PERITOS. LA FORMALIDAD DE SU COMPARECENCIA PERSONAL A PROTESTAR SU CARGO ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 825, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ES APLICABLE A TODOS LOS PERITOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 58/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Y PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIA: LOURDES FERRER MAC GREGOR POISOT.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 140/93, con fecha veintiocho de abril de mil novecientos noventa y tres, determinó:
"SEXTO.-El anterior concepto de violación es infundado, porque la circunstancia de que no esté prevista expresamente en la Ley Federal del Trabajo ni en la del Seguro Social, la prevención hecha al hoy quejoso por la Junta, en el sentido de que, de no presentarse ante el médico designado por ella, se resolvería el asunto con base en las constancias de autos, no constituye una arbitrariedad sino que al contrario es una medida acorde con los principios de celeridad, inmediatez y seguridad jurídica; pues es inconcuso que aquella medida se encuentra dentro de las facultades de la autoridad laboral y no se opone a ningún precepto legal, porque es obvio que la justicia laboral siempre debe buscar la pronta solución del problema que se le plantea; máxime que el hoy quejoso tuvo conocimiento oportuno de aquella prevención, la que fácilmente pudo evitar asistiendo al examen que debía practicarle tanto el médico que le designó la Junta como el de la institución demandada; lo que nunca hizo a pesar de que fue él quien ofreció esa prueba la que era básica para sus pretensiones; siendo aplicable al caso la jurisprudencia sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 13/91, entre los Tribunales Colegiados Segundo y Quinto en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que textualmente dice: ‘PERICIAL MÉDICA. DEBE OFRECERSE CON TODOS SUS ELEMENTOS A FIN DE EVITAR SU DESERCIÓN.-Si el trabajador ofrece en el juicio laboral la prueba pericial cuyo desahogo implica que se le tenga que someter a examen médico, pero no se presenta a su práctica de modo injustificado pese a tener conocimiento de la diligencia y de ser apercibido, la Junta debe declarar la deserción de la prueba, previo apercibimiento, pues si de acuerdo con el artículo 780 de la Ley Federal del Trabajo, el oferente tiene la carga de allegar todos los elementos necesarios para el desahogo de la prueba, su presentación es insoslayable, máxime que siendo el desahogo en beneficio de su pretensión, su ausencia revela desinterés, sin que sea obstáculo para esta conclusión la facultad que tiene la Junta de emplear medios de apremio, porque ninguno de ellos será apto en contra del trabajador si éste se niega a someterse al examen.’ (Página 15 de la Gaceta número 45 del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a septiembre de mil novecientos noventa y uno).-Luego entonces, fue correcta la decisión de la Junta al hacer efectiva la prevención que se hizo al quejoso y resolver el asunto en la forma en que lo hizo, máxime si se considera que el inconforme, tampoco demostró que antes de ejercer su acción hubiese solicitado la pensión al instituto en términos del artículo 133 de la Ley del Seguro Social y que éste se la hubiere negado.-Respecto a la falta de aceptación del cargo conferido al perito de la hoy quejosa, que fuera designado por la Junta, tampoco tiene razón pues el artículo 825, fracción II de la Ley Federal del Trabajo se refiere a la protesta de los peritos de las partes cuando éstas los designan, mas no a los expertos oficiales que la propia Junta nombra, en los casos en que así procede.-En las relacionadas condiciones, al resultar infundado el único concepto de violación hecho valer, y no advirtiendo este tribunal ninguna deficiencia que deba suplirse en beneficio del quejoso, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita."
El anterior criterio dio lugar a la siguiente tesis:
"PRUEBA PERICIAL. PROTESTA A CARGO DE LOS PERITOS. CASO EN QUE NO ES EXIGIBLE.-En los casos en que el perito de la parte obrera es designado por la Junta y no rinde su protesta; ello es intrascendente, pues el artículo 825, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo se refiere a la que deben rendir los peritos de las partes cuando estos los designan, mas no a los expertos oficiales que la propia Junta nombra en los casos en que así procede."
TERCERO.-Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito al resolver los juicios de amparo directo 424/97, 461/97, 464/97, 365/97 y 462/97 en sesiones de catorce, veintiuno y veintiocho de agosto y cuatro y dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y siete, respectivamente, sostuvo, en la parte conducente de dichos fallos, lo siguiente:
Amparo directo 424/97
"SEXTO.- ... Por otra parte, resultan sustancialmente fundados los motivos de inconformidad en los que el quejoso plantea la tercera violación procesal que hace consistir en el indebido desahogo de la prueba pericial a cargo del perito tercero en discordia.-Previamente, conviene puntualizar los siguientes antecedentes: I. Rosendo Valencia González demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social el otorgamiento de pensiones de invalidez y por riesgo de trabajo. En su demanda indicó que no obstante que padece ‘cortipatía bilateral por trauma acústico crónico, neumoconiosis, lumbalgia crónica degenerativa, presbicia bilateral’, el instituto demandado se ha negado a reconocerle tales incapacidades parciales permanentes y, por ende, otorgarle la pensión correspondiente.-II. El actor ofreció su prueba pericial médica, la cual se desahogó a cargo del doctor Fausto Tlacaltech Sánchez. Dicho profesional emitió su dictamen el 7 de septiembre de 1994 (mismo que ratificó ante la responsable el trece del mismo mes y año), en el que concluyó: ‘Diagnósticos: 1. Cortipatía bilateral por trauma acústico crónico que condiciona una hipoacusia bilateral combinada del 26%. 2. Bronquitis crónica neumoconiósica. 3. Lumbalgia crónica sistematizada secundaria a hernia discal de L4-L5 post-esfuerzo y degenerativa. 4. Presbicia importante bilateral. Pronóstico: Bueno para la vida y malo para la función.-Tratamiento: Control médico especializado.-Consideraciones y conclusiones médico-legales: El C. Rosendo Valencia González es portador de las enfermedades señaladas en párrafo correspondiente a diagnósticos, de los cuales los dos primeros padecimientos son del orden profesional por tener relación de causa-efecto con su ambiente laboral y las que se califican en base a la Ley Federal del Trabajo en vigor con los artículos 473, 475, 476 y 513 fracción 156 para el primer padecimiento y con el título que a la letra dice: «Neumoconiosis y enfermedades broncopulmonares producidas por aspiración de polvos y humos de origen animal, vegetal o mineral», para el segundo diagnóstico, ambas enfermedades le confieren al actor una incapacidad permanente parcial, la que se clasifica con los artículos 477 fracción II y 479 y se valúa con el artículo 514 fracción 351 para el primer diagnóstico, correspondiéndole el 21% (veintiuno por ciento), para el segundo diagnóstico con la fracción 370, correspondiéndole el 20% (veinte por ciento), dándole un total del 41% (cuarenta y uno por ciento) de disminución órganico-funcional total. Los diagnósticos 3 y 4 son del orden de enfermedad general, por lo tanto sin llegar a valuación, pero por las características de los padecimientos es procedente el estado de invalidez en base al artículo 128 de la Ley del Seguro Social.’.-III. Por su parte, el instituto demandado también ofreció su prueba pericial médica, la que desahogó el doctor Ignacio Mora Becerra, quien emitió su dictamen el veinte de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, ratificándolo ante la responsable el trece de septiembre del mismo año. El citado profesional después de realizar los exámenes correspondientes, llegó a la siguiente conclusión: ‘Presenta sistema auditivo normal con actitud de normooyente sin existir interferencia a la comunicación verbal. 2. Presenta sistema broncopulmonar normal. 3. Biomecánica de la columna vertebral lumbar es funcional sin existir déficit neurológico, arcos de movilidad completos corroborado con placas simples de columna lumbosacra de fecha 30 de mayo de 1994, demostrándose únicamente espondiloartrosis lumbar grado uno con cambios degenerativos propios de su edad, por tales causas existe gran potencial físico para desempeñar actividades laborales remunerativas. Consecuentemente no reúne lo estipulado por los artículos 473, 474, 475 y 476 de la Ley Federal del Trabajo y artículo 50 de la Ley del Seguro Social ni lo manifestado en los puntos dos y tres de su escrito inicial de demanda. Asimismo no reúne lo previsto por el artículo 128 de la Ley del Seguro Social en vigor para ser considerado inválido.’.-IV. Tomando en consideración que los referidos peritajes eran contradictorios, se designó como perito tercero en discordia al doctor Miguel Ángel Meneses Luna, dependiente de la Dirección General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El citado perito emitió su dictamen en la Ciudad de México, Distrito Federal, con fecha nueve de octubre de mil novecientos noventa y cinco, el cual fue remitido a la Junta responsable por el director general de la referida dependencia, mediante oficio 32687 de once de octubre del mismo año. En el dictamen de que se trata se concluyó: ‘... El C. Rosendo Valencia González, presenta en la actualidad los siguientes diagnósticos: 1. Cortipatía bilateral por trauma acústico crónico que condiciona una hipoacusia bilateral combinada del 26%. 2. Bronquitis crónica de origen industrial. 3. Lumbalgia crónica degenerativa. 4. Presbicia bilateral. Siendo considerados los dos primeros del orden profesional por tener relación de causa-efecto con su ambiente laboral, los cuales se califican en base a la Ley Federal del Trabajo en vigor con sus artículos 473, 475, 476 y 513 fracción 156 para el primero y con el título «Enfermedades broncopulmonares producidas por aspiración de polvos y humos de origen animal, vegetal o mineral», para el segundo, que le generan una incapacidad parcial permanente en base a los artículos 477 fracción II y 479 de la misma ley, valuándose en base al artículo 514 del mismo ordenamiento legal con su fracción 351 para el primero correspondiéndole el 21% (veintiuno por ciento) y fracción 370 por similitud para el segundo correspondiéndole 20% (veinte por ciento) y que en forma global hacen un total del 41% (cuarenta y uno por ciento) de incapacidad físico funcional total. El tercer y cuarto diagnóstico corresponden a la rama de enfermedad general, por lo tanto sin lugar a valuación y que en la actualidad no le condicionan estado de invalidez de acuerdo a lo estipulado en el artículo 128 de la Ley del Seguro Social ...’.-V. Por auto de siete de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, la Junta responsable tuvo por recibido el dictamen que antecede, con el cual ordenó dar vista a las partes, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera.-VI. En proveído de quince de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, y toda vez que ninguna de las partes formuló alguna manifestación en cuanto al dictamen de que se trata, la Junta dio por perdido ese derecho. En la misma fecha se declaró cerrada la instrucción y se ordenó turnar los autos al auxiliar de la Junta, para la formulación del proyecto de resolución en forma de laudo.-Ahora bien, el artículo 825 fracciones II y IV, de la Ley Federal del Trabajo, establece: ‘En el desahogo de la prueba pericial se observarán las disposiciones siguientes: ... II. Los peritos protestarán de desempeñar su cargo con arreglo a la ley e inmediatamente rendirán su dictamen; a menos que por causa justificada soliciten se señale nueva fecha para rendir su dictamen. ... IV. Las partes y los miembros de la Junta podrán hacer a los peritos las preguntas que juzguen convenientes.’.-De la lectura del precepto antes transcrito, se observa que los peritos al comparecer ante la presencia del órgano jurisdiccional deben, en primer término protestar desempeñar su cargo con arreglo a la ley, enseguida rendir su dictamen y, finalmente contestar el interrogatorio de las partes y miembros de la Junta.-La primera de las obligaciones que la ley impone al perito, esto es, la de formular la protesta de desempeñar su cargo conforme a la ley, denota la necesidad de que el perito comparezca personalmente ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues lo que el legislador pretendió al establecer tal requisito, es revestir la recepción de la prueba de una formalidad especial, para dar mayor certeza jurídica al contenido de los dictámenes, obligando a los peritos a declarar ante la presencia judicial que en la elaboración de aquellos dictámenes se ajustaron estrictamente a los requisitos que al efecto establece la ley. Ahora bien, el requisito en cuestión adquiere una mayor relevancia tratándose de peritajes en los que se determinen incapacidades para los efectos del Seguro Social, pues es de orden público tanto preservar los derechos de los trabajadores en materia de seguridad social como evitar irregularidades por parte de los peritos que examinen a aquéllos sin ceñirse, al elaborar sus dictámenes, a los lineamientos que se establecen tanto en la Ley Federal del Trabajo como en la Ley del Seguro Social y sus reglamentos. Sobre el particular, se invoca el criterio sustentado por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado a fojas 745, Tomo LXXVII, de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘TRABAJO, CAMBIO DE PERITO TERCERO EN DISCORDIA EN EL PROCEDIMIENTO DE.-No implica la revocación del acuerdo en que se nombre un perito tercero en discordia, la designación de otra persona para desempeñar el cargo, si estimando la Junta que el designado primeramente, sin aceptar ese cargo, ni protestar su fiel desempeño, presenta su dictamen, no obstante no haberse desahogado las pruebas, y juzgando oficiosa tal actuación y con objeto de llegar al mejor conocimiento de la verdad y por equidad, nombra con el mismo carácter, a esa otra persona; pues tratándose de un perito tercero, cuyo nombramiento le correspondía hacer, en vista de que la actuación del primer nombrado no podía surtir ningún efecto, es claro que estuvo en libertad para hacer otra designación, y como se dijo, ello no puede implicar la revocación de aquel acuerdo, sino simplemente la actuación de la Junta para perfeccionar la prueba pericial, que se encontraba incompleta, al no producir efectos el dictamen de una persona que no tenía el carácter de perito, pues no basta que una persona sea designada, ya que es requisito indispensable para que se le tenga con dicho carácter, que acepte el cargo y otorgue la protesta de ley.’. Asimismo, por lo que toca al carácter necesario de la protesta de ley, se invocan, por analogía, los criterios sustentados por la otrora Tercera Sala del Máximo Tribunal del país, y por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicados, respectivamente, a fojas 128 y 351, de los Tomos CXII y 205-216, de la Sexta y Séptima Épocas del Semanario Judicial de la Federación, que dicen: ‘PRUEBA PERICIAL. SU DESAHOGO COMO PRUEBA PARA MEJOR PROVEER.-En el desahogo de pruebas que se ordena para mejor proveer, el tribunal debe respetar el principio de igualdad de las partes en el proceso y, si la prueba cuyo desahogo se dispone es la pericial, ya que ésta es siempre colegiada, cada parte debe nombrar un perito y el tribunal, en su caso, el perito tercero en discordia. Todos ellos, deben cumplir las formalidades de aceptación y protesta del cargo, lo que los vincula a ser leales en su auxilio al juzgador. Por el contrario, la designación por el tribunal de un solo perito sin aceptación ni protesta del cargo, y sin nombramiento por las partes, del perito que a ellas corresponde, trae como consecuencia que el informe que éste rinda, no constituya una prueba para mejor proveer que salvaguarde la igualdad de las partes.’ y ‘PERITOS. FALTA DE PROTESTA AL ACEPTAR EL CARGO.-La protesta de cumplir fielmente con el cargo que exige a los peritos el artículo 353 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, tiene sin duda alguna como finalidad, el de que, para el caso de que no se conduzcan con verdad al emitir su dictamen, se les puede fincar responsabilidad, de ahí que la falta de dicha formalidad implica que el discernimiento del cargo no sea correcto, y que la opinión así emitida, sea imperfecta.’.-Asimismo, el precepto transcrito concede a las partes y a los miembros de la Junta, el derecho de interrogar a los peritos que rindan sus dictámenes en el juicio laboral. Tal derecho en favor de las partes tiene como finalidad el que aquéllas puedan desvirtuar lo asentado en los dictámenes (ya sea el que emita el perito de su contraparte o el del tercero en discordia), cuando el mismo sea contrario a sus intereses; por otra parte, ese derecho en favor de los miembros de la Junta, tiene como fin el que pueda dilucidarse alguna duda que pudiera ayudar a resolver debidamente la controversia planteada; de tal manera que de negarse ese derecho, implicaría atentar contra una verdadera impartición de la justicia en el campo laboral, puesto que, en determinado momento, las partes quedarían en estado de indefensión y sujetas irremediablemente al resultado del dictamen ya sea del perito de su contraria o bien del tercero en discordia, al estar imposibilitados para controvertir ese o esos dictámenes a través de las preguntas respectivas, asimismo al negarse ese derecho a la Junta, ésta quedaría sin la posibilidad de formular pregunta alguna al perito que correspondiera, aunque a su juicio fuese necesario ese interrogatorio para esclarecer los hechos materia del conflicto planteado, lo cual no es posible en un Estado de derecho.-Por otra parte, de las constancias de autos se advierte que el perito tercero en discordia rindió su dictamen en la Ciudad de México, Distrito Federal, el cual fue remitido a la Junta responsable, por conducto del director general de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Asimismo, de las propias constancias aparece que la Junta, se limitó a tener por recibido el dictamen de que se trata y a dar vista con el mismo a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera.-Ahora bien, de una correcta interpretación de los artículos 824, 825 y 826 de la Ley Federal del Trabajo, se llega al conocimiento de que es un requisito sine qua non, el que los peritos comparezcan a la audiencia, a efecto de que las partes y los miembros de la Junta puedan hacerles las preguntas que juzguen convenientes. Así, el artículo 824 dice: ‘La Junta nombrará los peritos que correspondan al trabajador, en cualquiera de los siguientes casos: ... II. Si designándolo no compareciera a la audiencia respectiva a rendir su dictamen ...’; el artículo 825 dice: ‘En el desahogo de la prueba pericial se observarán las disposiciones siguientes: I. Cada parte presentará personalmente a su perito el día de la audiencia ...’.-Es verdad que las disposiciones antes transcritas se refieren a los peritos nombrados por las partes, sin embargo, la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que más adelante se transcribe y que es obligatoria para este tribunal, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, sostuvo el criterio de que la regla establecida en dichos preceptos legales (relativa a los interrogatorios a los peritos de las partes que tienen derecho a formular en la audiencia aquéllos y los miembros de la Junta), debe aplicarse también al perito tercero en discordia.-Por otra parte, no podría aducirse que la Junta dio cumplimiento a la citada disposición, por el hecho de haber dado vista a las partes con el dictamen rendido por el perito tercero en discordia, pues esto último no constituye un trámite que contemple la Ley Federal del Trabajo, además de los referidos artículos se desprende con claridad que para la recepción de los dictámenes periciales debe señalarse día y hora para una audiencia, en la que tanto las partes como los miembros de la Junta están en aptitud de interrogar a los peritos designados. La jurisprudencia de la otrora Cuarta Sala del más Alto Tribunal del país, antes referida, es la número 11/90, publicada a fojas 43, Gaceta 34, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO LABORAL. LAS PARTES DEBEN TENER OPORTUNIDAD DE INTERROGAR AL PERITO TERCERO EN DISCORDIA.-La regla contenida en el artículo 825, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo que consagra el derecho de interrogar a los peritos cuando rindan su dictamen, en relación con el artículo 781 del propio ordenamiento, que garantiza a las partes su intervención para que aporten todos los elementos necesarios para el descubrimiento de la verdad y el pronunciamiento de un fallo fundado y motivado, así como el derecho de interrogar a quienes intervengan en el desahogo de las pruebas, permite considerar que las partes tienen el derecho de interrogar al perito tercero, pues a través de las preguntas que se le hagan, la Junta estará en aptitud de determinar el grado de razón, experiencia o información que sirve de sustento a su dictamen y de apreciar las pruebas en su valor real para resolver como tribunales de conciencia. El derecho de interrogar a los peritos, sean o no nombrados por las partes constituye así una formalidad del procedimiento de especial relevancia tratándose del tercero en discordia, por cuanto su opinión puede resultar determinante en la decisión del asunto.’. Asimismo, este cuerpo colegiado comparte el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicado a fojas 602, Tomo III, Segunda Parte-2, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación que dice: ‘PRUEBA PERICIAL EN MATERIA DE TRABAJO. DEBE RECIBIRSE EN LA AUDIENCIA RESPECTIVA.-Es ilegal el acuerdo que tiende a tener por desahogada la prueba pericial con la sola recepción del dictamen rendido por el perito, ordenando dar vista a las partes, pues además de que esto último no constituye un trámite que contemple la Ley Federal del Trabajo, del artículo 825 de la propia ley se desprende con claridad que para la recepción de los dictámenes periciales debe señalarse la fecha para una audiencia, en la que tanto las partes como los miembros de la Junta estarán en aptitud de interrogar a los peritos designados.’.-Dados los efectos para los que se concederá el amparo al quejoso, este tribunal estima conveniente formular las consideraciones siguientes: según se dijo antes, de acuerdo con el sistema establecido por el artículo 825 de la Ley Federal del Trabajo, los peritos deben, en primer término, formular en la audiencia, la protesta de ley; una vez satisfecho este requisito, deberán inmediatamente rendir su dictamen y en el caso de que, por la naturaleza de éste, no fuere posible hacerlo en la misma audiencia, deberán solicitar se señale nueva fecha para tal efecto, finalmente, una vez rendidos los dictámenes de los peritos, debe darse oportunidad a las partes para que los interroguen, pudiéndolo hacer también los miembros de la Junta. En el caso a estudio, de acuerdo con lo expuesto en los párrafos anteriores, se observa que el perito Miguel Ángel Meneses Luna, omitió formular la protesta de ley, además de que tanto las partes como los miembros de la Junta no tuvieron oportunidad de interrogar a dicho perito tercero en discordia. Consecuentemente, como el dictamen del citado profesionista ya obra en autos, lo que debe hacer la responsable al complementar la presente ejecutoria, será citar al mismo para que formule la protesta de ley, y ratifique el dictamen ya rendido. Ahora bien, en caso de que el perito tercero en discordia no ratificara su dictamen, o bien dicho perito no se presentara, la Junta debe nombrar un nuevo perito tercero en discordia.-Finalmente la necesidad de la designación de un nuevo perito tercero en discordia en el supuesto de que el ya nombrado no se presentara ante la Junta, se fundamenta en lo siguiente. El profesional designado como perito tercero en discordia, doctor Miguel Ángel Meneses Luna, tiene su domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal. Ahora bien, de la reglamentación que con relación al desahogo de la prueba pericial, se establece en la ley laboral, se desprende que el nombramiento del perito tercero en discordia debe recaer preferentemente en un profesional que resida en el lugar del juicio (siempre y cuando dentro de la jurisdicción de la Junta existan dependencias médicas oficiales que puedan proporcionar a un profesionista de la especialidad relativa para que funja con tal carácter). En efecto, aunque la ley expresamente no establece tal requisito, es obvio que si el perito tercero debe concurrir a la audiencia ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del lugar del juicio, no puede imponérsele al mismo, ni mucho menos al trabajador, la carga de cubrir los viáticos correspondientes. Por este motivo, este órgano jurisdiccional estima que en el caso a estudio, la Junta responsable, al complementar la presente ejecutoria debe proceder de la manera siguiente: señalar día y hora para la audiencia a la que debe citar al perito tercero en discordia a efecto de que se dé cumplimiento a los requisitos antes mencionados; en la inteligencia de que si no fuera posible lograr la comparecencia del doctor Miguel Ángel Meneses Luna o bien que éste no ratificara el dictamen que ya obra en autos, la Junta deberá designar un nuevo perito tercero en discordia que preferiblemente tenga su domicilio en esta capital, para que, previa protesta de ley, en su oportunidad, emita su dictamen y pueda ser interrogado tanto por los miembros de la Junta, como por las partes.-Atento a lo anterior, procede conceder al Instituto Mexicano del Seguro Social, el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y ordene reponer el procedimiento exclusivamente para los siguientes efectos: a) señale fecha para una audiencia en la que cite a las partes y al perito tercero en discordia a efecto de que éste proteste el cargo, ratifique su dictamen y, en su caso, conteste los interrogatorios que le formulen las partes y los miembros de la Junta; b) en caso de que el perito no ratificara su dictamen o no compareciera, designe un nuevo perito tercero en discordia, preferentemente domiciliado en esta localidad y reciba su dictamen ajustándose estrictamente a las disposiciones contenidas en la ley laboral, según lo precisado en esta ejecutoria; y c) una vez cumplimentado lo anterior, dicte con plenitud de jurisdicción un nuevo laudo.-Por consiguiente, al haber resultado fundado el concepto de violación analizado, es innecesario pronunciarse respecto de los restantes motivos de inconformidad, en los que se plantean violaciones formales y de fondo, así como la inconstitucionalidad del artículo 58 de la Ley del Seguro Social. Lo anterior de conformidad con el criterio sustentado por la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 168, publicada a foja 113, Tomo VI, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’."
Amparo directo 461/97
"QUINTO.- ... Por otra parte, resultan sustancialmente fundados los motivos de inconformidad en los que el quejoso plantea la tercera violación procesal, que hace consistir en el indebido desahogo de la prueba pericial a cargo del perito tercero en discordia.-Previamente, conviene puntualizar los siguientes antecedentes: I. Vicente Enríquez García, demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social el otorgamiento de pensiones de invalidez y riesgo de trabajo. En su demanda indicó que no obstante que padece ‘hipoacusia bilateral por trauma acústico crónico, bronco-crónica industrial, lumbalgia crónica secundaria a hernia discal L4-L5, L5-81 con radiculopatía izquierda’, el instituto demandado se ha negado a reconocerle tales incapacidades parciales permanentes y, por ende, a otorgarle la pensión correspondiente.-II. El actor ofreció su prueba pericial médica, la cual se desahogó a cargo del doctor Ignacio Cuéllar Delgado. Dicho profesional emitió su dictamen el diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y cinco (mismo que ratificó ante la responsable en la misma fecha), en el que concluyó: ‘Consideraciones y conclusiones médico-legales: El C. Vicente Enríquez García, es portador de las enfermedades señaladas en párrafo correspondiente a diagnósticos, los cuales los dos primeros son de orden de enfermedad profesional por tener relación de causa-efecto con el ambiente laboral, y las que se califican en base a la Ley Federal del Trabajo en vigor con los artículos 473, 475, 476 y 513 fracción 156 para el primer diagnóstico. Y con el título que a la letra dice: «Neumoconiosis y enfermedades bronco pulmonares producidas por aspiración de polvos y humos de origen animal, vegetal o mineral», para el segundo diagnóstico; ambas enfermedades le confieren a la parte actora una incapacidad permanente parcial, la que se clasifica con los artículos 477 fracción II y 479 y se valúa con el artículo 514 fracción 351 para el primer diagnóstico, correspondiéndole el 30% (treinta por ciento), para el segundo diagnóstico con la fracción 370 correspondiéndole el 25% (veinticinco por ciento), dándoles un total del 55% (cincuenta y cinco por ciento) de disminución órgano-funcional total.-El diagnóstico tres es del orden de enfermedad general por lo tanto sin llegar a valuación, pero dada la severidad del padecimiento es procedente el estado de invalidez en base al
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5725-27e8962e/peritos-la-formalidad-de-su-comparecencia-personal-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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