INFORME JUSTIFICADO DE AUTORIDAD RESPONSABLE CUYO DOMICILIO ESTÉ FUERA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DEL JUZGADO DE DISTRITO. PARA ACREDITAR SU RENDICIÓN BASTA LA DEMOSTRACIÓN DE SU RECEPCIÓN EN LA OFICINA DE CORREOS O TELÉGRAFOS DEL LUGAR EN EL QUE RESIDA. PRUEBAS EN LA REVISIÓN. DEBEN TOMARSE EN CUENTA LAS DOCUMENTALES APORTADAS PARA DESVIRTUAR LA OMISIÓN DE RENDIR INFORME JUSTIFICADO QUE SE IMPUTA EN LA SENTENCIA RECURRIDA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE RECURRENTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 22/2001-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO (ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO).
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIA: LOURDES FERRER MAC GREGOR POISOT.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. El Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito (actual Primer Tribunal Colegiado), al resolver los amparos en revisión 5/90, 195/90, 346/90, 487/91 y 158/94, en sesiones de cuatro de abril, trece de junio y veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa, treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y dos, y diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, respectivamente, sostuvo, en las partes conducentes de sus fallos, lo siguiente:
1) Amparo en revisión 5/90.
"QUINTO. La resolución impugnada ningún agravio puede causarle a la autoridad recurrente, toda vez que el proceder del Juez Tercero de Distrito en el Estado es correcto en la medida en que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, por cuanto que el procurador general de Justicia del Estado omitió rendir su informe justificado, no obstante que el día doce de mayo de mil novecientos noventa y nueve recibió la petición del mismo como se advierte del acuse de recibo que obra en autos (fojas 27), sin que sea óbice para ello la circunstancia de que la autoridad recurrente en sus motivos de desacuerdo alegue que dio cumplimiento a las prevenciones contenidas en el artículo 149 de la Ley de Amparo, porque rindió dentro del término legal su informe justificado requerido por oficio número 16575 de cuatro de mayo del año próximo pasado, como lo demuestra con la copia certificada del telegrama oficial de quince mayo de aquel año. El argumento anterior carece de consistencia jurídica porque si bien es verdad que la autoridad recurrente en apoyo a sus conceptos de agravio anexó copia fotostática certificada por el licenciado Marco Vinicio Ceja Cancino, jefe del Departamento de Amparo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, del telegrama de quince de mayo de mil novecientos ochenta y nueve que, en lo conducente, dice: ‘Atención su oficio 16575 relativo amparo número 765/989, promovido por Carlos Armando Morales Álvarez contra actos míos y otras autoridades, vía informe justificado: «No es cierto el acto que de mi autoridad reclama el quejoso». Enterado fecha y hora audiencia constitucional. Atentamente. Procurador general de Justicia del Estado. Lic. Jorge Luis Arias Zebadua. Una firma ilegible y un sello que dice: Telenales telegrama mayo 15, 1989. Tuxtla Gtz., Chis.’. Verídico también lo es que el referido telegrama que en vía de prueba ofrece la autoridad inconforme ante este tribunal es inadmisible, toda vez que conforme a lo contemplado en la fracción II del artículo 91 de la Ley de Amparo, sólo se tomarán en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante el Juez Federal. Además, en autos no obra constancia alguna en el sentido de que el Juez Tercero de Distrito hubiese recibido oportunamente el mencionado telegrama, lo que demuestra lo infundado del agravio hecho valer, por ende, se impone confirmar la sentencia sujeta a revisión."
2) Amparo en revisión 195/90.
"CUARTO. La resolución impugnada ningún agravio puede causarle a la autoridad recurrente, toda vez que el proceder del Juez Primero de Distrito en el Estado es correcto en la medida en que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal por cuanto que el agente del Ministerio Público Federal en Palenque, Chiapas, omitió rendir su informe justificado, no obstante que el día treinta de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve recibió la petición del mismo como se advierte en el acuse de recibo que obra en autos (fojas 23), sin que sea óbice para ello la circunstancia de que la autoridad recurrente en sus motivos de inconformidad alegue que sí dio cumplimiento a lo solicitado, ya que rindió su informe justificado como lo demuestra con la copia al carbón certificada del telegrama oficial de treinta de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve por el que niega el acto reclamado. El argumento anterior carece de consistencia jurídica, porque si bien es verdad que la autoridad recurrente en apoyo a sus conceptos de agravio anexó copia al carbón certificada por el C. Delfino Moreno Méndez, Juez Municipal de Catazajá, Chiapas, del telegrama de treinta de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve que, en lo conducente, dice: ‘Agencia del Min. Púb. Exp. Amp. 1384/989. Tel. 058. Palenque, Chiapas, a 20 de Nov. de 1989. Telegrama oficial urgente. C. Lic. José Tomás Garrido Muñoz. Juez Primero de Distrito en el Edo. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Relativo oficio número 33036, deducido amparo número 1384/89, recibido hoy, promovido por quejosa Inés Meza López, contra actos míos y otras autoridades, rindo mi informe justificado que después de haber revisado los libros de órdenes de aprehensión que se llevan en esta oficina no se encontró nada en contra, manifestándole que los hechos que reclama quejoso no son ciertos. Atentamente el C. Agente del Ministerio Público Federal. Lic. Carolina Velázquez Esquinca. Una firma ilegible. Un sello con el Escudo Nacional, que dice: «Ejecutivo Federal. Procuraduría General de la República. Delegación del Vigésimo Circuito. Agencia del Ministerio Público Federal. Palenque, Chiapas.».’; también lo es que el referido telegrama que en vía de prueba ofrece la autoridad inconforme ante este tribunal es inadmisible, toda vez que conforme a lo contemplado en la fracción II del artículo 91 de la Ley de Amparo, sólo se tomarán en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante el Juez Federal. Además, en autos no obra constancia alguna en el sentido de que el Juez Primero de Distrito hubiese recibido oportunamente el mencionado telegrama, lo que demuestra lo infundado de los agravios hechos valer por la autoridad recurrente, razón por la que tampoco es de tomar en cuenta la copia fotostática certificada del telegrama a que se alude, toda vez que la recurrente la exhibió ante el Juez de Distrito hasta el dos de marzo del año en curso, es decir, después de efectuada la audiencia constitucional, y en estas condiciones y ante lo infundado de los agravios aducidos, procede confirmar la sentencia sujeta a revisión."
3) Amparo en revisión 346/90.
"QUINTO. Los agravios que hace valer la autoridad recurrente son infundados en atención a que no obra en el juicio de amparo el telegrama por medio del cual afirma rindió su informe justificado y, por ende, el proceder del Juez de Distrito resulta conforme a derecho en la inteligencia de que resulta de explorado derecho que las partes no pueden rendir pruebas dentro del recurso de revisión y, en todo caso, la copia certificada de la copia del telegrama que se anexa al escrito de agravios sólo acredita que fue recibida por la oficina de telégrafos de Tuxtla Gutiérrez (aparece un sello de recibido), pero no se recibió en el Juzgado Tercero de Distrito, de suerte que procede, en la materia de la revisión, confirmar la sentencia recurrida."
4) Amparo en revisión 487/91.
"QUINTO. La resolución impugnada ningún agravio puede causar a las autoridades recurrentes, toda vez que el proceder del Juez Segundo de Distrito en el Estado es correcto, en tanto que les impuso a cada una de ellas una multa por la cantidad de ciento diecinueve mil pesos, equivalente a diez días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al director general de la Policía Judicial del Estado de Tabasco, por haber omitido rendir el informe justificado que se le solicitó y al agente del Ministerio Público Auxiliar de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por no precisar si el acto reclamado es o no cierto, fundándose para ello en lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo. No es obstáculo para considerar lo anterior, la circunstancia de que las recurrentes en sus motivos de inconformidad aduzcan que dieron cumplimiento a lo solicitado por el Juez a quo, afirmando que rindieron el informe justificado en los términos que constan de la copia autógrafa de fecha treinta de agosto de mil novecientos noventa y uno, con el sello de recepción de la oficina de telégrafos de Villahermosa, Tabasco, del dos de septiembre siguiente, por lo que ve al director general de la Policía Judicial del Estado, y de la copia autógrafa del telegrama fechado el tres de septiembre de mil novecientos noventa y uno, con el sello de recepción de la oficina de telégrafos de la colonia Atasta de Serra, Tabasco, por lo que hace al agente del Ministerio Público Auxiliar de la Procuraduría General de Justicia del Estado, porque las referidas copias autógrafas de los telegramas que en vía de prueba ofrecen ante este Tribunal Colegiado las autoridades inconformes son inadmisibles, ya que conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 91 de la Ley de Amparo, sólo se tomarán en consideración las pruebas que se hubieren rendido ante el Juez Federal, y en estas condiciones lo que procede es confirmar la sentencia en lo que es materia de revisión."
5) Amparo en revisión 158/94.
"QUINTO. Son infundados los agravios expresados por la autoridad recurrente, en la medida en que el Juez Primero de Distrito en el Estado estuvo en lo correcto al imponerle la multa que impugna la inconforme, pues omitió rendir su informe justificado no obstante haber recibido la petición relativa desde el diez de diciembre de mil novecientos noventa y tres, como así se advierte del acuse de recibo que obra en autos (foja 27), con independencia de que la autoridad recurrente alegue que sí dio cumplimiento a lo solicitado, pues sí rindió su informe justificado, lo que pretende acreditar con la copia certificada del telegrama oficial de trece de diciembre de mil novecientos noventa y tres por el que niega el acto reclamado, toda vez que el argumento anterior carece de consistencia jurídica, porque si bien es verdad que la autoridad recurrente exhibe copia certificada del telegrama antes referido, no menos cierto resulta que éste es inadmisible como prueba, toda vez que conforme a lo contemplado por el artículo 91 de la Ley de Amparo, sólo se tomarán en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante el Juez Federal. Además, en autos no obra constancia alguna en el sentido de que el Juez Primero de Distrito hubiese recibido oportunamente el mencionado telegrama, lo que demuestra lo infundado de los agravios hechos valer por la autoridad recurrente, razón por la que tampoco es de tomar en cuenta la copia fotostática certificada del telegrama a que se alude, toda vez que la inconforme no la exhibió ante el Juez de Distrito sino hasta el treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y cuatro, fecha en la que interpuso el recurso de revisión que ahora se resuelve y, en esas condiciones, y ante lo infundado de los agravios aducidos, procede confirmar la sentencia impugnada en lo que fue materia de la revisión. Sobre el particular resulta aplicable el criterio sostenido por este Tribunal Colegiado al resolver en sesión de trece de junio de mil novecientos noventa el amparo en revisión 195/90, promovido por Inés Meza López, que a la letra dice: ‘TELEGRAMA OFICIAL QUE NIEGA EL ACTO RECLAMADO. CUANDO LA AUTORIDAD RECURRENTE EN EL RECURSO DE REVISIÓN EXHIBE COPIA CERTIFICADA DEL. ESA PRUEBA ES INADMISIBLE PORQUE SÓLO SE TOMAN EN CONSIDERACIÓN LAS RENDIDAS ANTE EL JUEZ DE DISTRITO. Es incorrecto el proceder del Juez de Distrito en la medida que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, por cuanto el agente del Ministerio Público Federal, omitió rendir su informe justificado no obstante que recibió la petición del mismo, sin que sea óbice para ello la circunstancia de que la autoridad recurrente, en sus motivos de inconformidad, alegue que sí dio cumplimiento a lo solicitado ya que rindió su informe justificado, exhibiendo para tal efecto copia al carbón certificada del telegrama oficial por el que niega el acto reclamado; en razón de que tal elemento de convicción es inadmisible, porque conforme a lo contemplado en la fracción II del artículo 91 de la Ley de Amparo sólo se tomarán en cuenta las pruebas que se hubiesen rendido ante el Juez Federal.’."
El anterior criterio sustentado al resolverse los amparos en revisión cuyas partes considerativas relativas han quedado transcritas, dio lugar a la jurisprudencia que aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, julio de 1994, página 71, que textualmente dispone:
"TELEGRAMA OFICIAL QUE NIEGA EL ACTO RECLAMADO. CUANDO LA AUTORIDAD RECURRENTE EN EL RECURSO DE REVISIÓN EXHIBE COPIA CERTIFICADA DEL. ESA PRUEBA ES INADMISIBLE PORQUE SÓLO SE TOMAN EN CONSIDERACIÓN LAS RENDIDAS ANTE EL JUEZ DE DISTRITO. Es correcto el proceder del Juez de Distrito en la medida que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, por cuanto el agente del Ministerio Público Federal, omitió rendir su informe justificado no obstante que recibió la petición del mismo, sin que sea óbice para ello la circunstancia de que la autoridad recurrente, en sus motivos de inconformidad, alegue que sí dio cumplimiento a lo solicitado ya que rindió su informe justificado, exhibiendo para tal efecto copia al carbón certificada del telegrama oficial por el que niega el acto reclamado; en razón de que tal elemento de convicción es inadmisible, porque conforme a lo contemplado en la fracción II del artículo 91 de la Ley de Amparo sólo se tomarán en cuenta las pruebas que se hubiesen rendido ante el Juez Federal."
TERCERO. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito al fallar el amparo en revisión 445/2000, con fecha cuatro de mayo de dos mil uno, determinó:
"QUINTO. Son esencialmente fundados los agravios que hace valer la autoridad inconforme. En efecto, precisa el procurador general de la República que es equivocada la aseveración hecha por el Juez de amparo en el sentido de que fue omiso en rendir su informe justificado, pues ese informe se rindió mediante telegrama 18634 de cinco de julio de dos mil, depositado en la oficina de telégrafos ese mismo día, acompañando la recurrente una copia certificada del telegrama que refiere contiene su informe justificado, para luego agregar que al no haberlo tomado en cuenta se violentó el artículo 25 de la Ley de Amparo, y la circunstancia de que ese informe no obre en autos no es imputable a la inconforme. Este agravio que se examina resulta fundado, pues el Juez Quinto de Distrito en el Estado, residente en Ciudad Juárez, Chihuahua, al dictar la sentencia en el juicio de amparo 311/2000 que promoviera ... entre otros, respecto del procurador general de la República, ahora inconforme, a quien le reclamó la orden de aprehensión dictada de manera verbal en contra del peticionario del amparo, el aludido juzgador en el considerando segundo precisó que el acto reclamado a dicha responsable debía presumirse cierto en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, pues esta autoridad no rindió su informe justificado, no obstante que fue debidamente requerido para ello. Del análisis de los autos del referido juicio de garantías se advierte que, efectivamente, no obra el oficio o telegrama en el que la autoridad, ahora inconforme, rindiera su informe con justificación, apareciendo a foja 5 que al procurador general de la República se le solicitó su correspondiente informe con justificación, solicitud que se hizo a través del oficio 11095 del cual obra acuse de recibo del contenido de la correspondiente pieza postal, visible a foja 59, y que aparece recibido por dicha autoridad responsable el treinta de junio de dos mil. Ahora bien, la autoridad recurrente acompañó a su escrito de expresión de agravios la copia certificada del telegrama en el que dice se contiene su informe con justificación, pretendiendo que este órgano de control constitucional examine y decida si ese informe fue o no rendido por aquélla; mas para dilucidar este punto debe acudirse al contenido del artículo 91, fracción II, de la Ley de Amparo, que dispone: ‘Artículo 91. El tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas: ... II. Sólo tomarán en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante el Juez de Distrito o la autoridad que conozca o haya conocido del juicio de amparo; y si se trata de amparo directo contra sentencia pronunciada por el Tribunal Colegiado de Circuito, la respectiva copia certificada de constancias.’. Del contenido del precepto transcrito se advierte que con él se intenta evitar que en el recurso de revisión sean cambiados los términos de la contienda planteada ante el Juez Federal, ya que de lo contrario se declararía la legalidad o ilegalidad de una resolución sustentándose en datos o circunstancias que el juzgador de primer grado no tuvo en cuenta al momento de dictarla, por lo que no es posible que en el recurso de revisión se reciban pruebas de ninguna especie y que de aportarse por los interesados no deben tomarse en consideración; mas esta interpretación es permisible para aquellos casos en que los cuestionamientos vertidos en revisión sean de legalidad, y que para resolverlos, necesariamente debe atenderse al estado de las cosas al momento en que se pronunció la resolución recurrida, sin introducir elemento alguno que pueda alterar la situación juzgada, pero no en aquellas hipótesis como la particular, en que el otorgamiento de la protección constitucional se brinda bajo la consideración de que la autoridad responsable, ahora recurrente, fue omisa en rendir su informe con justificación. En el caso particular se advierte que el Juez a quo, al dictar el auto admisorio de la demanda (trece de junio de dos mil), entre otras cosas requirió a las responsables para que rindieran su correspondiente informe con justificación dentro del término de cinco días y a su vez señaló las nueve horas del veintiocho de junio de dos mil para que tuviera lugar la audiencia constitucional (foja 3). El acuerdo anterior fue remitido a la autoridad, ahora inconforme, a través del oficio 11095 (foja 4). Al llegar la hora y fecha señaladas para que tuviera lugar la audiencia constitucional, el resolutor de amparo destacó, entre otras cosas, que el procurador general de la República no había rendido su informe justificado y tampoco obraba en autos la tarjeta de acuse de recibo del oficio petitorio, difiriendo, por ello, la audiencia constitucional y señalando las nueve horas del trece de julio de dos mil para tal efecto, agregando que a las autoridades responsables foráneas se les requiriera dicho informe por la vía telegráfica (foja 20). El anterior proveído se ordenó notificar al procurador general de la República por medio del oficio 12251 (foja 22), además de aparecer a foja 26 la copia del telegrama enviado el mismo veintiocho de junio de dos mil a la aludida autoridad. Por acuerdo de trece de julio de dos mil, la secretaria del juzgado a quo difirió la celebración de la audiencia constitucional para las nueve horas con cuarenta minutos del veintiocho de julio del mismo año, argumentando no estar facultada para fallar en definitiva en ese juicio (foja 44). Llegada esta última fecha, el Juez Federal nuevamente destacó que al no existir el informe justificado del procurador general de la República ni el acuse de recibo del oficio donde se le solicitó, de nueva cuenta difirió la audiencia constitucional y señaló las nueve horas del catorce de agosto de dos mil para ese efecto, enviando telegrama oficial urgente al procurador general de la República, requiriéndole dicho informe justificado; sin embargo, el a quo fue omiso en tomar las providencias para cerciorarse si el primero de los telegramas que envió a la autoridad antes aludida había llegado a su destino, para lo cual era menester que requiriera a ésta la información al respecto, máxime que el acuerdo citado en último lugar le fue remitido a la ahora inconforme a través del oficio 13792, cuyo acuse de recibo por parte de la misma obra a foja 72 de los autos. Así las cosas, de los autos de este toca de revisión y adjunto al escrito de expresión de agravios, la inconforme exhibió copia certificada del telegrama urgente que envió al Juez de amparo bajo el número 18634 de cinco de julio de dos mil, y en dicho telegrama aparece un sello de Telecomm Telégrafos, D.F., Administración Buena Vista, que aparece recibido en esa oficina de telégrafos el mismo cinco de julio de dos mil, destacándose de esto que la ahora recurrente impugna la resolución por la cual el Juez Federal confirió al peticionario del amparo la protección constitucional solicitada bajo la premisa de que aquella autoridad fue omisa en rendir su informe con justificación; mas de la prueba antes examinada se advierte que la responsable, contrariamente a lo precisado por el a quo, sí rindió su informe con justificación, incluso antes de que tuviera lugar la celebración de la audiencia constitucional (catorce de agosto de dos mil), y no es imputable a dicha autoridad la circunstancia de que ese informe no obre en los autos, ya que en todo caso su obligación se circunscribe a rendirlo dentro del término de cinco días a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo, y como en los autos del juicio de garantías aparece que el oficio 11095, por el cual se le solicitó por primera ocasión que rindiera su informe, el mismo fue recibido por la inconforme el treinta de junio de dos mil y el telegrama oficial urgente en el que se rindió aquel informe aparece recibido, según quedó dicho, por la oficina de telégrafos el cinco de julio de dos mil, es decir, al quinto día de recibido el oficio en el que se le solicitó (fojas 4 y 59 del expediente de amparo). Lo hasta ahora aseverado encuentra justificación en aras a que el recurso de revisión constituye un remedio a los errores en que hubiere incurrido el Juez de amparo al dictar la sentencia combatida, tal como acontece en el supuesto que ahora se analiza, pues la recurrente exhibió la prueba documental pertinente para justificar su aseveración y este órgano de control constitucional debe tomarla en cuenta, pues en el referido informe con justificación la responsable destaca la inexistencia del acto reclamado, de lo que bien puede suceder que sobrevenga alguna causal de sobreseimiento en el juicio de garantías. Apoya las precedentes consideraciones la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXVI, página 626, que dice: ‘PRUEBAS EN LA REVISIÓN. Aunque el artículo 91 de la Ley de Amparo establece en su fracción II que en la revisión sólo se tomarán en consideración las pruebas que se hubieren rendido ante el Juez de Distrito, como al mismo tiempo el artículo 74 de la propia ley previene en su fracción III que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna causa de improcedencia, es claro que tal dispositivo, que puede hacerse extensivo a la revisión, ya que en ésta puede aparecer o sobrevenir alguna de aquellas causales, obliga a admitir que cuando se está en el caso de una situación de orden público que tiene la trascendental importancia de definir si el juicio es o no procedente, deben admitirse las pruebas que se proponen, pues la prohibición a que se contrae la fracción II del artículo 91 se refiere exclusivamente a todas aquellas pruebas que tienden a demostrar la existencia o constitucionalidad de los actos reclamados y que, por su propia condición, deben ser apreciados tal como fueron probados ante el sentenciador.’. En el apuntado orden de ideas, al ser esencialmente fundados los agravios expuestos por la autoridad inconforme, se impone revocar la sentencia recurrida y ordenar reponer el procedimiento en el juicio de amparo del que deriva este recurso de revisión, a fin de que el Juez a quo tome en consideración el informe rendido por la autoridad, ahora recurrente, para lo cual remítasele copia certificada del mismo dando vista con él a la parte quejosa, a fin de que exponga lo que a su derecho convenga y hecho que fuere lo anterior, en su oportunidad, dicte la correspondiente sentencia. No pasa desapercibido que el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito sustenta criterio diverso al sostenido en esta ejecutoria, pues dicho órgano colegiado destaca que es inadmisible que en el recurso de revisión se exhiba la copia certificada del telegrama oficial en el que la autoridad responsable, a la postre recurrente, negó el acto reclamado, e indica que en ese recurso sólo se toman en consideración aquellas pruebas rendidas ante el Juez Federal, criterio este que no se comparte, pues como ya quedó establecido en el presente estudio, se sustenta la hipótesis de que si la responsable acredita en el recurso de revisión haber rendido en tiempo su informe con justificación y de los autos del juicio de amparo no se advierte dicho informe, ello no es imputable a la recurrente, quien sólo está obligada a rendirlo en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo. El criterio al que se alude en el párrafo precedente y que sostiene el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, constituye la jurisprudencia J/64 que aparece visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 79, julio de mil novecientos noventa y cuatro, página 71, que dice: ‘TELEGRAMA OFICIAL QUE NIEGA EL ACTO RECLAMADO. CUANDO LA AUTORIDAD RECURRENTE EN EL RECURSO DE REVISIÓN EXHIBE COPIA CERTIFICADA DEL. ESA PRUEBA ES INADMISIBLE PORQUE SÓLO SE TOMAN EN CONSIDERACIÓN LAS RENDIDAS ANTE EL JUEZ DE DISTRITO. Es correcto el proceder del Juez de Distrito en la medida en que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, por cuanto el agente del Ministerio Público Federal, omitió rendir su informe justificado no obstante que recibió la petición del mismo, sin que sea óbice para ello la circunstancia de que la autoridad recurrente, en sus motivos de inconformidad, alegue que sí dio cumplimiento a lo solicitado ya que rindió su informe justificado, exhibiendo para tal efecto copia al carbón certificada del telegrama oficial por el que niega el acto reclamado; en razón de que tal elemento de convicción es inadmisible, porque conforme a lo contemplado en la fracción II del artículo 91 de la Ley de Amparo sólo se tomarán en cuenta las pruebas que se hubiesen rendido ante el Juez Federal.’. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 197-A de la Ley de Amparo surge la denuncia de contradicción de tesis respecto a este punto entre este órgano colegiado y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. Sin que sea óbice a lo anterior que la denuncia propuesta sea entre dos criterios, donde uno tiene el carácter de jurisprudencia, ya que de conformidad con el artículo 107, fracción XIII, párrafos primero y tercero, de la Constitución y 197-A de la Ley de Amparo, para que dicha denuncia proceda sólo requiere que tratándose de Tribunales Colegiados sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, como acontece en la especie. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 27/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada el veintinueve de marzo de dos mil uno, que dice: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo «tesis» que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia.’."
CUARTO. El análisis de las ejecutorias transcritas pone de relieve la existencia de la contradicción de tesis denunciada, porque mientras el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito determinó, al resolver el amparo en revisión 445/2000, por una parte, que en el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto debe tomarse en consideración la copia certificada del telegrama en el que la autoridad recurrente base su afirmación de haber rendido su informe justificado para controvertir la consideración de la sentencia recurrida relativa a que fue omisa en la rendición de tal informe, sin que obste para ello lo dispuesto en el artículo 91, fracción II, de la Ley de Amparo, en torno a que en el recurso de revisión sólo se tomarán en consideración las pruebas que se hubieren rendido ante el Juez de Distrito o la autoridad que conozca o haya conocido del juicio de amparo, pues tal disposición se refiere a aquellas pruebas que tiendan a demostrar la existencia o constitucionalidad de los actos reclamados que, por su propia condición, deben ser apreciados tal como fueron probados ante el juzgador, pero no es aplicable a la demo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17183-a88b0cbf/informe-justificado-de-autoridad-responsable-cuyo-domicilio-este · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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