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Modo: Corpus Pro

ARRESTO COMO MEDIO DE APREMIO. A LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA NO LE SON APLICABLES ANALÓGICAMENTE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DEL QUEJOSO PREVISTAS POR LOS ARTÍCULOS 130 Y 136 DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 38/97. · Registro digital (IUS): 6754
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y TERCERO DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Noviembre de 2000, , Pág. 396.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 38/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y TERCERO DEL SEXTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRON.

SECRETARIA: MARÍA ESTELA FERRER MAC GREGOR POISOT.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. El Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al fallar el recurso de revisión 92/92, relativo al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 1851/91, el cinco de marzo de mil novecientos noventa y dos, en lo que interesa a la presente denuncia de contradicción, sostuvo:

"Los recurrentes argumentan que el Juez Federal no se ajustó a derecho al fijarles la obligación de otorgar una garantía por dos millones de pesos, para cada uno de ellos, con el fin de que surta efectos la suspensión definitiva, en relación con la orden de arresto reclamada, pues insisten, que el juzgador no advierte que también reclamaron una falta de emplazamiento, lo que les causó violaciones graves dentro del proceso natural; y porque además, en términos de los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, no se causa perjuicio económico alguno al tercero perjudicado, con la concesión de la medida cautelar. Lo anteriormente expuesto resulta infundado por los siguientes motivos: El hecho de que los solicitantes del amparo, también hubiesen impugnado la falta de emplazamiento al juicio dentro del cual se dictó la orden de arresto que también se reclamó, de ninguna manera puede influir en el monto de la garantía que el Juez Federal tenga a bien fijar, para que surta efectos la suspensión definitiva. Esto es así, ya que no por el hecho de impugnar la falta de emplazamiento, deba tenerse por cierto que así fue; además de que este punto no es materia de análisis dentro del incidente de suspensión, ya que la legalidad o la ilegalidad del emplazamiento impugnado, exclusivamente puede determinarse al momento de emitirse la sentencia definitiva en el juicio constitucional. Por otro lado, si bien es cierto que de la lectura de los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, se infiere que cuando no se pueda causar daño o perjuicio al tercero perjudicado, es posible otorgar la medida cautelar definitiva, sin exigir el otorgamiento de una garantía, y que en el presente caso, bien pudiera pensarse que la suspensión de la orden de arresto reclamada por los quejosos, en nada perjudicaría al tercero perjudicado, también lo es, que el artículo 136, párrafo 2o. y 3o., de la Ley de Amparo, establecen: ‘Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas, o por la Policía Judicial, como responsable de algún delito, la suspensión se concederá, si procediere, sin perjuicio de que se haga la consignación que corresponda. Si se concediere la suspensión en los casos de órdenes de aprehensión, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias para el aseguramiento del quejoso, a efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable si no se le concediere el amparo. Si la orden de aprehensión se refiere a delitos sancionados con pena cuyo término aritmético sea mayor de cinco años de prisión, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito en el lugar que éste señale, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para los efectos de la continuación del procedimiento penal. Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso por orden de autoridades administrativas, podrá ser puesto en libertad provisional, mediante las medidas de aseguramiento y para los efectos que expresa el párrafo anterior.’. En primer lugar cabe mencionar, que si bien es cierto que el precepto transcrito no hace referencia en forma destacada a las órdenes de arresto, sino a órdenes de aprehensión, también lo es, que el contenido de esa disposición debe aplicarse en forma analógica en tratándose de órdenes de arresto, pues es obvio que con éstas, al igual que con una orden de aprehensión, se afecta la libertad personal del interesado y, por ello, si se resuelve conceder la suspensión definitiva, resulta necesario que se dicten las medidas respectivas que permitan el aseguramiento del quejoso. Así las cosas, es claro que el Juez de Distrito al decidir sobre una medida cautelar relacionada con una orden de arresto, tiene la obligación de dictar las medidas que estime pertinentes para el aseguramiento del quejoso, a efecto de que pueda ser devuelto a la responsable si se le niega el amparo. Es evidente que una de esas medidas a que se refiere el artículo 136 de la Ley de Amparo, es el otorgamiento de una fianza, para que así se pueda tener la seguridad de que el peticionario de garantías no únicamente utilizó al juicio de amparo como una simple medida para obtener su libertad inmediata. Es por ello, que resultó correcto que el a quo hubiese fijado a cada uno de los quejosos una garantía de dos millones doscientos mil pesos, pues como ya se dijo, ésta es una medida de aseguramiento a que se refiere el artículo 136 de la Ley de Amparo. En estas condiciones, lo que procede es confirmar la sentencia sujeta a revisión."

El criterio transcrito dio lugar a la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, página 340, que señala:

"ARRESTO, MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN. Aun cuando de los párrafos segundo y tercero del artículo 136 de la Ley de Amparo no se hace referencia en forma destacada a las órdenes de arresto, sino a órdenes de aprehensión, debe entenderse que el contenido de esa disposición es aplicable en forma analógica tratándose de órdenes de arresto, pues es obvio que con éstas, al igual que con una orden de aprehensión, se afecta la libertad personal del interesado y por ello, si se resuelve conceder la suspensión definitiva, resulta necesario que se dicten las medidas respectivas que permitan el aseguramiento del quejoso, como lo es el otorgamiento de una fianza, a fin de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable si se le niega el amparo."

TERCERO. Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y seis el recurso de revisión 1804/96, relativo al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 495/96, textualmente sostuvo:

"CUARTO. Previamente al estudio de los motivos de inconformidad, se estima pertinente destacar que en la interlocutoria recurrida se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, sujeta a que el quejoso otorgara garantía de seiscientos pesos, dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de dicha interlocutoria. En el presente recurso, el peticionario de garantías se inconformó solamente con relación a la fijación de la garantía, como requisito de efectividad de la medida cautelar que le fue otorgada. El promovente de la revisión aduce la premisa fundamental de que el artículo 125 de la Ley de Amparo, en que el Juez de Distrito fundó la determinación de fijar el citado requisito de efectividad no es aplicable al caso concreto, toda vez que, en concepto de dicho recurrente los actos reclamados afectan solamente su libertad personal y, por tanto, la suspensión de sus efectos no puede causar daños y perjuicios a terceros. Los razonamientos formulados al respecto son sustancialmente fundados y suficientes para modificar la interlocutoria en la parte impugnada. El artículo 125 de la Ley de Amparo establece: ‘En los casos en que es procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicado, que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía.’. De la transcripción precedente, se advierte que para la concesión de la suspensión de la ejecución de los actos reclamados, condicionada al cumplimiento de algún requisito de efectividad, como por ejemplo, el otorgamiento de alguna garantía, a través de cualquiera de los medios previstos en la ley, se requiere de: a) La existencia de un tercero perjudicado en el juicio de amparo; y b) La posibilidad de que con esa medida se le causen daños y perjuicios a dicho tercero. Es claro que la finalidad del otorgamiento de dicha garantía, consiste en asegurar la reparación de los daños y la indemnización de los perjuicios, que la concesión de la medida pudiera ocasionar al referido tercero. En la especie, no se surten en su integridad los elementos precisados con antelación, pues los actos reclamados se hicieron consistir en la imposición de arresto, como medida de apremio, y en su ejecución. Atenta la naturaleza de los actos reclamados no existe parte tercera perjudicada, pues el acto reclamado sólo afecta la libertad. Es verdad que en el presente caso, el Juez Federal tuvo como tercera perjudicada a Arrendadora GBM-Atlántico, S.A. de C.V., y Organización Auxiliar de Crédito, integrante del Grupo Financiero GBM-Atlántico, según se advierte en el auto de inicio de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y seis (foja uno del incidente). No es el momento de examinar la validez de este punto de vista, sino que sólo cabe atenerse a esa situación real; pero aun así, el otro elemento señalado no se surte, pues no se ve de qué manera la suspensión de la ejecución de la orden de arresto pueda causar de modo directo e inmediato daños y perjuicios a quien se tuvo como tercera perjudicada para conceder la suspensión de la ejecución de los actos reclamados, condicionada al cumplimiento de algún requisito de efectividad, como el otorgamiento de una garantía, ya que para ello es menester que exista la posibilidad de que la concesión de la suspensión pueda ocasionar daños y perjuicios al tercero perjudicado, pues se debe tener en cuenta que la finalidad del otorgamiento de la garantía es la de indemnizar a dicha parte de los posibles daños y perjuicios que pudiera resentir con la concesión de la medida. Entonces, si en el caso concreto se tuvo a Arrendadora GBM-Atlántico, S.A. de C.V., y Organización Auxiliar de Crédito, integrante del Grupo Financiero GBM-Atlántico, pero la concesión de la suspensión de la ejecución de los actos reclamados no causa a dicha parte daños y perjuicios, es incuestionable que el artículo 125 de la Ley de Amparo no cabe servir de base legal, para requerir al quejoso otorgue la garantía señalada, a efecto de que pueda gozar de la medida cautelar que le fue otorgada. No constituye obstáculo para lo anterior, el párrafo segundo del propio precepto jurídico, porque en éste se supone la posibilidad de daños y perjuicios para el tercero perjudicado, pero si como antes se dijo, esos daños y perjuicios no pueden causarse, a nada conduciría exigir al quejoso el otorgamiento de garantía. Contra lo anterior, se podría argumentar que, como el acto reclamado afecta la libertad personal del quejoso, se debe conceder la suspensión de la ejecución de los actos reclamados, con aplicación, por analogía, de las reglas previstas en los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo, para los casos de afectación a la libertad por determinaciones judiciales relacionadas con procesos penales. Estos razonamientos serían infundados, porque se sustentan en una premisa falsa, consistente en que existe analogía entre la privación de la libertad, ocasionada por el arresto decretado como medida de apremio, para vencer la resistencia al cumplimiento de una determinación judicial y la privación de la libertad, sobre la base de la integración de una averiguación previa penal, por la posible responsabilidad del detenido en la comisión de un delito, o bien, con base en una orden de aprehensión, ya que no existe tal analogía y, por ende, la suspensión de la ejecución de dichos actos no se puede conceder sobre las mismas reglas, por las siguientes consideraciones. Respecto al principio de la analogía, Francisco Ferrara, en su libro titulado ‘Tratado de Derecho Civil Italiano’, volumen I, páginas doscientos veinticuatro a doscientos treinta y dos, señala: ‘La analogía constituye la aplicación de un principio jurídico que la ley pone ante un cierto acontecimiento, a otro caso no reglamentado pero similar jurídicamente al primero. Enfrentado con los casos en los que no ha pensado el legislador, el intérprete trata de reglamentarlos en el sentido según el cual los habría decidido el legislador, si los hubiera considerado. Y puesto que buscando en el sistema se podrían hallar casos análogos ya reglamentados, se extrae, por un proceso de abstracción, el reglamento jurídico que vale para ellos, ampliándolo hasta incluir aquellos casos no previstos que presentan, sin embargo, la misma esencia jurídica. El procedimiento por analogía se apoya sobre el concepto de que los hechos de igual naturaleza deben tener igual reglamentación, y si uno de esos hechos encuentra ya dentro del sistema su propia disciplina, ésta constituye el tipo del cual deducir la disciplina jurídica general que debe gobernar los casos afines ... Por tanto, la analogía es una aplicación correspondiente de un principio o complejo de principios a casos jurídicamente semejantes. La base de la analogía puede ser o bien una disposición individual (analogia legis) o un complejo de principios jurídicos, su síntesis, el espíritu de todo el sistema (analogia iuris). La primera forma es más fácil. Se decide un caso no reglamentado, según una norma que procede a un caso afín ya decidido: ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio. Se tiene una aplicación por semejanza. Por el contrario, a veces no se puede hallar la disposición de un caso afín y es necesario reconstruir la norma, de la combinación de más casos reglamentados que muestran ser la aplicación de un principio general no expresado. O se trata en fin de darle forma jurídica a toda una institución, para la cual la elaboración de la disciplina se ha de construir según los principios de todo el sistema ... Para poder recurrir a la analogía es necesario: 1o. Que falte una precisa disposición de la ley, para el caso decir (sic) que por este motivo no esté ya reglamentado por una norma de derecho, y esto no sólo según la letra, sino también según el sentido lógico de la misma ... 2o. Que exista una igualdad jurídica en su esencia, entre el caso por reglamentar y el caso reglamentado.’. El arresto impuesto por un órgano jurisdiccional en un proceso civil como medida de apremio, constituye un acto judicial, por medio del cual, el Juez constriñe u obliga a alguna de las partes, por lo general, para que ejecute algo o se abstenga de hacerlo; los medios de apremio o medidas de apremio, por definición se refieren a mandamientos dictados durante el juicio. La aplicación de los medios de apremio, doctrinalmente, se considera que está sujeta a las siguientes condiciones: 1. La existencia de una determinación fundada en derecho, que deba ser cumplida por alguna de las partes, por lo general, o por alguna de las personas involucradas en el juicio; 2. Que la determinación haya sido real y efectivamente notificada al obligado, con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta; 3. Que conste o se desprenda de autos la oposición o negativa injustificada del obligado a obedecer el mandamiento judicial, es decir, que el incumplimiento sea realmente un acto u omisión; 4. A una razón grave, a juicio del juzgador, para decretar la imposición de la medida de apremio. De lo anterior, válidamente se puede inferir, que la finalidad de las medidas de apremio, consiste en vencer la resistencia opuesta por una de las partes en juicio, a la obediencia, ya en sentido positivo, ya en negativo, de una determinación judicial, dictada en el procedimiento jurisdiccional. En cambio, la privación de la libertad personal derivada de un procedimiento penal o de una averiguación previa penal tiene una finalidad distinta a la derivada de la ejecución de un arresto impuesto como medida de apremio, en procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil, precisamente porque en los procesos están involucrados intereses de distinta naturaleza y, por ende, tienen trascendencia jurídica distinta también, según se demostrará a continuación. Conforme al segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que se pueda librar una orden de aprehensión se deben satisfacer los siguientes requisitos: a) Que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito; b) Que ese delito sea sancionado cuando menos con pena privativa de libertad; c) Que existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado. Asimismo, de acuerdo con el párrafo cuarto del propio dispositivo constitucional, sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motivaron su proceder. Como se puede ver, ambos casos de privación de libertad tienen en común la realización de una conducta que la ley tipifica y sanciona, por estimarla un delito, en cuya comisión se estima responsable al indiciado, por lo cual se sigue en contra de éste un procedimiento, precisamente para determinar dicha responsabilidad. En estos casos, se promueve amparo contra dichas órdenes de privación de libertad, y se solicita la suspensión de los actos reclamados. A efecto de proveer respecto de la medida cautelar, se deberá tener en cuenta que la suspensión de los actos que restringen la libertad del agraviado tienen características especiales, pues se deben sopesar los intereses en conflicto: por una parte los del indiciado que pretende no ser privado de la libertad, y por otra, el de la sociedad que exige que quien ha cometido un delito sancionado con una penalidad que no le permite seguir disfrutando de la libertad, sea segregado de su seno e internado en el establecimiento de readaptación. Por ello, al enfrentarse ambos intereses, el individual se subordina al público, y para que puedan coexistir ambos intereses se declara procedente la suspensión contra todo acto restrictivo de la libertad, pero se concede para el efecto delimitado de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito, en cuanto a su libertad, para que éste tenga la disposición de la persona del primero. De ahí que en el artículo 136, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se establezca como regla general, que si el acto reclamado afecta la libertad personal, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito únicamente en cuanto a ella se refiera, quedando a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, cuando el acto emane de un procedimiento penal, por lo que hace a la continuación de éste. Enseguida en el propio precepto jurídico, en los párrafos segundo, tercero y cuarto se dispuso: ‘Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público como probable responsable de algún delito, la suspensión se concederá, si procediere, sin perjuicio de que sin dilación sea puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste determine su libertad o su retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo séptimo del artículo 16 constitucional lo permite, o su consignación. De consistir el acto reclamado en detención del quejoso efectuado por el Ministerio Público, la suspensión se concederá y desde luego se pondrá en inmediata libertad, si del informe previo que rinda la autoridad responsable no se acreditan con las constancias de la averiguación previa la flagrancia o la urgencia, o bien si dicho informe no se rinde en el término de veinticuatro horas. De existir flagrancia o urgencia se prevendrá al Ministerio Público para que el quejoso, sea puesto en libertad o se le consigne dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis horas según sea el caso, a partir de su detención. Si se concediere la suspensión en los casos de órdenes de aprehensión, detención o retención, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias para el aseguramiento del quejoso, a efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de no concedérsele el amparo.’. Lo expuesto pone de manifiesto que en los casos de afectación a la libertad personal por órdenes de aprehensión, de detención o de retención, de proceder la suspensión, el Juez de Distrito debe dictar las medidas que estime necesarias para el aseguramiento del quejoso, para que lo pueda devolver a la autoridad responsable, en caso de no concedérsele el amparo, precisamente porque la afectación de la libertad personal tiene como presupuesto común, la posible responsabilidad del peticionario de garantías en la comisión de algún delito, por el que se le integra una averiguación previa penal, o bien, se le sigue un proceso penal, precisamente para determinar su responsabilidad en los hechos que se le imputan, y por los cuales el Ministerio Público ejerció o ejercerá, en su caso, acción penal en su contra. Así pues, la fijación de medidas de aseguramiento que el Juez de Distrito debe fijar al quejoso cuando le conceda la suspensión de los actos reclamados, tratándose de las hipótesis previstas en los tres primeros párrafos del artículo 136 de la Ley de Amparo, tienen como fin asegurar hasta donde sea posible la devolución del peticionario de garantías a las autoridades responsables que lo reclaman, Ministerio Público, o bien, el órgano jurisdiccional penal, que esté integrando una averiguación previa penal, o le siga un proceso de tal naturaleza, respectivamente, para que el indiciado responda ante dichas autoridades de los hechos ilícitos que se atribuyeron al impetrante, por estimar a éste posible responsable en la comisión de un delito. En cambio, tratándose del juicio de amparo cuyo acto reclamado lo constituye una orden de arresto decretada en contra del quejoso, como medida de apremio, dentro de un procedimiento civil, la suspensión debe otorgarse sin fijar medida de aseguramiento alguna, precisamente porque en este supuesto no se tiene necesidad de devolver al quejoso a la autoridad responsable, la que decretó el arresto, puesto que ésta no atribuyó al impetrante responsabilidad alguna en la comisión de algún delito, simplemente porque éste no existe. Con el arresto como medida de apremio se persigue únicamente vencer la resistencia, que alguna de las partes en el procedimiento judicial en que se decretó la medida de apremio, opuso a una determinación judicial; pero en modo alguno se trata de algún delito y, por ende, no se sigue al quejoso proceso penal alguno. De ahí que no haya por qué conceder la suspensión del acto reclamado, con señalamiento de medidas de aseguramiento del quejoso, atento que no existe necesidad de ser devuelto a la autoridad responsable, la que decretó el arresto reclamado, como sí acontece en los casos de privación de la libertad por órdenes de aprehensión, de detención o retención a que se refiere el artículo 136 de la Ley de Amparo, según quedó demostrado en líneas precedentes de esta ejecutoria. Entonces, si los motivos por los cuales se fijan medidas de aseguramiento del quejoso, en la concesión de la suspensión de los actos reclamados, en los casos en que la afectación de la libertad personal del impetrante provenga de mandamiento de autoridad judicial del orden civil, consistente en la imposición de un arresto como medida de apremio a una de las partes del procedimiento civil en que se decretó, por haber opuesto resistencia al cumplimiento de una determinación judicial, es incuestionable que en este último supuesto no se pueden aplicar legalmente, por analogía, las reglas que rigen al primero de los supuestos en cita, pues el procedimiento de aplicación de la ley por analogía se apoya sobre el concepto de que los hechos de igual naturaleza deben tener igual reglamentación, en términos de lo asentado en párrafos que anteceden en esta ejecutoria. Los casos fácticos de que se ha venido hablando no tienen la misma naturaleza, según se demostró en líneas precedentes; de ahí que dichos supuestos no se pueden regir por las mismas reglas, ni aun por analogía. Debe destacarse también, que los supuestos de afectación a la libertad de que se viene hablando se distinguen entre sí, por la duración de las sanciones que ameritan cada una de las conductas precitadas; pues mientras la resistencia del particular al cumplimiento de una determinación judicial de carácter civil o mercantil, es sancionada con un arresto máximo de treinta y seis horas, según disposición constitucional, la orden de aprehensión, detención o retención tienen como sustento conductas que la ley penal tipifica y sanciona con penas privativas de la libertad de tres días hasta varios años, de lo que resulta que la brevedad de la medida de apremio impone la necesidad de que se otorgue la suspensión de la ejecución de dicha orden de arresto de inmediato y sin requisito de efectividad alguno, ya que de lo contrario, mientras se cumplieran tales requisitos se consumarían irreparablemente los efectos del acto reclamado, haciendo nugatorios los fines de la suspensión. Por otra parte, como el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito tiene publicada en la página 340 del tomo X de julio de mil novecientos noventa y dos del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, la tesis que dice: ‘ARRESTO, MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN. Aun cuando de los párrafos segundo y tercero del artículo 136 de la Ley de Amparo no se hace referencia en forma destacada a las órdenes de arresto, sino a órdenes de aprehensión, debe entenderse que el contenido de esa disposición es aplicable en forma analógica tratándose de órdenes de arresto, pues es obvio que con éstas, al igual que con una orden de aprehensión, se afecta la libertad personal del interesado y por ello, si se resuelve conceder la suspensión definitiva, resulta necesario que se dicten las medidas respectivas que permitan el aseguramiento del quejoso, como lo es el otorgamiento de una fianza, a fin de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable si se le niega el amparo.’. Del texto de esta tesis resultan los siguientes sustentos: a) En la suspensión concedida en un juicio de amparo, en que el acto reclamado es una orden de arresto, decretada como medida de apremio, debe aplicarse analógicamente el artículo 136 de la Ley de Amparo, que se refiere a las órdenes de aprehensión, porque en aquélla se afecta la libertad personal, al igual que en ésta; b) En consecuencia, si se concede la suspensión definitiva, deben tomarse las medidas que permitan el aseguramiento del quejoso, como puede ser la fijación de una fianza, para que pueda ser devuelto a la autoridad responsable, en caso de que se le niegue el amparo. Este Tribunal Colegiado no comparte tales sustentos: La concesión de la suspensión en el amparo promovido contra una orden de arresto, impuesta como medida de apremio a una de las partes en un procedimiento civil, no se debe condicionar a que el quejoso cumpla alguna medida de aseguramiento, como podría ser el otorgamiento de una garantía, a través de cualquiera de los medios establecidos por la ley, ya que este Tribunal Colegiado estima que no son aplicables por analogía las reglas establecidas por los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo, para las hipótesis en que se concede la medida cautelar, contra actos afectatorios de la libertad personal del quejoso, provenientes de un mandamiento de autoridad judicial del orden penal o del Ministerio Público (órdenes de aprehensión, de detención o retención), toda vez que no se dan los mismos supuestos, pues mientras en las hipótesis de los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo, la fijación de la fianza tiene como propósito la devolución del inconforme a las autoridades responsables que lo reclaman con motivo de una averiguación previa o un proceso penal, para que responda de los hechos que se le imputan, en caso de no concedérsele el amparo, en la orden de arresto como medida de apremio, por desobediencia a una determinación judicial del orden civil, no se dan esos supuestos, ya que tal orden se dicta con el objeto fundamental de tratar de vencer la resistencia del gobernado, y no porque se haya cometido alguna conducta tipificada como delito por la ley penal, y aun cuando es cierto que se pueden llegar a integrar los elementos constitutivos del tipo penal respectivo, en el supuesto de mérito, aún no sucede tal cosa, ya que el Juez responsable no sigue en contra del peticionario proceso criminal alguno, ni se está integrando ninguna averiguación previa penal, razones por las que tampoco el Juez de amparo está obligado a devolver al quejoso a la autoridad responsable, aun cuando la medida de apremio afecte su libertad personal. Además, la circunstancia de que con la orden de arresto se afecte el mismo valor que con la orden de aprehensión, no autoriza a presumir que debe condicionarse la medida al otorgamiento de garantía, pues no es lógico pensar que el representante legal de una persona jurídica, o incluso una persona física, pudieran abandonar su domicilio, empresa, trabajo y familia, con menoscabo de su imagen social, crédito, fortuna y bienestar, por todo el tiempo que estuviera prófugo, a fin de evitar un mal mucho menor, como

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6754-afad9763/arresto-como-medio-de-apremio-a-la-suspension · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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