CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. EN JUICIOS ORDINARIOS. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA NEGATIVA A DECRETARLA ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 42/2000-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIA: LOURDES FERRER MAC GREGOR POISOT.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito al fallar el amparo en revisión civil 48/94, con fecha veintiocho de febrero de 1994, sostuvo, en la parte conducente, lo siguiente:
"TERCERO. El único agravio formulado es infundado, atento las siguientes consideraciones. La recurrente aduce que la sentencia impugnada viola en su perjuicio los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 73, fracción XVIII, 74, fracción III, 77, fracción II y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, porque contrariamente a lo sostenido en dicha sentencia, la interlocutoria reclamada por la que negó la caducidad de la instancia sí debe conceptuarse como definitiva para los efectos del amparo, pues como transcurrió más de un año sin que alguna de las partes del juicio natural impulsara el procedimiento, él solicitó se declarara la caducidad de la instancia y por auto de veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y tres se le dijo que no había lugar a lo solicitado, proveído en contra del cual interpuso recurso de revocación, el que se declaró improcedente e infundado mediante la resolución que constituye el acto reclamado; que la inactividad procesal mencionada establece la presunción de que las partes no tienen interés en continuar la contienda y que, por ello, la ley establece la caducidad de la instancia, que es una institución de orden público, ya que el Estado y la sociedad tienen interés en que los litigios que surjan no queden pendientes por tiempo indefinido, pues mantienen en un estado de inseguridad e incertidumbre a los intereses materia de la contienda; que sí se afectan los derechos de la quejosa porque va contra la lógica que un juicio inactivo durante el tiempo necesario para que opere la caducidad surja nuevamente, dando lugar a nuevas incertidumbres, gastos, pérdida de tiempo e inseguridad jurídica; que la negativa a declarar la caducidad de la instancia, pese a haberse reunido los requisitos señalados por la ley, sí es de trascendencia debido a que se le obliga a seguir un juicio inútil, muerto por inactividad procesal, que nunca podrá adquirir nueva vida jurídica porque la caducidad de la instancia es una institución jurídica de orden público que opera por el solo transcurso del tiempo; que al dictar la sentencia definitiva el Juez no puede abordar lo referente a la caducidad, en virtud de que conforme al artículo 602 del Código de Procedimientos Civiles la sentencia debe ocuparse exclusivamente de las personas, cosas, acciones y excepciones que hubieren sido materia del juicio, dentro de cuyos conceptos no cabe el de caducidad; que además, el Juez natural en la interlocutoria reclamada ya declaró improcedente la caducidad de la instancia y de acuerdo con el numeral 687 del citado código no puede revocar su determinación; que esperar hasta la segunda instancia para tratar lo relativo a la caducidad de la primera implica contrariar los principios en que se sustenta, en grave atentado contra el principio de economía procesal, y que de ninguna manera es racional ni jurídico llevar a la segunda instancia un juicio muerto debido al desinterés de las partes; y que como la sentencia recurrida no tiene auténticos fundamentos legales que sirvan de apoyo para decretar el sobreseimiento del juicio, es evidente que se infringen los preceptos invocados. Tal motivo de inconformidad es infundado porque, como correctamente lo consideró el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, encargado del despacho por ministerio de ley, la resolución interlocutoria reclamada de veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y tres, pronunciada en el juicio sumario civil número 205/92, promovido por Amadeo Favela Aguilera en contra de Rudecindo Mascareño Escobar y Gabriel Félix Valverde, por la que el Juez natural declaró improcedente e infundado el recurso de revocación que la quejosa interpuso contra el proveído de veintisiete de agosto del mismo año, en el que a su vez se negó a declarar la caducidad de la instancia, no es un acto reclamable en el juicio de amparo indirecto, pues de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, el juicio de garantías ante el Juez de Distrito procede contra actos en el juicio que tengan una ejecución de imposible reparación, por lo que interpretando tal disposición en sentido contrario, se concluye que el referido juicio constitucional es improcedente contra actos dictados dentro del juicio que no tengan una ejecución de imposible reparación; por tanto, como la interlocutoria reclamada que confirmó el proveído que no decretó la caducidad de la instancia en el juicio de origen no es un acto de imposible reparación, es evidente la improcedencia del juicio de amparo que se promueva en su contra, pues los actos del juicio de imposible reparación son aquellos que afectan directamente derechos sustantivos de las partes, tutelados por la Constitución a través de las garantías individuales, ya sean personales, reales o del estado civil, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; y como la referida interlocutoria no afecta algún derecho sustantivo de la quejosa, sino que sólo surte efectos procesales, dado que la posible violación que se pudiera cometer con tal determinación puede extinguirse en la realidad sin dejar huella en su esfera jurídica, si la sentencia definitiva o la resolución que ponga fin al juicio le resulta favorable a sus intereses jurídicos, y aún más, tal violación la puede reclamar en el juicio de amparo directo que, en su caso y oportunidad, promueva contra la sentencia definitiva, si ésta le es desfavorable a sus intereses jurídicos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 59 de la Gaceta Número 22-24, correspondiente a los meses de octubre a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente dice: ‘EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto «Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación ...». El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo.’. Asimismo, es aplicable la tesis consultable en la página 261, Tomo X, correspondiente al mes de diciembre de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que señala: ‘CADUCIDAD. PROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO CONTRA EL AUTO QUE LA NIEGA. Una correcta interpretación de los artículos 114 y 158 de la Ley de Amparo, conduce a determinar que, por regla general, las violaciones cometidas dentro de un procedimiento, deben impugnarse en amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas al procedimiento. Por otra parte, los actos de juicio cuya ejecución sobre las personas o las cosas tienen ese carácter, previstos en la fracción IV, del artículo 114, de la ley de la materia, son aquellos que afecten directamente derechos sustantivos de las partes, ya sean personales, reales o del estado civil, porque no es dable subsanar sus efectos en el juicio, aun cuando se obtenga sentencia favorable, dado que el menoscabo o perjuicio sufridos por los particulares, no podrán ser corregidos en el procedimiento; en cuyo caso, los actos que lesionen exclusivamente los derechos procesales de las partes, no deben ser invocados ante un Juez de Distrito, conforme a las disposiciones antes descritas, sino combatirse en amparo uniinstancial, cuando se impugne la sentencia definitiva y trasciendan al resultado del fallo. En consecuencia, la resolución en la cual se niega la declaración de caducidad del procedimiento y ordena su continuación, no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, porque únicamente plantea infracción de derechos adjetivos que sólo produce efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable.’. No obsta para llegar a la conclusión de que es correcta la determinación del juzgador de amparo de considerar improcedente el juicio de garantías que en la vía indirecta promovió la inconforme contra la resolución interlocutoria que confirmó el proveído que negó la caducidad de la instancia, por no ser ésta un acto de ejecución irreparable, lo manifestado por la recurrente en el sentido de que se le obliga a seguir un juicio inútil, muerto por inactividad procesal, que ya no podrá adquirir nueva vida jurídica por más promociones que presenten las partes, originándole con ello incertidumbre, gastos, pérdida de tiempo e inseguridad jurídica, porque esas molestias a que se refiere la inconforme, respecto a que se le obliga a seguir un juicio con el consecuente gasto económico y pérdida de tiempo, constituye una situación que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos admite y obliga a soportar a las partes de un juicio, pues el artículo 14 dispone que nadie podrá ser privado de sus derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, y esto implica que tanto el que acciona como el que se excepciona deben someterse al procedimiento, a fin de preservar sus legítimos derechos, máxime que, conforme al resultado de la controversia, quien obtenga sentencia favorable podrá obtener el pago de los gastos que hubiere erogado con motivo del juicio de origen. Tampoco es óbice para llegar a la citada conclusión, las manifestaciones de la recurrente respecto a que el Juez natural en la sentencia definitiva ya no se va a ocupar de la caducidad de la instancia y que esperar a que en segunda instancia se aborde dicha caducidad atenta contra el principio de economía procesal, ya que no es racional ni jurídico llevar a dicha instancia un juicio muerto por inactividad procesal, porque tales manifestaciones no son bastantes para considerar que por ello la interlocutoria reclamada sea un acto de imposible reparación y, por ende, susceptible de reclamarse en la vía de amparo indirecto pues, como ya se indicó, tal resolución no afecta directamente alguno de los derechos sustantivos de la quejosa, sino sólo produce efectos procesales, ya que la posible violación que con ello se le cause puede extinguirse en la realidad sin dejar huella en su esfera jurídica si obtiene sentencia favorable a sus intereses, y en caso de no ser así, esa violación puede repararse mediante el juicio de amparo directo que, en su caso y oportunidad, promueva contra la sentencia definitiva. Por otra parte, debe decirse que también es infundado lo argüido por la inconforme en el sentido de que la sentencia recurrida no tiene auténticos fundamentos legales que sirvan de apoyo para decretar el sobreseimiento del juicio de amparo indirecto que promovió, porque como ya se demostró, como la interlocutoria reclamada no es un acto de imposible reparación, el juicio de amparo indirecto que se promueva en su contra es improcedente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, a contrario sensu, de la Ley de Amparo; por tanto, al darse una causal de improcedencia, de acuerdo con lo previsto en el numeral 74, fracción III, de la misma ley, lo procedente es sobreseer en el juicio, tal y como correctamente lo consideró el inferior en la sentencia recurrida, la cual sí está apoyada en preceptos legales aplicables. Consecuentemente, como a través del agravio expresado la recurrente no logra demostrar que la sentencia recurrida infrinja los preceptos legales que invoca, se debe confirmar tal resolución."
Asimismo, al resolver el amparo en revisión 6/2000, con fecha diecisiete de febrero de dos mil, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito sostuvo:
"CUARTO. Es innecesario el estudio de los conceptos de agravio planteados, dado que este tribunal revisor advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en relación con el artículo 114, fracción IV, y 159, fracción XI, del propio ordenamiento, misma que debe estudiarse previamente al examen de legalidad o ilegalidad del acto reclamado, aun de oficio, lo aleguen o no las partes, por ser de orden público, al tenor del último párrafo del citado artículo 73. En efecto, como el acto reclamado en el juicio de amparo, materia del presente recurso, al Juez Primero de lo Civil de este distrito judicial, lo es la sentencia interlocutoria de fecha diecisiete de junio de mil novecientos noventa y nueve, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil número 816/99, promovido por Noel Adrián Pérez Padilla, en contra del demandado Jorge Octavio Ruiz Montenegro, que resuelve el recurso de revocación interpuesto en contra del auto dictado el veintiuno de mayo de la misma anualidad, en que se negó a éste decretar la caducidad de la instancia, confirmando en sus términos el mismo al considerar dicha responsable que había sido correcta la determinación en él adoptada; inconcuso resulta que dicho acto dictado dentro del referido juicio no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación y, en consecuencia, es evidente que respecto del mismo no procede el juicio de amparo biinstancial, la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo. Ello es así, merced a que la negativa de declarar caduca una instancia no puede reclamarse en amparo indirecto anticipadamente a la sentencia definitiva, ya que tal negativa constituye una violación de procedimiento comprendida en la fracción XI del artículo 159, en relación con el diverso 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues los actos de juicio de tal naturaleza son aquellos que afectan directamente derechos sustantivos de las partes, tutelados por la Constitución a través de las garantías individuales, ya sean personales, reales o del estado civil, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por tanto, como la resolución interlocutoria que confirmó el auto que no decretó la caducidad de la primera instancia no afecta algún derecho sustantivo del quejoso, sino que sólo surte efectos procesales, dado que la posible violación que se pudiera cometer con tal determinación puede extinguirse en la realidad sin dejar huella en su esfera jurídica, si la sentencia definitiva o la resolución que ponga fin al juicio le resulta favorable a sus intereses o incluso se puede reparar a través del juicio de amparo directo que, en su caso y oportunidad, promueva contra la sentencia definitiva si ésta le es desfavorable, atento lo dispuesto por los artículos 158 y 161 del citado cuerpo de leyes. Lo anterior, dada la naturaleza jurídica diversa del auto que declara la caducidad de la instancia y el que niega esa caducidad, porque el primero tiene efectos definitivos ya que pone fin al procedimiento, en cambio el segundo tiene efectos contrarios, pues provoca la continuación del procedimiento. El anterior criterio ya lo sostuvo este Segundo Tribunal Colegiado al resolver por unanimidad de votos, con fecha veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, el amparo en revisión número 48/94, promovido por la sucesión testamentaria a bienes de Amadeo Favela Aguilera, que aparece publicado en la página 339, Tomo XIII, correspondiente al mes de abril de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que literalmente dice: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE LA NIEGA. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 constitucionales, el amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan ejecución de imposible reparación, por lo que interpretando tal disposición en sentido contrario se concluye que el referido amparo indirecto es improcedente contra actos dictados dentro del juicio que no tengan una ejecución de imposible reparación; por tanto, como la resolución interlocutoria que no decretó la caducidad de la instancia no es un acto de imposible reparación, pues los actos de juicio de imposible reparación son aquellos que afectan directamente derechos sustantivos de las partes, tutelados por la Constitución a través de las garantías individuales, ya sean personales, reales o del estado civil, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; y como la referida interlocutoria no afecta algún derecho sustantivo de la quejosa, sino que sólo surte efectos procesales, dado que la posible violación que se pudiera cometer con tal determinación puede extinguirse en la realidad sin dejar huella en su esfera jurídica, si la sentencia definitiva o la resolución que ponga fin al juicio le resulta favorable a sus intereses, o incluso se puede reparar a través del juicio de amparo directo, que, en su caso, y oportunidad promueva contra la sentencia definitiva, si ésta le es desfavorable; de ahí la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueva en su contra.’. Es también de invocarse al respecto, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal de la República, publicada en la página 11, tomo 56, del mes de agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra dice: ‘EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen «ejecución irreparable» los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.’. En consecuencia, al cobrar vigencia la causal de improcedencia referida, lo procedente es revocar el fallo sujeto a revisión que concedió la protección constitucional al quejoso, para ahora sobreseer en el juicio constitucional en análisis, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo."
El anterior criterio dio lugar a la siguiente tesis:
"CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE LA NIEGA. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 constitucionales, el amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan ejecución de imposible reparación, por lo que interpretando tal disposición en sentido contrario se concluye que el referido amparo indirecto es improcedente contra actos dictados dentro del juicio que no tengan una ejecución de imposible reparación; por tanto, como la resolución interlocutoria que no decretó la caducidad de la instancia no es un acto de imposible reparación, pues los actos de juicio de imposible reparación son aquellos que afectan directamente derechos sustantivos de las partes, tutelados por la Constitución a través de las garantías individuales, ya sean personales, reales o del estado civil, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; y como la referida interlocutoria no afecta algún derecho sustantivo de la quejosa, sino que sólo surte efectos procesales, dado que la posible violación que se pudiera cometer con tal determinación puede extinguirse en la realidad sin dejar huella en su esfera jurídica, si la sentencia definitiva o la resolución que ponga fin al juicio le resulta favorable a sus intereses, o incluso se puede reparar a través del juicio de amparo directo, que, en su caso, y oportunidad promueva contra la sentencia definitiva, si ésta le es desfavorable; de ahí la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueva en su contra." (Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito).
TERCERO. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión civil 521/99, con fecha quince de junio de dos mil, determinó:
"PRIMERO. Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 83, fracción IV, 85, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que la resolución recurrida se trata de una sentencia definitiva emitida por el Juez de Distrito en la audiencia constitucional. Por otra parte, es pertinente señalar que aun cuando el acto reclamado lo constituye un auto en el que se niega la declaración de caducidad, es procedente en su contra el juicio de amparo indirecto, toda vez que siguiendo los razonamientos vertidos por el tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenidos en la tesis P. CXXXIV/96, que bajo el rubro de: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO «PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA.»).’, consultable en la página 137 del Tomo IV, noviembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, se advierte la analogía existente entre la caducidad de la instancia a que se refiere el artículo 1076 del Código de Comercio y el incidente de falta de personalidad en el actor, puesto que en ambos casos, de resultar fundado el incidente y de declararse procedente la caducidad, sus efectos serían el dar por terminado el juicio y, además, en ambos supuestos, de prosperar la acción incidental o de que se declarara la caducidad, haría innecesario seguir el juicio hasta el dictado de la sentencia definitiva, por lo que, partiendo de la base de que donde opera la misma razón debe aplicarse la misma disposición, en la especie, debe concluirse que el acuerdo que niega declarar la caducidad de la instancia genera una ejecución irreparable para efectos de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo y, por ello, en su contra procede el amparo indirecto."
El anterior criterio dio lugar a la siguiente tesis:
"CADUCIDAD, EL ACUERDO QUE NIEGA A DECLARAR LA, ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. Siguiendo los razonamientos del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenidos en la tesis de rubro: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO «PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA.»).’, se advierte la analogía existente entre el auto que niega la caducidad de la instancia y la resolución que declara improcedente el incidente de falta de personalidad en el actor. Dicha analogía se presenta porque, en ambos casos, tanto de resultar fundado el incidente citado, como en el caso de declararse procedente la caducidad, sus efectos serán dar por terminado el juicio al quedar devastados los elementos integrantes de la acción; además, en ambos supuestos, en caso de que prosperara la acción incidental o de que se declarara la caducidad, provocaría que no se desplegara un juicio innecesario hasta su última consecuencia que es la sentencia definitiva; en ese orden de ideas y partiendo de la base de que donde opera la misma razón debe aplicarse la misma disposición, en la especie, como caso de excepción, debe concluirse que el acuerdo que niega declarar la caducidad de la instancia, genera una ejecución irreparable para efectos de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, y por tales razones, en su contra procede el amparo indirecto." (Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito).
CUARTO. De las consideraciones y tesis sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, transcritas en los considerandos precedentes de esta resolución, deriva que sí existe la contradicción de tesis denunciada.
El amparo en revisión 48/94, fue interpuesto por la sucesión testamentaria a bienes de Amadeo Favela Aguilera, contra la sentencia dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán en la que se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo 898/93, promovido por la sucesión señalada contra la sentencia interlocutoria de veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y tres, dictada en el juicio sumario civil 205/92, promovido por Amadeo Favela Aguilera contra Rudecindo Mascareño Escobar y otro, en la que se declaró infundado el recurso de revocación planteado contra el auto en que se negó decretar la caducidad de la instancia. En dicha resolución dictada con fecha veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito confirmó la sentencia recurrida y decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo al considerar que el acto reclamado no era impugnable en juicio de amparo indirecto.
El amparo en revisión 6/2000, fue interpuesto por Jorge Octavio Ruiz Montenegro, contra la sentencia pronunciada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en el juicio de amparo 667/99, promovido por el recurrente contra la sentencia dictada el diecisiete de junio de mil novecientos noventa y nueve por el Juez Cuarto de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, en el recurso de revocación interpuesto contra el auto de veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y nueve, pronunciado en el juicio ejecutivo mercantil 816/97, promovido por Erick Orlando Pérez Padilla contra el quejoso, en el que se negó decretar la caducidad de la instancia. En tal resolución, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito revocó el fallo recurrido y decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo al no ser la sentencia interlocutoria que confirmó el auto que negó la declaración de la caducidad de la instancia un acto reclamable en juicio de amparo indirecto, reiterando así el criterio que había sustentado en el juicio de amparo en revisión 48/94.
El diverso amparo en revisión civil 521/99, fue interpuesto por Proveedora Agrícola y Automotriz Californiana, Sociedad Anónima de Capital Variable y otro, contra la sentencia dictada por el Juez de Distrito en el Estado de Baja California Sur en el juicio de amparo 768/99-II, promovido contra la sentencia pronunciada el trece de julio de mil novecientos noventa y nueve por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz, en el toca 159/98, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto contra el auto de dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y siete, pronunciado por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 157/87, promovido por Export Import Bank of the United States contra los quejosos, en el que se negó la declaración de caducidad de la instancia en el juicio ejecutivo mercantil referido. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito resolvió el amparo en revisión 521/99, con fecha quince de junio de dos mil, determinando la procedencia del juicio de amparo indirecto contra el acuerdo que negó la declaración de caducidad de la instancia en el juicio ejecutivo mercantil.
Deriva de lo anterior, que partiendo ambos Tribunales Colegiados de Circuito del mis
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17181-997b49c7/caducidad-de-la-instancia-en-juicios-ordinarios-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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