OFRECIMIENTO DE TRABAJO. LA INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON UN SALARIO MENOR AL QUE REALMENTE PERCIBE, NO IMPLICA QUE SEA DE MALA FE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEXTO DEL PRIMER CIRCUITO Y TERCERO DEL CUARTO CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO. 22 DE MAYO DE 2019. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, EDUARDO MEDINA MORA I., JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK; VOTÓ CON RESERVA DE CRITERIO YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: GABRIELA ZAMBRANO MORALES.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la denuncia de contradicción de tesis.(7)
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(8) pues fue formulada por los Magistrados integrantes del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito; contendiente en este asunto.
TERCERO.—Criterios contendientes. A fin de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, es pertinente tomar en cuenta los aspectos más relevantes de las ejecutorias que dieron origen a dichos criterios que, en síntesis, son los siguientes.
I. Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, amparo directo 1013/2018.
1. El diecisiete de agosto de dos mil quince, Ubaldo Lima Ovando demandó en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, a Impresos Litopolis, Sociedad Anónima de Capital Variable, el pago de la indemnización constitucional como consecuencia de su despido injustificado, el cual ocurrió después de ser reinstalado el veintinueve de junio de dos mil quince; asimismo, demandó el pago de los salarios caídos y demás prestaciones.
De igual manera, reclamó la responsabilidad de la parte empleadora por el incumplimiento de las obligaciones relativas al pago y entero de las aportaciones hechas al Instituto Mexicano del Seguro Social, al habérsele inscrito con un sueldo distinto al realmente pagado, en contravención al artículo 15 de la Ley del Seguro Social, por lo que solicitó la actualización de su inscripción con los salarios realmente asignados.
2. Conoció de la demanda laboral la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, bajo el expediente 700/2015. Mediante escrito de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, la sociedad demandada presentó su escrito de contestación en el que alegó la inexistencia del despido injustificado.
Asimismo, ofreció al trabajador regresar a su empleo, precisando que si bien aquél no señaló en su demanda laboral el monto de su salario, lo cierto es que la oferta se formulaba con el salario con el que el trabajador fue reinstalado el veintinueve de junio de dos mil quince; fecha en que supuestamente alegaba haber sido despedido.
En cuanto al reclamo concerniente a las aportaciones realizadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, la parte demandada planteó la incompetencia de la Junta del conocimiento, pues en términos del artículo 18 de la Ley de Seguro Social, el trabajador debe llevar a cabo los trámites administrativos ante el mismo instituto.
3. Seguido el procedimiento jurisdiccional correspondiente, el treinta de julio de dos mil dieciocho, la Junta dictó el laudo en el que resolvió que la parte demandante acreditó parcialmente su acción, por lo que condenó a la empresa demandada al pago de la indemnización constitucional.
Al calificar la oferta de trabajo, la Junta responsable sostuvo lo siguiente:
"No obstante lo anterior, la moral demandada incurrió en una serie de conductas, que juzgadas cada una por sí misma, son suficientes para evidenciar la mala fe con que se condujo al ofrecer el trabajo, como se pone de manifiesto a continuación:
"1. La moral demandada ofreció de mala fe el salario:
"Lo anterior es evidente, ya que la moral le ofreció al actor un salario de $********** (equivalentes a $********** diarios), de los cuales $********** le serían depositados a su cuenta y $********** se lo pagarían en mano sin necesidad de otorgar recibo; y ya que el presupuesto para que opere la buena fe es que el trabajo se ofrezca en las mismas condiciones con que el actor vino prestando servicios, resulta que durante la vigencia de la relación, el actor únicamente firmó recibos por $********** semanales, que dan un salario diario de $********** diarios; y al haber pactado el salario de esta manera, la moral demandada de mala fe aprovechó para inscribirlo al Instituto Mexicano del Seguro Social con el salario $********** Es necesario precisar que no obstante que el salario real del actor fue de $********** diarios, y que el actor otorgaba recibo únicamente por $********** diarios, la patronal lo dio de alta con el salario de $**********, tal como informó el Instituto Mexicano del Seguro Social mediante oficios que corren agregados a fojas 174 y 212 a 215; y con esa conducta doblemente maliciosa, causó un perjuicio económico al trabajador, que resulta trascendente para el resto de su vida, porque el Instituto Mexicano del Seguro Social le otorgó una pensión de incapacidad por enfermedad profesional de acuerdo al salario de $**********, con el que fue dado de alta y no con el real de $**********, que realmente percibía, en abierta violación al artículo 83 de la Ley Federal del Trabajo que establece que el patrón y el trabajador podrán fijar el monto del salario, siempre y cuando se respeten los derechos laborales y de seguridad social que correspondan a la plaza de que se trate. Por tanto, el pacto de que el actor firmara un salario inferior al correspondiente, es una violación a los derechos de seguridad social que corresponden a la plaza del trabajador y al derecho humano a la salud contemplado en el artículo 4o. de la Constitución Política, que establece que (se transcribe); y que como establece el artículo 1o. del mismo ordenamiento (se transcribe).
"En la conducta maliciosa de la patronal para reducir sus costos por la seguridad social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, es una falta absoluta de respeto a los derechos de seguridad social del trabajador consagrados en el citado artículo 83 de la norma laboral, por lo que por sí misma, esta causa es suficiente para considerar que la oferta de trabajo fue hecha de mala fe."
4. Inconforme con esa determinación, la sociedad demandada promovió amparo directo, del cual tocó conocer, por turno, al Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyo presidente la admitió a trámite y registró con el expediente 1013/2018.
Suscitados los trámites jurisdiccionales correspondientes, en sesión de trece de diciembre de dos mil dieciocho, el Tribunal Colegiado emitió sentencia en la que negó el amparo solicitado. En la parte que interesa a esta contradicción de tesis, el órgano colegiado sostuvo las consideraciones siguientes:
• Los elementos a considerar para calificar el ofrecimiento de trabajo, esencialmente, son las condiciones fundamentales de la relación laboral, tales como el puesto, salario, horario, así como la afectación de los derechos del empleado previstos tanto en la Constitución, como en la Ley Federal del Trabajo, o bien, el contrato individual o colectivo de trabajo.
• Además, deberá atenderse a los antecedentes del asunto o la conducta asumida por la parte patronal, entre ellas, la baja del empleado ante el Seguro Social u otra dependencia en la que necesariamente deba estar inscrito como consecuencia de la relación laboral.
• Apoya el argumento anterior la jurisprudencia 2a./J. 125/2002, de rubro: "OFRECIMIENTO DEL TRABAJO EN LOS MISMOS TÉRMINOS EN QUE SE VENÍA DESEMPEÑANDO. PARA CALIFICARLO ES INNECESARIO ATENDER A LA FALTA DE PAGO DE PRESTACIONES ACCESORIAS, PUES ELLO NO ALTERA LAS CONDICIONES FUNDAMENTALES DE LA RELACIÓN, NI IMPLICA MALA FE."
• En el caso, para calificar la oferta de trabajo, la autoridad responsable consideró dos elementos: el primero, relativo al salario, al estimar que la demandada inscribió al actor ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con un salario inferior al que realmente percibía, lo que incluso repercutió en perjuicio del actor, en virtud de que éste goza de una pensión de incapacidad por enfermedad profesional.
• En los autos del expediente obran los informes emitidos por el citado instituto, de los cuales se advierte que el patrón inscribió al trabajador con un salario de $**********, mismo que a juicio de la autoridad responsable no corresponde con el salario real con el que debió registrársele, en atención a la forma en que se le cubre al actor su salario.
• Es correcta la conclusión de la responsable, ya que si bien el monto del salario ofrecido por la cantidad de $********** semanales fue reconocido por el propio trabajador al momento de su reinstalación, lo cierto es que el salario con el que aparece inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social repercute en el derecho del trabajador a recibir el pago correcto de su pensión.
• De esa forma, dicha circunstancia afecta los derechos del trabajador, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, el contrato individual o colectivo de trabajo, pues el registro ante el instituto con un sueldo inferior al demostrado tiene influencia en el pago de las pensiones a que pudiera tener derecho el trabajador, lo que implica la pérdida de un derecho previsto en los ordenamientos citados, por lo que la irregularidad de su registro sí impacta en la calificativa del ofrecimiento de trabajo.
• Lo anterior, pues el salario con el que está registrado el trabajador influye en los antecedentes del caso por la conducta procesal asumida por el patrón, ya que tal circunstancia priva al trabajador de obtener los derechos de seguridad social de una manera íntegra.
• Además, si bien el instituto está obligado a prestarle los beneficios de seguridad social que la ley señala, por el simple hecho de estar afiliado, lo cierto es que el salario bajo el que está cotizando repercute de manera significativa en el pago de las pensiones a las que el trabajador pudiera tener derecho derivadas de algún accidente o enfermedad, pues su pago no podría realizarse conforme al salario que realmente percibía.
• Consecuentemente, aun cuando haya quedado acreditado que el trabajador está inscrito en el instituto de seguridad social de mérito, el hecho de que esté registrado con un salario inferior al que realmente percibe incide en la calificativa de la oferta de trabajo; máxime que en el caso aquél tiene una pensión de incapacidad permanente.
En ese orden de ideas, se emitió la tesis aislada I.16o.T.46 L (10a.), cuyos título, subtítulo y texto son del tenor siguiente:
"OFRECIMIENTO DE TRABAJO. ES DE MALA FE, CUANDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO SE DEMUESTRE QUE EL TRABAJADOR SE ENCONTRABA INSCRITO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON UN SALARIO INFERIOR AL QUE REALMENTE PERCIBÍA. En la jurisprudencia 2a./J. 125/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘OFRECIMIENTO DEL TRABAJO EN LOS MISMOS TÉRMINOS EN QUE SE VENÍA DESEMPEÑANDO. PARA CALIFICARLO ES INNECESARIO ATENDER A LA FALTA DE PAGO DE PRESTACIONES ACCESORIAS, PUES ELLO NO ALTERA LAS CONDICIONES FUNDAMENTALES DE LA RELACIÓN, NI IMPLICA MALA FE.’, se estableció que los elementos a considerar para calificar la oferta de trabajo son: a) las condiciones fundamentales de la relación laboral, como el puesto, salario, jornada u horario; b) si esas condiciones afectan o no los derechos del trabajador establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal del Trabajo, o en el contrato individual o colectivo de trabajo; y, c) los antecedentes del caso o conducta asumida por el patrón. En este contexto, el hecho de que el patrón formule el ofrecimiento de trabajo y durante el procedimiento se demuestre que tenía inscrito al trabajador ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con un salario inferior al que realmente percibía, con independencia de la modalidad en que se paga, debe calificarse de mala fe, pues la inscripción en esos términos influye en los antecedentes del caso por la conducta del patrón, toda vez que esa circunstancia afecta derechos de seguridad social, debido a que el salario de cotización repercute significativamente en el pago de pensiones o incapacidades que pudieran derivar de algún accidente o enfermedad; máxime que el demandado reconoció el salario real que cubría al trabajador."(9)
II. Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 523/2005.
1. Martha Elva Lozano Valdez, Ramón Gutiérrez Barraza y Juan Eustacio Nicolás Antonia demandaron a Raymundo Sánchez Ramírez, entre otras prestaciones, la reinstalación en el cargo que desempeñaban, como consecuencia de su despido injustificado.
2. La Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nuevo León conoció del asunto, y el dos de diciembre de dos mil cuatro, emitió laudo en el que condenó al demandado a la reinstalación de los trabajadores; sin embargo, lo absolvió de otras prestaciones.
En relación con la calificativa del ofrecimiento de trabajo, la Junta precisó lo siguiente:
"De autos se observa que la demandada de referencia, ofrece el trabajo a los actores en la etapa de demanda y excepciones celebrada en fecha 30 de mayo del 2003, siendo ésta la acción principal reclamada, por lo que se procede a analizar la buena o mala fe en el ofrecimiento, a fin de hacer una distribución correcta de la carga procesal tocante al despido y determinar la procedencia o no de los salarios caídos. Es de observarse que si bien es cierto que la demandada de referencia niega el despido y ofrece el trabajo a los actores, aun cuando ha quedado firme como salario, antigüedad y puesto la referida por los demandantes ya anotados con antelación y para los efectos legales correspondientes, tampoco hay que pasar por alto el hecho de que el demandado Raymundo Sánchez Ramírez, como responsable del centro de trabajo dedicado a la fabricación, venta y renta de equipos para andamios ubicado en Av. Pablo A. González No. 815 Poniente, colonia Colinas de San Jerónimo de esta ciudad, ofrece reincorporar a los demandantes con el puesto y salario que éstos expresan en su escrito de demanda, evento el cual aparece en audiencia desahogada en fecha 30 de mayo del 2003, en el que textualmente aparece en el escrito de contestación a foja 36 de este expediente, y para demostrar la buena fe del ofrecimiento de trabajo se hace con las condiciones laborales precisadas por los actores en su demanda, en cuanto al puesto y salario que se menciona, con una jornada de trabajo ajustada a la legal de ocho horas diarias comprendidas de las 7:00 a las 15:00 de lunes a sábado, con media hora de descanso para ingerir sus alimentos fuera del centro de trabajo en el periodo comprendido de las 12:00 a las 12:30 horas, por lo que estimamos de que la oferta laboral es ofrecida de buena fe, nos apoyamos en tal reflexión la siguiente tesis: ‘DESPIDO. NEGATIVA DEL OFRECIMIENTO DEL TRABAJO CON JORNADA LEGAL NO IMPLICA MALA FE.’ (se transcribe). El anterior orden de ideas encuentra su apoyo en la resolución emitida por el Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito en el amparo directo No. 231/91 por Juan Zavala Martínez y otro en contra de Maquinados Alejo, S.A. de C.V. Asimismo y siendo que la oferta laboral que se hace a los actores de buena fe, por las razones ya invocadas, consideramos que los actores, quienes deberán acreditar en autos del despido del que se duelen, esto a través de jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal de Justicia de la Nación al señalar: ‘DESPIDO DEL TRABAJADOR, CARGA DE LA PRUEBA.’." (se transcribe)
3. Inconforme con esa resolución judicial, la parte actora promovió juicio de amparo directo del cual tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, bajo el expediente 523/2005.
Como parte de sus conceptos de violación, los quejosos alegaron que la Junta responsable violó las garantías de legalidad y seguridad jurídica, al calificar de buena fe la oferta de trabajo, pues no analizó en su integridad el ofrecimiento ni valoró las pruebas ofrecidas por las partes, en particular, la prueba de inspección de la cual se desprendió que los actores estaban dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social con un salario inferior al que realmente percibían.
Ello, pues al momento de que los trabajadores estén en los supuestos de solicitar cualquiera de las pensiones establecidas en la legislación laboral, el salario con el que se calculen será por debajo de aquél realmente percibido, lo que evidencia la mala fe del patrón al transgredir las garantías de seguridad social.
4. Cumplidos los trámites legales correspondientes, en sesión de nueve de noviembre de dos mil cinco, el Tribunal Colegiado del conocimiento dictó sentencia en la que negó el amparo solicitado.
El órgano colegiado sostuvo su determinación, respecto al tema que aquí interesa, con base en los razonamientos siguientes:
• Son infundados los conceptos de violación de la parte quejosa, en cuanto a la calificativa de la oferta de trabajo como de buena fe.
• En efecto, de la jurisprudencia 2a./J. 125/2002, de rubro: "OFRECIMIENTO DEL TRABAJO EN LOS MISMOS TÉRMINOS EN QUE SE VENÍA DESEMPEÑANDO. PARA CALIFICARLO ES INNECESARIO ATENDER A LA FALTA DE PAGO DE PRESTACIONES ACCESORIAS, PUES ELLO NO ALTERA LAS CONDICIONES FUNDAMENTALES DE LA RELACIÓN, NI IMPLICA MALA FE.", se advierte que los elementos a considerar para calificar el ofrecimiento de trabajo, esencialmente, son: las condiciones fundamentales de la relación laboral, la afectación de los derechos del trabajador, y los antecedentes del caso o conducta asumida por el patrón.
• En el caso, de la inspección practicada el veintitrés de abril de dos mil cuatro, se advierte que la parte quejosa estaba inscrita en el Instituto Mexicano del Seguro Social con un salario inferior a aquel bajo el que el patrón realizó la oferta de trabajo; no obstante, tal circunstancia es insuficiente para calificarla de mala fe.
• Ello, porque no incide en ninguno de los elementos a considerar al calificar la oferta, pues dicho registro no influye en las condiciones fundamentales de la relación de trabajo, como son el puesto, salario, jornada u horario.
• De esa forma, no afectó a la trabajadora para que recibiera su sueldo real; además, en su demanda la parte quejosa no reclamó diferencia alguna entre el sueldo pactado y aquel con el que está registrada en el instituto de seguridad social.
• Tampoco se afectan los derechos de la parte demandante establecidos en la Constitución Federal, la ley laboral, así como el contrato individual o colectivo de trabajo correspondiente, ya que si bien el registro con un salario inferior pudiera afectar el pago de las pensiones e incapacidad, lo cierto es que no implica la pérdida definitiva de un derecho previsto en tales ordenamientos, pues el trabajador en cualquier momento puede reclamar mediante la vía respectiva la modificación del salario con el que fue registrado.
• De igual manera, el registro del trabajador no influye en los antecedentes del caso o la conducta asumida por el patrón, pues no se priva al operario de sus derechos de seguridad social, en tanto que el instituto está obligado a prestarle las prestaciones correspondientes por el solo hecho de estar afiliado, sin importar el salario con el cual esté cotizando.
• Cabe destacar que aunque el salario con el que cotiza un trabajador puede tener influencia en las prestaciones en dinero que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cierto es que aquél está en posibilidades de reclamar su registro correcto; de ahí que no se actualice la privación definitiva de derecho alguno.
De las consideraciones anteriores derivó la tesis aislada IV.3o.T.222 L, cuyos rubro y texto señalan:
"OFRECIMIENTO DE TRABAJO. NO DEBE CONSIDERARSE DE MALA FE SI DURANTE EL PROCEDIMIENTO SE DEMOSTRÓ QUE EL TRABAJADOR SE ENCONTRABA REGISTRADO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON UN SALARIO INFERIOR AL QUE REALMENTE PERCIBÍA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 42/2002, emitió la jurisprudencia 2a./J. 125/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 243, con el rubro: ‘OFRECIMIENTO DEL TRABAJO EN LOS MISMOS TÉRMINOS EN QUE SE VENÍA DESEMPEÑANDO. PARA CALIFICARLO ES INNECESARIO ATENDER A LA FALTA DE PAGO DE PRESTACIONES ACCESORIAS, PUES ELLO NO ALTERA LAS CONDICIONES FUNDAMENTALES DE LA RELACIÓN, NI IMPLICA MALA FE.’, en la que estableció los elementos que deben considerarse para calificar la oferta de trabajo, a saber: a) las condiciones fundamentales de la relación laboral, como el puesto, salario, jornada u horario; b) si esas condiciones afectan o no los derechos del trabajador establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal del Trabajo, o en el contrato individual o colectivo de trabajo; y, c) los antecedentes del caso o conducta asumida por el patrón. Ahora bien, la circunstancia de que el patrón ofrezca al trabajador la reinstalación en su empleo, y que durante el procedimiento se haya demostrado que lo tenía registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con un salario inferior al realmente percibido, es insuficiente para calificarlo de mala fe, toda vez que, por una parte, el registro en esos términos no afecta las condiciones fundamentales de la relación laboral, como son el puesto, salario, jornada u horario; y, por otra, ello no impidió que el trabajador recibiera su salario real."(10)
CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Procede determinar si existe la contradicción de tesis denunciada entre los criterios sustentados por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito.
El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que existe contradicción de tesis cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.(11)
Así, la existencia de la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no incida o sea determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los Tribunales Colegiados de Circuito, sino que sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.
En ese sentido, si las cuestiones fácticas, aun siendo parecidas influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico a partir de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse en tanto no podría arribarse a un criterio único, ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto.
Lo anterior, porque conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de tesis, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.
Apuntado lo anterior, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que, en el caso, sí se configura la contradicción de tesis denunciada, debido a que los tribunales contendientes se pronunciaron sobre una misma cuestión jurídica, respecto a la que emitieron criterios diversos, en relación con la calificativa de la oferta de trabajo formulada por la parte empleadora, cuando mediante las pruebas ofrecidas en el juicio se demuestre que el trabajador fue inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social con una salario inferior a aquel que realmente recibía.
En efecto, el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver el amparo directo 1013/2018, estimó correcta la determinación de la Junta responsable de calificar de mala fe la oferta de trabajo formulada por la parte demandada, pues al haberse acreditado que el trabajador estaba inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social con un salario menor al que percibía, consideró que se afectaba su derecho de seguridad social, al privársele de obtener el pago correcto de una pensión.
De esa forma, sostuvo que aun cuando al momento de la reinstalación el trabajador reconoció el salario ofrecido por el patrón, lo cierto es que su inscripción bajo un sueldo diverso, llevaba a concluir que la conducta procesal asumida por la parte patronal lo privaba de su derecho de seguridad social y, en consecuencia, la oferta de trabajo debía calificarse de mala fe.
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 523/2005, precisó que, si bien de la prueba de inspección ofrecida por los trabajadores se acreditaba que fueron inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social con un salario inferior al que en realidad percibían, lo cierto es que tal circunstancia no incidía en los elementos a considerar al calificar la oferta de trabajo, tales como las condiciones fundamentales de la relación de trabajo.
Asimismo, señaló que aunque el registro incorrecto pudiera afectar el pago de las pensiones correspondientes, no implicaba la pérdida definitiva de algún derecho, al poderse reclamar, mediante la vía respectiva, la modificación del salario con el que fueron registrados.
Finalmente, sostuvo que el registro de un salario menor no influía en los antecedentes del caso o la conducta asumida por el patrón, pues no privaba al trabajador de su derecho de seguridad social, en tanto que el instituto estaba obligado a prestarles los servicios correspondientes por el hecho de estar afiliado.
Como se advierte, ambos tribunales arribaron a conclusiones diferentes respecto a un mismo punto jurídico, motivo por el que la controversia aquí suscitada se circunscribe en determinar, si el hecho de que en el juicio laboral se acredite que el empleador inscribió al trabajador en el Instituto Mexicano del Seguro Social con un salario inferior a aquel que realmente percibía, implica que la oferta de trabajo formulada por el patrón deba calificarse como de mala fe.
No es obstáculo para la actualización de la contradicción de tesis que las cuestiones fácticas de las que derivan los asuntos contendientes difieran, en particular, el hecho de que en uno de los asuntos el trabajador gozara de una pensión por incapacidad, pues si bien el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito sostuvo, como parte de sus consideraciones, la afectación que éste resentía al no recibir correctamente el pago de su pensión, lo cierto es que tal elemento no fue el único factor determinante en la solución del conflicto.
Lo anterior, en tanto que el citado órgano colegiado sostuvo la mala fe de la oferta de trabajo a partir de la afectación que se causaba a los derechos de seguridad social de los operarios; mientras que para el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito tal cuestión no incidía en los elementos a considerar al calificar la oferta de trabajo, tales como las condiciones fundamentales de la relación laboral, y si bien pudiera afectar el pago de las pensiones correspondientes, ello no implicaba la pérdida definitiva de algún derecho.
QUINTO.—Estudio. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Segunda Sala, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
Como presupuesto inicial, debe precisarse que el ofrecimiento de trabajo es una figura introducida al derecho laboral vía jurisprudencia, la cual tiene como efecto jurídico, en principio, revertir la carga de la prueba respecto de la existencia de un despido injustificado.
En ese sentido, para que dicha figura se actualice, deben cumplirse los siguientes requisitos:
a) Que la acción principal ejercida por el trabajador en el juicio laboral derive directamente de un despido injustificado.
b) Que el patrón niegue el despido reclamado y ofrezca el trabajo al demandante.
c) Que el trabajo se ofrezca en las mismas o mejores condiciones en que lo venía desempeñando el trabajador.
Una vez planteada la oferta de trabajo por el empleador, la autoridad laboral, en uso de sus facultades, deberá calificar si dicha oferta es de buena o de mala fe; elemento del que dependerá que opere o no la reversión de la carga de la prueba para demostrar el despido reclamado.
En relación con tal calificativa, esta Suprema Corte de Justicia ha sostenido que la Junta laboral no puede realizar tal ejercicio valorativo a partir de fórmulas rígidas o abstractas, sino de un análisis del ofrecimiento en concreto, en relación con los antecedentes del caso, la conducta de las partes y las circunstancias relativas.
De esa forma, la oferta de trabajo será de buena fe cuando todas aquellas situaciones o condiciones permitan concluir, a juicio de la Junta, de manera prudente y racional, que existe la intención del patrón de efectivamente continuar el vínculo laboral; por el contrario, será de mala fe
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28851-17d9f3f5/ofrecimiento-de-trabajo-la-inscripcion-del-trabajador-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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