesto en la ejecutoria y, con libertad de jurisdicción, se realizara la suma correspondiente.

V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

51. Establecidas las posturas contendientes, lo procedente es verificar si en efecto, se cumple con los presupuestos relativos a la existencia de la divergencia de criterios.

52. En un inicio, debe tomarse en cuenta que la unificación de posturas es una cuestión que se encuentra prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la norma reglamentaria –es decir, en la Ley de Amparo– para proporcionar coherencia y congruencia cuando se presentan tesis discrepantes de distintos tribunales, con la finalidad de dotar de certeza y seguridad jurídica al razonamiento judicial dentro del sistema jurídico mexicano.

53. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que para que exista una contradicción de criterios, antes llamada de “tesis”, basta con identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, con independencia de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron.

54. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P/J. 72/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Seman

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34060-eb6a80e8/prima-de-antiguedad-de-las-personas-trabajadoras-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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