COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE MORELOS. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD. CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE QUE ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN LA DIRIMA, RESPECTO DE CRITERIOS DIVERGENTES SUSTENTADOS POR TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AL RESOLVER ASUNTOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE SEAN DE SU COMPETENCIA. CONTRADICCIÓN DE TESIS. PROCEDE RESPECTO DE CRITERIOS DIVERGENTES SUSTENTADOS POR TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AL RESOLVER ASUNTOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE SEAN DE SU COMPETENCIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 51/2001-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIA: MARÍA ESTELA FERRER MAC GREGOR POISOT.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, al fallar el veintiséis de octubre de dos mil el conflicto competencial 12/2000, sostuvo lo siguiente:
"CUARTO. En relación con el conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal de Arbitraje y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ambos del Estado de Morelos, debe decirse que asiste la razón a este último, en atención a lo siguiente: En la especie, la competencia declinada por el Tribunal de Arbitraje se apoya en que de acuerdo con la demanda inicial el promovente reclamó diversas prestaciones y en su capítulo de hechos señala específicamente que tenía la categoría de agente del Ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia del Estado; y, por tanto, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 123 constitucional, apartado B, fracciones XIII, XIII bis y XIV, en las cuales se establece claramente, en la primera de las fracciones mencionadas, que 'Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes' y que por tanto ese H. Tribunal advertía que carecía de competencia para conocer y resolver dicho asunto, de conformidad con la jurisprudencia, bajo el rubro: 'COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS POLICÍAS. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).'. Sin embargo, el Tribunal de Arbitraje omitió considerar también que la promovente demandó del Gobierno del Estado de Morelos y otro, como acción principal, la reinstalación en el puesto que venía desempeñando y para el caso de no reinstalarla, el pago de la indemnización constitucional por el despido injustificado del trabajo que desempeñaba, del que afirmó haber sido objeto; y, subsidiariamente, el de prestaciones económicas inherentes a esa relación, como salarios caídos, prima de antigüedad, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y el cumplimiento de algunas otras. Asimismo inadvirtió que la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en el artículo 85, establece: 'El Tribunal de Arbitraje será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre los funcionarios y los trabajadores; para conocer de los conflictos colectivos que surjan entre el sindicato y el Estado, para conocer de los conflictos que surjan entre los diversos sindicatos y para llevar a cabo el registro y cancelación de los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado de Morelos.'. De acuerdo con lo anterior, atendiendo a que la naturaleza de las prestaciones reclamadas por los promoventes de la demanda, es eminentemente laboral, resulta inconcuso que se surtió la competencia del Tribunal de Arbitraje del Estado; máxime que ninguna corresponde a la del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la entidad, prevista en el artículo 36 de la Ley de Justicia Administrativa, que establece lo siguiente: 'El Tribunal de lo Contencioso Administrativo tendrá competencia para conocer: I. De los juicios que se promuevan en contra de cualquier acto o resolución de carácter administrativo o fiscal, que en el ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, ejecuten, o pretendan ejecutar las dependencias que integran la administración pública estatal, o municipal, en perjuicio de los particulares; II. De los juicios que se promuevan en contra de cualquier acto o resolución de carácter fiscal, producido por un organismo descentralizado, estatal o municipal, en agravio de los particulares; III. De los juicios que se promuevan contra la falta de contestación de las autoridades mencionadas en las dos fracciones anteriores, dentro de un término de 15 días, a las promociones presentadas ante ellas por los particulares, a menos que las leyes y reglamentos fijen otros plazos o la naturaleza del asunto que lo requiera. En materia fiscal, las instancias o peticiones que se formulen deberán ser resueltas en el término que fije la ley, a falta de éste, en el de noventa días. En los casos a que se refieren los párrafos anteriores, el silencio de las autoridades se considerará como resolución negativa, cuando no den respuesta en el término que corresponda; IV. De las quejas por incumplimiento de las sentencias que dicten; V. Del recurso de reclamación, conforme a lo dispuesto por esta ley; VI. De los juicios que promuevan las autoridades para que sean nulificadas las resoluciones fiscales favorables a un particular y que perjudiquen a la hacienda pública del Estado, de los Municipios, o a los organismos descentralizados con atribuciones fiscales; y VII. De los asuntos cuya resolución esté reservada al tribunal conforme a otras leyes.'. No pasa inadvertido a este cuerpo colegiado que el Tribunal de Arbitraje declinó su competencia, apoyándose también en la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que se publica en la página 244 del Tomo III, junio de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: 'COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS POLICÍAS. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).'. Sin embargo, los supuestos que contempla no son suficientes para fundar la declinatoria en atención a las acciones ejercitadas, cuyo conocimiento es exclusivo del órgano judicial declarado competente. Así las cosas, es obvio que la competencia para conocer y resolver la demanda presentada por Erika Aracely Peralta Chacón corresponde al Tribunal de Arbitraje del Estado de Morelos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley del Servicio Civil. Similar criterio sostuvo este tribunal al resolver los conflictos competenciales 3/99, 7/99, 2/2000, 3/2000 y 9/2000."
Igual criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, casi en términos textuales, al resolver los conflictos competenciales 3/99, 2/2000, 3/2000, 4/2000, 5/2000, 7/2000, 9/2000 y 11/2000, el trece de enero, veintiséis de abril, once de mayo, siete y ocho de junio, diecisiete de agosto, siete de septiembre y veintiséis de octubre de dos mil, respectivamente.
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, al resolver el conflicto competencial 2/2001 el nueve de abril de dos mil uno, razonó lo siguiente:
"SEGUNDO. Es al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos a quien corresponde abocarse al conocimiento de la demanda promovida por Wenceslao López Zúñiga. Previamente y con la finalidad de establecer la premisa que servirá para resolver este conflicto competencial, es preciso transcribir el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 24/95, aprobada en sesión celebrada el treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cinco, que establece: 'POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. La relación Estado-empleado fue, en principio de naturaleza administrativa, pero en derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón sui generis. Sin embargo, de dicho tratamiento general se encuentran excluidos cuatro grupos a saber: los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad. Por tanto, si los miembros de la policía municipal o judicial del Estado de México, constituyen un cuerpo de seguridad pública, están excluidos por la fracción XIII, apartado B del artículo 123, en relación con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de donde se concluye que la relación que guardan con el Gobierno del Estado o del Municipio, es de naturaleza administrativa y se rige por las normas también administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan y que, por tanto, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad, que en el caso particular referente a la orden de baja del servicio, hace procedente el juicio de amparo ante el Juez de Distrito.'. Asimismo, conviene tener presente dos cuestiones que se desprenden de la demanda de referencia, la primera, que Wenceslao López Zúñiga prestó sus servicios como policía judicial para la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos y Gobierno del Estado de Morelos, y la otra, que el citado actor reclama: '1) La reinstalación del trabajador en su empleo y trabajo, bajo las mismas condiciones de trabajo imperantes hasta antes de su injusto despido y que más adelante se indicarán, desde luego, con las mejoras e incrementos y beneficios, tanto legales como contractuales, derivados de determinaciones de la propia demandada y en beneficio de sus trabajadores, esto es, se exige el cumplimiento de la relación de trabajo existente con los derechos y prestaciones legales, económicas y, en la especie, inherentes a tal cumplimiento. 2) El pago consecuente de los denominados salarios caídos y que deberán ser computados sobre la base salarial última integrada del actor-trabajador, desde la fecha de su injustificada separación y hasta aquella en que legal y materialmente resulte reinstalado en su trabajo, incluyéndose por la ficción legal que esto significa, con todos los incrementos que puedan producirse y de cualquier índole o fuente. 3) El pago de las vacaciones a razón de 20 días hábiles por cada día (sic) de servicio prestado para los demandados sobre el salario último integrado percibido y que exige por todo el tiempo laborado para ellos, así como la correspondiente prima vacacional, que en ningún caso podrá ser inferior al 25% de aquéllas. 4) El pago del aguinaldo y sobre la base de 90 días del salario mínimo integrado por todo el tiempo de servicios prestados para los demandados. 5) El pago de la denominada prima dominical, en razón de que el actor y durante el tiempo de sus servicios siempre lo hizo en los días domingos, y con lo cual tiene derecho a esa prestación y por todo el tiempo laborado, dado que los demandados omitieron su pago, en el entendido que esta prestación deberá ser por lo menos sobre el 25% de salarios percibidos. 6) El pago del denominado descanso hebdomadario o sextos o séptimos días establecidos en el artículo 40, fracción XX, de la Constitución Local de Morelos y su reglamentaria Ley del Servicio Civil, atendiendo a que para las relaciones de trabajo imperantes en el Gobierno del Estado, la jornada de trabajo deberá ser 5 días de trabajo por 2 días de descanso, sin embargo, el trabajador laboraba todos los días de la semana y de ésta quizás se obtiene su derecho al pago de estos dos días de salario que deberán computarse al doble por haberse laborado y no pagado durante todo el tiempo de la relación de trabajo. 7) La constatación por parte de los demandados del cabal y exacto cumplimiento a sus obligaciones en materia tanto de seguridad social como de previsión social, contemplados en el artículo 123 constitucional, mediante la exhibición de las constancias y documentos que acrediten que en su oportunidad cumplieron con las inscripciones del trabajador ante las instituciones públicas necesarias y posteriormente pagaron las cotizaciones necesarias, y sólo para el caso que no lo hubieren hecho así, se les exige el cumplimiento retroactivo y desde la fecha del ingreso del trabajo, a efecto de que el trabajador cuente con las semanas de espera y cotización necesarias para el pleno ejercicio de sus derechos en esta materia. 8) Respecto del otorgamiento de las prestaciones de los numerales 3 a 7 de esta demanda, se exigen también, además de todo el tiempo laborado anteriormente, por todo el periodo en que me tarde en tramitar este juicio y hasta la total normalización de la relación de trabajo entre las partes. 9) Se declare para los efectos de los derechos generales de estabilidad y antigüedad en el empleo, que todo el tiempo que ocupe este juicio de trabajo se considerará, por ficción de la acción de cumplimiento de la relación laboral, como tiempo efectivo de servicios, incrementando los derechos aquí establecidos. 10) Para el cómputo de estas prestaciones se deberá tomar como base el último salario diario integrado del actor y que ascendió a la cantidad de $187.02, sin perjuicio de incluir los incrementos que al efecto se produzcan por el solo transcurso del tiempo y este juicio de trabajo.' (sic). Finalmente, resulta pertinente mencionar que la referida Procuraduría General de Justicia depende del Poder Ejecutivo de la propia entidad. Lo acabado de precisar se deduce de lo establecido en los artículos 79-B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1o., 14 y 16, fracción I, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos; y 1o., 2o. y 3o. de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que textualmente dicen: 'Artículo 79-B. El personal del Ministerio Público dependerá directamente del Ejecutivo del Estado, será nombrado y removido libremente por él y estará integrado por un procurador general de Justicia, que será el jefe de la institución y por agentes de su dependencia ...'. 'Artículo 1o. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos es la dependencia del Poder Ejecutivo en la que se integra la institución del Ministerio Público y sus órganos auxiliares (sic auxiliares) directos, para el despacho de los asuntos que a aquélla y a su titular en su caso, atribuyen los artículos (sic. artículos) 79-A y 79-B de la Constitución Política del Estado de Morelos, el presente ordenamiento y las demás disposiciones legales aplicables.'. 'Artículo 14. La Procuraduría General de Justicia del Estado, será conducida por el procurador, jefe de la institución del Ministerio Público y de sus órganos auxiliares directos, conforme a lo señalado en el artículo 79-B de la Constitución del Estado ...'. 'Artículo 16. Son auxiliares directos del Ministerio Público: I. La Policía Judicial ...'. 'Artículo 1o. La presente ley es de observancia general y obligatoria para el Gobierno Estatal y los Municipios del Estado de Morelos y tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones de los trabajadores a su servicio.'. 'Artículo 2o. El trabajador al servicio del Estado es la persona física que presta un servicio en forma permanente o transitoria, en virtud de nombramiento expedido a su favor por alguno de los Poderes del Estado, por un Municipio, o por una entidad paraestatal o paramunicipal ...'. 'Artículo 3o. Para los efectos de esta ley los trabajadores al servicio del Estado se dividen en tres grupos: De confianza, de base y eventuales.'. Como corolario de lo expuesto con antelación, debe decirse que la relación jurídica que existe entre Wenceslao López Zúñiga y la dependencia tantas veces mencionada es de carácter administrativo y, por tanto, sus relaciones, aunque sean de carácter laboral, se deben regir por leyes específicamente administrativas. Por otra parte, y de conformidad con los artículos que se citarán a continuación, es oportuno señalar que al Tribunal de Arbitraje del Estado de Morelos le compete dirimir los conflictos que se presenten en las relaciones laborales entre dicho Estado y sus trabajadores, en tanto que al Tribunal de lo Contencioso Administrativo le corresponde resolver las controversias que se susciten entre la administración pública de dicha entidad y los particulares. Los artículos 8o. y 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, textualmente disponen: 'Artículo 8o. Esta ley regirá las relaciones laborales entre los Poderes del Estado o los Municipios con sus trabajadores de base. Los empleados de confianza y los eventuales sólo tendrán los derechos que les sean aplicables de acuerdo con esta ley y la costumbre. Los beneficios de la seguridad social son aplicables a todos los trabajadores mencionados en el artículo 2o. de este ordenamiento.'. 'Artículo 11. Los casos no previstos en esta ley o en sus reglamentos, se resolverán de acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, aplicada supletoriamente y, en su defecto, por lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad.'. Los artículos 1o., 2o. y 36 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, respectivamente, disponen: 'Artículo 1o. En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a impugnar los actos y resoluciones, de carácter administrativo o fiscal, emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado o de los Ayuntamientos, que afecten sus derechos e intereses legítimos, conforme a lo dispuesto por la presente ley. También podrán impugnar los actos y resoluciones de carácter fiscal producidos por los organismos descentralizados estatales o municipales ...'. 'Artículo 2o. Se crea el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, con la competencia y organización que establece esta ley, para revisar la legalidad de los actos y resoluciones de la administración pública estatal y de los Ayuntamientos de la entidad.'. 'Artículo 36. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo tendrá competencia para conocer: I. De los juicios que se promuevan en contra de cualquier acto o resolución de carácter administrativo o fiscal, que en el ejercicio de sus funciones dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias que integran la administración pública estatal, o municipal, en perjuicio de particulares; ...'. Ahora bien, de lo antes relatado se colige la dificultad existente para determinar o caracterizar de manera perfecta y exacta la competencia de alguna de las dos autoridades jurisdiccionales contendientes para conocer de la demanda, pues aunque en ella se presenta una controversia contra un órgano dependiente del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, la misma es planteada por un miembro de un cuerpo de seguridad pública y deriva de una relación administrativa y no laboral, por lo que no se surte de modo preciso la competencia del Tribunal de Arbitraje; y por otra parte, si bien es cierto que al otro órgano contendiente, el referido Tribunal de lo Contencioso Administrativo, le compete resolver conflictos de esta naturaleza, también es cierto que estas controversias se limitan a las que se susciten entre la administración pública estatal y los particulares, lo cual excluye al actor, ya que todas las prestaciones que exige o pretende derivan de la relación jurídica que como policía judicial lo liga en el ámbito jerárquico administrativo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos y el Gobierno del Estado, por lo que el juzgador que dirima la litis planteada debe, de modo forzoso y necesario para resolver, tomar en consideración, no la situación jurídica de un particular sino el status que corresponde a un miembro de un cuerpo de seguridad pública. En consecuencia, ante la falta de disposición legal en el Estado de Morelos que erija a una autoridad con facultades expresas para resolver controversias como la planteada por Wenceslao López Zúñiga en contra de las personas que quedaron precisadas; en el caso a estudio se debe declarar competente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en acatamiento al segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución General de la República, que consagra la garantía de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, habida cuenta de que esa autoridad, dadas las facultades de que está investida, es la más afín para conocer de la demanda de que se trata, pues en ella se impugna una determinación administrativa tomada por un órgano integrante de la administración pública del Estado de Morelos que, como ya quedó establecido, constituye un acto de autoridad que afectó la esfera jurídica de un miembro de un cuerpo de seguridad pública dentro del ámbito administrativo. Cabe agregar, que si bien es verdad que las prestaciones demandadas por Wenceslao López Zúñiga, en términos generales, son consideradas como de naturaleza laboral, sin embargo tal circunstancia no cambia de manera alguna la conclusión a que se arribó con anterioridad, porque sobre tal observación predomina el imperio del artículo 123 constitucional, que en su apartado B, fracción XIII, excluye de la relación laboral o equiparada a los miembros de los cuerpos de seguridad pública. Es aplicable al caso el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 32/96, publicada en las páginas 185 y 186, Tomo IV, julio de 1996, Novena Época, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: 'COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE POLICÍAS DEPENDIENTES DEL ESTADO DE MÉXICO. CORRESPONDE POR AFINIDAD AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). En las jurisprudencias números 24/95 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 77/95 de esta Segunda Sala, se estableció que por disposición expresa del artículo 123, apartado «B», fracción XIII, de la Constitución, los miembros de las policías al servicio del Gobierno del Estado de México y de sus Municipios, al formar parte de un cuerpo de seguridad pública, mantienen una relación de carácter administrativo, que está regida por sus propias normas legales y reglamentarias, con lo cual se excluye considerar a los miembros de los cuerpos de seguridad pública como sujetos de una relación de naturaleza laboral con la institución a la que presten sus servicios. Ahora bien, ni los artículos 1o., 2o., 3o. y 95, fracción I del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, de los Municipios y de los Organismos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal, respecto al Tribunal de Arbitraje, ni los diversos 29, fracción I, y 30 de la Ley de Justicia Administrativa, por lo que toca al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, señalan con precisión la competencia para que uno de esos órganos conozca la demanda promovida por un policía contra autoridades del Estado de México, en la que se deduzcan pretensiones derivadas de la prestación de servicios. Por ello, ante la falta de disposición legal en el Estado de México que instituya alguna autoridad con facultades expresas para resolver controversias que se susciten con motivo de la prestación de servicios de policías judiciales, municipales, los dependientes de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, etcétera, debe recaer la competencia en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en acatamiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución General de la República, que consagra la garantía consistente en que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, por ser ese tribunal administrativo, de acuerdo con las facultades de que está investido, el más afín para conocer de la demanda relativa.'. Consecuentemente, lo que procede es, como ya se dijo al principio de este considerando, declarar competente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos para conocer de la demanda promovida por Wenceslao López Zúñiga. Por último, cabe señalar que este Tribunal Colegiado sostuvo el mismo criterio en sesión de cuatro de febrero del año dos mil, al resolver las competencias 3/99 y 4/99, suscitadas entre el Tribunal de Arbitraje del Estado de Morelos y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos."
Igual criterio sostuvo, casi en términos textuales, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, al fallar los conflictos competenciales 3/99, 4/99 y 7/2000, los dos primeros el cuatro de febrero del año dos mil y, el tercero mencionado, el veintitrés de junio de ese año.
CUARTO. En principio, este órgano colegiado estima pertinente precisar que no es obstáculo para la procedencia de la denuncia de contradicción de tesis, el que los criterios que se denuncian como divergentes hayan sido sustentados por Tribunales Colegiados al resolver conflictos competenciales y no juicios de amparo de su competencia.
El artículo 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación previene que "la jurisprudencia que deban establecer la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, las Salas de la misma y los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias que pronuncien en los asuntos de su competencia distintos del juicio de amparo, se regirán por las disposiciones de la Ley de Amparo, salvo en los casos en que la ley de la materia contuviera disposición expresa en otro sentido", sin que esto último ocurra respecto de la hipótesis que se examina. Del texto literal anterior, se sigue que se refiere directamente sólo a la Suprema Corte y a los Tribunales Colegiados de Circuito cuando son órganos competentes para sustentar jurisprudencia, lo que podrán hacer no sólo en juicios de amparo, sino en cualquier asunto del que deban conocer aplicando en la Ley de Amparo. Sin embargo, la regla debe extenderse por analogía a aquellos casos en que la situación se presenta no respecto del órgano que debe resolver el conflicto de criterios, definiéndolo jurisprudencialmente, sino en cuanto a los Tribunales Colegiados de Circuito que sustentaron las tesis divergentes, debiendo interpretarse, por consiguiente, que procederá resolver la contradicción no sólo cuando los hayan establecido en juicios de amparo sino en todos los asuntos de su competencia.
Por otra parte, el primer párrafo de la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución, dispone:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."
El primer párrafo del artículo 197-A de la Ley de Amparo, establece:
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer ..."
Como se advierte, tanto la Norma Suprema como la secundaria transcritas se refieren a la contradicción de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver los juicios de amparo de su competencia. Sin embargo, este órgano colegiado considera que no debe hacerse una interpretación y una aplicación literal de las normas referidas para estimar improcedente cualquier denuncia de contradicción de tesis que no provenga de los mencionados juicios de amparo, por las razones que se pasan a exponer.
En primer lugar, debe destacarse que conforme al artículo 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación antes transcrito, en todos los asuntos de la competencia de la Suprema Corte se deben aplicar los preceptos relativos a la Ley de Amparo en relación con la jurisprudencia. En segundo lugar, el sistema de denuncia de contradicción de tesis entre las establecidas por los Tribunales Colegiados, tiene por objeto que la Suprema Corte a través de la sustentación de un criterio que tenga carácter jurisprudencial y, por ende, obligatorio, supere la inseguridad jurídica derivada de la aplicación de criterios divergentes sobre un mismo problema o punto de derecho, máxime cuando respecto del problema o punto de derecho dichos tribunales actúen como órganos terminales.
Por tanto, de estimarse que la denuncia de contradicción de tesis resulta improcedente sólo porque los criterios en contradicción se hayan sustentado al resolverse conflictos competenciales y no juicios de amparo de la competencia de los Tribunales Colegiados, no se cumpliría con el objeto o propósito que inspiró tanto al Constituyente como al legislador ordinario al establecer la denuncia de contradicción de tesis como un sistema de integración de jurisprudencia, tendiente a superar la inseguridad jurídica derivada de la sustentación de criterios diferentes sobre un mismo problema jurídico, provenientes de órganos jurisdiccionales que deciden con carácter terminal sobre el punto de derecho en conflicto.
Efectivamente, desde el Acuerdo General 6/1999, dictado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nue
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7524-3ab8386e/competencia-para-conocer-de-los-conflictos-derivados-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- ORDEN DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. NO ES VIOLATORIA DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, CUANDO SE DIRIGE AL PROPIETARIO, CONDUCTOR Y/O TEN (CONTRADICCIÓN DE TESIS 83/2001-SS)
- INFORME JUSTIFICADO DE AUTORIDAD RESPONSABLE CUYO DOMICILIO ESTÉ FUERA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DEL JUZGADO DE DISTRITO. PARA ACREDITAR SU RENDICIÓN BASTA LA DEMOSTRACIÓN DE SU RECE (CONTRADICCIÓN DE TESIS 22/2001-PL)
- SALARIO. EL AGUINALDO. ES PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. SALARIO. EL PREMIO POR PRODUCTIVIDAD O BONO DE LOGRO DE OBJETIVO, ES PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. SALARIO. LA AYUDA PARA TRAN (CONTRADICCIÓN DE TESIS 94/2001-SS)
- IMPUESTOS. TIENEN ESA NATURALEZA LAS PRESTACIONES PÚBLICAS PATRIMONIALES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 318 Y 319 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL Y, POR TANTO, DEBEN CUMPLIR (CONTRADICCIÓN DE TESIS 210/2005-SS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
- EXCLUYENTES. (s/clave)
- EXCLUYENTES.- (4462)
- INFORME PREVIO. LA NEGATIVA DE LOS ACTOS NO DESVIRTUADA. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis