REVISIÓN. DEBE ADMITIRSE LA INTERPUESTA POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO ENCARGADO DEL DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY, AUN CUANDO NO ACREDITE EL CARÁCTER CON QUE SE OSTENTA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMERO, Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMERO EN MATERIA CIVIL.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIA: MARÍA ESTELA FERRER MAC GREGOR POISOT.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. El entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, actualmente Primero, al resolver el recurso de revisión 82/96, el veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y seis, sostuvo:
"SEGUNDO. Resulta innecesario ocuparse, tanto de la sentencia recurrida, así como de los agravios planteados por la autoridad recurrente, en atención a que el recurso de revisión de que se trata debe desecharse por falta de legitimación de quien lo interpone. En efecto, del sumario de revisión se advierte que el recurso de mérito fue interpuesto por la primer secretaria de Acuerdos encargada del despacho por ministerio de ley, licenciada María Elena Alcázar Molina. Ahora bien, de las constancias del juicio de amparo número 865/95, no se advierte que a esta autoridad se le haya atribuido el carácter de autoridad responsable, ni tampoco se le reclamó acto alguno y, consecuentemente, ninguna conducta de tal autoridad se encuentra incluida en la resolución que concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal. De manera que el recurso de revisión por ella interpuesto debe desecharse, pues por no ser parte en el juicio de amparo, carece de legitimación para impugnar una determinación judicial, de acuerdo con lo previsto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, sin que sea obstáculo para determinarlo así el auto de presidencia que lo admitió, puesto que el mismo no causa estado. No es óbice a lo considerado en los párrafos precedentes, la circunstancia de que conforme al artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la secretaria de Acuerdos pueda sustituir al Juez de primera instancia por faltas accidentales, temporales y en periodos vacacionales, para el dictado de los acuerdos de mero trámite o en los asuntos penales en lo relativo a términos constitucionales, en virtud de que en el escrito de revisión se aprecia que la secretaria actuó con el carácter de encargada del despacho por ministerio de ley, sin mencionar expresamente la hipótesis en que se encontraba y la disposición legal que le confiere facultades, supuesto que la figura de ‘por ministerio de ley’, no se encuentra reconocida en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado ni en la Ley de Amparo, y ello no purga el vicio destacado."
El criterio transcrito dio lugar a la siguiente tesis, publicada en la página 425 del Tomo IV, julio de mil novecientos noventa y seis, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta:
"SECRETARIA ENCARGADA DEL DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY. DEBE DESECHARSE EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR LA. De conformidad con el artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chiapas, la secretaria de Acuerdos puede sustituir al Juez de primera instancia por faltas accidentales, temporales y en periodos vacacionales para el dictado de los acuerdos de mero trámite o en los asuntos penales en lo relativo a términos constitucionales; por tanto, si el recurso de revisión fue interpuesto por la secretaria encargada del despacho por ministerio de ley, sin mencionar expresamente la hipótesis en que se encontraba la disposición legal que le confiere esas facultades, es evidente que el recurso de revisión interpuesto en esos términos debe desecharse por carecer de legitimación para impugnar una determinación judicial conforme a lo previsto por el artículo 87 de la Ley de Amparo; ya que la figura de ‘por ministerio de ley’, no se encuentra reconocida en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado ni en la ley de la materia."
TERCERO. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Primero en Materia Civil, al fallar el recurso de revisión 536/97, el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete, sostuvo mayoritariamente:
"ÚNICO. No se transcriben ni la sentencia recurrida ni los agravios hechos valer, en virtud de que este Tribunal Colegiado advierte una infracción de procedimiento cometida en la presente instancia de revisión, que amerita su reposición. En efecto, el párrafo primero del artículo 90 de la Ley de Amparo establece que el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en primer lugar, calificará la procedencia del recurso de revisión, admitiéndolo o desechándolo, de lo que se colige que esa calificación comprende, entre otros presupuestos, la legitimación procesal del promovente, de modo tal que si no está evidenciada claramente, antes de admitir el recurso de revisión intentado, la presidencia del Tribunal Colegiado debe requerir al inconforme para que aclare con precisión el carácter con el que comparece en esta instancia. En la especie, quien promueve la revisión es el licenciado Rigoberto Montoya González, en su calidad de ‘secretario de Acuerdos del Juzgado Octavo de Defensa Social de los de esta capital encargado del despacho’ (fojas 2 y 11 del toca), siendo la autoridad responsable el Juez Octavo de Defensa Social de esta ciudad (fojas 3 del expediente de amparo). Ahora bien, conforme al artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla: ‘Los Jueces de Defensa Social serán sustituidos en la forma que señala el artículo 44 de la presente ley.’, precepto este último que en su fracción I dispone lo siguiente: ‘Artículo 44. Sustituirán a los Jueces: I. En las faltas temporales el secretario, a juicio del tribunal; en las accidentales, el secretario del juzgado practicará todas las diligencias y dictará las providencias de mero trámite, así como las resoluciones de carácter urgente, pero en ningún caso podrá fallar en definitiva en cuanto al fondo de los asuntos. En los juzgados donde haya dos secretarios la suplencia la hará el que designe el presidente del Tribunal Superior. En caso de falta absoluta se procederá a nuevo nombramiento.’. Como se advierte, el promovente de la revisión no especificó en cuál de las hipótesis normativas antes transcritas se ubicaba para justificar su legitimación en esta instancia, ya que sólo se limitó, tanto al inicio como al final de su escrito respectivo, a manifestar que tiene el carácter de secretario de Acuerdos del Juzgado Octavo de Defensa Social de esta ciudad ‘encargado del despacho’, pero sin precisar de cuál de esas hipótesis derivaba su encargo en la fecha de interposición del recurso, lo que era indispensable que hiciera para que la presidencia de este órgano colegiado pudiera calificar la procedencia del mismo, tal como lo ordena el primer párrafo del artículo 90 de la Ley de Amparo; de ahí que la mencionada presidencia, antes de realizar la calificación aludida, debió requerir al promovente para que aclarara su escrito de revisión, manifestando con claridad qué hipótesis de las previstas en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, justificaba su legitimación para promover la presente instancia en la época de interposición, y al no haber hecho aquélla tal requerimiento, sino que sin más trámite admitió el recurso intentado, incurrió en una violación de procedimiento en esta segunda instancia, al incumplir lo ordenado por el artículo 90, párrafo primero, de la ley de la materia, lo que obliga a reponer el mismo para los efectos antes precisados, y a proceder a continuación como en derecho corresponda. No pasa inadvertida para este Tribunal Colegiado, la tesis aislada número XX.77 K, sustentada por el entonces único Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en las páginas 425 y 426, Tomo IV, julio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: ‘SECRETARIA ENCARGADA DEL DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY. DEBE DESECHARSE EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR LA.’ (la reproduce). Criterio que este órgano colegiado no comparte, dada su excesiva rigidez, pues es evidente que las frases ‘por ministerio de ley’ o ‘encargado del despacho’, no se usan como expresiones sacramentales así contenidas en la ley, sino como simples sinónimos o frases sintéticas de las hipótesis al efecto previstas en aquélla, por lo que su uso, si bien es impreciso y, por ello, incorrecto, no debe llevar a una sanción tan severa como es el desechamiento del recurso, sino a una aclaración del escrito de revisión para determinar con precisión si está o no legitimado el promovente y, sólo después de esto, con apoyo en el primer párrafo del artículo 90 de la Ley de Amparo, calificar la procedencia del recurso. El criterio que se sostiene en la presente resolución, este Tribunal Colegiado considera que encuentra un punto de apoyo en la jurisprudencia 43/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 48 y 49, Tomo IV, julio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual, si bien es cierto se refiere concretamente a la aclaración de la demanda de amparo, cuando la personalidad del promovente no está plenamente acreditada, las razones que la informan, trasladadas y adecuadas al auto inicial de la instancia de revisión, sirven de referencia para sostener el criterio que en la especie nos ocupa, jurisprudencia que es del tenor literal siguiente: ‘PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este Órgano Supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: «PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL.» y «PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER.», para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo.’. En atención a la conclusión alcanzada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, deberá denunciarse la contradicción de tesis entre las sustentadas por este Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el entonces único Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito."
El anterior criterio dio lugar a la siguiente tesis del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Primero en Materia Civil:
"REVISIÓN INTERPUESTA POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO ‘ENCARGADO DEL DESPACHO’, LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL RECURSO DE. De conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 90 de la Ley de Amparo, el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito al que corresponda conocer del recurso de revisión, en primer lugar calificará la procedencia del mismo, admitiéndolo o desechándolo, de lo que se colige que esa calificación comprende, entre otros presupuestos, la legitimación procesal del promovente, de modo tal que si no está evidenciada claramente, por ostentarse éste simplemente como ‘encargado del despacho’, antes de admitir el recurso de revisión intentado debe requerirse al inconforme que aclare con precisión el carácter con el que comparece en esa instancia, especificando la hipótesis legal de suplencia del titular que se surta en el caso concreto, mas no desechar el recurso, lo que sería de un rigorismo excesivo, pues es evidente que las frases ‘encargado del despacho’ o ‘por ministerio de ley’, no se usan como expresiones sacramentales así contenidas en la ley, sino como simples sinónimos o frases sintéticas de las hipótesis al efecto previstas en aquélla, por lo que su uso, si bien es impreciso, y por ello incorrecto, no debe llevar a una sanción tan severa como es el desechamiento del recurso, sino a una aclaración del escrito de revisión para determinar con precisión si está o no legitimado el promovente, y sólo después de esto, con apoyo en el primer párrafo del artículo 90 de la Ley de Amparo, calificar la procedencia del recurso."
La Magistrada Rosa María Temblador Vidrio formuló voto particular en el amparo en revisión 536/97, en los siguientes términos:
"Voto particular de la Magistrada Rosa María Temblador Vidrio: No deben analizarse tanto las consideraciones y fundamentos que sustentan la sentencia recurrida, cuanto los agravios hechos valer en su contra, en virtud de lo que enseguida se expresará: Según quedó establecido en el resultando tercero de esta ejecutoria, acude en revisión el licenciado Rigoberto Montoya González, secretario de Acuerdos del Juzgado Octavo de Defensa Social de esta ciudad, encargado del despacho. Ahora bien, el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado prevé: ‘Los Jueces de Defensa Social serán sustituidos en la forma que señala el artículo 44 de la presente ley.’, y el aludido artículo 44 del propio ordenamiento legal dispone: ‘Sustituirán a los Jueces: I. En las faltas temporales el secretario, a juicio del tribunal; en las accidentales, el secretario del juzgado practicará todas las diligencias y dictará las providencias de mero trámite, así como las resoluciones de carácter urgente, pero en ningún caso podrá fallar en definitiva en cuanto al fondo de los asuntos. En los juzgados donde haya dos secretarios la suplencia la hará el que designe el presidente del Tribunal Superior. En caso de falta absoluta se procederá a nuevo nombramiento. ...’. De acuerdo con lo anterior, se obtiene, en lo que interesa, que las faltas temporales del titular de los juzgados de primera instancia serán suplidas por el secretario respectivo a juicio del Tribunal Superior de Justicia del Estado y, tratándose de faltas accidentales, dicho secretario podrá practicar todas las diligencias y dictará los acuerdos de mero trámite, así como las resoluciones de carácter urgente, sin que en ningún caso pueda fallar en definitiva respecto de asuntos de fondo. En el particular, el secretario recurrente sólo menciona que promueve el presente recurso en su carácter de encargado del despacho, sin que especifique en cuál de las hipótesis legales arriba expuestas se encontraba al momento de interponer la revisión, para así estar en aptitud de conocer si contaba con facultades para ello, motivo por el que procede desechar el recurso intentado, por carecer dicho funcionario de legitimación para impugnar el fallo por el que el Juez de Distrito otorgó el amparo pedido por José Miguel Barrientos Castañeda. Es aplicable al caso, la tesis del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que aun cuando se refiere a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chiapas, se invoca porque el artículo 18 de la misma contiene iguales hipótesis que las que ahora se analizan. Tal criterio aparece publicado en las páginas cuatrocientos veinticinco y siguiente del Tomo IV, julio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: ‘SECRETARIA ENCARGADA DEL DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY. DEBE DESECHARSE EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR LA. De conformidad con el artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chiapas, la secretaria de Acuerdos puede sustituir al Juez de primera instancia por faltas accidentales, temporales y en periodos vacacionales para el dictado de los acuerdos de mero trámite o en los asuntos penales en lo relativo a términos constitucionales; por tanto, si el recurso de revisión fue interpuesto por la secretaria encargada del despacho por ministerio de ley, sin mencionar expresamente la hipótesis en que se encontraba la disposición legal que le confiere esas facultades, es evidente que el recurso de revisión interpuesto en esos términos debe desecharse por carecer de legitimación para impugnar una determinación judicial conforme a lo previsto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, ya que la figura de «por ministerio de ley», no se encuentra reconocida en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado ni en la ley de la materia.’. En las condiciones anotadas, estimo que el presente recurso de revisión debe desecharse."
CUARTO. Este órgano colegiado considera que sí existe la contradicción de tesis denunciada, pues el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, actualmente Primero, considera que el recurso de revisión interpuesto por el secretario de Acuerdos de un juzgado encargado del despacho por ministerio de ley, debe desecharse cuando aquél no fue parte en el juicio de amparo, porque no se le atribuyó el carácter de autoridad responsable ni se le reclamó acto alguno, aun cuando en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial al que pertenezca pueda sustituir al titular del juzgado en la forma, supuestos y para los casos ahí especificados, si no señala expresamente la hipótesis en que se coloca y la disposición legal que le confiere la facultad, mientras que el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Primero en Materia Civil, estima que en la anterior situación debe requerirse al recurrente para que aclare con precisión el carácter con que comparece y, posteriormente, calificar la procedencia del recurso, pues de no obrarse así se incurre en una violación de procedimiento que obliga a reponerlo.
En consecuencia, la materia de la contradicción se centra en determinar si cuando el secretario del juzgado encargado del despacho por ministerio de ley, interpone el recurso de revisión en sustitución de la responsable sin acreditar, de hecho, hallarse en la hipótesis legal con que se ostenta, el presidente del órgano colegiado respectivo debe admitir o desechar el recurso, o bien, requerir a quien lo interpone para que lo aclare antes de calificar su procedencia.
QUINTO. Este órgano colegiado considera que debe prevalecer con carácter jurisprudencial el criterio que a continuación se establece, diverso del sustentado por los Tribunales Colegiados contendientes.
Al respecto, debe precisarse que una contradicción de tesis no necesariamente debe resolverse declarando que debe prevalecer uno de los criterios opuestos que la originaron, ya que la finalidad perseguida por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución y 197-A de la Ley de Amparo, al regular las contradicciones de tesis entre los Tribunales Colegiados de Circuito, estableciendo el criterio que debe prevalecer con carácter jurisprudencial, es la de preservar la unidad en la interpretación de las normas que integran el orden jurídico nacional, fijando su sentido y alcance lo que, a su vez, tiende a garantizar la seguridad jurídica, lo que no se lograría si la Suprema Corte de Justicia de la Nación quedara obligada a resolver la denuncia sustentando uno de los criterios opuestos de los Tribunales Colegiados, aun cuando considere que son incorrectos o jurídicamente inaceptables; por ello, el Máximo Tribunal del país puede acoger un criterio diferente, el que le parezca correcto conforme al examen lógico y jurídico del problema legal relativo.
Es aplicable la jurisprudencia 4a./J. 2/94, de la anterior Cuarta Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 74, febrero de 1994, página 19, que establece:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO TIENE QUE RESOLVERSE INVARIABLEMENTE DECLARANDO QUE DEBE PREVALECER UNO DE LOS CRITERIOS QUE LA ORIGINARON, PUESTO QUE LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO PUEDE LLEVAR A ESTABLECER OTRO. La finalidad perseguida por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, al otorgar competencia a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver las contradicciones de tesis que surjan entre los Tribunales Colegiados de Circuito, estableciendo cuál tesis debe prevalecer, es la de preservar la unidad en la interpretación de las normas que integran el orden jurídico nacional, fijando su verdadero sentido y alcance, lo que, a su vez, tiende a garantizar la seguridad jurídica; tan importante y trascendental propósito se tornaría inalcanzable si se llegara a concluir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está obligada, inexorablemente, a decidir en relación con el criterio que se establece en una de las tesis contradictorias, a pesar de considerar que ambas son incorrectas o jurídicamente insostenibles. Por consiguiente, la Suprema Corte válidamente puede acoger un tercer criterio, el que le parezca correcto, de acuerdo con el examen lógico y jurídico del problema, lo que es acorde, además, con el texto de las citadas disposiciones en cuanto indican que la Sala debe decidir ‘... cuál tesis debe prevalecer’, no, cuál de las dos tesis debe prevalecer."
Precisado lo anterior y a fin de determinar el criterio que debe prevalecer con carácter jurisprudencial, resulta pertinente tener presente lo que establecen los artículos 19, 87 y 90 de la Ley de Amparo, que se reproducen a continuación:
"Artículo 19. Las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de amparo, pero sí podrán, por medio de simple oficio, acreditar delegados que concurran a las audiencias para el efecto de que en ellas rindan pruebas, aleguen y hagan promociones. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el presidente de la República podrá ser representado en todos los trámites establecidos por esta ley, en los términos que determine el propio Ejecutivo Federal por el conducto del procurador general de la República, por los secretarios de Estado y jefes de departamento administrativo a quienes en cada caso corresponda el asunto, según la distribución de competencias establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En estos casos y en los juicios de amparo promovidos contra los titulares de las propias dependencias del Ejecutivo de la Unión, éstos podrán ser suplidos por los funcionarios a quienes otorguen esa atribución los reglamentos interiores que se expidan conforme a la citada ley orgánica. En los amparos relativos a los asuntos que correspondan a la Procuraduría General de la República, su titular podrá también representar al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y ser suplido por los funcionarios a quienes otorgue esta atribución el reglamento de la ley orgánica de dicha procuraduría."
"Artículo 87. Las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que de cada una de ellas se haya reclamado; pero tratándose de amparos contra leyes, los titulares de los órganos de Estado a los que se encomiende su promulgación, o quienes los representen en los términos de esta ley, podrán interponer, en todo caso, tal recurso. Se observará lo dispuesto en el párrafo anterior, en cuanto fuere aplicable, respecto de las demás resoluciones que admitan el recurso de revisión."
"Artículo 90. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, calificará la procedencia del recurso de revisión, admitiéndolo o desechándolo. Admitida la revisión por el presidente de la Suprema Corte de Justicia o por los presidentes de las Salas de la misma, y hecha la notificación relativa al Ministerio Público, se observará lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 185 a 191. Admitida la revisión por el Tribunal Colegiado de Circuito y hecha la notificación al Ministerio Público, el propio tribunal resolverá lo que fuere procedente dentro del término de quince días. Siempre que el presidente de la Suprema Corte de Justicia o, en sus respectivos casos, el Pleno, o la Sala correspondiente, desechen el recurso de revisión interpuesto contra sentencias pronunciadas por Tribunales Colegiados de Circuito, por no contener dichas sentencias decisión sobre la constitucionalidad de una ley o no establecer la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, impondrán, sin perjuicio de las sanciones penales que procedan, al recurrente o a su apoderado, o a su abogado, o a ambos, una multa de treinta a ciento ochenta días de salario."
Deriva de los preceptos legales transcritos, en lo que interesa al presente estudio, lo siguiente:
a) Las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de amparo, pero pueden, por medio de simple oficio, acreditar delegados que concurran a las audiencias para el efecto de que en ellas rindan pruebas, aleguen y hagan promociones.
b) Como única excepción a lo anterior, el presidente de la República puede ser representado en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, en los términos que determine el propio Ejecutivo Federal, por conducto del procurador general de la República, por los secretarios de Estado a quienes en cada caso corresponda el asunto, según la distribución de competencias establecida en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
c) En el caso antes referido y en los juicios de amparo promovidos contra los titulares de las dependencias del Ejecutivo Federal, aquéllos podrán ser suplidos por los funcionarios a quienes otorguen esa atribución los reglamentos interiores correspondientes.
d) En los amparos relativos a los asuntos que correspondan a la Procuraduría General de la República, su titular podrá representar al presidente de la República y podrá ser suplido por los funcionarios a quienes se otorgue esa facultad en el correspondiente reglamento.
e) Las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, pero tratándose de amparo contra leyes, los titulares de los órganos de Estado a los que se encomiende su promulgación, o quienes los representen en los términos de la Ley de Amparo, podrán interponer el recurso.
f) El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los presidentes de las Salas o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda, calificarán la procedencia del recurso de revisión, admitiéndolo o desechándolo.
Ahora bien, si se considera que la legitimación procesal activa es la potestad legal que se posee para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio o de una instancia, así como que tratándose del recurso de revisión que nos ocupa, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los presidentes de las Salas o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda, deben, en términos de lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley de Amparo, calificar la procedencia del mencionado recurso, se sigue que al hacerlo deben, lógicamente, verificar si quien lo interpone cuenta o no con legitimación procesal para hacerlo.
Es aplicable, en cuanto explica el concepto de legitimación procesal activa como la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia, que se produce cuando el derecho que se cuestionará es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, el criterio contenido en la jurisprudencia 75/97 de este órgano colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 351, que establece:
"LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable."
Asimismo, es aplicable la tesis publicada en las páginas 300 y 301 del Apéndice al Semanario Judicial de la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17182-a33001ce/revision-debe-admitirse-la-interpuesta-por-el-secretario · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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