COMISIONES SINDICALES. DEBE HACERSE EXTENSIVA LA CLÁUSULA 251 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE PETRÓLEOS MEXICANOS, BIENIOS 2023-2025 Y 2025-2027 Y ANÁLOGOS, A LOS SINDICATOS MINORITARIOS QUE LO SOLICITEN DE FORMA PROPORCIONAL, CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y PLURALIDAD SINDICAL.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 27/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL DÉCIMO Y EL DÉCIMO CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO. 3 DE JUNIO DE 2026. TRES VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA, RODOLFO ALEJANDRO RAMOS SANTILLÁN Y ANTONIO SALAZAR LÓPEZ. PONENTE: RODOLFO ALEJANDRO RAMOS SANTILLÁN. SECRETARIO: LUIS OMAR GARCÍA MORALES.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al tres de junio de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 27/2026, suscitada entre el Décimo(1) y el Décimo Cuarto(2) Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo, ambos del Primer Circuito.
El aparente problema jurídico planteado para resolver por este Pleno Regional se estableció en auto de Presidencia de la siguiente manera: "DETERMINAR SI ES PROCEDENTE O NO, OTORGAR AMPARO, RESPECTO A LA APLICACIÓN DEL BENEFICIO CONTENIDO EN LA CLÁUSULA 251 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CELEBRADO ENTRE PETRÓLEOS MEXICANOS Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS, Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA".
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio JA/80/2026, de tres de marzo de dos mil veintiséis, recibido de manera física en la Oficialía de Partes de este Pleno Regional el cinco de marzo siguiente, la Jueza de Distrito adscrita al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, con sede en la Ciudad de México, denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por el Décimo y el Décimo Cuarto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo, ambos del Primer Circuito, al resolver los juicios de amparo directos 170/2024 y 49/2024, respectivamente.
2. Trámite ante este Pleno Regional. Por acuerdo de seis de marzo del año en curso, la Presidencia de este Pleno Regional admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios indicada y la registró bajo el consecutivo 27/2026.(3)
3. En el mismo proveído, se solicitó a las presidencias de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, remitieran las versiones digitalizadas de las sentencias que dieron origen a los criterios en posible disputa e informaran si se encontraban vigentes o bien, superados o abandonados y, de ser el caso, señalaran las consideraciones respectivas, acompañando al efecto el archivo electrónico de la ejecutoria en la que se sustentara el nuevo criterio. De igual manera, se requirió que se pusieran a disposición de este Pleno Regional la consulta de los expedientes electrónicos respectivos.
4. Turno. En esa misma fecha, este asunto se turnó electrónicamente,(4) para su estudio, al Magistrado Rodolfo Alejandro Ramos Santillán, titular de la ponencia "B".
5. Se regulariza procedimiento. El nueve de marzo de dos mil veintiséis, la Presidencia de este Pleno Regional regularizó el procedimiento ante la omisión advertida en el auto inicial y requirió a los tribunales contendientes, informaran si los criterios en disputa habían causado ejecutoria o no, a efecto de integrar debidamente el presente asunto.
6. Vigencia de criterios. Por acuerdos de diecisiete y veinticinco de marzo de la presente anualidad, la Presidencia de este Pleno Regional tuvo a los órganos contendientes informando que el criterio adoptado en sus respectivas resoluciones continuaba vigente, así como la habilitación de las constancias a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).
7. Informe del Alto Tribunal. Por auto de trece de mayo de este año, se recibió el oficio signado electrónicamente por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, a través del cual, comunicó a este Pleno Regional que la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a su vez, le informó que durante los últimos tres meses no se encuentra radicada alguna contradicción de criterios en la que el tema a dilucidar guarde relación con el que se denuncia en el presente.
8. Confirmación de turno. Por tanto, al encontrarse debidamente integrado este asunto, en la misma fecha (trece de mayo de dos mil veintiséis), se confirmó el turno electrónico,(5) para la elaboración del proyecto de sentencia respectivo.
9. Lista. El proyecto de trato se listó para su resolución el veintiséis de mayo de dos mil veintiséis.
II. COMPETENCIA
10. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de la posible contradicción de criterios que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1o., fracción III, 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14, fracción I, párrafo primero, del Acuerdo General 67/2022, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales vigente; y en los artículos 1o., fracción II, punto 1 y 2o. del Acuerdo General 108/2022, relativo a la Creación, Denominación e Inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; ambos, emitidos por el entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
11. Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito, sobre los que este Pleno Regional ejerce jurisdicción por materia y territorio.
12. Cabe precisar que los acuerdos generales del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal invocados, continúan vigentes en todo lo que no se opongan a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial emitan sus propios acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo noveno transitorio de la citada legislación orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.
III. LEGITIMACIÓN
13. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero,(6) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 227, fracción III,(7) de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por la Jueza de Distrito adscrita al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, con sede en la Ciudad de México, autoridad que emitió los actos reclamados cuyo análisis constitucional se llevó a cabo en las sentencias de amparo directo que aquí se confrontan.
14. Además, de conformidad con el artículo 8o. del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del extinto Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(8) la Jueza de Distrito adscrita al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, con sede en la Ciudad de México (Primer Circuito), pertenece a la Región Centro-Sur; y su área de especialización (trabajo) corresponde a la de este Pleno Regional, por lo que se encuentra legitimada para hacer la denuncia correspondiente; en virtud de que a los órganos judiciales pertenecientes a una determinada región y área de especialización les resulta obligatoria la jurisprudencia emanada del Pleno de la región a la que pertenecen y, concomitantemente, a los integrantes de tales órganos se les otorga legitimación para formular las denuncias de contradicción de criterios cuya resolución habrá de fijar un criterio que les será de acatamiento obligatorio para la resolución de los casos sometidos a su conocimiento.
15. De ahí que, la citada Jueza de Distrito, cuente con plena legitimación para denunciar la presente contradicción de criterios.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
16. Con el fin de determinar si existe o no la contradicción de criterios, es pertinente traer a contexto los antecedentes y los aspectos más relevantes de las sentencias denunciadas.
17. A. Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 170/2024.
18. Procedimiento especial colectivo. Un sindicato minoritario de Petróleos Mexicanos demandó a dicha empresa productiva del Estado y de su sindicato mayoritario, entre otras, la aplicación analógica y reconocimiento del beneficio de la cláusula 251 del contrato colectivo del trabajo, celebrado entre la demandada por sí, y en representación de sus empresas productivas subsidiarias y el referido sindicato mayoritario; de ese asunto conoció el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, con sede en la Ciudad de México.
19. Sentencia. Sustanciado el procedimiento por sus cauces legales, el diecisiete de enero de dos mil veinticuatro, la autoridad responsable dictó sentencia en la que, respecto al tópico que interesa, condenó a Petróleos Mexicanos a la aplicación analógica y reconocimiento del beneficio contenido en la citada cláusula 251 del contrato colectivo de trabajo, de manera proporcional al número de trabajadores afiliados del Sindicato Obrero de la Industria Petrolera Mexicana acreditados en el juicio y, la absolvió por otras de las prestaciones reclamadas.
20. Juicio de amparo directo. Inconformes con lo anterior, la parte actora interpuso demandada de amparo directo y, la demandada, adhesivo.
21. Criterio adoptado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Al respecto, declaró infundado el único concepto de violación que hizo valer el sindicato minoritario quejoso, respecto del tema que nos ocupa.
21.1 En primer término, resaltó que el sindicato minoritario impugnó que era ilegal que se le condenara de manera proporcional al derecho que le fue otorgado en la sentencia de la cláusula 251 del contrato colectivo de trabajo, porque conforme al artículo 2o. del Convenio 135 de la Organización Internacional del Trabajo, que dispone el derecho de la empresa a obtener las facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones no debió aplicarse la materialidad matemática.
21.2 El Tribunal sostuvo que la resolución reclamada era correcta al haberse emitido bajo las directrices establecidas en el amparo en revisión 303/2011, del índice de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que derivó la tesis aislada 2a. I/2012 (9a.), intitulada "LIBERTAD SINDICAL, PRIVILEGIOS ADMISIBLES EN FAVOR DEL SINDICATO MÁS REPRESENTATIVO O MAYORITARIO."(9)
21.3 Señaló que en esa tesis, se estableció que resulta violatorio de derechos, el que los privilegios se otorguen en su totalidad al sindicato mayoritario, pues deben darse de manera proporcional a los trabajadores que se encuentren afiliados a otros sindicatos de la misma empresa, cuando éste tenga el 0.09 % conforme al que tiene el sindicato mayoritario.
21.4 El órgano contendiente expuso que el criterio de participación proporcional es objetivo y se funda en elementos que no ofrecen posibilidad de parcialidad y abuso, por lo que no da un trato diferenciado entre el sindicato mayoritario y el minoritario, pues adopta la misma postura sobre ambos, lo que no vulnera el derecho a la igualdad sindical.
21.5 En apoyo a esa afirmación, citó por analogía los criterios 529(10) y 1578(11) del Comité de Libertad Sindical y el artículo 2o.(12) del Convenio 135 de la Organización Internacional del Trabajo.
21.6 En consecuencia, al tomar en consideración dichos instrumentos normativos y, en específico el numeral 3 del artículo 2o. del citado convenio 135, que establece "la concesión de dichas facilidades no deberán perjudicar el funcionamiento eficaz de la empresa interesada", resolvió que de darse en forma absoluta los dieciséis miembros sindicales del gremio minoritario solicitados en la demanda, perjudicaría a la empresa, pues generaría un incentivo perverso de crear sindicatos, que sin importar el número de trabajadores que tenga, todos los miembros de la mesa directiva de gozar de una comisión sindical, redundaría en la inequidad de facto que impactaría en la empresa de donde se conceden las comisiones sindicales, toda vez que, en este caso en particular, fue una prerrogativa que negoció un sindicato con más de ochenta y nueve mil agremiados, para menos de trescientas comisiones sindicales; por lo que pedir dieciséis plazas para un sindicato de setenta y siete agremiados, generaría desigualdad sindical.
22. B. Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al dictar sentencia en el juicio de amparo directo 49/2024.
23. Juicio especial colectivo. Un sindicato minoritario demandó de Petróleos Mexicanos y de su sindicato mayoritario Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, la aplicación y reconocimiento del beneficio de la cláusula 251 del contrato colectivo del trabajo, celebrado entre dicha paraestatal y este último sindicato; de ese asunto conoció el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, con sede en la Ciudad de México.
24. Sentencia. Tramitado el procedimiento por sus cauces legales, el veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés, la autoridad responsable dictó sentencia en la que, respecto al tema que nos interesa, reconoció que el sindicato minoritario tiene la facultad para gozar del beneficio de la cláusula 251 del contrato colectivo de trabajo, por lo que ordenó a la parte demandada a otorgar el beneficio del pago de salarios y prestaciones, así como gastos por comisión sindical, a los trabajadores activos que integren la directiva sindical del actor, de manera proporcional a su número de afiliados.
25. Juicio de amparo directo. En desacuerdo con tal decisión, el sindicato minoritario actor y el mayoritario promovieron sendas demandas de amparo directo, y Petróleos Mexicanos se adhirió a dicha demanda.
26. Criterio adoptado por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
26.1 Declaró fundado el concepto de violación formulado por el sindicato minoritario, respecto del tema que nos ocupa.
26.2 De inicio, el tribunal sostuvo que en la "OPINIÓN CONSULTIVA OC 27/21 DE 5 DE MAYO DE 2021 SOLICITADA POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS",(13) la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que el derecho de las personas trabajadoras a pertenecer a un sindicato, forma parte de su libertad sindical, el cual comprende la prerrogativa a desarrollar actividades sindicales, cuyo contenido es amplio y debe estar regulado en el estatuto de las organizaciones, pudiendo incluir, por ejemplo, la participación en las reuniones, el derecho a emitir opiniones, de recibir o distribuir información, a participar en las decisiones que se adopten en las reuniones o asambleas, a elegir representantes, o a ser elegido como representante, todo esto en el ámbito sindical.
26.3 Por otro lado, destacó que el Estado tiene la obligación de tutelar el adecuado ejercicio de las actividades de las personas trabajadoras en la vida sindical, evitando cualquier acción por parte de las autoridades que permita la limitación de su ejercicio, así como el deber de adoptar las medidas necesarias para que estos y sus representantes, puedan realizar sus actividades sindicales de manera eficaz en las empresas u organismos en que laboren.
26.4 Además, en relación con el derecho a desarrollar actividades sindicales, el tribunal destacó el contenido del Convenio 135 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual reconoce que los representantes de los trabajadores deben gozar de la libertad para desempeñar adecuadamente su labor de representación, señalando, al efecto, lo previsto en su artículo 2o., en el sentido de que los mandantes de los referidos empleados deben disponer en la empresa de las facilidades apropiadas para permitirles el desempeño correcto, rápido y eficaz de sus funciones.
26.5 Resaltó que, en términos de la Recomendación 143 de la propia Organización Internacional del Trabajo, dichas facilidades se concretan, de manera enunciativa, en que los representantes cuenten con tiempo suficiente para desempeñar sus funciones sin temor a represalias, puedan asistir a reuniones o cursos de formación, tengan acceso a todos los lugares de trabajo cuando sea necesario, mantengan comunicación directa con la dirección de la empresa y sus mandantes y estén autorizados para cobrar periódicamente cuotas sindicales, así como para realizar otras acciones de comunicación y difusión de las actividades sindicales.
26.6 Igualmente, el tribunal apuntó que son los trabajadores afiliados al sindicato, quienes, a través de los mecanismos internos convenidos, deben determinar los reglamentos que rigen la administración y actividades del sindicato, dado que, de conformidad con el artículo 3o. del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, las organizaciones de trabajadores y empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos, reglamentos administrativos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción, debiendo, las autoridades públicas, abstenerse de toda intervención tendente a limitar esos derechos o a entorpecer su ejercicio legal.
26.7 Determinó que el sindicato quejoso, aun siendo minoritario, tiene derecho a desarrollar sus actividades sindicales y a disfrutar de licencias para que sus afiliados desempeñen comisiones sindicales, pues el ejercicio de estas funciones contribuye al estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de sus miembros, fines que, conforme al artículo 356(14) de la Ley Federal del Trabajo, justifican la existencia misma de las organizaciones sindicales.
26.8 El tribunal puntualizó que, si bien la autoridad responsable declaró procedente aplicar en favor del sindicato minoritario la cláusula 251 del contrato colectivo de trabajo, lo hizo al estimar que recibir de manera exclusiva cantidades económicas del empleador para sostener el trabajo de los representantes sindicales no constituye uno de los privilegios admisibles conforme a la interpretación del derecho de libertad sindical desarrollada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, pues dicho beneficio no guarda relación con prerrogativas como la facultad de representar y negociar con el empleador las condiciones de trabajo, la prioridad en consultas gubernamentales a la rama industrial o la designación de representantes ante organismos internacionales.
26.9 Enfatizó que, la autoridad responsable advirtió que tal situación rompe de forma injustificada el piso de igualdad previsto para la actuación de todas las organizaciones sindicales y, a la vez, no fomenta la pluralidad de sindicatos al interior del centro de trabajo, pues razonablemente el sindicato que mejor puede representar los intereses de sus agremiados es aquel cuyos dirigentes pueden dedicar íntegramente su tiempo a esa función, a diferencia de la organización cuyas directivas solo atienden asuntos sindicales en sus tiempos libres; por ello, la juzgadora laboral declaró procedente la aplicación de la cláusula 251 al sindicato minoritario, de manera proporcional al número de personas afiliadas con que cuenta.
26.10 El órgano contendiente estimó que supeditar a la proporcionalidad de las personas afiliadas la aplicación de la cláusula 251 –relativa a que la parte demandada otorgue el beneficio del pago de salarios y prestaciones, así como los gastos por comisión sindical a las personas trabajadoras activas que integran la directiva del sindicato minoritario– puede traducirse en un acto de favoritismo, discriminación e injerencia indebida por parte del patrón, en tanto no corrige la situación de desigualdad ni garantiza el cumplimiento del principio de pluralidad sindical que se desprende del derecho de libertad sindical.
26.11 Indicó que ello es así, porque hacer depender la aplicación de la cláusula 251 al sindicato minoritario de la proporcionalidad del número de personas afiliadas se configura como un acto que perpetúa el favoritismo y la discriminación por parte del patrón, al vulnerar directamente la igualdad y la pluralidad sindical que deben observarse en las relaciones colectivas de trabajo dentro de la empresa, pues implica un trato desigual arbitrario que coloca de facto al sindicato minoritario en una situación desventajosa frente a su homólogo mayoritario.
26.12 Consideró que la igualdad y el pluralismo sindical como principios de la libertad sindical, exigen a los empleadores que traten de manera igualitaria, sin discriminación alguna, a la diversidad de sindicatos que representan a la base trabajadora que conforma su empresa, al ser una condición necesaria para el respeto y subsistencia de la pluralidad sindical existente, el que todas las organizaciones puedan realizar sus actividades libremente en un plano de igualdad.
26.13 El tribunal explicó que los empleadores deben de abstenerse de beneficiar indebidamente a un determinado sindicato, y tratar con criterios igualitarios a la diversidad de sindicatos en el otorgamiento de beneficios, so pena de ser calificados como actos de favoritismo y discriminación.
26.14 Asimismo, expuso que esto resulta aún más evidente cuando se trata del otorgamiento de subvenciones económicas, pues la distribución inequitativa de esos beneficios entre sindicatos por parte del patrón genera indefectiblemente una condición de desventaja para alguno de ellos e incide de manera indebida en el ánimo de las personas trabajadoras al momento de elegir la organización sindical a la que desean afiliarse, lo cual vulnera frontalmente los principios de libertad sindical.
26.15 En ese sentido, el tribunal sostuvo que el reconocimiento que se realizó en la sentencia reclamada, en cuanto a la aplicación de la cláusula 251 al sindicato minoritario de manera proporcional al número de personas afiliadas con las que cuenta, prolongaría el acto de favoritismo y discriminación sindical.
26.16 El órgano colegiado señaló que la exclusividad rompe con el piso de igualdad que debe garantizarse entre la pluralidad sindical existente dentro de la empresa demandada, ya que provoca de manera indebida que el sindicato mayoritario, en condiciones de privilegio, pueda ejercer una mejor y mayor operatividad de los asuntos sindicales a través de funcionarios dedicados de tiempo completo pagados por el patrón, a diferencia de la organización minoritaria a quien no se otorga el aludido beneficio.
26.17 Máxime, si el sindicato actor al momento del dictado de la sentencia recurrida contaba solo con setenta y seis agremiados, que representan el 0.084 % de las personas trabajadoras sindicalizadas al servicio de la empresa; lo cual, implica que, proporcionalmente, no alcanza representación del 1 % de los trabajadores sindicalizados.
26.18 El órgano contendiente agregó que esta distinción de trato en el pago de comisiones sindicales no encuentra justificación en ningún elemento objetivo, ni en el criterio de proporcionalidad ni de mayor representatividad sindical, toda vez que excede de los privilegios admisibles bajo ese supuesto, tales como la prioridad en la negociación colectiva, consultas con los gobiernos y designación de delegados ante organismos internacionales.
26.19 De igual manera, adicionó que se genera una situación fáctica en favor del sindicato mayoritario, pues su mayor capacidad de operación en los asuntos sindicales, al obtener los recursos que le entrega exclusivamente el patrón, le permiten sobreponerse desproporcionadamente frente a la organización minoritaria, influyendo de esta manera en la decisión de los trabajadores para elegir la organización a la que desean afiliarse.
26.20 El tribunal puntualizó que la prestación que reciba el sindicato minoritario conforme a la cláusula 251 del contrato colectivo de trabajo debe partir de una base mínima de trabajadores comisionados que garantice su pleno funcionamiento, por ejemplo, que cubra los trabajadores necesarios para operar la directiva sindical, pues de lo contrario, se haría nugatorio el respeto del derecho de libertad sindical en el que se basa la condena correspondiente, ya que el principio de igualdad que se exige cumplir al patrón en favor de la pluralidad sindical, tiene como punto de partida el que el otorgamiento del beneficio contractual sea efectivo para garantizar el piso parejo que debe existir para todos los sindicatos.
26.21 El órgano en disputa concluyó que esto se logra garantizando la operatividad mínima requerida por el sindicato minoritario con el pago de funcionarios de dedicación plena remunerados, al igual que el mayoritario, ya que sólo así podría hablarse de igualdad de condiciones en la aplicación de la norma extralegal que tiene como fin el sostén económico de la organización sindical.
26.22 Además, dispuso que esa desigualdad económica entre los sindicatos disminuye la capacidad de la organización minoritaria para defender de manera efectiva los intereses de sus agremiados, dado el piso disparejo en el que se encuentra, generándose un contexto adverso para la subsistencia de dicha organización y la representación de la diversidad obrera existente en la empresa demandada.
26.23 Por lo anterior, el tribunal destacó que el patrón no está autorizado para pactar el otorgamiento exclusivo de la prestación aludida en favor del sindicato mayoritario, bajo el argumento de que es con éste con quien negocia el contrato colectivo de trabajo vigente en la empresa, pues dicha condición de privilegio no legitima la estipulación de beneficios que vulneren el principio de igualdad en perjuicio de la pluralidad sindical.
26.24 Esto es, mientras que la organización sindical con mayor representatividad goza del beneficio de tener funcionarios sindicales de tiempo completo pagados por el patrón, al minoritario se le está relegando a una situación de inferioridad con el solo otorgamiento del beneficio proporcional.
26.25 En ese tenor, el tribunal aludió a que los representantes sindicales del minoritario tendrían que realizar sus funciones fuera del horario de labores, lo que representaría una doble jornada, así como un desánimo no sólo para los potenciales agremiados sino incluso para su directiva.
26.26 Por ello abundó que, en la realidad sindical, uno de los objetivos de los sindicatos minoritarios es conquistar el consenso de la base trabajadora a fin de unirse a la lucha común que representan, lo que se consigue mediante el proselitismo permanente para dar a conocer los objetivos comunes que lleven de un modo natural y lógico al crecimiento de esa representación sindical.
26.27 En esa tesitura, explicó que sin la diaria lucha sindical y sin una meta permanente, la organización minoritaria pierde su fuerza de grupo; por el contrario, el constante proselitismo por la defensa, la protección de los intereses de sus agremiados y del resto de la base trabajadora, permitiría mayor presencia, así como la suma de miembros en favor de los sindicatos minoritarios.
26.28 Especificó que, ante la situación benéfica en la que se encuentra el sindicato mayoritario con los privilegios que le ofrece la norma extralegal, la situación de desventaja del quejoso minoritario, no se repara con la determinación de la procedencia de la cláusula 251 de manera proporcional al número de agremiados, que se determinó por la autoridad responsable.
26.29 Por tanto, el tribunal otorgó el amparo para que, con libertad de jurisdicción, la autoridad responsable reconozca que el sindicato minoritario debe gozar de los beneficios de la cláusula 251 del contrato colectivo de trabajo, en la forma que resulte procedente, prescindiendo del criterio de proporcionalidad al número de afiliados.
V. PRECISIÓN DE LA MATERIA DE CONTRADICCIÓN
27. Como se relató previamente, en el auto de Presidencia de seis de marzo de dos mil veintiséis, se fijó como aparente punto de contradicción: "DETERMINAR SI ES PROCEDENTE O NO, OTORGAR AMPARO, RESPECTO A LA APLICACIÓN DEL BENEFICIO CONTENIDO EN LA CLÁUSULA 251 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CELEBRADO ENTRE PETRÓLEOS MEXICANOS Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS, Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA"; sin embargo, ese acuerdo se sustenta en una vista preliminar del asunto, que no vincula al Pleno, pues a éste corresponde la fijación definitiva del punto de contradicción y el tema jurídico correspondiente, en términos del artículo 226, fracción III, de la Ley de Amparo.(15)
28. En sustento a lo anterior, se cita la tesis 2a. V/2016 (10a.)(16) de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA PROBABLE DIVERGENCIA DE CRITERIOS PRECISADA EN LA DENUNCIA RELATIVA, NO VINCULA AL PLENO O A LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A CONSTREÑIRSE A LOS TÉRMINOS COMO SE PLANTEA NI AL PUNTO JURÍDICO ESPECÍFICO. La denuncia formulada por el legitimado para ello, en términos del artículo 227, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, constituye un mero requisito de procedibilidad necesario para que el órgano competente examine los criterios contendientes y determine si existe o no disconformidad en las consideraciones relativas y, en su caso, emita la jurisprudencia que deba prevalecer, sin que el tema probablemente divergente señalado por el denunciante vincule al Pleno o a las Salas del Alto Tribunal a constreñirse a los términos como se plantea ni al punto jurídico específico, dado que el propósito formal de la denuncia queda satisfecho en la medida en que origina el trámite de la contradicción de tesis y justifica la legitimación correspondiente; además, por
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34136-48cd8d56/comisiones-sindicales-debe-hacerse-extensiva-la-clausula-251 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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