ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, TIENE EL CARÁCTER DE TERCERA PERJUDICADA, LA CONTRAPARTE DEL AGRAVIADO EN EL JUICIO NATURAL QUE NO SEA DEL ORDEN PENAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 34/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO DEL NOVENO CIRCUITO Y CUARTO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIA: MARÍA ESTELA FERRER MAC GREGOR POISOT.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 10, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito en amparos cuya materia no es de la competencia exclusiva de alguna de las Salas, pues versa sobre la determinación del tercero perjudicado cuando el acto reclamado lo es el arresto como medida de apremio, acto este que puede dictarse dentro o fuera de procedimientos judiciales en materias de la competencia de ambas Salas.
SEGUNDO.-El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al fallar el recurso de revisión 1804/96 el veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y seis, relativo al incidente de suspensión del juicio de amparo indirecto 495/96-IV del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, promovido por Eduardo Rodríguez Luna contra actos del Juez Vigésimo Séptimo de lo Civil y del director de la Policía Judicial, ambos en la entidad mencionada, consistentes en la orden de arresto como medio de apremio dictada en su contra en el juicio ejecutivo mercantil 561/95, seguido por Arrendadora GBM-Atlántico, Sociedad Anónima de Capital Variable, Organización Auxiliar de Crédito, integrante del Grupo Financiero GBM-Atlántico, en contra de Urbanizaciones y Asfaltos, Sociedad Anónima de Capital Variable, Mariano Rodríguez Lorenzo y Acibiades Santoyo, y su ejecución, en lo que interesa a la presente denuncia de contradicción, sostuvo:
"CUARTO.-Previamente al estudio de los motivos de inconformidad, se estima pertinente destacar, que en la interlocutoria recurrida se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, sujeta a que el quejoso otorgara garantía de seiscientos pesos, dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de dicha interlocutoria.-En el presente recurso, el peticionario de garantías se inconformó solamente con relación a la fijación de la garantía, como requisito de efectividad de la medida cautelar que le fue otorgada.-El promovente de la revisión aduce la premisa fundamental de que el artículo 125 de la Ley de Amparo, en que el Juez de Distrito fundó la determinación de fijar el citado requisito de efectividad, no es aplicable al caso concreto, toda vez que, en concepto de dicho recurrente los actos reclamados afectan solamente su libertad personal y, por tanto, la suspensión de sus efectos no puede causar daños y perjuicios a terceros.-Los razonamientos formulados al respecto son sustancialmente fundados y suficientes para modificar la interlocutoria, en la parte impugnada.-El artículo 125 de la Ley de Amparo establece: ‘En los casos en que es procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo.-Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicado, que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía.’.-De la transcripción precedente se advierte que para la concesión de la suspensión de la ejecución de los actos reclamados, condicionada al cumplimiento de algún requisito de efectividad, como por ejemplo, el otorgamiento de alguna garantía, a través de cualquiera de los medios previstos en la ley, se requiere de: a) la existencia de un tercero perjudicado en el juicio de amparo; y b) la posibilidad de que con esa medida se le causen daños y perjuicios a dicho tercero.-Es claro que la finalidad del otorgamiento de dicha garantía, consiste en asegurar la reparación de los daños y la indemnización de los perjuicios que la concesión de la medida pudiera ocasionar al referido tercero.-En la especie no se surten en su integridad los elementos precisados con antelación, pues los actos reclamados se hicieron consistir en la imposición de arresto como medida de apremio y en su ejecución.-Atenta la naturaleza de los actos reclamados no existe parte tercera perjudicada, pues el acto reclamado sólo afecta la libertad.-Es verdad que en el presente caso, el Juez Federal tuvo como tercera perjudicada a Arrendadora GBM-Atlántico, S.A. de C.V., Organización Auxiliar de Crédito, integrante del Grupo Financiero GBM-Atlántico, según se advierte en el auto de inicio de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y seis (foja uno del incidente). No es el momento de examinar la validez de este punto de vista, sino que sólo cabe atenerse a esa situación real; pero aun así, el otro elemento señalado no se surte, pues no se ve de qué manera la suspensión de la ejecución de la orden de arresto pueda causar de modo directo e inmediato daños y perjuicios a quien se tuvo como tercera perjudicada para conceder la suspensión de la ejecución de los actos reclamados, condicionada al cumplimiento de algún requisito de efectividad, como el otorgamiento de una garantía, ya que para ello es menester que exista la posibilidad de que la concesión de la suspensión pueda ocasionar daños y perjuicios al tercero perjudicado, pues se debe tener en cuenta que la finalidad del otorgamiento de la garantía es la de indemnizar a dicha parte de los posibles daños y perjuicios que pudiera resentir con la concesión de la medida.-Entonces, si en el caso concreto se tuvo a Arrendadora GBM-Atlántico, S.A. de C.V., Organización Auxiliar de Crédito, integrante del Grupo Financiero GBM-Atlántico, pero la concesión de la suspensión de la ejecución de los actos reclamados no causa a dicha parte daños y perjuicios, es incuestionable que el artículo 125 de la Ley de Amparo no cabe servir de base legal para requerir al quejoso otorgue la garantía señalada, a efecto de que pueda gozar de la medida cautelar que le fue otorgada.-No constituye obstáculo para lo anterior, el párrafo segundo del propio precepto jurídico, porque en éste se supone la posibilidad de daños y perjuicios para el tercero perjudicado, pero si como antes se dijo, esos daños y perjuicios no pueden causarse, a nada conduciría exigir al quejoso el otorgamiento de garantía.-Contra lo anterior, se podría argumentar que, como el acto reclamado afecta la libertad personal del quejoso, se debe conceder la suspensión de la ejecución de los actos reclamados, con aplicación, por analogía, de las reglas previstas en los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo, para los casos de afectación a la libertad por determinaciones judiciales relacionados con procesos penales.-Estos razonamientos serían infundados, porque se sustentan en una premisa falsa, consistente en que existe analogía entre la privación de la libertad, ocasionada por el arresto decretado como medida de apremio, para vencer la resistencia al cumplimiento de una determinación judicial y la privación de la libertad, sobre la base de la integración de una averiguación previa penal por la posible responsabilidad del detenido en la comisión de un delito, o bien, con base en una orden de aprehensión, ya que no existe tal analogía y, por ende, la suspensión de la ejecución de dichos actos no se puede conceder sobre las mismas reglas, por las siguientes consideraciones. ..."
El criterio transcrito dio lugar a la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, septiembre de 1997, página 654, que señala:
"ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN, NO SE REQUIERE FIJAR GARANTÍA.-Conforme al artículo 125 de la Ley de Amparo, para que surta efectos la medida cautelar, es necesario que se otorgue garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los posibles perjuicios que con la medida se pudieran ocasionar al tercero perjudicado, si el quejoso no obtiene sentencia de amparo favorable; empero, la suspensión otorgada contra el acto reclamado consistente en la orden de arresto decretada como medida de apremio, por la desobediencia a una determinación judicial dictada en un procedimiento jurisdiccional del orden civil o mercantil, no puede ocasionar daños o perjuicios a los derechos o patrimonio del tercero perjudicado, porque la relación derivada de un arresto se finca absolutamente entre autoridad y gobernado, pues aquélla pretende superar una resistencia injustificada de éste y, desde luego, las consecuencias de dicha medida no trascienden a la esfera jurídica de terceras personas. Tampoco es posible considerar que deba fijarse garantía con fundamento en la aplicación analógica de los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo, porque la aplicación de la ley por analogía se apoya sobre el concepto de que los hechos de igual naturaleza deben tener igual reglamentación, lo que no sucede entre la afectación a la libertad por un arresto como medida de apremio y la afectación a dicho valor por un mandamiento de autoridad del orden penal (órdenes de aprehensión, de detención o retención), pues tales actos se refieren a conductas previstas en ordenamientos diferentes, se dirigen a sujetos distintos y persiguen fines diversos, esto es, tienen naturaleza diferente, pues mientras la medida de apremio tiene como finalidad vencer la resistencia opuesta por una de las partes en juicio, a la obediencia, ya en sentido positivo, ya negativo, de una determinación jurisdiccional, las órdenes de aprehensión, de detención o retención tienen como origen común la realización de una conducta que la ley tipifica y sanciona, por estimarla un delito, en cuya comisión se estima responsable al indiciado, por lo cual se sigue en su contra un procedimiento, precisamente para determinar la existencia y el grado de dicha responsabilidad. Además, los supuestos de afectación a la libertad de que se viene hablando se distinguen entre sí por la duración de las sanciones que ameritan cada una de las conductas precitadas; pues mientras la resistencia del particular al cumplimiento de una determinación judicial de carácter civil es sancionada con un arresto máximo de treinta y seis horas, según disposición constitucional, la orden de aprehensión, detención o retención, tienen como sustento conductas que la ley penal tipifica y sanciona con penas privativas de la libertad, de tres días hasta varios años, de lo que resulta que la brevedad de la medida de apremio impone la necesidad de que se otorgue la suspensión de la ejecución de dicha orden de arresto de inmediato y sin requisito de efectividad alguno, ya que de lo contrario, mientras se cumplieran tales requisitos, se consumarían irreparablemente los efectos del acto reclamado, contrariando los fines de la suspensión."
TERCERO.-Asimismo, el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión 63/98 el diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y ocho, relativo al juicio de amparo indirecto 622/97-66 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, promovido por María del Carmen Espinoza Corpus contra actos del Juez Segundo del Ramo Civil en ese Estado y otras autoridades, consistentes en la orden de arresto como medida de apremio dictada en su contra dentro del juicio ejecutivo mercantil 2280/95, promovido por Abel Eduardo Elizondo de la Rosa, como endosatario en procuración de María Teresa González Maya en contra de la quejosa, y su ejecución, textualmente sostuvo:
"CUARTO.-De los anteriores agravios, debe estudiarse preferentemente el alegato relativo a lo que se considera una violación procesal, consistente en que a la quejosa no le fue admitida la prueba testimonial.-A este respecto debe decirse que es inatendible lo argumentado, pues la quejosa debió interponer el recurso de queja a que se refiere el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, en contra del acuerdo de fecha veintitrés de diciembre del año próximo pasado, mediante el cual el Juez Primero de Distrito desechó la prueba testimonial en cuestión, ya que tal recurso es el medio idóneo para combatir los acuerdos de trámite dentro del juicio de garantías, como lo es en este caso aquel en que se niega la admisión de una prueba.-Por otra parte, debe decirse que aun cuando en el resto de los agravios no se combate eficazmente la sentencia recurrida, pues ningún alegato se endereza en contra de los razonamientos que en ella se contienen; sin embargo, por tratarse el acto reclamado de una orden de arresto, debe suplirse la deficiencia de tales motivos de inconformidad, inclusive ante su falta total.-Al respecto, este Primer Tribunal Colegiado emitió la tesis que se publicó a página 779, del Tomo V, marzo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que dice: ‘ARRESTO, MEDIDA DE APREMIO. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA EN EL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA MISMA.-De la jurisprudencia 36/90, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 15/90, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y los Tribunales Colegiados del Décimo Segundo Circuito, entonces único, y del Vigésimo Circuito, con rubro: «ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. PROCEDENCIA DEL AMPARO AUNQUE NO SE AGOTEN LOS RECURSOS ORDINARIOS.», se infiere que la determinación judicial en que se hace efectivo el arresto como medida de apremio, tiene la misma naturaleza jurídica de una privativa de libertad, derivada de un proceso penal, como la orden de aprehensión, de tal suerte que, como donde existe la misma razón legal, debe existir la misma disposición de derecho, no es obligatorio para el quejoso agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley del acto señale, previamente a la promoción del juicio de amparo. Del mismo modo, en opinión de este Primer Tribunal Colegiado, cuando se reclama una orden de arresto, también debe operar la suplencia de la queja, aun ante la omisión total de conceptos de violación, ya que se trata de los mismos supuestos de hecho y de derecho, fundamentalmente, porque en un caso así va de por medio una importante garantía individual de los gobernados, como lo es la libertad personal, cuya protección debe ser tutelada oficiosamente por los tribunales de amparo.’.-Lo anterior se corrobora con la tesis de jurisprudencia número 16/1998 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se emitió con motivo de la resolución de la contradicción de tesis entre la sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero del Cuarto Circuito.-El sumario de la tesis de jurisprudencia en cuestión es del siguiente tenor literal: ‘ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO.-El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado diversos criterios procesales y sustantivos en torno a la imposición del arresto como medida de apremio, cuando se impugna en el juicio de garantías, bajo la consideración fundamental de que si bien dicho acto es de naturaleza formalmente civil, de conformidad con la autoridad jurisdiccional que lo ordena, también ha atendido, de manera preponderante, al estado de privación de la libertad personal del gobernado a que se expone con su ejecución, privación que se ha estimado como de protección superior, jurídica y axiológicamente. Por tanto, como la suplencia de la queja deficiente en materia penal, prevista en el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, opera aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios del quejoso, siendo su finalidad proteger la libertad personal y otorgar seguridad jurídica a los gobernados, a través del dictado de una resolución de amparo que examine, de manera completa y acuciosa, el acto mediante el cual se ha ordenado dicha privación de la libertad, debe concluirse que en los juicios de amparo en que aparezca como acto reclamado la imposición del referido arresto como medida de apremio, deberá suplirse la queja deficiente aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios del afectado, con fundamento en lo dispuesto en la fracción VI del invocado precepto legal, que resulta aplicable a los actos reclamados en materia civil.’.-Pues bien, el auto en que se contiene la orden de arresto reclamada, es del tenor literal siguiente: ‘San Luis Potosí, S.L.P., diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y siete. Agréguese escrito del señor licenciado Abel Eduardo Elizondo de la Rosa recibido el cinco del presente. Como lo solicita el promovente, gírese atento oficio al C. Procurador general de Justicia en el Estado haciéndole saber que en este juicio y por desobediencia a un mandato judicial se impuso a la señora María del Carmen Espinoza, quien tiene su domicilio en el número 70 de la calle de Fresnos del fraccionamiento España de esta ciudad, una sanción consistente en arresto por el término de tres días, a fin de que dicho funcionario se sirva ordenar a quien corresponda se haga efectiva la sanción mencionada. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la C. Licenciada María Evelina Reynoso de la Maza, Juez Segundo del Ramo Civil que actúa con el secretario que autoriza, Lic. Julio Cuéllar Rodríguez. Doy fe.’.-Como se ve claramente, en este auto no se cita ningún precepto legal, o sea, que carece por completo de fundamentación y ello implica una violación a la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 de la Constitución General del país, el cual señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.-Esta infracción basta para que deba modificarse la sentencia que se revisa, sobreseyendo en el juicio de garantías respecto a los actos de las autoridades que la quejosa denominó como: ‘director de la Policía del Estado, director de la Policía Federal y director de la Policía y Tránsito’, y concederse a ésta el amparo y la protección de la Justicia Federal que impetra, sin que a esta conclusión sea obstáculo el que no se hubiese emplazado al juicio de garantías a la contraparte de la hoy quejosa en el juicio ejecutivo mercantil de origen.-Efectivamente, en la invocada jurisprudencia número 16/1998 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha considerado que aun cuando una orden de arresto, como medida de apremio, es de naturaleza formalmente civil; sin embargo, materialmente posee la de un acto penal, porque tiende a la privación de la libertad personal del gobernado.-Ahora bien, conforme al artículo 5o., inciso b), de la Ley de Amparo, en materia penal únicamente puede tener el carácter de tercero perjudicado el ofendido o las personas que, conforme a la ley, tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, en su caso, siempre que a éstos afecte dicha reparación o responsabilidad, hipótesis estas que no se actualizan cuando se reclama la orden de arresto como medida de apremio, por lo que debe concluirse que, dados los efectos de la orden de arresto que se reclama, no existe en realidad tercero perjudicado en el presente juicio de garantías, y por lo tanto, no es trascendente el que no se hubiera emplazado a este juicio de amparo a quien resulta ser la contraparte de la quejosa en el juicio de origen.-Independientemente de lo anterior, debe destacarse que la necesidad de emplazar al tercero perjudicado en el juicio de amparo, tiende a garantizarle la oportunidad legal de comparecer al mismo y defender sus intereses, haciendo las alegaciones que considere convenientes y ofrecer pruebas. Tal emplazamiento es innecesario cuando, por el motivo por el que se considera violatorio de garantías el acto reclamado, que es un vicio formal, consistente en la falta absoluta de fundamentación, es obvio que ningún alegato del tercero omitido, o las pruebas que eventualmente éste pudiese ofrecer, podrían poner en evidencia lo contrario, esto es, que dicho auto sí está fundado.-Es por esto que ningún sentido práctico tendría el que se repusiera el procedimiento para el efecto de que dicho tercero perjudicado fuese emplazado al juicio de garantías, porque aun cuando la sentencia en que concede a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, evidentemente no le beneficia, tampoco existe forma de variar esa conclusión, aun con su intervención en el juicio de garantías."
El anterior criterio dio lugar a la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, página 727, que sostiene:
"ARRESTO EN MATERIA CIVIL, NO EXISTE TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO EN EL QUE SE RECLAMA LA ORDEN DE.-En la tesis de jurisprudencia número 16/1998 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha considerado que aun cuando una orden de arresto, como medida de apremio, es de naturaleza formalmente civil, materialmente posee la de un acto penal, porque tiende a la privación de la libertad personal del gobernado. Ahora bien, conforme al artículo 5o., inciso b), de la Ley de Amparo, en materia penal únicamente puede tener el carácter de tercero perjudicado el ofendido o las personas que, conforme a la ley, tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, en su caso, en los juicios de amparo promovidos contra actos judiciales del orden penal, siempre que a éstos afecte dicha reparación o responsabilidad, hipótesis estas que no se actualizan cuando se reclama la orden de arresto como medida de apremio; por ello debe concluirse que, dados los efectos de la orden de arresto en materia civil, en realidad no existe tercero perjudicado en el juicio de garantías que en su contra se promueva."
CUARTO.-Por su parte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al fallar el amparo en revisión 1927/98 el dos de junio de mil novecientos noventa y ocho, relativo al juicio de amparo indirecto 806/97-I del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, promovido por Francisco Escriva Castillo contra actos del Juez Cuarto de lo Familiar en la misma entidad y otras autoridades, consistentes en la orden de arresto como medida de apremio decretada en su contra dentro del juicio de controversia del orden familiar de alimentos seguido por María Da Conceicao Machado Correa en su contra, y su ejecución, en lo que interesa al caso, sostuvo lo siguiente:
"CUARTO.-Son fundados los agravios que hace valer la recurrente, por las razones que a continuación se expondrán.-En primer término, cabe destacar que María Da Conceicao Machado Correa, promueve el presente recurso de revisión con el carácter de tercero perjudicada en el juicio de amparo biinstancial 806/97-I, y que sí tiene legitimación para que se le tenga con tal carácter, aun cuando en la especie se trate de una orden de arresto, que sólo afectaría al promovente del amparo.-En efecto, en diversa ejecutoria pronunciada por este tribunal al resolver el toca número RC. 117/98, se adujo sustancialmente: ‘Las manifestaciones anteriores son fundadas, pues acorde con lo dispuesto por el artículo 91, fracción IV de la Ley de Amparo: «El Tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas: ... IV. Si en la revisión de una sentencia definitiva, en los casos de la fracción IV del artículo 83 encontraren que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, o que el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia, incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiera influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, revocarán la recurrida y mandarán reponer el procedimiento, así como cuando aparezca también que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley.».-A su vez el artículo 5o., fracción III de la citada ley, prevé: «Son partes en el juicio de amparo: ... III. El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con ese carácter: a) La contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio de controversia que no sea del orden penal, o cualquiera de las partes en el mismo juicio cuando el amparo sea promovido por persona extraña al procedimiento. ...».-Del primero de los numerales transcritos se infiere la facultad del cuerpo colegiado para revocar la resolución sujeta a revisión, cuando se hayan infringido las normas que regulan el procedimiento, porque -entre otros casos- una de las partes no haya sido oída en el juicio de amparo. El segundo precepto alude a que será tercero perjudicado en el juicio de amparo, que no sea del orden penal, la contraparte del quejoso. Es decir, deben considerarse con ese carácter todos aquellos que tengan derechos opuestos a los del peticionario de garantías e interés por lo mismo en que subsista el acto reclamado, pues de otro modo se les privaría de la oportunidad de defender las prerrogativas que pudiere proporcionarles el acto o resolución motivo del juicio constitucional.’.-Ahora bien, de las copias certificadas del juicio de origen que la autoridad responsable remitió en apoyo de su informe con justificación se advierte que Machado Correa María Da Conceicao demandó de Francisco Escriva Castillo la ejecución del convenio celebrado el tres de octubre de mil novecientos noventa y cinco. Incidente que concluyó por interlocutoria de siete de octubre de mil novecientos noventa y seis, a través de la cual el Juez de primera instancia condenó al demandado a pagar lisa y llanamente la suma de doce mil trescientos treinta y nueve pesos, por concepto de pensión alimenticia.-Con fecha veintidós de octubre de mil novecientos noventa y siete, el Juez responsable pronunció el proveído reclamado en la vía de amparo, consistente en un arresto por treinta y seis horas en contra de Francisco Escriva Castillo, por desacato a un mandato judicial con fundamento en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles.-Luego, si en la especie la ahora recurrente es parte actora en un procedimiento del orden civil en el que la autoridad responsable decretó la orden de arresto en contra de Francisco Escriva Castillo, por vía de apremio, es evidente que en el juicio de amparo a que este toca se contrae tiene el carácter de tercero perjudicado, por ser la contraparte del quejoso, y por lo mismo tiene interés en que subsista el acto reclamado, por lo cual se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, y al no haber sido llamada a dicho juicio con ese carácter el Juez de Distrito transgredió en su perjuicio las normas esenciales que rigen el procedimiento constitucional al privarla de su derecho de ser oída en el mismo.-Es aplicable la tesis de jurisprudencia que aparece en la página 784, Tomo LVIII, Quinta Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO CONTRA EL ARRESTO COMO MEDIDAS DE APREMIO.’ (la transcribe).-Asimismo, sirve de apoyo por analogía la tesis de jurisprudencia 1925, publicada en la página 3102, Segunda Parte, Salas y Tesis del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que dice: ‘TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO CIVIL.’ (la transcribe).-En efecto, con la conducta contumaz de Francisco Escriva Castillo en un juicio de controversia del orden familiar de alimentos, consistente en no permitir que se entregue al interventor judicial designado en ese juicio la caja del restaurant bar ubicado en la Avenida Patriotismo 734, colonia Mixcoac, México, Distrito Federal, no obstante los diversos requerimientos que se le han formulado por autos de dieciocho de agosto, cinco de septiembre de mil novecientos noventa y siete, y nueve de octubre de ese propio año, notificados los días veintiocho de agosto, uno y diecisiete del mes de octubre mencionado, respectivamente, sí se afecta la esfera jurídica de la acreedora alimentaria, aquí recurrente, quien promovió en la vía de apremio en contra de Francisco Escriva Castillo el cumplimiento del convenio celebrado el tres de octubre de mil novecientos noventa y cinco, aprobado definitivamente, reclamándole el pago de doce mil trescientos treinta y nueve pesos por concepto del pago de pensión alimenticia, que le adeudaba en el mes de agosto de mil novecientos noventa y seis, porque al no proporcionarse o cumplirse con esa obligación de ministrar alimentos, lo que es de orden público y de interés social, las consecuencias del arresto trascienden a la esfera jurídica de la promovente, independientemente de la relación derivada de ese arresto entre la autoridad y el gobernado, en la que aquélla únicamente pretende superar la resistencia injustificada de éste.-Atento a lo anterior, y toda vez que en la especie el acto reclamado se circunscribe a la orden de arresto como medida de apremio, decretada en contra del quejoso Francisco Escriva Castillo, como consecuencia de su oposición a la práctica de la diligencia de dar posesión del cargo al interventor judicial, en el restaurante bar, ubicado en Avenida Patriotismo setecientos treinta y cuatro, colonia Mixcoac, México, Distrito Federal, y de la cual se deriva de manera
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6898-38c418bd/arresto-como-medida-de-apremio-en-el-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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