RESCISIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO CON PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX). EN TANTO PARTE PATRONAL, LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA A FIN DE RECABAR LA DECLARACIÓN DE LA PERSONA QUE EL TRABAJADOR MENCIONÓ DURANTE EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA INSTAURADA EN SU CONTRA, COMO LA QUE REALIZÓ O TRAMITÓ A SU NOMBRE LA PRESTACIÓN DE BECA ACADÉMICA [INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS 24 Y 171 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CELEBRADO ENTRE PETRÓLEOS MEXICANOS, POR SÍ Y EN REPRESENTACIÓN DE SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA (STPRM)]. CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS. EL APODERADO JURÍDICO DEL QUEJOSO EN UNO DE LOS JUICIOS DE AMPARO DIRECTO QUE LA MOTIVARON, CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA PRESENTAR LA AMPLIACIÓN DE LA DENUNCIA RESPECTIVA. CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS. SUPUESTO EN EL QUE SU AMPLIACIÓN ES PROCEDENTE.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 8/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (EN AUXILIO DEL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO, SITO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN) Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (EN AUXILIO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO, SITO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN), EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA (EN AUXILIO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO, CON SEDE EN MONTERREY, NUEVO LEÓN), EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO, SITO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN; MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JORGE TOSS CAPISTRÁN Y GUILLERMO VÁZQUEZ MARTÍNEZ. DISIDENTE: MAGISTRADA MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. 23 DE MAYO DE 2023. PONENTE: GUILLERMO VÁZQUEZ MARTÍNEZ. SECRETARIO: AGUSTÍN GUADALUPE CARREÑO CHAPA.
Monterrey, Nuevo León, el Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro–Norte, en sesión pública ordinaria virtual correspondiente al veintitrés de mayo de dos mil veintitrés emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave (en auxilio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León) y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave (en auxilio del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, ubicado en Monterrey, Nuevo León), el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla (en auxilio del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, ubicado en Monterrey, Nuevo León), el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, ubicado en Monterrey, Nuevo León, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León, y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León; órganos auxiliados pertenecientes al Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro–Norte.
El problema jurídico que debe resolver este Pleno Regional consiste en determinar a quién corresponde la carga procesal de ofrecer como prueba dentro de la investigación administrativa a que se refiere la cláusula 24 del Contrato Colectivo de Trabajo, celebrado entre Petróleos Mexicanos, por sí y en representación de sus empresas productivas subsidiarias, y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, la declaración de la persona que supuestamente gestionó el préstamo de beca a que se refiere la diversa cláusula 171, de ese mismo pacto ¿al patrón o al trabajador?
I. DENUNCIA Y TRÁMITE
1. Denuncia de la contradicción. Mediante escrito suscrito en fecha trece de septiembre de dos mil veintidós(1) por **********, quejoso dentro del juicio de amparo directo 1676/2021 –cuaderno auxiliar 456/2022– resuelto por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave (en auxilio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León), inicialmente denunció la posible contradicción de criterios entre dicho órgano colegiado y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave (en auxilio del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, ubicado en Monterrey, Nuevo León), al resolver los juicios de amparo 1393/2021, 1790/2021 y 1792/2021 –cuadernos auxiliares 36/2022, 110/2022 y 111/2022, respectivamente– y el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla (en auxilio del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, ubicado en Monterrey, Nuevo León) al resolver los juicios de amparo directo 1395/2021, 1783/2021, 1787/2021 y 1799/2021 –cuadernos auxiliares 590/2021, 599/2021, 37/2022 y 38/2022, respectivamente–.
2. Por auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, el entonces Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito hizo constar que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le remitió la referida contradicción de criterios por ser dicha superioridad legalmente incompetente para resolver la misma; por lo que la admitió a trámite y la registró con el número 7/2022.
3. Luego, por proveído de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, el citado Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito ordenó la remisión de dicha contradicción de criterios a este Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro–Norte.
4. Trámite de la denuncia. Por auto de ocho de febrero de dos mil veintitrés, este Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro–Norte tuvo por recibida la aludida contradicción de criterios que se registró con el número 8/2023 y se confirmó la admisión a trámite de la misma; además, se determinó turnar electrónicamente el asunto al Magistrado Guillermo Vázquez Martínez para su estudio, entretanto se proveía respecto a la conclusión del trámite e integración del expediente; asimismo, se solicitó vía interconexión a los Tribunales Colegiados contendientes –con excepción del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, dado que en términos del Acuerdo General 106/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, concluyó sus funciones a las veinticuatro horas del quince de enero del año en curso, motivo por el cual se hizo la solicitud directamente al órgano auxiliado–, para que dentro del término de tres días contados a partir de que tuvieran conocimiento del referido proveído, remitieran, únicamente por dicho medio, la versión digitalizada de las ejecutorias que dieron origen a los referidos sumarios constitucionales de sus índices, respectivamente, así como la versión digitalizada del proveído en el que comunicaran si el criterio sustentado en los asuntos mencionados se encontraba vigente o, en caso de que se tuviera por superado o abandonado, además de señalar las razones que sustentaban las consideraciones respectivas, debiendo remitir la versión digitalizada de la ejecutoria en la que se sustentara el nuevo criterio.
5. Por escrito recibido el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficialía de Partes de este Pleno Regional, **********, en su carácter de apoderado jurídico de **********, entre otras cuestiones, denunció la existencia de otras ejecutorias, pronunciadas con posterioridad a la interposición de la contradicción de criterios, que podrían contender en la misma, siendo dichas resoluciones las pronunciadas por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave (en auxilio del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, ubicado en Monterrey, Nuevo León), al resolver el juicio de amparo directo 1397/2021 –cuaderno auxiliar 472/2021–, por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla (en auxilio del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, ubicado en Monterrey, Nuevo León), al resolver el juicio de amparo directo 1696/2021 –cuaderno auxiliar 679/2021–, Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, ubicado en Monterrey, Nuevo León, al resolver los juicios de amparo directos 1394/2021, 1697/2021 y 1700/2021, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León, al resolver el juicio de amparo directo 1376/2021, y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León, al resolver los juicios de amparo directo 1372/2021, 1374/2021, 1377/2021, 1764/2021 y 1774/2021.
6. Por auto de veinte de febrero de dos mil veintitrés, la presidenta de este Pleno Regional solicitó vía interconexión a los referidos Tribunales Federales pusieran a disposición de este órgano los expedientes electrónicos de los asuntos referidos, a efecto de que se estuviera en posibilidad de consultar las ejecutorias en cuestión y demás constancias relevantes para la resolución de la presente contradicción de criterios, e informaran por dicho medio, si el criterio sustentado en los asuntos mencionados se encontraba vigente o, en caso de que se tuviera por superado o abandonado, además de señalar las razones que soportaban las consideraciones respectivas, debiendo remitir la versión digitalizada de las resoluciones en las que se plasma el nuevo criterio.
7. Por oficios recibidos en este Pleno Regional, el presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León, comunicó que sí se encuentra vigente el criterio sustentado en los juicios de amparo directo 1372/2021, 1374/2021, 1377/2021, 1764/2021 y 1774/2021, de su índice; el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León, informó que sí se encuentra vigente el criterio al resolver los juicios de amparo directos 1394/2021, 1697/2021 y 1700/2021; el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave (en auxilio del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, ubicado en Monterrey, Nuevo León) mencionó que sí se encuentra a vigente el criterio que sustentó al resolver el juicio de amparo directo 1397/2021 y 1792/2021 –cuadernos auxiliares 472/2021 y 111/2022, respectivamente–; y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León, también informó que se encuentra vigente el criterio adoptado en el juicio de amparo directo 1376/2021, además, remitió ejecutoria del diverso juicio de amparo 22/2022, en el que dijo mantenerse similar discernimiento.
8. Mediante auto de nueve de marzo de dos mil veintitrés, se confirmó el referido turno electrónico, para efecto de la formulación del proyecto de sentencia.
9. Temporalidad en la elaboración del proyecto de resolución. De conformidad con el artículo 44(2) del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, el plazo genérico (en tanto no se surteN en el caso ninguna de las excepciones previstas en el citado numeral) de treinta días hábiles para formular el proyecto de resolución, transcurrió del diez de marzo de dos mil veintitrés (día hábil siguiente a la fecha de confirmación de turno y remisión de constancias al Magistrado ponente) al veintiocho de abril de dos mil veintitrés, descontándose como días inhábiles, los siguientes: once, doce, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veinticinco, veintiséis y veintisiete de marzo, así como el uno, dos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de abril, por ser sábados, domingos y días feriados correspondientes; lo anterior, con apoyo en los artículos 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, así como en la Circular 12/2023, de ocho de marzo de dos mil veintitrés, y el oficio SEPLE./CNO./003/889/2023, de quince de ese mismo mes de marzo, ambos suscritos por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; luego, si el proyecto de trato se listó el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, es claro que se cumplió en tiempo con tal obligación normativa, tal como se ilustra en el siguiente cuadro:
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II. COMPETENCIA
10. El Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro–Norte, con residencia en Monterrey, Nuevo León, es competente para conocer y resolver el presente asunto de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, en relación con el Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, y el Acuerdo General 108/2022, de ese mismo Pleno, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro–Norte y Centro–Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios en materia de trabajo suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito de la Región Centro–Norte.
III. LEGITIMACIÓN
11. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, en tanto fue formulada por **********, directamente quejoso en el juicio de amparo directo 1676/2021 (cuaderno auxiliar 456/2022), resuelto por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa de Enríquez, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en auxilio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey, Nuevo León.
12. Por otro lado, como se expuso en líneas anteriores, por escrito recibido el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficialía de Partes de este Pleno Regional, **********, en su carácter de apoderado jurídico del citado **********, denunció la existencia de otras ejecutorias de amparo directo –según refirió– pronunciadas con posterioridad a la interposición de la presente contradicción de criterios que podrían contender en la misma.
13. Si bien los artículos 107, fracción XIII,(3) constitucional, 225, 226 y 227(4) de la Ley de Amparo no prevén expresamente la ampliación de la denuncia de contradicción de criterios, ello no es obstáculo para que quien se encuentre legitimado para presentar esta última también pueda invocar otras ejecutorias pronunciadas con posterioridad a dicha denuncia que considere tiene relación con el tema a dilucidar.
14. Ello es así, en atención a que el objetivo fundamental de la contradicción de criterios es terminar con la incertidumbre generada para los gobernados y los órganos jurisdiccionales por la existencia de criterios contradictorios, mediante la definición de una jurisprudencia producto de la sentencia dictada en ese procedimiento, que servirá para resolver uniformemente casos similares a los que motivaron la denuncia de contradicción, evitando así que se sigan resolviendo diferentemente, lo que permitirá preservar la unidad en la interpretación de las normas del orden jurídico nacional con la fijación de su sentido y alcance en protección de la garantía de seguridad jurídica. Es decir, la figura de la contradicción de criterios tiene el propósito fundamental de garantizar el principio de seguridad jurídica que deriva del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la unificación de criterios.
15. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 3/2010,(5) pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEAN ERRÓNEOS, DEBE RESOLVERSE EL FONDO A FIN DE PROTEGER LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.
"La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver una contradicción de tesis existente entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito aunque sean erróneos o inaplicables, pues el objetivo fundamental de ese procedimiento es terminar con la incertidumbre generada para los gobernados y los órganos jurisdiccionales por la existencia de criterios contradictorios, mediante la definición de una jurisprudencia producto de la sentencia dictada en ese procedimiento, que servirá para resolver uniformemente casos similares a los que motivaron la denuncia de contradicción, evitando que se sigan resolviendo diferente e incorrectamente, lo que permitirá preservar la unidad en la interpretación de las normas del orden jurídico nacional con la fijación de su sentido y alcance en protección de la garantía de seguridad jurídica. Además, esa definición jurídica no sería posible realizarla si se declara improcedente la contradicción suscitada respecto de tesis equivocadas o inaplicables de esos Tribunales, ya que aunque se dejaran sin efecto, si no existiera pronunciamiento por declararse su improcedencia, lejos de garantizar a los gobernados y a los órganos jurisdiccionales del país la solución de otros asuntos de similar naturaleza, se generaría incertidumbre, por lo cual debe emitirse una sentencia que fije el verdadero sentido y alcance de la solución que deba darse al supuesto o problema jurídico examinado por los Tribunales Colegiados de Circuito que originó la oposición de criterios."
16. En otro orden de ideas, el escrito de ampliación de denuncia de contradicción de criterios recibido el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficialía de Partes de este Pleno Regional, fue signado por **********, en su carácter de apoderado jurídico del citado **********. Personalidad que fue reconocida en el acuerdo de dos de julio de dos mil veintiuno, pronunciado por el presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León, en el juicio de amparo directo 1676/2021, según se desprende de las constancias del expediente electrónico que fueron enviadas en relación con la presente contradicción y que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con que cuentan los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.
17. Por tanto, la ampliación de la denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, en razón de que fue formulada por el apoderado jurídico de la parte quejosa de uno de los asuntos que participan en la presente contradicción de criterios, siendo esta última quien incluso la denunció.
18. En efecto, de acuerdo con dichos numerales, cuando se sustenten criterios contradictorios entre Tribunales Colegiados de Circuito de la región correspondiente, la denuncia correspondiente ante los Plenos Regionales sólo puede plantearse por:
a) La o el fiscal general de la República.
b) Los Tribunales Colegiados contendientes y sus integrantes.
c) Las Magistradas o los Magistrados de Tribunal Colegiado de Apelación. d) Las Juezas o los Jueces de Distrito.
e) Las partes en los asuntos que las motivaron.
19. En el caso que nos ocupa, la ampliación de denuncia de contradicción de criterios provino, como se dijo antes, del apoderado jurídico de la parte quejosa en uno de los asuntos cuya resolución participa en la contradicción de criterios, siendo esta última quien la denunció, por tanto, está legitimado para efectuar dicha ampliación al ser parte del juicio contendiente.
20. En efecto, de los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, se desprende que la denuncia puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que los criterios discrepantes fueron sustentados, constituyéndose en un derecho garantizado por los mencionados preceptos en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación del Pleno Regional correspondiente del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros, es obvio que al haber tenido la calidad de parte para actuar en el juicio de amparo como apoderado jurídico del trabajador quien fue quejoso en el amparo respectivo, esa representación debe estimarse suficiente para ampliar la denuncia de la presente contradicción, al provenir de una de las partes, con lo cual queda de manifiesto que quien realiza la propuesta tiene legitimación para hacerlo.
21. No obsta en la especie que unas cuantas ejecutorias relativas a la ampliación mencionada en el párrafo anterior se emitieron con posterioridad al trece de septiembre de dos mil veintidós, fecha en que se suscribió el escrito inicial de la denuncia de contradicción de criterios que nos ocupa, en atención a que algunas otras ejecutorias de las que deriva el punto materia de este asunto se pronunciaron con anterioridad a esa fecha, esto es, dichas opiniones jurídicas contradictorias ya existían antes de su denuncia.
IV. CRITERIOS CONTENDIENTES
A) Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave (en auxilio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León, juicio de amparo directo 1676/2021 –cuaderno auxiliar 456/2022–).
• Una persona exigió de Petróleos Mexicanos (Hospital General de Pemex, Cadereyta), la reinstalación en su empleo, por haber sido despedido injustificadamente, así como otras prestaciones accesorias, y manifestó, entre otras cuestiones, que se omitió dar cumplimiento en forma fiel y exacta al procedimiento contenido en la cláusula 24 del contrato colectivo de trabajo.
• La Junta que conoció de ese asunto, al emitir el laudo, absolvió a la parte demandada de todas y cada una de las prestaciones que se le exigieron.
• El actor promovió juicio de amparo directo en contra de esa resolución y la parte demandada, el adhesivo.
• El Tribunal Colegiado de mérito negó en lo principal el amparo y protección de la Justicia Federal y declaró sin materia el adhesivo.
• En la ejecutoria respectiva, en lo que aquí interesa, expuso lo siguiente:
• Que eran inoperantes los conceptos de violación sin que el estudio oficioso de constancias procesales permitiera advertir la actualización de una causa por la que procediera suplirlos en su deficiencia, atentos al contenido del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, aun cuando quien acudía a la instancia constitucional era la parte trabajadora.
• Que era infundado uno de sus conceptos de violación, en virtud de que la Junta responsable arrojó la carga probatoria al demandado al señalar que correspondía a éste acreditar las causales de rescisión, que se investigó debidamente en los términos de la cláusula 24 del contrato colectivo de trabajo vigente y que se dio cumplimiento a lo previsto por el artículo 47, parte final, de la Ley Federal del Trabajo.
• Que también realizó una relación de las pruebas ofrecidas por el demandado consistentes en los citatorios para la práctica de la investigación administrativa efectuados al actor y a la representación sindical, el acta de investigación administrativa y los avisos de rescisión administrativa dirigidos tanto al accionante como a la representación sindical, oficio mediante el cual el sindicato solicitó se otorgara beca al quejoso, oficio en el que la directora académica de la ********** da respuesta a la solicitud de información o validación de constancias de estudio para el trámite de la prestación de becas, entre las que se encontraba el trabajador. Documentales a las que les otorgó valor probatorio pleno al no haber sido objetadas en cuanto a su autenticidad, contenido y firma; así como la inspección ocular realizada sobre el expediente personal del actor, en la que el actuario hizo constar que presentó documentación que lo acreditaba como alumno de la referida universidad.
• Que la Junta responsable señaló que el accionante no desvirtuó tales hechos con las pruebas que ofreció.
• Que, conforme lo expuesto, no se le arrojó al trabajador la carga probatoria para desvirtuar los referidos documentos, sino que únicamente se precisó que sus probanzas aportadas resultaban insuficientes para desvirtuar las de la demandada.
• Que era infundado otro de los conceptos de violación, toda vez que la demandada sí presentó pruebas con las que se vinculaba al quejoso con los "documentos, solicitudes, trámites, boletas y/o calificaciones", así como la solicitud realizada por el sindicato.
• Que con dichas elementos de convicción sí se acreditaba su identidad, pues en la documentación que lo acreditaba como estudiante, consistente en las constancias de estudios que fue exhibida por la patronal, se encontraba su nombre y firma al calce de las mismas.
• Que la Junta responsable sí analizó debidamente la cláusula 171 del contrato colectivo de trabajo aplicable, ya que bastaba con la solicitud formal del sindicato y sus anexos (constancias de estudios) para acreditar que se realizó el trámite respectivo y se entregó la documentación requerida en éste; máxime que de la investigación administrativa se advertía que el quejoso tenía conocimiento de la realización de dicho trámite puesto que a la "PREGUNTA No. 7. Diga usted quién gestionó a su nombre y representación el trámite y pago de beca a trabajadores que señala la cláusula 171 del contrato colectivo de trabajo en vigor", respondió: "**********".
• Que, además, la constancia de estudios que presentó el demandado acreditaba al actor como estudiante del periodo escolar comprendido del catorce de mayo al treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, y la solicitud realizada por el sindicato se presentó en octubre de ese mismo año, lo que encuadra en el supuesto establecido en la parte final de la referida cláusula 171 del contrato colectivo de trabajo, que señala que la recepción de solicitudes de beca se llevará a cabo durante los dos meses anteriores y posteriores al inicio del semestre, cuatrimestres o semestre, según se trate.
• Que aun cuando el sindicato sea el encargado de tramitar las becas, ello no exime al trabajador de acudir ante la patronal para solicitar la devolución del apoyo económico recibido de manera equívoca; situación que no acreditó haber efectuado y, por ello, la actualización de la causa de rescisión de falta de honradez.
• Que un diverso concepto de violación resultaba infundado, en virtud de que la Junta responsable sí analizó el acta de investigación administrativa que realizó la parte patronal, a la cual le otorgó valor probatorio pleno por no haber sido objetada por el actor en cuanto a su autenticidad, contenido y firma.
• Que del contenido de la referida acta de investigación se desprendía que la parte patronal no omitió exhibir la documentación sobre la cual sustentó el hecho de haber presentado el accionante documentos apócrifos para recibir un beneficio indebido, pues de las preguntas 8 y 9, se advertía que le pusieron a la vista la constancia de estudios emitida por la ********** y el oficio a través del cual dicha institución no validó aquellos documentos.
• Que resultaba infundado el argumento del quejoso en el sentido de que los documentos exhibidos dentro del juicio laboral no debían formar parte de la litis al no constar que se tratara de los mismos que le fueron exhibidos en la investigación administrativa, toda vez que se contradecía al decir, por una parte, que en la investigación no se le presentaron los documentos con los cuales se sustentara el hecho de presentar documentos apócrifos y, por otra, que no le consta que fueran los mismos que se exhibieron en el juicio laboral y en la investigación administrativa; aunado a que los tuvo a la vista y no los objetó.
• Que era infundado lo aducido por el quejoso respecto a que la responsable consideró que se cumplió con el contenido de la cláusula 24 del contrato colectivo sin advertir que la patronal, en la investigación administrativa, omitió citar a todas las personas involucradas en los hechos que dieron origen a la misma, pues dentro de aquélla mencionó a ********** como quien gestionó la prestación recibida, así como se omitió solicitar la intervención de la persona que originó el reporte que dio pie a la misma.
• Que ello era así, en virtud de que de la cláusula 24 del contrato colectivo de trabajo se advierte que tanto el trabajador como el sindicato pueden aportar dentro de la investigación administrativa todas las pruebas que estimen pertinentes para su defensa.
• Que del contenido del acta administrativa advertía que si bien el trabajador mencionó a una diversa persona como gestor de la prestación motivo de la investigación, también lo era que no ofreció como prueba el testimonio del mismo en su debido momento.
• Que la precisada cláusula establece la facultad de llamar a la persona que originó el reporte; sin embargo, dicha acción debe ser a petición del sindicato, lo cual tampoco aconteció.
• Que,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31585-b7685ec2/rescision-de-la-relacion-de-trabajo-con-petroleos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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