CONTRATACIÓN POR TIEMPO DETERMINADO DE PERSONAL DOCENTE. PARA QUE RESULTE VÁLIDA, LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES DEBEN ACREDITAR QUE AL VENCIMIENTO DEL CONTRATO SE EXTINGUIÓ LA MATERIA DE TRABAJO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 19/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y EL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 22 DE ABRIL DE 2026. TRES VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA, ANTONIO SALAZAR LÓPEZ Y RODOLFO ALEJANDRO RAMOS SANTILLÁN. PONENTE: ANTONIO SALAZAR LÓPEZ. SECRETARIO: EDUARDO ALFONSO GUERRERO SERRANO.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al día veintidós de abril de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Que resuelve la contradicción de criterios 19/2026, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región y el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
I. TRÁMITE
1. Denuncia. Por oficio 1430/2026, de diecisiete de febrero de dos mil veintiséis, el Secretario de Acuerdos del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito remitió la sentencia de treinta de enero del mismo año, dictada en el amparo directo 853/2024, en la cual denunció ante este Pleno Regional la posible contradicción de criterios entre el ahí sustentado por ese órgano jurisdiccional; y lo determinado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, en apoyo del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, en el amparo directo 1043/2021.
2. Trámite de la denuncia. En acuerdo de diecinueve de febrero siguiente la presidencia de este Pleno Regional instruyó crear el expediente electrónico 19/2026, admitió a trámite el asunto y delimitó como tema preliminar el siguiente:
"Determinar si los contratos laborales celebrados entre los centros educativos particulares y sus profesores no deben considerarse por tiempo indeterminado, pese a que subsista la materia del trabajo, porque se trata de empleos temporales que duran lo correspondiente a los ciclos escolares o deben ser por tiempo indeterminado cuando subsista la materia de trabajo; porque no se trata de empleos temporales que sólo duren dicha temporalidad".
3. Además, solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes la versión digitalizada de las resoluciones dictadas en los expedientes de sus respectivos índices, así como la habilitación de este Pleno Regional para la consulta de los expedientes electrónicos a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); también les requirió que informaran si los criterios sustentados en los casos de su conocimiento se encontraban vigentes o, en su defecto, las ejecutorias en las que sustentaran uno nuevo y, finalmente, que comunicaran si habían causado ejecutoria.
4. En el mismo acuerdo, ordenó informar a la Dirección General de Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la admisión de la presente contradicción de criterios y solicitó su auxilio para que manifestara si en el sistema de seguimiento de asuntos pendientes de resolver por ese Alto Tribunal, se encontraba radicado alguno en el que el tema a dilucidar guardara relación con el mencionado anteriormente.
5. Por último, se turnó electrónicamente el asunto a la ponencia a cargo del Magistrado Antonio Salazar López, con la precisión de que el turno sería confirmado una vez que concluyera su integración en términos de lo dispuesto en el artículo 41 del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.(1)
6. Mediante proveído de presidencia de veinticuatro de febrero del año en curso, se recibió el oficio 95/2026, por conducto del cual la magistrada presidenta del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, informó que se encontraba vigente el criterio sustentado en el expediente auxiliar 172/2022 de su índice, correlativo al amparo directo 1043/2021 de la estadística del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito; aunado a que la resolución correspondiente obraba en el expediente electrónico, el cual habilitó para su consulta; asimismo, manifestó que los trámites posteriores a la emisión de la sentencia correspondían al tribunal colegiado de circuito auxiliado, por lo que ignoraba si existía alguna circunstancia por la que el asunto no hubiese causado ejecutoria.
7. Mediante proveído de veintisiete de febrero de dos mil veintiséis, se agregó a los autos el oficio 45/2026, a través del cual el magistrado presidente del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito remitió la versión digitalizada de la sentencia dictada en el amparo directo 853/2024 e informó que el criterio ahí sustentado seguía vigente, aunado a que ordenó habilitar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para su consulta y, finalmente, manifestó que no se interpuso recurso alguno que impidiera que el asunto causara ejecutoria.
8. Seguida la secuela procesal, el dos de marzo de dos mil veintiséis, se tuvo por recibido el proveído de veintisiete de febrero del año en curso, emitido por el magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con el que hizo del conocimiento la habilitación de la consulta del expediente electrónico relativo al amparo directo 1043/2021 e informó que no se hizo valer medio de impugnación alguno contra la sentencia ahí dictada.
9. Finalmente, en auto de nueve de marzo de dos mil veintiséis, se tuvo por recibido el oficio CCST/X/140/03/2026, en el que el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó a este Pleno Regional que no se encontraba radicada ante ese Alto Tribunal contradicción de criterios alguna que versara sobre el mismo punto jurídico que dio lugar a la presente denuncia.
10. Así, al encontrarse debidamente integrado el expediente, en ese mismo proveído se confirmó el turno electrónico a la ponencia "C", a cargo del Magistrado Antonio Salazar López.
II. COMPETENCIA
11. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de la posible contradicción de criterios que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1°, fracción III, 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14, fracción I, párrafo primero, del Acuerdo General 67/2022, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales vigente; y en los artículos 1°, fracción II, punto 1 y 2° del Acuerdo General 108/2022, relativo a la Creación, Denominación e inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; ambos, emitidos por el entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
12. Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito, sobre los que este Pleno Regional ejerce jurisdicción por materia y territorio.
13. Cabe precisar que los acuerdos generales del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal invocados, continúan vigentes en todo lo que no se opongan a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial emitan sus propios acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Noveno transitorio de la citada legislación orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.
II. LEGITIMACIÓN
14. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, ya que fue formulada por los magistrados integrantes del Décimo Segundo Tribunal Colegiado de Trabajo del Primer Circuito, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
III. CRITERIOS DENUNCIADOS
15. A continuación, se sintetizarán los antecedentes más relevantes de los casos que conforman la presente contradicción de criterios.
Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región (en apoyo al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito)
Amparo directo 1043/2021 (cuaderno auxiliar 172/2022)
16. Juicio laboral. Una trabajadora de la educación demandó a una escuela primaria particular y a su propietaria el pago de la indemnización constitucional y salarios caídos, entre otras prestaciones de índole laboral, como consecuencia de un supuesto despido injustificado.
17. Narró que trabajó de forma ordinaria en la escuela demandada, como profesora de inglés, hasta el treinta de junio de dos mil diecisiete; sin embargo, después de un periodo vacacional, el catorce de agosto de dos mil diecisiete acudió al centro escolar a continuar sus labores y adujo haber sido despedida en esa fecha.
18. Contestación. La parte demandada negó el despido y sostuvo que la actora había dejado de presentarse a laborar una vez que concluyó el contrato de trabajo por tiempo determinado que celebraron para el ciclo escolar respectivo, es decir, del veintidós de agosto de dos mil dieciséis al treinta de junio de dos mil diecisiete.
19. Laudo reclamado. La Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz del conocimiento condenó a la parte demandada al pago de la indemnización constitucional y salarios caídos, entre otras condenas y absoluciones.
20. Sustentó su decisión en el hecho de que la parte demandada tenía la carga de la prueba para acreditar que la contratación temporal de la actora se encontraba justificada, a la luz de las excepciones dispuestas por el numeral 37 de la Ley Federal del Trabajo; pese a lo cual, no ofreció ninguna prueba apta para demostrar, de forma objetiva y razonable, la validez de esa contratación temporal,
21. Apoyó su determinación en la jurisprudencia 2a./J. 164/2016, de la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO. PROCEDE ANALIZAR SU VALIDEZ CUANDO EL PATRÓN OPONE COMO EXCEPCIÓN LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO PACTADO, AUN CUANDO EL TRABAJADOR NO HAYA DEMANDADO SU PRÓRROGA O NULIDAD".
22. Por otro lado, destacó que del material probatorio se advertía que la relación laboral entre las partes tuvo continuidad, al menos, desde el año dos mil once, lo cual corroboró con contratos por tiempo determinado relativos a ciclos escolares previos, entre otros elementos de prueba.
23. Sentencia de amparo. Inconforme, la persona física demandada, propietaria del centro escolar, promovió amparo directo y, seguida la secuela procesal, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región le concedió el amparo.
24. En sus conceptos de violación, toralmente, alegó que de los diversos contratos de trabajo exhibidos por la actora se acreditaba que su contratación se había efectuado por tiempo determinado, argumento que el tribunal colegiado estimó fundado.
25. Por un lado, el tribunal de amparo subrayó que obraba en autos el contrato de trabajo por tiempo determinado relativo al ciclo escolar comprendido del veintidós de agosto de dos mil dieciséis al treinta de junio de dos mil diecisiete, documental que acreditaba que la relación laboral se pactó por tiempo determinado; lo cual se corroboraba con otros contratos temporales previos, celebrados entre las partes, que también se hallaban glosados en autos.
26. Enseguida, destacó que si bien podría estimarse que la patronal quejosa omitió demostrar que la contratación temporal se encontraba justificada, por configurarse alguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 37 de la Ley Federal del Trabajo, al no haber ofrecido pruebas al respecto, consideró válido su proceder porque "así lo exigía la naturaleza del trabajo", al margen de que subsistiera la materia para el siguiente ciclo escolar.
27. En esa tesitura, afirmó que las instituciones educativas particulares debían tener la posibilidad de contratar por tiempo determinado a las y los maestros atendiendo a que la naturaleza del trabajo consistía en la impartición de educación "efectiva y de calidad".
28. Sostuvo que tal aserto encontraba apoyo en el derecho humano a la educación, así como en el interés superior de la niñez, consagrados en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que las y los maestros eran "agentes fundamentales del proceso educativo" y, por ende, era válido que las escuelas particulares condicionaran la renovación de los contratos al desempeño de los docentes durante el ciclo escolar, otorgándoles libertad para sustituirlos el siguiente periodo con "otros profesores más capacitados o con mejores cualidades", para cumplir con los compromisos de calidad en la prestación del servicio y con los objetivos impuestos por las autoridades educativas.
29. Citó como criterio orientador la jurisprudencia 2a./J. 113/2019, de rubro: "DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE".(2)
30. Asimismo, subrayó que era importante que las escuelas privadas tuvieran confianza en que sus docentes realizarían en forma eficiente su trabajo, pues de ello dependía el que la institución conservara la validación oficial de estudios.
31. Por estas razones, concluyó que la impartición de educación en instituciones privadas debía considerarse como trabajo temporal por su naturaleza, aun cuando subsistiera la materia del trabajo, consistente en la impartición de clases año tras año; reiterando que la patronal tenía libertad para elegir a sus trabajadores a fin de cumplir con los objetivos impuestos por las autoridades educativas.
32. Paralelamente, afirmó que el derecho humano a la estabilidad en el empleo podía limitarse por causa justificada, como lo era en beneficio del interés superior del menor a obtener una educación de calidad.
33. Así, indicó que la estabilidad en el empleo no era un derecho absoluto, ya que el artículo 123, apartado B, fracción IX, constitucional, establecía que las personas trabajadoras podían ser suspendidas o cesadas por causa justificada; mientras que la reforma al artículo 3 constitucional implementó una evaluación obligatoria para el ingreso, promoción y permanencia del personal docente, para crear un nuevo modelo que asegurara la calidad educativa en beneficio del interés superior del menor.
34. Esta postura dio lugar a la tesis aislada (IV Región) 1o.31 L (11a.), de rubro y texto:
"CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO. TIENE ESA CARACTERÍSTICA EL CELEBRADO POR LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PRIVADA CON LOS MAESTROS POR UN CICLO ESCOLAR, AL TRATARSE DE UN TRABAJO TEMPORAL, PESE A QUE SUBSISTA LA MATERIA DEL EMPLEO.
Hechos: Una profesora demandó de un centro escolar privado el pago de las prestaciones derivadas de su despido injustificado; la demandada se excepcionó en el sentido de que no se había despedido a la actora, sino que ella dejó de presentarse a laborar una vez que concluyó el contrato de trabajo; sin embargo, no presentó pruebas en el juicio. No obstante, de la inspección judicial ofrecida por la trabajadora se obtuvo el contrato por tiempo determinado que abarcaba hasta el último ciclo escolar fenecido.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los contratos laborales celebrados entre los centros educativos particulares y sus profesores no deben considerarse por tiempo indeterminado, pese a que subsista la materia del trabajo, porque se trata de empleos temporales que duran lo correspondiente a los ciclos escolares.
Justificación: Lo anterior es así, ya que las escuelas particulares tienen objetivos específicos que deben cumplir, además de los planes y programas del sistema nacional de educación y, para lograrlos, al término de cada ciclo escolar deben evaluar si los maestros, con su trabajo, han colaborado en el logro de esos fines y, de no ser así, debe permitírseles sustituirlos por personal con mejores o diversas aptitudes que les permitan lograr los objetivos internos y externos establecidos por las autoridades educativas para, de esa forma, seguir manteniendo su registro y la validación oficial de los certificados escolares que expidan. Por tanto, el contrato celebrado para un ciclo escolar está justificado como "trabajo temporal", ya que por su naturaleza se busca una educación efectiva y de calidad, en aras de preservar el interés superior del menor de edad en particular, y del estudiantado nacional en general".(3)
Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito
Amparo directo 853/2024
35. Juicio laboral. Una trabajadora demandó a un centro escolar privado de educación básica, media y media superior (primaria, secundaria y preparatoria), el pago de indemnización constitucional y salarios caídos, entre otras prestaciones de índole laboral, con motivo de un supuesto despido injustificado.
36. Afirmó que se desempeñó como profesora de idioma francés y que, el treinta de junio de dos mil veintitrés, la directora general de la escuela demandada le hizo saber que su contrato de trabajo había llegado a su fin y que no sería renovado.
37. Contestación. La institución escolar demandada negó la existencia del despido y se excepcionó aduciendo la conclusión del contrato de trabajo por tiempo determinado, celebrado con la actora para el correspondiente ciclo escolar, esto es, del seis de septiembre de dos mil veintidós al treinta de junio de dos mil veintitrés.
38. Paralelamente, precisó que decidió no renovar el contrato temporal de la actora porque, de diversos informes realizados por la institución para evaluarla, así como entrevistas a alumnos y padres de familia, advirtió que tuvo deficiencias en las labores como docente durante el ciclo escolar y que no cumplía con las observaciones que se le realizaban.
39. Sentencia reclamada. Seguida la secuela procesal, el Tribunal Laboral de Asuntos Individuales del conocimiento absolvió a la escuela demandada respecto al pago de la indemnización constitucional, entre otras prestaciones, al considerar que quedó demostrado que el contrato celebrado entre las partes fue por tiempo determinado y que éste llegó a su fin.
40. Cabe destacar que la persona juzgadora no soslayó que la relación laboral entre las partes inició con anterioridad a la celebración del contrato controvertido, pues se reconoció como fecha de ingreso de la actora el primero de diciembre de dos mil veintiuno.
41. No obstante, consideró justificada la temporalidad de la contratación y la decisión de no renovar el contrato a la actora, al razonar que la asignatura de francés era extracurricular, porque no se encontraba contemplada en los planes de estudio del Sistema Educativo Nacional, aprobados por la Secretaría de Educación Pública, lo que tomó como confesión expresa y espontanea de la propia actora; aunado a que la institución demandada no era una escuela de idiomas dedicada a impartir de forma permanente la lengua francesa, por lo que resultaría una carga excesiva obligarle a contratar a la actora indefinidamente.
42. En ese contexto, consideró válido que la patronal tomara en cuenta los informes y entrevistas rendidos respecto del desempeño de la actora para optar por no renovarle el contrato una vez concluida la relación laboral por tiempo fijo.
43. En apoyo a su determinación invocó la tesis aislada (IV Región) 1o.31 L (11a.), de rubro "CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO. TIENE ESA CARACTERÍSTICA EL CELEBRADO POR LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PRIVADA CON LOS MAESTROS POR UN CICLO ESCOLAR, AL TRATARSE DE UN TRABAJO TEMPORAL, PESE A QUE SUBSISTA LA MATERIA DEL EMPLEO", sustentada por el diverso contendiente.
44. Sentencia de amparo. Inconforme, la actora promovió demanda de amparo y, en suplencia de la deficiencia de la queja, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado de Trabajo del Primer Circuito le concedió la protección solicitada.
45. Destacó que la Ley Federal del Trabajo sí admitía la posibilidad de contratar personal de forma temporal, conforme a sus numerales 35(4) y 37;(5) empero, enfatizó que no bastaba que las partes acordaran un lapso determinado para que éste fuera válido, sino que la temporalidad debía estar plenamente justificada, de forma objetiva y razonable, conforme a los supuestos previstos en esos numerales.
46. Asimismo, subrayó que el artículo 39 de la ley en comento(6) establecía que, de subsistir la materia de trabajo que dio origen al contrato por tiempo determinado, éste se entendería prorrogado por todo el tiempo que perdurara esa circunstancia.
47. Sustentó estas afirmaciones en la jurisprudencial de la otrora Cuarta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO, CARACTERISTICAS Y PRORROGA DEL.",(7) así como la diversa 2a./J. 164/2016 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro: "CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO. PROCEDE ANALIZAR SU VALIDEZ CUANDO EL PATRÓN OPONE COMO EXCEPCIÓN LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO PACTADO, AUN CUANDO EL TRABAJADOR NO HAYA DEMANDADO SU PRÓRROGA O NULIDAD".(8)
48. Con base en ese marco normativo y jurisprudencial, sostuvo que el hecho de que el contrato de trabajo exhibido por la demandada estableciera que la duración de la relación laboral sería equivalente al ciclo escolar era en sí mismo insuficiente para justificar, de manera objetiva y razonable, la contratación por tiempo determinado de la actora y, por ende, carecía de validez.
49. Destacó que, de la lectura del contrato celebrado entre las partes, se advertía que se encontraba limitado a un ciclo escolar "[...]en términos de los programas que anualmente implementa la Secretaría de Educación Pública respecto de cada nuevo ciclo escolar y es precisamente los que le dan origen y razón de ser a la contratación por tiempo determinado [...]".
50. Contrario a lo señalado por la autoridad responsable, advirtió que, aun cuando el idioma francés no era de enseñanza obligatoria conforme a los programas de estudios aprobados por la Secretaría de Educación Pública, lo cierto era que la demandada no demostró que dejaría de impartir esa asignatura, de tal suerte que se explicara la temporalidad de la contratación de la docente; lo que permitía presumir, en cambio, que subsistía la matera del trabajo. De ahí que no se justificara la falta de continuidad en el trabajo.
51. Subrayó que esto no implicaba que debiera reconocerse a la actora la definitividad en el empleo, dada la naturaleza variable de los planes educativos; pero sí que la relación laboral debía entenderse por tiempo indefinido mientras subsistiera la materia de trabajo.
52. También destacó que, si bien la demandada ofreció pruebas relacionadas con evaluaciones o informes sobre las labores de la docente, así como supuestas notas desfavorables por parte de los alumnos y padres de familia, no siguió el procedimiento para la rescisión justificada de su relación de trabajo, en términos de la Ley Federal del Trabajo, ni acreditó que la docente incumpliera efectivamente con sus obligaciones.
53. Asimismo, precisó que el derecho reconocido en favor de la trabajadora no colisionaba con el interés superior del menor, entendido como el derecho de las y los alumnos para acceder a una educación de calidad, reiterando que no se acreditó en juicio que la actora hubiera incurrido en alguna falta que justificara la separación de su empleo o que incumpliera con requisitos de calidad en sus labores, aspecto que no formó parte de la litis.
54. Finalmente, precisó que no compartía la tesis aislada (IV Región) 1o.31 L (11a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, por lo que denunció la contradicción de criterios que ahora nos ocupa.
V. ANÁLISIS DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN
55. La mecánica para emprender este estudio debe realizarse desde un enfoque que permita advertir la necesidad de unificar criterios jurídicos, pues su objetivo es otorgar certeza a las personas juzgadoras y justiciables.
56. Luego, dado que lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que, para que exista una contradicción de criterios, será suficiente identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, con independencia de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron.
57. Las afirmaciones anteriores encuentran apoyo en la tesis de jurisprudencia P./J.72/2010(9) y tesis aislada P.XLVII/2009,(10) emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a su letra dicen:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que "al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes" se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en "diferencias" fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución".
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34054-3af16748/contratacion-por-tiempo-determinado-de-personal-docente-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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